Escribe Abel González Sánchez en Análisis Político.
Cada vez que hay un intento de asesinato o ejecutan a un empresario, a un funcionario estatal o municipal la grilla política empieza a cuestionar a los supuestos culpables políticos de la inseguridad, a los alcaldes, a la gobernadora o a la presidenta del país, pero no culpan a los responsables directos de nuestra seguridad estatal, que es la mesa de seguridad estatal, y que son los titulares de la Seguridad Pública del Estado, a la Fiscalía local y federal, a los responsables de seguridad federal en nuestro estado como son Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina en Colima.
Por otra parte, mucha gente desconoce que los delitos violentos sobre todo los homicidios perpetrados por la delincuencia organizada conforme a la ley federal de nuestra Constitución de la República le compete al gobierno federal quien es el que concentra los recursos fiscales de todos los estados del país.
LA GRILLA NO CABE ANTE LA INSEGURIDAD La grilla política ante alguna tentativa de crimen o de un homicidio de una persona relevante le entra al “juego político partidista” y también las autoridades se culpan mutuamente, en lugar de reorganizarse, casi siempre condenan primero al alcalde o a la presidenta municipal del municipio en que ocurrió el hecho violento, y las redes sociales mediante anónimos responsabilizan también a la gobernadora y hasta a la presidenta del país, pero ante estos hechos ¿A quién deberíamos culpar por la violencia en Colima? ¿A los expresidentes del país? como denunciaba en las mañaneras López Obrador, para no asumir su propia responsabilidad, ¿A los exgobernadores de Colima? Cuando ya Morena tiene seis años gobernando a nivel nacional y tres años a nivel estatal, la realidad es que este tema no debería politizarse ni buscar culpables y menos hacer conjeturas sin bases sobre los hechos violentos.
El estado de Colima y los estados vecinos de la región occidente se encuentran en una de las peores crisis de seguridad en su historia reciente, crisis que inició en los dos sexenios anteriores y se aceleró con el impacto de la modernización del puerto de Manzanillo, a tal grado que en 2022, Colima fue considerada la ciudad más violenta del mundo, con 181.94 homicidios por cada 100 mil habitantes, y en 2023, se estimó que el 25% de los hogares en Colima tuvieron al menos una víctima de delito, hoy cientos y cientos de delitos menores que se cometen, la gente no va a denunciar a la Fiscalía por desconfianza y por asegurar que van a perder el tiempo, solo queda archivado allí o en los juzgados del Supremo Tribunal.
Pero en los últimos diez años en términos generales la violencia y la criminalidad en Colima y en los estados vecinos ha aumentado más del 50%, aunque Colima ya no sigue ocupando en forma constante los primeros lugares a nivel nacional, pero sigue como parte de los más violentos, esto fue el reciente estudio del análisis sobre la seguridad pública realizado por el Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro Occidente que integran a Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, son estados señalados como los más violentos de México.
IMPACTÓ LA MUERTE DE ROBERTO BRAVO EN LA VILLA Al igual que muchas otras muertes violentas de personas ampliamente conocidas, de empresarios, de funcionarios municipales o del gobierno estatal que han impactado, el reciente asesinato de Roberto Bravo en la Villa también causó mucha indignación social, municipal y estatal, debido a que Roberto era ampliamente reconocido como persona de bien por la ciudadanía y por los diferentes cargos que tuvo con plena honestidad, ocupaba un reciente cargo, Director del Instituto de Fomento de la Cultura y las Artes de Villa de Álvarez, y ante su inesperada muerte, la grilla no se hizo esperar, cuestionaban a la alcaldesa, a la gobernadora y a la presidenta del país por la supuesta deficiente estrategia de seguridad municipal, estatal y nacional que señalaron en las redes sociales, y para rematar, la Fiscalía prefirió callar ese evento violento, a pesar de que ocurrió en una plaza pública en donde allí sí hay cámaras de vigilancia y registrados también los momentos precisos de los hechos, lo que generó más especulación.
LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE ESTADO La inseguridad pública en Colima y en todo el país es un fenómeno complejo por múltiples causas, y la responsabilidad de salvaguardarla no es de una sola institución pública de seguridad ni de un solo nivel de gobierno, sea municipal, estatal o federal y menos será culpable un funcionario del nivel menor y con menos recursos como son las y los alcaldes, cada nivel tiene su especial responsabilidad política, de mayor a menor, tampoco cabe inculpar a los gobiernos pasados para justificar su actual incapacidad. Pero sin duda, conforme a nuestra Constitución, la seguridad pública es un bien público en que el estado, llámese principalmente al gobierno de la república, porque es el que concentra los recursos económicos del país, tiene la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos en cada uno de los estados y más aún de prevenir y perseguir los delitos de la delincuencia organizada.
Lo cierto es que a Colima le ha faltado un verdadero apoyo institucional de la federación en materia de seguridad pública desde hace muchos años para crear su propio modelo de seguridad estatal con mandos colimenses, ya que es la federación la controla la seguridad en Colima, pero los mandos locales deben ser apoyados con los cuerpos federales, se sabe que tan solo el famoso C5 que costó cerca de 800 millones de pesos, parece más bien un “C, cero” porque da cero resultados, no es funcional para el estado, hasta sus directivos dicen que para que funcione bien deben tener mínimo lo doble de cámaras para operar, que tienen cerca mil y necesitan dos mil, muchos lugares de la zona conurbada y municipios no las tienen.
Finalmente, se muy claro que la falta interés política de los partidos y del Congreso Estatal para atender la problemática de la inseguridad, así como de la Fiscalía estatal y federal en Colima porque también existe, así como el Supremo Tribunal no se reorganizan por sí solos en éste tema, pareciera que dejan pasar la problemática, cuando requieren una mayor coordinación de los tres niveles de gobierno que incluyan a las organizaciones civiles y a los empresarios porque hasta ellos podrían participar en la compra de las cámaras que hacen falta, por otra parte, es visible que en las reuniones de la mesa de seguridad que convoca la gobernadora Indira Vizcaíno siempre van tres o cuatro alcaldes de los diez y siempre fallan algunas dependencias federales y del propio estado, ¿Qué nos pasa? Por eso decimos ¿Quién tiene la culpa? Haga usted su propio análisis.
