Opinión

Notas

Análisis Político

En los últimos meses y a medida que se va acercando la temporada de las tormentas de las campañas electorales, podemos observar sin apasionamientos y en forma natural por el perfil y origen de cada uno de los miembros del gabinete estatal que requieren cerrar sus filas mas en torno a un solo objetivo político y social, ya que si bien no se ven jaloneos ni patadas entre los titulares, resulta que algunos se encierran en sus oficinas sin recibir a la gente porque están ocupados diseñando como técnicos o expertos el trabajo que hacen en sus áreas, pero que en ocasiones la ciudadanía tampoco sabemos a qué se dedican, pues descuidan mucho el trabajo político y social de las dependencias que representan y que atinadamente el gobernador Nacho Peralta en gran parte ha subsanado este grave problema de algunos cuantos funcionarios, al crear atinadamente las audiencias ciudadanas, pues los obliga a salir a los municipios para atender la problemática social, cumpliendo así la alta responsabilidad como buenos gobernantes.

Lo mismo ocurre en el PRI estatal, hace falta el compromiso político y sensibilidad, los liderazgos tradicionales o viejos no concuerdan mucho con los nuevos que acaban de ingresar ya que los nuevos tampoco traen puesta bien su camiseta porque les falta formación política partidista, el reciente caso de Manzanillo es palpable y como ocurrió aquí en el municipio de Colima, y no podemos culpar a Rogelio Rueda, quien hace esfuerzos para renovarlo con caras nuevas, son los riesgos de la democracia, quizás por tal motivo los demás partidos prefieren continuar por años con los mismos liderazgos municipales para su control, cuando la mejor estrategia es incorporar a los jóvenes desde temprana edad para que se vayan formando dentro de sus filas y no abrir las puertas a nuevos representantes municipales sin experiencia, mediante una simple convocatoria abierta o por recomendación personal.

UNIR AL GABINETE Y DELEGADOS

Por otra parte en una reunión de analistas políticos reciente se consideró que se observa otro detalle, el gabinete y varios delegados federales que ingresaron en la anterior y nueva administración, algunos de sus titulares considerados como técnicos, poco o nada les interesa lo que le pueda ocurrir al tricolor en Colima en el 2018, pues sus proyectos son técnicos y su chamaba inclusive se atreven a comentar, que no se la deben al partido que ganó con muchísimo esfuerzo. Esta falta de compromiso partidista no únicamente deja de fortalecer al tricolor si no que afecta más bien a la sociedad ya que no son sensibles ante la problemática de la gente, pues debemos de reconocer fríamente que un pésimo alcalde, delegado o Secretario daña mucho a un partido, por tal motivo en el caso de los municipios que son más visibles estos daños, la ciudadanía mejor cambia de partido.

CERRAR FILAS ES LA MEJOR DECISIÓN

La mejor decisión de la administración estatal rumbo al 2018 es cerrar sus filas en su gabinete y mantener el buen rumbo financiero, pero mejorarlo en el aspecto político mediante una mejor unión y coordinación entre los denominados técnicos y los funcionarios tradicionales, además de tener más acercamiento con el PRI, ya sean Secretarios o Delegados Federales, esta es la misma fórmula política para los demás partidos, los cuales también han fijado bien sus metas, pues los alcaldes, los diputados locales y federales panistas, priístas y verde ecologistas que desean salir otra vez en las boletas electorales del 2018 saben que cerrar filas en sus ayuntamientos y con sus partidos debe ser ahora, antes de que sea demasiado tarde.

 

Estación Sufragio

Este domingo 21 de mayo, familiares y amigos del licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa nos reunimos ante su tumba para rendirle homenaje en el tercer aniversario luctuoso de quien fuera rector de la Universidad de Colima durante diez años.

Silva Ochoa fue líder estudiantil y educador; impulsor, promotor y fundador de las grandes instituciones educativas de Colima; político y funcionario público destacado; periodista y empresario periodístico. Sus facetas son tan diversas hasta que uno las mira como expresiones de una misma preocupación vital: la transformación de Colima. Y eso quedó plasmado en su obra educativa. 

Hijo de maestros rurales, fue un joven de profundas convicciones liberales y revolucionarias. Cuando se percató de la fuerte influencia que tenía el clero en el alumnado de los planteles, convocó a sus compañeros de la Escuela Normal, que entonces formaba parte de la Universidad Popular de Colima, a integrar en 1954 la Federación de Estudiantes Colimenses.

Fue presidente de la FEC y durante muchos años auténtico líder moral del movimiento estudiantil que, aun cuando se dividió por intrigas del gobierno y de las grupos políticos interesados en usar a los jóvenes como carne de cañón, a la postre se reunificó bajo la guía de Humberto Silva.

Muchos de los grandes amigos del licenciado Humberto participaron en facciones contrarias. Y todos esos cuadros que se formaron en la FEC, algunos de los cuales llegaron a destacar después en la política estatal, lo respetaban como el dirigente conciliador que siempre fue.

Para Silva Ochoa la lucha estudiantil tenía un noble propósito: ampliar la oferta educativa para una generación de hijos de campesinos y artesanos, de maestros y burócratas, que no tenían –como los descendientes de hacendados, comerciantes y profesionistas– la posibilidad de salir del estado para cursar una carrera universitaria.

Muchos de esos jovencísimos profesores (en ese entonces se pasaba de la Secundaria directo a la Normal), ya con la ayuda que les daba su sueldo como maestros de primaria cursaron el bachillerato y después se inscribieron en Derecho o Contabilidad.

Humberto Silva veía a las escuelas de Colima de los diferentes niveles como parte de un mismo aparato de formación ideológica, y a la educación como un mecanismo de movilidad social, no sólo como un sistema de instrucción pública para acabar con el analfabetismo y elevar el promedio de escolaridad.

Por eso es que su primera batalla institucional la ganó en el campo de la educación técnica, al conseguir traer a Colima el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 80, de la que fue director muchos años.

La 80 fue el antecedente no sólo de las secundarias tipo técnico-industrial (ETI) y de los bachilleratos tecnológicos, industriales y de servicios (CBTIS) sino también del Instituto Tecnológico de Colima, que Silva Ochoa veía como la culminación de un proceso para atraer a la entidad una unidad académica inspirada en el modelo del Instituto Politécnico Nacional.

No se lo permitieron otra vez las intrigas de un gobierno que sentía obligación de frenar el desarrollo político de una clase estudiantil y magisterial comprometida con la superación académica, y porque finalmente ése que con el tiempo sería conocido como Grupo Universidad, encabezado por Humberto Silva, empezó a hacer sentir su fuerza en la máxima casa de estudios de la entidad.

La FEC había luchado por la autonomía universitaria, que consiguieron en 1963 (fue promulgada por el gobernador Arturo Velasco Curiel), y una década después (ya en el sexenio de Pablo Silva García) por la paridad en el Consejo Universitario, que también lograron después de una prolongada huelga.

En 1973, por primera vez la Universidad de Colima tuvo un rector electo por el máximo órgano de gobierno de la institución, Alberto Herrera Carrillo, quien a su vez nombró a Silva Ochoa secretario general de la UdeC.

Sin embargo, la incomprensión de un gobierno estatal que veía con celo a un grupo de jóvenes vinculados al presidente Echeverría –cuya política de masificación de las universidades empezaba por impulsar el surgimiento de nuevos liderazgos en las instituciones públicas–, produjo un enfrentamiento que duró buena parte del sexenio y dejó por lo menos un estudiante muerto.

El conflicto con la administración de Arturo Noriega no le impidió a Humberto Silva, como dínamo del rectorado de Herrera Carrillo, hacer crecer material y académicamente a la Universidad, consolidando los programas de carreras técnicas y licenciaturas ya existentes, y abriendo otras.

Con todo, el crecimiento explosivo de la UdeC vino cuando Silva Ochoa asumió la rectoría, primero como interino de Herrera Carrillo quien se separó del cargo por motivos de salud y falleció antes de concluir su segundo periodo, y luego durante dos cuatrienios, para los cuales fue reelecto con base en la nueva ley orgánica de la Universidad de Colima que el licenciado Humberto le presentó a la gobernadora Griselda Álvarez y ella, simplemente, firmó en reconocimiento a la pertinencia del documento.

Aunque como grupo los perseguía el desprestigio de algunos de sus integrantes, a quien las familias colimenses calificaban de porros, el rector Humberto Silva se ganó el reconocimiento de todos los sectores sociales por la manera en que la casa de estudios detonó:

Se abrieron decenas de licenciaturas; comenzó a ejercerse la función sustantiva de la investigación científica, con la consiguiente apertura de posgrados (maestría y doctorado); la Universidad asumió la rectoría cultural del estado con el surgimiento de grupos artísticos (como el Ballet Folclórico) o un intenso programa editorial; así como una estrategia de vinculación social que lo mismo estableció nexos con los empresarios que con los obreros o las comunidades rurales.

El rector Silva Ochoa consideraba que la Universidad debía alojar a las élites del pensamiento, la ciencia y la cultura colimenses. No sólo formar profesionistas que con sus conocimientos y habilidades contribuyeran al crecimiento económico, sino generar también modelos de desarrollo social aplicables en Colima.

Se percató de la necesidad que tenía el gobierno federal de apoyar el florecimiento de una gran universidad en la región occidental del país, y ambicionó que fuera la UdeC.

Durante esos años, la Universidad de Colima atrajo recursos humanos valiosos. Hoy, lamentablemente, sus propios egresados tienen que emigrar del estado debido a que los universitarios no encuentran las oportunidades de empleo y desarrollo profesional a la altura de sus expectativas y su preparación.

Años después de terminado su rectorado, como secretario de Planeación del gobierno de Silverio Cavazos el licenciado Humberto orquestó el surgimiento de una tercera institución de educación superior en el estado: la Universidad Tecnológica de Manzanillo.

Con un esquema de vinculación con los sectores productivos, la UTM es ya una realidad que ofrece varias de las carreras que demandaba la actividad operativa portuaria y logística, así como de servicios turísticos. Y que supuso para las demás instituciones educativas del estado una propuesta innovadora de profesional técnico asociado, adecuada para las necesidades de jóvenes que por motivos económicos necesitan incorporarse al mercado laboral antes de terminar la licenciatura.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Estación Sufragio

¿Cuánto tuvieron que deteriorarse las instalaciones del parque regional metropolitano como para que la administración de Ignacio Peralta terminara entregándoselo a un particular, sin ningún contraprestación salvo que el concesionario se haga cargo del inmueble, mientras lo gastos fijos los sigue absorbiendo el gobierno del estado?

Si pudiéramos traer a valor actual la inversión que hizo el gobierno de Griselda Álvarez para convertir en parque urbano lo que había sido la huerta de los Garibay, concluiríamos que entregarlo sin condiciones es un mal negocio. Pero también es verdad que el descuido a través de los años tuvo un costo y, hoy, el pueblo de Colima sufre una pérdida en su patrimonio como resultado de la falta de mantenimiento y de las inversiones recurrentes que dejaron de hacer los gobiernos subsecuentes al de la Maestra, incluido el actual que prefiere privatizarlo a rescatarlo.

Un ciudadano de reconocido prestigio fue llamado un día, recién iniciado el gobierno de Carlos de la Madrid, al despacho del Ejecutivo que todavía atendía en Palacio. Sería la primera de las docenas de veces que, durante su mandato, don Carlos invitó a nuestro personaje –quien nos pide guardar el anonimato– a platicar y, fundamentalmente, consultarle soluciones prácticas a problemas que el mandatario iba encontrando en su afán de resolver pendientes que por falta de presupuesto (o desidia) no habían sido atendidos antes.

En esa ocasión, el Gobernador le pidió que hiciera una visita a la "alberca con olas" del Parque Regional, inoperante para dicho efecto desde hacía años, pues había muchas solicitudes de la gente para hacer funcionar el oleaje.

“Me apantalló el ingenio del mecanismo usado para producir las olas. Usan varios motores eléctricos de varios cientos de caballos de fuerza, que mueve cada uno un ventilador (soplador) muy grande, todos ellos controlados por computadoras del tamaño de un ropero grande”, relata nuestro personaje.

“El origen de la falla, simple pero desastroso, fue que guardaron en el cuarto de máquinas, junto a esos equipos muy caros, la dotación de cloro para desinfectar el agua de la alberca. Y siendo un elemento extremadamente oxidante, cada pieza de los motores, sopladores, computadoras y todo lo metálico, estaba cayéndose, no en pedazos sino en polvo, por los efectos destructivos del cloro”.

De inmediato, en su carácter de asesor no oficial se dirigió a la oficina del Gobernador para entregar su opinión. Le explicó lo encontrado, haciendo ver “lo oneroso del procedimiento para hacer una ola cada 15 minutos y lo carísimo de la rehechura de los equipos y el riesgo que persistiría de volver a hacerse polvo”.

–¿Y que recomiendas? –preguntó De la Madrid.

"Si quieres hacer felices a más de 40 mil bañistas al año, contrata cuatro autobuses que hagan viajes a Boca de Pascuales, dos veces al día, cada autobús tres días a la semana. Así podrá tu gobierno darles recreo y felicidad a un mínimo de tres mil 600 personas cada mes, haciendo que se bañen en olas verdaderas, con un costo mucho más bajo, pues recuerda que de todos los satisfactores los más baratos son los que hace Dios. Las olas del mar no cuestan ni un centavo y funcionan cuatro veces por minuto, día y noche".

Evidentemente, el Gobernador hizo caso a “mi modesta opinión”. La alberca con olas nunca se rehabilitó en su propósito original, aunque varias veces en estos años repararon el sistema de filtro y echaron a andar el tobogán.

“Veremos ahora que hacen los nuevos dueños del pastel”, añade nuestro amigo al sugerir que no será nada barato para los concecionarios del Ecoparc convertir las viejas albercas en un moderno parque acuático.

Si lo hacen, acoto yo, el costo para utilizarlas no será probablemente de 30 pesos por adulto y 25 para niños, ni habrá 15 mil boletos gratis al año para que el Gobierno del Estado los entregue a las familias más vulnerables.

Por cierto, en su tiempo se discutió la pertinencia de construir una alberca con olas en una ciudad que está a media hora de la playa más cercana. Creo que doña Griselda no se equivocó. Sabía de los miles de colimenses que por razones económicas casi no van a la costa, incluso hay muchos que ni conocen el mar. Por supuesto, ese era un razonamiento en función de un proyecto dirigido a las clases populares. Pero como ahora el Ecoparc apunta a otros deciles socioeconómicos, quién sabe qué diga el estudio de mercado respecto a reabrir la sección acuática del parque.

DE PELÍCULAS Y AVESTRUCES…

En el recuento de espacios culturales perdidos por la privatización del parque regional (el Museo de Arte Moderno ‘Jorge Chávez Carrillo’ y el Museo ‘Griselda Álvarez’ inaugurado no hace mucho tiempo), un lector nos pide añadir el teatro al aire libre ‘Dr. Miguel Galindo’, luego rebautizado –y techado– como teatro ‘Silverio Palacios’.

Cito textualmente: “…un actor de películas de tan poca calidad que rellenan espacios en la tv de madrugada. Qué poco honor se hicieron los autores de este atropello con bisutería comediante. Pero la ignorancia colectiva permite eso y más en la corrupción galopante, en la impunidad y la indiferente complicidad de ‘autoridades’ y la sociedad”.

Otro lector me expresa sus dudas, a ver si entendí, acerca de que la apertura del Ecoparc ayude a revitalizar el centro. Es el abandono del centro histórico, revira, lo que hizo que el parque regional agonizara.

Y un tercer lector abona a la idea de la persistente desatención del parque: “Hasta los avestruces se mueren, las cuidaba mejor Chale Oldenbourg y eso que eran para consumo de la carne”.        

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

Estación Sufragio

Supongo que el propósito del secretario de Turismo, César Castañeda y Vázquez del Mercado, al impulsar la privatización del parque regional metropolitano fue, además de generar un producto turístico para la capital, establecer un polo de atracción que fortalezca el centro histórico y detone un entorno urbano hoy deprimido pese a estar a unas cuantas cuadras del jardín principal.

La posición del Gobierno del Estado es que el Parque Regional no tenía el mantenimiento adecuado. Con las mejoras hechas por los particulares, dicen en la Secretaría de Turismo, ahora es un espacio atractivo y en buenas condiciones, amigable para los animales.

En ese sentido, tener un zoológico de primer nivel genera un atractivo extra para el turismo y, por lo tanto, derrama económica para los colimenses. Para que Colima sea competitivo turísticamente, debe tener una oferta atractiva y diversificada.

La oferta cultural (edificios patrimoniales y museos) de la capital no es suficiente, pese a la importancia de la cerámica precolombina, la existencia de sitios arqueológicos que (si bien modestos) no existen en Jalisco ni fuera de la meseta purépecha en Michoacán, o del interés que pueda despertar en los visitantes la obra pictórica de Alfonso Michel y la escultórica de Sebastián o Juan Soriano.  

Con un zoológico en Colima, les explican a los guías en los cursos que les están dando, hay un atractivo para que los turistas que acuden a Manzanillo quieran pasar un día en la capital del estado y gasten en comercios y restaurantes locales.

Pero me parece que es la política de austeridad del actual gobierno la que determinó el proyecto. El Ecoparc generará 500 empleos, 150 de ellos permanentes, y ningún trabajador será pagado por la administración pública. Los sindicalizados que estaban asignados al Parque Regional, fueron reubicados a espacios como La Cumbre y el Parque Metropolitano en Comala.

Al dar a conocer los avances parciales en las obras de remodelación, se anunciaron algunas ventajas del nuevo enfoque. Antes había en el Parque Regional sólo 20 tipos de animales, hoy se tienen 95. Y quizá conscientes de que ese espacio nunca fue adecuado para un zoológico pero sí tiene lugar suficiente para albergar un jardín botánico, nos aseguran que no se van a talar árboles. Por el contrario, se introdujeron mil 500 organismos de distintas plantas que espero, al menos, sean de la región pues ya vimos que en cuanto a los animales prefirieron tener especies africanas que fauna endémica.

Para un gobierno sediento de inversiones privadas, el Ecoparc supone una de 50 millones de pesos. En su primera etapa se invierten 20 millones entre infraestructura y animales. Pero, insisto, lo primordial es el ahorro: la administración de Ignacio Peralta dejará de gastar 8 millones en el mantenimiento del Parque, únicamente pagará 200 mil pesos de energía eléctrica como un estímulo a la inversión. En cambio, el agua no tendrá costo para el estado pues se bombeará de un pozo que hay en el lugar. Es encender la bomba lo que impactará en el gasto de electricidad.

Insisten en lo atractivo que resultará el costo del ingreso al parque y que eso implica ya un subsidio a la población. Considerando que los precios actuales eran de menos de cinco pesos, las nuevas tarifas de Ecoparc de Colima (25 pesos menores, 30 adultos) nos parecen caras. Pero señalan que el acceso será de los más bajos del país: las entradas al zoológico de Vallarta son de 150 pesos, 80 al de Guadalajara y 44 pesos al de León.

No obstante, las nuevas tarifas cambiarán el perfil socioeconómico de quienes habitualmente van al parque. Ya no será el espacio casi gratuito al que las familias de los barrios céntricos y de las colonias populosas que están detrás del ferrocarril acudían sin gastar prácticamente ni en transporte, sino un espacio para las clases medias… y los turistas.

Mas para no restringir el acceso a la gente humilde, el Ecoparc regalará al Gobierno del Estado 15 mil boletos al año que se otorgarán a los niños con mayor vulnerabilidad.

Entre las preguntas que formulamos a las autoridades del sector respecto a las implicaciones presupuestales que conlleva la privatización del parque, nos comentan que el gobierno estatal no pagará la publicidad del Ecoparc, pero sí lo incluirán en la promoción de sitios turísticos de Colima a nivel nacional.

Espero, entonces, que los concesionarios mantengan el parque en condiciones de presumirse y no de dar vergüenza.

VOLVER HABITABLE EL CENTRO:

El Festival del Volcán tomó el lugar que la feria de Todos los Santos tenía cuando se desarrollaba en el centro de la ciudad, antes incluso de seguir a la penitenciaría a sus nuevas instalaciones que los colimenses de las siguientes generaciones conocieron como la sede estatal del DIF y hoy son las oficinas del Insuvi. Después del jardín Núñez, la feria estuvo en el espacio que ahora ocupan la Casa de la Cultura, los Palacios Legislativo y de Justicia y otros edificios públicos ubicados entre la calzada Galván y la calle Del Trabajo.

Un lector añadió a este razonamiento que el gran objetivo del festival debe ser revitalizar el centro. No sólo incentivar las actividades comerciales y recreativas unos días al año, sino propiciar el renacimiento habitacional de un primer cuadro que se ha ido despoblando.

El mejor ejemplo de rescate habitacional de un centro histórico lo tenemos en el programa de rehabilitación de inmuebles que el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, desarrolló en coordinación con el empresario Carlos Slim Helú en la ciudad de México.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Análisis Político

Mayrén Polanco Gaytán es la Presidenta del DIF Estatal en el estado de Colima, es una de las mujeres más jóvenes y talentosas que ha tenido una administración estatal, su perfil profesional es amplio, tiene licenciatura, maestría y doctorado en Manchester University de Estados Unidos, pero independientemente de su preparación académica lo que la hace más valiosa es su sencillez y su trato amable con la gente.

En días pasados el Círculo Colimense de Analistas Políticos tuvimos una reunión con la funcionaria en donde expuso ampliamente los diferentes programas que tiene la institución y la coordinación que realiza con las diferentes dependencias en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, precisó inclusive la problemática social más sensible del estado, señalando que mantienen en forma prioritaria la alimentación y apoyos a los grupos o familias más vulnerables o necesitadas.

La especialidad académica de Mayrén es de economía y sus exposiciones y acciones en la institución como se observa son eminentemente técnicas basadas en la problemática, pero le ayudan en su función pública su formación familiar, pues su sensibilidad humana proviene de una familia ampliamente conocida en el medio social. El problema que tiene y tendrá será sin duda los pocos recursos que le asignan a esta dependencia que siendo muy relevante para el desarrollo social y familiar no le dan la importancia y los recursos que requiere.

¿POR QUÉ TODO EL APOYO A LA MUJER Y AL HOMBRE NADA?

Una de las preguntas que surgieron en la reunión fue la relacionada a que existen muchos, pero muchos programas de apoyo a las mujeres, pero para el hombre nada, lo que ha generado verdaderos conflictos en la equidad de la impartición de la justicia en los conflictos matrimoniales.

En Colima y en todo el país, existe evidencia de casos muy variados de que ante una separación repentina de un matrimonio los hijos o bebes son arrebatados y controlados por algunas mujeres con actitudes de venganzas psicológicas personales, aun cuando no existan condiciones para que los puedan sostener y darle una buena educación, los esconden del padre y se hacen verdaderas tragedias y abultados expedientes en los juzgados familiares sin que aparentemente exista una equidad en la impartición de la justicia, pues la ley pareciera que se hizo solo para proteger y apoyar a la mujer y no al hombre.

Mayrén señaló que la justicia es equitativa, solo que se requiere una buena asesoría legal para cada caso y que por tal motivo se creó la Procuraduría de la Defensa del menor en donde a determinada edad el niño y mediante un estudio previo se decide la custodia, señaló que lo importante aquí no es en favor de la madre, ni del padre, es en favor del menor, en donde hay mejores condiciones para su desarrollo y estudio, además de su decisión.

COLIMA Y LA INSEGURIDAD

En otro tema reconoció que en la actualidad el consumo de drogas se presenta como un problema social por la diversidad de factores que intervienen en su aparición y desarrollo, y que son parte o factor en el origen de la inseguridad en todo el país, se observa dijo, una gran diversidad de elementos que contribuyen a la comprensión del problema, debemos promover más la participación ciudadana, de las familias en esta gran tarea, necesitamos una gran campaña de los tres niveles de gobierno, de las organizaciones sociales y más de todas las familias unirnos contra las adicciones, estamos trabajando y canalizando a muchos jóvenes, es una gran tarea.

Paracaídas

El slogan de campaña del gobernador Nacho Peralta fue muy claro y ya todos lo conocemos: vas a vivir feliz, seguro. Si este fue su lema de campaña, entonces sabía que entre sus manos, responsabilidades y atribuciones estaba la de devolverle a los colimenses la seguridad perdida, pero sucedió todo lo contrario: la violencia y la inseguridad se recrudecieron radicalmente y, carentes ahora incluso de una verdadera estrategia contra la inseguridad (en su mayoría causada por el crimen organizado), han optado por la salida fácil: culpar a los ayuntamientos, sobre todo a aquellos que diferente adscripción política, esto es a los panistas, en especial a Héctor Insúa y Yulenny Cortés, de Colima y Villa de Álvarez, respectivamente. El principal brazo ejecutor de esta estrategia ha recaído, malamente, en el Congreso del Estado y los voceros de la misma han sido los medios de comunicación aliados al Ejecutivo estatal, quienes insisten en excusar al mandatario de sus yerros en materia de seguridad, cuando en realidad estos lo incriminan cada vez más. Si bien los tres órdenes de gobierno, como lo indica la Constitución política de nuestro país, tienen responsabilidad con el tema de la prevención y la persecución de los delitos, no le juguemos al listo invirtiendo los papeles de la responsabilidad que cada uno debe tener: un municipio no puede tener el mismo tipo de responsabilidad que un estado y un estado tampoco puede asumir el mismo peso de la responsabilidad que la federación, encargada principal de llevar a cabo las estrategias que, a nivel nacional, deberán promover la paz y la armonía social, hoy destruidas en virtud de una pésima estrategia llevada a cabo por el presidente Peña Nieto. En Colima hemos caído tan bajo que incluso se ha querido (por parte del mismo gobierno estatal) responsabilizar a los ciudadanos de su propia seguridad, haciéndolos corresponsables de sus fatales consecuencias. Dicen: la seguridad es un asunto de todos. Por Dios. Lo único que realmente garantiza la existencia de un Estado es precisamente el hecho de que fue creado para garantizar la paz y la armonía social entre esos hombres que decidieron vivir en comunidad, así lo establece el célebre filósofo de la política Thomas Hobbes y desde entonces esta definición no ha cambiado. Esta es la verdadera razón de ser de todo Estado. Llamar a los munícipes a rendir cuentas en materia de seguridad, principalmente de prevención, una de sus responsabilidades innegables, no está mal, incluso es necesario, pero los legisladores deberían también invitar al gobernador del Estado para que nos dé un informe pormenorizado sobre su plan estratégico de combate a la inseguridad que, al día de hoy, la sociedad colimense no conoce. Los muertos siguen apilándose en la memoria de la gente y en el corazón de los dolientes. Hace unos días desapareció el director de Obras Públicas de Tecomán, poco después una trabajadora del ayuntamiento de Villa de Álvarez, curiosamente esposa del priista Rogelio Salazar Borjas, hoy procesado por un asunto de drogas. También fue levantado apenas ayer el padre de un comunicador asesinado hace unos meses. Los policías siguen siendo asesinados, igual que muchos ciudadanos inocentes, como el caso del joven futbolista del mercado Obregón, cuyo deceso hemos lamentado todos y caso del que lamentablemente me tocó estar cerca. Y ante todo esto no sabemos nada del gobernador del Estado, salvo que viaja constantemente y es indiferente incluso al terror que vive la ciudadanía por tanto crimen y tan poco interés de la autoridad, pues no es lo mismo ir por la calle sin ningún tipo de custodia que estar protegido día y noche, como es su caso, por cinco, días o quince policías armados. Desde esta trinchera claro que Colima puede parecer el estado más bello de la República. Que cada quien, pues,  asuma su responsabilidad en el combate a la violencia y la inseguridad sobre este tema pero por favor no se exima al gobernador de una promesa que fue su principal lema de campaña: vas a vivir feliz, seguro. Ahora que la cumpla. 

Desde la Curul 26

Este martes se inició con las comparecencias de los 10 presidentes municipales ante los diputados de la actual Legislatura, a fin de que cada alcalde informe sobre las acciones, estrategias y resultados implementados en materia de seguridad pública y prevención del delito dentro de su respectiva demarcación territorial.

En las primera cuatro comparecencias, la que más ha llamado la atención ha sido la del alcalde de Colima, Héctor Insúa, la cual duró una hora 38 minutos, y a la que asistieron nueve diputados, Crispín Guerra y Javier Ceballos, solo un rato, el primero porque de plano dijo que estaba más interesante la visita del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle quien vino a hacer campaña disfrazada de presentación de su libro, y dejó solo a su alcalde panista.

El otro que solo estuvo un rato, fue Javier Ceballos.

Los restantes fueron Nicolás Contreras, Federico Rangel Lozano, Octavio Tintos, José Adrián Orozco Neri, Juana Andrés, Leticia Zepeda y Eusebio Mesina.

Esta reunión ha sido la más ríspida, donde hubo amagos de echar mano a sus fierros como queriendo pelear, principalmente el alcalde y el diputado Nicolás Contreras, lo que hizo que el árbitro, -bueno el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Octavio Tintos-, llamara en dos o tres ocasiones al alcalde Insúa diciéndole de plano “conteste solo lo que se le pregunte, ya otros diputados le harán otros planteamientos para que usted informe”.

La rispidez de la reunión llegó a grado tal que se tensionó el ambiente ante los incisivos cuestionamientos del diputado Nicolás Contreras.

Le voy a transcribir parte de ese desencuentro, espero que lo disfrute, y para que los diputados que no fueron se den color de la oportunidad que perdieron. Es solo un pequeño extracto:

Nicolás Contreras: “De la respuesta que usted le dio a diputado Adrián Orozco yo le preguntaría, por lo que usted contestó que la Seguridad Pública, no le ha sido transferida al municipio, y argumentaba que existe un convenio (con Gobierno del Estado), ¿Me puede decir si el municipio de Colima posee un centro de prevención municipal?”.

-Héctor Insúa: “Sí”.

-Nicolás Contreras: ¿Policías y tránsitos están facultados para sancionar las faltas administrativas?

-Héctor Insúa: “Sí”.

-Nicolás Contreras: ¿Se recaudan multas por ese concepto?

-Héctor Insúa: “Sí”.

- Nicolás Contreras: Sabe usted lo que dice el artículo transitorio, -aquí se lo hago llegar-, el Artículo transitorio tercero, de la reforma de fecha 30 de septiembre del año 2000, que mencionó usted hace un momento

 Dice: “En caso de negativa del Ayuntamiento de Colima para asumir la función y el servicio de policía preventiva, la facultad que actualmente ejerce de sancionar a quienes infrinjan los reglamentos gubernativos o de policía,  serán transferidos al Gobierno del Estado”.

Si usted desconoce la responsabilidad del municipio en materia de seguridad, en base a lo señalado en esta reforma, ¿con qué facultad legal, su municipio sanciona y recauda multas correspondientes a este rubro?

-Héctor Insúa: Hay una interpretación que no comparto, al artículo que usted hace. Nosotros no nos hemos negado a ejercer esta atribución, incluso leí tres antecedentes: uno en los 30’s, otro en los 60’s y uno posterior a la reforma del ’99, donde nosotros hemos solicitado al Gobierno estatal que se otorgue, incluso yo en la primer parte de mi intervención, decía que estoy en la mejor disposición, estamos en la mejor disposición de asumir esta atribución”.

-Nicolás Contreras: Pero un convenio presidente, no está por encima de la Constitución.

-Héctor Insúa: Sí yo lo sé, pero nosotros, es el artículo transitorio a que usted se refiere es en el caso de que nosotros nos neguemos a brindar el servicio, por otra parte…

-Nicolás Contreras: No lo están dando.

-Héctor Insúa: Pero nosotros no nos hemos negado; al contrario decimos que tenemos nuestra mejor disposición y no tenemos por parte del Gobierno del Estado ninguna solicitud relativa a esta transferencia…

-Nicolás Contreras: Hablando de fracciones, usted lo mencionaba y ahí no dice de fracciones, es todo o nada, eh, es asumir o no asumir. ¿Usted asume a medias, la responsabilidad de la seguridad y de la prevención del delito en el municipio?

- Héctor Insúa: No, yo creo que hay una confusión…

-Nicolás Contreras: Bueno usted recauda recursos.

- Héctor Insúa: Hay una confusión, le decía yo…

-Nicolás Contreras: Usted dispone de los recursos.

- Héctor Insúa: No comparto su punto de vista, tenemos una interpretación distinta.

-Nicolás Contreras: Leí textual.

-Héctor Insúa: No nos hemos negado a cumplir con esta función; no hay ninguna negativa de nuestra parte, por el contrario, hay muestra disposición hacerlo, hecho que es distinto al reconocimiento de una realidad. Hoy por hoy las facultades en materia de seguridad pública en el municipio de Colima, hay un convenio que se tiene firmado al respecto, son responsabilidades exclusivas del Gobierno del Estado.

Y en el punto al que usted se refiere no hubo ninguna solicitud de parte del Ejecutivo estatal, no de la Secretaría de Finanzas, para efectos de modificar el convenio que tenemos vigente, en los términos en que lo estamos ejerciendo, pero me parece que se deriva el hecho de que nosotros nunca nos hemos negado, estamos a la espera de que se tenga, digamos, una modificación a este respecto, y ya lo decía yo, estamos en la disposición de platicar este tema con el Ejecutivo estatal.

-Nicolás Contreras: Para terminar con esta parte… ¿no le resulta incongruente de que porque no se preste el servicio de seguridad pública, pero sí se cobren las multas, presidente?

-Héctor Insúa: Prestamos el servicio de Tránsito y Vialidad, así como cumplimos con la parte de la prevención del delito, la parte y obligaciones que nos corresponden, derivado de lo que establece la propia Constitución, diputado, me parece que está usted tomando la parte por el todo.

-Nicolás Contreras: No, es el todo por la parte, y le explico por qué, los electores cuando usted fue a pedir el voto lo eligieron presidente municipal con todas las obligaciones y facultades y usted protestó cumplir y hacer cumplir y la Constitución lo obliga como presidente a prestar el servicio de prevención y de seguridad en el municipio. Y usted viene argumentando que hay…

- Héctor Insúa: Salvo que exista un convenio, también lo establece la Constitución…

-Nicolás Contreras: Usted viene argumentando, fíjese…

- Héctor Insúa: Salvo que exista un convenio…

-Nicolás Contreras: Usted viene argumentando que hay un convenio y ese convenio que está firmado está sobre la Constitución y que son sus obligaciones, pero bueno.

- Héctor Insúa: Diputado permítame… vamos regresando para podernos entender, la propia Constitución, derivado de la reforma de 1999, en los artículos segundo y cuarto transitorios, se establece la posibilidad de hacer un nuevo convenio, en el gobierno municipal de Colima no estamos por encima de la Constitución. Lo dice la Constitución en sus artículos transitorios segundo y cuarto, de la misma reforma del ’99, sería bueno le diera una revisada para una mejor comprensión de las funciones.

-Nicolás Contreras: Ahora resulta, je, je, que usted es el que toma la parte por el todo. Aquí está la Constitución y aquí está el transitorio, al cual me referí presidente, usted lo toma desde el lado que le conviene, es muy cómodo no aceptar y no asumir una responsabilidad constitucional argumentando que hay un convenio, pero bueno.

El intercambio de dimes y diretes subía de tono, y el alcalde de Colima trataba de evadirse de lo que le recriminaba el diputado Contreras.

- Héctor Insúa: No se trata de ser o no cómodos en ese sentido, es el cumplir lo que establece la Constitución y ejercer atribuciones.

-Nicolás Contreras: Aquí está (y le entregaba la Constitución) usted toma lo que le conviene de los transitorios.

- Héctor Insúa: No, ejerzo mi responsabilidad con apego a la Constitución, sin querer utilizar el tema de la seguridad con fines distintos a los de la seriedad de un tema como el que nos ocupa.

-Nicolás Contreras: No, es lo que menos eh, y yo le pido por favor, respetuosamente,  no mezcle las cosas. Aquí el tema es seguridad y no estamos hablando de otra cosa, más que de seguridad y es un tema que todos…

- Héctor Insúa: Usted me ha llamado comodino, al ejercer…

-Nicolás Contreras: ¿y de qué otro modo quiere que lo llame?

- Héctor Insúa: Simplemente soy un servidor público que con base en las facultades que me otorga la Constitución estoy ejerciendo mis responsabilidades, como estoy seguro usted también usted lo hace.

-Nicolás Contreras: Bueno vamos empezando apenas y eso era de entrada por la pregunta que le hizo el diputado Adrián Orozco.

Vino posteriormente la proyección de algunos videos con mensajes de Héctor Insúa y la lectura de algunas noticias publicadas en diversos medios donde el diputado Contreras le preguntaba el por qué el cambio tan repentino en cuanto a la visión sobre la seguridad en apenas un mes de haber asumido responsabilidades.

El legislador le recriminaba las propias palabras a Insúa cuando dijo que “el municipio debe empezar a asumir sus funciones en materia preventiva y de seguridad”, y del “no abandonar la responsabilidad en un tema tan importante es responsabilidad del gobierno del estado”.

E Insúa trataba de evadirse, señalando que los compromisos de campaña todos y cada uno de ellos los ha cumplido y como el alcalde desviaba la conversación a otros temas, Nicolás Contreras lo reencauzaba:

“Oiga presidente, yo nada más le hice una pregunta… nada más le hice una pregunta”, le decía el legislador.

-Insúa se encorajinaba: “bueno si me va a interrumpir cuando estoy dando mi respuesta va a ser difícil que nos podamos entender…”

-Nicolás Contreras: Yo nada más apelaría…

-Insúa se salía de sus casillas: “¡si me permite! Yo nada más termino…

-Nicolás Contreras: Aguánteme tantito, yo nada más le hice una pregunta ¿por qué su cambio de postura?

Insúa ya no quería escuchar y sobre las palabras del diputado Contreras, él trataba de hilvanar alguna frase “y le decía… y le decía…”

Y Nico lo atajaba: “Yo nada más le pregunté por qué su cambio de postura? ¿Por qué su cambio de postura?, se está saliendo por la tangente”.

 - Insúa: ¡no, no me estoy saliendo por la tangente!

-Nicolás Contreras: Sí se está saliendo por la tangente y hay una dinámica que el presidente de la Comisión de Seguridad, al principio le señaló.

- Insúa: “pero si no me deja va a ser difícil”, decía el edil.

-Nicolás Contreras: Pues es que se está saliendo del tema. En concreto la pregunta es ¿por qué el cambio de postura en un mes?

- Insúa: “Es que usted presentó un video donde se refiere a los seis compromisos por la seguridad”.

-Nicolás Contreras: El tema es seguridad y hay una pregunta concreta.

Y ante la falta de respuesta intervenía el presidente de la Comisión de Seguridad, Octavio Tintos, para conminar al edil de Colima a responder la pregunta que se le había formulado ¿Presidente la pregunta es hubo cambio de postura de su parte?

- Insúa casi gritaba: ¡No, no hubo cambio de postura!

Muchas gracias, le respondía Nico Contreras e invitaba al alcalde de Colima “a que chequemos a conciencia estos videos”…

Y Héctor insúa se encorajinaba aún más: “O sea, ¿no me va a dejar contestar?

 -“Ya contestó, que no hubo cambio de postura”, le respondía Contreras.

Siguieron discutiendo por espacio de 52 minutos, Insúa aferrado a querer responder a su manera y los diputados señalándole que el formato era muy concreto.

Total después de una hora y 38 minutos terminó la accidentada comparecencia, donde ninguna de las partes quedó satisfecha.

Oigan hay que volver a reunirnos; hay otros temas importantes…

A las 18:46 horas comenzó a despedirse de mano Héctor Insúa, primero de Lety Zepeda, después de Adrián Orozco, de Octavio Tíntos y del coordinador de los diputados priístas Federico Rangel y dejó hasta al final a Nico Contreras, a quien no le quedó de otra y le extendió la mano para saludarlo.

Ahí fue donde le cayó el veinte al alcalde de Colima que quiere reelegirse y entre queriendo sonreír como para mandar el mensaje de “aquí no pasó nada”, les dice a Nico Contreras, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y a Federico Rangel, coordinador de la bancada priísta, “oigan, a ver cuándo nos volvemos a reunir, pero pronto, porque hay cosas más interesantes… los tiempos ya están encima para ustedes, ustedes ya están trabajando en lo relacionado al proceso electoral, está el asunto de la reelección”.

Nico Contreras le respondía: claro, lo discutimos al interior de la Comisión de Gobierno y nos comunicamos.

Insúa insistía, “sí está el asunto de la reelección, los tiempos ya se están rebasando, entonces considero que es importante que nos escuchemos. Así es que yo espero que no sea nada más en este tema (de la seguridad), sino como se los he dicho en visitas previas, pues podamos sentarnos a platicar nuevamente de todos los asuntos de interés público”, decía Insúa, hasta haciendo una modulación de la voz para parecer los grandes amigos.

Y sin querer retirarse sin llevarse ya una fecha para reunirse, todavía les dijo “entonces pues nos convocamos, ¿sí?, órale”, y Nico Contreras, después de la vapuleada que le dio en la comparecencia, le decía “sí, estamos en comunicación, órale, gusto en saludarte, ¡que te vaya muy bien!”, y el alcalde de Colima agradecía y encaminaba sus pasos fuera de la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, del Congreso del Estado.

De las otras comparecencias luego les platicaré.

Para cerrar…

**Hoy por la mañana a las 11:00 horas, se va a realizar un Foro de Consulta sobre la Reforma Político-Electoral, para escuchar a quienes deseen hacer alguna aportación respecto alguno de los temas en materia electoral.

Quienes tengan algo que decir que acudan porque casi le puedo afirmar que será el único foro que se desarrolle, ya que los tiempos se les vinieron encima, pues ya tienen que meterse de lleno a analizar las diversas iniciativas que se han recibido en el Congreso del Estado.

No deben perder de vista que se pretenden realizar reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y que una vez realizadas, el dictamen aprobado por el pleno deberá enviarse como Minuta Proyecto de Decreto a los diez Ayuntamientos, para que ratifiquen o no lo hecho por el Congreso y de acuerdo a la Ley las municipios disponen hasta de 30 días para aprobarlas o no y enseguida regresarla al Congreso.

Si la mitad más uno se pronuncian a favor de modificar la Constitución, el Congreso debe realizar la declaración de validez de las mismas y ordenar su publicación y hasta después de ello modificar el Código Electoral y los demás ordenamientos que deban ser modificados.

Y para hacer todo eso les quedan escasamente 45 días… O sea otra vez veremos el fast-track en toda su potencia, luego se quejan porque la Corte o la Sala Superior echan abajo las reformas.

**Por otra parte este mismo día, pero por la tarde, a partir de las 17:00 horas, habrán de sesionar.

Le comento que será maratónica, pues pretenden sacar al menos una decena de dictámenes y salvo que aprueben, que además es una costumbre en esta Legislatura, obviar la lectura y únicamente leer los resolutivos, terminarán rápido, porque si se ponen a leer documento por documento les caerá la noche.

Ahora ¿por qué la urgencia de sacar el mayor número de dictámenes en esta sesión? Sencillo, porque ya se meterán de lleno al tema electoral y los mantendrá distraídos un rato.

Eso por un lado, por el otro, para tratar de disminuir un poquito el rezago que tienen de iniciativas en comisiones.

En la docena de dictámenes que van a presentar a discusión del pleno, no está incluido el que con tanto anhelo están esperando los empresarios de ¿Cómo Vamos? Colima, es decir no enlistarán en el orden del día el dictamen relativo a reformar y adicionar el Artículo 41 U-BIS, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.

Le adelanto esto por si los empresarios no quieren ir a perder la tarde en el Congreso; ahora si quieren acudir a seguir haciendo presión psicológica a los diputados, buenos pues por ahí nos vemos…. “Desde la Curul 26”, le informaré de cómo se ponen las cosas, hasta la próxima.

Estación Sufragio

Hay dos cosas que no van a cambiar en el antiguo Parque Regional Metropolitano: el nombre del espacio que homenajea a la primera gobernadora en la historia del país, Griselda Álvarez Ponce de León, y la ubicación del centro de convivencia de la tercera edad que ahí ha venido funcionando.

Los adultos mayores podrán continuar con sus clases y no se les cobrará ni un peso por ello. Aunque sospecho que los concesionarios aspiran a que el reloj biológico y la crisis inmobiliaria que va despoblando al primer cuadro, hagan su trabajo.

El nombre del parque y el objetivo del centro de convivencia son intocables en razón de un decreto que data del sexenio de la maestra y que, en tanto fueron aprobados por el Congreso, tienen más fuerza jurídica que el contrato de privatización del llamado Ecoparc.

La connotación ecológica del nuevo nombre es discutible pues se trata de un zoológico africano o, como les dicen ahora, de especies exóticas. Y hemos dicho que en un estado con la biodiversidad de Colima, mereceríamos otro tipo de propuesta ambiental.

Es la tierra natal del conservacionista Miguel Álvarez del Toro (primo de doña Griselda), quien fundó y dirigió hasta su muerte un zoológico de especies nativas que lleva su nombre (ZooMAT) al oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde se exhiben exclusivamente animales del estado de Chiapas, algunos en espacios abiertos y siempre aprovechando la condición natural del terreno para simular el hábitat de especies que, en varios casos, se encuentran en peligro de extinción.

Antes que un refugio para leones e hipopótamos, para osos, tigres o cualquiera de esas especies que abundan en el mercado negro a raíz de la prohibición a los circos de montar números con animales, considerando además que ya existe uno de esos zoológicos africanos muy grande en Guadalajara y que la antigua huerta de los Garibay no tiene las dimensiones para contener “praderas” (el concepto de “jaulas” es obsoleto) por donde puedan deambular jirafas ni elefantes, en Colima requeríamos un ZooMAT no un Ecoparc.

Con una mínima inversión el parque regional podría haber albergado un aviario ejemplar y un moderno herpetario (instalación destinada a la cría y exhibición de reptiles y anfibios, que sería la suma de los cocodrilarios, tortugarios, serpentiarios e iguanarios que nos gusta promover en Colima) con la maravillosa fauna regional.

En uno de los parques naturales de Cancún (concesionados a particulares y donde cobran la entrada tan cara como en Disneylandia), una de las atracciones es un mariposario. Pero hasta en un lugar como Xcaret que fue concebido como parque de diversiones, la exhibición de las especies nativas es la cara visible de un sólido programa de conservación, reproducción y reintroducción a su hábitat de especies en peligro de extinción. No atienden a los animales nomás por ganar dinero.

Se alega que los niños del siglo XXI ya no necesitan zoológicos ni circos para ver a las fieras de cerca, pues para eso tenemos cine, televisión e internet. No estoy de acuerdo, la experiencia visual no sustituye la emoción de estar en relativo contacto con los animales. Ojalá algún día la realidad virtual produzca la misma sensación, incluso, que el trabajo de un buen taxidermista. Pero la administración de un zoológico africano requiere ingresos que no sé cómo los van a obtener los concesionarios del Ecoparc con el modelo de negocios que han esbozado.

El principal ingreso de un zoológico son sus entradas, y para que un inversionista elija venir a una ciudad con tan pocos habitantes, es necesario generar incentivos. La disculpa a por qué la administarción de JIPS va a absorber los gastos fijos, es que si el Gobierno no brinda facilidades a los empresarios que arriesgan su dinero en Colima, esas inversiones se irán a estados con mayor población, donde el proyecto empresarial es por sí mismo viable.

Ojalá el Ecoparc resulte mínimamente rentable. No olvidemos que fue la precariedad con la que se daban la mayoría de los espectáculos circenses, lo que les dio armas a los ecologistas para satanizar a los domadores. Mientras que muchos zoológicos particulares terminaron abandonados cuando el sujeto que los sostenía por capricho perdió el interés, la libertad o… la vida.

Y no perdamos de vista que ha sido el afán de los zoológicos por completar su catálogo de animales en poco tiempo, lo que alienta prácticas de tráfico de especies (con lo que implica, entre otras cosas matar a la madre para hacerse de la cría o matar al macho dominante para hacerse de toda la manada). Por lo mismo, entre zoológicos está prohibido vender animales. Sólo se pueden donar, intercambiar o prestar individuos, principalmente con el fin de buscarles pareja.

Esperaremos a que los concesionarios del Ecoparc muestren a las autoridades federales del medio ambiente los documentos que acreditan el origen de todos y cada uno de los animales que se exhibirán en Colima.


La política híbrida


En la presentación del libro Fuerza del Cambio, obra con la que el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, se promueve como aspirante a la Presidencia de la República sin arriesgarse a una eventual acusación por actos anticipados de campaña, se congregó no sólo la vertiente del PAN que lo apoya (como la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides, o el diputado local Riult Rivera) sino también actores políticos identificados con el oficialismo.

La cobertura informativa del evento fue muy distinta a la que tuvo aquella visita del mandatario poblano en la campaña de Jorge Luis Preciado a la gubernatura, cuando en diversos espacios de opinión la prensa local lo acusó de estar invirtiendo en Colima el tiempo y los recursos que debiera gastar en su estado y con sus gobernados.

Lo que cambió e hizo fuerte a Moreno Valle es que él encarna la política híbrida: se trata de un cuadro de Acción Nacional que en realidad se formó en el PRI y comenzó a destacar como parlamentario a las órdenes de la entonces dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, junto a figuras hoy tan encumbradas como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador (panista) de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, o el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, así como otros ya caídos en desgracia como el ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira.

Con cartas marcadas metidas en las barajas de los dos partidos que han gobernado a este país en los tiempos modernos, los políticos híbridos se yerguen como la alternativa a la propuesta de continuidad del núcleo peñista, hoy incapaz de frenar la embestida electoral de López Obrador.

Estación Sufragio

Cuando todos pensábamos que la propuesta de reforma electoral que haría el gobernador Ignacio Peralta se centraría en temas como la reducción de plurinominales, una enésima redistritación y el tema de la elección continuada (o reelección) de alcaldes y diputados locales, la iniciativa del Ejecutivo nos sorprendió al proponer fundamentalmente reducir el financiamiento de los partidos políticos en un 50% durante los años no electorales.

Muchos colimenses se preguntan para qué el mandatario estatal aborda una reforma que primero tiene que darse en el Congreso de la Unión. La respuesta que han dado diversos voceros es que de esta manera Nacho Peralta fija postura sobre un tema polémico (que por atentar contra la partidocracia está en la agenda democrática de los independientes, por cierto) y es congruente con la iniciativa que envió a la Legislatura estatal el propio mandatario en enero.

El mensaje para los diputados locales es muy claro, además, en el sentido que para poder avanzar en otros temas lo mejor sería suscribir y enviar esta iniciativa al Congreso de la Unión. Pues aunque los regañen sus respectivas cúpulas nacionales no es mala idea reducir el financiamiento de los partidos políticos durante los años no electorales, ya que no se justifica que los institutos políticos tengan el mismo nivel de gasto a cuando corre un proceso comicial.

La teoría política sugiere que en años no electorales los partidos trabajan en la construcción de sus bases militantes: despliegan estrategias de afiliación, emprenden programas de formación ideológica y capacitación electoral, amén de realizar campañas sociales que fortalezcan la lealtad de sus clientelas políticas. Pero en la realidad esto ya no ocurre, ni siquiera en los partidos de izquierda abiertamente comprometidos con la construcción de ciudadanía.

El dinero entre campañas se emplea la mayoría de las veces en el mantenimiento de esa burocracia en la que han devenido sus estructuras operativas. De ahí que sea tan fácil acusar a los partidos de ser, antes que verdaderas representaciones ideológicas de los ciudadanos, modus vivendi para una nomenclatura tan codiciosa que el reparto del botín es la principal causa de rupturas internas. Y de ello son otra vez mal ejemplo los perredistas.

Según los cálculos oficiales, si el presupuesto de egresos 2017 contempla 24.2 millones de pesos, en el remoto caso que prosperara la propuesta del Gobernador de Colima –que también han hecho otros mandatarios del país, como el gobernador de Jalisco– este año únicamente se habrían destinado 12.1 millones de pesos a los partidos.

Estos 12 millones ahorrados no parecen mucho dinero en un presupuesto de 15 mil millones de pesos, pero podrían constituir un beneficio directo para los colimenses. Si del erario saldrán 9.5 millones de pesos para otorgar las 5 mil becas de 50% en el costo de titulación para la Universidad de Colima que acaba de anunciar el Gobernador, con esos 12 millones que se le quitaran a los partidos las becas podrían ser casi del 100%.

Doce millones son también la mayor parte del gasto programado de la Secretaría de la Juventud, la dependencia más castigada en el presupuesto estatal con sólo 16 millones de asignación este año.

La propuesta del Ejecutivo se antoja polémica. Hay quienes sospechan que se trata de castigar a la oposición, mientras se diseñan mecanismos extrapresupuestales para el sostenimiento del PRI o, por lo menos, para la supervivencia del Verde. Pero no se puede negar que la propuesta coincide con los postulados de austeridad y pluralidad política de un gobierno como el de Nacho, que evidentemente no cree ya en la fuerza del corporativismo tricolor.

Instalados en el conspiracionismo y ante la eventualidad de que la propuesta del Gobernador difícilmente avance al nivel federal, los partidos políticos que rechacen esta iniciativa serán castigados por un electorado cansado de que la mayor cantidad de recursos públicos invertidos en este país se gasten en maniobras para conservar o alcanzar el poder.

Por supuesto, las instituciones que se esconden detrás de las siglas, representadas por sus legisladores, no aprobarán ésta ni otras iniciativas exóticas como “sin voto, no hay dinero”, con la que el legislador independiente Pedro Kumamoto plantea reducir la prerrogativas de los partidos precisamente en años electorales.



Al maestro con cariño



Porque han sido varios los lectores que coinciden en el siguiente reclamo, acuso recibo, aunque parezca que le estamos haciendo una campañita al secretario general de Gobierno.

“¡¿Cómo se te ocurre decir que manden a Arnoldo Ochoa a la Secretaría de Educación?!”, me reprocha un usuario de las redes sociales, asumiendo que la propuesta es mía cuando en realidad aquí simplemente consignamos lo que se llegó a comentar como una posibilidad en el caso que hubiera cambios en el gabinete, dado que el funcionario es profesor normalista.

“¿Qué te han hecho los niños, los maestros y los padres de familia?”, añadió ese mismo lector.

Por cierto, desde diferentes cuentas me reenviaron el supuesto informe del Centro de Control y Evaluación de Confianza en el que Ochoa González resulta “reprobado” en razón de haberse “encontrado en su examen médico padecimiento de Diabetes tipo II y Alcoholismo”.

Sobra decir que el documento es falso. Para poder afirmar que Arnoldo Ochoa no es apto para desempeñar un cargo sancionado por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bastaría acreditar que incumple cualquiera de los diez mandamientos.

Tarea Política

Rubén Álamo Navarro hizo enojar a quienes lo designaron presidente del CDM del PRI-Manzanillo, los predicadores de la disciplina ciega y la lealtad partidistas hasta la ignominia. Con él se equivocó José Ignacio Peralta al pensar que sería su pelele, uno más de los muchos que tiene.

Nunca pensó que fuera a tomarse en serio el cargo al grado de que ahora no haya la forma de enfriar sus ímpetus dizque porque el mismo “le ha quedado grande al revelar su ambición personal sobre los intereses partidistas demostrando su inmadurez política”.

La misma prensa peraltista que aplaudió su llegada a la dirigencia del priismo porteño ahora lo acusa de no acatar reglas y procedimientos ni respetar los tiempos políticos, y el haberlo rebasado “la codicia propia al tratar de fortalecer al PRI de Manzanillo equivocando las formas al atacar a aliados a ese partido” (léase el diputado federal plurinominal verde ecologista Virgilio Mendosa Amezcua y la alcaldesa panista Gabriela Benavides Cobos), pecados capitales que lo tienen en la ruta de no retorno hacia la candidatura a la alcaldía porteña para el 2018 por siglas y clores distintos a los de la posible alianza PRI-PVEM.

Para los porristas de José Ignacio el todavía formalmente líder del PRI porteño se pasó de tueste en su afán por recuperar la identidad prisita perdida, diferenciarse del grupo en el gobierno municipal y empezar a comportarse como verdadera oposición, comportamientos que terminaron por generar agravios y malquerencias con los aliados en Manzanillo de JIP.

Al marcar su raya ante el jefe de jefes del bastión político porteño que es Virgilio Mendosa Amezcua, Álamo Navarro metió en un brete al primer priista del estado.

A RAN le dicen que se puso con Sansón a las patadas (Virgilio Mendosa Amezcua y su “gran capital político y popularidad; y Dalila Gabriela Benavides Cobos, quien goza también de las preferencias ciudadanas entre los manzanillenses, además de su fuerte relación política con el gobierno estatal”), pero pasan por alto que solamente fajándose con los grandes era como podía posicionarse y crecer en el ánimo de los alicaídos auténticos priistas de Manzanillo; también, que “no ha comprendido la importancia de trabajar en equipo (subordinado a Virgilio y Gabriela) buscando lo mejor (¿?) para el partido sin anteponer su proyecto personal”.

Oséase que lo mejor para el PRI Manzanillo es ayuntarse a la dupla panista-verde ecologista que conforman la alcaldesa y el diputado federal plurinominal. Así el abarrote, sería mejor para JIP bajar las cortinas del PRI-Manzanillo para evitarse fricciones con sus aliados y no subirlas hasta que nomine a sus candidatos que habrán de competir en la próxima contienda electoral.

Rubén Álamo Navarro nada tiene que hacer en un partido tan descafeinado como JIP quiere al Revolucionario institucional en el municipio que tiene el mayor número de electores del estado, salvo que acepte respetar en adelante “los acuerdos y alianzas que tiene un instituto político (PRI) para recuperar un bastión tan importante como Manzanillo”, lo que significa cambiarle la pintura azul a la presidencia municipal por otra de colores verde, blanca y colorada, pero como los mismos protagonistas políticos aliados a Peralta.

Si Rubén Álamo Navarro rectifica su camino y se pone a las órdenes del jefe Virgilio y la jefa Gabriela, “puede aspirar a una candidatura a una diputación, para ir moldeando su carrera política que podría ser prometedora si acepta las reglas escritas y no escritas”, pero si continúa montado en su macho le auguran que sabrá lo que es amar a Dios en viernes santo.


El acabo


  • Tiempo y oportunidad habrá de comprobar de qué está hecho en verdad quien le gusta “tener retos y contrincantes y ganar, no se impresiona ni con poses ni con amenazas ni con guerritas de lodo y no le importa peso, tamaño o cantidad de contrincantes”.
  • Menos mal que, según JIP, “el PRI no es un partido de caprichos, ocurrencias ni personalidades, sino de ideas, proyectos e instituciones”.

Estación Sufragio

Mi columna de este viernes (‘Si no hay helicóptero, al menos drones’) generó algunos comentarios que es pertinente retomar. Algunos mensajes que recibí son respuestas directas a lo aquí expresado y otros comparten señalamientos generales que vienen bien a la cuestión de la creciente inseguridad, la apatía ciudadana y la irresponsabilidad de las autoridades de todos los niveles.

Por respeto a los lectores que opinaron, sólo revelaré la autoría de quienes lo señalan tácitamente. De entrada, alguien coincide: “Es cierto la sociedad ha perdido la capacidad de asombro e indignación. Y –añade– los diputados se dedican a puras comparecencias que de poco y nada sirven”.

