Por Christian Magallón García
En Colima vivimos atrapados en una peligrosa ilusión digital, en el papel, somos un estado de vanguardia, las cifras oficiales revelan que casi el 88% de los colimenses ya están conectados, e índices globales como Ookla nos presumen como la segunda red móvil más rápida de todo México. Esta velocidad sobresaliente en nuestros teléfonos debería ser el gran motor de nuestro desarrollo económico. Pero entonces, ¿por qué no lo somos?
Cualquier empresario, estudiante o trabajador remoto conoce la frustrante respuesta. Al intentar sostener una videoconferencia, timbrar facturas en la nube o enviar archivos pesados, la realidad nos da un golpe en la cara, existe una brecha enorme entre el internet que presumimos y el internet que realmente necesitamos para las actividades productivas.
El espejismo radica en confundir el consumo con la productividad. Esa envidiable velocidad móvil es ideal para ver redes sociales de forma casual, pero la verdadera columna vertebral de la economía es la red fija (la que alimenta a nuestras oficinas y hogares). Y en ese rubro crucial, Colima desaparece por completo de las posiciones de liderazgo nacional.
Este rezago no es un caso aislado, sino un problema estructural profundo. Análisis impulsados por el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA) advierten que la brecha de infraestructura de última generación se sigue ensanchando peligrosamente fuera de las grandes metrópolis.
En Colima, esto nos condena a depender de conexiones “asimétricas”. En términos sencillos: las operadoras nos venden 100 Mbps de descarga (excelente para ver películas, consumir Netflix o navegar por entretenimiento), pero nos limitan a escasos 10 Mbps de subida. Esa raquítica velocidad de carga es exactamente la que estrangula nuestras videollamadas, retrasa el envío de correos corporativos y asfixia las exigencias operativas de cualquier negocio actual. Estamos conectados para consumir, pero limitados para competir.
¿Por qué nuestras redes fijas fallan tanto? La respuesta radica en las prácticas monopólicas y en la concentración de proveedores. La falta de una competencia real ha generado un ecosistema local donde las cableras no tienen incentivos financieros para invertir en mantenimiento profundo. Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son contundentes: Colima ocupa el nada presumible quinto lugar a nivel nacional en incidencia de quejas per cápita, con una elevada tasa de 7.11 inconformidades por cada 100 mil habitantes.
Casi el 40% de este hartazgo ciudadano se debe a fallas directas y caídas totales del servicio. Empresas dominantes como Telmex, Totalplay y Megacable acumulan la inmensa mayoría de las quejas. La disfuncionalidad operativa ha escalado a tal nivel en la región que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha tenido que documentar cientos de irregularidades y desplegar acciones colectivas contra monopolios cableros como Megacable por no respetar acuerdos y brindar servicios deficientes.
Las implicaciones de este mercado defectuoso son gravísimas para la economía local. El mal servicio actúa como un impuesto invisible que asfixia la productividad. Mientras sucede otro fenómeno, pues el estado atrae a nómadas digitales o capital extranjero que puede costear infraestructuras muy superiores para trabajar remotamente, las pequeñas empresas, los profesionistas independientes y el talento local quedan marginados operando con redes saturadas y limitadas.
Para salir de este bache, quejarnos en redes sociales cada vez que se cae el módem no basta. Necesitamos dejar la pasividad y exigir soluciones estructurales en tres frentes precisos. El primer gran freno a vencer está, en nuestras propias autoridades locales. Es urgente una homologación municipal en los reglamentos de construcción y los cobros por “derechos de vía”. No podemos atraer infraestructura de última milla si un proveedor de internet tiene que lidiar con burocracia distinta, permisos estancados y costos dispares tan solo al cruzar la calle que divide a Colima de Villa de Álvarez o al intentar llegar a Tecomán (que Tecomán es de los casos más graves en este aspecto).
Desburocratizar y unificar estos permisos a nivel estatal es la única forma real de incentivar a que nuevos competidores tiendan fibra óptica, abaratando costos y rompiendo el cómodo oligopolio de las cableras actuales.
Por su parte, el sector empresarial colimense tiene que cambiar su estrategia de riesgo. Ante fenómenos inminentes como la digitalización de la industria, las pymes locales no pueden seguir apostando la continuidad de sus operaciones a contratos de internet residencial de bajo costo, que carecen de garantías operativas. Es momento de blindar los negocios migrando a enlaces dedicados o evaluando contingencias tecnológicas, como las nuevas redes satelitales de órbita baja, que aíslen la productividad de los constantes apagones terrestres de la región.
Finalmente, como sociedad y consumidores de servicios, tenemos que utilizar el peso de la ley. Debemos masificar el uso de herramientas legales, como la plataforma “Soy Usuario” del IFT (la autoridad federal que vigila y regula a estas empresas de internet en el país), para documentar formalmente cada falla. Solo así lograremos que las estadísticas federales reflejen el pésimo servicio que realmente padecemos, forzando a las autoridades a ejecutar auditorías y sanciones económicas severas sobre los proveedores que parecen intocables.
Un internet rápido, estable y simétrico no es un lujo, es una herramienta obligatoria para competir. Si no construimos la infraestructura que realmente necesitamos, corremos el riesgo de observar el desarrollo económico desde las redes sociales en nuestros teléfonos.