Por Yensuni López Aldape

Aunque el discurso político habla cada vez más de inclusión y diversidad, las personas con discapacidad todavía enfrentan barreras para participar en los espacios de representación, señaló la abogada y activista con discapacidad visual Laura Díaz.

Desde su experiencia y conocimiento del tema, Díaz afirmó que actualmente no identifica una representación de personas con discapacidad visual en cargos como regidurías, diputaciones o senadurías “Yo no conozco una representación política en una persona con discapacidad visual, ni como regidor, ni como diputado, ni como senador”, expresó.

La abogada también cuestionó los requisitos que deben cumplir las personas con discapacidad cuando buscan acceder a espacios políticos bajo acciones de inclusión.

Explicó que, de acuerdo con su experiencia, se les solicita acreditar la discapacidad mediante documentación, entre ella una credencial vigente y un certificado médico que confirme su condición.

El problema, señaló, es que incluso la credencial de discapacidad tiene una fecha de vencimiento, a pesar de que existen discapacidades que no son temporales.

“Nos dan la credencial de discapacidad con fecha de vencimiento, cuando tu discapacidad… ¿como si se fuera a quitar?”, cuestionó.

Díaz relató que en su caso la credencial tuvo una vigencia de aproximadamente tres años y actualmente está vencida debido a que el proceso para obtener una nueva cita puede tardar. A partir de esta situación, cuestionó lo que considera un trato desigual entre los distintos sectores que buscan representación bajo criterios de diversidad.

La activista aclaró que su planteamiento no es un rechazo hacia otros grupos, sino una pregunta sobre los requisitos que se establecen para acreditar la pertenencia al sector de personas con discapacidad “No tengo nada en contra de ellos. Eso es importante aclararlo. Pero sí, yo digo, ¿por qué a nosotros nos exigen algo que sí se ve?”, manifestó.

Para Díaz, la discusión tampoco debería reducirse a cubrir una cuota o cumplir con una disposición legal, pues considera que las personas con discapacidad deben ser tomadas en cuenta por su preparación, experiencia y capacidad para desempeñar una responsabilidad pública “Yo no quiero que a mí me den un cargo nomás por cumplir con una ley o por cumplir con una cuota, porque yo no quiero ser rellena”, sostuvo.

La abogada insistió en que una eventual representación política del sector tendría sentido si quienes llegan a esos espacios pueden participar realmente en la toma de decisiones y defender los derechos de las personas con discapacidad “Yo tengo estudios para ejercer cualquier cargo”, afirmó.

Díaz señaló que estudió Derecho precisamente con la intención de defender los derechos de las personas que lo necesitaran y que, a partir de su propia experiencia con la discriminación, decidió involucrarse en la defensa del sector.

Consideró que el reto es que antes de mirar la discapacidad se reconozca a la persona, su preparación y lo que puede aportar “Quisiera ser tomada en cuenta como persona, no tanto por la discapacidad, sino por lo que yo estudié, por lo que yo sé hacer”, expresó.

Para la activista, la inclusión política no debería limitarse a ocupar un espacio para cumplir con una cuota, sino permitir que las personas con discapacidad tengan una participación efectiva y puedan contribuir desde sus conocimientos y experiencia.