A propósito, el diputado Luis Ladino, líder de la bancada panista en el Congreso local, comunicó lo siguiente:

“Exhorté al Gobernador JIPS para que explicara ante este Congreso las estrategias de Seguridad, pero la ‘mayoría responsable’: PRI, Independientes, PVEM, PT y NA no quisieron. Me frustra ver esta situación donde menores de edad pierden la vida. Me causa impotencia y tristeza que mis compañeros interpongan colores partidistas, convirtiéndose en defensores del Gobernador y olvidando a la sociedad a quien debemos servir”.

En relación a esto, sabemos de manera oficial que los 10 alcaldes habrán de comparecer ante el Congreso del Estado con la finalidad de informar sobre las acciones que están realizando para combatir a la delincuencia. Pero no el Ejecutivo.

Los legisladores (de esa ‘mayoría responsable’) refirieron que la seguridad pública compete a los tres órdenes del Gobierno: federación, estado y municipios. No obstante, estos últimos prácticamente han guardado silencio ante los hechos delictivos que afectan a los ciudadanos.

Nicolás Contreras Cortés, cabeza de facto de las bancadas oficialistas, presentó su propuesta de citar a los 10 alcaldes de Colima en su calidad de coordinador de la fracción parlamentaria Nuestro Compromiso por Colima (los también llamados independientes).

Sin embargo, aclaró que apenas el pasado 4 de abril asistieron al Congreso los funcionarios de gobierno encargados de la seguridad, a detallarles a los legisladores las acciones que estaban realizando para combatir al crimen. Y en ese sentido consideró Nico que no tendría caso la presencia del mandatario estatal en el Poder Legislativo.

El calendario para la comparecencia de los presidentes municipales quedó de la siguiente manera: El martes, a las 10 de la mañana, el alcalde de Armería, Ernesto Márquez Guerrero, y a las cinco de la tarde el edil capitalino Héctor Insúa García. El miércoles abrirá la comparecencia el presidente de Comala, Salomón Salazar, y por la tarde el munícipe de Coquimatlán, Orlando Lino. El viernes 19 harán lo propio los alcaldes de Cuauhtémoc e Ixtlahuacán, Rafael Mendoza Godínez, y Crispín Gutiérrez. El lunes 22 asistirán la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides, y su homólogo de Minatitlán, Horacio Mancilla. Finalmente, el martes 23 el alcalde de Tecomán, Guadalupe García Negrete, y la señora presidenta de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León.

Insistió el diputado Contreras que la autoridad estatal compareció el 4 de abril ante esta legislatura para informar las acciones realizadas para mejorar la seguridad en la entidad. Pero “los municipios poco o nada han informado a la sociedad sobre los trabajos que realizan en materia de seguridad pública y prevención del delito”.

Eso en el ámbito parlamentario, donde el intercambio de acusaciones revela las pugnas entre el gobierno y la oposición: mientras los panistas insisten en culpar a la administración federal de Peña Nieto y a la estatal de Ignacio Peralta, “buscando llevar agua a su molino” como se dice vulgarmente, los voceros del partido gobernante tratan de aminorar los costos políticos de la violencia criminal, que sin duda será un factor en las elecciones de este año y las presidenciales de 2018. 

En las redes, en cambio, la ciudadanía agarra parejo al reclamar la apatía tanto de los grupos sociales como de la clase política frente al fenómeno de la delincuencia organizada:

Un lector nos recuerda que “a finales de los setenta hubo un crimen en la Universidad de Colima. Yo era chico y creo que el estudiante se llamaba Benito. Se le achacó la muerte al gobernador Arturo Noriega por sus pugnas con los liderazgos de la Universidad y la FEC.  Pasearon el féretro por las calles de la ciudad y lo colocaron frente a Palacio. Los dirigentes estudiantiles de aquel tiempo se institucionalizaron y, ahora, marchar en protesta es más complicado por la falta de liderazgos”.

Todavía “hace unos años, en un lote de autos de la Villa, asesinaron a un hermano de Teodoro Palomino, iniciador de la CNTE. Recuerdo que ha sido el único caso en que a Mario Anguiano le colocaron el féretro en la puerta de Palacio en reclamo por el homicidio”.

Una conclusión general la expresa otro lector: “Lamento tanto coincidir contigo, amigo. La ley y quienes la aplican están sordos, ciegos y mudos”.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Paracaídas

Hasta hace todavía algunos días  me jactaba de no pertenecer a ningún partido político. Creía (como creo) que lo mejor es, dado el descrédito en el que han caído actualmente los partidos políticos, participar en el debate público y en la consolidación de nuestra democracia sin tener que estar afiliado a ninguna ideología partidista de ningún tipo, y que lo mejor es apoyar o alentar candidaturas individuales (sin importar el instituto político al que pertenecen) que uno considere las más viables y las más convenientes para el desarrollo de nuestra sociedad, sin que esto conlleve una promesa de infalibilidad. Por eso en su momento apoyé, sin arrepentirme a la fecha, la candidatura del priista Mario Anguiano, que hoy ha tenido que bailar con la más fea en virtud de que la estafeta del poder recayó en el grupo priista adverso  al suyo propio (el llamado “Otro PRI”), o el apoyo que brindé, más recientemente, al ex candidato a la gubernatura Jorge Luis Preciado, panista de hueso azul, al que le fue robada la gubernatura del Estado y sobre el cual todavía pesa una guerra de lodo que ha impedido que nuestra entidad pueda alcanzar a reconstruir las vías de nuestra alternancia democrática, tan necesaria ahora que ya constatamos los colimenses que ni vivimos felices ni seguros como nos lo prometió el actual gobernador del Estado.  Así que, cuando apoyé la candidatura del ex gobernador Mario Anguiano me llamaron priista, y cuando apoyé recientemente la del ex candidato a la gubernatura Jorge Luis Preciado me llamaron panista, sin ser en realidad ni lo uno ni lo otro. Hoy me entero, sin embargo, que lo que sí soy legamente (y lo digo entre comillas) es un aliancista, pues luego de verificar en la página del Instituto Nacional Electoral me di cuenta de que se me había afiliado a este partido político en 2013, sin mi consentimiento. El INE lleva actualmente la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales ante las juntas locales y distritales con el fin de confirmar o no la conservación de su registro, de manera que todos los ciudadanos deberían de verificar si fueron afiliados a algún partido político sin su consentimiento, como fue mi caso, violando con ello sus derechos civiles. A mí, en realidad, no me incomodaría estar en un partido como Nueva Alianza, dado mi perfil académico y magisterial, pero de ahí a que se me inscriba de forma dolosa y no “libre, voluntaria e individualmente”, como lo establece la ley, me parece preocupante. Invito, pues, a todos los ciudadanos a que entren a la página del verificador del INE, chequen con su clave de elector que no estén afiliados a ningún partido que no sea el que hayan elegido de forma voluntaria y, de no ser así, acudan a la junta local del INE más cercana a su domicilio para ejercer su Derecho de Oposición, todo esto entre el 15 y 19 de mayo. De esta forma también contribuimos como ciudadanos en la construcción verdadera de nuestra democracia.

Desde la Curul 26

Era cuestión de tiempo y las acusaciones han comenzado a darse entre los grupos parlamentarios; el forcejeo inició entre los diputados del Partido Acción Nacional y los legisladores ex panistas, hoy independientes, acusándose de plagiarse las iniciativas presentadas en materia de reforma electoral, que lo único que va a hacer será que no camine como llegó a penarse que sucedería.

De acuerdo a lo que empieza a perfilarse, desde ahora le puedo decir que no va a haber reducción de diputados y que en la siguiente legislatura se van a mantener los 25 que son, los 16 distritos, que aunque hubo redistritación por parte del Instituto Nacional Electoral, no disminuyó el número de distritos, y eso porque los diputados no modificaron desde el año pasado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para reducir el número de distritos.

En cuanto a las posiciones plurinominales, nada va a suceder.

Los diputados independientes en su iniciativa habían planteado reducir en cuatro el número de plurinominales, y que en la siguiente legislatura, solo hubiera 21.

Los diez diputados del PAN, por conducto de su coordinador Luis Humberto Ladino Ochoa, desde la sesión ordinaria número 25, de fecha 22 de febrero del 2017, había presentado al pleno la iniciativa firmada por los diez miembros de esa fracción, proponiendo también reducir en cuatro posiciones las diputaciones plurinominales.

Aquella ocasión Luis Ladino, propuso  la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los párrafos primero, sexto, y séptimo párrafo del artículo 22, el sexto párrafo de la fracción I del artículo 86, las fracciones, l, ll, lll, IV, Vl, del artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el primer párrafo de artículo 20, el inciso b) de la fracción XXI del artículo 51, la fracción l del artículo 64, la fracción l del artículo 88, los artículos 258, 259,264 y la fracción l del artículo 266 del Código Electoral del Estado de Colima.

Y precisamente por esa razón es que los panistas acusan a sus excompañeros de bancada de ser plagiarios y de que les habían fusilado sus propuestas.

Pero mientras los diputados de uno y otro lado, están enfrascados en dimes y diretes, el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Michel Ruiz, ya dijo que el blanquiazul, no va a proponer reducción de diputados y que quien lo haya propuesto no sabe lo que dice, pues reducir  solo el número de legisladores de representación proporcional “entraríamos a una cuestión de tipo constitucional, pero no local, (sino) federal”.

Enrique Michel dijo que la propuesta de reducir el número diputados no es del partido, “la presentó el candidato… perdón, el diputado, (se resbaló el dirigente panista), Luis Ladino, (pero) era una iniciativa que él propuesto, pero no se está manejando en la propuesta nuestra de reforma; nosotros no la vamos a plantear, nosotros nos mantendremos en que sean 25 diputados”.

Y enseguida decía el “jefe” de los panistas, que si era una propuesta populista, “eso hay que preguntárselo a quien lo propuso, pero yo pienso que no tiene sustento legal y que no puede caminar. Nosotros no le vamos a entrar (como partido)”.

La postura del presidente del  Partido Acción Nacional, choca con la del coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, y de todos los legisladores albiazules, quienes, sin excepción, todos firmaron la iniciativa que no ha sido retirada, para que se reduzcan cuatro posiciones plurinominales.

Por eso es el pleito…

Y de hecho por eso ha sido el pleito entre los panistas y los ex panistas, hoy independientes, que se acusan mutuamente de plagiarse.

Y tan no va a caminar la propuesta para bajar el número de diputados, que la legisladora de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, ya dijo que más que disminuir el número, “lo que la gente quiere es que nos pongamos a trabajar, no que haya menos”.

Mientras que el diputado del Partido del Trabajo, Joel Padilla, está totalmente en contra de la reducción y en cambio está proponiendo en su iniciativa de reforma electoral, que lejos de disminuir, se aumente un diputado plurinominal más para que haya 26.

Y el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su delegada del CEN en el estado, Martha María Zepeda, ha dicho que en la propuesta que harán llegar, habían dicho que esta misma semana, pero se me hace que no les va a alcanzar el tiempo, van a proponer que se reduzca a que solo haya 19 diputados por ambos principios, esto es, los 16 distritos uninominales y solo tres posiciones plurinominales.

La doble moral panista…

En ese pleito en que se enfrascaron los diputados panistas y los independientes, los integrantes del  Grupo Parlamentario“Nuestro Compromiso por Colima”, se le fue con todo al coordinador de la bancada “azul” y a las diputadas que fueron a Manzanillo a decir en el puerto que los tres diputados ex panistas eran unos plagiarios.

Y pues ándale como Nico Contreras, Javier Ceballos y Luis el “Guichín” Ayala, son de mecha corta, pues que se suben al ring y que le acomodan una moquetiza a Luis Ladino y al resto de diputadas y diputados a quienes el coordinador de “Nuestro Compromiso por Colima” acusó de doble moral legislativa.

Nico Contreras Cortés indicó que una de las iniciativas presentadas por el PAN de las que los panistas se duelen porque no ha sido dictaminada, la presentó la diputada Martha Sosal el 13 de abril de 2016.
Recordó que cuando se presentó esa iniciativa con el tema de las candidaturas independientes, la mayoría del Congreso la conformaba el PAN y la Comisión de Estudios Legislativos, a la que le fue turnada, la presidía la también diputada panista Gabriela Sevilla, que no la dictaminó en los siguientes 139 días de presentada, tiempo en el que ella siguió presidiendo la Comisión.

“¿No es esta una prueba clara de la doble moral legislativa de estos diputados en particular?”, se preguntó el coordinador del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima.

Nico Contreras afirmó que “por cierto, cabe señalar que uno de los puntos que refiere el diputado (Ladino) fueron “plagiados” es la propuesta de la Diputada Martha Sosa para simplificar los requisitos de los candidatos independientes para postularse.”

“Que irónico que se reclame como propia una iniciativa que tuvo su origen en la petición que hiciera la “Agrupación de Abogados Independientes”, que por cierto distribuyó por escrito entre los 25 diputados teniendo por sustento una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo el coordinador de los diputados independientes.

En la tranquiza que le colocó el coordinador de los legisladores independientes al diputado Luis Ladino, le dijo que se sentían “congratulados por las coincidencias que existen entre las fuerzas políticas que integran el Congreso en los diversos temas que abarca la tan anhelada propuesta electoral.”
“Sin embargo, disentimos enérgicamente del protagonismo que con base en mentiras y tergiversaciones pretende obtener el diputado Ladino a nombre y representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.”

El legislador independiente aclaró que las leyes, los dictámenes y las iniciativas no son sujetas a “derechos de autor”, pero por diversos motivos pueden existir coincidencias entre las propuestas.

Aseguró que si el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso  por Colima no tuviera eso en mente, el primer plagiario sería el mismo Ladino, pues fue el tres de febrero del año 2010 cuando  como diputado de la 56 Legislatura, Nicolás Contreras propuso la reducción de legisladores, para pasar de 16 a 14 los diputados electos bajo el principio de mayoría relativa y de 9 a 5 los plurinominales.


Explicó que a partir de la reforma electoral del año 2014, la distritación local corresponde al Instituto Nacional Electoral, por lo que aprobar una redistritación es complicado, por ende en su propuesta optaron por retomar sólo la reducción de diputados plurinominales.

Apenas es el inicio…

Esto sería apenas el inicio de las cosas, porque no han comenzado el trabajo serio para tratar de sacar una reforma electoral, que la verdad, yo creo que todo habrá de quedar en una miscelánea.

Como los tiempos ya se les vinieron encima, ahora el Congreso pretende imponerle los tiempos al Instituto Electoral y para tratar de tener otros quince días adicionales y llevarse la reforma electoral hasta el 15, --aunque ellos quieren tener hasta el 17 de julio--, están argumentando que como la ley señala que el proceso electoral 20-17-2018, deberá instalarse durante la primera quincena del mes de octubre, pues que lo hagan hasta la fecha límite, es decir el día 15.

Y para ganar otros dos días, están señalando que como los meses de julio y agosto traen 31 días, pues que tienen dos días más a su favor, por lo que van a pretender llevarse la reforma electoral hasta el 15 o 17 de julio.

Como cada vez que les quedan menos días para sacar la reforma electoral, incluidas las reformas constitucionales y el Código Electoral del Estado de Colima, aunque cada que se les entrevista hacen sus cuentas alegres y tratan de engañarse a sí mismos, dicen que desarrollarán foros de consulta para que todos los segmentos de la sociedad interesados de la reforma puedan acudir a hacer sus propuestas.

Sin embargo le puedo anticipar que si bien nos va a los colimenses, sólo habría un foro y sería en la capital del estado.

Y le digo que quizá, porque ya han empezado a manejar la versión de que como todos los grupos parlamentarios y los partidos políticos, están presentando sus propuestas de reforma electoral, ya no va a ser necesario que haya foros, pues a su conveniencias están señalando que los diputados representan al pueblo, entonces como ha sido a través de ellos que se han estado presentando las iniciativas, ah pues ya el pueblo se ha manifestado… ¿Cómo la ve?

En fin los tiempos avanzan, ya veremos para que les alcanza…. Solo hay que recordar que en 2009, la Corte dejó sin Código Electoral a Colima, precisamente por las prisas, si no lo sabían o no lo recuerdan nuestros legisladores y los demás actores políticos que intervienen en esta reforma, no está de más darles esa recordadita…

Los problemas del EcoParc…

En otro tema que se le sigue metiendo mucho ruido es al Parque Regional Metropolitano, que fue concesionado y que ahora se ha convertido en el EcoParc, pues a raíz de que se dio a conocer el contrato de concesión, han sido más las dudas que las certidumbres que ha generado y el tema ya llegó a la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

El pasado martes 9 de mayo, en la Gaceta del Senado de la República, (GACETA: LXIII/2SPR-3/71056), la Senadora del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña Gómez, hizo suyo un punto de acuerdo que le hizo llegar la comisionada del CEN del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro.

Todo ello con relación a la concesión otorgada por el Gobierno del Estado de Colima a la persona moral denominada Fiesta Zafari, S.A. de C.V., para el uso y aprovechamiento del inmueble donde se ubica el parque regional metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León”.

La Senadora Angélica de la Peña, propuso un punto de acuerdo para que el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, anule el contrato de concesión, y reintegre este parque “…para que siga siendo un bien de dominio público que garantice el esparcimiento delas y los colimenses, los recursos públicos, la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural.”

Dentro de las consideraciones que hace la Senadora del PRD, por las causas que está pidiendo se anule el contrato de concesión del Gobierno del Estado en favor de José Ernesto Zazueta Zazueta, Director de la empresa Fiesta Safari y presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, por considerar que dicha concesión no ha estado exenta de irregularidades.

Enseguida enumera una serie de apartados que para la perredista son irregularidades:

Entre lo que destaca se encuentra que según los términos de la concesión, el empresario José Ernesto Zazueta Zazueta no tendrá que preocuparse por los gastos de los servicios de electricidad, agua y alcantarillado de las instalaciones, pues éstos seguirán siendo pagados con recursos del erario estatal.

Que junto con el parque y el zoológico la empresa también podrá explotar económicamente, por un periodo de hasta 25 años, el Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo”, que será convertido en Museo de Historia Natural.

Que en la cláusula segunda inciso H, el Gobierno se compromete a contratar publicidad y promoción al parque y zoológico metropolitano ‘Griselda Álvarez Ponce de León’, así como el Museo de Arte Contemporáneo ‘Jorge Chávez Carrillo’ de la ciudad de Colima sin costo para el concesionario.

Que a la vez, la cláusula décima primera, relativa a Gastos de operación y pago por servicios, establece en su punto 1 que los gastos de consumo de energía eléctrica, así como de agua potable y alcantarillado que se generen por la operación del parque y zoológico derivada del presente contrato de concesión correrán a cargo del gobierno estatal.

Que en el punto número 2 de la misma cláusula se indica además que las partes podrán convenir esquemas de apoyo, para cubrir de manera compartida el costo de mantenimiento, suministros y servicios para la operación del parque y zoológico.

Asimismo que en la cláusula décima segunda, en sus puntos 1 y 2, indica que “el personal para la operación del Parque y Zoológico Metropolitano ‘Griselda Álvarez’ correrá a cuenta de ‘El concesionario’, quien se hará cargo de su contratación, prestaciones, seguridad social y demás aspectos que deriven de la relación laboral, excluyéndose al ‘concedente’ de toda responsabilidad al respecto, con la única salvedad prevista en el párrafo siguiente.

“Los trabajadores del concedente que a la firma del presente contrato vienen laborando en las instalaciones del Parque Regional Metropolitano, podrán ser comisionados para que continúen laborando en dicho lugar, prestando sus servicios a ‘El concesionario’ con cargo al ‘concedente’ y conservando las percepciones económicas y prestaciones que tienen, o en su caso podrán ser reubicados a otras dependencias dentro del propio gobierno del estado de Colima, preservando igualmente sus derechos. En cualquier caso, se tomará en cuenta la opinión de dichos trabajadores y se le dará la intervención que corresponda a la representación sindical”.

Que el inciso F de la cláusula tercera dispone que la tarifa para el ingreso al Parque y Zoológico Metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León” no podrá ser superior a 30 pesos por persona durante 2017, que podrá incrementarse cada año conforme al porcentaje de la tasa de inflación. Sin embargo, nada dice en relación con las tarifas de acceso al Museo de Historia Natural, que tampoco es incluido entre la cantidad de boletos que se donarán anualmente.

Asimismo aunque la empresa se compromete a invertir 50 millones de pesos en los primeros cinco años en las instalaciones, no necesariamente dejará todos los beneficios para el estado cuando regrese el inmueble al final de la concesión (que podrían extenderse hasta 25 años), pues el inciso D de la cláusula décimo séptima, establece que deberá:

 “Entregar los señalados inmuebles con las obras y mejoras que hubiere construido, edificado o realizado en los mismos, salvo aquellas que por su naturaleza puedan desprenderse de los inmuebles o de la referida construcción, en beneficio del ‘concedente’ sin derecho a reembolso o indemnización alguna”.

En el contrato de concesión, que inicialmente es por diez años y tendrá posibilidad de prórroga hasta por 15 años más con preferencia a la misma empresa, se enumera la serie de obras de remodelación y adaptación que hará Fiesta Zafari con la inversión de los 50 millones de pesos en diferentes etapas, en un plazo no mayor de cinco años, a partir de la apertura de las instalaciones.

Entre esta obras y acciones se encuentran la construcción de una granja interactiva y un zoológico infantil, adaptación del área educativa y taller ecológico, construcción del Museo de Historia Natural, introducción de un tren para recorridos dentro del zoológico, ambientación de isla de primates, construcción de safari interactivo, construcción de un cocodrilario, construcción de nuevos albergues, introducción de nuevas colecciones faunísticas, equinoterapia y construcción de un aviario interactivo por inmersión.

Existen inconsistencias legales…

Según el punto de acuerdo planteado en el Senado de la República, señala que “…existen inconsistencias legales de forma y fondo, tales como el incumplimiento de los principios de utilidad pública y de la preservación del interés general del patrimonio público, además de que el procedimiento de concesión no tuvo la debida publicidad para permitir la participación de otras propuestas que acreditaran su viabilidad técnica y financiera.”

De acuerdo al abogado Benjamín Luna Alatorre, integrante el movimiento por la defensa de ese espacio público, el contrato mediante el que fue cedido a un particular el manejo del Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez”, para convertirlo en Ecoparc, “es nulo porque no reúne los requisitos para ser una concesión, ya que la misma debe incluir la garantía de cumplimiento por parte del concesionario y en este caso “no existe ningún tipo de garantía, por lo que se trata de un contrato irregular viciado de nulidad”.

Hoy comparecen funcionarios estatales…

En el estado este lunes han sido citados a comparecer ante el Congreso del Estado, cuatro funcionarios estatales relacionados con la firma del contrato, a fin de que expliquen a los legisladores el alcance del documento.

Los diputados por ejemplo quieren que les expliquen, por qué el Gobierno seguirá pagando a los trabajadores; por qué le va a pagar los servicios de energía eléctrica, agua y alcantarillado, entre otras cosas.

Los funcionarios que han sido citados son el titular de la SEIDUR, Jesús Sánchez Romo; el Secretario de Turismo, César Castañeda; el Secretario de Administración, Kristian Meiners y el Consejero Jurídico el Estado, Andrés García Noriega.

La reunión está convocada a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, del Congreso del Estado.

Para cerrar…

**Este jueves a las 9:00 horas, habrá sesión ordinaria en el Congreso del Estado, de acuerdo al orden del día, no hay nada sobresaliente. Los diputados no le van a entrar a la reforma del Artículo 41 U-Bis, entonces será una sesión light. Donde quizá haya algún tema de interés será en asuntos generales, aunque quizá por la comparecencia de funcionarios al mediodía, quizá tomen el acuerdo de no registrarse para participar en este punto.

**Finalmente quiero manifestar mi solidaridad a las hijas e hijo del colega periodista Héctor Miguel Espinosa Flores, que este 10 de mayo, emprendió el viaje sin retorno. Héctor fue un entusiasta operador de radiocomunicación; fue ciclista en sus años mozos, dirigente de la asociación de ese deporte; apasionado del cine, la fotografía, el dibujo, entre otras cosas.

Fue miembro fundador del Club de Reporteros de Colima. Desde hace muchos meses, se encontraba enfermo de Alzheimer y este 10 de mayo, emprendió el viaje sin retorno. Que descanse en paz el colega y amigo.

Tarea Política

Si hasta las vías del ferrocarril que son de acero se rajan, cuantimás José Ignacio Peralta que es de carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Su historial de incumplimiento de compromisos asumidos con quienes en él depositaron su confianza es más largo que la cuaresma. Baste con resumir que a todos los colimenses les prometió que con él como su gobernador vivirían seguros como canguros y felices como lombrices. La lista de quienes todavía están esperando que les cumpla su palabra empeñada es más larga que la cuaresma y en ella hay de todo como en botica.

José Ignacio les prometió a los impulsores del proyecto de fiscalización ciudadana “¿Cómo vamos? Colima” financiamiento público sabiendo de antemano que los dejaría como novias de rancho. A valores entendidos con sus 14 diputados priistas- pri-dependientes-verde ecologista-nuevo aliancista-petista con los que hace mayoría relativa, y sumándole los tres pedro-peraltistas (Riult Rivera, Julia Jiménez y Crispín Guerra) absoluta, hasta iniciativa para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Colima envió hace un año al Congreso del Estado, pero nada hizo después para concretarla a pesar de haberles seguido en su momento el jueguito de la evaluación aceptando sin hacer gestos incluso el cero que le estamparon en la asignatura de seguridad.

Guillermo Brun Solórzano y sus colegas saben perfectamente que el bilingüe miembro de la clase ilustrada de Colima egresado del ITAM y de Essex University tiene el mando de la LVIII Legislatura Local que le pastorea el pri-dependiente Nicolás Contreras Cortés, pero para ellos es más fácil y cómodo expresar sentirse defraudados por la manera que vienen actuando los diputados, cuando quien les prometió las peras de la virgen a cambio de  que lo respaldaran para que llegara a la gubernatura del estado es nada más ni nada menos que José Ignacio a quien no han tocado ni con el pétalo de una flor de buganvilia.

“La verdad nos sentimos defraudados todos porque es una muestra de no hay congruencia con los diputados. Creo que si un grupo de empresarios, ciudadanos, amas de casa y de toda la gente estamos pidiendo atención porque lo mínimo es que tenemos derecho a que se vote la iniciativa”, les dice con toda razón Guillermo Brun Solórzano a los diputados para que lo entienda el gobernador, pero éste, fiel a su estilo, se hace el occiso. Cierto es que la decisión de votar o no, a favor o en contra, es de los diputados a quienes José Ignacio dejó como al cohetero ante los empresarios, pero la verdad es que están pasmados y no atinan a dar pie con bola.

Para Brun Solórzano “es claro que somos un organismo social representativo y nos llama la atención que justamente ahora que se presenta una iniciativa para crear una contraloría social no apoyen como ellos (los diputados) dijeron tenían que hacerlo en la Ley y no hemos tenido una respuesta que sea razonable”, ni la tendrán dijera Don Teofilito, pero  no se atreve a encarar directamente a José Ignacio que los dejó colgado de la brocha y a quien al menos ya no debería invitar a su yate, dice yate.

José Ignacio no sólo les dio el avión a los promotores de ¿Cómo vamos? Colima juzgándolos además de cotón largo, sino que les echó encima a la prensa a su servicio para que les pegara duro, tupido y mucho, castigo a todas luces inmerecido e injusto, a pesar de lo cual nada de han reclamado al respecto. En cambio, sus airados señalamientos son para  los diputados que José Ignacio dejó entre la espada y la pared sin tener mayor culpa que la carencia de autonomía como poder legislativo respecto del Ejecutivo Estatal que los tiene avasallados. Mal se ha visto José Ignacio por rajón, pero peor los diputados con su tácticas dilatorias para tratar de bajarles la temperatura a los ¿Cómo vamos? Colima, que el tiempo corra y se olviden del asunto.

“Se ha desatado una campaña en redes sociales en contra de este organismo (¿Cómo vamos? Colima) y de los empresarios que lo conforman, por el púnico hecho de estar solicitando se legisle ya sobre el artículo 41 Bis de la Ley de Hacienda del Estado. Ha habido una manipulación dirigida, pagada, para ir en contra del movimiento, porque la iniciativa privada empiece a fiscalizarlos”, acusa Guillermo Brun Solórzano sin atreverse a mencionar el nombre José Ignacio ni los apellidos Peralta Sánchez.

EL ACABO

Más que a gasto corriente, los cientos de millones de pesos provenientes del impuesto del 2% sobre la nómina han ido a parar a los bolsillos de los gobernadores en turno y de sus gavillas. El infame SEFIDEC ha sido su enorme caja chica ante a ciencia,  paciencia y complacencia de los permisivos líderes empresariales que al callar otorgan.

 

Estación Sufragio

La opinión general es que el Festival del Volcán 2017 fue un éxito. Apenas en su segunda edición se apuntala como la fiesta popular más importante del municipio capitalino, en el entendido que la Feria de Todos los Santos es un festejo de carácter estatal.

Todavía le falta sobrevivir a este ayuntamiento para saber si el evento anual quedará instituido de manera definitiva, pero sí podemos adelantar que los futuros alcaldes harían mal en no continuarlo y no realizarlo por lo menos con sus actuales dimensiones.

Tampoco es cosa que el Festival crezca desmesuradamente y pierda las característica que hoy lo hacen tan interesante. Para empezar es un evento netamente urbano. Y en un estado donde hasta a la fiestas de mayo en Manzanillo han tenido un desfile a caballo, hacen falta alternativas a la oferta musical y de espectáculos pretendidamente rural que, en realidad, contiene sobrados elementos de narcocultura.

El del Volcán es un festival sin jaripeos, sin cabalgatas ni cantantes de narcocorridos. El repertorio de “música regional mexicana” se ha cubierto con grandes exponentes vernáculos, este año Aída Cuevas, el Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima. No dudo que en los próximos años tengamos conjuntos y solistas de música norteña en el escenario principal, pero de eso hay mucha oferta ya en los palenques y los bailes de la feria.

A la estridencia de la banda sinaloense, el Festival del Volcán opone una creciente oferta de salsa, merengue y cumbia, además de otros géneros urbanos como eso que suelen llamar el indie pop y del que este año tuvimos en conciertos gratuitos a tres de las divas con voz lánguida: Carla Morrison, Mon Laferte y Julieta Venegas. Como Natalia Lafourcade estuvo el año pasado, con Ximena Sariñana el próximo tendríamos más o menos completa la nómina de las cantantes de fusión.

La verdad es que los organizadores del Festival del Volcán lo pensaron muy bien: ocurre luego de las vacaciones de primavera (Semana Santa y Pascua), cuando en el estado ya concluyó el ciclo de fiestas charro taurinas que arrancan con Cuauhtémoc, siguen con la feria de Todos los Santos y continúan con Comala, Armería, Coquimatlán y Tecomán, para cerrar con Villa de Álvarez, por no mencionar las festividades en incontables comunidades rurales que se dan en ese mismo periodo.

Es un acierto que una administración panista replique en Colima actividades que iniciaron en la ciudad de México los gobiernos del PRD. Y es encomiable que un alcalde que no nació en Colima se preocupe por generar acciones que fortalecen la identidad colimota.

Para disfrutar de un programa amplio y diverso, pero compatible con los diferentes gustos, la población de la zona metropolitana se apropia del centro histórico durante más de una semana. Vienen también gente de los municipios costeros y de los estados vecinos a disfrutar de algo que siempre le ha faltado a la Feria de Todos los Santos: un teatro del pueblo con buenos espectáculos…  gratuitos.

Pese a las publicitadas quejas por micción y fecalismo al aire libre (como en ninguna fiesta callejera hay letrinas portátiles, la gente ni las busca aunque en este caso sí había pero no eran suficientes), el centro histórico como corredor mercantil se beneficia enormemente de la afluencia de visitantes. Lo que deberían hacer los comerciantes es potenciar los beneficios y no magnificar los costos.

Algunos se siguen quejando por los cortes a la circulación vehicular diciendo que les restan ventas, pero en muchas ciudades donde hay acontecimientos como este que congregan a personas hasta altas horas de la noche, por ejemplo viernes y sábado en los distritos de bares y restaurantes, las tiendas de ropa y otro tipo de expendios permanecen abiertas hasta las 23 horas para atraer a los peatones.

¿Por qué en las tiendas departamentales al norte de la ciudad hay ventas nocturnas y en los centenarios almacenes de prestigio que están frente al jardín Torres Quintero, no? ¿Para no prestar los baños?

Por cierto, un conocido hotel rompió su disposición de no permitir el acceso a los excusados a quienes no son clientes, si los usuarios daban un donativo a la Cruz Roja. Pero Palacio de Gobierno cierra sus puertas cuando, por una medida de elemental atención ciudadana, deberían haber remodelado los sanitarios de la planta baja que dan vergüenza en un edificio que es museo.

Afortunadamente la cooperación entre las autoridades municipales y las estatales se dio bien en cuanto a la estrategia de seguridad, pero en otras se evidenció el celo. La fiesta se dio en varias manzanas del primer cuadro, pero la mayoría de la gente no vive en el centro. A la Secretaría de Movilidad le correspondía modificar los horarios del transporte urbano para que la gente pudiera regresar a su casa después de hora. Aunque las familias de clase media hubiesen podido pagar el taxi, el problema es que no había. 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Estación Sufragio

Muchos comentarios suscitó la columna de ayer, ninguno en defensa del secretario general de Gobierno por cierto. Si acaso, un lector que quiso otorgarle el beneficio de la duda respecto a que el propio Arnoldo Ochoa haya ordenado la publicación de la nota a ocho columnas en el Ecos de la Costa del lunes 8 de mayo de 2017:

‘Encuesta de percepción ciudadana: Ejecutivo de panzazo; Congreso reprobado. Arnoldo Ochoa y Agustín Morales, los secretarios mejor calificados. Alcaldes y Poder Judicial, apenas aprobados’.

Esa posibilidad remota llevó a ese mismo lector a reflexionar: si Ochoa González planeó este golpe a Ignacio Peralta, malo, porque es el funcionario responsable de evitar que el titular del Ejecutivo se desgaste políticamente; y si no decidió la publicación de la nota, ¡peor!, porque entonces ¿para qué invirtió tanto esfuerzo en controlar la línea editorial del Ecos de la Costa?

En todo caso, su conclusión es coincidente con la varios lectores: el único perjudicado con la publicación de esta nota que ingenuamente pensaron iba a fortalecer la tambaleante posición del secretario general de Gobierno, es el Güero Ochoa.

La nota firmada por el reportero Arturo Aguilar Huerta alude a una encuesta que la Fundación Lo Mejor de Colima solicitó levantar a la empresa Cifras de México para medir la percepción ciudadana de los colimenses con respecto a las autoridades en el primer trimestre de este año.

El estudio de opinión pública se hizo con base en la siguiente pregunta: “Si tuviera que darle una calificación por su desempeño como Gobernador a José Ignacio Peralta Sánchez donde 0 es pésimo y 10 es excelente, ¿qué calificación le merece?” (sic).

Con base en la respuesta que dieron tres mil 800 colimenses de indistintos sexo, edad y estrato socioeconómico, entre el 6 y el 12 de abril, en los 10 municipios del estado, la citada firma demoscópica reporta que el 20.5% de los encuestados calificaron a Nacho Peralta con un seis (en un escala del uno al 10), el 19.7% con siete y el 17.6% con ocho.

La forma tan imprecisa de mostrar los resultados denota no sólo la falta de profesionalismo de quien hizo la encuesta, sino la mala leche del medio impreso que, con esta manera de usar los datos, golpea arteramente al mandatario estatal.

Sobre la encuestadora, otros lectores me recordaron que Cifras de México es un membrete que ha venido utilizando Roberto Moreno Béjar, presidente de la Fundación Lo Mejor de Colima, para acreditar sus proyectos. Por ejemplo, le sirve para medir el éxito del carnaval que él mismo organiza y el prestigio de los reconocimientos que entrega.

Si es verdad, no deja de ser un poco tramposo que, para vender un producto como es el carnaval, presente como evidencia una encuesta levantada por él mismo. En ese sentido, me dice otro lector que cualquier estudio de opinión o percepción pública como éste tiene que ir acompañado de la metodología que pruebe la confiabilidad de los resultados.

Si los datos que arroja esta medición no se pueden corroborar, decir que el Gobernador salió reprobado es un vil golpe. Y cuando quien lo propina es la figura más destacada del gabinete, ¡el secretario general de Gobierno!, qué grave.

Otro lector abona a la capacidad de trabajo de Roberto Moreno. Al preguntarse por qué fue sustituido en la presidencia del Consejo de Participación Social para la Planeación (CPSP) por Rafael Briceño Alcaraz, subraya que la sociedad civil representada en este organismo salió perdiendo con el cambio.

Mientras que un tercer lector plantea una hipótesis acerca de la renuncia de Moreno Béjar a esa posición: se fue cuando se dio cuenta que al secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Noriega, al que está sectorizado el Consejo, no le interesa en absoluto el CPSP.

De hecho, Briceño sufrió su primera decepción cuando le dijeron que iba a cambiar sus oficinas a un modesto cubículo en el Complejo Administrativo, que le quitarían personal y que no va a contar con gastos de representación. En pocas palabras, que nomás está de adorno.

Un cuarto lector señala que el director del Instituto de Fomento de Ferias del Estado, Petronilo Vázquez, el otro funcionario que junto al secretario de Desarrollo Rural, Agustín Morales, fueron los menos peor evaluados junto con el secretario general de Gobierno en la famosa encuesta, es tan colaborador, por no decir, subordinado político de Arnoldo Ochoa González como Roberto Moreno.

Finalmente, un quinto lector duda que la Secretaría de Educación pueda ser el premio de consolación para Arnoldo Ochoa cuando lo quiten de la Secretaría General de Gobierno. Quienes piensan que Oscar Javier Hernández Rosas tiene los días contados, no pueden ignorar que los recientes nombramientos de funcionarios le favorecen.

Si bien Jenny Enid Noyola Vega dejó la direccción de Administración y Finanzas para ser directora de Planeación y Evaluación de Política Educativa, queda en su lugar Susano Madrid Ortiz, gente cercana al secretario. 

No olvidemos que la renuncia de Carlos Salazar Silva a la Secretaría de Salud se precipitó cuando desde Casa de Gobierno le nombraron a un director administrativo y financiero de las confianzas de Nacho Peralta y ajeno por completo al ex rector.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

Estación Sufragio

Ya se vio para qué quería Arnoldo Ochoa el Ecos de la Costa: para ‘en caso de necesidad’.

Y la necesidad debe ser mucha cuando recurre a la primera plana del decano de la prensa colimense para tratar de sostenerse en el cargo de secretario general de Gobierno, siendo que entre la clase política ya se da el relevo como un hecho.

Ochoa González hace valer su insólito papel como editor de periódicos para afianzar su débil posición política. En los corrillos ya no se discute si Arnoldo se va del gabinete (se menciona como posibilidad que lo acomoden en Educación), sino las circunstancias por las cuáles no se ha dado el cambio en la Secretaría General de Gobierno.

Y una de esas circunstancias es la presión política que podría ejercer desde el Ecos (y El Correo de Manzanillo), habida cuenta que no tiene más el apoyo de su antiguo amigo Héctor Sánchez de la Madrid, propietario del Diario de Colima y tío del Ejecutivo estatal, a quien seguramente no le gusta que el Güero Ochoa se haya metido al negocio del periodismo y le esté haciendo la competencia tanto en los medios impresos como en los digitales.

Para fortalecerse como responsable de la política interior, Arnoldo Ochoa elige curiosamente golpear a su jefe. Quiere conservar su lugar a costillas del Gobernador del Estado. Aunque lo más fácil sería simplemente hacer el trabajo que le encargaron:

¿Me pregunto si el desencuentro de la administración Peralta con los empresarios que demandan subsidio público para “¿Cómo vamos?, Colima”, se habría evitado si el negociador oficial hubiese hecho su chamba de explicarle a los socios de Coparmex que no hay condiciones políticas para que modifique el artículo 41 U-bis de la Ley de Hacienda.

‘Ejecutivo de panzazo; Congreso reprobado’, dice el titular de una nota firmada por Arturo Aguilar Huerta (Ecos de la Costa, lunes 8 de mayo de 2017) en la que presenta los resultados de una encuesta que la Fundación Lo Mejor de Colima solicitó levantar a la empresa Cifras de México para medir la percepción ciudadana de los colimenses con respecto a las autoridades en el primer trimestre de este año.

Afirmando haber entrevistado a tres mil 800 colimenses de indistintos sexo, edad y estrato socioeconómico, entre el 6 y el 12 de abril, en los 10 municipios del estado, la desconocida casa demoscópica reporta que el 20.5% de los encuestados calificaron al gobernador Ignacio Peralta con un seis (en un escala del uno al 10), el 19.7% con siete y el 17.6% con ocho.

Enfatiza el supuesto estudio que el resto de los entrevistados dan al mandatario estatal una calificación reprobatoria. Pero destacan que el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, obtuvo una calificación de 6.7%, sin especificar si se trata de un promedio, la media o la calificación máxima.

Esta puntuación la comparte el Güero Ochoa con el secretario de Desarrollo Rural, Agustín Morales Anguiano, y con el director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones, Petronilo Vázquez Vuelvas. Sin embargo, aclara que los funcionarios “con peores calificaciones a su desempeño, conocimiento o trato a los ciudadanos” son el secretario de Seguridad Pública, Javier Castaño (5.2); el procurador general de Justicia, Guadalupe Franco Escobar (5.4) y el secretario de Turismo, César Castañeda y Vázquez del Mercado (5.5).

Pasan “de panzazo” también los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado y, en su mayoría, los entrevistados consideran “malo” o “muy malo” el desempeño de los diputados del Congreso local. Los alcaldes, en cambio, todos sacan una calificación por encima del seis.

Después de venderle terror al gobernador Ignacio Peralta y de advertir que el menos repudiado de los secretarios es precisamente Arnoldo Ochoa, titular de una cartera al que otras iniciativas de evaluación (entre ellas la propia ¿Cómo vamos?, Colima) habían adjudicado un cero en el cumplimiento de los compromisos o grado de avance en las metas, la Fundación se cura en salud en cuanto a las verdaderas motivaciones de esta encuesta:

“La Fundación Lo Mejor de Colima tiene el interés de que el resto de la ciudadanía colimense conozca el sentir, al percepción los sentimientos y los anhelos de la mayoría de los habitantes del estado de Colima respecto al desempeño político y administrativo de los gobiernos municipales, estatal y federal en materia de economía, social, jurídica, política, cultura y de sustentabilidad” (sic).

¿CÓMO CALIFICAMOS, COLIMA?

Huelga decir que realizar un estudio con todas estas variables (económica, social, jurídica, política, cultural y ambiental) sería una labor titánica. Por lo demás, ¿cómo cuantificar unidades de medida tales como “sentimientos” y “anhelos”?

La nota alude a cuestiones que suenan más o menos metodológicas (margen de error estadístico y “nivel de confianza” o, mejor dicho, de confiabilidad; y de un “estricto método aleatorio en algunos casos ponderado y en otras sin ponderaciones”), pero no las detalla.

De entrada, no imagino las preguntas que se hicieron para poder extraer semejantes conclusiones sin que presumiblemente se estén induciendo las respuestas.

Con todo, lo que hace sospechar de la honorabilidad de la encuesta es el nombre de quien supuestamente la pagó. Hasta ahora la Fundación Lo Mejor de Colima era conocida por entregar reconocimientos al mérito de ciudadanos en diferentes campos (hace un par de años me honraron con uno de esos testimonios), y por organizar el carnaval de Colima-Villa de Álvarez.

El presidente de la Fundación, Roberto Moreno Béjar, está tan identificado con Ochoa González que muchos lo ubican como colaborador de Arnoldo, por no decir, subordinado. Y hace una semanas dejó la presidencia del Consejo Estatal de Participación Social para la Planeación, sin explicar las causas.

Algunos observadores, empero, encuentran plausible una explicación de la renuncia de Moreno Béjar: el gobernador Peralta le quitó al secretario general de Gobierno el control de la CEPSP, para devolverle ese organismo a la clase empresarial, probablemente como una manera de relajar las tensiones que ha generado su desencuentro con ¿Cómo vamos?, Colima.

En cuanto a la eficacia política de la encuesta, no podemos ignorar que si de algo sabe Nacho Peralta es de instrumentos de medición. A leguas se va a dar cuenta que su “jefe de gabinete” le está queriendo dar gato por liebre.

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Análisis Político

Carlos Slim Helú, es hasta hoy la mejor alternativa que tiene el PRI para el 2018, es hijo de Julián Slim Haddad y de Linda Helú, se tituló como ingeniero civil en la Unam, además impartió álgebra y programación lineal en esta gran universidad, desde joven comenzó a invertir en la compra de negocios de oportunidad, los cuales hacía prosperar, así como en la compraventa de bienes raíces, a principios de los años ochenta y en medio de una crisis que paralizó a México y con fugas de capitales históricas, Slim y su grupo denominado Carso realizaban inversiones fuertes en el país, y adquirieron varias empresas.[]

Carlos Slim ha mencionado repetidamente que en esta etapa del país recuerda por lo que pasó dificilmente su padre Julián Slim, cuando en 1914 y en plena Revolución Mexicana le compró a su hermano mayor el 50 por ciento restante del negocio que tenían en común, llamado "La Estrella de Oriente", creyendo así en México y en su destino. «Si mi papá, en plena Revolución, con el país sacudido, sin todavía tener familia, siendo extranjero y sin el arraigo que te da el tiempo, confió en México y en su futuro, cómo no iba a hacerlo yo», ha dicho Carlos Slim en algunas entrevistas.[]

Desde los años 80 ya era un empresario muy exitoso y uno de los más importantes de México. 1982 fue un año crítico en la historia del país. Con la crisis de deuda, la nacionalización de la banca y las finanzas del país prácticamente paralizadas, Carlos Slim y su Grupo Carso se propusieron invertir de forma intensa y activa, entre las cuales destaca Cigatam (Philip Morris México), fabricante de los cigarros Marlboro, la Hulera El Centenario, Bimex, Hoteles Calinda y Reynolds Aluminio, Grupo Financiero Inbursa, integrado por la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, Seguros de México y Fianzas La Guardiana, ambién compró: Artes Gráficas Unidas, Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, así como la mayor parte de Sanborns y su filial Denny's. Adquirió también la compañía Minera FRISCO y Empresas Nacobre, así como las empresas de neumáticos Euzkadi y General Tire.

En 1990 adquirió Telmex, junto con France Telecom de Francia y SBC Telecomunicaciones de los Estados Unidos, la única compañía que brindaba servicios de telefonía fija en México (que administraba el Estado hasta ese momento). Carlos Slim Helú compró Telmex, América Móvil, China Móvil, así como muchas otras cadenas de negocios nacionales e internacionales como aseguran, Sears, Liverpool y que está por adquirir Suburbia, quizás por ello es ahora el hombre más rico del mundo, y como dice la voz populli ya no tendría por qué robar, sino más bien el sí enfrentaría mejor al magnate, Donal Trump y México entraría a una nueva dinámica de desarrollo industrial.

Carlos Slim Helú, durante muchos años se ha identificado en forma natural con el PRI, por razones lógicas, pues un exitoso empresario nacional no puede ser enemigo de los presidentes en turno, y el comentario sobre esta posibilidad política rumbo al proceso electoral presidencial del 2018 proviene en este análisis político porque el PRI está desgastado y no tanto por los errores del gabinete presidencial o del propio Enrique Peña Nieto, sino porque nunca tuvo este gabinete un organismo de Comunicación Social fuerte sólido que aclarara los ataques y difundiera las buenas acciones gubernamentales nacionales, jamás tampoco tuvieron enlaces en comunicación social con los estados para difundir adecuadamente las reformas federales que le pegaron demasiado fuerte en las entidades por falta de información que provocaron fuerte crítica y rechazo, como fue la propia reforma educativa, muy a pesar del esfuerzo que hace Aurelio Nuño.

Hasta hoy vemos en la carrera por la presidencia a dos priístas nacionales fuertes que encabezan Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong como probables candidatos para el 2018, pero si el tricolor no quiere pasar tremendo susto en la reñida elección simplemente que designen a Carlos Slim, y podría ganar sin tanto desgaste.

¿QUÉ PASARÁ EN COLIMA EN EL 2018?

El proceso electoral estatal estará también reñido por los chilaquiles políticos o divisiones que dejó la pasada contienda por la gubernatura y se han observado en los diferentes partidos que no han logrado consolidarse, unirse internamente, aunque los dirigentes partidistas aseguran que están trabajando en la reestructuración de sus estructuras, pero no vemos ni observamos esto en los medios informativos y menos podemos asegurar que alguno de ellos sobresalga de todos.

Pero una cosa es muy cierta la mayoría de los partidos desde hace años abandonaron sus objetivos para lo que fueron creados, que era atender las causas o problemas sociales, inclusive varios miembros “busca cargos” de los partidos ya se acostumbraron a despertar y activarse solo en temporada electoral, y empiezan a llamar la atención mediante fuertes críticas a las tareas gubernamentales municipales o estatales, sin aportar nada a su región o al estado, ni hacer alguna obra de beneficio social, solo quieren estar en los medios informativos y después se anotan en la boleta electoral, y son varios identificados en cada partido, nada hacen en favor de la sociedad. ¿Podrá usted identificarlos?

Desde la Curul 26

Hacía rato que en el Congreso del Estado, no teníamos una jornada como la ocurrida el pasado jueves, donde hubo de todo, antes y durante la sesión ordinaria celebrada por los integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislatura.

Por un lado hubo una diputada que de plano ya no aguantó y arremetió en contra de sus compañeros de Legislatura, donde dio una exhibida destacando que la sociedad no demanda que se reduzca el número de diputados, sino que los que hay se pongan a trabajar.

Por otro lado vimos a un presidente de la mesa directiva, que avergonzado, porque las decenas de personas que se congregaron en el Congreso local, exigían el inicio de la sesión, la cual había sido convocada para las 11:00 horas e inició con hora y media de retraso, abrió la sesión pidiendo disculpas.

Vimos también como poco más de medio centenar de empresarios y trabajadores de éstos agrupados en el membrete de ¿Cómo Vamos? Colima,  regresaron nuevamente al Congreso a seguir tratando de hacer presión no solo para que ya sea presentado en el pleno el dictamen relativo a reformar el Artículo 41 U-Bis de la Ley de Hacienda del Estado, sino que  los diputados lo aprueben de una vez por todas y eso les dé la oportunidad de acceder a recursos provenientes del Impuesto Sobre la Nómina, hasta en un 5% del total, lo que significaría poco más de 12 millones de pesos anuales, si lograran convencer a todos los empresarios obligados a pagar ese impuesto.

Pero también durante la sesión pudimos observar a una Martha Leticia Sosa Govea, enojada, fúrica, fuera de sus casillas, bueno con decirle que me dio la impresión que estaba más fuera de sí en esta ocasión que cuando siendo presidenta de la Comisión de Gobierno Interno, al inicio de esta Legislatura, corrió (despidió) al entonces Oficial Mayor. Miguel Chávez Valencia “y a todo el personal que depende de él”, diría en aquél entonces.

Pero vamos por partes…

Primero hablemos de los pleitos que se están dando en Movimiento Ciudadano, donde ya no se puede ocultar el rompimiento que existe entre el coordinador de la comisión operativa estatal Leoncio Morán Sánchez y su diputada Leticia Zepeda, aunque ambos se nieguen a reconocerlo, pero que en los hechos ya cada uno anda volando por su lado.

La semana pasada Leoncio Morán Sánchez, dio a conocer la propuesta electoral de MC, y al preguntarle si la llevarían al Congreso a través de su diputada, dijo que no, sino que se entregaría a los 25 diputados, pidiéndoles que la hicieran suya.

Bueno pues ahora la diputada Leticia Zepeda Mesina, diputada única de Movimiento Ciudadano, convocó a rueda de prensa para dar a conocer su iniciativa de propuesta electoral, al preguntarle si sería complementaria de la dada a conocer por el dirigente de su partido, con todas las letras dijo que desconocía totalmente la propuesta del que aún es su partido Movimiento Ciudadano

La diputada Zepeda Mesina, dijo que desconocía la propuesta de reforma electoral del Partido Movimiento Social, aduciendo que “a mí no me han hecho llegar nada, ni me han buscado para que la presente (en el Congreso). La desconozco”.

Al insistirle si su propuesta era adicional o complementaria de la que dio a conocer el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, la legisladora Zepeda Mesina afirmó que “a mí no me han hecho llegar nada ni me han buscado para que la presente. Lo que sí puedo decir es que esta propuesta (la de ella), está consensuada, relacionada con lo que Movimiento Ciudadano a nivel nacional está proponiendo”.

Luego se fue contra los diputados…”poco trabajan”

Pero después al preguntarle si ella también propondría que se redujera el número de legisladores, sacó de su corazoncito todo lo que traía atotado, señalando que más que presentar una iniciativa para reducir el número de diputados en el Congreso del Estado, de lo que la gente se queja “es que los diputados no trabajamos; la gente no nos dice que somos muchos los diputados, sino que no se tienen los resultados que se deben de obtener como ciudadanos que son, no tienen un resultado efectivo por el pago que se nos hace a nosotros de la dieta”.

Ante eso la diputada de Movimiento Ciudadano dio la razón a lo que la gente dice, e indicó que presentará una iniciativa de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, “a fin de que los diputados se apliquen en su trabajo diario, que las comisiones trabajen, que por lo menos haya dos sesiones de trabajo en el pleno por semana”.

Dijo que en su iniciativa propondrá que las comisiones estén en permanente contacto con los diferentes entes para consensar todas las iniciativas. “Tenemos muchísimas iniciativas ahí atoradas, que no se sacan al pleno, porque no han sido realmente trabajadas, porque las comisiones, la verdad es que ustedes lo ven, poco trabajan”.

Y fue más allá: “necesitamos poner en el reglamento que las comisiones efectivamente se encuentren aquí, que sesionen por lo menos cada quince días, ya no digamos cada semana, pero sí que sesionen efectivamente y que haya una memoria de ese trabajo, que los ciudadanos inclusive puedan estar al pendiente de esas sesiones y de ser necesario puedan participar”.

Insistió que más que reducir el número de diputados, es el trabajo del legislador el que se tiene que acotar y eso va en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Coincidió con aquellas voces que señalan que hay legisladores que en lo que va de la legislatura apenas han presentado una iniciativa, entonces “eso lo vamos a plantear dentro de lo que es la Ley Orgánica del Legislativo”.

Se deben de unir todas las comisiones, porque éstas, todas, tienen un por qué y un para qué fueron creadas, sin embargo los temas no están siendo atendidos por los diputados, es lo que podemos observar.

Es necesario entonces, acortar en el lugar que corresponde, ese trabajo y que los diputados puedan rendir cuentas claras, e incluso poner que deben hacer un informe bimestral de las acciones que hicieron, es necesario.

“La verdad lo que observo es que tenemos muchas iniciativas que han sido presentadas y que no han sido trabajadas por las comisiones. Hay diputados que difícilmente han presentado una iniciativa y no hay ninguna penalización al respecto, ni siquiera en forma simbólica, y tampoco está plasmado, hay que decirlo con claridad, en la Ley Orgánica”, señaló Zepeda Mesina.

Incluso Leticia Zepeda, dijo que a todos los humanos “lo que más nos duele es el bolsillo, entonces si no se sesiona, no rindes cuentas sobre tu comisión, no presentas ninguna iniciativa, si no se ve un trabajo legislativo efectivo, yo creo que sí debería de haber un descuento en la dieta, por incumplimiento de trabajo”.

Y anticipaba que en breve entregará la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y poner a trabajar a todos los diputados…

La disculpa…

Hay que señalar que este jueves el Congreso volvió a registrar poco más de la mitad de su cupo, pues por un lado acudieron los liberales, para que a través del diputado Federico Rangel se presentara un punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados, que el 21 de marzo, fecha del natalicio del Benemérito de las Américas,  sea festivo, y no como ocurre actualmente que cada tercer lunes del mes de marzo se “celebre” el natalicio de Benito Juárez.

Pero a ese grupo de liberales se empezaron a unir los de ¿Cómo Vamos? Colima, que aunque esta vez movilizaron menos gente si acudió poco más de medio centenar, encabezados por su presidente José Zarco Quintero, así como por su secretario, Guillermo Brun y por Mario Moncada, de la Coparmex.

Como llegaron aproximadamente a las 10:30 horas y la sesión no inició puntual, tuvieron oportunidad de platicar con Leticia Zepeda, que estaba en su curul esperando el inicio de la sesión, y les dio el pitazo de que habían bajado del orden del día el dictamen de reformas a la Ley de Hacienda del Estado.

Los empresarios de inmediato se movilizaron y para que vieran quién tiene el poder, las empresas y el dinero, en cuanto supieron que no se abordaría su tema en la sesión mandaron elaborar una lona con la leyenda “Nos retiramos, ¡LOS DIPUTADOS NO CUMPLIERON!”.

Platicando entre ellos, dando una que otra entrevista a los representantes de los medios, los empresarios insistían en que los diputados deben no solo sacar ya el dictamen de reformas a la Ley de Hacienda del Estado, sino hacerlo de manera favorable que les permita acceder a los recursos que debieran pagar los empresarios del Impuesto Sobre la Nómina, que se los den a ¿Cómo Vamos? Colima y con ello estar en condiciones de poder fiscalizar al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos, que firmaron el compromiso

A las 12:26 horas, luego de tres llamados previos por parte del presidente de la mesa directiva del Congreso, J. Guadalupe Benavides, para que los diputados tomaran sus lugares en el recinto, por fin abrió la sesión, pidiendo disculpas: “Una disculpa por iniciar una hora 30 minutos de retraso, por respeto al auditorio, al mismo Congreso, agradezco a las y los diputados que están presentes desde la hora oportunamente convocados”, diría Benavides Florián, al arrancar los trabajos de la sesión.

Se lee el orden del día y los empresarios corroboran que no se abordará el tema que tanto han estado insistiendo, y es que ellos daban por hecho de que sí se trataría en la sesión de ese jueves, por eso hubo algunos que se acercaron a los legisladores para decirles “nos vamos porque ustedes no cumplieron su palabra”.

Los empresarios estaban molestos, se veía en su rostro y es que les urgen que salga ya a la discusión del pleno la iniciativa de reforma del artículo 41 U-BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.

Los empresarios que habían comenzado a llegar desde las 10:30 horas, y fue hasta después de las 12:30 horas, cuando confirmaron la decisión del Congreso de no incluir el dictamen que esperaban, empezaron a movilizarse para abandonar el recinto.

Antes de dejar el recinto Guillermo Brun Solórzano, empezó a desplegar una lona con esa leyenda de “Nos retiramos, ¡LOS DIPUTADOS NO CUMPLIERON!”, querían dejar patente el incumplimiento de los legisladores por debatir esta iniciativa, que los medios tomaran sus placas, ellos hicieron lo propio, tomaron fotografías para empezar a difundirlas a través de las distintas redes sociales, y señalaban que ya analizarán qué medidas van a tomar “pero nos vemos en el 2018”, advertían algunos…

Los enojos de Martha… Legislatura de palo

Mientras los empresarios se tomaban fotos y daban entrevistas a través de Guillermo Brun, en el pleno la sesión continuaba y cuando se ponía a consideración la síntesis de comunicaciones, subió la ex coordinadora del PAN, Martha Leticia Sosa Govea, para solicitar “se nos entregue a la diputada Norma (Padilla Velasco) y a su servidora  copia de las iniciativas correspondiente a los puntos 21 y 22 que aparecen en la síntesis”.

