Desde diciembre de 2024, el presidente municipal de la capital de Colima, Riult Rivera, ha implementado operativos en tres principales vías de la ciudad para sancionar a los conductores que superen los 80 kilómetros por hora. Esta medida ha generado un gran descontento entre los habitantes, especialmente aquellos que circulan entre las 09:00 y las 14:00 horas, pues el operativo se ha implementado sin una campaña previa de concientización sobre las nuevas restricciones de velocidad. A esto se suma la falta de señalización adecuada que indique claramente los nuevos límites, lo que ha provocado que muchos conductores se vean sorprendidos por las multas.
El argumento del edil para llevar a cabo estos operativos es la reducción de los accidentes viales, pero resulta cuestionable, ya que los siniestros más graves no ocurren durante las primeras horas del día, sino por la tarde y noche. Sin embargo, los operativos se enfocan en el horario matutino, lo que pone en duda la efectividad de la estrategia en términos de prevención de accidentes.
A través de estos operativos, se han destinado al menos 10 elementos de la policía de tránsito, quienes podrían estar mejor aprovechados en la vigilancia de la ciudad, donde a diario se registran numerosos homicidios dolosos. De acuerdo con las estadísticas de seguridad pública, las muertes violentas superan con creces a las muertes por accidentes viales, lo que plantea la interrogante sobre si realmente el enfoque del presidente municipal está centrado en la seguridad vial o más bien en la generación de ingresos a través de las multas.
Además, el uso del teléfono celular mientras se conduce, una de las principales causas de accidentes, sigue siendo una infracción común que no parece recibir la misma atención que el exceso de velocidad. Sin embargo, los operativos de la administración actual se concentran casi exclusivamente en la velocidad, dejando de lado otras conductas peligrosas al volante.
Lo que agrava aún más la situación es la falta de transparencia en el destino de los recursos recaudados por estas multas. Hasta el momento, Riult Rivera no ha dado detalles sobre cómo se están utilizando esos fondos ni si se están aplicando para mejorar la infraestructura vial, como la remoción de semáforos, empedrados, topes o la instalación de señales de tráfico en las áreas más críticas. La falta de claridad genera suspicacias entre los ciudadanos, que empiezan a sospechar que lo que realmente está en juego es una estrategia de recaudación económica más que un verdadero esfuerzo por mejorar la seguridad vial.
Además de las polémicas alrededor de las multas, la gestión del presidente municipal ha levantado más cuestionamientos sobre su prioridad en la atención de los problemas de la ciudad. Mientras que los eventos artísticos parecen ocupar un lugar central en su agenda, las necesidades básicas de la población, como la mejora de los servicios públicos, han quedado en segundo plano. Colonias enteras, sobre todo del sur y oriente de la ciudad han quedado en el olvido, sin recibir atención ni mantenimiento de las infraestructuras más elementales.
Una de las críticas más recurrentes es la situación de los baches, que se encuentran por toda la ciudad. A pesar de las promesas iniciales de la administración de Rivera, las calles siguen llenas de huecos que ponen en peligro la seguridad de los conductores y peatones. La falta de acciones concretas para reparar estos baches refuerza la sensación de que la prioridad del gobierno municipal no es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino mantener una imagen de modernidad a través de eventos artísticos que no resuelven las necesidades más urgentes.
S e dice que…
*El establecimiento de operativos para sancionar el exceso de velocidad en Colima, si bien parece ser una medida lógica en principio, carece de los elementos necesarios para ser verdaderamente efectiva. No ha habido una campaña de concientización adecuada, la señalización es insuficiente, y los recursos obtenidos por las multas no se han destinado a mejorar la infraestructura vial.
*Además, la falta de acción en temas fundamentales como la reparación de baches y la mejora de los servicios públicos refleja una administración más preocupada por su imagen que por resolver los problemas reales de los colimenses. Todo esto deja entrever que, en lugar de priorizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, el enfoque del presidente municipal está más dirigido a la recaudación de fondos y a la organización de eventos artísticos que no abordan las necesidades urgentes de la ciudad.
