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Desorden y corrupción en la justicia familiar

Escribe Abel González Sánchez

El pasado lunes hicimos un análisis con el título “Secuestro de hijos por madres tóxicas” tema basado por la denuncia de un adolescente de 18 años quien expresó con lágrimas su enojo y trauma que había sido injustamente secuestrado por su madre durante 14 años sin permitirle convivir con su padre, mientras que el papá luchó por años en los juzgados familiares sin que pudiera lograr dicha convivencia, hasta lo encarcelaron una vez por tratar de ver a su hijo aplicándole la orden de restricción sin base alguna, es decir con una denuncia penal sin acreditarle nada.

Hoy volvimos a tocar el tema porque realmente me sorprendí de tantas quejas que brotaron contra los juzgados familiares en los grupos de wats up, ratificando lo aquí expuesto, argumentando que han demandado convivencias sin respuesta alguna también hasta por más de cinco años y  sin que la juez les dé la cara, no los recibe ni informan la causa de la negativa, también muchas abogadas y abogados están molestos por la pésima impartición de la justicia familiar, señalan santo y seña, inclusive con números de expedientes, dicen que pueden acreditar que han luchado por ver a sus hijos sin atención alguna, hasta doctores en derecho litigando sus propios juicios como padres divorciados, sin lograr tampoco nada y sin poder ver a sus hijos, aseguran los papás que han gastado miles de pesos en dichos juzgados familiares, en síntesis hay un grave desorden y quizás corrupción en varias modalidades, además es una irresponsabilidad institucional que hasta los Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Justicia asignados al Centro de la Justicia de la Mujer, solo dictan ordenes de restricción contra los papás a ciegas, sin base alguna ya que ninguna autoridad ministerial o familiar investigue nada sobre lo que aseguran las mujeres.

Existe una pared contra los hombres en los juzgados familiares dice Arturo L. quien es maestro y se separó porque no estaban casados, que tiene 4 años sin poder ver tampoco a su niña y cuya madre absurdamente vive con otro hombre y me obligan a pagarles pensión muy alta, así señala, “yo la apoyo económicamente, pues es mi hija y es mi responsabilidad”, pero no para mantener a la madre todos los años sin trabajar, la ley también la obliga trabajar y aportar y hasta su nuevo marido ahora lo mantengo, porque ni trabaja tampoco desde hace un año, pero nada investigan en estos juzgados familiares, solo apoyan los dichos de las mujeres y aun así dicen algunas asociaciones civiles que no hay equidad de género, pues no la hay, pero para nosotros los hombres en ese juzgado dice Arturo L.

Urge que el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia se reúnan para trabajar por el bien del Estado de Colima, pues el desinterés y la descoordinación de ambos también permite que los juzgados familiares tengan muchos vicios burocráticos e inoperantes, se requiere reformar el Código Civil para obligar a las partes que se separan o se divorcian a efectuar acuerdos de convivencia familiar con sus hijos sin necesidad de juicios largos y costosos, que dañan y mucho al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, pues es un principio constitucional que establece que en cualquier situación que involucre a menores, se debe proteger y privilegiar primeramente sus derechos, pero lo primero que pelean es la lana. 

En algunos países, cuando un padre o una madre comete un secuestro familiar a su hija o hijo, menor de edad, impidiendo que conviva con su papá o con su madre por capricho o por venganza, automáticamente pierden la custodia porque al hacerlo así, quiere decir que a la niña o al niño lo ve solo como objeto para vengarse, allá para impedirlo sí deben acreditar violencia y maltrato infantil del padre, pero aquí sin investigar hasta lo encarcelan, ni acreditar nada ni escuchar inclusive a la otra parte dictan orden de restricción preventiva y lo impiden por años dicha convivencia, lamentablemente muchas mujeres usan a sus hijos menores como un objeto para sacarle lana al padre durante años.

En Colima y en todo el país en los años recientes se han creado muchas organizaciones e instituciones oficiales en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipales para proteger a las mujeres en sus derechos sociales, económicos y humanos, pues no podemos negar que son las mujeres mayormente las afectadas socialmente, han sido objeto de abusos, maltrato hasta de feminicidios, pero no por ello, podemos cerrar los ojos ante la otra cara de la moneda, pues también muchas mujeres han resultado también malvadas, tóxicas y vengativas, con depresión o con psicosis por sus adicciones, hay expedientes inclusive en varios estados de madres que explotan a sus hijos y los asesinan por sus adicciones para vengarse de sus papás por dicha separación y jamás hemos visto que un padre demande pensión alimenticia si no trabaja y tiene a sus hijos a su cargo.

Pues si para la mujer o el hombre un divorcio les provoca mucho estrés y cambio de conductas psicológicas enfermizas, ¿Que será para las niñas y niños? Viven un estrés mayor y una angustia de inseguridad. Muchos jóvenes han llegado inclusive a suicidarse ante los divorcios y si por otra parte sabemos que éstas nuevas generaciones de padres separados son más rebeldes, indisciplinados o violentos que fácil caen en las adicciones, ¿Acaso no vale la pena que los juzgados familiares de Colima se pongan las pilas y obliguen a las partes para que convivan con sus hijos? Urge que los diputados locales dejen de solo grillar en el Congreso del Estado y revisen la legislación familiar, además desconocemos a que se dedican el montón de magistrados del Tribunal de Justica cuando deberían avocarse para valorar la problemática judicial y social, deben hacer cambios en sus juzgados familiares, urge luego entonces la reforma judicial también en Colima.