Aquí el presidente de la mesa directiva J. Guadalupe Benavides, instruyó a la Secretaría dar trámite a la petición de la diputada Sosa Govea, luego se ponía a votación y se aprobaba por unanimidad.

Se desarrolló la sesión y llegó a Asuntos Generales, donde Martha Sosa, se inscribió para participar con tres asuntos, el primero para plantear una iniciativa para proteger a las menores de 14 años que sean embarazadas y se apliquen sanciones.

El segundo era para hacer un exhorto a la Comisionada presidenta del INFOCOL, y como el coordinador del grupo parlamentario del PRI, subió a decirle que no había los argumentos para aprobar ese exhorto ya que aún no se cumplen los plazos fijados por ley, ahí fue cuando de plano estalló la diputada manzanillense.

Primero dijo que ésta parecía una legislatura de palo, después  acusó al Director de Procesos Legislativo, de “haber hecho llegar información al propio INFOCOL  para decirles que pretendía hacer un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta comisionada que hiciera su trabajo, es lo que estamos haciendo, en todo caso que ella venga y conteste todo lo que usted vino a decirnos aquí, diputado (refiriéndose a Federico Rangel)”.

“Que si ella tiene elementos de juicio que desvirtúen la llamada de atención lo tiene que decir, pero no de aquí de Procesos Legislativos, hicieron la llamada a la presidenta y a los comisionados para que empezaran a mover sus comunicaciones y les advirtieran de lo que venía. ¡Qué pena!, ¡qué poco profesionalismo!, ¡qué nulo profesionalismo! se tiene por parte del licenciado Juan Pablo y de su equipo de trabajo”, expresaba Martha Sosa

La ex coordinadora del PAN estaba enojada, fuera de sí y seguía reclamando: “hace un rato, desde que se leyó aquí la síntesis de comunicaciones pedimos una información y es hora que no nos dan la información a la diputada Norma (Padilla) y a mí. Y todavía la mandamos pedir y nos dicen “…es que la tiene el oficial mayor, yo no la tengo”, ¡ah caray!, cómo es que hacen la síntesis de comunicaciones recibidas si no tienen en sus manos (los documentos) para poder acreditarlo”.

La diputada manzanillense estaba enojada y prácticamente gritaba desde la tribuna: “¿de qué se trata? ¿De colusión de funcionarios?, có-mo  es  po-si-ble que recurran a estas estrategias… ustedes podrán rechazar este punto de acuerdo… ¡pero ya vendrá la presidenta el próximo año!”, retaba Sosa Govea.

Después el coordinador de los diputados priístas Federico Rangel subió a tribuna a decirle que era fácil “lanzar epítetos y sentirnos lo impolutos, y decirle que no hay una legislatura de palo aquí” y luego recordaba la frase de Benito Juárez “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”, frase expresada el 15 de julio de 1867 al triunfo de la República, cuando los conservadores y el imperio de Maximiliano Habsburgo.

“Yo creo que el respeto es fundamental, sobre todo en la práctica legislativa y en la vida cotidiana. No hay legislatura de palo, somos gente que actúa en consonancia con ideales y con visión y qué mal también que en un momento dado se impute a un funcionario una responsabilidad de esa forma. Yo creo que hay que tener los elementos suficientes para hacer un comentario de esa naturaleza”, dijo Rangel Lozano.

Pero Martha estaba enojada…

Como se sometió a votación y apenas logró 9 votos, se desechó el punto de acuerdo planteado por Martha Sosa, a quien aún le quedaba un tema más, y volvió a la carga.

“Recojo mi documento y le pido al Oficial Mayor que regrese el correo electrónico que se le envió, electrónicamente con la versión de que contestamos el punto de acuerdo correspondiente, ahí está la prueba de que tuvieron la información e hicieron uso indebido de ella.

“Finalmente voy a entregar a los secretarios de la mesa directiva el siguiente oficio: La suscrita y los demás integrantes del Partido Acción Nacional, hacemos del conocimiento de esta asamblea, de lo siguiente:

“En la presente sesión se solicitó a las 12:30 horas al Director de Procesos Legislativos de este Congreso, para que nos proporcionara una copia de dos de los documentos enunciados en la correspondiente síntesis de comunicaciones y es el momento, han pasado casi cinco horas de la solicitud, que no se ha recibido dichos documentos, con el argumento de que el Oficial Mayor, solo le proporcionó al Director de Procesos Legislativos, el tema para ser incorporado a la síntesis de comunicaciones, mas no los documentos que estos lo integran”.

Sosa Govea estaba fúrica, y decía que con eso se demostraba “el poco profesionalismo del Director de Procesos Legislativos, Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández, elabora su trabajo. Que no es posible que entreguen una síntesis de comunicaciones, cuando no tiene los documentos que le dan soporte a la misma”.

“No podemos estar recibiendo una síntesis de comunicaciones, donde no sabemos si el documento que la soporta existe o está descrita en el sentido que la contiene, pues al carecer de documento, no debería de estar enlistada, ni tampoco tendría por qué el Oficial Mayor, obstruir el trabajo de esta Dirección de Procesos Legislativos”, decía Martha Sosa.

Y enseguida señalaba que en esa tesitura, solicitaba al presidente de la comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para que ponga orden y se consideren los trabajos legislativos con más profesionalismo, respeto y orden.

Martha Sosa le pedía a  Nicolás Contreras, como presidente de la Comisión de Gobierno Interno, instruir al Oficial Mayor, Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, aplique las sanciones al personal de este Congreso y se le imponga un extrañamiento verbal y escrito al Director de Procesos Legislativos, por no cumplir con las funciones que tienen conferidas en el reglamento de la Ley Orgánica”.

 

 La ex coordinadora del PAN estaba enojada y quería ver correr sangre, por eso nunca reparó que cuando ella pidió los documentos al presidente de la mesa directiva, J. Guadalupe Benavides, instruyó a la Secretaría “dar trámite a la petición”, y creo que los secretarios cumplen las encomiendas una vez que concluye la sesión.

Creo que la diputada Sosa, si hubiera solicitado que a través del Oficial Mayor, en ese mismo momento les entregaran los documentos, ahí hubiera sido la cosa distinta, pero no, me quedó la impresión que la Diputada Sosa Govea, tiene algo que quiere cobrarle al director de Procesos Legislativos, y esto solo fue el pretexto.

 

Para cerrar…

**Déjeme comentarle que este lunes a partir de las 8:30 horas habrá la ceremonia mensual del Congreso del Estado; debió haberse celebrado el pasado lunes 1 de mayo, pero como fue inhábil, será hasta hoy cuando se realice la ceremonia cívica… ya le platicaré cómo se pone, y cuántos diputados acuden.

**Le comento también que hoy a las 10:00 horas los diputados Nicolás Contreras, Javier Ceballos y Luis Ayala, de la fracción “Nuestro Compromiso por Colima”, ofrecerán rueda de prensa en la Sala de Juntas“General Francisco J. Múgica”.

**A las 11:00 horas allá en la Casa Ciudadana, sede del Partido Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán también ofrecerá rueda de prensa, ya le diré que temas abordó.

Finalmente para concluir comentarle que esta tarde a partir de las 18:00 horas, en el Salón Gobernadores, de Palacio de Gobierno, se iniciarán los trabajos  para la conformación de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, que es algo por lo que hemos venido luchando quienes conformamos el gremio periodístico organizado del estado.

Y para cerrar la columna solamente decirle que el pasado miércoles 3 de Mayo, por primera vez, los periodistas del estado, celebramos el Día Estatal del Periodista, siendo la primera ocasión que lo hicimos luego de que el Congreso del Estado, aprobó el decreto 221 el 8 de diciembre de 2016.

Paracaídas

Se celebró hace unos días, por primera vez en nuestro estado, el Día del Periodista Colimense, que auguró la conformación, que iniciará el próximo 8 de mayo, de una Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, que supongo  estará regida por la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Colima, que fue publicada en 2012,  durante la administración del ex gobernador Mario Anguiano. En esta ley ya se prevén los aspectos más importantes del ejercicio periodístico, su definición, sus ámbitos de alcance, los derechos del periodista y las obligaciones que el Estado tiene con él. Se define, por tanto, el tema del secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre y preferente acceso a las fuentes de información, los derechos de autor y de firma, la capacitación, las sanciones (en caso de que se violen por parte del Estado algunos de estos derechos) y, por supuesto, el de la seguridad, que establece “el derecho a los periodistas a solicitar protección a su persona, familia y bienes, previa denuncia ante las instancias correspondientes, en los casos de amenazas o de presunto riesgo”. Esta Ley está completa y más que crear más comisiones y comisionados (que siempre tendrán la venia del gobernador y, por tanto, responderán a sus intereses) lo que necesitamos los que nos dedicamos al análisis político, social y cultural de nuestra entidad, así como a transmitir información general de la misma, es que esta ley se aplique de forma justa y sin hacer distingos entre aquellos medios de comunicación y periodistas que son clara comparsa del gobierno del Estado (como Diario de Colima,Ecos de la CostaAFmediosColimaNoticiasEl Mundo desde Colima, etcétera), gracias a lo cual reciben privilegios de todo tipo (incluidos sus colaboradores) como aquellos otros medios y periodistas que son críticos con la tarea gubernamental y que, de conformarse esa Comisión anunciada, no gozarán por supuesto del beneficio de formar parte de ella. No se requiere, pues, cambiar nada para quedar peor de como ya estamos quienes buscamos desvelar las mentiras del estado y buscar la verdad en beneficio del bien común, a fin de que progresemos como sociedad, sino que esta Ley que ya existe se aplique tal cual se aprobó, de tal forma que el ejercicio periodístico se pueda realizar sin represalias de ningún tipo por parte del Estado ni tampoco éste, por supuesto, utilice su poder para cooptar conciencias  a través de beneficios económicos u otro tipo de brevas. Es sabido, por ejemplo, que detrás del guiñapo en el que se ha convertido el periódico Ecos de la Costa está, desdichadamente, el mismo secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa,  quien incluso tiene las manos metidas en el tema sucesorio del rotativo, como si el Estado fuera una empresa privada que se pudiera utilizar para fines igualmente privados. Insisto: se trata de utilizar la Ley para dignificar la labor periodística y a los periodistas mismos, cuidándoles su integridad física y moral, no para aglutinar en una Comisión a una camarilla de periodistas o pseudoperiodistas aliados al gobierno para que les sirvan a éste de cófrades cuando suceda una tragedia, que esperemos jamás tengamos que lamentar.


rguedea@hotmail.com

@rogelioguedea  

www.rogelioguedea.com 

Análisis Político

¿Colima es violento pero seguro porque es habitable por el buen orden público? Es una contradicción, la percepción ciudadana sobre si Colima es violento pero a la par se vive con seguridad y orden público es un tema que nos confunden por las estadísticas oficiales de seguridad pública federal contra otras estadísticas de organismos nacionales que miden el orden público, el turismo y la gobernabilidad, estos disparates ocurren no únicamente en Colima si no en todo el país.

Independientemente de este desgarriate estadístico oficial la diferencia de valoración se basa más bien en posturas política y no técnicas, pues los partidos sobre todo y sus miembros sus críticas dependen más bien de su filiación partidista del alcalde, del gobernador o del presidente del país, igualmente los medios informativos, los comunicadores y analistas tenemos diferentes puntos de vista y los medios tienen mayor impacto social y pueden direccionar la percepción bien o mal sobre la seguridad u otro tema, cuando la realidad sea otra, los responsables no se ponen de acuerdo como medir los estudios técnicos de percepción real mediante encuestas profesionales.

LA SEGURIDAD SE MIDE POR EL ORDEN PÚBLICO

Los países tienen diferentes métodos técnicos para medir la seguridad pública y ninguno tiene el mismo formato, aún cuando se sustenten basándose en los principales indicadores que son precisamente los homicidios dolosos, pero hay otros como los secuestros, los robos con violencia, varios toman de base el orden público y la gobernabilidad y por el número de policías que deben tener según su población, la ONU afirma que deben existir tres policías por cada mil habitantes, en México y más aún en Colima esto no se cumple. Los estados han descuidado y rezagado este tema durante años así se atrevió a declarar el actual Secretario de Seguridad en el Congreso para que este le autorice más policías.  

Pero la mejor medición es la del sentido común, porque nadie puede negar que en la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua los hoteles y los lugares frecuentados por el turismo nacional estuvieran abarrotados, y tampoco podemos negar que la vida de las ciudades del estado se lleven con normalidad en el trabajo, en las escuelas, a pesar de que algunos medios informativos traen toda la carga publicitaria en temas de seguridad pública ya que es parte de la mercadotecnia, es lo que más venden y se difunde en redes sociales.

Los medios nacionales acaban de ubicar a Querétaro, Monterrey, Mérida y Colima como las ciudades más habitables del país, las cuatro destacan en un primer grupo por la mejor percepción que tienen 28 mil ciudadanos entre ellos también colimenses, pues expresaron al ser consultados por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), para integrar el Índice de Calidad de Vida (ICAV). Colima es una entidad con buen nivel de vida y quieran o no reconocer, es tranquila, y muy a pesar de las muertes entre las bandas criminales.

EL GOBERNADOR EN DESACUERDO CON LA EVALUACIÓN ESTADÍSTICA

El gobernador Nacho Peralta Sánchez, atinadamente declaró su desacuerdo con los métodos de evaluación sobre la seguridad pública por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), al señalar este organismo que Colima es una de las entidades del país más violentas del país, tomando de base a homicidios dolosos, pues aunque es costumbre oficial medir así, tiene razón el mandatario estatal porque no existe un contraste con la realidad y la medición es obsoleta en relación a otros países.

El gran problema es que México entró a modernizarse, hizo varias reformas en materia de seguridad pública federal y en los estados con los famosos juicios orales, se ampliaron los derechos humanos, pero dejo intacta la forma técnica de calificar o evaluar los índices de seguridad pública y de justicia por las instituciones, quedando este tema rezagado por lo que es diferente a muchos países, ya que los indicadores son diferentes.

UN FACTOR EXTERNO PUEDE DISPARAR LA ESTADÍSTICA

Al cambio de la administración estatal argumentan los grupos políticos partidistas que se disparó la estadística de homicidios dolosos en los municipios y la culpa la tiene fulano o perengano, pero los registros señalan que la escalada proviene desde hace cerca de diez años y se dejó sentir al cambio de los gobiernos municipales y del estado, y quizás esto se deba a la llegada de las organizaciones criminales por el auge del puerto de Manzanillo, y vale la pena repetir aquí algunos párrafos que ya fueron publicados en algunos periódicos y se relacionan a lo que se atrevió a declarar a los medios el Secretario de Seguridad, Francisco Javier Castaño en una ceremonia con todos los policías estatales reunidos al inicio de su gestión como nuevo Secretario, les dijo; “ Les advierto que venimos a trabajar por el bien de Colima, si alguno de ustedes está con los malosos, con la maña, mejor retírese de una vez ya porque saldrán perjudicados, los estaremos vigilando permanentemente su actuar diario y les advierto también, para los malosos delincuentes no hay pactos, para ninguna organización criminal, todas deben salir, hay piso parejo, debemos detenerlos o sacarlos del estado pues nos damos cuenta que la mayoría de estos que hemos agarrado o caen muertos en enfrentamientos son de otros estados no son colimenses, vienen a delinquir debemos redoblar esfuerzos con los recursos que tenemos”

Volviendo al tema, el Procurador de Justicia fue más claro en los errores estadísticos al evaluar hipotéticamente a Ixtlahuacán señalando que si lo medimos de un año a otro, si en 2015 no hubo un solo homicidio y en 2016 hubo un criminal fuereño que se escondió allí y lo mataron en ese lugar, entonces la estadística que se aplica aumenta al 100%, nos indica erróneamente así que el municipio es violento a pesar que sus habitantes vivan en calma.

Por todo lo anterior la Secretaría de Gobernación debe ponerse las pilas también para tener una mejor metodología para evaluar en forma más precisa y contextualizada, porque de otra forma, la evaluación es errónea, pues Colima no puede ser el más inseguro o violento pero a la par, es el más recomendable para habitar o vivir. ¿Qué disparate?

Tarea Política

La mayoría de ex gobernadores priistas de Colima, no todos, salieron del cargo con sus patrimonios personales, familiares y de prestanombres, incrementados “setenta veces siete”; es decir, a la ‘n’ potencia. Hubo uno que tuvo el descaro de presumir que en seis años se había hecho más rico que los señores Brun en 100. Aunque todos pecaron en arca abierta, sólo a Jesús Silverio Cavazos Ceballos y a Mario Anguiano Moreno los peraltistas les han cargado todas  las pulgas, incluidas supuestas ligas con el crimen organizado que sentó sus reales en Colima durante el reinado de Elías Zamora Verduzco.

Cuando los peraltistas fustigan a Cavazos Ceballos por las trapacerías que cometió con su pandilla en perjuicio de los colimenses, pasan por alto que los integrantes de la misma pertenecieron a la de su paisano Gustavo Alberto Vázquez  Montes, a ninguno de los cuales, por cierto, la autoridad les ha hecho regresar al erario público municipal un centavo  partido por la mitad, mucho menos privado de su libertad. Los muertos se fueron al pozo y los vivales de sus parientes y prestanombres al gozo.

El compromiso públicamente asumido por José Ignacio Peralta de entambar a las presuntas  ratas del anguianato y quitarles los cientos de millones de pesos que se sospecha les robaron a los colimenses quedó en mera bravata de campaña electoral. Si los silveristas ya chingaron, los maristas también. Y como siempre, el pagano vuelve a ser el noble y aguantador pueblo colimense al que los dueños de lo que resta del PRI le quieren hacer justicia en los bueyes de sus compadres ex gobernadores de otras entidades de la República como Tamaulipas y Veracruz, por ejemplo. Antes de que lleguen a ajusticiar a MAM deben rodar las cabezas de por lo menos otros tres o cuatro exgobernadores priistas.

En Colima no hay exgobernadores ladrones qué perseguir, sino honrados ex servidores públicos que supieron hacer muy buenos negocios, principalmente de naturaleza inmobiliaria, desde el cargo que en mala hora para Colima ocuparon. Ellos ahorraron como hormiguitas mientras que a las chicharras se les fue en cantar y criticarlos.  Lo mismo aplica a los ex rectores de la Universidad de Colima amparados en la sacro santo manto de la autonomía que son dechado de virtudes como la providez, la honestidad y el manejo escrupuloso y transparente de los recursos que el pueblo le aporta a la educación superior que se supone gratuita para quienes la reciben.

Porque así lo ha derminado el sistema, en Colima no hay ni ex gobernadores ni ex rectores corruptos, mucho menos los actuales José Ignacio Peralta y José Eduardo Hernández, respectivamente.  Y si las cabezas están libres de pecado cuantimás los miembros de sus respectivos equipos. Como los peraltistas ya se convencieron de que resulta ocioso y al final del día contraproducente continuar marreando sobre el tema de los latrocinios al presupuesto estatal que aseguran cometieron  Mario Anguiano Moreno y su gavilla, lo han dejado de lado.

Todo fue pura faramalla para distraer al respetable y no fuera a acusar al gobierno de José Ignacio Peralta de incompetencia política y administrativa, lo que de todas maneras ha sucedido.  La mejor prueba de ello es que a pesar de llevar ya diez meses en el control mayoritario de Congreso del Estado, nada en serio y a fondo ha concretado para recuperar los cientos de millones de pesos que se sabe pasaron de los bolsillos de pueblo de Colima a los de Mario Anguiano Moreno y Cía., mucho menos para presentarlos ante la señora Justicia. En lugar de eso el PRI abanderará a varios de ellos como candidatos a cargos de elección popular en los comicios de 2018. Al tiempo.

EL ACABO

Los  silversitas y anguinistas incrustados en la administración estatal peraltista y en Delegaciones Federales son una prueba más de que todos se tapan con la misma cobija tricolor de la corrupción y la impunidad. ¿O no?

La risa que al ex gobernador veracruzano, Javier Duarte De Ochoa, le provocó su aprehensión en Guatemala, puso en evidencia su ‘arreglo’ con Enrique Peña Nieto y Cía., a quienes todos los chiles les embonan , acallando las campanas que el alto mando priista nacional había lanzado  al vuelo para celebrarla.

“La detención de Duarte no pudo realizarse antes porque no existía una solicitud de las autoridades mexicanas”: Thelma Aldana Hernández, Fiscal General de Guatemala. Sin comentarios.

Para el diputado PRI-dependiente,        Nicolás Contreras Cortés, “la autoridad no está cumpliendo ni generando las condiciones para que haya un estado seguro, la ciudadanía está molesta ante los resultados que se han tenido en el combate a la delincuencia, y la población no tolera los riesgos a los que se están enfrentando. Son los tres órdenes de gobierno, pero a nivel local debe ser el Procurador, el Secretario de Seguridad o el mismo gobernador debe darnos una explicación para saber qué es lo que está sucediendo en Colima y desde el Congreso local en qué podemos apoyar”. ¿Lo están oyendo, inútiles?

Estación Sufragio

Me queda claro, si alguna intención tiene el gobernador Ignacio Peralta de cambiar al secretario de Educación, la decisión se ha venido postergando para no dar la impresión de que le cumple el capricho a su tío. En el Diario de Colima se pide un día sí y otro también la renuncia de Oscar Javier Hernández Rosas, pero ni éste la presenta ni el mandatario estatal se la exige para no que se piense que JIPS acata órdenes de los parientes.

Fuera del estado, más de algún observador de la realidad política en Colima debe suponer que Hernández Rosas ha durado en el cargo porque Nacho Peralta no quiere tener una nueva confrontación con su antiguo aliado político y roomate, José Manuel Romero Coello, director general del Instituto Nacional de la Juventud.

Junto a la subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Mely Romero Célis, y la presidenta del Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), Ximena Puente de la Mora, el titular del Imjuve es el colimense con el más alto cargo en la administración federal. Y como un político con proyección nacional, Romero Coello es un aspirante natural a cualquiera de las candidaturas del PRI a los cargos de elección popular que se disputarán en 2018 en Colima.

Resultaría comprensible, entonces, que José Ignacio Peralta Sánchez no quisiera provocar un conflicto mayor con alguien con quien ya rompió personalmente, aun cuando no falta en los corrillos políticos quien asegure que el pleito entre Nacho y Romero fue fingido.

En Colima, donde la gente tiene información actualizada sobre quién fue novio de la hija de quién pero ya no lo es, o quién no le contesta más el teléfono a quién, hasta los ideólogos de café saben que es el distanciamiento entre José Manuel y Oscar Javier lo que no se simula.

Si bien es verdad que Hernández Rosas llegó a la SE como una posición de Romero Coello cuando todavía no se producía el rompimiento con Peralta, también es cierto que Oscar Javier cabalga por su lado.

Fue una mala inversión. Por los servicios prestados como coordinador de la campaña para la elección extraordinaria a Gobernador, José Manuel pudo haber negociado la incorporación al gabinete de dos o tres perfiles valiosos, en posiciones de primer o segundo nivel.

Seguramente José Manuel cometió un error al negociar como un favor personal la cartera de Educación para Oscar Javier, porque como podría haber escrito Donald Trump en su manual de negociación, se la vendieron muy cara.

Se dice que Ignacio Peralta estaba renuente a la petición de Romero Coello porque lo habían convencido de que Hernández Rosas dio malos resultados como operador electoral en la contienda ordinaria. En esas circunstancias, Oscar Javier sólo contaba con la recomendación de José Manuel.

El capital político de Hernández Rosas es limitado, no fue líder magisterial (buscó ser secretario de la Sección 39 pero la perdió contra Nicolás Contreras, quien en esa época se asumía como la continuidad del proyecto sindical de Federico Rangel) ni tampoco consiguió llegar a la SE en su primera intentona, cuando el gobernador en turno (Mario Anguiano) prefirió a Guillermo Rangel Lozano.

Medir fuerzas con los hermanos Rangel desde la dirección del Instituto Estatal de Educación para Adultos, tuvo graves consecuencias para la carrera de Oscar Hernández en el sector educativo. Literalmente fue defenestrado por el anguianismo y quien lo rescató fue José Manuel Romero, que se lo llevó de asesor al Imjuve.

En ese momento, por cierto, formaban parte del staff del director del Instituto dos colimenses que hubieron de buscar refugio en la ciudad de México cuando los dejaron en la banca en su tierra. Luego, esos dos se integrarían al gabinete del gobernador de Colima: JIPS invitó a Oscar Javier a la secretaría de Educación y designó a Héctor Gerardo Munguía García como secretario de la Juventud. Unos meses después este último se hizo cargo de la Secretaría Particular para tratar de resolver los graves problemas de agenda que se le presentaban (y se le siguen presentando, según algunos) al mandatario.

La relación de Romero con Oscar Javier empezó mucho antes. Hernández Rosas fue coordinador de la campaña de José Manuel a la diputación local por el primer distrito, y se le atribuye a su capacidad de planeación que el PRI pudiera recuperar una curul que tenía 15 años en manos del PAN.

Aunque ya no había posibilidades de que fueran familia, Romero Coello y Hernández Rosas hicieron una buena mancuerna laboral y política. Parecía una amistad sólida. Pero cuando sobrevino el affair en el que Ignacio Peralta acabó denunciando en los medios que José Manuel se quedó seis meses a vivir en el departamento del entonces subsecretario de Telecomunicaciones de la SCT cuando la petición de asilo fue por una semana, la relación vino a menos.

De pronto, Oscar Javier ya ni le tomó el teléfono al joven funcionario federal que se había convertido en su padrino político. “En 10 minutos te regreso la llamada”, le dijo una vez que José Manuel le marcó a su celular. Eso fue en diciembre de 2016 y hasta abril de 2017 el director del Imjuve ha estado esperando.

Muchos dicen que Oscar Javier tiene los días contados como secretario de Educación. Se espera que el cuete truene el primero de mayo, cuando los maestros del estado (SNTE 39) buscarán que Hernández Rosas pague por las decisiones que tomaron los funcionarios del gabinete económico de retener (y no devolver completamente cuando los sindicalizados protestaron) el impuesto sobre la renta por concepto de aguinaldo y otras prestaciones. Si el secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, es el funcionario más fuerte del gabinete, el titular de la SE evidentemente no lo es.

Que Oscar Hernández sobreviva o no al sacrificio, ya no depende de Romero Coello. Cuando se percató que había un alejamiento entre Nacho y José Manuel, el secretario de Educación quiso jugar su resto y se lanzó a un protagonismo que, probablemente, resultó excesivo. La alternativa era mantener un bajo perfil o alzarse en el horzonte. Optó por lo segundo y se convirtió en el blanco de severas críticas que poco a poco lo han ido minando.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

 

Paracaídas

El líder más visible de la organización ¿Cómo vamos, Colima?, Guillermo Brun, está realmente incordiado porque no consigue del Congreso del Estado la aprobación a la iniciativa de Ley enviada por el gobernador del Estado, Nacho Peralta, para poder obtener (vía el impuesto sobre la Nómina) muchos millones de pesos anuales a fin de que su organización pueda fiscalizar las cuentas del Estado.

Hace unos días, incluso, amagaron a los legisladores (plantándose frente al Congreso con otro grupo de empresarios igualmente interesados en sacar partida de esta medida legal) para exigir que se le resuelva a favor la mencionada iniciativa, a la cual yo personalmente no me opondría si ese dinero obtenido del impuesto sobre la nómina fuera destinado a causas más nobles, como a desayunos y becas escolares, arreglo y equipamiento de escuelas, profesionalización docente, etcétera, y no a un grupo de empresarios, comandados por Brun, que lo utilizarán para hacer la labor que instituciones debidamente establecidas (como el Osafig) ya hacen y con repercusiones legales importantes.

Esta organización, espuria y que tiene todo el rechazo de la sociedad, le quiere vender la idea a la ciudadanía (tal como hicieron los españoles con los espejitos) de que con ese dinero que obtendrán van a fiscalizar las cuentas del gobierno, para luego darnos su reporte (que no tienen ninguna fuerza legal) y nosotros como ciudadanía sepamos cómo vamos en Colima en términos de corrupción, transparencia, salud, seguridad, incluso hasta en educación.

Si bien esta es también una forma en que el gobernador del Estado, Nacho Peralta, les pagará los favores que recibió de esta organización durante su campaña (de ahí que haya enviado esta desorbitada iniciativa), es totalmente injusto que la sociedad colimense tenga que pagar (porque eso es realmente lo que es, así se empeñen en decir que va vía impuestos sobres la Nómina y demás) los compromisos políticos y los intereses económicos de esta ilegítima organización.

Si tanto interés tuvieran Guillermo Brun en ayudar a la población que padece hambre, inseguridad y desempleo, entonces que de su propio dinero (que no es poco) solventen esa organización o cuando menos lo utilicen para exigirle a las instituciones establecidas para desempeñar tal función (como el mencionado Osafig) que cumplan a cabalidad con su tarea.

Pero no se puede esperar eso pues hay antecedentes de que usan sus privilegios (económicos y, por extensión, políticos) para obtener beneficios que un ciudadano común no podría.

Por ejemplo: a mi correo electrónico llegó un documento (enviado por un ciudadano que pidió anonimato para evitar represalias) en donde se constata que Guillermo Bruno (él es quien firma la petición precisamente dirigida a Nacho Peralta, entonces presidente municipal de Colima) obtuvo permiso para el espacio aéreo (espacio que es de los ciudadanos) que ocupa La Marina San Fernando y para lo cual sólo paga en especie un local comercial que usa el municipio para trámites administrativos.

Quisiera saber qué pasaría si yo compro dos casas (una enfrente de la otra, con una calle de por medio) y luego le pido al Ayuntamiento que me permita conectarlas por arriba para evitarme la pena de cruzar la calle, tal como hicieron los dueños de La Marina. ¿Me lo permitirían?

A raíz de una publicación que hice de esto en Facebook, muchos ciudadanos se manifestaron no sólo en contra de esta organización, sino que también refirieron otras situaciones de similar tipo cometidas por Guillermo Brun y familia (como el caso Altozano, etcétera), que las autoridades correspondientes deberían verificar.

Nada bueno indica, pues, que esta organización se quiera ahora erigir como juez de la transparencia y la rendición de cuentas cuando hay evidencias claras de que sólo se quiere conseguir el beneficio de un grupo de personas, respaldados por otro grupo de empresarios que podrían igualmente salir beneficiados con esos donativos, pues en nuestro país la corrupción ha permeado sobremanera el sector empresarial también.

Yo apelo desde aquí a los legisladores a que sean claros y contundentes con esta resolución: no pueden sentar un precedente de este tipo porque la ley es muy clara y siempre atiende al bien común, no a un grupo de personas a las que lo único que les interesa es conservar (y agrandar, incluso) sus privilegios.

Desde la Curul 26

Tal y como estaba previsto el pasado lunes la organización “¿Cómo Vamos?, Colima”, salió a mostrar su “músculo” y llenó la butaquería del recinto del Poder Legislativo, para que los diputados se dieran cuenta que los empresarios también saben, pueden y tener el poder para movilizar a sus gentes, a sus empleados, más cuando se trata de exigir recursos económicos.

Yo no sé cuántos de los 200 o 300 que asistieron al recinto legislativo, fueron realmente convencidos de que es necesario que el Congreso del Estado, apruebe la reforma al artículo 41 U BIS de la Ley de Hacienda, para que le permita a la organización ¿Cómo Vamos? Colima, acceder hasta a un 5% de los recursos que se captan del Impuesto Sobre la Nómina, supuestamente para realizar ellos, los patrones, los empresarios, una supervisión, mediante auditorías de la actuación del Gobierno del Estado en las áreas de Educación, Salud, Seguridad Pública, y Despacho del Ejecutivo, donde va incluido el aspecto del manejo de las Finanzas.

Y también realizar las acciones de fiscalización de las administraciones municipales que accedieron, firmándoles un documento a ¿Cómo Vamos? Colima, para que los fiscalicen en los mismos rubros que al Ejecutivo estatal.

¿Cuál es el argumento, del por qué ellos quieren auditar a la administración estatal y a los municipales, cuando no tienen sustento legal, ni ningún tipo de reconocimiento?, lo que han esgrimido los patrones no tiene paragón: “porque la gente no les tiene confianza a los entes que auditan al gobierno, ni nosotros tampoco”, dijeron.

Los empresarios saben que no tienen ningún sustento legal, lo que ellos están proponiendo o tratando de hacer, salvo el regresarse para sí los impuestos que ellos le entregan al gobierno; en consecuencia los 8, 10 o 12 millones anuales que les represente el 5 por ciento de los recursos del Impuesto Sobre la Nómina, a que pretenden ellos acceder sería dinero tirado a la basura.

Eso lo reconoce el propio empresario Guillermo Brun Solórzano, al preguntarle cómo actuarían si detectaran que l gobierno estatal o lis municipales están incurriendo en alguna irregularidad, “…lo haríamos público, esa sería la principal herramienta, la de publicar y denunciar por esa vía todo lo malo que encontremos y ya será responsabilidad de las autoridades que ellos lo retomen, pero si vemos que no lo hicieran, presentaríamos la denuncia como contraloría misma de manera directa”, destacó.

Así de claro está…. Solo haría la denuncia pública.

Desde esa manera de ver las cosas entonces sería como si los medios de comunicación exigieran que se les canalizaran recursos, a diario se publican informaciones sobre presuntos desvíos, malos manejos, etcétera, etcétera, y nunca pasa de la condena mediática y se ha reformado ninguna ley para que anualmente se les reparan equis cantidad de millones de pesos.

Entonces si no hay un sustento legal, ¿para qué diablos necesitamos que un organismo se lleve millones y millones de pesos?, que tanta falta le hacen a las administraciones estatal y municipales para surtir medicamentos, para alumbrado de calles y avenida, para empedrados, machuelos, introducción de servicios y fortalecer la seguridad.

Yo entiendo que hay un hartazgo de la sociedad y que se debieran modificar leyes, para hacer más expedita la aplicación e impartición de la justicia en aquellos casos donde se han denunciado, por únicos órganos autorizados para auditar y fiscalizar los recursos públicos…. Ahí sí a lo que se le debe invertir, no en crear otros membretes que succionen la ubre gubernamental.

A la vieja usanza…

Si usted hubiera acudido al Congreso del Estado, se habría dado cuenta de cómo movilizaron lista en mano a los trabajadores de negocios de vehículos, de instituciones educativas, --bueno hasta religiosas que dan clases en los colegios, tuvieron que asistir uy sabe qué, que también ellas tuvieron que firmar las listas de asistencia, con nombre, dirección y empresa o negocio pertenecían.

Hubiera visto como andaban circulando las listas, fila por fila y como en la parte posterior colocaron personas para saber quiénes solo habían firmado y se habían retirado, por eso es que a pesar del retraso de casi cuatro horas, un gran número de “convencidos” apoyadores de ¿Cómo Vamos? Colima, se quedaron hasta después de la cuatro de la tarde que concluyó la sesión y que fue hasta que ellos pidieron ser escuchados.

Hubo quienes llegamos a pensar que había sido una descortesía política de los legisladores, no haber declarado u receso para atender a esa gente y evitarles que se quedaran las horas y horas en el recinto, pero no, precisamente eso es lo que querían los patrones que sucediera, mostrarse de cuerpo entero.

Por eso aún cuando en la misma primera fila estuvieron Guillermo Brun Solórzano, José Zarco Quintero y Miguel Castro, éste representando a los empresarios de Manzanillo, nunca hicieron el intento de irse rápido….

Quizá les hubiera bastado  haber guiñado el ojo a uno de sus diputados aliados, --que hay que decirlo que los tienen--, para que hubieran intercedido y los hubieran atendido antes, pero no, porque de haberlo hecho así hubieran perdido el impacto mediático.

Así durante más de cuatro horas soportaron en ratos el calor que arreció en el interior del Congreso, porque los climas artificiales fueron insuficientes, viendo como a cualquier ciudadano de a pie, a personas de la talla de la ex primera dama del estado, la señora Amelia Guedea de De la Madrid, quien fuera presidenta de los sistemas DIF y Voluntariado estatal, sentada acompañando a su hermano, el esposo de la maestra Svea Bustos, directora propietaria del Colegio Gandhi.

O al hombre fuerte de la Nissan, al propietario del Colegio Campoverde, del Colegio Anáhuac, de empresas que se dedican a la tecnología, eso es lo que Guillermo Brun, José Zarco y demás dirigentes de ¿Cómo Vamos? Colima, quisieron mostrar a los legisladores, el músculo, la fuerza y el poder, sobre todo económico, que tienen.

Ya lo dijo Guillermo Brun: “…no pretendemos sustituir ni al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, ni a la Contraloría del Estado, lo que pretendemos es coadyuvar con ellos y nosotros hacer las auditorías y publicarlas para que las autoridades las retomen y en caso de que no lo hagan ver la manera de presentar las demandas”.

 “Nosotros no tenemos ningún problema, ni estamos en contra del OSAFIG, ni de la Contraloría del Estado, ni mucho menos, lo que decimos es que las condiciones hoy de esos organismos, no están dadas para poder captar la gran cantidad de problemas de nuestro país y eso no es que lo diga yo, ustedes volteen a cualquier estado de la República, Colima mismo, y vean la gran cantidad de fondos malversados que ha habido en los estados, justamente por una incapacidad de hacer todo lo que se hace”, afirmó el empresario.

Por eso insistió en que ¿Cómo estamos? Colima, no la vemos como alguien que está en contra del OSAFIG o en contra de la Contraloría, sino como un complemento de ellos; hay cosas que nosotros podemos detectar y denunciar más rápido que como ellos lo podrían hacer, entonces seríamos como un complemento de ellos.

“Nunca hemos hablado mal de ellos, y sentimos que hay la carga es demasiada y lo que perseguimos es ayudarlos”, señaló Brun Solórzano.

Antes de retirarse quisieron dejarles tarea a los diputados “…esperamos que en la próxima sesión no sólo presenten el dictamen sino que lo aprueben”.

¿Y la reforma…?

Ya en otro tema déjeme comentarle que en la misma sesión la fracción “Nuestro Compromiso por Colima”, como lo habían anunciado desde la semana pasada, presentaron dos iniciativas para iniciar con la reforma electoral que está próxima a fenecer.

Para ser exactos a partir de hoy les quedan 63 días a los diputados, para sentarse en torno a una mesa y presentar las iniciativas de cada uno, las que se han recibido en el Congreso, las que les interesan y las que realmente quieren sacar en materia electoral.

En 63 días, es decir al último día de junio, deben estar aprobadas, en el Congreso, aprobadas en los ayuntamientos, hacer las declaraciones y promulgar el decreto y de las reformas a la Constitución Local, al Código Electoral, al Código Penal, en caso de que hubiere alguna reforma y todo eso debe ser al último día de junio.

Los diputados deben tener claro, que el último día de junio, debe ser para que ya  estén aprobados, promulgados y publicados todos los dictámenes, decretos y documentos que conlleven la reforma electoral, no es para que hasta entonces se quieran sentar a empezar la reforma.

¿Y sabe qué?, no se les ven ganas de sentarse a instalar la mesa de la reforma electoral… dan la impresión como si estuvieran esperando que alguien les hiciera la chamba y les entregara todo digerido, nomás para subir a tribuna leerlo, dar su posicionamiento y sanseacabó.

Por más que trato, no les veo las ganas de que quieran ponerse a arrastrar lápiz y a comenzar las reuniones de trabajo y discutir artículo por artículo, la propuesta de cada uno de los interesados en esa reforma.

Como le decía estamos a escasos 60 días para que venza el plazo para el que el Congreso del Estado de Colima pueda realizar las modificaciones legales en materia electoral, lo que implica modificar la Constitución Política del Estado, y el Código Electoral básicamente y no se ve para cuando puedan iniciar.

Ya empezaron los pellizcos y piquetes de ojos…

Cada grupo legislativo se la ha pasado en declaraciones de que pretenden hacer una gran reforma en esa materia, que Colima y los colimenses cuenten con un marco adecuado donde se superen las fallas que se tuvieron en el último proceso, sin embargo no se ve por dónde.

Cada partido político y cada grupo legislativo representados en la Cámara de Diputados traen su propia fiesta, plantean sus propuestas y tratan de sacar el mayor jugo posible, en el manejo mediático, sin embargo hasta el momento ninguno de los grupos ha dado la seriedad que se requiere para comenzar los trabajos.

Ninguno de los actores de políticos ha tomado la iniciativa de pararse en la máxima tribuna del estado, leer el compendio de iniciativas que de manera aislada desde hace más de un año han estado llegando al Congreso y emplazar a los demás grupos a instalar a la voz de ya, la mesa de la reforma electoral….

Eso sí, los pellizcos, los piquetes de ojos y las patadas por debajo de la mesa, ya empezaron.

Apenas sube uno de los grupos y presenta lo que ellos consideran es lo que debiera modificarse en materia electoral y sale el otro a desacreditar al adversario  incluso con acusaciones de que les plagiaron las ideas o les fusilaron las iniciativas.

Al paso que van, lo que debiera ser una verdadera reforma electoral, profunda, de gran calado, que responda a las necesidades de los colimenses, va a quedar en una simple miscelánea.

Al final, si el tiempo le ajusta les alcanzará tal vez para concretar los cambios para hacer realidad la reelección de diputados y munícipes, que si acaso eso es lo que realmente les interesa en el fondo.

Pero olvídense, aunque ha sido parte del discurso, de que van a disminuir el número de diputados como ya lo dijo el grupo legislativo del PAN y apenas esta semana lo dijo la fracción “Nuestro Compromiso por Colima”, de que desaparezcan cuatro de las nueve diputaciones plurinominales, para que a partir de la siguiente Legislatura, solo haya 21 diputados.

Ese cuento no es nuevo, ya lo hemos escuchado hace tres años y hace seis, y todos dicen que sí pero al momento de arrastrar lápiz, se acuerdan que si bajan el número de posiciones no les va a alcanzar el pastel para cumplir los compromisos que ya tiene cada partido, y queda todo igual. Esta vez no va a ser la excepción, se lo aseguro desde este momento.

Los diputados dejaron que se les pasara el tiempo. Si se lo proponen en una quincena o tres semanas, trabajando en serio y arrastrando lápiz, podrían sacar esa reforma electoral, sin embargo no sé ve dónde está ese valiente que logre sentar a todos los actores políticos, incluidos los partidos, para que inicien ya la reforma electoral.

A decir verdad, no hay que hacerse demasiadas  ilusiones…

Para cerrar…

**Una para el Congreso, me comentaron que el acuerdo aprobado por esta Legislatura, para no cobrar multas y recargos a los concesionarios del servicio público, a propuesta de la diputada Graciela Larios, no lo están haciendo efectivo en las Receptorías, aducen que no tienen conocimiento, ¿entonces si no se van a publicar los decretos en el periódico oficial y en consecuencia no entrarán en vigor, para qué tanto brinco?.... ojalá se investigue.

**El Instituto Nacional Electoral, ya dio a conocer los 24 nombres, --12 mujeres y 12 varones--, que obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de conocimientos, efectuado el sábado 8 de abril, donde destaca que los varones lograron mejores calificaciones que las mujeres, de quienes aspiran a cubrir las cuatro plazas de consejeros del Instituto Electoral del Estado de Colima

De acuerdo a la lista dada a conocer, en el caso de las mujeres la ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, (que yo insisto que ella está impedida para ocupar el cargo, por haber sido destituida en octubre de 2015), fue la que alcanzó la calificación más alta, al obtener 79 aciertos para una calificación de 92.94%.

La relación completa es la siguiente:

1.- María Elena Adriana Ruiz Visfocri, 79 aciertos, para una calificación de 92.94%. 2.- Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 75 aciertos, 88.24 de calificación. 3.- Martha Elba Iza Huerta, 72 aciertos, 84.71 de calificación. 4.- Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, 71 aciertos, 83.53 de calificación. 5.- Celia Cervantes Gutiérrez, 70 aciertos, 82.35 de calificación. 6.- María Guadalupe Pérez Mejinez, 70 aciertos, 82.35 de calificación 7.- Arlen Alejandra Martínez Fuentes, 67 aciertos, 78.82 de calificación. 8.- Sandra Eugenia García Arreola, 66 aciertos, 77.65 de calificación. 9.- Rosa Esther Valenzuela Verduzco, 66 aciertos, 77.65 de calificación. 10. María Guadalupe García Vázquez, 63 aciertos, 74.12 de calificación. 11. Roberto Munguía Huerta. 62 aciertos. 72.94 de calificación. 12. Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez, 62 aciertos y una calificación de 72.94.

Por lo que se refiere a las 12 mejores calificaciones en el examen de conocimientos de los varones, la relación queda de la siguiente manera:

1.- Ricardo Caro González, 83 aciertos, y una calificación de 97.65; 2.- José Daniel Miranda Medrano, 75 aciertos, 88.24 de calificación; 3.-  Edgar Ramón Montaño Valdez, 75 aciertos, y una calificación de 88.24; 4.- Juan Manuel Rodríguez Peña, 73 aciertos y una calificación de 85.88; 5.- Mauricio Zuazo Rueda, 73 aciertos y una calificación de 85.88; 6.- Gerardo David Amezcua Álvarez, 72 aciertos y 84.71 de calificación; 7.- René Eustaquio Silva Carrillo, 72 aciertos , 84.71 de calificación; 8.- Fernando Arturo Vega Alcaraz, 72 aciertos, y una calificación de 84.71.

En la posición 9, Javier Ávila Carrillo, con 71 aciertos y 83.53 de calificación; 10, Víctor Manuel Gómez Corona, con 71 aciertos y 83.53 de calificación; 11, Miguel Ángel Núñez Martínez, con 71 aciertos para un 83.53 de calificación; y, 12, Elías Sánchez Aguayo, 71 aciertos para el 83.53 de calificación.

De acuerdo a las bases de la convocatoria a partir de la publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa tendrán dos días hábiles para, en su caso, solicitar por escrito la revisión del examen.

 La siguiente etapa, será el ensayo presencial, que se prevé llevar a cabo el 13 de mayo próximo, y enseguida la valoración curricular y entrevista.

**Por otra parte le informo que por unanimidad, los 25 diputados aprobaron la iniciativa mediante la cual se aceptó la reincorporación de Julia Licet Jiménez Angulo, a sus actividades como diputada propietaria de la Quincuagésimo Octava Legislatura.

Al darse lectura al dictamen de referencia, se dio lectura al oficio mediante el cual Jiménez Angulo solicitó a este Congreso local reintegrarse a sus funciones como diputada propietaria, señalaba que habían sido superadas las causas que motivaron su separación, por lo que solicitaba se le aprobara su petición de reincorporarse de inmediato a los trabajos de la Legislatura.

**Ya solo para concluir comentarle que el próximo lunes 1 de mayo habrá marcha obrera, donde miles y miles de trabajadores saldrán a las calles a realizar la marcha del silencio, donde no hay protestas, y ya a la clase laboral, por conveniencia en muchos casos y por sometimiento de parte de sus líderes en otros, no manifestarán lo que quisieran gritar a los cuatro vientos, y a seguirlo manifestando entre dientes, o como charlas de café entre compadres y amigos…

**Y ahora sí finalmente solo manifestar mi solidaridad al colega, compañero y amigo, Francisco Javier Virgen, que se encuentra delicado de salud internado en una institución médica. Hago votos porque pronto supere la difícil circunstancia en que se encuentra y pronto esté nuevamente entre nosotros.

Análisis Político

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública iniciaron ayer miércoles en la ciudad de México un curso de capacitación para integrarlos en el “Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad” la capacitación es realizada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito en México, junto con la Comisión Nacional de Seguridad de nuestro país y la Embajada de Estados Unidos en México.

Se tiene contemplado también que para el mes de agosto próximo que personal especializado a nivel internacional venga a Colima para ampliar esta capacitación a 460 elementos de la SSP sobre los grupos vulnerables que incluyen a las mujeres violentadas, así también habrá adiestramiento para 55 radio operadores del C4, para mejorar la eficiencia en el servicio que se presta a la población a través del 911 y 089, especialmente cuando haya reportes de violencia contra las mujeres. Esta capacitación se realiza con fondos internacionales y Colima fue beneficiada gracias a la intervención del gobernador del estado Ignacio Peralta Sánchez y el Contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública.

Por tal motivo el Gobierno del Estado por indicaciones del gobernador y gracias al apoyo que logró de los programas sociales internacionales se capacitarán así a 515 elementos de seguridad pública en favor de las mujeres de la entidad para que sean atendidas adecuadamente, además ha dado indicaciones a las instituciones de seguridad para que cumplan conforme a la ley y vigilen en forma preventiva en los casos que ya se han registrado hechos violentos para que se les dé seguimiento oportuno.

Por lo anterior, la emisión o no de la Alerta de Violencia de Género, cuyo dictamen se enviará a la Secretaría de Gobernación, que será la instancia de resolver sobre su procedencia, el gobierno del Estado está al pendiente de lo que se decida, no sin antes aclarar que, independientemente de que no se emita, se están implementando programas para atender a las mujeres que puedan sufrir algún tipo de violencia y que mejor que ahora se capacitará al personal de seguridad pública para atender mejor a los grupos vulnerables como son las mujeres violentadas o familias marginadas o pobres. 

La semana pasada vimos las fotos y leímos las notas en donde el gobernador instruyó a los integrantes del gabinete estatal a trabajar de manera coordinada en un programa para prevenir la violencia de género, consistente en que cada una de las áreas de la administración pública del Gobierno del Estado de Colima identificara los programas que atienden a la población de mujeres receptoras de violencia y hagan los esfuerzos que sean necesarios, para que en el ámbito de sus competencias, atiendan de manera efectiva y afectiva la violencia contra las mujeres.

La administración estatal, pues, está realizando esfuerzos para mantener a las mujeres en un ambiente libre de violencia, por lo que, de no llegarse a concretar la emisión de la Alerta de Violencia de Género, se tendrá que exhortar al Congreso del Estado para que a la brevedad posible analice la iniciativa para la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos por violencia de Género y Trata de Personas.

También realizar los esfuerzos necesarios para lograr la coordinación institucional necesaria a fin de que se erradique la violencia de género, lo que implicaría, entre otras cosas, instalar Unidades de Género en todas las dependencias. Se emita o no la AVG, el gobierno del Estado demuestra que con estas acciones ha estado en favor de las mujeres, este es un análisis.

Estación Sufragio

Sin duda, para enfrentar el problema de la inseguridad se requiere de una ciudadanía corresponsable. Pero la responsabilidad directa sigue siendo del Estado.

Es cierto, el fenomenal crecimiento de la delincuencia se explica por el deterioro del tejido social.  Sin embargo, ¿no fue determinante para la destrucción de este tejido social la corrupción de las instituciones públicas relacionadas con la seguridad pública: policías, procuradurías de Justicia y tribunales?

Ahora ya no se habla de un Estado fallido, sino de un verdadero Estado criminal: un entramado de intereses y complicidades que prosperan (obviamente al margen de la ley pero no de la inteligencia gubernamental) en función del impresionante poder económico de las mafias.

Las industrias delictivas (que no sólo son el narcotráfico) generan tal cantidad de recursos financieros que en muchos países acabaron con la ética política. En esas naciones –las películas de acción hablan siempre de Europa del este y la antigua Unión Soviética– el poder instituido está al servicio del poder fáctico. Pero en el cine de Robert Rodríguez, director de El Mariachi, o en cintas como El Infierno de Luis Estrada, ésa es también la realidad mexicana.

Mientras las autoridades no sean capaces de depurarse a sí mismas, con oficinas de Asuntos Internos como los que tienen las mejores policías, poco es lo que puede hacer la sociedad civil en democracias como la mexicana donde los ciudadanos no votamos al sheriff ni al fiscal de distrito.

No obstante, en ese estrecho margen de acción sí pueden hacer señalamientos. Y esa es la función de los observatorios ciudadanos que han conseguido, por ejemplo, establecer semáforos delictivos cuyo propósito es encender los focos amarillos de alerta o rojos de alarma.

En todo el país, el discurso de estos ciudadanos observadores se resume en afirmar que la estrategia de seguridad desplegada por el Estado mexicano es un fracaso, que dicha estrategia –la cual consiste fundamentalmente en atrapar capos del narcotráfico y extraditarlos– solo causa olas de violencia ya que, al quedar descabezados los cárteles, se desata mayor violencia al iniciar disputas entre los lugartenientes de esas organizaciones o a nivel interno.

Gracias a las millonarias utilidades que deja el trasiego de drogas, los grupos criminales consiguieron anular el Estado de derecho y asegurar altos niveles de impunidad, la cual les permite florecer a otras formas de la delincuencia organizada: desde la piratería que parece no hacerle daño a nadie hasta el cobro de piso; desde la extorsión que se supone sólo afecta al que cae en el garlito hasta el secuestro; desde la trata de blancas a la pornografía infantil u otras formas de esclavitud moderna.

Cuando una autoridad “vende la plaza” por codicia o creyendo que el dinero del narcotráfico impulsará a la economía local, le está abriendo las puertas a otros delitos que afectan a la población en general y no sólo a los consumidores de enervantes. Si la delincuencia organizada logra capturar al Estado, es porque antes los titulares de las instituciones públicas abrieron las puertas a los criminales.

Otra cosa es cómo se explican estos fenómenos delictivos las autoridades de Seguridad y a quién responsabilizan o hacen corresponsable. En Colima, particularmente, la antigua tesis que explicaba oficialmente la ola de homicidios violentos en función de la disputa por la plaza entre dos de los más peligrosos cárteles del narcotráfico que operan en el país, ha sido sustituida por una narrativa en la que tan desproporcionada cantidad de asesinatos en relación al número de habitantes responde a una lógica de ajuste de cuentas “entre ellos”.

Nos hablan de un esquema de ajusticiamiento para adictos que no pagaron sus consumos o de narcomenudistas que invadieron puntos de venta que fueron asignados a otros. De la ejecución de una sentencia a muerte dictada en contra de alguien que, por lo demás, decidió voluntariamente involucrarse en “el negocio”.

De acuerdo a esa tesis, el móvil de tanto delito del orden común (no sólo homicidios sino robos a casa habitación y negocios, asaltos o incluso secuestros) es la urgente necesidad de dosis que tienen los drogadictos.

Pero si bien la actividad criminal es ya una amenaza real para la personas y sus bienes, el origen de este problema no es la creciente cantidad de potenciales delincuentes –resultado de un severo deterioro del tejido social– sino la impunidad con la que se mueven.

“YO NO CAIGO”:

Impunidad es lo que denunció hace unos días el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Carlos Ignacio Maldonado Orozco, al dar a conocer una lista de 139 números de teléfono con lada de Colima (312) desde los cuales están llamando para extorsionar. Para el joven empresario, “esto no quiere decir que se esté llamando desde Colima, los chips pueden haber sido comprados aquí y están llamando desde otras partes del país”.

La industria de la extorsión telefónica indigna a la sociedad por los niveles de impunidad con los que se da. Como un lector de esta columna señaló, “si las policías tienen a la vista los números y el sistema celular es capaz de decir la ubicación de cada aparato móvil, con precisión de dos o tres metros, sin pedírselo, ¿por qué no los atrapan? ¿Son socios (o dueños de la empresa)?”

La impunidad no sólo facilita a los extorsionadores operar desde reclusorios (donde la tecnología disponible permitiría bloquear el paso de señales inalámbricas y monitorear las llamadas que se hagan desde teléfonos fijos) sino recaudar el dinero de las víctimas a través de un banco asociado a una cadena de tiendas departamentales o de conveniencia.

Es cierto, son unos actores consumados (ese que te dice “soy el comandante” fulano, “jefe de la plaza” de tal o cual cartel, tiene una voz que ya la quisiera Narciso Busquets), preparan muy bien los timos (para el número del falso secuestro, llaman un día antes, piden hablar con el titular de la línea, si no se encuentra éste registran el nombre del hijo o la madre que contestó, y al día siguiente vuelven a marcar diciendo que están vigilando tu casa en tal calle y número –la dirección aparece en el directorio telefónico y Google maps les muestra en tercera dimensión cómo luce tu vecindario) y abusan de la ingenuidad y el temor creciente de la población.

Pero todavía nadie ha podido explicar por qué ese dinero que la víctima depositó con engaños en una cuenta, puede ser retirado tranquilamente por los delincuentes sin que el banco o Hacienda puedan impedirlo.

En la campaña denominada “Yo No Caigo”, los 18 representantes de organismos de la sociedad civil, estudiantiles, de padres de familia, vecinales, religiosos, empresariales, sindicales, de profesionistas y organizaciones no gubernamentales que conforman el CCSP, se definen como “ciudadanos cuidando ciudadanos”.

Se le reconoce a este “órgano colegiado de consulta, análisis, opinión y evaluación, que tiene por objeto coadyuvar con las autoridades de seguridad pública del estado de Colima en la evaluación de acciones y programas en materia de prevención social del delito, seguridad pública y protección civil, que lance esta campaña contra extorsiones que, ciertamente, se terminarán cuando la gente aprenda a identificar estas llamadas y cuelgue el teléfono.

Con todo, los consejeros le quedan a deber al sentido común la pregunta acerca de cómo es posible que funcione esta industria delictiva. Y ojalá a esta campaña siga otra, por ejemplo, en contra de los levantones que han sufrido ya algunos microempresarios por parte de sujetos que quieren cobrarles piso. Aunque creo que la principal obligación del Consejo Ciudadano es exigir a las autoridades de Seguridad acciones contundentes en contra de la impunidad.

Pueden hacerlo con la misma institucionalidad y la elegancia con la que le ayudaron a la administración estatal, con solo salir a los medios, a probar que el gobierno de Ignacio Peralta ya tienen suficientes vínculos con la sociedad civil y no es necesario canalizar recursos fiscales para ¿Cómo Vamos?, Colima.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

Contrapeso

El transporte público sigue siendo tema de la agenda pública en Colima, y es que la movilidad es una de las principales necesidades, y también uno de los mayores retos para el Gobierno estatal.

Por una parte, los taxistas han decidido –a Ley propia– aumentar en cinco pesos sus tarifas, con lo que la mínima, que casi nunca cobran, quedó en 20 pesos.

Es una queja recurrente de los usuarios de este servicio los altos costos de los taxis amarillos, además que al pedirles una aclaración se escudan en el aumento del precio de la gasolina y en que la Secretaría de Movilidad no ha hecho los ajustes de manera oficial.

Con esto, se acorta la diferencia entre el precio del servicio de los amarillos y del servicio ejecutivo, que según el Frente Colimense del Trasporte, ya es ofertado por cuatro empresas en la entidad: Tansportes Selectos, City Drive, Deco Plus y Chofer Pro.

Queda pendiente la legislación secundaria que permita legalizar el funcionamiento de estas compañías; además es necesario que Chofer Pro y los otros servicios establezcan mecanismos para cuidar su calidad, atendiendo las quejas y dudas de sus usuarios.

En otro tema, los transportistas también exigen el aumento de dos pesos en las tarifas de las rutas. El argumento es el mismo: ha aumentado el costo de la gasolina, y hace años que no hay ajuste en el precio del servicio que ofrecen.

