La creciente presencia de mujeres en las universidades no ha eliminado la desigualdad de género ni las distintas formas de violencia que persisten en estos espacios, afirmó Marta Clara Ferreyra Beltrán, integrante electa del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2027-2030.

Durante la conferencia “El camino de la igualdad en las IES: tensiones, rupturas y continuidades”, señaló que el desafío de las instituciones de educación superior va más allá de sancionar las agresiones: implica reconocer y transformar las estructuras, prácticas y relaciones de poder que permiten normalizarlas.

Con esta conferencia iniciaron los trabajos del XVII Coloquio Internacional “Igualdad de Género en las IES: Políticas, Cultura Organizacional y Tensiones Contemporáneas”, organizado por la Red de Género, Inclusión y Equidad Social de la Región Centro Occidente de la ANUIES. La actividad también formó parte de la conmemoración por el 86 aniversario de la Universidad de Colima.

Ferreyra Beltrán reconoció que las instituciones de educación superior han adoptado medidas para prevenir y atender la violencia de género: reformas normativas, modificaciones a los planes de estudio, asignaturas sobre igualdad, protocolos de atención, sanciones, unidades de género, defensorías universitarias y campañas de sensibilización.

Sin embargo, advirtió que estas acciones no han sido suficientes para erradicar el acoso, el hostigamiento, la discriminación y el abuso de poder dentro de las comunidades universitarias.

Como ejemplo de las desigualdades que persisten, se refirió al libro Intrusas en la universidad, publicado en 2013 por Ana Buquet, Jennifer A. Cooper, Araceli Mingo y Hortensia Moreno. Esta investigación analizó la manera en que las relaciones de género se manifiestan entre estudiantes, personal académico y administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El estudio documentó que el aumento de la presencia femenina no necesariamente modifica, por sí mismo, las relaciones de poder, los estereotipos ni las condiciones de desventaja que pueden enfrentar las mujeres durante su ingreso, permanencia y desarrollo profesional dentro de las instituciones.

La conferencista también retomó los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. De acuerdo con el INEGI, 32.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más que habían asistido a la escuela reportó al menos una situación de violencia a lo largo de su vida como estudiante. La cifra fue siete puntos porcentuales mayor que la registrada en 2016, cuando alcanzó 25.3 por ciento.

En el periodo comprendido entre octubre de 2020 y octubre de 2021, la prevalencia de violencia en el ámbito escolar fue de 20.2 por ciento, 2.8 puntos porcentuales más que en 2016. La violencia física, con 18.3 por ciento, fue la de mayor prevalencia a lo largo de la vida escolar, mientras que la violencia sexual, con 13.7 por ciento, fue la más reportada durante los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta.

La ENDIREH también indica que, a lo largo de la vida escolar, las principales personas identificadas como agresoras fueron compañeros de escuela, con 43.4 por ciento; maestros, con 16.8, y compañeras, con 13.6 por ciento. En los 12 meses previos a la encuesta, los compañeros representaron 46.2 por ciento; los maestros, 16.6, y personas desconocidas de la escuela, 16.2 por ciento.

Ferreyra Beltrán aclaró que la violencia no se limita a sus manifestaciones más extremas. También puede expresarse mediante insinuaciones sexuales, condicionamientos académicos, represalias, comentarios sexistas, discriminación y distintas formas de abuso de autoridad.

“Vivimos tiempos de naturalización de la violencia: la vemos todos los días en sus diferentes dimensiones y formas; sin embargo, nos cuesta reconocerla”, señaló. Añadió que, mientras las expresiones más graves, como el homicidio, suelen identificarse con facilidad, otras conductas cotidianas permanecen normalizadas.

Al referirse a la respuesta institucional, citó una investigación publicada en 2020 por Helena Varela Guinot, quien revisó los mecanismos de atención existentes en 35 universidades públicas y privadas del país. El estudio encontró que, hasta 2018, 49 por ciento de las instituciones examinadas no contaba con un protocolo para atender casos de violencia de género.

Ferreyra Beltrán sostuvo que este tipo de resultados muestra tanto los avances como las limitaciones de la respuesta universitaria. Contar con protocolos, oficinas especializadas y procedimientos de sanción es indispensable, dijo, pero su efectividad depende de que existan personal capacitado, recursos suficientes, mecanismos de seguimiento y políticas preventivas dirigidas a toda la comunidad.

Añadió que la violencia de género debe entenderse como un fenómeno multicausal, relacionado con desigualdades estructurales y con prácticas como la misoginia, el sexismo, el clasismo y el racismo. Por ello, consideró necesario fortalecer la formación, la investigación, la sensibilización y el financiamiento de las políticas de igualdad.

La transformación, concluyó, requiere un cambio cultural profundo que no se limite a reaccionar después de una agresión, sino que genere condiciones para prevenirla y para construir espacios universitarios libres de discriminación.

“Tenemos una gran responsabilidad entre las manos, no sólo por los años que las estudiantes pasan en el campus, sino por lo que viene después. Formamos parte de un espacio que se vive en el presente, pero que está orientado, como ningún otro, hacia el futuro”, afirmó.

“No sólo se trata de pensar en el país en el que vivimos, sino en el que queremos vivir: en la justicia, la paz y los derechos que tenemos, pero, sobre todo, en los que queremos tener. Todo esto es algo que podemos cambiar”, concluyó.