La exigencia de que al menos un 2 por ciento de las nóminas en los ayuntamientos de Colima sea ocupada por personas con discapacidad no es una simple petición, sino una medida fundamental para asegurar que las acciones municipales respondan auténticamente a las necesidades de este sector de la población, así lo señaló César Castillo, activista tecomense y miembro de la red nacional de ciegos, quien criticó el uso indebido del término “discapacidad” en la política.

Castillo Téllez hizo un llamado a los nuevos alcaldes y diputados del Estado para que mantengan abierto el expediente de la petición de reforma a la Ley de Municipio Libre. “Que se reconozca el trabajo que estamos realizando y que la demanda no quede en el olvido. Ocho de los nuevos diputados van a seguir ahí y deben estar al tanto de nuestras solicitudes”, dijo.

El activista subrayó que la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral no debe ser vista como un capricho, sino como una medida que puede transformar la manera en que se planifican y ejecutan los proyectos municipales. “Lo que buscamos es que las acciones municipales se alineen con las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad, sin que el término sea manipulado para perjudicar a otros sectores”, enfatizó.

César Castillo criticó la implementación de medidas que, aunque bien intencionadas, terminan afectando a otros grupos. Mencionó el caso de la playa de San Pedrito en Manzanillo, donde se realizaron modificaciones bajo el pretexto de hacerla incluyente. Según el activista, estas modificaciones resultaron en perjuicio de más de 20 comerciantes locales, quienes fueron informados que las reformas estaban destinadas a beneficiar a las personas con discapacidad, pero que en la práctica afectaron su actividad económica sin consulta previa.

En Tecomán, recientemente se renovó la calle Constitución entre Cuauhtémoc y Niños Héroes, con mejoras en las banquetas y la inclusión de rampas para personas con discapacidad. Aunque Castillo valoró positivamente estos cambios, también señaló que la planificación y consulta previa son esenciales. El activista citó el caso de un comerciante de alimentos afectado por la reubicación del estacionamiento para discapacitados, argumentando que la falta de consulta y planificación adecuada lleva a soluciones que no benefician a todos de manera equitativa.

“Es doloroso ver cómo se usa el término discapacidad de manera manipulativa. Estamos pidiendo que se nos dé una verdadera oportunidad para contribuir en la planificación y ejecución de proyectos que nos afectan directamente. Existen muchas personas con discapacidad capacitadas en diversas profesiones, como derecho, comunicación, y otras áreas técnicas”, concluyó Castillo.

El activista concluyó que la inclusión efectiva requiere voluntad política y un compromiso real por parte de los responsables de la administración pública.