Por años, el ecosistema digital ha abierto espacio a voces diversas, pero también ha sido utilizado como instrumento de presión política. En Colima, uno de los casos más visibles, y preocupantes, es el de un operador mediático que, pese a haber sido sancionado por violencia política de género, continúa desempeñándose como un brazo informal de comunicación para el grupo en el poder.
Su papel no es menor. Desde una plataforma digital de limitada credibilidad, este personaje ha sido pieza funcional para emprender campañas de desprestigio, principalmente contra figuras de oposición. El caso más emblemático fue el de la expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, a quien dirigió ataques constantes durante todo su mandato. Esa conducta lo llevó a ser sancionado por el Tribunal Electoral del Estado, lo cual no ha impedido su reincorporación activa al circuito de la propaganda política.
Fuentes diversas afirman que este actor se dedica a solicitar “cuotas” a funcionarios, legisladores y dirigentes políticos, bajo la amenaza de convertirlos en blanco de sus publicaciones si no acceden a sus condiciones. Estas prácticas, que rayan en la extorsión mediática, se desarrollan con aparente impunidad y protección desde esferas cercanas al poder estatal.
Más allá del personaje, lo relevante es la estructura que lo respalda. Su actividad sugiere la existencia de una red articulada que combina recursos públicos, acceso a información institucional y operadores digitales para mantener control sobre la narrativa política local. En este contexto, la comunicación deja de ser un canal informativo y se convierte en una herramienta de disciplinamiento político.
Incluso aliados cercanos al proyecto gobernante han sentido el efecto de esta maquinaria cuando sus decisiones no se alinean con los intereses del núcleo central del poder. Tal fue el caso reciente del dirigente estatal del Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña, quien, tras un acercamiento con la alcaldesa de Manzanillo, fue blanco de una campaña de señalamientos desde portales afines al gobierno. Su historial de alianzas y posturas flexibles —una característica constante del PT en el ámbito nacional— fue utilizado como argumento para cuestionar su legitimidad y su presencia política.
El mensaje implícito es claro: la lealtad política se evalúa no sólo en términos de discurso, sino también de subordinación táctica. Y cualquier desvío del guion establecido puede ser respondido con una campaña de deslegitimación.
En este escenario, la oposición partidista tiene ante sí un reto complejo. Con un ecosistema mediático en buena parte cooptado por el gobierno estatal —gracias a una asignación estratégica de recursos y convenios publicitarios—, confiar en la neutralidad de los canales de información puede resultar ingenuo. La experiencia ha demostrado que, aún cuando se accede a solicitudes de “colaboración”, la línea editorial puede cambiar sin previo aviso, siguiendo indicaciones superiores.
Se dice que…
El creciente desgaste de algunas figuras oficiales ha generado nerviosismo entre operadores políticos estatales. La insistencia en descalificar públicamente a los alcaldes de Colima, Riult Rivera (PAN), y de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez (PRI), podría tener menos que ver con sus acciones de gobierno y más con su posicionamiento rumbo a 2027. A diferencia de la alcaldesa morenista de Manzanillo, Rosa María Bayardo, quienes buscan contenerlos no logran construir una candidatura competitiva, ni dentro de su propio partido.