Si esto sucede–que parece que así será, y solo es cuestión de tiempo– deben garantizar una mejora en las unidades y atención, así como regresar las becas de transporte que anteriormente se entregaban a estudiantes.

La recién creada Secretaría de Movilidad ha tenido que hacer frente a un sinfín de problemas y grillas, pero lo cierto es que aún no da los resultados esperados por la ciudadanía. 

 Punto y aparte

Y hablando de transporte, a pesar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decreta que en periodos vacacionales debe aplicarse un descuento del 50 por ciento de descuento en autobuses a estudiantes, los camiones Nuevo Horizonte en Tecomán y Armería no hacen válido el descuento, solo si el boleto se compra en Colima o Manzanillo. Nadie aplica sanciones, e insisto: el usuario es el que pierde.

*Comentarios al correo electrónico rolandonotas@gmail.com / Twitter: @rolandonotas / www.rolandonotas.wordpress.com

Estación Sufragio

Cuando la cúpula de “¿Cómo vamos?, Colima” convocó a sus seguidores a acudir al Congreso este lunes, los hombres de negocios que la integran pensaban que en la sesión se analizaría la iniciativa de ley que envió el Ejecutivo para permitir a los empresarios locales que “abonan a la transparencia”, deducir hasta el 5 por ciento del impuesto sobre nómina (equivalente al 2 por ciento de lo que los patrones pagan por servicios personales) para el sostenimiento de esta organización.

Sin embargo, el punto fue “bajado” de la orden del día la víspera o a primera hora del mismo lunes. Y la pregunta no es por quién sino por qué. Tal vez porque, como ha ocurrido con otros temas de la agenda de campaña de Ignacio Peralta, la existencia de una filial en Colima de “México, ¿Cómo Vamos?” dejó de ser conveniente ya instalado en la gubernatura.

Hubo un tiempo en que los beneficios políticos que le otorgaría a Nacho el aval de una organización de la sociedad civil especializada en dar al sector privado voz y autoridad para el seguimiento de su desempeño gubernamental, eran mayores a los costos políticos que eso representaba.

Pero a poco más de un año en el cargo, cuando además de la inseguridad lo que más le critica la ciudadanía a la administración peraltista es el capricho de ciertas decisiones, entre ellas algunos gastos inexplicables en el esquema de austeridad que pregona, la asociación con “¿Cómo vamos?, Colima” no le abona mayor cosa a la legitimidad de JIPS.

Al contrario, le resta poder en la medida que a Ignacio Peralta se le ve como un político surgido de esa misma clase social y económica a la que pertenece la cabeza visible de “¿Cómo vamos?, Colima”, Guillermo Brun Solórzano. Si no se mira bien que un ex gobernador o un pariente cercano le quieran imponer la agenda y el ritmo al mandatario estatal, tampoco se vería bien que lo hiciera un grupo de presión, por nobles que sean sus fines.

Ahora bien, la decisión de desenlistar el asunto de “¿Cómo vamos?, Colima” la tomaron los diputados. De entrada, el “independiente” Nicolás Contreras que tiene el control del Congreso, apoyado por la bancada del PRI que supo interpretar los deseos de un tesorero estatal por demás ahorrativo. Y aunque si bien el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners (ex CEO de La Marina, la empresa insignia de la familia Brun), paga, quien decide lo que se paga y cuánto es el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega. 

Hasta los panistas se hicieron sordos a la petición de los empoderados empresarios, porque casi ninguno de los diputados de Acción Nacional comparte la idea de que “¿Cómo vamos?, Colima” supervise los programas de gobierno con cargo al presupuesto (pues aunque se deduzcan del ISN, esos 8 millones de pesos anuales saldrían finalmente del erario) y, sobre todo, cuando se plantea hacer esa contraloría social con la información que las propias dependencias del gobierno del estado generan.

“México, ¿Cómo Vamos?” se presentan como un conjunto de universidades (CIDE, Colmex, Harvard, ITAM, ITESM y UNAM) y centros de investigación (IMCO, México Evalúa, CIDAC y CEEY) que no sólo fijan metas a partir de sus propios datos sino que le dan seguimiento al desempeño de la economía mediante un panel de indicadores (el #SemáforoEconómico) que muestran “cómo va avanzando México en el cumplimiento de metas puntuales de crecimiento y generación de empleo a nivel nacional y estatal”.

“¿Cómo vamos?, Colima” se ha limitado a solicitar información a las dependencias del gobierno estatal y los ayuntamientos que convinieron con ellos. En ese sentido, es el colmo que la administración de Peralta Sánchez haya reprobado en temas como Seguridad pero, bueno, es que en ese rubro la realidad es apabullante. 

Para revisar las cuentas públicas, la Constitución local prevé la existencia de un órgano técnico del Poder Legislativo, el Osafig, y para darle seguimiento a los programas de gobierno la ley en la materia establece los lineamientos de un Consejo de Participación Social para la Planeación. ¿Dónde dice que un consejo de notables, una organización de ciudadanos distinguidos, tiene esas mismas facultades de fiscalización?

No obstante, la tendencia mundial es a la creación de observatorios ciudadanos de la actividad gubernamental, empresarial, mediática. Y es en el marco de una cruzada contra las acciones de captura del Estado por parte de las corporaciones multinacionales, las élites financieras de cada país, el lobby armamentista en Estados Unidos o la telebancada en México (por citar dos ejemplos) y toda clase de poderes fácticos incluidos los de la delincuencia organizada, que la misma sociedad civil a la que representa pero no agota “¿Cómo vamos?, Colima” reclama que esta supervisión del gasto y los programas de gobierno abarquen también las asociaciones público-privadas (como el Eco-Parc o La Campana) y, especialmente, todos aquellos negocios hechos al amparo del poder.

Nadie niega las enormes aportaciones que el sector privado puede hacer al debate público sobre las políticas de desarrollo y al establecimiento de metas claras para alcanzar esos objetivos como sociedad, el problema es que todo eso tiene que estar contemplado en un marco normativo y sujeto, a su vez, al escrutinio público. Y bueno, pues ayer uno de los poderes del estado decidió no darle a un organismo externo facultades legales para influir en el gobierno.

La prensa consignó que los empresarios habían “tomado el Congreso”, que habían hecho acto de presencia para “presionar”, etcétera. La verdad es que a los dirigentes de “¿Cómo vamos?, Colima” los dejaron colgados de la brocha. Y desde el Ejecutivo, nadie ha hecho esa labor política de explicarles que sus servicios ya no son requeridos.

Entusiasmados con esta nueva forma de participación ciudadana (hasta antes de asumir la presidencia de Coparmex en Colima, Guillermo Brun era una figura empresarial y conocido filántropo, pero no una personalidad de la política), tampoco nadie les ha explicado a esos empresarios que la gestión pública también conlleva costos políticos. El primero, que los acusen de querer vivir del presupuesto cuando ninguno de ellos tiene necesidad.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Tarea Política

La legión perredista liderada por Indira Vizcaíno Silva nunca se “halló” en el gabinete de José Ignacio Peralta donde se aclimataron al cien por ciento panistas por conveniencia, de ocasión, vividores petistas y acomodaticios verde ecologistas y panalistas. Por necesidad,  Indira y su gente aguantaron vara como empleados de Peralta sujetos a su dependencia y subordinación hasta que se convencieron de que les había llegado la hora de irse con su música al convite lopezobradorista, de ahuecar sus negro-amarillas alas.

Las verdades expresadas por la desdeñada Indira sólo vinieron a confirmar lo que todo mundo sabía, menos ella y sus secuaces: José Ignacio es José Ignacio: soberbio, autoritario (vertical le llama ella), clasista y de arranques. Todo un señoritingo que arrepentido está de haber asumido el cargo en el que tiene que lidiar con los aldeanos de Colima, provincia donde sufre para vivir tres o cuatro días a la semana. Su ambiente es el jet set político y empresarial, las metrópolis como New York, San Francisco, París, Roma.

La chusma indirista en su nefasto gobierno le produjo urticaria a José Ignacio; en cambio, se ha sentido cómodo, feliz como lombriz, con los  panistas prófugos como su Secretario de Fomento Económico, Carlos Domínguez Ahedo, el mismo que sueña con hacer  del estado de Colima la Suiza de América, el Singapur Mexicano; montar una armadora de automóviles, construir un nuevo aeropuerto  y tener campos de golf para que “los ejecutivos se animen a venir”. También, con los Meiners Tovar y Noriega García. 

 

Otro extraviado del rebaño azul que se fue con José Ignacio en busca de mejores pastos, es el asesor jurídico de su pasmado gobierno, Andrés García Noriega, a quien nunca le faltó chamba cuando militó en Acción Nacional, partido gracias al cual fue regidor en el H. Ayuntamiento de Colima y funcionario de su Comité Directivo Estatal. Como no concretó su aspiración a una diputación local plurinominal con esas siglas y colores, en 2015 loco de contento se incorporó al proyecto político sexenal de quien les prometió a los colimenses que en su mandato vivirían felices y seguros.

Andresito se llevó con él a otro ex panista de su equipo, Fráncico José Yáñez Centeno y Arvizu, a quien graciosamente le concedieron la privilegiada segunda posición en la lista de candidatos plurinominales a diputados locales del Partido Movimiento Ciudadano que en las elecciones de junio de 2015 y enero de 2016 jugó  el papel de esquirol de la alternancia política en la gubernatura del estado. No se le hizo vivir tres años disfrutando de las dietas en el Congreso, pero sí integrarse al gabinetazo peraltista como abogado. 

Después de haber vivido unos cuatro años de gloria como funcionario de todas las confianzas de su compañerito panista Antonio Morales De La Peña, ex Director de la Procuraduría Federal del Consumidor (PORFECO) en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, de donde éste los corrió no precisamente por honestos y eficientes, Alejandro Úrtiz Alcaraz cobra desde el 1 de noviembre de 2015 como secretario particular de Kristian Meiners Tovar, titular de la Secretaría de Administración Pública.    

Los diestros Domínguez Ahedo, García Noriega, Meiners Tovar, Noriega García,   Yáñez Centeno y Arvizu, Urtiz Alcaraz, Saúl Magaña Madrigal (ex alcalde panista de Tecomán), Fernando Solórzano Ochoa (ex funcionario en las administración municipales de Colima y Tecomán) y demás miembros de la legión de ex panistas que emigró al bando peraltista, a diferencia de los izquierdos, zurdos, siniestros, liderados por la prófuga del mal gobierno estatal prianista,  Indira Vizcaíno Silva, continuarán en su deteriorara nave hasta el 2021, si antes no se hunde .

EL ACABO

Los panistas peraltistas juraban y perjuran su apego a los principios de la doctrina estructurada por Manuel Gómez Morín: la búsqueda del bien común, su compromiso de servir y no servirse, de aportar sin obtener, la brega de eternidad, etc., cuando lo único que buscaban, como acreditaron sus hechos, era asegurar su propio bienestar y el de sus familias. Por esa poderosa razón dieron el cambiazo.

Estación Sufragio

En una columna anterior nos preguntábamos si la nueva secretaria de Desarrollo Social, Valeria Pérez Manzo, con ese perfil de economista que la acredita como una perfecta tecnócrata, tendría también la sensibilidad política que se necesita para desplegar los programas sociales del gobierno de Ignacio Peralta poniendo el énfasis en la dimensión humana y no en la financiera.

También nos cuestionábamos si, con el cambio de titular en la Sedescol, la política social se mantendría apartidista como lo estuvo con Indira Vizcaíno, específicamente en lo que respecta a no poner los recursos de la dependencia al servicio del PRI.

Mucho se ha comentado sobre la oportunidad con la que le llegó el relevo a Vizcaíno Silva, quien no ha ocultado sus intenciones de contender para algún cargo de elección popular en 2018. En ese sentido, Indira salió de la Secretaría con el tiempo justo para retomar su proyecto político personal.

Pero también los grupos priistas que habían venido reclamando no tener a la Sedescol al servicio de los intereses del Partido, están a tiempo de articular con base en los padrones de beneficiarios las estrategias clientelares que tradicionalmente le han dado votos al tricolor.

La pregunta pertinente es si la nueva secretaria colaborará con esos propósitos electorales, o si por el contrario la política social continuará siendo apartidista (y, ya encarrerados, con bajo presupuesto) ahora con Valeria como lo fue con Indira.

Entrevistada el viernes en Radio Levy, Pérez Manzo “se comprometió a implementar desde esta dependencia una política social para todos los colimenses sin ningún sesgo partidista”.

Y respecto a su perfil supuestamente técnico, Valeria reconoció que es militante del Partido Revolucionario Institucional, “pero negó que le hubiera sido solicitado favorecer a simpatizantes del tricolor; además, dijo que tiene como objetivo implementar desde la Sedescol una política social incluyente e integral, que logre reducir la pobreza en la entidad”.

Según la nota que publicó en su sitio web la emisora, la funcionaria estatal señaló:

“Yo vengo a trabajar de forma honesta y transparente, los recursos públicos son para la ciudadanía y se deben aplicar de manera integral y conjunta… Debo ver que los programas que se implementen sean los que mayor beneficio tengan y la parte política yo… la veo como… simplemente trabajar para lograr los objetivos y beneficiar a toda la población”.

En las mesas de café se había especulado en torno a la posibilidad de que la nueva secretaria fuera una mujer, para mantener la cuota de género en el gabinete; una persona cercana, de los afectos y las confianzas del gobernador Ignacio Peralta; e identificada con el tricolor, para reforzar el carácter priista de una administración que –como ya es un lugar común decir– es tan plural que incluye hasta a algunos militantes del PRI.

Nada más por este último requisito –su identificación con el PRI– se cruzaron apuestas por la directora general del DIF estatal, Mairén Polanco, para encabezar la Sedescol. Porque si bien es la funcionaria con más juego en el gabinete, no tiene rango de secretaria. Y su dependencia fue reducida en el organigrama y en el presupuesto, al Despacho del Gobernador.

La decisión favoreció a Valeria porque, dicen en Palacio, el mandatario estatal estaba resuelto a convertir en secretaria del Gobierno a su antigua subordinada cuando él mismo fue secretario de Fomento Económico en el periodo de Silverio Cavazos.

Aunque Mairén fue titular de Sefome en el gobierno interino y cayó para arriba al empezar esta administración, se sabe que Peralta Sánchez está muy satisfecho con su trabajo en el DIF y encontrarle una sustituta habría sido un problema. Además, con Valeria sumó una tercera pieza a su equipo de confianza, que ya abarca la mitad del gabinete.

¿Pesó también la cuestión partidista? Valeria Pérez le dijo a Miguel Ángel Vargas que: “Sí, soy militante [del PRI] desde que empecé a trabajar. Soy militante como cualquier otro ciudadano que elige una corriente de pensamiento”.

Lo que nos lleva a preguntarnos si es militante porque eso era requisito para trabajar en una administración pública de extracción tricolor, o si realmente tiene trayectoria partidista. Le pregunté a varias priistas y respondieron que a Pérez Manzo casi no la han visto en tareas del PRI.

Lo importante es si, por gusto o por instrucción superior, orientará la política social a la estrategia partidista. Ella insistió en que “…estamos trabajando para todos, lo que la población espera son resultados y tenemos que atender a la población en sus necesidades, hoy en día eso es lo más importante, no estoy pensando en la política porque mi labor es tan grande en generar esta política social integral que ahorita lo principal es la población y nada más”.

De paso, está conciente que a ella tampoco le darán dinero:

“Ya me senté con los compañeros que manejan las finanzas y estuvimos platicando al respecto, y los recursos que se me asignan son con los que trabajaré y lograré y trataré de hacer el esfuerzo para maximizarlos, desde mi punto de vista creo que no tendré ningún problema al respecto”, sentenció.

El panorama que dibujó con estas declaraciones debe haber preocupado a más de un operador priista, pues saben lo que la gente espera del tricolor: despensas, láminas, sacos de cemento, becas y apoyos económicos, etcétera; todos ellos beneficios adjudicados en razón de liderazgos personales y méritos de campaña, no con base en un estudio socioeconómico.

Este gobierno no parece dispuesto a invertir dinero en votos para el 2018. Nacho Peralta lo dejó en claro desde el momento en que depuraron el padrón de beneficiarios del programa “60 y más” que se duplicaba en un buen número de casos con el programa federal “65 y más”.

Dejarle un solo apoyo a quienes habían venido cobrando dos cheques le sirvió al gobierno del estado para maximizar los recursos públicos, pero el PRI perdió clientes que eran cautivos.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

Desde la Curul 26

Para los casi cincuenta organismos que conforman el comité ciudadano al que denominaron ¿Cómo Vamos? Colima, les asiste la razón de pretender recibir recursos provenientes de los propios empresarios que pagan el 2% del impuesto sobre la nómina y en lugar de que ese recurso llegue al gobierno estatal para que se distribuya para la ejecución de las diversas obras y acciones que la Constitución le obliga a realizar, pretenden que se canalice a este organismo, para convertirse en censores del quehacer gubernamental.

Para José Zarco Quintero, que es el presidente en turno de este comité ciudadano no hay nada de malo el pretender que anualmente se les de la oportunidad de captar un mínimo de ocho millones de pesos, que a decir de él, es lo que requieren para cubrir los gastos que les implica mantener a ¿Cómo vamos? Colima.

Desde el 2015, cuando se desarrollaban las campañas político-electorales, los empresarios se dieron a la tarea de constituir este ente, y aprovecharon la coyuntura para venderles a los que aspiraron en aquél tiempo a la gubernatura del estado y a las presidencias municipales, que se comprometieran a que de ganar la elección promoverían el enviar iniciativas al Poder Legislativo para que se les diera la oportunidad de desviar recursos del impuesto sobre la nómina, para que en lugar de que fueran captados por las tesorerías estatal y municipales, se desviara hasta un 5% para ese organismo.

Para José Zarco y quienes conforman ¿Cómo Vamos? Colima, nada los mueve que lo que están haciendo no es malo y por ello ya se les deben aprobar esos recursos.

Para ellos que no tienen ninguna representación legal, y pretende en un momento dado en convertirse en los censores de los gobiernos estatal y municipales, sustituyendo incluso a los organismos que por ley le corresponde fiscalizar y auditar a los gobierno estatal y municipales, como serían en este caso el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), y hasta la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que pretenden no es malo.

Alegan que al OSAFIG y a la Auditoría Superior de la Federación, nadie les cree, y que a nadie dejan satisfecho con el trabajo que realizan, por eso es que ellos pretenden auditar, fiscalizar, y decirle a las autoridades y a la gente, qué se está haciendo bien en materia educativa y en materia de seguridad y de salud, y que a ellos sí les van a creer, porque son un comité ciudadano.

Los empresarios están molestos porque desde su punto de visto, se ha desatado una campaña de desinformación con el ánimo de causar desprestigio a ¿Cómo Vamos?, Colima y afectar a este movimiento, destacando que incluso han identificado ataques contra su página web.

Y dicen que precisamente por esa campaña de desinformación atribuyen el hecho de que los diputados del Congreso del Estado, estén apanicados y no se decidan a dar el paso y apoyar esta iniciativa enviada por el Gobernador del Estado, hace ya once meses y cuatro días (llegó al Congreso local el 20 de mayo de 2016), cuando debieron haberla dictaminado un mes después de que ingresó.

No queremos que nos de recursos el gobierno…

Por distintos medios ¿Cómo Vamos? Colima, ha realizado exhortos para que ya se dictamine al respecto, inclusive destacan que ya tienen conocimiento de que el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Santiago Chávez, ha declarado a los medios que el dictamen de esa iniciativa ya está listo y solo falta llevarlo al pleno para su aprobación, señalando que el diputado tecomense ha declarado que el dictamen viene de manera aprobatoria a su solicitud.

Sin embargo no están satisfechos, los empresarios sienten que es necesario aclarar las dudas que tienen los diputados, incluido el propio presidente de la Comisión de Hacienda, quien cuando en entrevista con los reporteros (15 de marzo de 2017), dijo que ya está el dictamen.

Santiago Chávez Chávez, sostuvo en esa entrevista que “…será a través del Impuesto Sobre la Nómina de donde saquen recursos para la organización cuya función es la vigilancia del cumplimiento de varios compromisos gubernamentales.”

“Ya lo hicimos a nivel de comisión, y falta en el pleno lo del 41-U bis, que va referente a la iniciativa del Ejecutivo, en donde propone que aquellas organizaciones que cuenten con ciertos objetivos de transparencia, legalidad, puedan obtener recursos mismos del Impuesto Sobre la Nómina”, puntualizó.

José Zarco, señala que con base a esas declaraciones del presidente de la Comisión de Hacienda, “nos damos cuenta en ¿Cómo Vamos?, Colima, que ni él mismo tiene clara la iniciativa del Gobernador. Nosotros no estamos pidiendo que el Congreso nos dé una partida como a otras organizaciones, no”.

El presidente de este comité ciudadano señala que lo que ellos están pidiendo es que se apruebe la iniciativa enviada por el Gobernador José Ignacio Peralta el 20 de mayo de 2016, para que se les permita a ciudadanos causantes del impuesto sobre nómina hacer donativos a organizaciones cuyo objeto sea coadyuvar en la vigilancia, estudio, evaluación y seguimiento de las acciones del gobierno, hasta por un 5% del impuesto causado y acreditarlos contra dicho impuesto.

Según Zarco Quintero, el Gobierno del Estado no les entregaría ningún recurso, pues ya le correspondería a ¿Cómo Vamos? Colima, salir a tratar de convencer a los empresarios que tienen que pagar ese impuesto sobre nóminas, a que decidan canalizarse los recursos a esta organización, “pero no hay ninguna garantía de que ellos no quieran apoyar”.

Desafortunadamente, insistió la campaña de desinformación en contra de este comité ciudadano, ha impedido que se lleve al pleno, pero también, ya el Congreso les ha estado cerrando las puertas y ya no los quieren escuchar, dice.

 

Todos al Congreso…

Argumentando esa cerrazón de los legisladores, es que los empresarios se quejan que los diputados ya no quieren atenderlos para seguirles externado lo que desde su punto de vista serían bondades que vendrían a apoyar una verdadera fiscalización ciudadana, y precisamente por esa cerrazón, han convocado a tomar el Congreso del Estado este lunes a las 12:15 horas.

Ellos, los empresarios, saben que está convocada una sesión ordinaria para las 11:00 horas y que es raro cuando nuestros legisladores inician a tiempo una sesión, sin embargo los que conforman ¿Cómo Vamos? Colima, en un aviso subido a través de las redes sociales, invita a todos los ciudadanos que deseen acompañarlos a acudir al Congreso del Estado.

En su comunicado, destacan que: “Hemos buscado por todos los medios, reunirnos con nuestros diputados para dialogar sobre la aprobación del Artículo 41 U-Bis a la Ley de Hacienda, dado que no obtuvimos respuesta, el próximo lunes 24 de abril los miembros de este comité, junto con muchos patrones y simpatizantes de nuestro movimiento asistiremos al Congreso del Estado a las 12:15 del mediodía, con la finalidad de externar a los diputados el punto de vista de la iniciativa una vez que finalice la sesión”.

“No pretendemos interrumpir los trabajos, ni obstaculizar su labor legislativa, simplemente buscamos que como representantes ciudadanos escuchen nuestras inquietudes. Nos conduciremos de manera ordenada y con el respeto de los integrantes de la Legislatura merecen. Hacemos la invitación a todos los ciudadanos que gusten acompañarnos”, señalan.

Así, si otra cosa no sucede, hoy al mediodía habrá casa llena en el recinto legislativo, donde los empresarios harán “manita de puerco” a los diputados para que ya incluyan en el orden del día el dictamen de esa iniciativa enviada por el Gobernador para reformar el Artículo 41-Ubis a la Ley de Hacienda del Estado.

Yo no sé si los diputados vayan a atender o no a los empresarios, porque este lunes se les acumuló el trabajo, por lo que incluso no sería nada remoto que cambien de fecha la sesión para realizarla mañana martes o el miércoles.

 

Para hoy… se reúnen con el gobernador

Nomás para que le vaya calculando el caldo a las albóndigas, para las 9:00 de la mañana, por un lado está convocada la sesión de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, que preside el diputado Nicolás Contreras Cortés, para definir el orden del día de la sesión, --si es que la desarrollan--, donde de entrada incluirán al menos cuatro dictámenes.

Pero por el otro lado, a la misma hora, a las 9:00 horas, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que encabeza Santiago Chávez, convocó al Foro de Responsabilidad Hacendaria y Disciplina Financiera, a desarrollarse en el auditorio “Carlos de la Madrid Béjar”, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Ignoro si el presidente de la Comisión de Hacienda, invitó a sus demás compañeros de Legislatura, empezando por los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios y los diputados únicos, a que estén cuando menos en el evento inaugural, de ser así se les empezarán a “colgar” los demás eventos.

Pero por si les faltara chamba, este lunes, no se dio a conocer la hora, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, los diputados únicos, más los diputados que conforman la Comisión de Responsabilidades y la Comisión de Hacienda, y que todos son parte de la Comisión Especial de Seguimiento para conocer el avance de las denuncias interpuestas en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y ex funcionarios de la anterior administración, se reunirán con el Ejecutivo del Estado.

Ya se informó que este lunes se reunirán con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y con el Procurador General de Justicia del Estado, José Guadalupe Franco Escobar, para que el titular de la Procuraduría les dé a conocer el grado de avance que se lleva en la integración de las carpetas de investigación en contra del ex gobernador Mario Anguiano, así como de Rafael Gutiérrez Villalobos, ex secretario general de gobierno; y de Blanca Isabel Avalos Fernández, ex Secretaria de Finanzas del Estado.

Se espera que haya buenas noticias y que por fin se informe que ya existen elementos para turnar la carpeta de averiguación a un juez para que inicie el verdadero proceso… dejar que transcurra más tiempo podría ser contraproducente porque se contaminaría con lo electoral, que cada vez está más próximo.

Aunque la reunión será a puerta cerrada, estaré a la expectativa para “Desde la Curul 26”, darle a conocer los pormenores de lo que ocurra o deje de ocurrir en ese encuentro.

Precisamente dependiendo de la hora en que vaya a celebrarse esta reunión, entre el Ejecutivo y los legisladores, no será remoto que la sesión ordinaria citada para las 11:00 horas, vaya a posponerse hasta nuevo aviso, pues hay prioridades y creo que esta es de primer orden…

Hoy se aprueba el reingreso de Julia Jiménez

En caso de que se desarrolle la sesión, le adelanto que entre los dictámenes que habrán de someterse a la consideración del pleno, estará el relativo al elaborado por la Comisión de Justicia, relacionado a la solicitud de la diputada panista Julia Licet Jiménez Angulo, para reincorporarse a sus funciones como diputada propietaria, luego de la licencia que por casi seis meses solicitó a la Quincuagésimo Octava Legislatura.

El dictamen viene en sentido favorable, por lo que se aprobará el reingreso de Julia Jiménez a sus funciones de diputada propietaria, solo que entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, es decir, comenzará a surtir efectos a partir de este martes.

Cabe hacer mención que como Julia Jiménez, ya rindió protesta junto con todos los demás integrantes de esta legislatura, no se hace necesario que vuelva a rendir protesta ante el pleno, pues se está reintegrando a sus funciones luego de una licencia que le había sido autorizada.

Con la reincorporación de Julia Jiménez a sus funciones como diputada propietaria, dejará el cargo de legislador propietario el también panista, José Santos Dolores Villalvazo, quien había sido llamado para ocupar la vacante dejada por Julia Jiménez, y como era el que seguía en la lista de prelación de los diputados plurinominales, es que asumió esas funciones.

Asimismo en la sesión de este día se pondrán a discusión otros dictámenes que llamarán mucho la atención, y que tienen que ver con el tema de pensiones y jubilaciones.

En esta sesión se someterán a discusión y aprobación aproximadamente una docena de pensiones y jubilaciones, sin embargo van incluidas al menos dos que llaman la atención: una de la Gerente Comercial y de finanzas de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima y Villa de Álvarez, la contadora Leticia Béjar Maldonado.

Aquí no habría mayor comentario, pues es una profesionista que ha cumplido con los años de servicio, pues a ella la recuerdo desde que estuvo como Secretaria Privada del ex gobernador Elías Zamora Verduzco, lo que sí llama la atención es el monto que se proponía para jubilarla, la cual rebasaba, pero por mucho, la Ley de salarios máximos para jubilarse o pensionarse.

Hay otra pensión que también llama la atención, sin embrago antes de darla a conocer quiero corroborarlo para no incurrir en una imprecisión, pero de confirmarse, se trata de un funcionario que ocupó un alto cargo en la administración de Mario Anguiano… déjeme corroborar los datos y ya le estaré informando.

Otros dictámenes que serán llevados al pleno, uno está relacionado con descuentos, y condonaciones de multas y recargos de los ayuntamientos del estado.

Y otro más será el relativo a la presentación de una Ley  que Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales.

Para cerrar…

**Solamente comentarle a usted que hoy 24 de abril, se está cumpliendo un mes de que fueron baleados dos elementos de la Policía Estatal, una mujer y un hombre, así como una agente de la Procuraduría de Justicia, así como dos imputados, en un enfrentamiento entre policía y delincuentes.

Quien sacó la peor parte en aquella refriega fue la mujer policía de nombre Alma “N”. Cuando ocurrió el hecho todos los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica a un nosocomio.

Por las lesiones recibidas Alma “N”, aún no se ha recuperado. De acuerdo a versiones de propios elementos de la policía, la agente que estuvo a punto de perder la vida, fue sacada del sanatorio particular sin estar recuperada, donde la estaban atendiendo y dicen que fue trasladada a una clínica donde la atención ya no es la misma, pues no es servicio particular y que a las autoridades responsables ya se les pasó la euforia…

De ser verídicas esas versiones no dejan de ser lamentables, pues demuestran la baja estima que se tiene por  los y las agentes que  a diario se la “rifan”, para combatir la delincuencia….

Por hoy es todo, nos vemos en la siguiente entrega “Desde la Curul 26”, para decirle como se pusieron las cosas este inicio de semana.

Tarea Política

El todavía gerente de la franquicia del Partido Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, ha ido perdiendo a los mejores cuadros que logró reclutar para fortalecer su guajiro proyecto personal de alcanzar la gubernatura de Colima en dos intentos consecutivos  fallidos. El primero en tocar retirada para incorporarse a la administración peraltista fue su ex candidato a diputado local plurinominal, Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu. La panista Leticia Zepeda Mesina nunca ha sido suya aunque la cuente como tal. En los hechos ella sigue siendo de corazón azul.

Esta semana se le fueron al monte dos de los cuatro regidores que tenía: Héctor Anaya, Villa de Álvarez; y Sergio Polanco,  Coquimatlán. De dientes hacia afuera, el diablo de Leoncio dijo respetar la decisión de quienes lo abandonaron deseándoles que les vaya bonito, para luego sacar de su dolorido pecho su verdadero sentir lopezobradorista al respecto: “Hemos demostrado que somos la única opción de cambio, que no nos vendemos, que a pesar de que intentan doblegarnos no lo van a lograr. Este es el espacio de las mujeres y los hombres con valor, dignidad, congruencia y con decisión para cambiar a bien la historia de Colima”, dejando implícito que los que se fueron y seguirán yendo se venden, carecen de valor, dignidad y congruencia, y quieren preservar a toda costa el estado de cosas prevaleciente.

Tal rudeza innecesaria provocó que Héctor y Sergio salieran a los medios de comunicación a replicarle        a Morán Sánchez que le renunciaron porque “sólo está enfocado en trabajar para buscar la candidatura  a la alcaldía de Colima en el 2018 y se olvidó del partido en otros municipios”, verdad de a kilo que ya es del conocimiento del dueño del PMC a nivel nacional, Dante Delgado Ranauro, y de su aliado en el occidente del país, Enrique Alfaro Ramírez, quienes desde hace rato lo traen en la mira, entre ceja y ceja, prestos a quitarle la franquicia ciudadana en Colima y nombrar a quien de verdad trabaje por la consolidación de su partido y su lanzamiento hacia el 2018.

Delgado Ranauro y Anguiano Ramírez, tarde, comprobaron que Morán Sánchez resultó ser puro jarabe de pico, pájaro nalgón, político de pacotilla, rijoso compulsivo verbal, y de que ni consolidó ni hizo crecer a su partido Movimiento Ciudadano en Colima; al contrario, las cabras se le han ido al monte. Para colmo, a un año de las elecciones de junio de 2018, está metido en cuerpo y alma en la promoción personal de su candidatura a presidente municipal de Colima 2018-2021, importándole un comino la suerte del Partido Movimiento Ciudadano en la entidad. Por eso cortaron con él por lo sano el villalvarence Héctor Anaya y el coquimatlense Sergio Polanco, y el veracruzano Dante Delgado Ranauro y el jalisciense Enrique Alfaro Ramírez se aprestan a darle chicharrón.

Hay que referir que de la misma manera que el día 8 de diciembre de 2014, sin ninguna consideración, quitaron del cargo de presidente de MC a la joven promesa Hugo Alexander Gómez para poner en su lugar a Leticia Zepeda Mesina, están por aplicarle similar medicina a Leoncio Morán Sánchez. Y es que quien da y quita con el diablo de Locho se desquita, donde las dan las toman y donde las toman las dan, días de unos y vísperas de otros, y a cada diablo se le llega su función. Al tiempo.

 

EL ACABO

 

·        Si se tardan en relevar a Leoncio Morán Sánchez de la dirigencia estatal del partido Movimiento Ciudadano, cuando lo hagan no encontrarán ni los muebles y equipo de oficinas del mismo, cuantimenos a militantes de real valía.

·        Tanto Héctor Anaya como Sergio Polanco por méritos propios. Nada le deben a Leoncio; al contrario. El tiempo les dará la razón de su oportuna partida de donde nada tenían que hacer ni lograr.

Desde la Curul 26

En esta ocasión daré continuidad a la publicación restante de los 91 aspirantes que originalmente fueron aprobados por la Comisión de Vinculación del consejo general del INE, que preside el consejero Ciro Murayama, de los aspirantes a los cuatro cargos de consejeros electorales, tres que serán por siete años y que entrarán en vigor a partir del uno de octubre del presente año y uno más que solamente durará en el encargo cuatro años y que entrará en funciones el 30 de junio.

Éste último estará en el cargo de consejero electoral hasta el 30 de septiembre del año 2021, pero que será quien funja como presidente del consejo general el Instituto Electoral del Estado de Colima y que le corresponderá concluir el período para el que originalmente había sido electa la defenestrada consejera Felícitas Alejandra Valladares Anguiano.

Si en la colaboración anterior, en la lista de los primeros 48 suspirantes usted se encontró que muchos no deberían haber sido avalados porque están violentando la convocatoria expedida por el consejo general del INE, en los restantes 42 nombres que le daré a conocer, seguramente, al igual que yo, se encontrará  con cada “sorpresita”, que la verdad por donde la quiera ver, deja muy mal parada a la Comisión de Vinculación y a su comité técnico de vinculación, que fueron los que cotejaron la documentación y que fueron los que validaron la integración de esos expedientes.

En la relación que hoy le daré a conocer hay funcionarios hasta de nivel nacional y así aparece en el resumen curricular; verá que hay miembros del servicio profesional electoral nacional; consejeros municipales electorales que yo no sé si eso esté permitido, porque sería una especie de reelección y no renunciaron de manera previa a su encargo para poder participar, en fin.

Encontrará funcionarios y ex funcionarios, violando flagrantemente la convocatoria que señala que los que están participando deberán “…no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación, como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado, tanto del gobierno o de la federación…”, y pareciera que los consejeros del INE y su comité técnico no revisaron nada… y luego se quejan porque sus decisiones se ponen en entredicho.

En fin, ya no lo canso, más, y le doy a conocer el complemento de los nombres que quedaron pendientes:

Los que me faltaron…

 

 

49 Linda Vera Martínez Cruz, es contadora pública, labora en un despacho contable particular propio.

50 Luis Gisel Álvarez Córdova, es licenciado en Derecho, cuenta con doctorado en Educación; se desempeña como docente en la Universidad de Colima.

51 Luz María Ochoa Meza, licenciada en comunicación institucional, actualmente colaboradora en Diario de Colima; fue directora del Instituto Colimense de Radio y Televisión y después funcionaria del DIF estatal.

52 Ma Guriv Rivera Gutiérrez, es licenciada en ciencias políticas, posee doctorado en educación, actualmente se desempeña como docente frente a grupo, depende de la Secretaría de Educación Pública.

53 Marco Favio Cobián Monterrubio, es licenciado en Administración Pública, actualmente se desempeña como Supervisor y labora para la Universidad de Colima.

54 María Elena Adriana Ruiz Visfocri, es licenciada en derecho, su ficha dice que actualmente es consejera local del Instituto Nacional Electoral; señala que ha sido presidenta del Tribunal Electoral del Estado.

En el resumen curricular, donde los aspirantes llenaron un documento bajo protesta de decir verdad, la suspirante omite decir que en 2015, fue designada por  un período de tres años consejera del consejo del Instituto Electoral del Estado de Colima, que actualmente está en funciones, y que después de haber rendido protesta, fue destituida del cargo antes de cumplir un mes y en su lugar el actual consejo general del INE designó a Verónica Alejandra González Cárdenas, para concluir el período.

Ruiz Visfocri duró menos de un mes como consejera local del IEEC. ¿No habrá archivos en el consejo general del INE?, sería grave si me responden que no.

Además Ruiz Visfocri falta a la verdad cuando dice que actualmente es consejera local del Instituto Nacional Electoral, eso no es cierto ¿o sí doctor Luis Zamora, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE? ¿nomás ella y los demás ya no?, es pregunta.

55 María Esperanza Toscano Cerna, en licenciada en derecho, y se desempeña como jefa de departamento de titulación de la Universidad de Colima y de manera simultánea es consejera  presidente del consejo municipal electoral de Coquimatlán, ¿cómo pues?

56 María Guadalupe García Vázquez, es licenciada en derecho, actualmente es abogada litigante.

57 María Guadalupe Pérez Mejínez,  es licenciada en letras y periodismo, con estudios truncos en maestría en lingüística; actualmente es reportera del Instituto Colimense de Radio y Televisión de Gobierno del Estado.

58 María José Morán Ibarra, es licenciada en informática con maestría en ciencias administrativas, actualmente es responsable del Centro de Tecnología Educativa Campus El Naranjo, de la Universidad de Colima.

59 María De Los Ángeles Jasso González, es contadora pública, actualmente trabaja como Soporte Administrativo C, del Sistema Nacional DIF… ¿Cómo aquí qué?

60 Mario Gustavo Cocom Delgado, es licenciado en artes visuales, trabaja como creativo en una agencia de publicidad

61 Martha Araceli Carrillo Delgado, es licenciada en derecho, se desempeña en la actualidad como asesor jurídico público adscrito a los juzgados, primero y segundo mixto, dependientes de la Dirección  de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica.

62 Martha Elba Iza Huerta, es licenciada en derecho, con maestría en ciencias área fiscal, labora como subadministrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Colima dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

63 Martha Karina Ramírez Vargas, tiene la licenciatura en educación preescolar, se desempeña como directora de educación preescolar  dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

64 Martín Alejandro Tenorio Escobar, es licenciado en informática, labora como digitalizador de medios de identificación del Instituto Nacional Electoral (INE).

65 Mauricio Zuazo Rueda, es licenciado en derecho con maestría en Juicio de Amparo, actualmente se desempeña como Secretario de Protección de Datos Personales, dependiente del Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Colima (INFOCOL).

66 Miguel Ángel Núñez Martínez, es licenciado en derecho, con maestría en educación, es abogado litigante independiente y ex Secretario Ejecutivo del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Todos los consejeros municipales quieren “sacrificarse”…

67 Narda Julissa Moya Peralta, es licenciada en educación media especializada en matemáticas; actualmente se desempeña como consejera municipal electoral  de Armería.

68 Nereyda Citlali Gama Aguilar, es licenciada en derecho, actualmente es consejera municipal electoral de Manzanillo.

69 Nicolás Chávez Armenta, es licenciado en educación media especializado en matemáticas, actualmente es consejero electoral municipal de Cuauhtémoc y dice que anteriormente se desempeñó como secretario ejecutivo.

70 Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, es licenciada en administración, con maestría en finanzas, actualmente es directora de organización electoral, del Instituto Electoral del Estado de Colima.

71 Noé Ibarra Arreguín, dice que posee título profesional de licenciatura, pero no señala en qué área; se desempeña como secretario ejecutivo del instituto municipal electoral de Cuauhtémoc.

72 Norma Elizabeth Bracamontes Vidrio, es licenciada en educación especial, con especialidad en problemas de aprendizaje. Se desempeña como maestra de educación especial dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

73 Norma Fernanda Ramos Cepeda, es licenciada en administración, posee maestría en desarrollo organizacional y humano; labora como coordinadora de gestores del Seguro Popular en el Estado de Colima.

74 Orlando Ascary Castillo Ortiz, es licenciado en comunicación social, labora como verificador domiciliario del INE.

75 Oscar Javier Martínez Moctezuma, es licenciado en comercio internacional, con maestría en comercio internacional, se desempeña como Secretario de Vinculación, de la Universidad Tecnológica de Manzanillo.

Otro caso grave de violación de la ley…

76 Oscar Omar Espinoza, es licenciado en derecho; señala que tiene maestría en administración y políticas públicas con enfoque de gestión política.

Sin embargo resulta que no se apegó a la verdad, pues en la hoja de datos curriculares del INE se indica que apenas está cursando la maestría de manera virtual.

Espinoza, se desempeña como secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Colima, luego de aquél episodio donde se prestó para correr al anterior funcionario del Instituto Electoral, que era su jefe inmediato.

Pero no solo eso, sino que en la ficha que subió el INE a su página web aparece información falsa, pues señala el suspirante, que es “secretario ejecutivo desde el 31 de enero de 2017”, lo cual es falso de toda falsedad, pues en realidad tiene apenas escasamente una quincena, o veinte días en el cargo.

Este asunto no es menor, ¿por qué?, me explicó. En el cargo que ostenta en el Instituto Electoral del Estado, el Secretario Ejecutivo, es el funcionario con fe pública, entonces es grave que él esté mintiéndole al Instituto Nacional Electoral, tratando de sacar ventaja.

Pero no solo eso, más grave sería que en el Instituto Electoral del Estado de Colma, le haya entregado un documento oficial por parte de la dirección administrativa, o de personal del IEEC, o por parte de la presidenta provisional del IEEC, señalando esa fecha del nombramiento, porque entonces estarían incurriendo en un delito.

Y en esto pudiera estar involucrada la presidenta provisional de este organismo electoral ¿o lo hicieron a espaldas de ella?, como quiera que sea es un hecho grave por ese solo motivo debieran eliminar inmediatamente al suspirante… Habrá que investigar al respecto.

77 Otoniel Llerenas Ruiz, es licenciado en derecho, es abogado litigante en su propio despacho.

78 Pedro Iván Anguiano Carrasco, es licenciado en derecho, con maestría en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías; se desempeña como abogado responsable del área de profesiones, siniestros y convenios federales en la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales dependiente de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima y de la Secretaría de Educación del Estado de Colima.

79 Pedro Villasis León, es ingeniero en Ciencias Navales, con maestría en administración naval y maestría en planificación y seguridad nacional.  Actualmente ostenta el cargo de Contralmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor (CGDEM) de la Secretaría de Marina-Armada de México.

80 Raúl Antonio Meillón Valencia, es licenciado en derecho con maestría en fiscal, se desempeña con el cargo de director en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima.

81 René Eustaquio Silva Carrillo, en ingeniero en telemática, con maestría en ciencia política y administración pública; actualmente se desempeña como técnico de depuración al padrón electoral, del Instituto Nacional Electoral.

82 Ricardo Caro González, es licenciado en educación media en el área de ciencias sociales; cuenta con maestría en ciencias, área investigación educativa, actualmente se desempeña en el cargo de vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral/Instituto Nacional Electoral, de 2011 a la fecha.

83 Ricardo Flores Zúñiga, es licenciado en derecho con maestría en fiscal, actualmente funge como apoderado legal de la Universidad ITECCE, S.C

84 Rigoberto Suárez Bravo, es licenciado en derecho con maestría en derecho público. Se desempeña como abogado postulante en su despacho particular y fue Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima hasta el año 2016.

85 Roberta Munguía Huerta, es licenciada en derecho, se desempeña como abogada auxiliar de ponencia “B”, del Tribunal Electoral del Estado.

86 Rodolfo Roberto Rivera Nettel, es contador público y se desempeña como prestador de servicios profesionales independientes, en oficina propia.

87 Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, es licenciada en derecho, se desempeña como director jurídico del Instituto Electoral del Estado de Colima.

88 Rosa Ester Valenzuela Verduzco, es licenciada en derecho, con maestría en gestión pública aplicada. Se desempeña como Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

89 Sandra Eugenia García Arreola, es licenciada en derecho, se desempeña como abogada auxiliar de ponencia y actuaria en funciones, en el Tribunal Electoral del Estado.

90 Tláloc Fidel Alcaraz Sánchez, es licenciado en derecho, se desempeña como docente de tiempo completo de licenciatura en derecho en el Instituto de Educación Superior de Tecomán.

91 Víctor Manuel Gómez Corona, licenciado en letras y periodismo, con maestría en educación en ciencias sociales, se he desempeñado como periodista en diversos medios impresos y digitales; actualmente funge como director de comunicación social del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Hasta ahí la relación original de los 91 profesionistas validados por la Comisión de Vinculación del INE, a quien se les dio el derecho de presentar el examen de conocimientos.

De los 91 que tenía, ya nomás me quedan…

 

Sin embargo llegó el 8 de abril, fecha en que debían presentarse los 91 aspirantes y comenzó a desgranarse la mazorca…

De entrada hubo dos bajas, por lo que solamente 89 harían el examen… una baja fue la de Indira Isabel García Pérez, Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Colima (INFOCOL), quien luego de meditarlo, presentó por escrito el desistimiento para continuar con sus aspiraciones.

El otro caso, fue decisión del INE, y fue el caso de un suspirante que está inscrito como miembro del servicio profesional electoral nacional, por lo que aún antes de que iniciara el examen ya solo quedaban 89 aspirantes a consejeras y consejeros electorales locales.

Llegó el momento del examen  de conocimientos, y de los 89, únicamente se presentaron 72, es decir ya solamente el 81% de los originalmente inscritos.

¿Quiénes van a pasar el examen que tuvo una duración máxima de 3 horas?, no lo sé… lo que sí le puede afirmar es que de los 72 aspirantes que se presentaron a realizar el examen de conocimientos únicamente las 12 mujeres y los 12 hombres que hayan obtenido la mejor puntuación en el examen de conocimientos pasarán a la siguiente etapa que consiste en la elaboración de un ensayo presencial.

Se espera que los resultados se den a conocer los primeros días de mayo, pues de acuerdo a la convocatoria a partir de la publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa tendrán dos días hábiles para, en su caso, solicitar por escrito la revisión del examen.

Las etapas restantes son el ensayo presencial, que se prevé llevar a cabo el 13 de mayo próximo, y la valoración curricular y entrevista.

Para cerrar…

¿Güeso, con qué va, con ge, o con jota?

Déjeme platicarle a usted la anécdota de un compañero de las lides reporteriles… hace ya varios años (muchos, yo creo que unos 20, más o menos), un colega reportero gráfico, cuando todavía entregaban en las redacciones fotografías en papel (antes de que se inventaran las cámaras digitales), para que se trabajaran en el sistema de fotomecánica, al entregarlas a redacción en la parte posterior le ponían quiénes eran los que aparecían en la fotografía o de qué se trataba el evento.

Bueno pues aquél compañero muy serio se acerca a su compañero de medio y le dice, llevando la foto en la mano, para poner en la parte posterior de qué se trataba: “fulanito, “Güeso, con que va, con ge, o con jota”, y es que el colega reportero gráfico quería poner el apellido “Hueso”, de ahí se pregunta.

Le contesta el otro colega: “cómo serás “wey”, pues con “ache”, Hue-so, Hue-so.”

-Nuestro colega fotógrafo indignado le dice: “estás loco, ¨Güe-so, Güe-so, o es “ge”, o es “jota”, pero no con “ache”, porque entonces no diría Güe-so, tú quieres que me corran”, y ahí quedó esa anécdota.

Bueno a qué viene ésta, pues a que tuvieron que transcurrir 17 años, para que se corrigiera una errata en la placa de la sala de juntas del Congreso del Estado, resulta que allá en el año 2000, se aprobó un decreto para imponer el nombre a la Sala de Juntas “General, Francisco J. Múgica”, con “ge”.

Bueno pues resulta que a quien le encargaron hacer la placa con el nombre, le pareció que llevaba un error y la corrigió y le puso “General Francisco J. Mújica”, con “jota”, y las autoridades de aquél tiempo del Congreso, como eran el Oficial Mayor y el coordinador del Congreso del Estado, pues no se percataron y les pasó de noche, a pesar de que en la publicación del decreto en el periódico oficial “El Estado de Colima”, estaba bien redactado y escrito el nombre del ilustre prócer.

Pues apenas hace menos de un mes esta legislatura emite un nuevo decreto (yo no le encuentro la razón, pero), para corregir el nombre de la placa, y le comento que hasta los diputados se hicieron bolas, “a ver Mú-gica”, “Mú-jica”, los que subieron a entrarle al baile no supieron explicar bien porque con “ge” y no con “jota”, pero el caso es que ya se corrigió esa placa y ya desde este lunes está escrito bien el apellido del ilustre general Francisco J. Múgica… para eso tuvieron que transcurrir 17 años.

**Ya para despedirme solo le comento del asunto que le dejé “volando” la anterior entrega, que el caso es tan delicado que nadie quiere entrarle… seguiré investigando para que se conozcan los hechos, no sé si ya la CDH, esté enterada… nos vemos en la siguiente entrega “Desde la Curul 26”.

Estación Sufragio

A más de tres semanas que Indira Vizcaíno dejara vacante la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, el mandatario estatal Ignacio Peralta designó a Valeria Elizabeth Pérez Manzo en esa cartera, confirmando varias de las hipótesis que se formularon en la prensa, las redes sociales y los círculos del poder:

Una, que la posición tenía que ser para una mujer a fin de mantener una cuota de género que sigue siendo baja: apenas tres damas en el gabinete legal, si incluimos a la directora general del DIF, que no tiene rango de secretaria.

Otra, que el cargo sería para la hasta hace unos días coordinadora general de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Fomento Económico, a quien Peralta Sánchez le guardó el lugar hasta su regreso de Corea, a donde la funcionaria acompañó al titular de la Sefome como parte de una comitiva que hizo el tradicional viaje a Asia de cada sexenio, ése en el que los enviados colimenses le preguntan a los tigres asiáticos si tienen algún proyecto especial para este lado del Pacífico.

(Un lector malicioso observaba que la Sedescol tuvo un encargado del despacho todos estos días como una muestra más de la tacañería de la que ha hecho gala la administración estatal, que vio en la coyuntura del periodo vacacional la oportunidad de ahorrarse el sueldo quincenal de un secretario).

Y la tercera, que JIPS se decantó por una colaboradora técnica, sin trayectoria política ni interés personal en usar el cargo para construir una candidatura propia o, mucho menos, ayudar con los recursos destinados a programas sociales al partido gobernante (PRI) o a ninguno de sus aliados (Verde y Nueva Alianza) en sus estrategias clientelares.

Al menos es lo que se interpreta de las palabras de José Ignacio Peralta cuando, al entregarle su nombramiento en Casa de Gobierno, exhortó a Pérez Manzo a “trabajar con empeño y profesionalismo, así como con honestidad, seriedad y coherencia. Y le encargó hacer sentir a la gente que cuenta con todo el respaldo de la dependencia estatal, así como el compromiso social, profesional y personal de la nueva Secretaria de Sedescol”.

El compromiso de mantener despartidizada la política social lo hizo la nueva titular de Sedescol al señalar que “los retos que tiene son muy grandes, en especial en la parte de pobreza, por lo que buscará generar una verdadera política social en el estado, que atienda esta problemática de manera integral”.

No veo en el fondo de sus palabras una crítica a su antecesora, a quien los priistas del gabinete acusaban de estar usando el cargo para construir un proyecto personal con miras al 2018, pero a quien también muchos colimenses le aplaudimos que no se hubiera prestado al juego priista de usar los recursos públicos de tipo asistencial para construir clientelas electorales o, de plano, comprar votos, como ha estado haciendo Rosario Robles, la titular de Sedatu a nivel federal con un (lejano) pasado perredista al igual que Indira.

Valeria Pérez dio a entender que para ella tampoco se abrirán las llaves del presupuesto. Tras adelantar que revisará la estructura interna (lo cual supone deshacerse del equipo de colaboradores que tuvo Vizcaíno Silva) y los programas implementados, formuló su deseo de “desarrollar otros que puedan tener mayor impacto y principalmente ser innovadora y hacer más con los pocos recursos que se tienen para atender a los colimenses como se merecen”.

Valeria Pérez es uno de esos colaboradores de Nacho Peralta con los que el mandatario no pudo arrancar su gobierno por presiones de los liderazgos políticos que reclamaban posiciones por supuestos méritos en la doble campaña electoral. La mantuvo como su enlace en la Sefome y, muy posiblemente, como un motor de emergencia para arrancar proyectos en una dependencia cuyo titular se asume como un político y funcionario jubilado.

Como cursó sus estudios de educación básica en el estado norteamericano de Washington, Valeria habla inglés perfectamente. Y aunque estudió Economía en la Universidad de Colima, no en el ITAM, es de esos jóvenes a los que el entonces secretario de Fomento Económico, Ignacio Peralta, becó para hacer posgrados en el extranjero.

Pérez Manzo cuenta con una especialidad en Energéticos por parte del Instituto de Tecnología de Gas de Chicago. Y esos conocimientos le permitieron trabajar en la coordinación del Proyecto Integral de Gas Natural en Manzanillo, bajo el liderazgo de JIPS cuando tenía la titularidad de Sefome en el gobierno de Silverio Cavazos.

A la primera lectura de su currículo, Valeria Pérez es una tecnócrata pura. En la Sefome, una de sus principales responsabilidades fue la realización del Plan de Gran Visión Colima 2040, entre otros. Pero mientras estuvo en la banca, del 2009 al 2015, fungió como la coordinadora de Relaciones Comunitarias de la empresa energética Transcanada Pipelines para la construcción y operación del gasoducto Manzanillo-Guadalajara y sus demás activos en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro.

(En esa chamba, habría desarrollado la sensibilidad necesaria para no lastimar los intereses de los grupos sociales arrasados por el gasoducto o, en caso contrario, una perversa habilidad para darle a la gente atole con el dedo).

En diciembre de 2015, en el gobierno interino de Ramón Pérez Díaz asumió la Secretaría Técnica de la Sefome, cuya titular era Mairén Polanco, actual directora general del DIF estatal, lo que significa que junto a ella y los secretarios de Gobierno, Finanzas y Administración, Valera Pérez formó parte del gabinete adelantado de Ignacio Peralta, con el que, no obstante tener que superar todavía el reto de la elección extraordinaria, el entonces candidato del PRI tuvo control de la administración pública antes de rendir protesta.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

Tarea Política

Porque los colimenses no tienen con qué ni por qué pagar otra elección extraordinaria de gobernador del estado, Nacho debe resistir a pie firme en el cargo hasta mediados de febrero de 2018 cuando cumpla dos años, fecha después de la cual el Congreso Local nombraría al sustituto. Tienen razón quienes, porque no viven felices ni seguros, le dijeron a Nacho en las ya famosas lonas colocadas la noche del domingo de ramos en puntos estratégicos de la conurbación Colima-Villa de Álvarez y de Manzanillo, ¡Vete!, pero él debe hacer caso omiso a esta orden ciudadana y aguantar vara los próximos nueve meses hasta alcanzar la orilla y salir del embarazo que le provocaron sus amiguitos peñanietistas que le impusieron el viacrucis que para él ha sido la gubernatura.

Sus estrategas de incomunicación social que formalmente lidera Fernando “El Pollo” Cruz pueden sugerirle a Nacho la colocación de cientos de lonas en todo el estado en las que la gente de utilería que para su propaganda tienen, le pida a Nacho que no se vaya porque su verdad es que todos los colimenses viven felices como lombrices y seguros como canguros. Si bien nueve meses son un largo trayecto para los ciudadanos que tendrán que soportarlo, no tanto para quien fue mal candidato y resultó peor gobernante, el bilingüe  egresado del ITAM y Essex University, representante de la clase ilustrada de Colima y aromatizado a Pinos, por razones de insuficiencia de recursos económicos para costear otra elección estatal, debe sacrificarse y resistir hasta mediados de febrero de 2018.

La fijación psicológica-política desarrollada por Nacho de culpar de su propia incompetencia a sus nefastos antecesores Mario Anguiano Moreno y Jesús Silverio Cavazos terminó asemejándolo a ellos al grado de haberlos superado ya en el año y medio que lleva quejándose de ellos. Las nachotarjetas, los negocios sustentados en la información privilegiada y el tráfico de influencia en que se ha metido, y la compra a precio alzado del predio “La Campana”  y de residencias y departamentos de alto precio aquí, allá y acullá, a estas alturas de la pelea sexenal superan las trapacerías que en sus primeros dos años de gobierno cometieron lo bribones de siete suelas Jesús Silverio y Mario.

Nacho debe resistir otros nueves meses como gobernador ausente de Colima aunque haya quienes le reclamen el haber incumplido su promesa de campaña de meter al fresco bote a silveristas y anguianistas, y recuperar los miles de millones de pesos que descaradamente se robaron. Tampoco debe oír ni escuchar, sino ponerles oídos de matancero, a las voces que le reclaman su infelicidad e inseguridad y los robos a sus hogares y negocios, extorsiones, muertos por doquier a razón de unos cincuenta por mes en promedio para dar un total acumulado de cerca de 700 caídos en lo que va de su pésimo mal gobierno por las balas de la delincuencia organizada que no atina a neutralizar.

Nacho tiene en qué entretenerse mientras transcurre su tiempo: los miércoles de plaza, sus frecuentes viajes a destinos de clase mundial y el establecimiento de records Guinness pueden hacerle más ligero su penoso transitar  hasta su cumpleaños número dos como gobernador de los paganos colimenses. En tanto, los columnistasnachoperalta@gmail.como deben redoblar sus porras para que su jefe resista los próximos nueve meses y no aviente el arpa.  

EL ACABO

Los ciudadanos colimenses tienen derecho a exigirle a Nacho que se vaya con su desentonada música a otra parte o a pedirle que resista y continúe en el cargo hasta el día último de noviembre de 2021,  y a expresar sus  exigencias y peticiones por todos los medios a su alcance, incluida la colocación de lonas. ¿Qué chingados tiene entonces que investigar la Procuraduría General de Justicia del Estado a quienes decidieron ejercer su derecho constitucional de petición? Es pregunta, no se enojen.

Lo que menos importa es la procedencia de las lonas, Nacho, el objetivo que “se busca” es muy claro y preciso: Tu salida del cargo al que nunca jamás debiste haber llegado.

