Es imposible eludir el tema de los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, un lugar que, aunque aislado, se ha convertido en símbolo de una tragedia nacional: la desaparición forzada de miles de mexicanos. A tan solo una hora de Guadalajara, el rancho es testigo de una pesadilla que, aunque descubierta recientemente, refleja la magnitud de una crisis que afecta a todo el país. Las imágenes difundidas en medios de comunicación no son sino un pequeño reflejo de lo que sucede en muchas otras zonas de México.

Entre los hallazgos más impactantes, los Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron cientos de zapatos, desgastados y enlodados, abandonados en un rincón, así como múltiples pedazos de ropa. Estos objetos son evidencia clara de que las autoridades de los tres niveles de gobierno han fallado rotundamente en su labor. Mientras tanto, son los colectivos de derechos humanos, como los Guerreros Buscadores, quienes, enfrentando los riesgos que esto implica, siguen adelante en la búsqueda de los desaparecidos. Es lamentable, pero los esfuerzos que deberían recaer sobre las instituciones judiciales y gubernamentales son asumidos por organizaciones civiles que, con valentía, se encargan de lo que otros, por incompetencia o indiferencia, no han hecho.

De acuerdo con la agencia AFP, la vocera de uno de estos colectivos, Indira Navarro, quien lleva años buscando a su hermano desaparecido desde 2015, señaló que el hallazgo de restos humanos calcinados en fosas comunes en el Rancho Izaguirre fue posible gracias a llamadas anónimas. Navarro destacó que lo que encontraron no era solo un sitio de exterminio, sino también un lugar de reclutamiento y muerte: “Realmente esto era un sitio de exterminio, de reclutamiento y exterminio”, dijo la activista.

El 24 de septiembre de 2024, la Fiscalía de Jalisco reportó que la Guardia Nacional llevó a cabo un operativo en el Rancho Izaguirre, deteniendo a diez personas. Sin embargo, lo más extraño de todo es que, a pesar de este operativo, las autoridades no lograron descubrir lo que las madres buscadoras sí hallaron. Esto pone de manifiesto no solo la ineficacia de las autoridades, sino también la profunda desconexión entre las labores de investigación oficiales y las realidades en el terreno.

El caso del Rancho Izaguirre es una muestra clara de la descomposición institucional que atraviesa México. Frente a la magnitud de los hallazgos, las reacciones políticas no se hicieron esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum, ante lo inevitable, reconoció la gravedad del problema y destacó que el gobierno de México tiene como prioridad nacional el enfrentar la tragedia de las personas desaparecidas. En sus declaraciones, Sheinbaum se comprometió a buscar justicia para las víctimas y sus familiares, reconociendo que se trata de una deuda histórica. “Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta: siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia”, expresó.

No obstante, como es habitual en el contexto político mexicano, Sheinbaum no pudo evitar politizar el tema, señalando a la oposición de construir campañas en su contra. A pesar de la tragedia humana que involucra el Rancho Izaguirre, la mandataria se quejó de lo que consideró una campaña “carroñera” de la oposición. En lugar de centrarse exclusivamente en la tragedia de los desaparecidos, Sheinbaum desvió su discurso hacia los ataques políticos, culpando a la oposición de crear un ambiente hostil y de aprovecharse de la situación.

La politización de estos temas no es algo nuevo en México, pero la tragedia de los desaparecidos en lugares como el Rancho Izaguirre exige un enfoque mucho más serio y sin divisiones partidistas. La sociedad mexicana se encuentra atrapada en un círculo vicioso, donde los esfuerzos de las víctimas por encontrar justicia se ven continuamente frustrados por la falta de acción efectiva de las autoridades.

Se dice que:

*Lo que está sucediendo en el Rancho Izaguirre no es un caso aislado. Es parte de una realidad mucho más compleja y dolorosa que afecta a miles de familias en todo México. La desaparición forzada es un tema que sigue vigente, y la respuesta de las autoridades, a menudo insuficiente y tardía, solo agrava el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos. Los hallazgos en el rancho de Jalisco nos invitan a reflexionar sobre la urgencia de un cambio en el enfoque institucional, que debe dejar de lado la burocracia y la indiferencia, para dar paso a una verdadera política de justicia y reparación.

*Es imperativo que las autoridades, de todos los niveles, asuman su responsabilidad y trabajen de la mano de los colectivos que buscan la verdad y la justicia, no como actores secundarios, sino como actores primordiales en la resolución de este problema. El caso del Rancho Izaguirre no debe ser solo una historia más de dolor, sino el catalizador para un cambio profundo en la forma en que México enfrenta la crisis de las desapariciones.