Habitantes de La Salada solicitaron una reunión urgente con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para exponer presuntas irregularidades en la ampliación de la carretera Manzanillo–Colima y el riesgo de desalojo que enfrentan varias familias.

En un oficio recibido el 2 de marzo y firmado por Adrián Alejandro Hernández García, representante de la comunidad, también dirigido al secretario general de Gobierno, Eloy García Alcaraz, y a la titular de Infraestructura, Marisol Neri León, los vecinos señalan que la obra ha generado afectaciones directas a su patrimonio y modo de vida sin que, aseguran, se haya respetado plenamente el marco legal en materia de expropiación.

Acusan falta de derecho de audiencia y sostienen que no han sido escuchados conforme a lo establecido en la Ley de Expropiación estatal. Además, reportan impactos cotidianos como polvo constante, ruido nocturno y bloqueo de caminos, lo que ha complicado actividades económicas como la recolección de palma para la elaboración de escobas.

En cuanto a las indemnizaciones, reconocen que algunos propietarios aceptaron los montos ofrecidos, pero otros los consideran por debajo del valor real, con base en avalúos privados. La mayor preocupación se centra en al menos ocho viviendas cuyos dueños afirman que no están en venta y que enfrentan un escenario que perciben como desalojo forzado.

También denuncian la ocupación, sin previo aviso ni indemnización, de terrenos privados, comunales y ejidales.

Ante el avance de la obra y la falta de acuerdos claros, los habitantes piden una mesa de diálogo “a la mayor brevedad posible” para alcanzar soluciones económicas y pacíficas que eviten la judicialización o manifestaciones públicas.