Alejandro Flores López, secretario general de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tecomán, denunció que en los últimos años se han asignado 120 nuevas bases a empleados de confianza a través de demandas laborales, en lugar de otorgarlas a trabajadores sindicalizados. Esta situación, advirtió, ha generado una carga financiera millonaria para el municipio.

“Tenemos 15 años con el programa de supernumerarios y ninguno ha demandado ni ha sido basificado por capricho. Los compañeros siguen un proceso: se jubila uno y el supernumerario ocupa su lugar. Pero en ningún momento hemos promovido demandas para obtener bases”, afirmó Flores López, desmintiendo versiones que sugieren que el sindicato impulsa este tipo de procesos.

El dirigente sindical acusó a las administraciones municipales de permitir un crecimiento descontrolado en el número de plazas sin considerar el impacto económico. “Las últimas 120 bases han sido resultado de demandas, no de una planeación adecuada. Los presidentes municipales lo han permitido, y ahora el ayuntamiento enfrenta las consecuencias”, señaló.

Flores López detalló que el costo de este esquema es insostenible para las finanzas municipales. “El pago por horas extras asciende a entre 800 y 900 mil pesos, y las demandas laborales pueden representar entre 2.5 y 3.5 millones de pesos. ¿Ese es el ahorro del que hablan? Al final, el pueblo es quien paga”, criticó.

Además, propuso que se legisle para que los funcionarios responsables de otorgar bases de manera indebida asuman las consecuencias económicas. “Si se demuestra que fue por irresponsabilidad del presidente municipal o de un funcionario, deberían pagar con su patrimonio. No es justo que las malas decisiones las termine cubriendo la ciudadanía”.

El líder sindical también señaló que muchas de estas bases se otorgan como favores políticos, sin que exista una necesidad real dentro del ayuntamiento. “Si metes a un trabajador por compromiso de campaña, después te demanda y eso genera deudas millonarias. Así es como se ha manejado esto”.

Asimismo, aseguró que, en el pasado, los alcaldes eran quienes cuidaban el presupuesto y el sindicato era visto como un ente exigente, pero ahora la situación se ha invertido. “Antes, los presidentes se preocupaban por las finanzas y se nos veía como los ogros. Hoy es el sindicato el que lucha por evitar que desaparezcan los recursos públicos”.

Finalmente, hizo un llamado a detener esta práctica y reformar la ley para evitar que los costos de decisiones irresponsables sigan recayendo en los ciudadanos.