A una verdadera república, como la que constituye el estado mexicano, la definen tres principios básicos: el estado de derecho, el imperio de la ley (no el imperio de lo político) y la separación de los tres poderes (legislativo, judicial y ejecutivo, independientes y autónomos).

La república democrática, como la que nos jactamos tener, respeta indefectiblemente el principio de independencia y autonomía de los tres poderes, pues de lo contrario pasaría a convertirse en una república autoritaria, caracterizada por ser gobernada de manera despótica por un líder carismático o una facción política, como puede ser un partido político o un estamento militar.

Las repúblicas autoritarias devienen, normalmente, en autocracias, por tratarse de sistemas prácticamente unipartidistas, sin contrapesos políticos, como lo vemos ahora con Morena, lo que resulta muy riesgoso para la solidez de cualquier república, y más si ese unipartido concentra todo el poder en una sola persona: el presidente autoritario.

En este esquema se enmarca la reforma judicial recientemente aprobada en nuestro país, aun contra la oposición no sólo de ciudadanos mexicanos o miembros del mismo poder judicial sino también de expertos internacionales que vieron con alarma esta polémica reforma.

La reforma judicial, que tiene en el fondo como objetivo la acumulación desmedida de poder por parte del presidente del partido mayoritario (Morena), presenta una serie de cambios (como la elección de jueces por voto popular) que no sólo pondrán en riego la impartición de justicia en nuestro país sino que también vulnerarán el principio de autonomía e independencia de poderes, concentrando todo el dominio en el ejecutivo, que en este momento controla ya al legislativo y judicial, dilapidando con ello nuestro sistema republicano.

La astucia política del presidente López Obrador fue habernos hecho creer que llevaría a cabo la reforma de un poder corrupto (el judicial) en beneficio del pueblo, aunque en el fondo lo que realmente quería era demostrar que podía demoler cualquier poder o fuerza que intentara obstaculizar sus aspiraciones políticas. Si pudo demoler al poder judicial, ¿habrá otro poder que pueda resistírsele? Ese es el tamaño del horror que realmente estamos viviendo.

Por eso, es necesario que organismos internacionales (aquellos que incluso se ven atropellados por una reforma como ésta) actúen de forma inmediata para evitar que este precedente abra la puerta a un verdadero régimen autocrático en el que los poderes legislativo y judicial pasen a ser meros artículos decorativos en el Palacio Nacional.