Estación Sufragio

Casi dos semanas ha estado la opinión pública (hoy pomposamente llamadas las redes sociales) especulando sobre la autoría material e intelectual de las infames narcomantas con las que se exigió la renuncia de Ignacio Peralta porque, evidentemente, el gobernador no ha cumplido su magna promesa de campaña: vivir felices y seguros.

Troles presuntamente vinculados al aparato de comunicación social del gobierno (si no lo son, los verdaderos voceros oficiales del régimen deberían empezar por desmarcarse de los comentaristas oficiosos que diseñan estrategias por su cuenta) acusaron al senador Jorge Luis Preciado de haber costeado las mantas, y a un grupo de panistas (algunos de ellos vinculados a Pedro Peralta Rivas, primo y operador político del mandatario) de colocarlas.

Luego señalaron a un columnista disidente de haber trucado y subido al internet las fotografías en las que se ven esas mismas mantas en la fachadas de Casa de Gobierno, Palacio y el Diario de Colima, cuando es sabido que en esos lugares no amanecieron narcomensajes.

El objetivo de esta campaña de desinformación era ubicar los narcomensajes en el contexto de la disputa política por el estado, describiendo tales acciones de terrorismo comunicacional como un adelanto de la contienda electoral que en Colima se habrá de librar en 2018. 

Por supuesto, la lectura obvia de las mantas es que se trata de auténticos narcomensajes, es decir, llamados de atención a un gobierno que no ha querido pactar con la delincuencia organizada y al que un cartel le está queriendo decir algo que solamente la autoridad puede interpretar.

Pero, ¿y si los mensajes no fueron emitidos por la oposición ni enviados por criminales? Pues entonces hay una tercera posibilidad, tan viable y fantasiosa como las dos primeras: las mantas son “fuego amigo”.

Es conocido el gusto de los gobiernos por generar pánico moral en momentos en que es necesario afianzarse, mas esto comúnmente ocurre con regímenes fuertes; impopulares e ilegítimos si se quiere, pero sólidos.

En una administración que alberga a tantos intereses encontrados como la de Peralta Sánchez, tiendo a pensar que una parte del gabinete le está mandando un mensaje al resto de los funcionarios o directamente al jefe de la tribu, con el propósito de amedrentarlo.

Las narcomantas buscaban convencer a un mandatario que ya tiene sus dudas sobre la eficacia de ciertos estilos de hacer política y de estrategias para mantener la gobernabilidad, de la necesidad de preservar a los halcones en el equipo de gobierno.

Qué casualidad que los mensajes aparecieron justo cuando comenzaron los cambios en el gabinete, en momentos en que si yo fuera el mandatario, estaría buscando alternativas para sumar voluntades a mi proyecto de gobierno en la antesala de las elecciones intermedias.

Comicios de medio sexenio en los que, como jefe político de la entidad, tuviera la obligación de que el partido gobernante recupere las posiciones (alcaldías y diputaciones locales) que perdió en las pasadas votaciones, y que el candidato de ese partido a la Presidencia de la República obtenga los sufragios necesarios no sólo para ganar sino para recuperar el control en las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Si el objetivo es evitar la debacle del PRI, el gobernador Peralta Sánchez necesita empezar a prescindir de aquellos colaboradores que le restan voluntades, y que ni siquiera representan a una corriente ideológica ni a un verdadero grupo político sino, acaso, a una nomenclatura pasada de moda.

A Nacho le convendría deshacerse de esa clase política arcaica y disonante con el estilo pragmático de Enrique Ochoa, el dirigente nacional del tricolor que terminó convenciendo a Enrique Peña Nieto de que por el 2018 bien vale la pena meter a dos o tres ex gobernadores priistas en la cárcel y mandar a la última generación de dinosaurios al Museo de Historia Natural.  

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede ler también en: www.aacb2.com.

Desde la Curul 26

Cuando el Instituto Nacional Electoral abrió su convocatoria para llevar a cabo el registro de aspirantes a consejeros y consejeras electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima, que habrán de elegir a cuatro integrantes de ese organismo, tres de ellos para un período de siete años y uno más por un espacio de cuatro años, aunque éste último tendrá el honor de ser designado presidente o presidenta.

 Quien sea designado consejero o consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, asumirá responsabilidades el 30 de junio de este año, a fin de que se vaya “empapando” del trabajo que está realizando el IEEC, toda vez que en la primera quincena del mes de octubre iniciará formalmente el proceso electoral local 2017-2018, que culminará con la elección del año venidero, pero solo será electo para completar el plazo que le quedaba a la defenestrada exconsejera y expresidenta, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano.

A quien le asignen la responsabilidad de ser el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se mantendrá en su encargo hasta el 30 de septiembre del año 2021, que era el período para que el originalmente había sido nombrada la depuesta expresidenta.

En cambio los otros tres consejeros o consejeras, serán electos por un período de siete años y entrarán en funciones el 1 de octubre de este año, y sustituirán a las consejeras y el consejeros, Verónica Alejandra González Cárdenas, Isela Guadalupe Uribe Alvarado y José Luis Fonseca Evangelista, que terminarán el encargo para el que fueron designados, el 30 de septiembre.

Bueno pues apenas salió la convocatoria publicada cuando sin pensarla mucho 96 hombres y mujeres acudieron a registrarse, entregando los documentos, para integrar el expediente dispuestos a sacrificarse por los colimenses.

En el primer análisis realizado por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, dio a conocer que de acuerdo a los requisitos establecidos en la convocatoria en caso de Colima se detectó que 5 de las y los 96 aspirantes que habían concurrido, incumplían con alguno de los requisitos establecidos, por lo que no se  les permitió continuar participando en el proceso.

Hay que decir que de los cinco aspirantes que no pasaron el primer filtro, cuatro eran militantes del Partido Acción Nacional, y así quedó estipulado en las causales por las cuales en el acuerdo expedido por el INE se indicó que no procedía su registro; el quinto suspirante que se quedó con la carabina al hombro, fue el contralor del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Pablo Javier Manzo Pérez, precisamente por ser funcionario.

De esa manera ya solo quedaban 91 tiradores, pero…

Antes de presentarle la relación de los aspirantes, déjeme comentarle que la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, que preside el consejero Ciro Murayama, no hizo su tarea, porque si tan solo hubieran hecho valer los requisitos que aparecen en la convocatoria, la relación se hubiera reducido en una proporción importante.

La amnesia de Ruiz Visfocri y del INE…

Entre los hechos más graves, o cuando menos los que más llaman la atención, es que hayan validado entre otros, el registro de la ex consejera María Elena Adriana Ruiz Visfocri, cuando la convocatoria en la base tercera,  donde señala los requisitos que deben cumplir los aspirantes, es muy clara cuando dice que “…no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación, como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado, tanto del gobierno o de la federación”…

También la convocatoria les prohíbe “…no ser, no haber sido miembro del servicio profesional electoral nacional durante el último proceso electoral en la entidad; XII.- No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejera o consejero presidente, ni consejera o consejero electoral del Instituto Electoral del estado de Colima o de cualquier otra entidad federativa…”.

La sola aplicación de esta base era más que suficiente para que hubiera nulificado la solicitud de la aspirante María Elena Adriana Ruiz Visfocri, porque hace apenas escasos 18 meses que designaron y tomaron la protesta a las y los consejeros del actual consejo general del Instituto Electoral del Estado, y ahí no solo designaron, sino que le tomaron la protesta Ruiz Visfocri, como integrante de este organismo electoral”.

Y que antes de un mes de haber rendido protesta tuvieron que destituirla y nombrar como sustituta a la actual consejera Verónica González. Por el solo hecho de haber sido designada Ruiz Visfocri está impedida de participar en este proceso.

Sin embargo tanto la suspirante Ruiz Visfocri, como la Comisión de Vinculación del consejo general del INE, que preside el consejero Ciro Murayama, hayan sufrido un repentino ataque de amnesia total, donde se les borró el casete a ambas parte y una (la aspirante) con toda la mala leche del mundo omite entre los cargos desempeñados que ya fue consejera local y la destituyeron; y por la otra, (la Comisión de Vinculación junto con su órgano técnico que fueron los que cotejaron y validaron), que no tenga registros, ni memoria, de los casos donde remueven consejeros por órdenes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Desde mi punto de vista es más grave, que la aspirante a consejera, haya ocultado (por no decir mentido) al Instituto Nacional Electoral, que ella ya fue designada por este mismo consejo general del INE y la tuvieron que remover por orden del Tribunal Electoral.

Yo no sé si vaya a aprobar o no el examen que le aplicó el sábado 8 de abril, pero aquí María Elena Adriana Ruiz Visfocri, no debió haber estado en el aula donde les practicaron ese examen de conocimientos.

Con esta solo hecho, el consejo general del INE está dejando mucho que desear, porque de entrada no está garantizando la certeza, ni la legalidad, a este proceso de selección de los que finalmente serán designados consejeras y consejeros para el organismo público local electoral.

Y este es solo un ejemplo de los varios que están contenidos en la lista de los 91 suspirantes que se quieren sacrificar en el cargo de consejera o consejero del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Le voy a presentar la lista de los profesionistas que originalmente fueron avalados, para que ustedes conozcan los nombres de quienes están participando.

Quiero decirle a usted que el sábado 8 de abril, antes de practicarse el examen, hubo dos bajas; una por desistimiento, entregándose documento por escrito de que ya no quería seguir y el otro por determinación del consejo general del INE, que se dio cuenta que un suspirante no cumplía los requisitos, y lógico, no fue Ruiz Visfocri, porque ella sí realizó el examen, ya le diré quienes fueron.

Entonces de los 91 que había, ya nada más quedaron 89, y de esos 89 solo se presentaron a realizar el examen 72.

Ya de esos 72 la Comisión de Evaluación solamente elegirá 12 mujeres y 12 hombres, los que hayan obtenido la mejor puntuación en el examen de conocimientos y que pasarán a la siguiente etapa que consistirá en la elaboración de un ensayo presencial.

Ya no falta mucho para que se den a conocer los resultados que se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral (www.ine.mx), Una vez publicados los nombres se darán dos días para que se presenten las impugnaciones en caso de haberlas, por escrito pidiendo la revisión del examen.

Como la lista de los 91 aspirantes con sus respectivas profesiones y en que se están desempeñando actualmente los aspirantes, se la voz a presentar en dos partes, para no hacerla tan cansada, por lo que el próximo jueves le estará publicando la segunda parte de la lista de los 91 que originalmente dijo el INE que había cumplido con los requisitos.

¿Quiénes eran los 91 aspirantes…?

En la lista de suspirantes encontramos de todos, desde licenciados en enfermería, un contralmirante de la Secretaría de Marina-Armada de México, periodistas, comunicólogos, contadores públicos, ingenieros mecánicos, licenciados en derecho, sociólogos, psicopedagogos, en fin, hay variado rico, pero ¿quiénes eran (porque ya no son todos) los 91 suspirantes?

De acuerdo a la lista que el INE subió a su página web, los 91 profesionistas que originalmente dijeron que cumplieron los requisitos para presentar el examen de conocimientos, fueron:

01 Adalberto Torres González, licenciado en ciencias de la comunicación, coordinador de comunicación social del consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada.

02 Adonaí Quetzalcóatl Peregrina García, licenciado en administración pública y ciencia política, auxiliar jurídico de Gobierno del Estado.

03 Alejandra Licet Chapula Luna, licenciada en derecho, abogada litigante.

04 Alejandro Camarena Berra, contador público, socio de un despacho contable.

05 Almendrita Pérez Vélez, licenciada en ciencias de la comunicación, Directora de Radio de Gobierno del Estado.

06 Andrés Antonio López Castell, licenciado en derecho, empleado del Instituto Politécnico Nacional.

07 Antonio Tonatiuh Castrejón Gutiérrez, ingeniero mecánico electricista, administrador  general de “La Tolva de la Villa”, S.A.

08 Arlen Alejandra Martínez Fuentes, licenciada en derecho y maestría en derecho público, asesora jurídica del CONALEP y titular del área de transparencia de CONALEP.

09 Aurora Castillo Rosas, licenciada en derecho, abogada litigante.

10 Carlos Alberto Ochoa Alcaraz, licenciado en derecho, jefe de oficina de juicios diversos del IMSS.

11 Carlos Antonio Pérez Recordón, licenciado en mercadotecnia, restaurantero.

12 Carlos Donato Castañeda Castrejón, ingeniero en comunicaciones y electrónica, trabaja de soporte técnico en la Secretaría de Educación del Estado.

13 Carlos Enrique Velazco Macías, licenciado en derecho con maestría en política y gestión pública, es el director general del portal web Meridiano Colima.

14 Carmen Yolanda Hernández Sánchez, licenciada en derecho, labora como asistente distrital de capacitación electoral del INE.

15 Celia Cervantes Gutiérrez, licenciada en comunicación institucional posee doctorado  en Ciencias Sociales, labora como coordinadora académica del Bachillerato 15 de la Universidad de Colima.

16 Cristóbal Rodríguez Garay, licenciado en psicopedagogía, doctorado en ciencias, labora como responsable del archivo histórico de la Dirección de Educación, de la Secretaría de Educación.

17 Daniel Ramos Ramírez, licenciado en ciencia política y maestría en gestión de proyectos y procuración de fondos, es coordinador de investigación y análisis de políticas públicas en la Secretaría de la Juventud de Gobierno del Estado.

18 Denisse Yesel Jiménez, ingeniero e computación, cuenta con maestría en computación es director general de Tecnocible, S.A.

19 Edgar Alfonso Carrillo Orozco, licenciado en informática, es director del bachillerato EMSAD 19, dependiente de la Secretaría de Educación.

20 Edgar Horacio Badillo Medina, licenciado en letras y periodismo, ex consejero electoral del Instituto Electoral del Estado, actualmente Director de Cobertura y Difusión de Gobierno del Estado.

21 Edgar Ramón Montaño Valdez, Ingeniero industrial y de sistemas, con doctorado en gobernabilidad y gestión pública; labora como director de organización del servicio profesional electoral del INE.

22 Eladio Cárdenas Ramírez, licenciado en derecho y maestría en derecho corporativo, es catedrático en la UNIVER Colima.

23 Elías Sánchez Aguayo, licenciado en derecho, proyectista en el Tribunal Electoral del Estado.

24 Enedelia Velasco Preciado, licenciada en derecho, labora como asesor jurídico de Gobierno del Estado, con plaza sindicalizada.

25 Enrique Samuel Ortiz Guardado, licenciado en enfermería, labora como promotor comunitario en Save The Children México.

26 Eric Yasser Robles Robles, licenciado en derecho, labora como defensor público adscrito a la Agencia del Ministerio Público en Manzanillo.

27 Fernando Arturo Vega Alcaraz, licenciado en derecho, labora como Agente del Ministerio Público Investigador, en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

28 Francisco Arnoldo Virgen Ramírez, licenciado en administración de empresas, labora por su cuenta se denomina autoempleado administrando una microempresa.

29 Gabriel Navarro Morales, licenciado en derecho, labora como abogado en la Procuraduría de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes del DIF estatal.

30 Gerardo David Amezcua Álvarez, es contador público, con maestría en derecho fiscal y corporativo, actualmente es jefe del departamento de procedimientos administrativos de la Consejería jurídica de Gobierno del Estado.

31 Guadalupe Quijano García, licenciada en ciencia política, con maestría en historia, actualmente trabaja de docente frente a grupo en el ISENCO.

32 Guillermo Chanona González, licenciado en Informática, labora como jefe administrativo en la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado.

33 Héctor Francisco Álvarez De La Paz, licenciado en derecho, actualmente es auxiliar jurídico en el Congreso del Estado.

34 Idalia Gutiérrez Hernández, licenciada en Comercio Internacional, se desempeña como asistente de la diputada federal panista Gretel Culin Jaime.

35 Indira Isabel García Pérez, licenciada en derecho, con doble maestría, una en Derecho Corporativo y otra, en Educación. Actualmente se desempeña como Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Colima (INFOCOL).

36 Iván Jacinto Cortés, es médico cirujano, señala que es médico especialista aunque no indica en que, trabaja para la Secretaría de Salud del Estado.

37 Jaime Valdez Galván, es licenciado en administración pública, con maestría  en Ciencias Sociales, ha sido director de comunicación social del Ayuntamiento de Villa de Álvarez; director del periódico Colimán, actualmente es consejero electoral del municipio de Comala.

38 Javier Ávila Carrillo, licenciado en Administración Pública, se desempeña como Asistente local de la Vocalía Ejecutiva del INE.

39 Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez, licenciada en derecho; actualmente jefa de oficina en CIAPACOV.

40 José Daniel Miranda Medrano, licenciado en Sociología, con maestría en Ciencia Política y Administración Pública; se declara profesionista independiente ex consejero electoral del INE en el pasado proceso electoral 2014-2015 y en la elección extraordinaria para gobernador del estado, 2015-2016.

41 José Luis Puente Anguiano, es licenciado en derecho; actualmente se desempeña como asesor empresarial particular, y es exconsejero electoral y ex secretario ejecutivo del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Colima.

42 José Mauricio González Sánchez, es ingeniero en sistemas computacionales, actualmente es supervisor de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

43 José Ramón Mejía Galván, es ingeniero en ciencias computacionales; se desempeña como jefe de servicio técnico de Mayoreo de Copiadoras, S.A. de C.V.

44 Juan Carlos Flores Carrillo, licenciado en comunicación; cuenta con maestría y doctorado en gerencia  pública y política social; es periodista, corresponsal del periódico La Jornada; ha sido reportero en el periódico Diario de Colima y en los portales digitales Avanzada y Colima Noticias y es catedrático en la Universidad de Colima.

45 Juan José Anguiano Carrasco, es médico cirujano partero, se desempeña como médico general y trabaja para la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado.

46 Juan Manuel Rodríguez Peña, es licenciado en Ciencias Políticas, cuenta con maestría  en Derecho Constitucional y Amparo. Se declara desempleado, durante 16 años fungió como Director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima.

47 Juan Pablo Carrazco Fernández, es licenciado en Derecho, se desempeña como Director de Procesos Legislativos del Congreso del Estado de Colima.

48 Juan Ramon Granero Vega, es ingeniero en Telemática, actualmente es Director de Sistemas del Instituto Electoral del Estado de Colima. (Continuará).

 

Para cerrar…El regreso de Julia…

**Déjeme darle la primicia de que es cuestión de días para que la diputada con licencia del Partido Acción Nacional, Julia Licet Jiménez Angulo, que solicitó licencia para separarse del cargo desde allá como el 30 de octubre del año pasado para estar en condiciones de participar en el proceso interno para la elección del dirigente del comité directivo estatal del PAN, se reincorpore a sus funciones como diputada propietaria.

Ya este lunes Julia Jiménez, personalmente en persona, estuvo por la Oficialía Mayor del Congreso,  donde entregó el documento solicitando su reincorporación como diputada propietaria, mismo que le fue recibido en la oficialía de partes.

Ya lo que hará falta será que conforme  lo prevé el artículo 19  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  se le turne a la Comisión de Gobierno Interno, para que ésta a su vez turne el escrito a la comisión respectiva para su estudio y elabore el dictamen y se someta a la consideración del pleno.

De acuerdo a lo que establece el artículo 17, fracción segunda, “recibida la comunicación a que se refiere la fracción anterior (la solicitud de reincorporación), el Presidente la Turnará a la comisión respectiva; el dictamen correspondiente será puesto a consideración  de la Asamblea quien aprobará lo conducente, cinco días después de recibida la solicitud”.

Entonces ya es cuestión de días para que se reincorpore Julia Jiménez al trabajo legislativo.

**Le comento también que este lunes apenas fue notificada Julia Jiménez, por el Tribunal Electoral del Estado, respecto al Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, donde de acuerdo a lo aprobado por mayoría del pleno, no le concedió la razón a Jiménez Angulo en su recurso interpuesto.

Como la notificación fue comenzando la tarde, aún no leía la manera en que resolvió el Tribunal Electoral del Estado, por lo que no había definido hasta ayer por la tarde, si recurrirá a impugnar la sentencia ante la Sala Regional o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo sí aclaró que su solicitud de reintegrarse al trabajo legislativo no está supeditado a que promueva o no el recurso de apelación ante la sala superior.

**Y ya para concluir déjeme comentarle que de acuerdo a información de fuentes muy confiables, este fin de semana ocurrió un hecho muy lamentable en una institución de la entidad, el cual hasta el momento lo han tratado de mantener lo más oculto posible. Sólo me faltan algunos detallitos para estar en condiciones de dárselo a conocer, de ser posible en la siguiente entrega “Desde la Curul 26”,  le daré pelos y señales de qué ocurrió… hasta la próxima.

 

La Manera de Opinar de...

Me cae que Judas Iscariote le viene guango al des- gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien ha traicionado vilmente al pueblo colimense con sus injurias, falacias, inseguridad, homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones, nula generación de empleos, cero inversiones, un gabinete más descarriado que cabras locas. ¡Vivir Feliz y  Seguro fue una vil mentira del tamaño de los Volcanes de Colima!

Mención aparte merece el ya bastante comentando tema de las lonas que aparecieron en diferentes puntos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y en Manzanillo. En ellas señalan: “Nacho, no vivimos ni felices, ni seguros. Vete. Artículo 39 Constitucional. El pueblo te lo demanda”, Nacho apareció en ellas porque está en la lona patas pa’ arriba aunque se empeñe en negarlo

Pues la neta del planeta sobre este tema. Los pollos oyeron cantar el gallo y no supieron ni por dónde. ¡Ah que “Pollo” Cruz tan descabezado¡ Mejor ponte a arreglar el cochinero que tienes en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado y luego le hacen al detective, al Inspector Ganget. ¡Bruto¡ dejaste entrever que  tú y tu gavilla de macuarros, como investigadores, se mueren de hambre. Mejor sigan saqueando las finanzas estatales. Es lo mejor que saben hacer.

Ni Jorge Luis Preciado Rodríguez ni Meyle Pastora Beltrán Rolón ni Daniel Munguía Pizano ni muchos menos mí estimado amigo y Colega Javier Montes Camarena (G8 Independiente)  fueron los autores intelectuales ni materiales de las comedidas lonas. Fue Fuente Ovejuna, el pueblo, pollo lego. Si no sabes no inventes, pregúntale a este Columnista que tiene información veraz sobre el chusco asunto.

Sabes que “Pollo” buche pelón , como dijera el extinto alcalde de Villa de Álvarez, “Don Poncho” Rolón, en lugar de buscarles chiches a  las culebras mejor danos a conocer el tiradero de dinero que hicieron con el récord del Ceviche más grande del mundo Yo te pregunto, ¿cuántos dólares  nos costó ese chistecito de “Nachito”, ¿cuánto dólares nos costó la venida de la muchachita representante de Récord Guinness? Queda de manifiesto que “Nachito” Peralta es un vil des- gobernador atrincherado. Su siervo “Pollo buche pelón” Cruz de inmediato mueve a lo tarugo a sus títeres de los medios de comunicación que tiene a su más entera disposición.

Lamentable que nuestros corresponsales “nacionales” no hayan informado absolutamente nada sobre la colocación de las lonas en diferentes puntos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y Manzanillo. Ni en Televisa ni en Tv Azteca ni en Panorama Informativo dieron a conocer la noticia, hay que informar sin tapujos. El único que informó a nivel nacional sobre éste suceso fue el Colega Pedro Zamora Briseño en la Revista Proceso.

Ojalá que Javier Alatorre Siordia (Tv Azteca);  Denise Maerker Salmón (Televisa); Alejandro Villalvazo (Panorama Informativo), pongan a trabajar como es debido a sus reporteros en Colima, pues están dejando correr el agua muy feo o, de plano no quieren trabajar porque  temen que los regañen en Casa de Gobierno.

Ya medio Colima sabe que José Ignacio Peralta Sánchez está más preocupado por sus busisness en la Ciudad de México que por dar buenos resultados como gobernador, aquí tan sólo se le observa en eventos en los que sabe que  se verá plagado de elogios, saludos y aplausos, eso es a la único que está acostumbrado, jamás a la crítica.

Con tanto homicidio doloso,  cabezas humanas pal pozole, feminicidios, niño muertos por fuegos cruzados, por tanto ceviche, por tanto corresponsal que no informa como es debido, con tanta desbandada en el gabinete, como bien dice la canción de Los Caminantes de San Francisco del Rincón Guanajuato, “el negro no puede, el negro no puede” y Nachito Peralta tampoco puede. ¡Pásela bien¡.

Estación Sufragio

Desde hace 11 años, al menos 20 gobernadores de estados mexicanos han sido investigados o están prófugos de la justicia (las cuentas son de El País). Sólo unos pocos han sido detenidos pero, en una semana, la administración de Enrique Peña Nieto se anotó dos tantos.

Gracias a la cooperación de los respectivos gobiernos, se logró la captura en Italia del ex mandatario tamaulipeco Tomás Yarrington, quien era buscado desde 2012, y en Guatemala de Javier Duarte de Ochoa, ex titular del poder ejecutivo en Veracruz, quien llevaba seis meses “a salto de mata” luego que el 12 de octubre de 2016, a semanas de concluir su periodo, solicitara licencia para separarse del cargo y “limpiar” su nombre.

Desde que se difundió la primera aprehensión y sobre todo después que se conoció lo de Duarte, en las redes sociales de Colima surgieron especulaciones respecto a la suerte de Mario Anguiano. Hubo quién lanzó ingenuamente la pregunta: ¿cuándo detendrán al ex gobernador de Colima? Y quién lo exigió como un acto de justicia.

Sin embargo, aunque el gobierno de Ignacio Peralta ordenó una auditoría externa y hay otra en proceso a cargo del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) que daría pie al Congreso del Estado para proceder en contra de Mario, ya sabemos que en este país el único que persigue a los gobernadores es el Presidente de la República y, hasta el momento, el expediente de Anguiano Moreno no figura en la agenda federal.

Tal vez enjuiciar políticamente a MAM haya sido (sospecho que ya dejó de ser) una prioridad dentro de una estrategia de legitimación del régimen peraltista, pero está claro que no es prioritario para el Gobierno de la República. Y menos cuando, según los propios funcionarios de la administración estatal, Mario cuenta con la protección del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Antes de sumar un nombre a la larga lista de gobernadores corruptos, la administración Peña Nieto tiene cuentas pendientes de ajustar con otros ex mandatarios que no sólo causaron un daño patrimonial muy superior al que generó Anguiano en Colima, sino cuya detención produciría mayores dividendos políticos.

Porque nadie discute que la defenestración de Yarrington y Duarte, junto a la eventual captura de otro priista que en su momento fue insigne, César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, obedece a dos factores: la presión de Estados Unidos y la necesidad de revertir el descrédito que el Partido Revolucionario Institucional acumula.

De hecho, lo que busca el PRI bajo la dirección de Enrique Ochoa Reza es convertir su nueva cruzada contra la corrupción en un valor electoral, con miras a los comicios de gobernador este año en entidades como el estado de México, Nayarit o Coahuila, y las elecciones generales de 2018.

Hay quien llama pragmatismo a lo que otros describen como cinismo. No extraña el descaro de la cúpula priista al celebrar la captura (y hasta felicitar por ello a la PGR) de ex gobernadores que primero fueron elogiados como cuadros del Partido. El tricolor expulsó de sus filas a militantes que antes fueron considerados tan distinguidos como para merecer una candidatura. Lo que sorprendería es que el electorado aceptará estas cabezas como una prueba de la recién descubierta honorabilidad priista.

Yarrington es uno más en la dinastía tricolor de gobernadores de Tamaulipas vinculados al narcotráfico. Mandatario estatal entre 1999 y 2004, fue sucesor de Manuel Cavazos y antecesor de Eugenio Hernández, ambos perseguidos por la DEA. A ellos siguió Egidio Torre Cantú, recordado por haber sustituido en la candidatura a gobernador a su hermano Rodolfo, asesinado durante la campaña, y por pavimentar a un costo millonario una calle en Reynosa a la que le puso el nombre del fundador del cártel del Golfo, Juan Nepomuceno Guerra.

Yarrington Ruvalcaba pasará a la historia por haber tolerado el surgimiento de los Zetas, uno de los grupos criminales más violentos que, tras emanciparse del citado cártel, al cual sirvieron como pistoleros, instauraron un nuevo orden basado en el terror y en un modelo de negocio donde el trasiego de drogas es una actividad no mucho más lucrativa que la trata de personas, la extorsión, el secuestro o el cobro de piso.  

Javier Duarte, por su parte, se ha convertido en el nuevo paradigma de la corrupción, la prepotencia y la avaricia. Es también el símbolo de un partido que ya no puede permitirse el lujo de encubrir los errores y culpas de los gobernantes emanados de sus filas.

Una semana después que Duarte perdiera el fuero, la PGR expidió una orden de aprehensión. Pero su defenestración había comenzado antes, el 24 de agosto, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó auditorías de los bienes del Gobernador, muchos de los cuales estaban a nombre de su secretario de Economía, José Antonio Mansur, quien renunció cinco días más tarde.

Las investigaciones del SAT sobre la presunta evasión fiscal del gobernador se hicieron oficiales el 20 de septiembre. Y el 26 de ese mes el PRI despojó de sus derechos partidistas a quien había sido uno de sus políticos modelo. Buscado en los 190 países que tienen acuerdos con la Interpol, Javier Duarte fue capturado en el municipio de Panajachel, en el centro de Guatemala, el sábado 15 de abril de 2017. Es acusado de peculado y corrupción: el desfalco atribuido a su mandato asciende a 16 mil millones de pesos. 

Varios columnistas habían mencionado la posibilidad de que el ex gobernador se encontrara en esa nación centroamericana. Al final, su paradero resultó tan obvio que cabe pensar que las autoridades aguardaron a revelar su ubicación hasta que fue políticamente conveniente.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

Tarea Política

Si los policías chinos al servicio del encargado oficial de reprimir la libertad de expresión en Colima, Fernando “El Pollo” Cruz, ya determinaron que el autor intelectual de la colocación de lonas en las que colimenses inconformes con el desempeño de José Ignacio Peralta amablemente le piden dejar el cargo que le quedó guango, es su villano favorito el panista Jorge Luís Preciado Rodríguez; y  los materiales, Meyli Pastora Beltrán Rolón y Daniel Alejandro Murguía Pizano, pedro-peraltistas de corazón;  ¿qué chingados tiene que investigar entonces  la por lo visto ‘desquehacerada’ Procuraduría General de Justicia del Estado?

Da en el clavo Adalberto Carvajal Berber cuando afirma que “Para evitar que los panistas capitalizaran políticamente el mensaje (de las lonas)  y buscando distraer la atención pública del contexto criminal en el que pudo redactarse”, plumas anónimas pero ostensiblemente oficiosas acusaron en las redes sociales a operadores del PAN de ser los responsables de colgar las lonas adjudicándole la autoría intelectual al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. “Con toda intención quisieron establecer un supuesto nexo entre la delincuencia organizada y la oposición política. Afirmación irresponsable por dos razones: la primera, porque enturbia el proceso electoral antes de que empiece: y la segunda, porque le pega también al gobierno del PRI”, remata con claridad y contundencia Carvajal Berber.

Si, como atinadamente sostiene el abogado constitucionalista  Abraham Méndez Palomares, “no hay ningún delito que perseguir”, ¿Qué caso tiene la investigación exigida por José Ignacio para “ saber quién las mandó colgar, quién las puso, quién fue el autor material del hecho que las colgó y, sobre todo,  quién le mandó pagar porque lo hiciera”? No hay delito que perseguir porque, como atinadamente argumento Méndez Palomares, “no se trata de una amenaza, no le dicen al señor gobernador, si usted no se va lo vamos a matar, nomás le piden que se vaya, que ya renuncie, entonces no hay ningún delito, no hay, desde el punto de vista jurídico, y en eso hemos coincidido más de 100 abogados en las redes sociales, en que no hay ningún delito que perseguir”. Total, si no quiere irse por su propio pie que no se vaya. 

Completamente de acuerdo con Abraham en que el ‘nacholonagate’ ni a falta administrativa llega porque “es un derecho de petición que todos los ciudadanos tenemos, el artículo 8 de la Constitución General de la República nos consagra ese derecho, a pedir a cualquier autoridad, no solo al gobernador, a pedirle algo, que si está dentro de sus posibilidades hacerlo lo va a hacer. El hecho de pedir una renuncia, desde el punto de vista técnico jurídico, no cae en ningún delito”.

Como ni viendo atina, José Ignacio confesó desconocer la procedencia y el objetivo de las nacholonas, y le exigió  a la PGJE investigar el caso, pero no contaba con la astucia y la eficiencia de su pollo de Comunicación Social que en menos de lo que canta un gallo, a través de sus troles, incriminó a Preciado Rodríguez llevándose entre las patas al mismo primo de su patrón y jefe político de Beltrán Rolón y Murguía Pizano, Pedro Peralta Rivas, además de embarcan a otros declarantes@nachoperalta.com. 

José Ignacio no entiende que los viejos usos y costumbres impuestos por su estratega en incomunicación social, Salvador Silva Padilla,  en su gobierno, su partido y el Congreso del Estado, ya no son eficaces en los nuevos tiempos, pero empecinado sigue en cooptar, difamar  y reprimir a quienes ejercen la libertad de expresión que no le favorece. En lugar de sacudirse de una buena vez a los ‘comunicólogos’ rémoras del fernandato, se va por la vía fácil de culpar de su mala imagen a quienes con fundamento critican su más que insatisfactorio desempeño y nulos resultados en el cumplimiento de su compromiso de lograr que los colimenses vivan felices y seguros. Así ni cómo ayudarle. 

EL ACABO

•             “Si la explicación oficial de la violencia es que en Colima se libra una disputa por la plaza, si de acuerdo a esos troles hay un cartel que juega en la oposición, necesariamente entonces otro tiene que estar jugando con el partido (o el grupo) en el poder”: Adalberto Carvajal Berber.

Análisis Político

Gobernadores, Secretarios del Gabinete, delegados federales, diputados locales y federales, senadores, alcaldes, y la mayoría de los funcionarios de los tres niveles de gobierno no le dan la importancia que merecen a los valores humanos como son la puntualidad, responsabilidad, honestidad, el respeto a los demás, la tolerancia, cuando sabemos que estos valores deberían ser fundamentales y obligatorios para todos los servidores púbicos porque son precisamente eso, “servidores públicos”.

La impuntualidad de los funcionarios es falta de respeto a los demás, a los ciudadanos que votaron por el propio servidor público, pues ya no basta el pretexto de siempre, que fue un accidente, porque se prolongó la anterior reunión, es muy lamentable que los gobernadores y presidentes municipales lleguen a las reuniones públicas con una y hasta dos horas más tarde, como si vinieran de la ciudad de México, los funcionarios organizadores de los eventos inclusive advierten, citen a la gente a las 4 porque el alcalde llegará a las 5, ¿Qué nos pasa? ¿Para qué hacer perder tanto tiempo a la ciudadanía, a las familias?

La ex gobernadora Griselda Álvarez a nivel nacional hizo historia por haber sido la primera mandataria estatal en el país, pero en Colima hizo más historia por sus múltiples obras y legados que dejó como mujer respetando los valores humanos que promovió como mandataria en la clase política y social ante los colimenses sin mayor inversión o gasto económico que su puntualidad y responsabilidad en el trabajo.

Obligó a todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno a ser puntuales, responsables y respetuosos, tuvo que correr a varios flojos y prepotentes, todos se alinearon, pero también motivo y castigó la impuntualidad para cambiar rápidamente la costumbre de la gente empezando a dar cátedra en los ejidos, reuniones de trabajo o políticas. En el ejido más grande del estado, Cofradía de Juárez, municipio de Armería citó a las 5 de la tarde a 200 ejidatarios que fueron seleccionados para ser beneficiados con fertilizante, rollos de alambre, aspersores, etc.

La gobernadora llegó diez minutos antes, el presidente del ejido corrió cuando llegó para advertirle que no se bajara de la famosa camioneta Ford Guayín porque de los 200 solo había cerca de 20 presentes, le decía que la costumbre de los funcionarios es llegar una hora después de la cita, sonriendo y sin hacerle caso se bajó caminó y entró a la casa ejidal, y se sentó, preguntó por los funcionarios menores de Reforma Agraria y Desarrollo Rural del Estado, tampoco habían llegado, pasando unos minutos de la hora citada, 5 p.m. se levantó e informó a los presentes, “Muchas gracias por su presencia puntual, veo que ustedes si tienen responsabilidad y necesidades, los demás quizás no necesitan estos apoyos”, dio indicaciones que para que solo les repartieran los apoyos a los presentes y los demás materiales agrícolas fueran reasignados a otros agricultores más necesitados, así mismo  dijo públicamente que los funcionarios que no llegaron a tiempo serían reubicados. En la siguiente reunión que convocó Griselda Álvarez a los dos meses en este mismo ejido todos los agricultores, incluyendo los representantes de las dependencias estuvieron muy puntuales, la gente y funcionarios menores aprendieron rápidamente.

El valor de la puntualidad en la clase política la debe encabezar los gobernadores, presidentes municipales en turno, aunque no es una tarea sencilla, porque este valor humano, va relacionado a la personalidad psicológica, ética, carácter, orden y eficacia, pues así el funcionario estará en condiciones de realizar más actividades gubernamentales. La falta de puntualidad habla por sí misma pues refleja nula organización de nuestro tiempo y la falta de planificación en nuestras actividades, pero también de respeto a los demás. Ojalá todos los funcionarios cumplan con este valor humano y no solo unos cuantos.

Estación Sufragio

La renuncia de Indira Vizcaíno Silva a la Sedescol no fue la única baja que registró el gabinete de Ignacio Peralta en esos días. También se dio la separación de Roberto Moreno Béjar de la presidencia del Consejo Estatal de Participación Social del Estado de Colima, un organismo que aglutina a las organizaciones de la sociedad civil y las integra en las tareas de seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

Moreno Béjar fue en esos días noticia pero como presidente de la Fundación “Lo Mejor de Colima”, ya que ésta organiza el carnaval de Colima-Villa de Álvarez. Por cierto, según algunos presbíteros, el carnaval capitalino es la festividad pagana de ese tipo que más violenta el calendario litúrgico pues ocurre bien entrada la Cuaresma; un problema de fechas que comparte con otros carnavales del estado, como el de Manzanillo, por el afán de aprovechar las comparsas y grupos musicales que ya se desocuparon de los otros festejos que se celebran en la región alrededor del martes de carnaval.     

La renuncia de Roberto Moreno trascendió pero no se anunció oficialmente. Y menos las causas de esta separación: al parecer la falta de apoyos económicos a los programas del Consejo, que suelen ser tan amplios y ambiciosos como celosas han sido muchas administraciones estatales de mantener a la sociedad civil al margen de la planeación y la evaluación de las tareas de gobierno. El gobierno de Peralta Sánchez muestra apertura a una contraloría social, siempre y cuando sea llevada por ¿Cómo vamos?, Colima.

Dada la experiencia como organizador de carnavales, Moreno Béjar era un potencial aspirante a la dirección general del Instituto de Ferias y Festejos del Estado de Colima (Iffecol) que, en realidad, tiene como gran responsabilidad la realización de la Feria de Todos los Santos. Pero en la carrera por ese puesto Roberto tropezó con Petronilo Vázquez, otro personaje igualmente cercano al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González.

Al quedar Roberto Moreno fuera del gabinete ampliado, AOG perdió una posición en el gobierno de Ignacio Peralta y, a como están las cosas, eso significa descender un escalón más en la escalera que lo llevará a la puerta de salida. No faltaron por lo mismo especulaciones en torno a que la salida de Moreno Béjar del Consejo implica un empate en la disputa interna que Ochoa González creía que iba ganando al, supuestamente, conseguir la renuncia de Indira.

Al finalizar el cotejo, lo que se puede decir de una renuncia de Roberto Moreno por así convenir a sus intereses se tiene que decir también de la separación de Vizcaíno Silva del gabinete.

 

A TIEMPO EXTRA:

Se vinieron las vacaciones y no se consumó la renuncia del secretario de Educación, Oscar Javier Hernández, que tanto buscaron un periódico y algunas voces ciudadanas, especialmente al calor de la trágica muerte de una alumna en la secundaria Enrique Corona Morfín.

El reclamo de los adoloridos padres de familia polarizó el debate respecto a la situación de la educación pública en Colima, pero más que debilitar la posición del secretario estuvo a punto de provocar el linchamiento moral de la maestra de grupo, la trabajadora social y el director del plantel, porque supuestamente no supieron reaccionar ante la emergencia médica cuando en realidad la Ley de Convivencia ata de manos al personal docente so pena de cargar con responsabilidades civiles si, al intervenir, causan un mal mayor.

Por mucho que fuera el interés de los maestros y el prefecto de aprender primeros auxilios, dicha ley los restringe. Y el gran problema es que plazas, como la del médico que acudía a la Corona Morfín hora del ingreso matutino para expedir los justificantes de ausencia por enfermedad, se han ido congelando conforme los titulares se jubilan, como parte de las políticas de austeridad del gobierno federal.

Para cuando los escolares regresen de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, el asunto se habrá enfriado y los detractores de Hernández Rosas tendrán que buscar una nueva coyuntura para arremeter contra él. La SE es una de las posiciones más codiciadas del gabinete por los recursos que maneja y por el margen de discrecionalidad que la normatividad federal les permite –situación que según los funcionarios del sector es una mera leyenda urbana.

Lo único que quedó en evidencia con el accidente cerebrovascular de la menor, hija de un compañero universitario, es que no tenemos en Colima un sistema eficiente de atención a emergencias. Entró en vigor el 911 pero todavía las patrullas tardan en llegar 45 minutos y las ambulancias no acuden al lugar del siniestro hasta que una autoridad policial confirma la veracidad y la gravedad del hecho reportado.

Mucha gente se lamentó que hubieran desmantelado la unidad de urgencias del antiguo hospital general de zona del IMSS en la avenida de Los Maestros, a donde hubieran podido llevar incluso en brazos a la niña, pero nadie menciona que tras haber trasladado el del Seguro Social a la Villa el nosocomio más cercano es el del ISSSTE, y no tenemos un esquema de integración de los servicios de salud aunque, en teoría, una emergencia se debe atender en cualquier clínica sin importar si el herido es derechohabiente.

Entiendo que reciben un subsidio gubernamental, pero ¿por qué seguimos dependiendo de la capacidad de la benemérita Cruz Roja cuando existen programas de protección civil y los servicios de rescate y emergencias debieran prestarlos paramédicos y ambulancias de una Cruz Verde, inexistente en Colima?

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en www.aacb2.com

Estación Sufragio

Al politólogo italiano Giovanni Sartori, muerto recientemente a los 92 años, se le atribuye una explicación sobre la violencia en México que, en la visión del autor de Homo Videns, la sociedad teledirigida, corresponde a la de una guerra civil pero desideologizada.

Si tuviera ideología, como la de los caudillos que se levantaron en armas en contra de Porfirio Díaz y de los regímenes que le sucedieron (el del propio Francisco Madero, del golpista Victoria Huerta o del reivindicador Venustiano Carranza, por no enlistar a todos los gobiernos hasta la institucionalización del movimiento revolucionario), diríamos que esta lucha tiene como propósito un nuevo reparto agrario, el derrocamiento de los mandatarios peleles de Estados Unidos o incluso la defensa de la Iglesia Católica.

Sin embargo, los grupos criminales que se enfrentan al Estado en nuestros días pelean por su propia sobrevivencia y por el control de mercados para el narcomenudeo y de las rutas para el trasiego de las drogas; escenarios que se complican por sus intereses en otras vertientes de la delincuencia organizada, como la trata, la piratería, el cobro de piso, el robo de bienes o el despojo de propiedades.

Que no tengan ideología no significa que esos grupos sean apolíticos o no tomen partido. Los hemos visto en todo el país operar en procesos electorales para imponer a candidatos afines a tal o cual cartel, y desplegar verdaderas ofensivas para capturar a las instituciones de gobierno, comenzando por las fuerzas policiales y culminando con las autoridades supuestamente electas por la población.

A qué intereses criminales o políticos (voy a eludir el chiste fácil de que lo político es una expresión de los criminal) obedecen, pues, quienes pusieron las mantas exigiendo la renuncia del gobernador Peralta, a partir del juego de palabras que (maldita la hora –dirán los colaboradores de Nacho– que eligieron ese slogan) el mandatario usó como promesa de campaña: “Vas a vivir feliz, seguro”.

En letras rojas y negras se leía en las mantas que fueron colocadas en la glorieta del DIF, la del Rey Colimán y al menos otras dos entradas a la ciudad: “Nacho, no vivimos ni felices ni seguros. Vete. Art. 39 Constitucional, el pueblo te lo demanda”.


Perros muertos y nercomensajes


Ya es una leyenda urbana que cuando el PRI nacional destapó a Griselda Álvarez como su candidata a la gubernatura de Colima, los detractores de la entonces senadora y primera mujer en ser postulada por el partido oficial para un cargo de ese nivel, le colocaron un mandil gigante al Rey Colimán.

¿Siempre me he preguntado por qué estos manifestantes no intervinieron también el Mono, la estatua de Miguel Álvarez, el primer gobernador de Colima y bisabuelo de la que iba a ser primera mujer en gobernar un estado de la república?

Y en tiempos recientes se recuerda cuando aparecieron unos perros muertos afuera de la Procuraduría de Justicia, en supuesta alusión a los canes que presuntamente habían operado en el quirófano del Hospital Regional.

Se corrió la voz que los autor intelectual del perricidio (como diría el tremendo juez de la tremenda corte) fue Jorge Luis Preciado, quien en tribuna había acusado al secretario de Salud de usar las instalaciones del HRU para operar a sus mascotas. No obstante, otras versiones hablan de un falso atentado diseñado para incriminar al entonces diputado local.

Preciado libró una orden de aprehensión gracias al fuero federal que ligó tras concluir su gestión como legislador estatal. No obstante, al salir de San Lázaro tres años después y antes de reincorporarse al Congreso local, Jorge Luis fue detenido por el procurador Antonio Sam López. Y al tener un proceso judicial iniciado en su contra, el hoy senador resultó inelegible para una nueva legislatura local.

La historia de los narcomensajes escritos en mantas o pintas dejadas en espacios públicos, es abundante en ejemplos. Pero hasta antes de la popularización de los celulares y las redes sociales, el contenido casi nunca llegaba a oídos del público o se perdía en mutilaciones intencionales o en exageraciones increíbles.

Las nuevas tecnologías no sólo permiten registrar imágenes de estos mensajes antes de que las autoridades los retiren sino que, como vimos en este último ejemplo, con un simple truco se pueden fabricar fotografías de mantas que ciertamente no aparecieron afuera de Casa de Gobierno, en la fachada de Palacio o en la verja de Diario de Colima.


Contra la seguridad y la democracia


Entrevistado al respecto, el gobernador Ignacio Peralta reconoció que hasta ese momento se desconocía su procedencia y el objetivo que persiguen. Si bien, expresó: “Es una manta anónima, no tiene conexión con ningún hecho, [pero] exijo que se lleven a cabo las investigaciones”.

El dirigente del PRI Estatal, Rogelio Rueda Sánchez, enfatizó que: “Una fuente que no se identifica, pudiera tener fines inconfesables. Precisamente contrarios a la seguridad y a la democracia”. Y reiteró: “es importante señalar que esas mantas, no tienen nada qué ver con el diálogo y el debate que se da entre las diversas fuerzas políticas en Colima”, tan indispensable en cualquier democracia. Sin embargo, al ser esos mensajes anónimos “carecen de legitimidad sus demandas e intenciones”.

Las mantas aparecieron un día después de la captura de Iván Margarito Esquivel García, alias El Terry o El Terrible, presunto líder operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y encargado del control en el estado de Colima y la región de Tierra Caliente, en Michoacán.

Y una horas antes de la detención en el puerto de Manzanillo de un sujeto de 36 años, identificado como líder de una célula del cartel de Sinaloa, quien operaba en los municipios costeros de Colima. Por ello, gratuitamente se le quiso atribuir a esos operativos el origen de las mantas.

La hipótesis cae cuando se aprecia que la impresión digital de los mensajes no fue improvisada, y que su instalación coincide con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa.


Todos coludos o todos rabones


Por lo demás, los diputados del PAN coincidieron en que existe un trasfondo político: “el hartazgo generalizado de la sociedad sobre el panorama que enfrenta la entidad en materia política, social económica y de seguridad, aspectos que, a decir de los legisladores, fueron compromisos de campaña del entonces candidato priista”, citó el corresponsal de un medio capitalino.

Para evitar que los panistas capitalizaran políticamente el mensaje y buscando distraer la atención pública del contexto criminal en el que pudo redactarse, plumas anónimas pero ostensiblemente oficiosas acusaron en las redes sociales a operadores del PAN de ser los responsables de colgar las mantas.

Aunque nadie sabe ni a qué horas las pusieron, estos troles no dudaron en adjuicarle al senador Jorge Luis Preciado la orden de colocar las cuatro mantas y falsificar las imágenes de los mensajes afuera de Palacio y Casa de Gobierno.

Con toda intención, estos voceros oficiosos quisieron establecer un supuesto nexo entre la delincuencia organizada y la oposición política. Afirmación irresponsable por dos razones: la primera, porque enturbia el proceso electoral antes de que empiece y, la segunda, porque le pega también al gobierno del PRI.

Si la explicación oficial de la violencia es que en Colima se libra una disputa por la plaza, si de acuerdo a esos troles hay un cartel que juega en la oposición, necesariamente entonces otro tiene que estar jugando con el partido (o el grupo) en el poder.

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en www.aacb2.com

Estación Sufragio

Con un superávit de 647 mil 248 pesos y 32 centavos en la administración sindical y un incremento patrimonial de un millón 170 mil 491 pesos con 62 centavos, terminó el semestre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), de acuerdo al informe financiero que presentó el secretario general Martín Flores Castañeda.

El líder de los burócratas no ocultó a los delegados en la asamblea que en ese mismo lapso hubo una disminución de los apoyos extraordinarios que el patrón venía otorgando a la parte laboral, en concreto para la organización de eventos como el festejo de aniversario o la posada.

Para la fiesta de aniversario, todavía en 2014 (con Mario Anguiano como titular del Poder Ejecutivo) el Gobierno del Estado había destinado una partida de dos millones 10 mil 523 pesos con 89 centavos, que la administración de Ignacio Peralta redujo en 2015 y mantuvo durante 2016 en un millón 63 mil pesos.

La última posada que correspondió al sexenio de MAM, el patrón destinó un apoyo de millón y medio de pesos. Pero en el primer año de JIPS la cifra quedó en ceros aunque ya en 2016 se recuperó, mas no completamente, al subir a un millón 300 mil pesos.

Parece mucho dinero para fiestecitas, pero vale recordar que incluye el precio del coche que se rifa, el costo de la música y los regalos para cada uno de los sindicalizados, incluidos los jubilados.

Al final no deja de ser solo un apoyo y el STSGE tiene que poner la diferencia para cubrir el gasto total que fue, en el caso del festejo por el 44 aniversario del Sindicato, de un millón 435 mil 190 pesos, y en el de la posada 2016 de un millón 515 mil 530 pesos.

El Sindicato tampoco recibe ya los apoyos que antes otorgaba el patrón para la compra de material y artículos de oficina o el gasto en combustibles y lubricantes que usan los autobuses con los que se mueven los burócratas y familiares directos en viajes de placer, compras o turismo religioso, que tienen cuotas de recuperación bajísimas.

Las excursiones no se cancelaron, ahora las subsidia el STSGE pero la dirigencia prefirió renunciar a estas prestaciones económicas para que el Gobierno del Estado no tuviera pretextos a la hora de negociar el incremento salarial.

Este es un sindicato que gasta menos de lo que ingresa: las percepciones por cuotas sindicales al semestre que se informa fueron de casi un millón 487 mil pesos, pero el gasto corriente ascendió apenas a 839 mil 688 pesos y fracción.

Y es una organización que ha venido fortaleciéndose patrimonialmente: el saldo inicial al 1 de julio de 2016 era de 25 millones 818 mil 601 pesos, y el saldo final de 26 millones 989 mil 93 pesos, lo que nos da los superávit arriba mencionados.

Es además un sindicato que transparenta sus manejos financieros. Por ejemplo, en la página del STSGE se pueden leer los saldos de las cuentas maestras en las que se deposita el recurso para el gasto corriente, los ingresos por la renta del casino de los burócratas, las aportaciones del 1 por ciento para el fondo de vivienda y la venta de los boletos para el sorteo de la casa. Todas las cuales arrojaron productos financieros (intereses) por un monto de 118 mil 973 pesos en ese semestre.

Sin embargo, la fortaleza económica del Sindicato se nota en la cantidad de financiamientos, los montos y la tasa de interés a la que se otorgaron 177 “préstamos emergentes” y 125 créditos para “mejoramiento de vivienda”.

Por un monto total de 6 millones 610 mil pesos, los préstamos emergentes se otorgan ahora a una tasa del 6 por ciento, cuando antes era de 12 puntos porcentuales.

Si el Sindicato fuera un banco, podría hablarse de una pérdida, pero tratándose de una organización gremial tenemos que referirnos a un beneficio que reciben los trabajadores equivalente a un millón 586 mil 400 pesos, que ya no tendrán que pagar en costo del dinero.

También con una tasa anual del 6 por ciento, el monto de los créditos para mejoramiento de vivienda ascendió a 4 millones 830 mil pesos. Igual, aquí el beneficio para los sindicalizados fue de un millón 159 mil 200 pesos.

En resumen, se benefició a 302 trabajadores con la reducción de intereses por financiamiento con la cantidad de dos millones 745 mil 600 pesos.

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en www.aacb2.com.  

Tarea Política

Además del enorme costo financiero que para los contribuyentes representan los altamente poblados cabildos, congresos locales, cámaras de diputados y de senadores de la Republica, su calidad, eficacia y razón de ser han disminuido en proporción directa al crecimiento del número de sus integrantes. Una docena de regidores en promedio en los diez ayuntamientos del estado de Colima y 25 diputados en el Congreso Local son un mundo de gente de la que no se hace ni la mitad de la mitad, sólo sirven para hacer bola y succionar el presupuesto.

Por ello da en el blanco el diputado federal de mayoría relativa, Enrique Rojas Orozco, al argumentar que “Tenemos que exigir profesionalismo en la política, porque esa es una manera de respetar a ciudadanía, creo debemos avanzar y es un gran principio la reducción de las cámaras en la cantidad que se convenza”, y de los cabildos y los congresos locales, habría que incluir para que el adelgazamiento de los órganos legislativos y de co-gobierno sea en los tres niveles de gobierno.

Exdiputados federales colimenses como el ex rector de la Universidad de Colima y actual Delegado de la SEP en Colima, Miguel Ángel Aguayo López, reconoció en su oportunidad ante un grupo de columnistas con los que dialogó que en sus tres años como legislador federal estuvo perdido entre la  muchedumbre de 500 integrantes como él de la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Guardando la debida proporción, también 128 senadores de la Republica que le cuestan al noble y aguantador pueblo de México un ojo de la cara son muchos para un país empobrecido sobre cuyas espaldas la insensible clase política nacional le sigue cargando más leña sin conmiseración alguna.

“La respeto más no la comparto porque cada cámara tiene tareas específicas, y lo que se puede ahorrar quitando la Cámara del Senado que tiene tareas diferentes a la de diputados, es mejor reducir las dos Cámaras en sus integrantes”, dice Enrique Rojas Orozco de su compañero de legislatura Javier Pinto Torres, Partido Nueva Alianza, quien de plano propone la desaparición del paraíso en la tierra que para quienes llegan a él es el Senado de la Republica.  

Ojalá que la iniciativa de adelgazar las muy obesas cámara de senadores y de diputados prospere y se haga extensiva a congreso locales y cabildo municipales, y a tanto instituto, consejo y demás malas yerbas burocráticas que mucho cuestan y poco aportan al desarrollo democrático y social del pueblo que los mantiene con su pobreza. La propuesta respaldada por Rojas Orozco de reducir en al menos 100 diputados federales y 32 senadores de la República deben prosperar, igual que tratándose del dinero público a los partidos políticos, porque se sustenta tanto en razones de economía de recursos siempre escasos,  como de eficiencia operativa y de calidad en el trabajo legislativo.

Tiene razón quien llegó a la Cámara de Diputados al derrotar por amplio margen en el Primer Distrito Electoral Federal a la ex perredista Indira Vizcaíno Silva que luego devino en funcionaria de José Ignacio Peralta a quien apenas hace unos días le renunció a la Secretaría de Desarrollo Social porque no la pelaba su “honesto jefe que tiene poca pasión política” , al exigir profesionalismo en la política, el imperio del mejor sentido y no de las tan socorridas ocurrencias de las que improvisados hacen gala  a lo largo y ancho del país, siempre proclives al sentido-comunismo, al simplismo y a las soluciones a bote pronto, con una visión cortoplacista y reduccionista de los problemas sociales, financieros y de toda índole. 

EL ACABO

En Colima, los diputados locales, de todas las siglas y colores partidistas, nada serio ni eficaz  han hecho para adelgazar de 25 a 19 la población de la legislatura estatal. No les importa ni la calidad ni la eficacia ni el costo de su manutención, como creen que siempre habrá olotes para todos, no les importa que haya menos burros eliminando a media docena de ellos.

Para Enrique Rojas Orozco, “la reducción de legisladores de las cámaras alta y baja, aunado con el de recurso a partidos políticos, sería un gran principio para ser más eficientes y no salir tan caro a la población”, lo mismo tratándose de diputados en los congresos locales y de regidores en los cabildos de los municipios del país, habría que agregar.

Estación Sufragio

El dirigente estatal del PRI, Rogelio Rueda, nos hizo llegar una declaración a propósito de los comentarios que lo aluden en la columna publicada el miércoles 5 de abril:

“Yo no acerqué a Indira al candidato [Ignacio Peralta]: ellos ya se conocían y tenían buena relación política. No conocí [tampoco] a Indira como legisladora, aunque el dato es cierto: ambos fuimos legisladores en los mismos años. [Pero] Indira nunca estuvo en la [Comisión] Permanente”, que es donde podrían haber coincidido un senador del PRI con una diputada federal del PRD, vale añadir.

Otros lectores han expresado nuevos puntos de vista al tema de la renuncia de Vizcaíno Silva a la Sedescol. Uno, por ejemplo, me reprocha que infiera cierta ingenuidad del gobernador Peralta para suponer que la ex alcaldesa de Cuauhtémoc se pasaría al oficialismo, así fuera por la vía alterna del Partido Verde, y que no quiera ver cierto candor en Indira que aceptó el nombramiento creyendo que el mandatario nunca le pediría trabajar los programas sociales en la lógica de la política clientelar del PRI.

Y alguien más apuntó la hipótesis de que Indira se desencantó del proyecto de Nacho Peralta cuando comprendió que el cargo no le rendiría los dividendos políticos que ella esperaba acumular con vistas a una nueva candidatura en 2018.

Sobre este punto, yo sí le creo a Indira cuando dice que se incorporó a la administración pensando simplemente en servir a los colimenses más necesitados, sin calcular el costo político. Y le creo que, al evidenciarse que su permanencia en la Secretaría de Desarrollo Social era un obstáculo para que el gobierno de Peralta Sánchez canalizara los recursos necesarios para esos programas de apoyo a los sectores más vulnerables, prefirió renunciar.

