La exigencia de que al menos un 2 por ciento de las nóminas en los ayuntamientos de Colima sea ocupada por personas con discapacidad no es una simple petición, sino una medida fundamental para asegurar que las acciones municipales respondan auténticamente a las necesidades de este sector de la población, así lo señaló César Castillo, activista tecomense y miembro de la red nacional de ciegos, quien criticó el uso indebido del término "discapacidad" en la política.