Por Yensuni López Aldape

La reciente reforma al Código Fiscal del Estado de Colima que permite al gobierno embargar y rematar bienes de contribuyentes morosos sin control judicial es, sin duda, un ejemplo claro de cómo la ley se acomoda para fortalecer al Gobierno, pero deja en el abandono al ciudadano. Esta reforma le da al Estado la facultad de actuar como juez y parte en procesos administrativos que pueden despojar a alguien de sus propiedades por adeudos fiscales, y para rematarla, pueden adjudicarse esos bienes por hasta un 60% menos de su avalúo, sin que nadie supervise ni garantice defensa real.

¿Se imaginan a cualquier ciudadano común enfrentándose a esto? Un agricultor, un pequeño comerciante o una familia que, por cualquier razón, se atrase con un impuesto. Sin la intervención de un juez que revise la legitimidad del embargo, pierden su patrimonio casi en automático. Quitar el debido proceso, una garantía básica en cualquier democracia, abre la puerta a arbitrariedades, abusos y despojos con disfraz legal.

Pero eso no es todo. Esta reforma no solo genera incertidumbre legal, sino que pone en evidencia la desigualdad brutal entre el Estado y el ciudadano. El gobierno tiene armas rápidas para cobrar impuestos, pero cuando se trata de pagarle a sus proveedores, ¡ah, bueno! Aquí la historia es otra: largos trámites burocráticos, procesos tortuosos y espera de meses o hasta años para recibir un peso.

Imaginen a esas pequeñas empresas que venden papelería o servicios, esperando a que el gobierno les pague. Ellos no tienen cómo embargar bienes estatales ni mecanismos expeditos para cobrar. El Estado se convierte en el deudor moroso más lento y, mientras tanto, la economía local se resiente y los pequeños negocios sufren.

¿No les parece una doble moral que debería inquietar a cualquiera? ¿Por qué la ley protege al Estado y no al ciudadano? ¿Por qué el Estado puede embargar sin control judicial, pero los proveedores deben pasar por un calvario para cobrar?

Pasando a otro tema, y espero que esta sea la última vez porque ya está más cansado que escena larguísima sin diálogo en película mala, la regidora Gina Camacho sigue dándole vueltas a su caso. Llegó al Cabildo gracias al PRI, eso no se puede negar, pero ahora se distancia, lanza una denuncia pública de violencia política de género, acusa presiones y coacciones, pero sin dar detalles, ni presentar denuncias formales, ni ejemplos claros para dimensionar la gravedad.

A pesar de que se la prepararon bien, la versión de Gina es ambigua: por un lado, afirma independencia y convicción personal, pero por otro, no reniega del PRI cuando le conviene —sobre todo cuando reclama la Comisión de Hacienda que, por ley, le toca al partido según votos. O sea, se dice víctima pero también es jugadora que mueve sus piezas para no perder su lugar.

Su comunicado mezcla críticas a la dirigencia con una denuncia de violencia política, pero sin pruebas sólidas, lo que hace que el mensaje pierda fuerza y deje dudas: ¿verdadera denuncia o estrategia política? La “violencia política de género” es un tema serio, no debería usarse para ganar simpatías sin claridad ni evidencia.

No es casual que esta denuncia coincida con momentos de tensión interna y disputas por poder dentro del PRI. Al final, más que un conflicto de género parece una lucha de estrategias y posiciones dentro del partido. Gina se presenta como una heroína incomprendida, pero omite detalles que el público merece para formarse una opinión completa.

No se trata de dilapidar a nadie ni de minimizar denuncias reales, sino de invitar a una reflexión profunda, los ciudadanos que merecen transparencia, justicia y respeto.

Ahora, cambiando un poco de tema, hay que reconocer que la administración municipal finalmente le subió un poco de nivel con su nuevo programa de aires acondicionados a bajo costo. Ya era hora, porque hasta hace poco parecía que la competencia real la tenía el PRI local, y no ellos. Esta iniciativa responde a necesidades reales para combatir el calorón, pero podría abrir la puerta a algo más ambicioso y responsable, como un programa de paneles solares, porque, seamos sinceros, el pago de luz está cañón y le pega duro a las familias.

Y no todo está oscuro en esta administración; también hay iniciativas que sí dan gusto ver, como los bicipaseos nocturnos. Sí, algo sencillo, pero que impulsa la movilidad urbana sostenible y promueve la convivencia social. Todavía falta mucho por hacer, pero hay funcionarios que parecen saber bien a qué vinieron y tienen ganas de hacer algo diferente. Ese pequeño rayo de esperanza debería ser el punto de partida para construir mejores políticas públicas.

Y para cerrar con broche de oro, no olvidemos que este 14 de agosto a las 7 de la noche, en el Teatro Hidalgo, se presenta la obra “Yo solo quería unas quecas de doña Pelos”. Este espectáculo, que combina cabaret y ciencia ficción, cuenta la historia de Justina, una chica de barrio que, al salir por una simple queca y un refresco para la resaca, se ve envuelta en una épica aventura llena de referencias cinematográficas, fantasía, terror y, claro, un buen toque de humor negro y ternura inesperada.

En palabras del escritor Juan Villoro, es “una sarcástica Toy Story para adultos”, un triunfo de la imaginación sobre la vulgaridad de lo real. Mientras en el teatro disfrutamos esta mezcla de lo absurdo y lo humano, en la política local se vive otro tipo de espectáculo, menos glamuroso, pero igual de digno de observar.

Ya me iba pero, ¿ya vieron la disculpa no disculpa de la Diputada Yomira Carrillo? O sea, sí pero no, les traduzco: “¡Ay, por favor! ¿Disculparme yo? ¿A mí? Que conste que yo no he hecho nada mal, pero bueno, si eso es lo que esperan, aquí va: lo siento mucho si no alcancé a brillar lo suficiente para ustedes, aunque dudo que alguien pueda hacerlo mejor que yo. Pero ya saben, soy humana… aunque a veces parezca un dios. ¿Contentos ahora?”. Poco más poco menos, igual la pueden leer en sus redes.

Hasta el martes, antes.. o después, ya ven el ruedo.