Por lo demás, el presidente del PRI estatal confirmó la presunción que Indira se hizo respecto al interés de Nacho Peralta de no partidizar la política social. Rogelio sugiere que designar a una figura de la izquierda era un mensaje de JIPS a los priistas de que no debían confiarse al uso clientelar de los recursos públicos, y la garantía de que la Sedescol no terminaría siendo el brazo asistencialista del PRI.

Reitero mi conclusión: la primavera pluralista con la que Ignacio Peralta comenzó su mandato terminó cuando se dio cuenta que sostener a Indira en la Sedescol le iba a generar elevados costos políticos, como gobernador priista y como activo en el proyecto político del bando tecnócrata del gabinete de Peña Nieto.

En Los Pinos y en la sede nacional del tricolor empezaron a sonar las alarmas cuando Vizcaíno se presentó, llevando a su bebé en brazos, en el mitin de Andrés Manuel López Obrador. Y en Bucareli tomaron nota que uno de los liderazgos que se manifestaron en Colima contra el gasolinazo, bloqueando el puerto de Manzanillo, fue Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, padre de la entonces secretaria de Desarrollo Social.

Por lo demás, Indira calculó bien el momento para dejar el gabinete. Lo ideal hubiera sido que le pidieran la renuncia, pues eso la habría convertido en mártir del pluralismo. Pero ya liberada del peso de haber servido a un gobernador priista, ahora Vizcaíno tiene que encarrilarse hacia esa candidatura y ese proyecto del que quiere ser parte en la coyuntura de 2018.

Aun cuando no faltan lectores que me critican por atribuirle a Indira un protagonismo (que todavía no recupera) en la oposición, seguiremos atentamente el derrotero de la joven política porque las oportunidades electorales que se le presenten dependen de la posibilidad de construir en Colima una plataforma que soporte un proyecto verdaderamente alternativo de nación.

El dilema hacia el 2018 sigue siendo continuar con el modelo económico que han venido implementando tanto los gobiernos del PRI como los del ciclo panista o romper precisamente con ese esquema neoliberal. Hacer que la gente vote en masa por el continuismo es imposible; pulverizar la oferta política antisistémica de AMLO resulta más factible.

Si lo permiten las propias estructuras de Morena, Indira podría contribuir a que en Colima se fortalezca la opción del cambio. Y que la elección presidencial se polarice entre el PRI y López Obrador, no que se divida en tercios como plantea la estrategia de Peña Nieto.

Una candidatura independiente desperdiciada, una candidatura ciudadana avalada por Movimiento Ciudadano o una postulación del PRD para Vizcaíno, lograda por un acuerdo entre las tribus, cada una por sí sola, reflejaría el fracaso en Colima del gran acuerdo nacional que es necesario construir para volver a sacar al PRI de Los Pinos. 

Estación Sufragio

El gobierno de Nacho Peralta “no ha pretendido partidizar los programas sociales”. Más bien, “se ha preocupado por realizar un buen gobierno, [uno] que brinde beneficios concretos a la gente, sin ningún distingo”, respondió Rogelio Rueda a la pregunta de los reporteros sobre las cuestiones que aquí ya habíamos planteado, en sintonía con lo que muchos colimenses piensan, creo yo.

¿Para sustituir a Indira Vizcaíno en la Sedescol, llamará Peralta Sánchez a un cuadro priista plenamente identificado con el tricolor y dispuesto a usar los recursos públicos para beneficiar electoralmente al partido el año siguiente cuando se disputarán en el estado la Diputación local y los ayuntamientos, mientras a nivel federal se renuevan las cámaras del Congreso y la Presidencia de la República?

Ya se cruzan apuestas por Mairén Polanco –la directora general del DIF estatal y economista como Ignacio Peralta, con una trayectoria académica que alcanza el doctorado– para ocupar la vacante en el gabinete estatal. Sin embargo, a nombre del Partido, sostiene Rueda que el criterio del gobierno priista no es usar la cartera para allegarle votos al Revolucionario Institucional.

“Prueba de ello fue haber nombrado como primer titular de la Sedescol a una persona que no militaba en el PRI como responsable de la política social de su administración”, agregó Rogelio, refiriéndose a Indira Vizcaíno quien hace unos días presentó su renuncia a esa Secretaría de Desarrollo Social.

De acuerdo al presidente del comité directivo estatal: “En el PRI estamos convencidos de que un buen gobierno brinda mejor respaldo al partido que cualquier intento de generar clientelismo electoral”.

Rueda Sánchez, a quien le atribuyen haber sido uno de los padrinos que acercó a Indira al entonces precandidato a la Gubernatura, Ignacio Peralta (Rogelio y la ex alcaldesa de Cuauhtémoc coincidieron en una legislatura federal, él como senador por la primera minoría en Colima y ella como diputada federal plurinominal del PRD), subrayó que fue Vizcaíno Silva quien tomó la decisión de renunciar a la Sedescol.

Y no obstante los términos que usó Indira en su misiva para explicar los motivos de esta renuncia, Rogelio expresó su certeza de que “la actual administración seguirá siendo cuidadosa en el uso público  de los recursos”.

Los priistas parecen ver como una desventaja la decisión del Gobernador de nombrar a gente ajena al PRI a puestos en el gabinete, Mas para Rogelio Rueda, respetando la opinión de los liderazgos del tricolor (¿a cuál de los ex gobernadores se refiere?), “un buen gobierno respalda [así] de mejor manera a su partido que el intentar generar clientelismo electoral. Y en ese sentido, los programas sociales del gobierno de Nacho Peralta se brindan a todos los colimenses sin distingo de ninguna clase”.

Como alguien me dijo, al despedirse de la administración estatal Indira lanzó varios torpedos que pegaron por debajo de la línea de flotación el régimen peraltista. Si no tapan los boquetes, la credibilidad del gobierno comenzará a hacer aguas. En ese sentido, se le cuestionó a Rueda Sánchez sobre los reclamos de Vizcaíno Silva de que hubo un manejo inadecuado de recursos, especialmente por parte de la CNC que debió reintegrar al Partido un dinero que la Campesina había recibido como préstamo.

Para Rogelio, esa situación se dio en la anterior administración bajo la responsabilidad de la hoy diputada federal por el PAN Eloísa Chavarrías, en ese entonces directora general de un área de la Sedescol (que absorbió, por cierto, los antiguos programas que manejaba la oficina de Atención Ciudadana del despacho del Ejecutivo estatal). Y ante ello, Rueda urgió a las autoridades llegar al fondo de las investigaciones.

Rueda es congruente con la propuesta que hizo en el marco de la discusión sobre el juicio político a los dos alcaldes emanados del PAN que fueron sentenciados por el Tribunal Electoral por haber participado en actos de la campaña extraordinaria a Gobernador, de no refrendar acciones ilegales que si bien han sido retomadas por todos los del partidos cuando llegan al poder, la verdad es que las patentó el PRI.

Y está siendo Rueda pragmático en cuanto a la conveniencia de no bursatilizar el voto. Al ritmo que vamos, ¿en cuánto acabarán pagando los votos los partidos: tres, cuatro, cinco mil pesos? Aunque la estrategia no es pagar por los sufragios a favor del PRI sino comprar las credenciales de elector de los ciudadanos que pudieran votar por la oposición, esta escalada de precios tiene un límite: ahí donde ya nada puede cubrir el costo de seguir sosteniendo a un régimen que para muchos potenciales electores es corrupto e ineficaz.

En el Reporte del Índice de Paz México 2017, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz que coordina Patricia de Obeso, el impacto del costo de la violencia representa el 18 por ciento de la economía del país, es decir, 3.07 billones de pesos, lo que equivale a 25 mil 130 pesos por persona. Con base en los datos del Inegi y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este costo en Colima fue de casi 66 mil 500 pesos por persona el año pasado.

Claro que la mayoría de la gente no es consciente de que ese dinero sale de su bolsillo, pero lo percibe a través de todas las acciones que derivan de la impunidad con la que se maneja la delincuencia organizada para traficar enervantes, vender drogas al menudeo, cobrar piso, extorsionar, secuestrar, asesinar, someter a mujeres a trata, vender piratería, etcétera.

La violencia tiene un efecto adverso en las empresas, lo que se traduce en inflación y desempleo. Eso la población civil lo resiente y culpa de ello al Gobierno. Incluso, aunque les paguen a cinco mil pesos el voto (en dinero o en especie; por recibir una despensa o láminas de asbesto, por entregar su credencial de elector o la boleta en blanco después de haber depositado una ya cruzada en la urna), esa cantidad no compensa el precio de la inseguridad.

En términos presupuestales, llega un momento en que es más barato enfrentar el problema del desempleo, la inseguridad y la parálisis económica con inversiones públicas y facilidades para atraer capitales privados, que intentar comprar votos mediante programas clientelares o alquimia electoral.

El lunes, Nacho Peralta señaló que es más fácil sobrellevar la función pública cuando hay recursos y no cuando, ante la escasez, se requiere imaginación y creatividad. No pensaba solo en Indira que renunció porque le recortaron el presupuesto a la cuarta parte, sino en el resto de los secretarios. Como Carlos Domínguez Ahedo, que se ha quedado pasmado en la Sefome.

Sospecho que Peralta Sánchez, como el líder estatal del PRI, pensaba también en los dirigentes seccionales, municipales y estatales del partido.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.

Estación Sufragio

¿Fue la presencia de Indira Vizcaíno en el mitin de Andrés Manuel López Obrador la gota que derramó el vaso en la tensa relación que la entonces secretaria de Desarrollo Social sostenía ya con el gobernador Ignacio Peralta?

Los rumores palaciegos afirman que sí, pero Vizcaíno Silva no podría decirlo porque Nacho jamás le dijo nada. Por lo demás, esta metáfora es complicada porque el titular del Ejecutivo casi no despacha en Palacio de Gobierno, así que tendríamos que encontrar una figura literaria que resuma las intrigas que se dan en los pasillos, las oficinas, las salas y el comedor de Casa de Gobierno.

Que una política a la que Peralta Sánchez le confió una cartera nominalmente tan importante como la Sedescol se vaya al proyecto del candidato antisistémico por antonomasia que es López Obrador, sólo puede ser tomado como una afrenta al mandatario estatal.

(Desarrollo Social debería ser la secretaría más importante porque en un estado con los niveles de pobreza y marginación que tenemos en Colima, la enorme brecha de desigualdad y la bajísima inversión pública, todos los recursos presupuestados son gasto social).

El de JIPS es un gobierno que desde la campaña presumió su identificación con el proyecto neoliberal de Enrique Peña Nieto y con el ala del gabinete encabezada por Luis Videgaray (en ese entonces en Hacienda, hoy en Relaciones Exteriores) empeñada en preservar este esquema más allá de 2018, no obstante que la situación social y económica urgen un verdadero cambio en el rumbo del país.

Ganador por un apretado margen en una elección que fue, finalmente, anulada por un delito electoral derivado del uso clientelar y partidista de los programas sociales, y electo luego con una ventaja mayor que no consiguió restañar las heridas de una ciudadanía cortada en dos, Nacho necesitaba enviar un mensaje de unidad formando un gobierno plural en el que, obvio, había suficientes elementos venidos del panismo pero era necesario atraer un cuadro distinguido de la izquierda.

Dudo que Peralta haya supuesto la conversión ideológica de Indira. La ex alcaldesa de Cuauhtémoc hoy podría decir, como en los memes: “Si ya saben como me pongo, ¡para qué me invitan!” Vizcaíno jamás negó ni sus filiaciones ni sus aspiraciones futuras. Se sostuvo en el gabinete (la retuvieron) mientras la administración de Nacho pudo darse ese lujo.

Los priistas del primer círculo se avergüenzan, pero la verdad es que al Gobierno del Estado lo vestía tener a una secretaria de Desarrollo Social surgida del PRD. Era algo que JIPS podía presumir hasta en las reuniones de la Conago.

Si Peña Nieto tuvo a Rosario Robles en la Sedesol y ahora la tiene en la Sedatu, ¿por qué el mandatario colimense no iba a tener a Indira en la Sedescol? Pues porque el lujo se volvió un excesivo costo político cuando se demostró que Vizcaíno no era como Rosario, una ex perredista dispuesta a operar los programas federales para que los candidatos oficialistas ganen las elecciones en el estado de México y otras entidades donde este 2017 se disputa la gubernatura.

Lo que comenzó como una alianza y una amistad, terciada por el hoy diputado federal Virgilio Mendoza que coincidió como presidente municipal de Manzanillo con Indira en la alcaldía cuauhtemense, podría terminar en una confrontación política entre José Ignacio Peralta y Vizcaíno Silva, eventualmente convertida en la vocero de una oposición de izquierda que buscará votos para AMLO en el estado de Colima.

En política no hay nada escrito pero a Morena le convendría tener a Indira en su fórmula al Senado o como candidata a diputada federal, incluso asegurándole una posición en la lista nacional para la cámara alta o de candidatos plurinominales a San Lázaro.

El Peje tiene cerca de él a dos colimenses que han destacado en la política nacional, el diputado federal Vidal Llerenas Morales y el senador Mario Delgado Carrillo, pero ninguno tendría arrastre electoral aquí, y dudo que quieran hacer labor de tierra. 

Si Indira pone su imagen (en su caso, decir “su linda cara” tiene relevancia política) y su oratoria al servicio del proyecto alternativo de nación, podría capitalizar el descontento popular generado indistintamente por el gobierno federal y el estatal, para allegarle votos a López Obrador.

Minar ese potencial liderazgo de Indira será prioridad para un PRI ensoberbecido con la posibilidad de que la amistad de Videgaray con el yerno de Donald Trump les conceda otros seis años en Palacio Nacional.

NO VAMOS COLIMA:

Le robo la idea a un analista político que sugirió en una mesa: si el vínculo entre el hoy canciller mexicano y el esposo de Ivanka Trump no se hubiera restablecido, Peña Nieto le terminaría entregando la gubernatura del Edomex a Josefina Vázquez Mota y la Presidencia de la República a quien resulte el candidato del PAN. Sin embargo, el supuesto de que el inquilino de la Casa Blanca ve a AMLO como un nuevo Hugo Chávez alienta a los tecnócratas de Los Pinos a intentar una nueva captura del Estado.

Por eso la colaboración en estos primeros 400 días del gobierno de JIPS terminará en un serio desencuentro. Indira lanzó el primer golpe, no al renunciar sino al argumentar porqué se fue:

No renuncio por la limitada posibilidad de tomar decisiones mínimas en este gobierno. Renuncio por la lentitud con la que se decide, porque existiendo un presupuesto y programas aprobados para esta Secretaría por arriba de los 40 millones de pesos, no se pudieran ejercer ni 10 millones; porque el único programa que se arrancó con bombo y platillo se transfirió de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Educación, con la clara intención de que no fuera yo quien lo ejecutara”.

Y remató en una rueda de prensa, este lunes: “Porque ante la falta de dinero el mayor aliado es el ingenio y la convicción se tuvieron que iniciar programas que no requirieran el primero, pero que también lastimaban la piel sensible de quienes sólo piensan en términos político-partidistas”.

El mandatario estatal, respondiendo al golpe que ya le había dado su ex secretaria en las redes sociales, dijo al presidir la ceremonia cívica mensual del mes de abril: “Nos aguardan muchas tareas, no son válidas las excusas, ni admisibles los pretextos”.

Hizo un llamado a sus colaboradores para intensificar los esfuerzos y darle a la sociedad colimense más resultados. Y, en su mensaje, Ignacio Peralta lanzó la puya al decir que cuando hay abundancia cualquier funcionario es eficiente y prometedor, por lo que acotó que la verdadera capacidad se demuestra en los momentos críticos, cuando hay que optimizar lo disponible, gestionar lo necesario y resolver con imaginación e innovación las carencias. 

Pero aparte de considerar importante que sus funcionarios den más de cada uno para cumplir los compromisos que establecieron con la sociedad y responder a las múltiples demandas que la misma sociedad les expresa a cada momento, no tocó el delicado tema de los recursos económicos. Se concentró en la fórmula de la felicidad social: el modelo de las audiencias públicas.

Si tiene presente que en esos 400 días la política social de Indira Vizcaíno fue la política social que Ignacio Peralta decidió tener en su gobierno, quizá no debería seguir el camino de la diatriba. A ella todo lo que le diga este gabinete desaprobado hasta por Cómo Vamos Colima, la hará crecer.

 

Estación Sufragio

La respuesta a la interrogante acerca de por qué renunció Indira Vizcaíno Silva a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado (Sedescol), la dio la propia ex alcaldesa de Cuauhtémoc en sus redes sociales el jueves pasado:

“Mi presencia en esta Secretaría… no ayuda a Colima, por el contrario, retrasa la posibilidad de que se agilicen los programas [sociales] y se destinen los recursos que requiere para funcionar a favor de los colimenses”, publicó en su perfil de Facebook.

Y explicó que “no se me ha dejado de ver como externa y como una contrincante electoral, lo que hace que se le reste impulso a un sector tan importante para Colima como el Desarrollo Social”.

Finalmente, recordó que cuando “hace más de 400 días recibí la invitación del gobernador Ignacio Peralta… las razones que me llevaron a aceptarla fueron muy claras: la convicción de que más allá de los costos políticos que tuviera que pagar, estaba primero mi obligación de servir lo mejor posible a la sociedad colimense”.

Para nadie es un secreto que Indira se retira del gabinete para iniciar una carrera electoral hacia el 2018. Y aunque se discute en los círculos del poder si usó la Sedescol para construir una plataforma de apoyo para una eventual candidatura, no hay duda que se va antes de que el descrédito de trabajar para una administración priista acabe por consumir el capital político que acumuló, primero, como diputada federal plurinominal y luego al frente del Ayuntamiento.

Otra polémica ociosa es respecto a si se fue o la echaron. Los celosos cuadros priistas que conspiraron contra ella desde que se incorporó al equipo de Ignacio Peralta aseguran que el mandatario estatal le pidió la renuncia al terminar de convencerse, una de dos, que Vizcaíno usaba la posición para construir su propio proyecto electoral, como afirman sus detractores, o, peor todavía, que Indira no les permitiría usar la Sedescol para los fines clientelares del PRI.

 Para ver el panorama completo tendríamos que responder a una primera pregunta, más bien a dos cuestiones fundamentales: ¿por qué y para qué llegó Indira Vizcaíno a la Secretaría?

El nombramiento vino del compromiso que estableció Indira con Nacho Peralta, no sólo al negarse a trabajar para la campaña del panista Jorge Luis Preciado en la elección ordinaria, sino al evidenciar que el Senador le había ofrecido 10 millones de pesos (al parecer, no sujetos a comprobación) para que Vizcaíno fuera la candidata de Acción Nacional a la diputación federal por el primer distrito.

Vale recordar que Indira contendió a ese mismo cargo con los colores del partido en el que siempre militó, el PRD, y perdió ante el priista Enrique Rojas por un margen tan reducido que, cabe suponer, Vizcaíno Silva habría superado holgadamente de haber contado con el voto duro panista.

La negativa de la ex edil cuauhtemense a sumarse al proyecto de Preciado Rodríguez complicó, de hecho, una alianza del PRD con el PAN que, probablemente, habría generado un resultado distinto en los comicios para gobernador.

Respondido el por qué, es necesario abordar la cuestión del para qué invitó Nacho Peralta a Indira a una cartera tan significativa como Sedescol, cuyo titular anterior, Rigoberto Salazar, propició con una indiscreción ante el Congreso que se anulara la elección ordinaria.

Quiero pensar que José Ignacio Peralta buscaba ciertamente despartidizar la política social de su gobierno, de la misma manera en que liberó de cumplir los compromisos de campaña a otros secretarios, como el de Finanzas, Carlos Noriega, o el de Administración, Kristian Meiners.

Gracias a estos funcionarios eminentemente técnicos, la administración no pagó adeudos a proveedores ni dio empleos con una lógica de recompensas a quienes apoyaron a Nacho en la contienda electoral.

El nuevo gobernador incluyó en su discurso político la teoría de un gobierno plural, tanto para justificar el ingreso de Indira como la presencia en el gabinete de antiguos activos del PAN, como su secretario de Fomento Económico, Carlos Domínguez Ahedo, y de su propio asesor jurídico, Andrés García Noriega.

Sin embargo, a los priistas duros, como el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, siempre les molestó el componente de izquierda, no el de derecha, en la administración estatal.

Indira se fue a tiempo, en el momento oportuno para poder construir su proyecto electoral ya sea con Andrés Manuel López Obrador y Morena, con el PRD de Silvano Aureoles, con Enrique Alfaro y su Movimiento Ciudadano, con todos ellos juntos o como candidata independiente.

Se va con suficiente antelación al 2018, año en el que se evidenciarán los costos políticos de un gobierno tan apocado como el de Peralta, y se manifestarán los reproches de una sociedad harta de un mandatario gazmoño como Enrique Peña Nieto.

Y adelantándose a aquellos compañeros del gabinete que estuvieron robándole programas o escamoteándole el mérito durante las entregas de beneficios; funcionarios sin potencial electoral que, sin embargo, bien podrían haberle armado a Indira una intriga y acaso un expediente administrativo para hacerla quedar mal.

Para los colimenses, la renuncia de Indira Vizcaíno a la Sedescol significa que el ideal democrático de una dependencia que maneje los programas sociales sin sesgos partidistas, quedó en el pasado. El ejemplo negativo lo están dando los priistas en el Estado de México. Lo comprobaremos cuando el gobernador Peralta dé a conocer el nombre de la nueva secretaria de Desarrollo Social.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Desde la Curul 26

El pasado sábado inició el segundo período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la Quincuagésimo Octava Legislatura, el cual tendrá que ser uno de los más importantes, si no es que el que más para los actuales legisladores, ya que será en este lapso cuando tengan que definir la reforma electoral.

Los diputados tendrán hasta el 30 de junio de este año para que puedan realizar todas las reformas a la Constitución y al Código Electoral que deseen queden incluidas en el marco normativo que habrá de utilizarse en el proceso electoral que iniciará en el mes de octubre del presente año.

Para no variar otra vez los legisladores les van a ganar las prisas estarán contra reloj buscando alcanzar los consensos, para tratar de lograr una reforma de que entrada les puedo anticipar que al final no va a dejar contento a nadie.

¿A qué le van a dar prioridad?, obvio, a la reelección, porque hasta eso, todos nuestros sufridos legisladores y los diez alcaldes, traen la autoestima por los cielos y consideran que han realizado un trabajo digno de que el pueblo los premie manteniéndolos otros tres años en sus respectivos cargos.

Al interior del Congreso hay varias iniciativas en materia electoral, pero hay que ser claros, no le van a entrar a todo, aunque en el discurso digan lo contrario.

Está por ejemplo la propuesta para reducir el número de diputados plurinominales en cuatro posiciones para que a partir de la Quincuagésimo Novena Legislatura solo haya 21 diputados en vez de los 25 que hay en la actualidad.

Esta propuesta desde hace dos o tres procesos electorales, ha sido llevada y traída y siempre por una cosa u otra, la dejan pa’ después ¿con que argumento? con que un grupo propone reducir cuatro, otro propone disminuir en seis posiciones y que solo queden 19 y ahí se la llevan haciendo como que en verdad quieren reducir y al final se acusan mutuamente de que fue el contrario quien no aceptó bajar a determinado número de diputados.

Hay que decir que a las diputaciones de mayoría no le van a entrar a reducir los 16 distritos uninominales, que sería tal vez lo ideal, pero no lo van a hacer por una sencilla razón: el Instituto Nacional Electoral ya realizó la redistritación local y lo hizo con la base de los 16 distritos, ya que el año anterior que fue cuando realizó lo fuerte del trabajo, no había sido modificada, --y sigue sin modificarse--, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 22, que es donde señala que el Congreso estará conformado por 16 diputados electos por el principio de mayoría relativa y por nueve de representación proporcional.

Entonces como la redistritación ya fue aprobada por el Consejo General del INE, con el visto bueno de los partidos políticos y del consejo general del Instituto Electoral del Estado, en el caso de los diputaciones de mayoría relativa, ya no podrán modificar el número, y reducir el número de diputados por ese principio, porque tendría que hacerse una nueva distritación y ya no habría tiempo, entonces solo les quedan las posiciones plurinominales.

Si realmente quieren bajar el número de diputados, que ha sido una exigencia ciudadana, tendrá que ser por el principio de la representación proporcional, esto es, los diputados de partido, los plurinominales, no hay de otra.

¿Reducirán la edad para ser Gobernador?...

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ya entregó una iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a reformar los párrafos primero, sexto, y séptimo párrafo del artículo 22, el sexto párrafo de la fracción I del artículo 86, las fracciones, l, ll, III, lV, Vl, del artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el primer párrafo de artículo 20, el inciso b) de la fracción XXI del artículo 51, la fracción l del artículo 64, la fracción l del artículo 88, los artículos 258, 259,264 y la fracción l del artículo 266 del Código Electoral del Estado de Colima, para reducir cuatro diputaciones plurinominales, hay que ver si de veras le van a atorar. Yo tengo muy serias dudas.

También está la reforma presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para modificar la fracción ll del artículo 51; el cuarto párrafo del artículo 77; el artículo 83, y los incisos que integran el segundo párrafo de la fracción V, del artículo 86 BIS, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para, entre otras cosas, reducir la edad para ser Gobernador del Estado, y sea a partir de los 18 años, esto es, acabar con la limitante que existe hasta el momento que señala como edad mínima los 30 años.

Otra iniciativa presentada y que implica reformar la Constitución Política del Estado, es la presentada por la diputada Martha Meza, del Partido Verde, para reformar el artículo 86 Bis, en su Fracción l, párrafo sexto.

La legisladora del PVEM, en su reforma propone darle facultades al Instituto Electoral del Estado, para que lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar la paridad de género, al realizar la asignación de las diputaciones de representación proporcional.

¿Qué significa eso?, pues simple y sencillamente darle facultades metaconstitucionales a ese organismo electoral, para que a su antojo mueva registros de candidatos y de diputaciones y regidurías y entregue posiciones a las mujeres, como trató de hacerlo en el pasado proceso electoral, donde violando la Constitución Política del Estado, trató de quitar el derecho que les correspondía a los candidatos registrados y por sus pistolas asignárselo a mujeres.

Situación que no prosperó porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les dijo que estaban adjudicándose atribuciones que no les competían ¿se acuerdan que le habían quitado su diputación a Joel Padilla, del PT, a Nabor Ochoa, del Partido Verde y a Adrián Orozco Neri, del PANAL?, ah, pus ahora quieren las mujeres que sea legal esa facultad.

La diputada panista Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, presentó otra iniciativa, aunque esta es solo para reformar el Código Electoral y no afecta a la Constitución… ¿qué pretende la panista?, que se reformen la fracción X del artículo 286; la fracción I del artículo 287; la fracción XIV del artículo 288 bis; la fracción II del artículo 289.

Asimismo que se modifiquen la fracción I del artículo 290; fracción V del artículo 291; que se adicione la fracción XI del artículo 286, y se hace el corrimiento de la fracción siguiente; la fracción II del artículo 287, haciéndose el corrimiento subsecuente; la fracción IV del artículo 288, y se hace el corrimiento de las fracciones subsecuentes; la fracción XV al artículo 288 bis, haciendo el corrimiento correspondiente a la fracción siguiente; la fracción III del artículo 289 haciendo el corrimiento de la fracción siguiente; fracción II del artículo 290, haciendo el corrimiento de la fracción subsecuente; fracción VI del artículo 291, haciendo el corrimiento de la fracción posterior, todos del Código Electoral del Estado de Colima.

¿Que propone la panista manzanillense? Pues acabar con la realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, entre otras cosas.

Está otra iniciativa, esta del grupo parlamentario del PRI, para reformar la Constitución, para que los partidos políticos garanticen el 30 por ciento de posiciones a jóvenes de entre los 18 a los 29 años de edad.

Estas son apenas algunas de las iniciativas que hay al interior del Congreso, que hay que decirlo que no son todas y otras más que van a llegar en los próximos días.

Está pendiente lo relativo a las candidaturas independientes; a los porcentajes para la asignación de diputaciones plurinominales, en fin, por eso le digo que este período ordinario va a ser de mucho trabajo, cuando menos de abril al último día de junio, que es cuando deberán desahogar todo lo relativo a la miscelánea electoral, vamos a ver al final qué tanta voluntad muestran todos.

Aprueban Ley  para personas Autistas…

Déjeme comentarle que en la primera sesión ordinaria, la de instalación de este segundo período de ejercicio legislativo, los diputados por fin se pusieron de acuerdo, --tuvieron que transcurrir 15 meses-, para que por fin saliera aprobada por unanimidad la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el Estado de Colima.

Esta ley no la querían los panistas e hicieron hasta lo imposible para que no pasara, por eso, el año pasado, precisamente el 1 de abril del 2016, un día antes de que se celebrará (el 2 de abril), el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, la fracción panista, que en aquél tiempo todavía era mayoría en la Legislatura se montó en su macho y no sacaron la iniciativa, a pesar de que en el recinto estaban muchas personas que padecen este Trastorno del Espectro Autista, encabezadas por la presidenta de la Fundación Mexicana de Autismo Tato, la señora María de Jesús Elisa Chávez Martínez, y muchos padres de familia.

Según los panistas no quisieron aprobar la Ley, que porque la Ley General de Autismo, había sido vetada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual no era cierto.

Por esa circunstancia fue que este sábado en el dictamen que se sometió a la consideración del pleno, se incluyó la tesis jurisprudencial P./J. 15/2016 (10ª.), en materia de constitucional, emitida por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, página 483, Décima Época, destaca que “…las personas con Autismo se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales, productivas u otras que a sus intereses legítimos convengan…”

Incluso el Presidente de la República en su reforma a la Ley de Educación ya está incluido que a partir del 2018, cuando entre en vigor el nuevo sistema educativo, estará la inclusión del autismo por lo que los menores que padezcan este trastorno, podrán ingresar a la escuela de su preferencia, acabando con una discriminación que había durado por siempre.

A partir del 2018, ya los menores con este trastorno, no podrán ser discriminados por tener el espectro del autismo, porque hay que decirlo que los niños no han recibido un trato igual.

La Secretaría de Salud, estaba en las mismas, no estaban incluidas las personas para recibir la atención, lo cual se acabará con la aprobación de esta nueva Ley y la reformas hechas también a la Ley de Salud del Estado de Colima.

De esta manera ésta viene a convertirse en la primera ley de verdadera inclusión social que aprueban en esta Legislatura.

Hay que decir que esta Ley fue posible gracias a la iniciativa presentada por la diputada priísta Graciela Larios Rivas y la iniciativa de la diputada Juana Andrés rivera, para reformar los artículos 20 Bis 20; 20 Bis 22 y 20 Bis 25 de la Ley de Salud del Estado de Colima.

Esto fue reconocido por las personas que sufren el trastorno del espectro  autista, que cuando terminó la lectura del dictamen, estallaron en porras, aplausos y vivas, hacia las dos diputadas priístas, cosa que no fue del agrado de las y los diputados de oposición, principalmente del PAN y de Movimiento Ciudadano, que hay que decirlo, antes de que se iniciara la sesión acudieron a saludar a la presidenta de la Fundación Mexicana de Autismo, al igual que el diputado J. Guadalupe Benavides, ahora sí todo mundo queriéndose colgar las medallitas.

Comparece gabinete de seguridad…

En otro tema mañana martes 4 de abril a partir de las 10:00 horas, comparecerán en reunión privada de trabajo, los funcionarios que conforman el gabinete de seguridad del estado, a fin de que informen a los diputados, qué es lo que verdaderamente está aconteciendo en materia de seguridad en el estado.

Así se supone, si otra cosa no pasa, que acudirán el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González; el Secretario de Seguridad Pública del Estado, contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez y el Procurador General de Justicia del Estado, José Guadalupe Franco Escobar.

Sin duda será una reunión muy trascendente, porque no bien acababan de cacarear que Colima, había disminuido casi un 50% el número de asesinatos dolosos en el mes de febrero comparado con el primer mes del año, cuando ahora en marzo sacaron carretonadas de cadáveres que aparecieron en la zona limítrofe entre Colima y Jalisco, allá por Tonilita, por el Río Naranjo, donde está la Barranca del Muerto.

Fueron localizados un motón de cadáveres que originalmente dijeron que eran 12, después que entre 6 y 10, y finalmente el titular del Ejecutivo del Estado, reconoció que era una decena.

La versión oficial que dio el gobierno de Colima, fue que eran restos humanos que tenían entre mes y medio y dos meses de haber sido tirados, y que eran osamentas, versión que han tratado de sostener aún que no hayan presentado una sola prueba de sus dichos.

En contraparte en Jalisco reconocían que eran cadáveres en proceso de descomposición, que es algo muy diferente a que ya fueran osamentas.

Y después se supo que la versión que más se apegaba a la realidad, fue la manejada por Jalisco, inclusive, hubo señalamientos que los cadáveres, no sé si todos, estaban en bolsas negras.

A mí no me crea, pero dicen que la mayoría de los diez cadáveres, o como les quieran llamar, han sido identificados, ojalá toda esa información se las proporcionen a los diputados, pero lo mejor, para evitar suspicacias y más habladurías sería muy bueno que los funcionarios llevaran al Congreso el video que se levantó en el área y las fotografías, --y no vayan a salir que no tienen videos y fotografías--, para que se vea la manera en que fueron localizados, de otra manera no creo que vayan a poder convencer tan fácil a las personas de que eran osamentas.

Si de por sí en cuanto se conoció la versión oficial, la gente dijo que nomás faltó que hubieran dado parte al INAH para reportar el hallazgo como si hubiera sido el descubrimiento de una tumba de tiro.

Otras más decían que eran los vestigios de uno de los últimos enfrentamientos del Rey Colimán, en fin, usted conoce mejor que yo a los colimenses.

¿Y las cabezas de puerco?...

Y otro tema que deberán aclarar muy bien los integrantes del gabinete de seguridad, será la aparición de las tres hieleras de unicel dejadas en el estacionamiento del supermercado Soriana, en el puerto de Manzanillo.

Como reguero de pólvora se propagó la noticia de que habían encontrado tres cabezas humanas, ya más tarde, la versión oficial fue que las hieleras contenían tres cabezas de cerdo y hasta fotografía anexaron.

El hecho ha dejado muchas dudas, porque lo primera que habría que preguntar es ¿quién dijo que eran cabezas humanas?, incluso se habló de personas entre los 20 y 40 años.

Ahora si efectivamente eran cabezas de cerdo como lo informó oficialmente la autoridad, ¿para quién era el mensaje?, ¿a quién o a quiénes les están diciendo que no sean puercos y trompudos?, en las cartulinas que se dejaron junto a las hieleras se manejan tres nombres, ¿era para ellos el mensaje?... por eso insisto seguramente va a ser una reunión de trabajo muy importante, lástima que sea en lo oscurito.

Para cerrar…

**Hoy a partir de las 08:30 horas se realizará la ceremonia cívica mensual en la explanada de la plaza “Bandera Nacional”, a la entrada del Congreso del Estado, habrá que ver a cuántos diputados les sale el fervor cívico, porque las últimas ceremonias no han pasado de dos o tres legisladores. Ya luego le diré cuántos asistieron.

**También le comento que este martes después de la reunión privada con el gabinete de seguridad, fue convocada la segunda sesión ordinaria del segundo año de ejercicio legislativo.

**El miércoles volverá a haber actividad en el Congreso del Estado y a partir de las 9:00 horas se desarrollará el décimo primer Parlamento Infantil de Preescolar 2017, que en esa ocasión adoptaron el tema de “El preescolar como escuela formadora de alumnos con cultura de cuidado ambiental”.

Seguramente escucharemos  a niños y niñas muy pequeñitas que repetirán lo que sus maestras, quieren decirle a la autoridad educativa y a los diputados y que utilizan a los menores para poner en su boca lo que los maestros o maestras, no se atreven a decir abiertamente.

**En otro tema, le comento que hoy lunes a las 09:15 horas la licenciada Indira Vizcaíno Silva, ex Secretaria de Desarrollo Social, ofrecerá una rueda de prensa. No se asusten de lo que pueda decir, porque desde que anunció su decisión de renunciar al cargo, quizá no de la manera más adecuada, porque lo hizo utilizando las redes sociales, se le fueron con todo y le echaron toda la caballería.

Pareció que tarde se les hacía que se fuera, incluso aún estaba el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en una sesión solemne en el Congreso del Estado, donde en entrevista nos confesó que él también se había enterado por la vía de la red social, y el boletín confirmando la renuncia, ya estaba en los correos. Aquí la pregunta sería ¿a quién le interesaba tanto que se supiera la renuncia?

Lo que sí le puedo adelantar es que el gobernador ya está analizando perfiles sobre quién podría ser designado al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y dicen que uno de los nombres que se ha barajado es el del maestro en estudios humanísticos David Monroy, yo estaré pendiente para comentárselo “Desde la Curul 26”, cuando se dé a conocer la decisión del Ejecutivo… hasta la próxima

Estación Sufragio

¿Quién gana y quién pierde con una reforma al sistema de pensiones? La pregunta es clave para entender cómo se dará la lucha entre los sindicatos y los patrones.

Aunque centrada en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), la representación laboral abarca a todos los organismos que aglutinan no sólo a los burócratas estatales sino también a los empleados de ayuntamientos y organismos descentralizados, así como a los maestros de la Sección 39 del SNTE.

La patronal es encarnada por el propio gobierno estatal, contraparte de burócratas y maestros de la 39, pero también por las entidades paraestatales (como el Insuvi), municipales, intermunicipales y paramunicipales que incluyen no sólo a las alcaldías, sino a los DIF, los organismos operadores del agua y empresas como la procesadora de carne.

Hago este desglose para subrayar que los intereses de los trabajadores no son siempre coincidentes. Por ejemplo, los sindicalizados del gobierno estatal están afiliados al Seguro Social, y recibirán al retirarse una pensión por vejez del IMSS, además de la jubilación que ha venido pagando el Gobierno del Estado.

Los maestros del estado no cuentan con ISSSTE, como sus compañeros de la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero sí reciben servicio médico particular y medicamentos.

Eso en teoría, pues debido a la falta de pago ya muchos facultativos se niegan a atenderlos. O si lo hacen cobran y entregan al paciente un recibo para ver cuándo el asegurado logra que se los reembolse la Dirección de Pensiones. Además, en la farmacia casi nunca hay las medicinas que necesitan. Y tampoco pueden adquirirlas en otra botica con cargo a su seguro médico (“Si el gobierno no te da las medicinas, ¡que te las pague!”, clamaba el PVEM).

Pero si hoy el acceso a médico particular es una contrariedad, en otros tiempos fue un lujo que los maestros de la 39 aprovecharon para hacerse tratamientos correctivos y estéticos dentales y hasta cirugías plásticas (al menos cubrían una parte del costo), que se justificaban como rinoplastias para resolver problemas de respiración o prótesis de senos como intervención preventiva de cáncer mamario.

Ya dijimos que la Dirección de Pensiones Civiles del Estado no ha pensionado hasta ahora a nadie, y que las jubilaciones se siguen pagando con cargo a la nómina de las diferentes autoridades que emplean a los trabajadores amparados por este sistema. El fondo de pensiones ha venido funcionando ante todo como una caja de ahorros.

No hay que confundir este sistema con el fondo de ahorros que el sindicato del Gobierno del Estado creó para otorgar préstamos de contingencia (a corto plazo) a los burócratas. Se trata de una caja popular que funciona con las aportaciones que sus agremiados hacen de acuerdo a sus posibilidades, con base en acciones que cuestan 25 pesos. Esta caja de ahorro y préstamo maneja más de 60 millones de pesos, y es sumamente rentable para sus accionistas. En agosto, al cierre del ejercicio, se entrega al socio el monto de lo ahorrado y una utilidad que viene siendo del 24 por ciento, resultante del interés que se aplica a los préstamos que reciben los propios trabajadores.

La única intervención del gobierno consiste en retener de nómina el ahorro y los abonos para el pago de los créditos, y enterarlos al Sindicato. Pero este fondo de ahorro no hay que confundirlo tampoco con el fondo de vivienda, que se integra con las aportaciones de los trabajadores, del 5% de su sueldo, y del 1% el Gobierno del Estado.

Por gestiones del STSGE, dado que Pensiones empezó a no tener dinero para otorgar créditos, desde 2014 el Sindicato maneja las aportaciones de los trabajadores. Y, en ese sentido, el programa de vivienda del sindicato es muy exitoso: ha desarrollado varios fraccionamientos, con diferentes esquemas de construcción, en Villa de Álvarez, Colima, Manzanillo y Tecomán.

¿Cuánto hay realmente en la cuenta de vivienda del fondo de pensiones?, ¿cuánto se acumuló hasta antes de 2014, en el tiempo en que Pensiones manejó también las aportaciones de los trabajadores? No se sabe, mas la memoria colectiva no olvida la cantidad de créditos hipotecarios que esta Dirección otorgó a funcionarios de primer nivel que, al salir de la administración, no siguieron pagando las mensualidades.

En cuanto al fondo para el retiro del sistema de pensiones, se asume deficitario, no obstante que la Dirección nunca ha pagado las pensiones ni jubilaciones de nadie, pues se siguen cubriendo con cargo a la nómina.

Pensiones Civiles del Estado no puede empezar a pagar porque está descapitalizado. Y porque tendría que pagar pensiones más altas al monto para el cual los trabajadores del magisterio estatal estuvieron cotizando.

Desde la administración del gobernador Fernando Moreno, para proteger a los futuros jubilados de la depreciación, se estableció la costumbre de mover la plaza del maestro, un año antes de retirarse, a Tecomán o Manzanillo donde hay un sobresueldo del cien por ciento por zona cara. Se jubilan con un sobresueldo para el cual no cotizaron durante los 27 años anteriores.

Si bien muchos son los maestros que alcanzaron a jubilarse con su doble plaza (la que tenían en el sistema federal), de un tiempo a la fecha el ISSSTE estableció un tope en las jubilaciones. Tope que no existe para el magisterio estatal pero que se discute incluirlo en una reforma a Pensiones.

Egresados de la Normal a los 19 o 20 años, muchos de estos profesores vivirán más años como jubilados que como trabajadores en activo. Y cuando fallezcan, sus cónyuges seguirán cobrando la pensión por ellos. Y a la muerte de ambos, sus hijos hasta que culminen sus estudios (que pueden llegar al doctorado).

Cualquier actuario diría que lo cotizado durante esos 28 años de servicio, son insuficientes para cubrir el monto de la pensión. Por ello, para capitalizar estos fondos, en otros estados (como Jalisco) Pensiones Civiles del Estado invirtió en bienes inmuebles (edificios de oficinas y departamentos) cuya renta ayuda al pago de las jubilaciones. En Colima probablemente bastaría que los patrones se pusieran a mano.

Ya dijimos que el Gobierno del Estado, con el pretexto de que paga las pensiones con cargo a la nómina, nunca ha hecho las aportaciones del 1 por ciento del gasto en servicios personales que le corresponden. La ley señala el 2.5 por ciento, pero un artículo transitorio establece la reducción al 1% mientras Pensiones Civiles no absorba el pago de las jubilaciones. Con todo, sí entera las retenciones a los trabajadores.

Los ayuntamientos y organismos descentralizados, en cambio, sí tienen obligación de aportar el 2.5 por ciento de la nómina, aunque siguen pagando las jubilaciones con cargo a su tesorería.

De los gobiernos municipales, sólo enteran regularmente las aportaciones y las retenciones a los trabajadores Manzanillo, Villa de Álvarez y Colima capital. De los organismos, sólo Ciapacov e Insuvi están más o menos al corriente. El resto acumulan una deuda que descapitaliza a Pensiones. 

Análisis Político

“Si pudimos cambiar el rostro de Michoacán, también podemos con Colima”, vamos a ir por los delincuentes, la seguridad requiere acciones no discursos, se necesitan hechos, no palabras, pero lastima pretender lucrar políticamente con los problemas de seguridad”, así lo aseguró ayer en Manzanillo el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asegurando que irán mejor coordinados tras los delincuentes del estado de Colima y planteó que esto se logrará a través de un plan estratégico y en coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Agregó Osorio Chong,“No hay hilo negro que descubrir, hay acciones, hay contundencia, hay responsabilidad, hay coordinación, hay factores que permiten, que nos hacen ver que podemos salir adelante. Colima es importante siempre como todo el territorio nacional” La gran pregunta para los colimenses quedará en el aire; ¿Será mero rollo político rumbo a la candidatura presidencial del 2018 o ahora sí habrá algún apoyo federal para la seguridad que tanto demanda Nacho Peralta para combatir realmente los problemas más relevantes en el estado? Porque en realidad no vemos a la PGR que haga algo por la seguridad, y que es la responsable conforme la ley federal de perseguir e investigar a la delincuencia organizada, es mas no sabemos ni el nombre del delegado y si tienen alguna unidad automotriz que opere en la entidad, mejor…esperemos, pronto sabremos si hay más fuerza y recursos federales en materia de seguridad para Colima o es parte de un proyecto político al que también tiene derecho, pero por su parte Nacho Peralta dijo que el tema de seguridad exige una visión integral y una coordinación estrecha.

NUEVA CARA PARA MANZANILLO

Con el anunció que hizo el gobernador conjuntamente con empresarios sobre el nuevo proyecto turístico para Manzanillo donde se invertirán 400 millones de pesos, así con la instalación de una pantalla gigante, la atracción de una rueda de la fortuna que se instalará en un centro comercial cerca del mar, la introducción del servicio de turibus, la creación de dos nuevos hoteles, antes anunció el aquarius, entre otros proyectos, significa que el puerto va a tener otra cara atractiva al turismo nacional y extranjero, además pronto ya terminarán las obras eternas de vialidad que tanto conflicto y mala imagen han creado, así no cabe duda de que el gobernador y el Secretario de Turismo César Castañeda van en serio para cambiar la imagen del puerto y del estado, se sabe además que analizan hasta los detalles más pequeños pero importantes como el hecho de no sacar a los pescadores que originalmente han laborado en estos lugares en donde se pretenden hace obras, porque no les quitarán ese derecho ya que el Mercado de Pescadores será mejorado y se les construirá un muelle especial para que laboren y usufructúen por 30 años un espacio en la nueva plaza. Son proyectos de gran visión para darle otra mejor cara al puerto.

LA MUJER POLICÍA SALIÓ DEL COMA

Gracias a Dios, y naturalmente también al neurólogo Enrique Barrios salió del estado de coma la joven policía, Alma Anaís Fuentes Contreras, aunque no se le permite diálogo alguno hasta su mejor recuperación, los médicos especialistas aseguraron que debe tener absoluto reposo durante cerca de seis meses por las lesiones que tiene, Alma había perdido el conocimiento desde la semana pasada debido al enfrentamiento entre policías y delincuentes después de una larga persecución policial desde la semana pasada, esperamos un pronta recuperación, salvando así su vida.

Tarea Política

Gracias a su militancia panista familiar, Gretel Culin Jaime inició su vida pública como regidora en el cabildo porteño 2006-2009 que fuera presidido por su entonces compañero de partido Virgilio Mendosa Amezcua, y donde lo más significativo que ella hizo fue el haber propiciado con su nulo oficio político que la minoritaria fracción priista en el mismo terminara por imponerse a ella y al resto de regidores panistas, y que la fuerza opositora tricolor creciera de la nada al grado de ganarle por carro completo la partida al virgililismo en las elecciones de 2009.

Virgilio Mendosa Amezcua aprendió esa lección y se preparó a conciencia para ir por la revancha en los comicios de 2012 derrotando de manera contundente a la fórmula de candidatos priistas porteños, alcalde y diputados locales. Como rencoroso no es, remolcó a Gretel Culin para que ganara  como lo hizo la diputación correspondiente al Distrito Electoral Once. Con esta excelente beca de tres años, la señora Gretel salió de la medianía económica, pero sin añadirle un codo a su estatura política ni intelectual porque los altos sueldos, suculentas prestaciones y demás no dan lo que natura non presta, sino todo lo contrario.

Cuando de cara a las elecciones locales de 2015 la señora Gretel se hubiera conformado con una regiduría por segunda vez en el cabildo de Manzanillo, su preciado ‘padrino’, como ella lo llama cariñosamente, el senador plurinominal panista Jorge Luís, le bajó del cielo la diputación federal plurinominal que disfruta como niña con zapatos nuevos desde el 1 de septiembre de 2015, haciéndola además Presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Este exceso en sus preferencias políticas personales, afectos,  le pegó a Preciado Rodríguez en las urnas las dos veces que contendió por la gubernatura del estado, pues nada significativo en votos le aportó su ahijada en Manzanillo sino todo lo contrario. Esto sin contar lo que su burdo favoritismo lastimó a cuadros valiosos del panismo colimense con mayores méritos partidistas y atractivo electoral que su protegida.

Tras haber abaratado la diputación plurinominal panista en 2015, Jorge Luís Preciado Rodríguez  amenaza con hacer lo mismo con la senaduría que destinada tiene para su ahijada Gretel Culin Jaime, a quien le ha prometido el primer lugar en la fórmula de dos candidatos para que, aunque pierda pero quedando en segundo lugar,  llegue al Senado sin tocar baranda. Quien puede quedarse chiflando en la loma  por ir en la muy riesgosa segunda posición, es el también ahijado de Jorge Luis, el diputado local plurinominal  Luís Huberto Ladino Ochoa con quien Gretel, además de compartir padrino, tiene ya dos meses en campaña para posicionarse en el ánimo de los electores de todo el estado.

Su ‘nino’ que tanto la quiere le ha cumplido a Gretel el deseo de recibir del muy venido a menos Congreso del Estado, la Presea Concepción Barbosa de Anguiano por “su trayectoria en el ámbito político”. ¡No pos’sí!  Con ella colgada en su pecho de ahora en adelante no habrá ‘cero que se le empine ni cuaco que se le atore’ a la amazona preseada Gretel Culin Jaime en su alegre cabalgar hacia el paraíso de la tierra que es el Senado de la Republica donde espera vivir como reina el sexenio 2018-2024 porque así lo ha decidido su ‘nino’ Jorge Luís Preciado Rodríguez. Hay que esperar para ver si le siguen cumpliendo los gustos al enderezador de jorobados.

EL ACABO

·         Ni Jorge Luís ni Gretel ni Luis entienden que quien resulte nominado o nominada candidato o candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República 2018-2024, para ganar, se hará acompañar de candidatos a senadores y a diputados federales con una probada rentabilidad electoral que le aporte a la victoria, no por rémoras como la señora Culin Jaime y el señor Ladino Ochoa.

·         A quien ya sacaron de la jugada Jorge Luis y los suyos es al líder invicto en contiendas electorales plurinominales, Fernando “El rey de los moches” Antero Valle.

Desde la Curul 26

Este martes se desarrolló la comparecencia-reunión de trabajo del Secretario de Salud del Estado, doctor Ignacio Federico Villarreal Ruiz, del Secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega Pizano, y de la Contralora General del Estado, Águeda Catalina Solano Pérez, ante los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura Local, la cita era para que los funcionarios explicaran a los legisladores las causas del desabasto de materiales de curación y medicamentos que orillaron a que el nosocomio dejara de funcionarios en los servicios de consulta externa y cirugías programadas, durante los días 15 y 16 del presente mes.

Yo no sé si los diputados quedaron satisfechos con la explicación que dio sobre todo el titular de Salud en el Estado, que si bien en descargo de su responsabilidad es que apenas está por cumplir un par de meses en el estado, pero como que quedó a deber.

Pero lo peor es que me dio la impresión de que la mayoría de nuestros diputados, citaron al funcionario más bien para enterarse de lo que había sucedido en el Hospital Regional Universitario, y no tanto para cuestionarlo sobre las causas y motivos por las cuales el nosocomio llegó a suspender sus servicios un par de días, porque la verdad sea dicha, como coloquialmente se dice, en el hospital no había ni en dónde caer muerto.

El Secretario de Salud, que por cierto ahora sí ya no me queda duda de que le tiene una tirria a los comunicadores, como no tiene usted una idea, a grado tal que al terminar la comparecencia huyó prácticamente corriendo del edificio del Congreso el Estado, para no conceder ni siquiera un minuto a los periodistas, seguido a paso veloz por el grupo de colaboradores del que se hizo acompañar a la reunión con los diputados, allá él.

Bueno pues el funcionario se aventó una exposición inicial de 14 minutos donde les dijo a los diputados lo que quiso, los mareó con cifras y que cuando dio los números en los que los diputados debieron haber cuestionado, les pasó de noche.

Por ejemplo como cuando el Secretario de Salud dijo que las principales causas de mortalidad dentro del HRU, son “algunas afecciones originadas en el período perinatal, cuestiones generalmente  congénitas y que se presentan en todos los hospitales del mundo”, que pudiera ser cierto, pero no dijo que tan solo el año anterior hubo 504 defunciones por esa causa.

También omitió señalar que hubo 401 abortos tan solo en el HRU, sin que hubiera existido una explicación al respecto; dijo que otras causas de mortalidad fueron provocadas por “enfermedades del corazón, enfermedades cerebro-vasculares, que son los padecimientos que actualmente tiene la modernidad”.

El funcionario omitió decir que en 2016 se registraron un mil 957 casos de parto único espontáneo; y un mil 379 causas obstétricas directas (que no sé a qué se refiera eso, pero está entre las causas de mortalidad).

Tampoco dijo que se registraron un mil 046 defunciones por “traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causa externa”.

No había ni torundas… “pero no estuvo en riesgo la salud”

En su exposición el doctor Villaseñor Ruiz, si tuvo que decir que el Hospital Regional Universitario tuvo que cerrar el servicio de medicina externa y el servicio de cirugías programadas, porque llegó el momento donde se quedaron sin jeringas, normogoteros, guantes, cubrebocas, gorros y botas desechables para quirófano, vendas elásticas y enyesadas, soluciones antisépticas, agujas hipodérmicas y para bloqueo epidural y subdural, etanol y torundas.

Según el Secretario de Salud, fueron la falta de esos materiales de curación los que provocaron la suspensión durante 48 horas de los servicios de consulta externa y cirugía programada, “pero en ningún momento estuvo en riesgo la salud ni la vida de los consultantes. En ningún momento se suspendieron los servicios de urgencias, ni los servicios de hospitalización”… ¡ah bueno!

Y eso fue lo que se atrevió a decir, porque en la reunión que sostuvo el titular de Salud con los médicos, enfermeras, personal administrativo y de servicios el día 15 de marzo, en el auditorio del Hospital Regional Universitario, donde le informaron que habían tomado la decisión de cerrar los servicios de consulta externa para no atender a la población, por no haber materiales de curación, los médicos cirujanos, le dijeron que no contaban con medicamentos coagulantes; le expusieron que no tenían ni grapas que necesitan en algunas intervenciones quirúrgicas.

O los enfermeros y enfermeras que le dijeron que las sillas de ruedas que utilizan para movilizar a los enfermos dentro del nosocomio la mayoría no sirven; y que la mayoría de colchones, ya se les acabó la vida útil desde hace mucho tiempo; o que las camillas ya no les sirven las ruedas, o que los ventiladores ya dieron lo que tenían que dar.

Eso sí, el funcionario reconoció que el Hospital Regional Universitario tiene un rezago en el mantenimiento de sus instalaciones el cual proviene de los últimos años.

¿Por qué no había materiales ni medicamentos?...

Ahora ¿cuáles fueron las causas que provocaron el desabasto? si se informó que la Secretaría de Salud, tiene autorizado poco más de 168 millones de pesos para medicamentos y para material de curación, para todas las unidades de salud, alrededor del 24% de ese presupuesto se lo lleva el Hospital Regional, después las jurisdicciones y los demás hospitales que maneja.

Bueno pues resulta que la Secretaría de Salud participaba en las compras consolidadas con el IMSS, para lograr ahorros y economías y que eso les permitía surtir a las unidades del estado con oportunidad, destacando que para este año se tienen previstos 42 millones de pesos en la compra consolidada y 26 millones de pesos en la adquisición de materiales de curación.

Y lo que no se dijo es que ya no se realizaron esas compras consolidados, por todo lo que se le debe al Seguro Social, por eso fue que este año no se entró a las compras consolidadas con el IMSS en material de curación.

Eso obligó a la Secretaría de Salud a sacar una licitación nacional, publicada hace apenas dos sábados (posterior a que el Hospital dejó de prestar algunos servicios) y estará por concluirse en los primeros días de abril, de acuerdo a los procesos de ley, para poder tener las adjudicaciones y empezar hasta entonces a resurtir hospitales.

Esa falta de materiales obligó a las autoridades de la Secretaría de Salud a realizar una compra inmediata de materiales y que aún se sigue surtiendo el material de curación en el afán de resolver el problema que se presentó en el Hospital Regional

El funcionario dijo a los legisladores que en esta ocasión iban a enfrentar una problemática no usual en el HRU, debido a un retraso en la salida de la licitación, retraso que bien podría ser explicado con un ajuste en los mecanismos que se realizan, buscando evitar compras que no se pudieran justificar plenamente con procedimientos jurídicos, normativos y administrativos que la ley los obliga a trabajar.

Otras estadísticas y rezagos…

Entre otras estadísticas que manejó el funcionario, el Hospital Regional Universitario el año anterior, está que registró egresos hospitalarios anuales que superan las diez mil personas, siendo la primera causa, la atención de partos, destacando que en 2016, se registraron 2 mil 222 nacimientos.

Se atendieron más de 26 mil urgencias en el año y hubo casi tres mil procedimientos quirúrgicos, y tan solo el año anterior se ofrecieron 60 mil 664 consultas médicas, más los estudios radiológicos y de laboratorio que rebasaron los 70 mil procedimientos.

Se explicó que el Hospital Regional Universitario tiene un gasto anual de aproximadamente 407 millones de pesos, destacando que de esa cifra, el 75% se destina al pago de la nómina de los aproximadamente 300 trabajadores que prestan sus servicios en el HRU,  y que representa una cifra aproximada de 300 millones de pesos y el resto se utiliza en su base de operación que pueden ser la adquisición de bienes, la adquisición de insumos y el pago de artículos para el mantenimiento y poder proveer adecuadamente el hospital.

Durante la comparecencia, el Secretario de Salud, reconoció que el HRU, tiene otros rezagos, como es en los sistemas de control del hospital, --de los hospitales en general--, y existe también la necesidad de hacer una revisión profunda a los almacenes, de tal manera que se puedan encontrar las áreas de oportunidad o bien corregir aquellas situaciones que se están enfrentando y que le permitiría a la Secretaría detectar a tiempo alguna situación que se fuera presentando

Los adeudos de la Secretaría…

En la comparecencia el titular de Salud, a pregunta de los legisladores, reportó que hasta el 31 de diciembre del año 2016, tenía un adeudo a proveedores por 163 millones de pesos, el cual abarca los de años anteriores, deuda que se dijo ha venido regularizando, en tanto que las adquisiciones de este año, se están cubriendo en el lapso que dura solamente la tramitación de la facturación.

MAM dejó de aportar al HRU

En la comparecencia, el Secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, se refirió a los recursos que se han estado entregando a la Secretaría de Salud, señalando que en la administración que encabezó Mario Anguiano Moreno se castigó al Hospital Regional Universitario.

De acuerdo a la información que se proporcionó, en 2014 el Gobierno del Estado transfirió a la Secretaría de Salud como gasto corriente, 64.9 millones de pesos; en 2015, transfirió solamente 19.55 millones; y en 2016, ya en la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, se transfirieron 108.7 millones de pesos.

