Los apicultores enfrentan serias dificultades para denunciar la muerte masiva de abejas ocasionada por el uso de agroquímicos. Aunque existe un protocolo de cadena de custodia, su aplicación resulta compleja debido a los estrictos requisitos que exige la Fiscalía.

El productor Roberto Chávez explicó que el procedimiento no es accesible para el sector:
“Ahí está lo complicado, porque en realidad no le vemos certidumbre. Si nosotros lo hacemos, no vale; si lo hace un inspector de ganadería, tampoco. La prueba de campo la debe realizar la Fiscalía, pero no tienen personal para eso”.

Los apicultores reconocen el respaldo de la Organización Nacional de Apicultores (ONA), que incluyó a Colima en el protocolo por ser uno de los estados con casos más graves. Sin embargo, consideran que persisten demasiadas trabas legales.

“Todavía hay muchos requisitos que se deben simplificar. El protocolo es atractivo, pero engorroso. Para que nos paguen algún daño sería muy difícil acceder fácilmente”, lamentó Chávez.

El periodo de mayor riesgo se presenta entre agosto y diciembre, cuando los agricultores intensifican el uso de agroquímicos para combatir plagas como el mayate prieto.

“En ese lapso es cuando más colmenas perdemos. No todos los agricultores le apuestan a la concientización, y necesariamente debe haber empatía, porque necesitamos que las abejas sigan vivas”, subrayó el apicultor.

De acuerdo con los productores, la complejidad de la cadena de custodia ha impedido presentar denuncias legales formales. Hasta ahora, las quejas solo se han quedado en el ámbito público, sin llegar a instancias de la Fiscalía.