El Secretario de Planeación y Finanzas, dijo que por más que se quiera buscar en el año pasado, se invirtió más en ese sector, eso porque se conocían las necesidades que tenía la Secretaría, no solamente el HRU, que es quizá el que mayor demanda tenga, pero también se tiene hospital en Tecomán, en Manzanillo, se tienen clínicas, entonces el apoyo que está brindando la administración a este sector, es muy claro.

Respecto al presupuesto de 2017, el presupuesto original eran solamente 60 millones de pesos, para pagar una parte de salarios, pero al ver las necesidades que tiene la Secretaría, se hizo un esfuerzo y se aportó con mayor cantidad para la Secretaría de Salud.

El presupuesto para este año asciende mil 684 millones de pesos, destacando que la parte estatal que lo compone no tuvo reducción respecto al año 2016, lo que se redujo fue el componente federal.

Las Auditorías de la Contraloría… 
Por lo que respecta a Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora General del Estado, indicó que se está tratando de componer las cosas en cuanto a los procesos, pues reconoció que “se venían haciendo de una manera un poquito irregular; y por instrucciones del gobernador, se creó una contraloría específicamente que le diera seguimiento a toda la reorganización administrativa de Secretaría de Salud”.
Manifestó que la Contraloría General, coadyuvando con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de  la Federación, realiza revisiones a las observaciones del año 2015, esto para evitar tener que devolver recursos a la Federación.
Respecto a las observaciones que no tengan posibilidad de ser solventadas, dijo que la Contraloría General ha iniciado procesos administrativos hasta llegar a sus últimas consecuencias.
Catalina Solano indicó que en Colima se tienen iniciadas cinco auditorías por la Secretaría de la Función Pública y diez por la Auditoría Superior de la Federación, mientras que 15 son las que la 
Contraloría General del Estado tiene en proceso de revisión.
Explicó que del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), se tienen 12 observaciones y 12 inicios de procedimiento de responsabilidad administrativa; mientras que de ese mismo Acuerdo, pero por conceptos de obras públicas y proyectos, se tienen 10 observaciones, con cinco inicios de procedimiento de responsabilidad.

En toda la información que estuvo proporcionado la Contralora General del Estado, los diputados quedaron pasmados, pues no supieron reaccionar para realizar las preguntas acerca de qué funcionarios eran los involucrados, a quienes se les están fincando procedimientos administrativos, en fin, que como ha ocurrido en otras comparecencias, los diputados prácticamente va a escuchar y a hacer algún comentario sobre algo específico que les interesa, pero no reaccionan al momento que se está dando la información, por lo que muchas cosas se quedan en el aire, o como decimos los periodistas, se quedan en el tintero.

Algo que dijo la Contralora, fue que el problema que se vivió en el Hospital Regional Universitario, en gran parte fue en lo económico, que limitó a que se pudiera realizar el surtimiento de los medicamentos.

Más o menos así fue la comparecencia, que hay que decirlo, les fue muy bien a los funcionarios, porque para la gravedad del problema que se tuvo, los diputados los trataron con algodones…

Para cerrar…Una muerte que no debió ocurrir…

Definitivamente lo que va de esta semana, realmente es para olvidarse de ella, por la serie de eventos adversos que de una u otra manera han conmocionado a los colimenses.

Por un lado se dio el lamentabilísimo caso de la estudiante de la escuela secundaria  “Enrique Corona Morfín”, que falleció apenas este martes.

De acuerdo a lo que se ha dicho fueron causas externas, manejándose tres puntos principales

“1.- Ante el reporte de lo que había ocurrido en dicho plantel, personal de la Procuraduría de Justicia del Estado, llevó a cabo una investigación en el lugar, mediante la cual se pudieron descartar causas externas o hechos violentos que le hubieran provocado el deterioro de la salud y posteriormente la muerte”.

“2.- De acuerdo al certificado expedido por las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la menor falleció a consecuencia de una aneurisma cerebral causada por un problema congénito, según la explicación de los especialistas en neurocirugía”.

“3.- Dicho diagnóstico de los médicos señala en términos técnicos que la razón del deceso de la adolescente, es una hipertensión intracraneal, hemorragia cerebelosa y ruptura de aneurisma, situación que pudo haber ocurrido en cualquier momento de su vida, por tratarse de un mal congénito”.

 Este tipo de hechos no deben volver a presentarse en ninguna institución educativa, sea del nivel que sea. A sus familiares les presento mis sentidas condolencias. A las autoridades, que esto sirva de experiencia para que instauren de inmediato un programa para que se verifique el estado de salud de todos los alumnos, ahí está mi propuesta.

¿Un desafío al estado…?

Por otra parte solo comentar de manera muy breve el asunto de los al menos 10 muertos localizados precisamente ayer allá por la “Barranca del Muerto”, en la zona limítrofe de Colima y Jalisco.

Dirán lo que quieran pero para mí este fue un mensaje muy claro ¿para quién?, no sé, pero me dejó la impresión de que es un desafío de los grupos delincuenciales hacia la autoridad.

¿Para cuál?, tampoco lo sé, si era para los de Jalisco, o si era para los de Colima, o si era para el Secretario de Gobernación que ayer estuvo en Manzanillo.

Las versiones son encontradas, y algunas muy poco creíbles, como esas de que eran osamentas con más de mes y medio de haber ocurrido los hechos y van los agentes de la policía y señalan sitios donde al parecer se localizaron casquillos de cartuchos percutidos… cómo que no encaja la historia ¿verdad?.

**Yo solo quiero concluir diciendo que hoy habrá sesión solemne en el Congreso del Estado, para entregar las preseas a las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer. El evento está convocado a las 12:00 horas en el salón de sesiones del Palacio de Legislativo.

**También le informo que este viernes habrá sesión extraordinaria, a partir de las 11:00 horas, para entre otras cosas elegir a la mesa directiva que entrará en funciones a partir de este sábado 1 de abril, fecha en que se instalará el segundo período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.

Yo por hoy hasta aquí le dejo, ya le comentaré “Desde la Curul 26” cómo se siguen dando las cosas.

Estación Sufragio

Que haya transparencia en las aportaciones que los priistas de Colima hagan a las campañas de su partido en otros estados, bajo el supuesto de que ésta sería una alternativa a las aportaciones indebidas del gobierno priista del estado, no es tan fácil, me dicen los propios priistas.

Ello luego que comenté en mi columna anterior que, dadas las circunstancias económicas del gobierno y del estado, sería impensable que el gobierno de Ignacio Peralta contribuyera, como ha sido la costumbre en los regímenes priistas, con las campañas del tricolor en los estados donde este año habrá elecciones, entre otras, para gobernador.

No es sencillo, me dicen. En primer lugar está el tema de los topes en los gastos de campaña, y el porcentaje que en el presupuesto para sacar adelante las candidaturas tiene el componente privado. Casi todos los recursos que los partidos en teoría pueden gastar en una elección provienen de las prerrogativas que los organismos electorales (federal y local) están autorizados a entregarles.

Pero es un secreto a voces que ningún partido invierte solo hasta donde legalmente puede gastar. Las campañas políticas se han ido haciendo cada vez más caras. Y no me canso de insistir en que el rubro en el que este país invierte más recursos públicos es en la estrategia para conservar (en el caso del partido gobernante) o alcanzar el poder.

Si bien el PRI patentó esta otra modalidad del uso patrimonialista de los recursos públicos, usar el poder para conservar el poder es un vicio en el que han incurrido todos los partidos que lograron gobernar municipios, estados o la república.

Esos fondos invertidos en campaña que exceden los topes de gasto autorizados, por supuesto, no se declaran. Y muchas veces ni siquiera dejan huella financiera, como se evidenció con aquellas maletas de dinero con las que funcionarios del gobierno de Veracruz fueron sorprendidos y que se supone constituían las aportaciones de Javier Duarte a la campaña presidencial del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

A Jenni Rivera la detuvieron una vez porque llevaba en un neceser 52 mil dólares que había cobrado en efectivo por una actuación en un palenque, y estuvieron a punto de fincarle responsabilidades por evasión fiscal. Pero Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal Electoral y todas las demás oficinas interesadas aceptaron de buena gana la versión del tesorero de Duarte (a quien de inmediato cesaron) respecto a que esos 25 millones de pesos que llevaban los correos veracruzanos a bordo de un avión privado, eran para pagar la campaña publicitaria de las fiestas de La Candelaria en Tlacotalpan.

Por lo visto, más de uno se tomó en serio mi sugerencia irónica que si el PRI de Colima quiere contribuir en serio con la campaña de Alfredo del Mazo o de algún otro de los candidatos oficialistas, postergue la construcción de su sede estatal y destine los recursos que tienen presupuestados para concluir el edificio, a tratar de conservar o recuperar los estados donde la oposición le disputa el poder al Revolucionario Institucional.

“¡Pero si apenas alcanzan las aportaciones de los militantes para los gastos ordinarios del Partido!”, expresó un priista de esos con convicciones. En este sexenio de Paralta Sánchez, me comentó, se hizo realidad el reclamo que por años había venido haciendo la oposición en el sentido que la administración priista no entregue un solo peso adicional a lo contemplado en las prerrogativas a las que el PRI tiene derecho a nivel local.

Del PRI nacional no cabe esperar mucha ayuda financiera tampoco, pues la prioridad para el comité ejecutivo nacional son los comité directivos de aquellos estados donde no gobierna el PRI. En donde el tricolor es gobierno, la responsabilidad de sostener al partido es del mandatario estatal. Como es suya la decisión de dejarlo que se rasque con sus uñas.

Otro priista, con más desencanto, explicó que es precisamente debido al interés que tiene Rogelio Rueda en terminar el edificio de Calzada Galván antes que concluya su gestión como presidente estatal, que los comités municipales no tienen recursos para lo indispensable.

En los municipios donde gobierna el PAN o el Verde, las oficinas del PRI están cerradas o funcionan con base al trabajo voluntario. En Comala e Ixtlahuacán, ayuntamientos de mayoría priista, se sostiene el respectivo comité municipal con las cuotas de militante que les descuentan a los miembros del cabildo y funcionarios de la administración. A las otros ocho dirigencias municipales al parecer no les dejan ni eso.

Que los dirigentes municipales sostuvieran al partido de su peculio llevó probablemente al PRI a designar a empresarios con mucha más ambición política que trayectoria partidista, como directivos municipales. Y cuando los agraciados se dieron cuenta que los buscaron como miembros pudientes del comité de financiamiento, y no como cuadros distinguidos y potenciales candidatos a 2018, empezaron a renunciar.

Tarea Política

Incongruente e inconsistente, José Ignacio Peralta asegura que estará al pendiente de que ningún funcionario realice proselitismo político en víspera de los tiempos electorales: “Estaremos vigilantes, siento que los tiempos se han adelantado en Colima y todo el país, pero nuestra responsabilidad es concentrarnos en los temas administrativos, seguir trabajando por la gente, hacerlo con la ley en la mano”, cuando días antes había anunciado a la ciudad, al estado, al país y al mudo, que dedicaría el 80% de su semana suiza a la política y sólo el 20% a la administración ,dado que ya había resuelto el problema financiero de su gobierno heredado, faltaba menos, de los nefastos Jesús Silverio Cavazos Ceballos y Mario Anguiano Moreno, causantes ambos de todas las desgracias de los colimenses. Una vez más vuelve a caer más pronto un embaucador que el fin de la semana anterior se fue a echarle porras al candidato del PRI-PVEM a la gubernatura del estado de México que un cojo.

Si los colimenses todavía abrigaban alguna esperanza de que su gobernador les cumpliera el compromiso de campaña de velar por su seguridad, de hacerlos felices, deben de una buena vez resignarse a seguir sobreviviendo en la zozobra social causada por la incontenible violencia, pues José Ignacio ha trucado sus responsabilidades administrativas y de gobierno por las de jefe de su Partido Revolucionario Institucional. El cambiazo que ha dado Peralta obedece al cumplimiento de las órdenes que recibió, al igual que el resto de gobernadores priistas, senadores, diputados federales y locales, alcaldes y funcionarios de los tres niveles de gobierno de las mismas siglas y colores, directamente del presidente de la República  y del Secretario de Gobernación.

Sobre aviso no hubo engaño, pues desde hacía dos semanas ya que en el mismísimo Manzanillo Peralta había amenazado con hacer política partidista, por lo que a nadie debe sorprender que de entrada se  haya agandallado el miércoles ciudadano panista para convertirlo en miércoles de plaza peraltisa, escenario en el que se asumió  como “coordinador de todas las arterias  políticas de su partido, el Revolucionario Institucional”, responsable plenipotenciario  de entregarle a Quique Peña y su cofradía  buenas cuentas en las elecciones generales del 2018 . Desde luego que no hay peor lucha que la que no se hace, pero también cierto es que muchos priistas están ya blanditos y cooperando para congratularse con el morenazo Andrés Manuel López Obrador.

Según las cuentas alegres de los columnistasnachoperalta@gmail.com, su miércoles de plaza fue todo un éxito, pues José Ignacio dedicó “más de quince horas” a interactuar con los integrantes de la clase política y tejer alianzas con los líderes de barrios y colonias, “con los que mueven gente, con los que generan votos”, quehacer totalmente propio de su rol de jefe del partido en el gobierno , nada que ver con sus incumplidas promesas de velar por la seguridad de los colimenses, disminuir la corrupción y ponerle coto a la impunidad, signos distintivos de su desgobierno.

Hasta los priistas colimenses en fuga van  como el jibarito, locos de contento, felices, cantando alegres, de regreso al rebaño tricolor porque su líder moral dizque acreditó en el miércoles de plaza porteño el poderío del aparato priista, evidencia más que suficiente para que vuelvan a soñar que su PRI  “está más vivo que nunca y se moverá con toda su fuerza para conservar la Presidencia de la República en los comicios generales del 2018”.  Como el teclado aguanta, y quien paga manda, sentenciado está que  los secretarios de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas; de Salud, Ignacio Villaseñor; y de la General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, fueron los que más respuestas dieron a la gente, la cara bonita de la administración pública”, cuando al menos dos de ellos pintados están para reyes feos de carnaval. Como no “recorrió”, el Secretario de la Juventud, Gamaliel Haro, fue el funcionario peraltista menos saludado, claro indicador de que “se desplomaron sus aspiraciones de ser proyecto 2018”.

EL ACABO

  • Cierto es que el “miércoles de plaza porteño” anterior muy de madrugada desayunaron en un restaurante del boulevard costero, el gobernador Ignacio Peralta, el diputado Virgilio Mendoza y la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, pero también con ellos departieron Daniel Cortés García, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM); el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de esta Dependencia, Omar Sánchez Hernández; el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo (SUTSAM), Sergio Moreno Carvajal; y el diputado federal Enrique Rojas Orozco. 
  • Desde la ciudad y puerto de Manzanillo se difunden divertidas historias de ficción política que hablan de conciliábulos,  tándems, tridentes, báculos, etc., de cara al 1018.
  • “México opina le ha dado a ¿Cómo vamos? Colima tremenda exhibida al calificar con un tres de calificació0n y no un cero como lo hicieron los examinadores al servicio del señor Zarco, el desempeño a la fecha de José Ignacio Peralta. Aunque ambas notas son reprobatorias calienta más un cero que un tres. ¿O no?
  •  

Estación Sufragio

La presencia de Ignacio Peralta en el arranque de campaña del candidato del PRI a la gubernatura del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, debe haber alegrado a aquellos priistas de Colima que, según comentaban cada vez más abiertamente, no veían en el mandatario estatal un compromiso con el partido que aportó la mayoría de los votos con los que Nacho fue electo.

Por tener un gabinete plural (con varios integrantes salidos directamente de las filas del PAN y un antiguo cuadro del PRD) y haber privilegiado el equilibrio financiero a la costumbre de pagar con la nómina los méritos de campaña, el votante duro del PRI ha visto hasta ahora al “primer priista del estado” como una figura más bien distante.

No olvidemos la broma que circuló durante las campañas ordinaria y extraordinaria, respecto a que un político con mañas de priista jugaba como candidato del PAN, mientras que un político con alma de panista competía con los colores del Partido Revolucionario Institucional.

Pese a ese poco ADN tricolor que supuestamente hay en su sangre (blanqui) azul, Peralta Sánchez estará en algunos otros de los actos de campaña del PRI en los estados que este año tendrán elecciones de gobernador.

Y aunque la crítica por estas ausencias, mientras la violencia criminal azota al estado, son válidas, lo cierto es que son nuevas rayas al tigre. Buena parte de la gestión de José Ignacio la hace fuera de Colima: en la ciudad de México, la sede circunstancial de la Conferencia de Gobernadores y en reuniones nacionales o regionales de Seguridad u otros temas estratégicos. Que se ausente para ir a tomarse la foto con el abanderado del PRI en el Edomex o para asistir a un concierto de Miguel Bosé, no tiene la menor importancia.

No deja de ser curioso, sin embargo, que a un partido que promovió sanciones del Tribunal Electoral a los alcaldes de Cuauhtémoc y Tecomán bajo el principio de que un gobernante nunca deja de estar en funciones (ni siquiera en fin de semana) y, por lo tanto, Rafael Mendoza y Lupillo García Negrete cometieron delitos electorales cuando se presentaron a un acto de campaña, no le moleste cuando el gobernador de Colima acude a un acto del PRI (o del Verde y eventualmente del Panal) aquí en el estado o en otra entidad.

Sin embargo, no es el empleo en tareas de partido del tiempo que debería dedicar completamente a gobernar lo que me preocupa, sino la probable inversión de recursos públicos. Aunque tengo confianza en la sensatez de Nacho.

Dada la situación financiera del gobierno estatal, la recesión económica que sufre la entidad como consecuencia de un programa de austeridad y reducción del gasto diseñado para reducir el déficit fiscal, Ignacio Peralta será sin duda el primer gobernador de un estado priista que no le aporte un centavo a las campañas de los candidatos del Revolucionario Institucional en otros estados.

No podría ser de otra manera, no puede tomar el dinero que se ahorró en este año y meses que llevan Carlos Noriega y Kristian Meiners controlando la caja y el presupuesto, meterlo en maletas y mandarlas con un propio al Estado de México como si fueran recursos a fondo perdido.

Sería criminal que el dinero que le ha hecho falta a los colimenses, como circulante y como derrama, se gastara en campañas como la del Edomex, en la que el PRI echará la casa por la ventana mas no para hacer ganar a Alfredo del Mazo (en el tricolor no hay santos como para hacer milagros), sino para impedir que Morena se haga de la gubernatura mexiquense como primer paso en la carrera de Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia de la República en 2018. 

Qué importa que el gobierno de Eruviel Ávila le haya aportado dinero a la campaña del propio Ignacio Peralta, me vale si el dirigente nacional Enrique Ochoa Reza pase la charola, Colima tendría que ser el primer estado priista que no corresponda a esas presuntas obligaciones partidistas.

Insisto, no puede ser de otra manera. Si los priistas colimenses sienten el compromiso de cooperar con la campaña de Del Mazo, que aporten de su bolsillo, que se los descuenten del sueldo o que dejen la construcción de la sede estatal para después. Ah, pero que todas estas aportaciones las hagan con transparencia, porque los partidos políticos son entidades de interés público.

 

Análisis Político

La vida de Alma Anaís Fuentes Contreras todavía depende de un hilo, es la madre joven que decidió ser policía, que se encuentra en la foto recibiendo uniforme de manos del gobernador y que la semana pasada se enfrentó a balazos contra dos presuntos delincuentes después de una larga persecución en las ciudades de Villa de Álvarez y Colima, pues a pesar de la gravedad de sus heridas al recibir cuatro impactos de balas, dos en el cráneo, uno en el hombro y otro más en su pierna, ha sobrevivido y se encuentra hasta la fecha en estado de coma.

EL OBISPO DE COLIMA ORA PARA SU RECUPERACIÓN

No sabemos si se mantiene viva por obra de Dios, gracias a las oraciones que el propio obispo de Colima, Marcelino Hernández ha participado con los sacerdotes, al igual que muchas familias y amistades de este elemento policial o es la mano del prestigiado especialista neurocirujano Enrique Barrios que la intervino en su atención médica o se debe a los dos motivos juntos.

Pero la verdad es que Alma se debate entre la vida y la muerte tal como lo señalaron la mayoría de los medios informativos, la valiente joven de 32 años de edad y quien tiene una pequeña hija, ha conmovido a la ciudadanía, generado reflexión y dolor en las redes sociales, miles le dan aliento a sus seres queridos y familiares para que recobre su memoria y su vida. Sus padres, su familia no se despegan de ella desde que ocurrió el desafío entre policías y delincuentes, ingresó a la sala de operaciones desde el jueves pasado y se espera que en las próximas 72 horas se dé a conocer el desenlace médico o divino que tendrá esta joven mujer que demostró arrojo ante el cruce de los disparos, ella pertenece a la policía estatal.

EL GOBERNADOR VISITA A SUS FAMILIARES

Se dio a conocer en las redes sociales la visita a la clínica que hicieron el gobernador y el Secretario de Seguridad Pública el sábado pasado a los padres y familiares de Alma, con el propósito de saludarlos, para manifestarles su solidaridad ante estos momentos difíciles, su apoyo moral y económico ante la situación crítica de salud en que se encuentra, pues está internada en una clínica particular especializada para el problema grave que sufre, esta actitud de las autoridades acreditan su sensibilidad como gobernantes ante hechos lamentables, lo que habla bien de esta sencilla visita pero importante para esta familia, además los propios cuerpos de seguridad están atentos de lo que hacen o dejan de hacer los gobernantes en situaciones como esta, la ciudadanía reconoce y valora la sensibilidad de un gobernador, como lo está haciendo con las audiencias públicas ciudadanas y ahora con esta visita a una policía en situación de salud crítica por el cumplimiento a su deber.

¿VALE LA PENA SER POLICÍA HOY EN DÍA?

Ante las recientes muertes de mujeres y hombres policías de las distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno de Colima y del país en la lucha contra la delincuencia, y ante este hecho lamentable que hoy sufre Alma Anaís, a los colimenses si les preguntaran; ¿Vale la pena ser policía?; ¿Le gustaría que su hija o hijo fuera policía?, la mayoría responderían que no, más del 87% de la ciudadanía en las encuestas nacionales rechazan esta profesión para ser policía, por la situación de riesgos y condiciones laborales, pero que no únicamente lo viven en Colima si no en todo el país, de hecho, Colima supera a la media nacional en los sueldos de la policía estatal.

Pero ¿Pero por qué el 13% restante no rechaza la idea de ser policía, como la mayoría de los ciudadanos, porque ven una opción laboral para ellos o sus hijos, aunque entre estos van casi obligados o por necesidad del trabajo, y por ello no pasan la prueba de seguridad y confianza para ser policía. Pero la gran mayoría de los hombres y mujeres incorporados en las filas de seguridad nacional, militar, federal, marinos o policía estatal o ministerial, y como lo es también Ana Anaís Fuentes, es porque ingresaron con la vocación de servicio en las áreas de seguridad, se especializaron en las áreas de criminología, en balística, armamento y tienen el valor y el arrojo de enfrentarse ante los criminales porque esta es su profesión, les gusta y trabajan con valor y pasión, por ello vale la pena reconocerles su trabajo. 

Ser policía para muchos, les nace desde niñas o niños, y es una vocación de servicio como cualquier otra pero que debería ser alentada esta especialidad por la Universidad de Colima y las instituciones educativas federales a nivel de bachillerato para lograr formar técnicos en seguridad pública o privada, profesionalizándolos, hoy no hay donde estudiar esta carrera, independientemente de activar los programas a fondo y de impacto en prevención del delito, se necesita aumentar personal y mejorar sus prestaciones, por ello vale la pena que el Congreso del Estado también volteé los ojos hacia el futuro inmediato de la seguridad pública.

No es asunto exclusivo de un gobernador, pues hay un gran rezago por más de diez años y quizás no únicamente sean culpables tampoco los ex gobernadores por más desorden financiero que hayan tenido, porque  también los ex alcaldes y ex legisladores locales, no movieron un dedo, pero vemos que ahora menos, pues no es posible que todavía hay ayuntamientos que no asuman bien su responsabilidad en su seguridad pública, tienen patrullas sin gasolina, más de la mitad las tienen descompuestas y a pesar de tener poquitos elementos aseguran que a los policías los ocupan más en barrer las calles y avenidas en lugar de perseguir a los delincuentes. Aunque no creemos, o Usted ¿Qué cree?  

 

Desde la Curul 26

En la última sesión extraordinaria la diputada manzanillense Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, propuso un punto de acuerdo para exhortar a la titular del CONAVIM, para que a la brevedad emitiera la Alerta de Violencia de Género en el Estado, y la mayoría de diputados conformada por los legisladores del PRI, PT y los independientes que conforman la fracción denominada “Nuestro Compromiso por Colima”, se confundieron o cuando menos así lo quisieron hacer ver, y no aprobaron la petición de la diputada panista porque creyeron que en el documento se estaba haciendo una crítica a la administración que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez.

Pero todo esto pasa porque nuestros legisladores no están pendientes de lo que se plantea en la sesión, con decirle que al momento que Gabriela de la Paz Sevilla, planteó su documento de punto de acuerdo, apenas había 14 y en ocasiones 15 diputados en el pleno, porque al resto la prioridad fue más meterse a la sala de juntas “General Francisco J. Múgica”, a comer sus sagrados alimentos, en una franca falta de respeto a sus demás compañeros de legislatura que estaban sometiendo a la consideración una serie de puntos de acuerdo.

Los diputados que privilegiaron más el meterse a la Sala de Juntas a dar cuenta de las viandas, se asomaban cuando iban y les decían que se iba a votar tal o cual documento y junto con ello, la línea en que forma iban a sufragar.

La nueva mayoría en el Congreso del Estado, conformada por los diputados del PRI, PANAL, PT, PVEM y los diputados independientes, dejaron sola a Juanita Andrés a quien le pasaron los documentos para que fuera quien le diera la pelea a la diputada manzanillense, y exigiera que el punto de acuerdo, que es una facultad de cada diputado presentarla a la consideración de la asamblea, como una propuesta personal o de su fracción, quería la priísta que se la turnaran a su comisión, cuando no era iniciativa.

Y tan pareció que ni Juanita Andrés escuchó que se trataba de un punto de acuerdo que cuando sube a tribuna dijo que lo hacía“para hacer algunas precisiones sobre el dictamen que escuché”, argumentando que ella había sido presidenta de esa comisión que hoy tiene la panista Gabriela Sevilla.

A pesar de que tuvo en sus manos la argumentación para en todo caso haber dejado en claro que la solicitud  de la Alerta de Violencia de Género, que además así lo había dicho la panista Gabriela Sevilla, había iniciado en 2014, se bien se dijo que era en este año, no se argumentó que era en contra del actual gobernador, pero claro eso les pasa por no estar atentos a lo que se lee en tribuna.

Pero ¿qué había pedido Gaby Sevilla?...

Para entender un poco lo que sucedió en la última sesión extraordinaria, déjeme comentarle que la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la panista Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, sometió a la consideración del pleno un punto de acuerdo para hacer un exhorto a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la maestra Alejandra Negrete Morayta, a fin de que se emitiera a la brevedad la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Colima, misma que fue solicitada por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y diversas organizaciones de la sociedad civil el 22 diciembre de 2014.

Esa solicitud de Alerta de Violencia de Género, se pidió ante los magros resultados que el gobierno de Mario Anguiano generó para proteger a las mujeres durante su sexenio y así se los hacía saber Gabriela Sevilla

La panista destacó que este exhorto era para dar impulso a la solicitud de emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Colima, misma que fue presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado y por diversas organizaciones de la sociedad civil, hacía más de dos años.

Cuando los diputados de la nueva mayoría que maneja el Congreso medio oyó, que no escucharon, que Colima es una de las entidades del país que ha experimentado en los últimos años altos niveles de violencia en contra de las mujeres, mismos que se han hecho tan recurrentes como abominables, creyeron que se estaban refiriendo al actual gobierno.

Nunca pusieron atención de que el pleito era contra la administración de Mario Anguiano, de quien dijeron que ese lacerante fenómeno de agresión hacia las mujeres había estado creciendo de manera imparable y como muestra se mencionaba que de 2011 a 2014 se reportaron al menos 60 feminicidios en el Estado, de acuerdo a datos publicados por los medios de comunicación de la localidad.

Que para el 2016, este dato sí ya abarcó parte de la actual administración estatal, se registraron 50 feminicidios, y 40 tentativas de este ilícito.

Y que por su parte, el Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres señala que, hasta mayo de 2016, esto es escasos tres meses de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, en Colima hubo un total de un mil 216 casos de violencia contra las mujeres registrados.

Decía en su punto de acuerdo Gabriela Sevilla, que finalmente no se lo aprobaron los priístas, el diputado petista y los diputados independientes, porque nunca entendieron en sí de qué se trataba, que ante este alarmante escenario, a finales del 2014, en vista del agravante fenómeno de violencia feminicida que crece constantemente, se realizó la petición de emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

O sea siempre Gabriela de la Paz Sevilla se refirió a la administración de Mario Anguiano, sin embargo no hubo un solo asesor ni del PRI, ni del PT, ni del Verde, ni de los independientes, en fin, de nadie, que los sacara del error de que el pleito no era con el actual gobernador, sino en todo caso contra el gobierno de Mario Anguiano.

Preocupantes observación al gobierno de MAM…

Tan no escucharon el contenido del punto de acuerdo de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, que les pasó de noche cuando se explicó que en el territorio de Colima, el pasado 22 diciembre de 2014, representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de la Fundación Ius Género, A.C. y del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” A.C., presentaron una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Colima y que dicha solicitud fue admitida el 26 de enero de 2015 y notificada el 27 del mismo mes a las promoventes, así como al Gobernador del Estado de Colima.

De acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, se formó un equipo de trabajo para realizar el estudio y diagnóstico de la situación de violencia feminicida en el estado.

Y que del análisis realizado surgieron preocupantes observaciones concluidas por el equipo de trabajo fueron presentadas el 4 de marzo de 2015 a la Secretaría de Gobernación para su análisis, y fue para el 24 de abril de 2015, que la CONAVIM remitió el mismo informe a las solicitantes y al Gobernador del Estado de Colima, en aquél tiempo todavía era Mario Anguiano Moreno.

Después de ello, el procedimiento regulado en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precisamente en el artículo 38, párrafos 4 y 5, dispone que el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad podrá aceptar las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, y para ello tendría un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día en que las recibió.

De esta manera, Mario Anguiano Moreno, Gobernador de Colima, disponía hasta mediados del mes de mayo de 2015 para aceptar o no dichas conclusiones.

Las mismas disposiciones legales citadas disponen que, de transcurrir dicho periodo, sin que el Ejecutivo Estatal se haya pronunciado al respecto, entonces la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitirá la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en un plazo no mayor a cinco días naturales.

Gobernación protegió a MAM

Por alguna extraña causa, desde la Secretaría de Gobernación salió el manto protector hacía Mario Anguiano, porque a pesar de que estaban dadas las condiciones para haber ordenado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, donde incluso la ley señalaba los plazos, no se actuó.

Incluso el propio gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a escasos dos o tres meses de haber asumido la responsabilidad, en el mes de abril de 2016, pidió al gobierno federal se resolviera y se emitiera dicha declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

¿Por qué la solicitó José Ignacio Peralta?, por una sencilla razón, quería pintar su raya en cuanto a los ataques y feminicidios cometidos antes de su llegada a la administración estatal, sin embargo Gobernación siguió protegiendo a Mario Anguiano Moreno.

Porque de otra manera no se entiende que si desde hace dos años no se ha obtenido respuesta de la Secretaría de Gobernación y mucho menos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), ello en grave perjuicio de las mujeres en Colima, hay una falta de acatamiento a lo que dispone la normatividad en la materia.

Pero de eso nada entendieron los diputados de la nueva mayoría en el Congreso del Estado, por eso mandaron a Juanita Andrés a que pusiera en entredicho el punto de acuerdo de la panista, para tener un pretexto para votar en contra.

Hoy sale la Alerta de Violencia de Género

La legisladora priísta siempre se refirió al punto de acuerdo “como el dictamen”, y casi de entrada le espetó a la panista que“la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Colima, es un trámite que se ha iniciado en el año 2014, (pues es lo que les dijeron), y que por cierto, yo no sé si esté enterada, diputada promovente del exhorto, que el lunes 27 de marzo, resolverá el grupo interinstitucional que coordina la CONAVIM”.

Andrés Rivera quiso “corregirle la plana” a la panista, señalando que “hay que hacerle varias precisiones y correcciones a esta propuesta, la cual ya la escuché, me da gusto que reconozca que se ha seguido trabajando en el tema en favor de las mujeres”.

La diputada comalteca argumentó que “la solicitud de Alerta de Violencia de Género se presenta ante la  Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, que ostenta la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, de ahí se puede ver el resto de las confusiones e imprecisiones que escuché en este exhorto”.

O sea Juana Andrés no fue a enriquecer el documento, sino a tratar de exhibir a la panista, señalando que “…en mayo de 2016 y en acuerdo con el Ejecutivo del Estado, el grupo que analiza la solicitud de alerta de violencia de género y las organizaciones civiles solicitantes del mecanismo, se dio al estado de Colima un segundo período que culminó en noviembre, fecha en que el Ejecutivo del Estado nuevamente renunció información de las acciones llevadas a cabo por Colima, pero finalmente también remitió la información complementaria por tercera ocasión el viernes 17 de marzo del año 2017”, según dijo.

Enseguida diría que no era la CONAVIM, la encargada de emitir la Alerta de Violencia de Género, sino la Secretaría de Gobernación, “para que a través de la Comisión Nacional (la CONAVIM), determine si la entidad federativa incrementó dichas propuestas”. O pues ¿le corresponde o no a la CONAVIM?

O sea tratando de corregir a la panista, a la diputada priísta  Juana Andrés se le hizo bolas el engrudo al decir que “la CONAVIM sirve de conducto para hacer llegar dicho dictamen a la Secretaría de Gobernación, que es quien decide sobre la procedencia o no de la declaratoria de solicitud de Alerta de Género”… ¡es exactamente lo que se dijo desde un principio!

Ahí fue donde Juana Andrés pidió que “nos reuniéramos con el Instituto Colimense de las Mujeres, y con las solicitantes, para que nos den a conocer las acciones que se han estado llevando a cabo para la realización de esta Alerta de Género, que como ya le comenté el lunes 27 de marzo resolverá el grupo interinstitucional que coordina la CONAVIM”.

Y agregaba que “…como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Migrantes, solicito presidente, que se turne a mi comisión, para que junto con la Comisión de Igualdad de Género y con todas las instituciones que tienen que ver con ese tan importante tema nos pongamos a trabajar en ese tema tan importante”, ¡plofff!

O sea Juana Andrés quería que un punto de acuerdo –no iniciativa--, que es facultad de cada diputado presentar, quería que se lo turnaran a su comisión cuando de acuerdo al Artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, destaca que “Las iniciativas de punto de acuerdo, o de acuerdo económico provenientes de los diputados, serán discutidas y resueltas en la sesión que sean presentadas”. En ninguna parte habla de que deben turnarse a ninguna comisión, como pretendía la priísta.

Y lo peor que todavía la comalteca pidió al presidente de la mesa directiva que su petición se sometiera, fuera de todo orden legal, a votación para que el punto de acuerdo de una diputada, se lo turnaran y ser ella quien definiera los términos en que debía presentarse en todo caso.

Perón más peor aún fue que el presidente de la mesa directiva, el diputado Federico Rangel, aceptara esa petición y tratara de someterla a votación, cosa que no ocurrió porque finalmente después de una hora de discusión y una hora más de receso, que hicieron para irse a comer sin sobresaltos, regresar a votar la propuesta del punto de acuerdo solamente y desecharlo.

Realmente  es para preocupar que los actuales diputados ya llevan año y medio de estar en funciones, varios de ellos, que ya han sido legisladores, incluso federales y senadores, sigan cometiendo este tipo de pifias.

Juanita Andrés dijo que hoy resolverá la comisión interinstitucional acerca de esta declaratoria de Alerta de Violencia de Género, vamos a ver qué tan confiable fue la fuente que  le hizo la filtración  de la información a la priísta.

Por lo pronto, creo que no había razón para que se exhibieran, tan sencillo si no querían aprobar el punto de acuerdo, se hubieran apegado al reglamento de que hablaran dos a favor y dos en contra, si los hubiera, y votar el documento, pero no, quisieron justificar que no votarían a favor porque no se aceptó que se turnara a comisión un punto de acuerdo… diputados, aún es tiempo para que le den una leída, o una repasada a su Ley Orgánica y a su Reglamento, que debieran ser, junto con la Constitución, sus libros de cabecera ¿o no?.

Para cerrar…

**Déjeme comentarle que en la misma sesión extraordinaria de la semana pasada los diputados aprobaron un punto de acuerdo para exhortar  a los diez ayuntamientos así como a los tres poderes del estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a todas sus administraciones públicas centralizadas y descentralizadas, a que ya por favor cumplan con la ley y no se queden con las cuotas de los trabajadores, ni otro tipo de descuentos que se apliquen, porque la ley dice que quien incurra en ello, les representa cárcel a los funcionarios que omitan entregar por ejemplo las cuotas de pensiones, descuentos a trabajadores para pagar adquisición de productos y servicios, entre otros.

Yo me pregunto, ¿no sería más práctico aplicar la ley y meter a la cárcel a uno o dos o tres funcionarios, entre ellos alcaldes que por ejemplo están jineteando las cuotas sindicales, los impuestos de siniestralidad para los bomberos y protección civil, entre otros?, ¿por qué al pueblo se aplica la ley a rajatabla y a aquellos que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, hay que estarles mandando exhortos para que no se les olviden sus obligaciones?, digo, como que no se vale, ¿o sí?.

**Este domingo se cumplieron ocho años del sentido fallecimiento de quien fue la primera gobernadora del país, la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, ¿pregúnteme cuántos homenajes le hicieron?... ¡hasta a los grupos feministas más recalcitrantes se les olvidó!, ¡ah!, pero que tal ha servido su imagen para explotarla como bandera política, eh…

Pero no hay que apurarnos a partir de hoy volverá a estar en boca de muchas  que se desgarran las vestimentas…. Además, quién le manda que el aniversario de su muerte haya coincidido en domingo, ya lo dijo la iglesia “los domingos son días de guardar”.

**Esta semana será de mucha actividad en el Congreso, habrá sesión solemne, para por fin entreguen las preseas a las 9 mujeres que designó el Congreso para recibir reconocimiento por haberse destacado en nueve campos distintos, y por cierto qué le dije ¿eh? Gretel Culin es una de ellas…

**También mañana martes a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, habrá comparecencias de funcionarios estatales, acudirán el Secretario de Salud, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz; el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García y la Contralora General del Estado, Águeda Catalina Solano, para que expliquen qué pasó en el Hospital Regional Universitario, por qué el desabasto de materiales de curación y medicamentos, que orilló a suspender la prestación de servicios en ese nosocomio.

**Finalmente solo comentarle que hoy a partir de las 10:00 horas, en la entrada principal del Congreso del Estado, los  reporteros, camarógrafos, fotógrafos, columnistas, articulistas de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales, efectuaremos una manifestación de protesta, por los asesinatos de periodistas que se siguen dando en diversos estados.

La cita es a las 09:55 horas en la explanada de la Plaza “Bandera Nacional”, para iniciar a las 10:00 horas con esta manifestación de repudio por las agresiones y asesinatos que se han cometido en contra de los periodistas, si quiere sumarse a nuestra manifestación y se quiere solidarizar con nuestra protesta, ahí los esperamos, para alzar el grito de ¡Ya Basta!

Por hoy hasta aquí le paramos ya “Desde la Curul 26”, le estaré comentando como se pusieron las cosas… hasta la siguiente.

Estación Sufragio

En el homenaje luctuoso a Luis Donaldo Colosio, este jueves 23 de marzo, el orador oficial fue José Narro Robles. Se hicieron dos grandes revelaciones con su discurso: una, que el ex rector de la UNAM fue cercano a quien fuera el candidato del PRI a la Presidencia de la República, asesinado hace 23 años; y, la más importante, que el secretario de Salud quedó incorporado a la carrera por la candidatura tricolor.

Para muchos analistas políticos, la presencia de Narro en un evento partidista es un mensaje de Peña Nieto sobre la necesidad de refundar al PRI, para hacerlo más competitivo electoralmente.

Como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Colosio puso el énfasis en una estructura territorial en la que los militantes, afiliados voluntaria y conscientemente, participarían en razón de la acera, manzana y sección electoral en la que se ubica su domicilio (de esa filosofía queda como cascarón el Movimiento Territorial).

De este modo, Luis Donaldo quiso romper con una inercia que aun hoy favorece la afiliación corporativa y a una estructura sectorial –obrera, campesina y popular– en la que la participación política y electoral se da en razón de cuotas de poder; ahora complicadas con cuotas de candidaturas por género (para las mujeres) y edad (para los jóvenes).

El PRI de Carlos Salinas de Gortari era un partido de Estado que había perdido las elecciones presidenciales de 1988 en una disputa por la nación protagonizada por una élite, la tecnocracia, que defendía un modelo económico de apertura al mercado internacional, contra una vieja clase política educada en el modelo proteccionista y de propiedad estatal, sustentado en la ideología del nacionalismo revolucionario.

Con la llegada de Miguel de la Madrid a Los Pinos, a partir de 1982 los neoliberales se enquistaron en el gabinete, pero organizaciones (como los sindicatos petrolero y magisterial), grupos y corrientes (como la que se denominó Democrática) dentro del mismo partido que había servido como correa de transmisión del poder presidencial, se rebelaron contra lo que parecía inevitable, el dedazo del colimense a favor de Salinas, y terminaron apoyando la candidatura opositora del ex gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas.

Hombre cercano al presidente ilegítimo, Colosio intentó modernizar al partido, prepararlo para lo que suponía el salinismo ocurriría tarde o temprano: la alternancia con el PAN.

El blanquiazul se ganó el derecho a cogobernar con el PRI, en la coincidencia de la visión neoliberal, por haber avalado el fraude electoral del 88. Como presidente del Revolucionario Institucional, a Luis Donaldo le tocó reconocer en 1991 la derrota de la candidata oficial Margarita Ortega en Baja California, lo que permitiría el arribo del primer gobernador de extracción panista, Ernesto Ruffo.

Colosio vio desde entonces venir lo que los políticos de las nuevas generaciones aceptan hoy como una verdad de a kilo: el PRI ya no es garantía de triunfo electoral para los candidatos que presenta a los distintos cargos de elección popular.

En el memorial colosista, José Narro rindió a Luis Donaldo “el mejor de los homenajes, el del tributo a las ideas, el de la valoración de los argumentos y de la verdad”.

Nada parece haber cambiado en la retórica priista desde aquel 6 de marzo de 1994, cuando Colosio entendió que el sino trágico del tricolor era tener que conquistar el poder cada seis años. En un parricidio simbólico, en cada comicios el PRI se vio obligado a ser su propia oposición a fin de cumplir el axioma gatopardezco: “que todo cambie para que todo siga igual”.

Colosio dijo en 1994 y Narro lo retomó en 2017:

"Hoy somos la opción que ofrece el cambio con responsabilidad. Somos la opción que mejor conoce lo que se ha hecho. Que sabe de los resultados de sus programas, de sus aciertos y de sus errores... Somos la opción capaz de conservar lo que ha tenido éxito y somos la opción para encontrar nuevos caminos de solución para los problemas pendientes... ¡Cambiemos sí! ¡Cambiemos! ¡Pero hagámoslo con responsabilidad, consolidando los avances reales que se han alcanzado y por supuesto, manteniendo lo propio: nuestros valores y nuestra cultura!...

“¡México no quiere aventuras políticas! –dijo Colosio–, ¡México no quiere saltos al vacío! ¡México no quiere retroceder a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces! ¡México quiere democracia pero rechaza su perversión: la demagogia!...

“Se equivocan quienes piensan que la transformación democrática de México exige la desaparición del PRI. No hemos estado exentos de errores, pero difícilmente podríamos explicar el México contemporáneo sin la contribución de nuestro partido. Por eso, pese a nuestros detractores y a la crítica de nuestros opositores, somos orgullosamente priistas".

Con esta cita de Luis Donaldo Colosio, Narro acusa recibo de lo devaluado que está el ser priista. El malogrado candidato presidencial es más recordado por otras cosas que dijo ese día en el Monumento a la Revolución:

"Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales... Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros”.

En el afán de renovar al casi nonagenario partido se han ensayado diversas fórmulas, todas ellas fallidas porque nacen de la simulación: la democracia interna, las alianzas con supuestos partidos de oposición que en realidad son nuevas denominaciones para un mismo producto (el Verde, Nueva Alianza, de alguna forma hasta los independientes), los pactos por México que implican una partidocracia en la que, en realidad, el control lo tienen miembros de una misma clase política perfectamente intercambiable en cuanto a las siglas que los inspiran.

¿Malgastar figuras tan prestigiadas como Narro supone para el PRI la posibilidad de salvar la marca tricolor?

Es claro que el PRI no recuperará prestigio ni potencial de triunfo con uno de los nuevos dinosuarios (como Osorio Chong) ni con alguno de los viejos tecnócratas (como José Antonio Meade, ante el evidente descarrilamiento de Luis Videgaray). Tal vez el ex rector de la Universidad Nacional sea la fórmula secreta. 

Estación Sufragio

Según el Art.17 de la Ley de Pensiones aprobada el 28 de diciembre de 1962, el gobierno del estado, los organismos descentralizados y los ayuntamientos que fungen como patrones de la burocracia amparada por esta norma, deben aportar el dos y medio por ciento de las percepciones de los trabajadores, no el uno por ciento como señalamos aquí.

Pero el artículo 2 transitorio establece que en tanto el Estado cubra el importe de las pensiones, su aportación será nada más del uno por ciento. Pese a todo, esta aportación es, al parecer, la que no se entrega a la Dirección de Pensiones.

Se asienta la duda porque, en efecto, nadie sabe qué ocurre con los recursos que debieran conformar el fondo de pensiones, y con cargo en el cual se deberían ya estar pagando las jubilaciones de los trabajadores que han pasado al retiro porque, de seguir la tendencia actual, muy pronto la nómina por servicios personales del gobierno estatal y los municipales, además de organismos descentralizados como son los prestadores del servicio de agua, la procesadora municipal de carne o los DIF, estará compuesta por más trabajadores pensionados y jubilados que en activo.

Por eso, aun cuando difieren en otros aspectos de la relación laboral, el gobernador Ignacio Peralta coincidió ayer con el líder del STSGE, Martín Flores Castañeda, al decir que es necesaria y, de hecho, pedirá una auditoría a Pensiones Civiles del Estado.

“No tengo ningún inconveniente en que la auditoría se haga inmediatamente –cita AF Medios unas declaraciones del mandatario colimense–, se puede hacer el día de hoy, va a tomar tiempo entregar los resultados, pero lo importante no es sólo saber dónde estamos sino hacia dónde vamos y para ello requerimos la reforma” de esa Dirección de Pensiones.

Peralta Sánchez descartó tácitamente que se vaya a pedir una auditoría externa (Nada de Pricewaterhousecoopers). Aclaró que solicitará la revisión al Congreso local, pues del Poder Legislativo depende el Osafig.

Insistió en que además de conocer la situación financiera actual del sistema de pensiones, se deben reformar las leyes que lo regulan pues, de continuar como hasta ahora, la tesorería estatal colapsaría.

“El modelo que se diseñó hace más de 50 años está agotado” y ha generado tanto desequilibrio y problemas financieros que no es viable pensar que ese modelo pudiera seguir en un futuro: “definitivamente va a colapsar las administraciones y quebrar el sistema de pensiones”.

“Es fundamental una reforma que permita modernizar y llevar a la vanguardia este tema porque de ahí deben depender los trabajadores jubilados y pensionados del gobierno del estado, los ayuntamientos y organismos descentralizados”, estableció José Ignacio Peralta según la transcripción de Alejandra Aréchiga.

Ahora bien, esta reforma no puede partir de borrón y cuenta nueva. No puede ocurrir lo que pasó en la Universidad de Colima donde ya nadie preguntó qué pasó con el fideicomiso que dejó establecido el rector Humberto Silva Ochoa al concluir su gestión, como capital inicial del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) que suponía para los trabajadores de la casa de estudios una tercera pensión, adicional a la que empiezan a recibir de la institución al momento de jubilarse y extra a la que recibirán del Seguro Social cuando cumplan la edad establecida (60 o 65 años, según la ley que los ampara).

Después de la polémica generada por la desaparición del Fosap, los universitarios tuvieron que aceptar la versión de que los recursos de este fideicomiso están comprendidos en el actual fondo de pensiones, que intencionadamente fue llamado también Fosap aunque se trata de un fideicomiso completamente distinto, establecido a iniciativa de la SEP cuando el gobierno federal empezó a tomar acciones para evitar el colapso financiero de las universidades públicas que, en su mayoría, como ocurre con el gobierno estatal, pagaban y algunas siguen pagando con cargo a la nómina las pensiones de sus trabajadores en retiro.

¿Cómo debe hacerse, pues, la reforma del sistema de pensiones? La pregunta divide a la sociedad, los partidos políticos y a los mismos sindicatos. Fracturó de hecho a la burocracia que, de estar aglutinada en una sola Unión de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, hoy tiene a algunas de esas organizaciones gremiales integradas en una Federación de Sindicatos.

La Ley de Pensiones, por lo demás, protege a dos tipos de trabajador público en Colima: los maestros al servicio del estado y los servidores públicos sindicalizados (aunque Colima es uno de los pocos estados, cuando no el único, donde un mismo sindicato, el que encabeza Martín Flores, representa los intereses de los trabajadores de los tres poderes del estado: el Legislativo y el Judicial además del Ejecutivo).

Y una eventual reforma será peleada en forma dispareja, porque el magisterio estatal y los burócratas no perderían lo mismo con una nueva ley que privilegie la salud financiera del gobierno e ignore las conquistas sindicales de los trabajadores.

Se dice que la reforma ya se hubiera realizado hace dos o tres sexenios, pero cada intentona chocó fundamentalmente con los intereses de la sección 39 del SNTE. La prestación específica que los maestros del estado tienen y de la que no gozan los otros trabajadores al servicio del gobierno del estado, es el servicio médico particular, auténtica letra muerta desde que la deuda con los médicos que aceptan el convenio con Pensiones alcanzó tal monto que los facultativos dejaron de recibir a esos pacientes, como prestación incumplida también es la farmacia.

La otra gran disparidad entre el magisterio estatal y los burócratas son los montos de las jubilaciones. Una inminente reforma al sistema de pensiones es tan temida por los maestros que muchos han decidido pensionarse aun sin tener los años cumplidos, para asegurarse de que no se irán a retiro con un tope máximo en las jubilaciones, similar al que el ISSSTE les impuso a los sindicalizados de la sección 6 del SNTE. 

Análisis Político

Luego de que el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicara en medios nacionales que hay una disminución del 50% en los homicidios en Colima, el gobernador del Estado, Ignacio Peralta Sánchez, advirtió, “Una estadística favorable en febrero no debe ser motivo para cantar victoria, hay una tendencia a la baja pero falta consolidar una tendencia sólida.

De acuerdo al SESNSP en Colima, durante febrero, se registraron 41 homicidios dolosos, lo que representa un descenso del 50 por ciento; ya que en enero habían ocurrido 87 asesinatos. El mandatario reconoció la buena coordinación con el gobierno de la República, particularmente con instituciones en materia de seguridad como la PGR, PF, el Cisen, el Ejército y la Secretaría de Marina (Semar). “Esta política sólo puede dar un resultado efectivo si trabajamos de manera coordinada los 3 órdenes de gobierno, y logramos asignar los recursos necesarios para equipamiento, armamento y tecnología; hacemos un gran esfuerzo y en este sentido ejerceremos la política pública”, El gobernador expresó que esta mejoría, no es un juego de estadísticas, ni de número, informó que está próximo a firmarse el contrato para construir un C5 que dotará de tecnología, para hacer más inteligencia y más efectivo el tema de seguridad, estatal.

¿HUELGA EN EL HOSPITAL REGIONAL?

La semana pasada, el Hospital Regional Universitario extrañamente tuvo en cuestionado paro de labores de 2 días consecutivos, extrañamente porque con la salud no se juega, pareciera que fue más bien una llamada de atención política o pública del sindicato al nuevo titular o a las autoridades, debido a la falta de insumos, medicinas y la deficiencia de equipo tecnológico, lo que causó que personas que tenían consultas o cirugías previstas fueran reprogramadas.

El servicio se reanudó una vez que el personal del nosocomio sostuvo un diálogo con el secretario de Salud, Ignacio Villaseñor Ruiz. Si bien el servicio de emergencias y de hospital no se detuvo según comentarios, por lo que no se puso en riesgo la vida de las personas, aspecto por demás importante y responsable que nada tiene que ver con la cuestión administrativa.

El gobernador del estado, Ignacio Peralta inmediatamente intervino para destinar de manera emergente 505 mil 134 pesos que fueron autorizados para la compra de insumos y medicamentos, además del pago a 60 médicos residentes, para evitar un nuevo paro. De esa manera, la Secretaría de Salud informó de la adquisición inmediata de material de curación, para poder atender las necesidades del HRU, como parte de un plan de contingencia, lo cual fue una medida adecuada para evitar las irregularidades, tal y como lo pidió el gobernador y mantener así la prestación de los servicios de salud a la población colimense.

Por otra parte el coordinador de los diputados independientes, Nicolás Contreras, anunció que su fracción solicitaría la comparecencia ante el Congreso de los titulares de Salud, Planeación y Finanzas y Contraloría para que expliquen la situación del Hospital Regional Universitario, y que no se vuelva a presentar esa situación.

¿QUE DESAPAREZCA EL SENADO?

Alfredo Valles, secretario general del Partido Nueva Alianza, sorprendió a la clase política nacional porque propuso en la Cámara de Diputados crear un Sistema Unicameral con 500 legisladores que permita ahorrar cada año 5 mil millones de pesos, para ello será necesario desaparecer el Senado de la República y en su lugar, transformar al Poder Legislativo en una sola cámara con objeto de que “atienda con prontitud los cambios que exige nuestra sociedad, erradicando la duplicidad en los asuntos legislativos.

 

Estación Sufragio

Antes de iniciar un nuevo sistema de jubilaciones, hay que hacer una auditoría a Pensiones Civiles del Estado. Es más, dos: una de parte de la administración estatal y, otra, por parte del Osafig, órgano técnico del Congreso local.

Así lo sugirió el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, quien urgió a que se clarifique cómo están los estados financieros de una dependencia que, contra lo que indica su nombre, nunca ha pagado pensiones.

“Ese tema que es bastante interesante podrá, además de darle viabilidad financiera al sistema, darle la tranquilidad de que con las finanzas que tiene el estado y la aportación que hacen los trabajadores, no se genere un quebranto a las finanzas”, resaltó el líder de la burocracia estatal.

No lo dice Martín, lo anoto yo. En Pensiones todos los fondos son virtuales y en ciertos casos más bien inexistentes. Vamos a ponerlo de esta manera: el Gobierno del Estado debe aportar el uno por ciento de la nómina al fondo de pensiones, pero esto nunca se ha hecho desde 1968 en que se estableció el sistema porque un artículo transitorio en la ley de la materia establece que, mientras el gobierno estatal pague las pensiones y jubilaciones con cargo al presupuesto de servicios personales, esto es, a la nómina, no tiene obligación de hacer los depósitos.

Se calcula que el déficit de Pensiones Civiles, por concepto de ese uno por ciento no depositado, asciende a mil millones de pesos. Lo que pasa es que los pagos que se hacen a los trabajadores pensionados o jubilados asciende a 800 millones de pesos anuales, así que nadie reclama los otros mil.

Pensiones Civiles se ha venido fondeando con las aportaciones de los trabajadores. Pero éstas, como suele ocurrir en la administración pública, son religiosamente retenidas por la tesorería estatal pero no enteradas oportuna ni completamente. Nada más entre 2013 y 2015 que Jesús Orozco Alfaro fue secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Mario Anguiano, retuvo pero no enteró aportaciones de los trabajadores por cerca de 400 millones de pesos.

Desde que Carlos Noriega García se hizo cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas ha estado enterando a Pensiones Civiles lo que retiene a los trabajadores por concepto de aportaciones al fondo, 5 millones de pesos anuales, pero no ha comenzado a depositar el uno por ciento que le corresponde al patrón.

Si Pensiones no pensiona a nadie, ¿qué hace? Martín Flores dijo que las cotizaciones de los trabajadores del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos se acumulan en un fondo de ahorro, además de que se administran los recursos y se entregan financiamientos de corto plazo con un 9% de interés anual y financiamiento para adquirir vivienda.

“Estos créditos no son suficientes para la demanda, pero al menos son accesibles y benefician a los trabajadores; se han comenzado a regularizar aunque todavía queda mucho por hacer particularmente en el tema de mantener al día las aportaciones que hacen los trabajadores como las que le corresponde a cada entidad pública”, detalló.

De igual manera, Flores Castañeda mencionó que no se ha agotado el Fondo de Pensiones con el financiamiento requerido para la construcción de los fraccionamientos para los burócratas y aseguró que, “por el contrario, le dan más fondos a pensiones porque los recursos prestados se reintegran con intereses del 9% y sin éste financiamiento no hubieran crecido los recursos, ya que la banca comercial otorga un interés del 4% anual”.

Lo que no está haciendo Pensiones es otorgar jubilaciones ni pensiones, “ese es un tema que representa un reto para el Gobierno y los trabajadores. El primero debe cubrir las jubilaciones y, los segundos, deben cubrir el compromiso de aportar recursos para garantizar la viabilidad financiera”, reseñó Flores Castañeda. 

Estación Sufragio

Mientras en otras penitenciarías del país tienen que resentir la fuga del hijo de algún infame narcotraficante, el 14 de marzo de 2017 se escapó de una de las salas de juicios orales anexa al Cereso de Colima un reo que enfrenta proceso por violación. Fue reaprehendido al día siguiente en su casa, en Coalcomán, Michoacán, y ahí debería terminar la historia.

La anécdota de la fuga y de la captura son el argumento de una película, tan buena o tan mala como talento tengan el guionista y el director para hacer verosímiles (creíbles) los acontecimientos. Clint Eastwood dirigió una (Un mundo perfecto, 1993) donde él mismo interpreta al Marshall que persigue a un fugitivo, Kevin Costner, que tomó como rehén a un pequeño que nunca había tomado un refresco de cola.

Por lo demás, las autoridades estatales deberían estudiar el caso como ejemplo revelador de los muchos vicios que tiene el sistema de impartición y procuración de Justicia (vale aquí cambiar el orden en función de la cronología de los hechos), de la escasa capacitación y equipamiento con el que cuentan los elementos que fungen como custodios y de la insuficiencia u obsolescencia de la infraestructura de videovigilancia y radiocomunicación del aparato de seguridad pública.

Haciendo un símil con las funciones del cuerpo humano, este aparato (que se concentra en el C-4) está sordo, ciego, cojo y manco. Aquí la metáfora de “el largo brazo de la ley” se realizó gracias a la eficiencia del aparato de seguridad michoacano, porque el sujeto salió de las inmediaciones del reclusorio y del territorio estatal sin que nadie se percatara de la fuga.

Hasta donde podemos reconstruir los sucesos, cuando terminó la audiencia en el juicio oral que se le sigue a Sergio N. (un comerciante de 39 años, considerado de alta peligrosidad, por los delitos de violación y robo agraviado) y se retiraron el juez, el personal del ministerio público y la defensa del procesado, el sujeto (un individuo alto y corpulento) quedó bajo la vigilancia de un custodio de menor estatura y fuerza física que él, quien además por razones del protocolo en el interior de un centro penitenciario, no estaba armado.

Sergio vio la oportunidad y de un golpe contundente dejó al custodio inconsciente. Algunas versiones indican que el reo se ensañó golpeando al guardia, dejándolo malherido tras de unos muebles. Lo cierto es que el pobre vigilante no pudo pedir ayuda hasta tres horas después, cuando fue encontrado en el piso del juzgado.

En lugar de volver por la puerta por donde había entrado y que comunica al área de reclusión del Centro de Readaptación Social, Sergio traspasó otra que lo condujo a una segunda sala de juicios orales que, a su vez, comunica con oficinas administrativas y, éstas, con el ingreso al penal.

No vestía el uniforme amarillo que usted ve en las películas, sino la ropa de paisano que usan los reos colimenses; no estaba esposado ni llevaba grilletes en los tobillos. Cruzó el vestíbulo frente a todo el mundo, como un familiar que acaba de concluir la visita a un interno, sin que nadie reparara en su aspecto. Atravesó la explanada y el estacionamiento, pasó por debajo de la pluma y entre dos vigilantes, para entrar al Parque El Rodeo.

Ahí comienza la segunda parte de esta historia de horror o comedia de errores, Sergio detuvo un automóvil, obligó a bajar a la conductora a quien golpeó y dejó tirada, vamos a suponer que inconsciente o tan adolorida que no pudo gritar para pedir ayuda pese a la angustia que le provocaba saber que a bordo del automóvil que le acababan de robar… ¡iba su bebé!

Probablemente cuando Sergio se percató que había secuestrado sin querer a una creatura o hasta que se sintió seguro, abandonó el automóvil y por distintos medios se trasladó hasta su casa.

Tuvo el tiempo necesario. Las autoridades de seguridad pública en el estado se percataron de la fuga (que debió ocurrir a la una de la tarde) cuando cruzaron la información del asalto en El Rodeo con el reporte de que no había regresado el reo a su celda.

A pesar de que estaba dentro del perímetro externo del Cereso, que abarca toda La Estancia, la mujer que denunció el asalto y el plagio del menor no recibió atención sino casi una hora después. Comenzó la búsqueda del asaltante sin que supieran que en realidad estaban buscando a un fugitivo, puesto que el guardia no fue localizado sino dos horas después.

En las novelas de vaqueros de Marcial Lafuente Estefanía aprendimos que, de todos los agentes de la ley (por encima del Sheriff o del Ranger), los Marshall eran los más celosos guardianes del orden porque tenían la misión de reaprehender a los fugitivos. Pero en Colima, los elementos de la policía procesal de la Secretaría de Seguridad Pública tardaron varias horas en encontrar la punta de la hebra, dándole al fugitivo una invaluable ventaja que el tipo desaprovechó… ¡al correr a su casa!

A los custodios del Cereso en varias ocasiones se les han fugado reos que habían sido trasladados a un hospital o al sepelio de un familiar. Cuando la audiencia es en el juzgado penal que está en Villa de Álvarez, el operativo de seguridad para el traslado pone a media ciudad de cabeza. Un convoy de tres camionetas, con varios uniformados fuertemente armados, atraviesa la zona conurbada a gran velocidad y con las sirenas abiertas. Pero para cuidar a un procesado en la sala anexa al reclusorio, dejaron solo a un guardia desarmado.

Por supuesto, cuando ocurre una fuga el primer sospechoso es el custodio que tenía la responsabilidad de vigilarlo. Y, enseguida, los directivos que decidieron que este guardia lo cuidara.

La historia de la detención es el capítulo más dramático de esta película. Sergio fue detenido en el municipio de Coalcomán, Michoacán, a donde fue a refugiarse pensando que la policía de allá era tan predecible como la de aquí.

Quiso oponer resistencia, tomando como rehenes a su propia esposa e hijo, pero los agentes (¿pasando por alto en el operativo cualquier protocolo que privilegie la integridad de las víctimas?) lo detuvieron y pusieron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 

Análisis Político

 El escenario político estatal está nublado, se pronostica una fuerte tormenta en las urnas para el 2018, porque los partidos continúan perdidos en lo interno y en sus objetivos sociales por el cual fueron creados, han preferido la crítica política, sin esfuerzo, ni trabajo, sin inversión social que beneficie a la ciudadanía, a ninguno le interesa trascender en el Congreso del Estado ni atender los problemas de salud, educación o seguridad que son los más relevantes hoy en día, ninguno participa, solo cuestionan o critican y llaman a cuentas a los funcionarios sin repercusión alguna, sabemos que los legisladores locales y federales o alcaldes buscarán estar nuevamente en las boletas electorales, pero sin sacrificio alguno.

Los gobernantes se apartaron también de sus partidos, integrando en el equipo a gente sin identificación partidista ni compromiso político y social con el municipio o con el estado, hicieron unos chilaquiles o batido, y esto tendrá un costo que se reflejará en las urnas, Otro problema es que el PRI y el PAN que son gobierno, no han creado liderazgos y el proceso del 2018 ya inició en varios estados, por tal motivo vemos el destino incierto de Colima, de las alcaldías, las diputaciones federales y las senadurías, ninguna está segura, sabemos que tenemos 7 diputados federales representando a Colima, pero de poco nos ha servido, pues solo conocemos a uno o dos por su actividad política. 

¿SIRVE DE ALGO LA COMUNICACIÓN SOCIAL?

Fernando Cruz García es el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, es un joven talentoso y que tiene experiencia en los medios informativos, hace un buen trabajo no únicamente periodístico, sino también social. Fue colaborador de Nacho en esta misma área, cuando el ahora gobernador ocupaba la alcaldía de la capital, su sensibilidad ha permitido tomar en cuenta a la crítica del quehacer gubernamental, pues antes la denuncia pública ciudadana era letra muerta, poco o nada se atendía.

Fernando trabaja como los bomberos, porque apaga muchos fuegos y diario, y lo hace con un pequeñito grupo de colaboradores profesionales que hacen también un buen ejercicio de gobierno al gestionar la problemática pública, aunque en ocasiones se les culpa hasta de los errores garrafales de los altos funcionarios que generan más problemas que soluciones y todavía se quejan que hay una mala percepción de algunas áreas estatales, cuestionan que es por una mala comunicación social, cuando es más bien por sus deficiencias como titulares que niegan información, se consideran intocables porque llegaron por recomendación, aunque también hay escenarios complejo al margen de la voluntad gubernamental como es el caso de seguridad, salud y educación, también hay críticas sin sustento por simple grillas partidistas o periodísticas, pero la labor principal de Fernando es informar el quehacer gubernamental estatal, además pocos saben que es el primero en llegar y el último en salir de Palacio de Gobierno, en síntesis sí es importante la labor de esta área gubernamental.

ACCIONES CONTRA ROBOS DE CONTENEDORES

Con el objetivo de evitar el robo de contenedores en el puerto se informó que se realizó una reunión en Manzanillo con agentes aduanales, empresarios y prestadores de servicio de los denominados patios para guardar las mercancías, el titular de la Sexta Región Naval Jorge Alberto Burguete Kaller dio una cátedra  explicando el escenario de la problemática de la seguridad del puerto respecto al movimiento de mercancías.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Javier Castaño Suárez, dijo que los tres niveles de gobierno proponían una nueva estrategia, que en resumen es; incrementar las acciones operativas de las fuerzas de seguridad en Manzanillo, mejorar la capacidad tecnológica y que los empresarios se comprometieran a regular sus condiciones seguridad de los patios, propuesta que fue aceptada mediante un aplauso. Por otra parte, bien se sabe en el puerto que varios patios no están ni siquiera circulados, otros carecen de iluminación suficiente, sin cámaras de vigilancia ni guardias, y que inclusive algunos ni cumplen la norma reglamentaria para que se les otorguen sus permisos, lo que genera mayores riesgos.  El Secretario de Seguridad anunció que designará a un delegado municipal de la SSP en Manzanillo, habrá más fortalecimiento del C4  en este municipio para las llamadas de emergencia al 911 y las anónimas al 089. Pero vale la pena advertir, se informó que de enero a marzo fueron 47 contenedores reportados como robados y se recuperaron 25, significa que solo desaparecieron 22, cantidad insignificante si sabemos que en el puerto se mueven cerca de 2 millones y medio de contenedores y lo que es peor, si se tiene conocimiento que varios prestadores no tienen ni cercos ni vigilancia adecuada, luego entonces el problema no es tan grave es solo un simple descuido, esta es la opinión al dar a conocer la problemática. 

Estación Sufragio

¿Y sí tiene arsénico el agua de Colima?, me pregunta la gente en la calle.

No lo sé, se supone que el gobierno ordenó un nuevo análisis. Sabemos que la cuenca del río Ayuquilla-Armería está contaminada con metales pesados y el nivel de contaminación de las corrientes de agua puede ser un indicador de la situación de los mantos freáticos, porque buena parte de los escurrimientos terminan infiltrándose.

Anteriores estudios de la Conagua revelaron la presencia de arsénico y otros minerales peligrosos en los acuíferos de todo el occidente de México. Colima no tiene por qué ser la excepción.

Ahora bien, ¿supone esto un problema de salud pública?

Sí, tanto como la contaminación atmosférica en algunas ciudades con altas concentraciones de ozono.

En esas urbes se han establecido sistemas para medir la calidad del aire y, en caso necesario, reducir la cantidad de vehículos en las calles (mediante programas de Hoy No Circula) o los niveles de emisión de partículas contaminantes (mediante programas de verificación de automotores). Comenzaron en la ciudad de México pero ya funcionan en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey.

Ante el supuesto de que nuestras aguas de pozo están contaminadas, deberíamos contar con un sistema para analizarlas (junto a las aguas de río y de manantial que abastecen a nuestras poblaciones) y, en caso necesario, filtrar el agua destinada al consumo humano de metales pesados y otras impurezas.

La actitud que no esperamos de las autoridades es negar que existe el problema ni relativizar los riesgos para la salud. Tampoco esperamos que se salgan por la tangente diciendo que, para garantizar el abasto de agua pura, tendrían que hacer millonarias inversiones que en estos momentos el erario no puede afrontar, o que la sociedad terminará pagando esos costos en sus recibos por el servicio de agua potable.

Un amigo de esta columna me escribió para decir que, en realidad, no necesitamos tratar todo el caudal. Bastaría con filtrar el agua de beber y cocinar que se requiere para el consumo de cada una de las casas, aproximadamente 4 litros al día por persona.

De hecho, no es necesario tratar la totalidad que Ciapacov calcula como consumo equitativo por cada humano vivo, 500 litros al día, por cabeza, la necesaria para fregar trastes, lavar ropa o para usar mingitorio, excusado, regadera y lavabo, ni la que se destina al riego de camellones y jardines, públicos y privados, o la que se pierde en las miles de fugas que tiene la red o las tuberías domésticas.

“Lo que es ineludible es que debe ser limpiada la totalidad del agua que se bebe, la cual pagamos a precio de oro porque no hay agua más cara que la embotellada en envases y garrafones”, me dice este experto.

“Para ese propósito existe el sistema de ‘filtrado’ llamado ‘ósmosis inversa’, que quita hasta los metales pesados. La fauna patógena (bacterias, microbios, etc.) es fácilmente eliminada con los tan comunes filtros caseros, pero los metales tóxicos, que dejan discapacidades severísimas y de manera frecuente causan la muerte, solo se purifican con él sistema mencionado”.

El problema es que no todos los comercializadores de agua tienen ni usan filtros de ósmosis inversa. Además, mucha gente ha visto a empleados de embotelladoras de agua, de marcas minoritarias en el mercado, llenar los garrafones en la llave de una cochera. Se trata de una suerte de piratería porque defraudan al patrón al robarle los sellos de garantía, y engañan al cliente al venderle agua supuestamente purificada.

En los países donde la salud de la población importa, se lleva un control de calidad todos los días del año (no solamente cuando se publican informes en las revistas científicas) “para garantizar que la población no está bebiendo veneno”. Y Colima, donde se presumen altos niveles de calidad de vida, no tiene por qué ser la excepción.

Si se llega a comprobar que el agua de Colima tiene porcentajes de arsénico que superan los permitidos por la norma internacional y hasta por la (más laxa) norma oficial mexicana, lo primero que tiene que hacer la Coespris es lanzar un enérgico programa de verificación de las aguas que se venden embotelladas, mientras la Sedescol inicia un programa para dotar de filtros a las comunidades e incluso a las familias que, al no poder pagar el agua de garrafón, toman agua de la llave.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Contrapeso

En un PRI nacional ‘indefinido’, con miras a la elección del 2018, Ivonne Ortega Pacheco, fue la primera aspirante a la Presidencia de la República en visitar Colima; la semana pasada, la diputada federal con licencia, realizó una gira en medios de comunicación, se reunió con liderazgos del tricolor en el estado, y aprovechó para expresar su determinación de participar, llegado el momento, en el proceso interno de selección de candidato en su partido.

A través del movimiento #HazloPorMéxico, apoyó a vecinos de la unidad Infonavit para renovar la imagen de la zona: limpiaron el área y pintaron las paredes para el mejoramiento del edificio. En la actividad participaron priistas de trayectoria y habitantes del lugar. Este tipo de acciones realiza Ortega Pacheco a lo largo del país, acercándose a la gente de a pie, y contribuyendo, durante su visita, a la transformación de espacios públicos.

De la visita de Ivonne Ortega, llama la atención que fue cobijada por un sector –actualmente relegado– del Revolucionario Institucional en la entidad, se trata de los cercanos al ex gobernador Mario Anguiano Moreno, quienes no desaprovecharon la oportunidad para hablar mal del actual mandatario estatal, y hasta señalaron, que nunca se había acercado a ellos, sino hasta que comenzaron a operar políticamente a favor de la exgobernadora de Yucatán.

El tiempo dirá si los anguianistas reaparecerán ‘por la puerta grande’ en la vida interna del PRI Colima, gracias a su labor en precampaña a favor de Ivonne Ortega, y de qué manera podrán negociar posiciones con el grupo político del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, que dicho sea de paso, ha llevado la campaña de resentimiento y desprestigio contra Mario Anguiano a niveles que han alcanzado a cuadros importantes, como regidores y líderes populares.

Si bien es cierto, aún es pronto para hablar de quién será el abanderado priista para la presidencia de la República, Ivonne Ortega Pacheco, tiene una fortaleza y una debilidad. Su punto fuerte es que es mujer, porque ¿qué mejor que una mujer para hacer frente a Margarita Zavala, que va recio para ser la candidata del PAN? Sin embargo, la exgobernadora de Yucatán, deberá superar los escándalos de corrupción que la han acompañado a lo largo de su carrera política.

Punto y aparte

Lo dijimos desde este espacio, Javier Siordia saldría del PRI municipal de Colima, ahora entra como bateador emergente Antonio Carrillo, hombre de experiencia y origen en las bases del priismo capitalino. También dijimos que el TEE echaría abajo la decisión ilegal del IEE de remover al secretario Miguel Ángel Núñez; ahora todos los ojos comienzan a posarse en el órgano electoral y la renovación de tres de sus integrantes, así como la designación del nuevo presidente.

*Comentarios al correo electrónico rolandonotas@gmail.com / Twitter: @rolandonotas / www.rolandonotas.wordpress.com

 

 

Análisis Político

Desde el inicio de la campaña por la gubernatura el PAN agarró la bandera política contra Mario Anguiano, ex gobernador del estado, tomando de base el endeudamiento estatal y después cuando los panistas ganan el control político de la legislatura local, se callan, se olvidan sobre este asunto esperando dizque la investigación del Osafig, pero el PRI también le entró al baile antes de la elección, pero no ha hecho algo visible, se han culpado uno a otro entre el PAN y el PRI, Nicolás Contreras conformó una Comisión para el ejercicio del juicio político en el Congreso del Estado y del Poder Judicial que se le sigue al ex gobernador Mario Anguiano Moreno sin embargo es tema complejo. Nuestro análisis es que no le van a quitar ni un pelo a Mario Anguiano, por muchas razones que luego detallamos, pero los partidos deben conducirse mejor y más profesionalmente, porque pierden credibilidad, parecen niños, “El Pan tiene la culpa”, y responden, no “El PRI es el culpable”, ¿A que juegan ambos? La verdad es que un juicio político es complejo y requieren de la anuencia legislativa local y federal, hasta de Gobernación para encarcelar a un ex gobernador, sería bueno preguntarle a Osorio Chong sobre este asunto y allí también sale otra gran verdad.

 

UNA CABEZA DENTRO DE LA ALCALDÍA DE MANZANILLO

 

La alcaldesa de Manzanillo, Gaby Benavides Cobos participó la semana pasada en la inauguración de la Conferencia Nacional de Seguridad efectuada en Manzanillo con la presencia de Nacho Peralta y varios Secretarios de Seguridad Pública que arribaron de diferentes entidades del país, la presidenta municipal ha puesto especial empeño en todos los temas de seguridad, a pesar de esto, por el recrudecimiento que existe entre las organizaciones criminales en el puerto, es posible que el mensaje que enviaron los criminales al colocar una cabeza en el interior de la presidencia municipal sea precisamente lo que dijo Gaby…pretenden los criminales amedrentar a la población e intimidar a la autoridad, pero advirtió, continuaremos trabajando coordinadamente los tres niveles de gobierno en favor de la seguridad y de la población. Lo que sí visualizamos es un cambio en los mandos de la seguridad municipal, según su propia declaración.

 

COLIMA PREPARADO PARA NUEVO MODELO EDUCATIVO

 

El gobernador del estado, Nacho Peralta dijo que Colima está preparado para recibir y aplicar el nuevo modelo educativo que presentó el presidente del país, Enrique Peña Nieto. El ejecutivo estatal acudió a la ciudad de México acompañado del Secretario de Educación Oscar Hernández para aplicarlo en la entidad. Pero Colima requiere además de un nuevo modelo educativo, una reorganización del sector educativo y un mejor trabajo del gremio sindical magisterial para actuar, trabajar y negociar la política educativa estatal, ya que varios están acostumbrados a vivir de comisionados o funcionarios y no trabajar, y son muchos, hay salones de clases con diez a veinte alumnos, por flojera y negligencia de directores e inspectores que ya no pueden ni caminar, solo van a cobrar sus quincenas, pero son muy grillos nadie los pueden correr, sus escuelas están tapadas de zacate pero con carros afuera último modelo y los egresados de diferentes niveles salen cada año peor, aunque a pesar de todo esto Colima sigue arriba de la media nacional en el tema educativo. Oscar Hernández le montó a un toro muy grillo y además muy bravo, va saliendo de la etapa más difícil que fue la reestructuración administrativa y ya entró a la etapa operativa, ojalá mejore la educación en favor de la sociedad y no en favor de los grupos políticos o sindicales.

 

 ¿CÓMO VAMOS COLIMA?

 

No cabe duda que el objetivo social de este organismo ciudadano es bueno, pero hacer una evaluación sin metodología técnica es absurdo. Arnoldo Ochoa González Secretario General de Gobierno fue uno de los que no podía quedarse callado con la evaluación simplista que le dieron a conocer al gobernador en dos rubros, salud y seguridad, pues Arnoldo por ser un experimentado político como responsable de la política interna estaba obligado a precisar datos, porque es poco creíble calificar de cero a Salud cuando a nivel nacional tiene buena calificación, y otro cero más grande a Prevención y Seguridad, pues ni un maestro de kínder les pone cero a sus alumnos por más burros que sean, siempre los niños le atinan a dos o tres preguntas, aún no hayan estudiado. Arnoldo les dio una cátedra a los evaluadores para que corrigieran su error, sustentó muy bien su argumento y casi de memoria les dio datos precisos sobre los homicidios violentos y secuestros, en donde tampoco hay cobro de piso como en otros estados, y no tienen cero, en prevención los organismos nacionales evaluadores han dado mejores calificaciones a Colima, pero aquí de un plumazo esta organización les puso doble cero. La petición de Arnoldo era adecuada y prudente al preguntar cuál fue la estrategia de evaluación, sabemos que los empresarios no son técnicos ni político pero tampoco los funcionarios ni los ciudadanos somos tontos, hay que hacer las cosas al margen de la grilla, quieran o no reconocer, la vida social y política de Colima sigue normal, vayan a las plazas comerciales y los hoteles en todo el estado y así analizaran mejor la realidad. En cambio en otros estados cercanos cobran piso, hay más secuestros, robos, y nunca los califican con cero, vayan a Guerrero o Michoacán y verán otro escenario.  

 

Estación Sufragio

“¿Cómo vamos? Colima” calificó con cero el porcentaje de avance en el cumplimiento del compromiso en materia de seguridad, firmado por el gobernador Ignacio Peralta durante su campaña electoral.

Y no podía ser de otra manera con la cantidad y la crueldad de los homicidios dolosos que se han dado en los últimos día, sin contar los anecdóticos fracasos recientes del aparato estatal: el robo de contenedores en uno de los patios de maniobras anexos al puerto, el hallazgo de una cabeza humana al interior del palacio municipal de Manzanillo y la fuga de un reo de la sala donde se le sometía a juicio oral.

La calificación no le gustó al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, quien reprochó al comité ciudadano que no haya tomado en cuenta “la suma de todos los esfuerzos que ha hecho la administración estatal en el tema de seguridad”. Declaración que nos recuerda la retórica del entrenador de un equipo de futbol goleado, cuando lamenta que la afición no valore la entrega de los jugadores en la cancha.

Es conocida la propensión del Güero Ochoa a abrir la boca sólo cuando las críticas al Gobierno lo tocan personalmente, aunque como responsable de la política interior no tendría por qué ver los toros desde la barrera. Y si bien existe una cartera de Seguridad Pública en el organigrama de la administración pública estatal, a la Secretaría General de Gobierno le corresponde, particularmente, el sistema penitenciario.

Al conocer los resultados de la tercera evaluación que “¿Cómo vamos? Colima” hizo del cumplimiento de los 10 compromisos de Peralta Sánchez, AOG volvió a argumentar que la inseguridad es un problema que nos llega por contagio. Michoacán y Jalisco “tienen grupos muy organizados de la delincuencia”, dijo. Y pidió no olvidar que desde 2015 han venido aumentando los índices delictivos en todo el país.

“En el 2016 hubo un 50 por ciento (de incremento) en el país de los delitos de más alto impacto, Colima no puede ser la excepción, no somos una isla. En Colima llegamos a tener en el mes de abril 78 homicidios dolosos, pero luego bajamos a 43, a 41; mientras en el resto del país aumentó al 50 por ciento, en Colima bajamos y eso no merece cero”, refirió Ochoa González.

Comentó que en los últimos 10 años Colima sufrió un deterioro en seguridad, porque decreció el número de elementos operativos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de Justicia del Estado, no se adquirió tecnología, no hubo capacitación ni se contrataron los policías procesales, ministeriales o peritos que se necesitaban.

Esos 10 años “no pueden ser resueltos en los 12 o 13 meses que lleva esta administración, los instrumentos de evaluación deben considerar la suma de todos los avances (…) que se están presentando de forma progresiva y no solo esperar una solución tajante, lo cual resulta muy complicado (…) No podemos cada tres meses lograr la seguridad perdida, eso es algo que debemos de prever para poder tener un método de evaluación más adecuado”, sugirió.

Está bien, imposible lograr el 100 por ciento de avance como en la cuestión financiera. ¿Pero era muy complicado intentar un avance del 5 o 10 por ciento, siquiera para no quedar en ceros en materia de seguridad? 

Fijar la línea temporal en una década, por lo demás, libra a Arnoldo Ochoa de la necesidad de explicar el papel que jugó como secretario general de Gobierno en la administración de Gustavo Vázquez y gobernador interino durante la elección extraordinaria que llevó al poder a Silverio Cavazos.

Después de un año de mandato y tres evaluaciones a la gestión de Ignacio Peralta, ya está muy gastado el recurso de echarle la culpa a los 10 años anteriores. Aparte, en sentido estricto Ochoa González juega con hándicap, ha estado en la Secretaría General de Gobierno el último año y medio, desde el interinato de Ramón Pérez Díaz.

Tampoco se puede obviar que en la última parte de esa década cuando se desató la violencia atribuible a la disputa por la plaza de Colima entre los grupos de la delincuencia organizada, el actual procurador general de Justicia, José Franco Escobar, fungió como delegado de la PGR.

JIPS ACEPTA LO QUE LE TOCA:

En cambio, el gobernador José Ignacio Peralta reconoció que en materia de seguridad a su administración le “falta mucho por hacer” y “hay rezagos importantes”, pues aun cuando se han logrado avances significativos en otras áreas, las financieras (donde lo calificaron con un 100 por ciento de avance), los resultados en el tema que más le duele a los colimenses no son satisfactorios. Por ello, se comprometió a redoblar el paso.

El mandatario estatal negó que Manzanillo se le esté yendo de las manos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y explicó las circunstancias del robo de contenedores por la existencia de “muchos patios irregulares, sobre todo muchos que no están cumpliendo con las normas mínimas de seguridad y de vigilancia, para que cuenten con una cerca perimetral, con cámaras de videovigilancia, para que estén certificadas las personas que ahí trabajan para que no estén pasando información de los contenedores y de la carga que traen, es un tema que se está trabajando de manera integral”.

Consideró necesario investigar quién es la persona cuya cabeza cercenada apareció en la Alcaldía, y “qué tipo de mensaje están queriendo enviar”. Y adelantó que se castigará a quien haya propiciado la fuga de un reo de las salas de juicios orales ubicadas a un costado del Cereso.

En pocas palabras, Nacho aceptó su responsabilidad. Nada de echarle la culpa al anterior. Nada de aludir a los índices de criminalidad de los estados vecinos y negar que la inseguridad es también un problema de gobernación (en otros estados la oficina del secretario de Gobierno se le llama, precisamente, de Gobernación). Y nada, para desesperación de muchos colimenses, de anunciar cambios en el gabinete de Seguridad.

Y SI FALTA, HAY QUE TRAER:

Que hay una fórmula distinta a echarle la culpa al antecesor, lo demostró el nuevo secretario de Salud, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, quien anunció un plan de contingencia para abastecer de insumos al Hospital Regional Universitario (HRU). Esto luego que el personal detuviera durante un par de horas la prestación de algunos servicios por la escasez de medicamentos.

Villaseñor expuso también la importancia de mantener una política permanente de capacitación y entrenamiento para uso de equipamiento, mientras se hace el programa de sustitución.

La paradoja es que en el área de Urgencia del HRU, el flamante secretario de Salud tuvo que entrar de bombero ante la terrible situación que heredó de su antecesor... Carlos Salazar, quien parece que lo único que hizo durante un año fue... quejarse del sexenio anterior.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Desde la Curul 26

Mal sabor de boca dejaron las y los consejeros integrantes del Instituto Electoral del Estado de Colima, en la última sesión extraordinaria, la vigésimo quinta que celebran en el período interproceso, el pasado martes, cuando tuvieron que hacer de tripas corazón, como coloquialmente se dice, y contra su voluntad aceptar la resolución definitiva recaída a los medios de impugnación identificados con el número de expediente JDCE-02/2017 y su acumulado RA-01/2017, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima.

Y es que la sesión extraordinaria tuvo que convocarse porque se recibió la notificación del Tribunal Electoral, relativa al Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral interpuesto por Miguel Ángel Núñez Martínez, que en aquella sesión del 26 de enero pasado, lo habían acuchillado y que ahora, otra vez, les estaban enmendando la plana y les ordenaban restituir al defenestrado Secretario Ejecutivo del Consejo General del IEEC.

El pasado 30 de enero “Desde la Curul 26”,  (http://ipuntocom.mx/deade-la-curul-26-hablando-de-mujeres-y-traiciones/), le narré a usted cómo se habían confabulado los y las consejeras del Instituto Electoral, para de la manera más hojaldra, sin el menor recato ni consideración y hasta cobarde, porque no le dieron la cara para despedirlo de frente, se confabularon para sacarlo del edificio y aprovechando su ausencia pensaban sacar la sesión, nombrar al sustituto, para que cuando él llegara a las instalaciones del Instituto, pues se encontrara de que pues ya no era más el Secretario Ejecutivo.

23 de Febrero de 2017. Inicio; Archivo; En el tiempo; Contacto; Radio; Tele; Inicio; ireportaje; Política. Partidos. PAN; PRI; PRD; PVE; PANAL

Y para que vea usted que sí hubo confabulación, le recuerdo que el consejero José Luis Fonseca, que preside la Comisión de Denuncias y Quejas, instruyó al Secretario Ejecutivo, para que acudiera, fuera de la sede del Instituto Electoral, a recabar unas pruebas, supuestamente sobre un recurso que estaba elaborando, y aprovechando esa ausencia es que pretendieron darle el madruguete, y nombrar a Omar Espinosa, quien se prestó a la traición, como nuevo Secretario Ejecutivo, durante una sesión a la que no invitaron a Miguel Ángel Núñez.

Pero bueno le decía a usted que la resolución definitiva del TEE, les cayó en la punta del hígado a los y las consejeras, gritaron, patalearon, se rasgaron las vestiduras, queriendo quedar más puras que la Madre Teresa de Calcuta, pero al final les ganó el hígado… todo por la soberbia y por no aceptar que habían actuado mal.

 

Cuando se leyó el acuerdo, la consejera Verónica González decía que iban a aprobar el acuerdo, “porque las resoluciones del Tribunal se acatan”, sin embargo señalaba que muchas veces la gente tiene desconocimiento “y solo quienes estamos aquí dentro y participamos en las deliberaciones y análisis, nos damos cuenta de ello y a veces por no emitir algún comunicado, alguna entrevista, hay cuestiones que se quedan dentro (y) hacia afuera se interpretan de otro modo”.

La amenaza: Ya vendrá…nos vemos a la salida…

Hubo muchas intervenciones, 18 para ser exactos, pero a la que de plano no la calentaba ni el sol, fue a Verónica González, que se sentía agredida hasta por las intervenciones de los comisionados políticos, que les echaban en cara que precisamente la resolución definitiva revocando los actos del consejo general del IEEC, era precisamente por no apegarse a la legalidad que tanto estaban pregonando.

Por eso en cuanto tuvo oportunidad, en la segunda ronda de intervenciones, les echó en cara a los comisionados  y les dijo“…no necesitamos más que leer el reglamento interno del Instituto Electoral del Estado de Colima, así como el reglamento de sesiones, que fueron discutidos y que no fueron impugnados, por tanto están firmes”.

Verónica González les decía a los comisionados que si no se les concedió en aquella sesión del 26 de enero una ronda más, cuando en otro asunto anterior sí habían autorizado una cuarta ronda, aunque claro, en esa ocasión era porque los consejeros querían seguir justificando; y en cambio cuando los comisionados, pedían una cuarta ronda para que les explicaran las causas y motivos por el cual querían remover a Miguel Ángel  Núñez, se fueron por la fácil y tan solo dijeron “…el acuerdo se considera suficientemente discutido, por tanto pasamos a votación”.

González Cárdenas decía que los consejeros eran respetuosos “… tanto de la libertad de expresión de todos los que formamos parte de esta mesa y de los periodistas y de toda la ciudadanía en general. Nosotros hemos recibido a veces críticas infundadas, sin embargo no hemos levantado la voz”.

Verónica González, como acordándose de los pleitos de primaria entre los estudiantes, que soltaban la frase “…nos vemos a la salida”; o cuando estaba el regaño de la mamá (de las de antes, no de ahora), de “…ya llegaremos a la casa y vas a ver”, lanzó lo que para todos los que estábamos presenciando la sesión fue una velada amenaza.

“Respecto a lo que señala el comisionado del PT (Marcos Barajas, quien le había echado porras a Miguel Ángel Núñez y manifestó su beneplácito porque sería reintegrado), tenga usted la confianza y la plena seguridad, de que el funcionario será reintegrado a sus funciones con base en este acuerdo o a esta resolución que ha emitido el Tribunal Electoral, sin embargo también hay que aclarar que esta resolución es para su reintegración.”

“…(Pero) este organismo es autónomo que toma sus decisiones… el tema no está agotado; el tema seguirá siendo analizado y el tema,  con las decisiones que tomemos posteriormente, serán debidamente fundadas, motivadas, legales, sobre todo mirando la profesionalización de este Instituto Electoral, porque tenemos ya en puerta un proceso electoral sumamente complejo, que requerimos la unidad, no solo de los consejeros, sino también de los representantes de los partidos políticos, que formamos parte de esta mesa, pero también necesitamos crear confianza en la sociedad y esa confianza, si no la trabajamos todos, no la vamos a poder crear, es una realidad”.

“No tiene por qué durar lo mismo que el Consejo…”

La amenaza no pasó desapercibida, ahí estaba, clara: “…el tema no está agotado; el tema seguirá siendo analizado…”, y sin haber pronunciado la frase todos la interpretaban “a la siguiente no se nos escapa…”

Los comisionados políticos voltearon a verse entre sí y fue el representante de Acción Nacional, Gerardo Palafox Munguía, quien le pide a la presidenta provisional Ayizde Anguiano, si Verónica González puede aclararle “porque no me quedó muy claro, me gustaría que nos explicara, a qué se refiere con “…el tema no está agotado…”.

Luego de consultarle a la consejera si aceptaba la pregunta Verónica González, aceptó por lo que retomó la palabra y para que no quedara duda de que había querido decir lo que todos habíamos entendido, agregó:

“La resolución que está enviándonos el Tribunal Electoral y que estamos acatando en este momento, no sé si usted ya la habrá leído, si no pediría que también se las pudiéramos compartir. La resolución es bastante larga que apenas ayer (el lunes) fuimos notificados…”, dijo.

“Le entiendo, a ver si no me equivoco, si no me corrige por favor, presidenta, que (el TEE), ordena la reinstalación, porque el ciudadano metió un JDCE en el sentido que él señalaba de que no se había notificado y no se le había dejado participar en esa sesión y porque en el acuerdo no se especificaban las razones por las que se le estaba perdiendo la confianza y se le estaba removiendo”, dijo González Cárdenas.

Y añadía que en cumplimiento de ese derecho que tiene el ciudadano se le da la razón “y nos piden que lo reinstalemos. Sin embargo, no están diciendo ratifíquenlo y déjenlo por todo lo que dure el consejo”.

“Las decisiones, por eso estoy haciendo un señalamiento de que las decisiones del consejo son decisiones que deben estar apegadas a su plena autonomía; y también hice un señalamiento de que el funcionario será incorporado y respetado como siempre  fue respetado en sus funciones y como persona”. Ahí quedaba la reiteración de la amenaza

 ¡Ah, pero no fue por unanimidad!...

Otro que no perdió a gusto fue el consejero José Luis Fonseca, quien no hizo nada para disimular su muina, él fue otro de los que no les gustó que el Tribunal les corrigiera la plana, y que los volviera a exhibir, y es que no es el primer recurso que le toca apechugar y bailar con la más fea.

Por eso para tratar de hacer creer a los demás que la razón la tenían ellos, y decía que  “… cuando tomamos esa decisión (correr al Secretario Ejecutivo), la tomamos fundada y motivada, tan así que el proyecto original que emitió el magistrado ponente (en el TEE) era en el sentido de confirmar la resolución y fue una decisión por mayoría…”, no fue unanimidad…. ¡ah! qué bonito consuelo.

Y después en otra de sus intervenciones, volvió a brincar de su asiento cuando el comisionado de Nueva Alianza, César Guerra, les recuerda que por ese desaseo y esa falta de preparación de los documentos y de los asuntos que se abordan en el Consejo General, es que el Tribunal Electoral del Estado, les había impuesto una sanción económica, por no haber entregado a tiempo el informe circunstanciado para justificar por qué la pérdida de confianza y por qué no se le hicieron saber las razones por las que era removido del cargo.

Ahí Fonseca Evangelista, haga de cuenta que le prendieron un cohetito allá donde le platiqué,  “¡no vayamos a revolver las cosas…! el agravio del que se toca en la sesión, es un punto totalmente distinto el motivo por el cual el Tribunal está decidiendo revocar el Acuerdo 35, es fundamental y primordial esa distinción”.

 Y agregaba: “si hay una multa o no hay una multa, es impugnable en primer término, se viola el Código, desde mi gusto y es mi punto particular, porque en la interpretación de las normas se vale que cada quien tenga su punto de vista y esta imposición de la multa, no cumple con las formalidades esenciales de ley”.

“Es decir se impone una multa al Instituto Electoral del Estado, sin tomar en cuenta todas y cada una de las hipótesis normativas para la imprecisión de la misma, para mi gusto está fuera de ley”, afirmó.

Lo que sigue… ahí les va otra primicia

Y así mientras en el Consejo General del IEEC están afilando los cuchillos para cobrárselas todas a Miguel Ángel Núñez, déjeme darle a conocer otra primicia: El Tribunal Electoral del Estado, aprobó por unanimidad dar entrada al recurso de apelación interpuesto por Juan Manuel Rodríguez Peña, Director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima, que tenía más de 16 años de servicio en el consejo general del IEEC y que las consejeras, en colusión con los dos consejeros, también le cobraron cuentas y lo despidieron sin más, ni más.

El Tribunal Electoral, al aceptar el recurso, aprobó realizar el reencauzamiento de la petición y en lugar de dirimirlo como Recurso de Apelación, fue reencauzado a Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral (JDCE), por existir un antecedente similar que ya conoció el Tribunal. Con este reencauzamiento, quedó radicado con el número de expediente JDCE-08/2017.

Doble garrotazo…

Pasando a otros temas, se acuerda que el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, andaba desatado interponiendo Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral (JDCE), tanto en el Tribunal Electoral del Estado, como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ándale, que con diferencia de 24 horas ya respondieron ambos órganos jurisdiccionales.

El garrotazo fue por partida doble, primero el martes el Tribunal Electoral del Estado aprobó por unanimidad desechar el Juicio para la Protección de Derechos Ciudadanos Electoral promovido mediante el JDCE-07/2017, por Rafael Mendoza Godínez, en contra de actos del Congreso del Estado.

Según lo explicó el Secretario General de Acuerdos del TEE, Enoc Francisco Morán Torres, al leer el proyecto donde están plasmadas las causales de improcedencia, se indica que “este Tribunal advierte que se actualiza la causal relativa a la improcedencia del juicio ciudadano prevista en el artículo 32 fracción II, en relación con el diverso 62, ambos de la Ley de Medios”.

Se afirmó que el actor (Rafael Mendoza Godínez), “a través de un juicio ciudadano pretende controvertir el decreto 274, aduciendo la violación a su derechos político-electoral de ser votado, a fin de ocupar, desempeñar las funciones inherentes del cargo de presidente municipal de Cuauhtémoc, Colima”.

El TEE consideró que el acto reclamado “es de una naturaleza político-administrativa y no de naturaleza electoral”, por lo que de acuerdo al Artículo 122 de la Constitución local, con relación al diverso 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecen que los delitos y faltas oficiales en que incurran funcionarios a que se refiere esta misma ley, conocerá el Congreso como Jurado de Acusación y el Supremo Tribunal de Justicia, en acuerdo pleno, como Jurado de Sentencia”.

Este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad desechar de plano la solicitud del presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, quien interpuso el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, radicado en el expediente JDCE-95/2017, en contra del Congreso del Estado.

Durante  la sesión extraordinaria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se propuso el desechamiento de plano del recurso interpuesto por Rafael Mendoza Godínez, “promovido contra el Decreto 274 del Congreso de Colima, relativo a las conclusiones del juicio político 014/2016, pues la demanda del actor carece de vinculación”.

Las razones esgrimidas por el máximo tribunal en materia electoral, son exactamente las mismas por las que el Tribunal Estatal, desechó la solicitud de Rafael Mendoza

La Sala Superior explicó que “la demanda carece de vinculación con sus derechos político-electorales ya que las sanciones que le fueron impuestas, no atentan contra su derecho de ser votado, en tanto que son una medida excepcional de naturaleza política”, por lo que se propuso desechar de plano el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano.

Para cerrar…

**La noche de este miércoles se cerró la convocatoria para designar a los cuatro consejeros electorales que habrán de incorporarse al Instituto electoral del Estado de Colima.

De acuerdo a la información recabada, la cifra de suspirantes anda muy cercana a las 200 personas; el martes iban registrados 94, por lo que ayer que fue el último día y que se vio gran afluencia de aspirantes entregando documentación, se especula que la cifra llegue, y en un momento dado, hasta rebase el número de 200, que estarán disputándose los cuatro cargos.

De las cuatro posiciones que estarán en juego, tres serán por 7 años y entrarán en funciones el 1 de octubre de este año; el cuatro consejero, será electo únicamente por cuatro años, pues será quien ocupe el lugar que dejó vacante la consejera Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, quien fue removida del cargo.

Quien sea designado por cuatro años, asumirá las funciones de presidente o presidenta del consejo general del Instituto Electoral del Estado, y deberá tomar protesta a más tardar el 30 de junio del presente año.

Ya cuento con algunos nombres, pero intentará obtenerlos todos, o la mayoría, para comentarle los perfiles de los profesionistas que acudieron a registrarse

**El Congreso del Estado sigue disfrutando de su receso, por lo que la Diputación Permanente se sigue haciendo cargo de lo que llega, este miércoles sesionaron y la verdad fue nada más para cubrir el expediente, pues no hubo nada digno de escribir a casa.

Bueno déjeme decirle que no hubo nada digno de escribir, porque los diputados siguen con la pésima costumbre de no leer nada; si es el acta de la sesión anterior, se solicita dispensa para no leerla, que porque ya todos la tienen en sus correos electrónicos; la síntesis de comunicaciones, tampoco se lee, se solicita dispensa para no hacerlo, argumentando la misma razón, que ya les llegó por correo electrónico.

En síntesis, estamos en medio de una opacidad total, donde parece que la consigna es que no se enteren de  nada los colimenses, y los reporteros mucho menos.

**En otro tema, déjeme comentarle que siguen entrampadas las comisiones de Educación y Cultura y la de Igualdad de Género, por el nombre de una propuesta a presea; el PAN insiste en que se premie a la diputada Gretel Culin, por el folletito de los pueblos mágicos, lo que escribió sobre Comala.

La diputada panista se molestó porque comenté eso que había escrito un folletito sobre Comala y me contacto para decirme que era todo un libro, y tiene toda la razón, es todo un libro que no lo escribió ella; que habla de 112 pueblos mágicos de la República Mexicana, y que la diputada panista solo escribió, --bueno eso me dijeron--, lo referente al pueblo mágico de Comala y que es parte del libro que contiene las 112 historias.

¿Le digo algo?, a pesar de que hasta la trayectoria entregada de la panista trae imprecisiones, le van a dar la presea, si no, de mí se acuerda. ¡Ah!, nomás no me pregunte cuando porque ahorita están de receso.

**Por hoy hasta aquí le paramos, en otra entrega “Desde la Curul 26”, le comentaré lo que sucedió en el Hospital Regional Universitario este miércoles, se va a espantar.

 

Estación Sufragio

Arraigada como la creencia en que si hace mucho calor seguro es que va a temblar, en Colima tenemos la idea de que los índices de cáncer son más elevados aquí que el promedio nacional. El sentido común sugiere que los recurrentes casos de alergia pueden estar relacionados con la ceniza del volcán, pero a la actividad del coloso de fuego se le atribuyen también los riesgos de desarrollar algún tipo de cáncer.

El año pasado, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Fundación Colosio del PRI organizó un panel sobre este tema, y entre los especialistas, enfermos y representantes de los patronatos de ayuda que participaron el médico radiólogo y especialista en cáncer de mama, Augusto Sánchez Cárdenas, señaló que si bien aún no se conoce la causa que está originando este incremento en los casos detectados, “algunos alimentos han demostrado que han elevado la incidencia de cáncer de mama, como los conservadores que tienen algunos productos, debido a la proporción de arsénico que contienen, que es altamente tóxico por lo que puede causar otros cánceres y enfermedades como del hígado y corazón”.

Cuando Augusto Sánchez dijo esto el 21 de octubre pasado, todavía no estallaba el escándalo por la publicación en una revista científica internacional del estudio “Riesgos potenciales de salud por consumo de agua con arsénico en Colima, México”, una investigación realizada por un equipo interdisciplinario de la Universidad de Colima y de la Universidad de Harvard que registró niveles de arsénico superiores incluso a los permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (mucho más laxa que la norma internacional, por cierto) en dos pozos de agua en el centro de Colima, lo que según estos académicos podría representar un riesgo alto de enfermar de cáncer para medio millar de personas.

Cité el boletín oficial del PRI sobre el panel, para dejar constancia de que el tema del arsénico y su potencial carcinógeno ya estaba en el imaginario colimense desde antes que la investigación del agua de pozo llegara a los medios. Lo que explica el pánico que las autoridades de la Secretaría de Salud y de la propia Coordinación General de Investigación Científica de la UdeC, se empeñaron en calmar al descalificar la SSyBS al laboratorio que procesó las pruebas del estudio y al considerar la Universidad, las conclusiones, una mala interpretación de los resultados obtenidos por sus propios científicos.

En un primer acercamiento a la cuestión, concluíamos en esta columna la pertinencia de repetir el experimento ante la gravedad del supuesto de que los colimenses estemos bebiendo agua contaminada con una sustancia cancerígena. En una carrera contra el tiempo, la fracción del PAN y luego, por unanimidad, el Congreso local exhortaron el jueves 9 de marzo a los gobiernos estatal y federal a realizar a la brevedad posible un estudio sobre la calidad del agua. Sólo para encontrarse con la sorpresa que, desde el lunes pasado a la aprobación del punto de acuerdo presentado por la diputada Martha Sosa Govea, “se tomaron nuevas muestras cuyos resultados se darán a conocer a la población”.

No sé para que las analizan puesto que la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris), dependiente de la Secretaría de Salud, informó de antemano que “los estudios sobre la calidad del agua en Colima son permanentes, y por ello, con los resultados que se han obtenido se puede afirmar que no se ha detectado contaminación del agua por arsénico”.

Según la Coespris, se realizan los estudios de la calidad del agua en tiempos y formas que estipula la norma sanitaria vigente, y como parte de los nuevos exámenes se tomaron muestras para proceder a su análisis de plomo, arsénico y flúor en la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).

Sospecho que si encuentran arsénico, dicha sustancia estará por debajo de la concentración permitida (aunque la norma mexicana que lo mide sea engañosa). Y determinarán las autoridades que no hay riesgo por varias razones, la primera por política ya que es una bandera que enarboló la diputación panista, y aunque los congresistas del oficialismo terminaron sumándose al exhorto se darán por satisfechos con el estudio de la CCAYAC por un motivo mucho más poderoso que la política: el económico.

Si la Coespris encuentra arsénico en los pozos que operan los organismos municipales, tendría que recomendar el uso de filtros. Ciapacov, Capdam, Comapat o cualquiera de los operadores se verían impelidos a incluir un concepto adicional en el cobro del servicio de extracción y conducción. El agua de la llave llega a nuestros tinacos clorada, para limpiarla de gérmenes, pero no filtrada de metales pesados. Y ahora cobrarían también por purificarla.

Cuando Ciapacov ya no pudo seguir eludiendo la obligación de sanear las aguas negras que estaba vertiendo a los ríos que cruzan Colima, en el sexenio de Silverio Cavazos construyeron una planta de tratamiento que –pese a no funcionar adecuadamente– disparó la deuda pública y supuso un aumento en la tarifa. Por eso, antes de que anuncien la privatización de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, como único mecanismo viable para costear la inversión que requiere la construcción de una planta de filtración de arsénico, hay que decirles que no son tan caras.

Hay muchos filtros de nivel industrial en el mercado, y hasta los domésticos tienen un precio considerable. Pero en 2005 la Unesco dio a conocer (http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=30103&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html) una alternativa tecnológica para abaratar los filtros de agua anti-arsénico. Según este el Instituto de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la presencia de arsénico en el medio ambiente se debe a fenómenos naturales, y también a ciertas actividades humanas (como la explotación minera, la fundición de minerales o el funcionamiento de centrales eléctricas de carbón).

No existe terapia contra el envenenamiento por el arsénico presente en el agua potable, por lo que la prevención es la única arma contra una plaga que afecta a un gran número de países, desde Bangladesh a Estados Unidos, pasando por Argentina, Chile, China, Ghana, Grecia, Hungría, India o México. Pero un filtro de agua anti-arsénico puede salvar decenas de millones de vidas en todo el mundo.

El filtro que desarrolló la Unesco es sencillo y ecológico, pues utiliza una tecnología con base en arena rodeada de óxido de hierro como material para absorber el arsénico. Cuando se produce en fábricas, este material es muy caro. Y cuando su capacidad de absorción se agota, hay que cambiarlo por otro nuevo y buscar el modo de liberarse del material usado. Sin embargo, la Unesco utiliza la arena recubierta de óxido de hierro que se encuentra en las plantas de tratamiento de aguas.

Se trata de arena natural que se utiliza como filtro para la eliminación del hierro y que, al cabo de algunos años, se tiene que tirar. Esta arena, que con el paso del tiempo va recubriéndose de óxido de hierro, es un método excelente de absorción del arsénico en el agua. Y como es gratuita, el costo de dicha tecnología para el usuario es módico.

Estación Sufragio

Inseguridad e impunidad son los males sistémicos de la sociedad colimense que no sólo anulan el Estado de Derecho sino que deslegitiman a un gobierno como el de Ignacio Peralta que, a un año de su llegada al cargo, sigue sin poder responder a los reclamos de la gente en esta materia.

A lo más que ha llegado la administración de Peralta Sánchez en el esfuerzo por restablecer el orden público, es a construir una narrativa en la que se enfatiza que la violencia delincuencial (pródiga en homicidios dolosos cada vez más macabros, como el que produjo la cabeza cercenada y abandonada en el Palacio Municipal de Manzanillo) es un fenómeno que solo envuelve a aquellos sectores de la población que participan en el narcomenudeo.

Se trata de una actividad delictiva muy específica que, sin embargo, ya es parte de la vida cotidiana. Se le atribuye a la descomposición del tejido social que un número creciente de colimenses consuma drogas. Y por la dinámica en que se da la distribución de estas sustancias, son cada vez más los habitantes del estado que se las tienen que ver con “la maña”.

En su mayoría son jóvenes, aunque el problema de las adicciones es transgeneracional y lo que va variando es el tipo de enervante preferentemente consumido. Esta estratificación responde también a una lógica socioeconómica, la gente se droga con lo que puede pagar (aunque tenga que robar o prostituirse para ello). Planteado en términos del dinero que mueve, de las manos de los consumidores a las de los carteles que manejan la plaza, podemos hablar de un mercado interno fuerte.

Además de una amenaza para la legitimidad del Gobierno, el narcomenudeo es también un problema para las finanzas públicas. Al Estado le cuesta demasiado dinero el combate a la delincuencia organizada y, como no lo tiene, ¿lo deja hacer?

La federación, el gobierno estatal y los municipios no invierten lo suficiente en el combate a los grupos criminales. No hay inteligencia por falta de tecnología de vigilancia (el C-4 no llega ni a C-2) y de personal entrenado en estas labores. Y la fuerza bruta no rinde los frutos esperados del despliegue de patrullas del Ejército, la Armada, la Policía Federal y las corporaciones estatales y municipales. Mientras en algún punto de la geografía urbana marcha un convoy, en otro se lleva a cabo una ejecución.

El Estado es ciego y con la reforma en el sistema penal ya ni siquiera tiene dientes. Se acaba de anunciar un convenio para poner en subasta el helicóptero que adquirió el gobernador anterior, a un precio que se duplicaba con el costo de accesorios que quizá no se usaron lo suficiente: Se lanza una convocatoria para ocupar vacantes en la Policía Estatal Preventiva, evidencia que no tenemos elementos confiables y capacitados. Y después de dar algunos golpes sonados y vistosos, se retiró de Tecomán la Policía Militar.

Se fue, lo más seguro, porque este cuerpo de la Defensa Nacional no tiene presupuesto para quedarse indefinidamente en una plaza, y los gastos de hospedaje y alimentación o combustible deben ser cubiertos por el gobierno del estado o el ayuntamiento que los invitó.

Tener de huésped a la Policía Militar representa para las autoridades locales una ventaja sobre lo que implica invitar a otro cuerpo del Ejército. En Colima tenemos una sola zona militar pero con dos batallones, uno en la capital, el 27 de Infantería, y el 88 de Infantería en Tecomán, más la tropa de Infantería de Marina que corresponde a la sede de una región naval y base de la flota del Pacífico.

Hay dos comandancias de la Policía Federal, pero no tenemos presencia regular de la Gendarmería porque apenas le acabaron de pagar a los hoteleros de Colima y Tecomán que albergaron a esos uniformados la última vez que estuvieron destacamentados en el estado.

A diferencia de la tropa regular, la Policía Militar puede operar en tareas de seguridad interior sin violentar las restricciones que marca la Constitución a las fuerzas armadas para operaciones que no tienen que ver con la defensa del territorio o la protección civil en casos de desastre. Un tema sensible es el de los retenes, que son más aceptados por la población cuando la garita dice Policía Militar.

Mientras a la Gendarmería hay que alojarla en cuartos hoteleros, la Policía Militar puede instalar su campamento en cualquier cancha de futbol o armar sus catres en el interior de un gimnasio. Traen consigo cocineros y cocinas portátiles, pero la comida corre por cuenta del anfitrión. Lo único que piden es baños medianamente decentes. Si se fueron, muy probablemente sea porque no hubo dinero para tenerlos más tiempo.

Durante los días que patrullaron Tecomán, ¿pudo la PM incidir en los índices de criminalidad? El reporte final es abundante en cifras: se logró la detención de 379 personas, se aseguraron 395 gramos de marihuana, 71 gramos de semilla de marihuana, dos kilos de piedra base y cinco gramos de metanfetamina.

Se decomisaron 70 vehículos sin blindaje, 43 motocicletas, 12 armas cortas y un arma larga, ocho cargadores, 129 cartuchos y una granada. Y se confiscaron 88 mil 805 pesos.

Mas para conseguir estos resultados hubo que cribar a la población civil: se revisaron 43 mil 730 vehículos (algunos, supongo, más de una vez) y se registró a un total de 70 mil 139 personas (eso sí, menores de 60 años).

Con todo, 379 personas detenidas por 395 gramos de marihuana asegurados, nos da un gramo por persona; toca de un arma por cada 29 detenidos, y de cinco gramos de piedra base por persona.

Me pregunto si a los otros 28 que no les encontraron arma, los detuvieron porque iban a bordo de un vehículo con placas extranjeras, sin placas o simplemente con vidrios polarizados. E imagino que las soltaron…

La observación empírica sugiere que llegó la Policía Militar y los malhechores se recluyeron. Con los uniformados en las calles tecomenses, bajó el número de muertes violentas. Cuando se retiraron, volvieron a subir los homicidios. Y hubo más de uno de refinada crueldad.

Estación Sufragio

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, anunció un programa efectivo de capacitación con perspectiva de género, a fin de preparar oportunamente a las mujeres para la participación política plena y efectiva en 2017 y 2018.

Acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer y la corrección política obliga al Revolucionario Institucional y a todos los partidos a ofrecer a la mujer oportunidades de participación política “a partir de su preparación plena”, que no sólo se reflejen “en oportunidades de candidaturas, sino en posibilidades reales, claras, contundentes de acceder a los espacios”, dijo Ochoa.

El comité ejecutivo nacional del tricolor ya tiene nueva secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, quien llegó por un intrincado procedimiento de dedazo, mediante el cual no sólo la colocaron en la Secretaría de Organización, tercer cargo en el organigrama del partido, con un mensaje claro que la decisión se había tomado en Los Pinos, sino que le dibujaron el caminito: cuando Carolina Monroy dejara el cargo, la sobrina del ex presidente Salinas ascendería un escalón por orden de prelación.

Monroy llegó a la dirigencia nacional del PRI haciendo mancuerna con Manlio Fabio Beltrones, pero cuando el político sonorense se fue (del partido), la mexiquense no ascendió a la presidencia del CEN por orden de prelación. Y ahora cede el paso a la ex canciller mexicana tras haberse definido la fórmula del Grupo Atlacomulco para el Estado de México con la nominación de Alfredo del Mazo Maza.

En una elección que se sabe perdida, Carolina hubiera podido ser el pariente del presidente Enrique Peña Nieto al que sacrificarían en el altar de la alternancia y el bipartidismo, el mismo pragmatismo que lleva al régimen priista a apoyar de facto a otra mujer, la panista Josefina Vázquez Mota. Pero EPN prefirió el holocausto para Del Mazo.

Según Andrés Manuel López Obrador, el oficialismo de la candidatura de Vázquez Mota (a quien le estarían pagando el sacrificio del 2012, parece sugerir el Peje) se vio desde el momento en que la Fundación Juntos Podemos, que ella encabeza, recibió del erario federal 900 millones de pesos. Por cierto, la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recuerda al entramado financiero que reportó José Reveles en su libro Las manos sucias del PAN (reeditado en 2012 a partir de lo publicado en 2006 por Planeta).

Aunque Vázquez Mota no fue la primera mujer en buscar la Presidencia de la República, sí fue la primera en ser postulada por un partido con viabilidad de triunfo. Para los comicios de 2018 ya se apuntó como precandidata del PAN Margarita Zavala. Y si bien su eventual nominación confirmaría una tendencia en el blanquiazul a conceder a las mujeres la oportunidad de competir por el cargo de mayor importancia en la política nacional, a la vez supone un retroceso…

Un paso atrás porque el perfil de la esposa del ex mandatario Felipe Calderón –no obstante su trayectoria como legisladora– les parece a muchos mexicanos similar a la de otras tantas “adelitas”, es decir, mujeres que se apuntan para ocupar posiciones que en realidad operarán sus maridos.

Con todo, en la caballada del PRI no figura ninguna yegua. Y mientras, en el PRD –donde la presidencia y la secretaría general están en manos de dos (guapas) mujeres: Alejandra Barrales y Beatriz Mojica– se debaten entre apoyar a AMLO, líder de Morena, o postular como candidato presidencial a Alejandro Mancera que no es ni ha sido militante del Sol Azteca.

Para colmo, en el folclor político a la Barrales se le ubica como dependiente político del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en razón de que alguna vez tuvieron una relación sentimental. Me pregunto, ¿por qué nadie dice que a Mancera lo controla Barrales?

En Morena, es ocioso detenerse, la candidatura no se la quita nadie al Peje: el partido nació para ofrecer una plataforma desde la cual lanzar la tercera nominación presidencial de Andrés Manuel.

Y entre los nombres que suenan para una candidatura independiente a la Presidencia, ninguno es de mujer.

Un viejo político defendía la idea de que es inútil legislar paridad de género en materia de candidaturas, si las mujeres no tienen la trayectoria (ni la capacitación, agrega Ochoa Reza) para participar en la política partidista, la competencia electoral o en el gobierno.

Como se vio en el pasado proceso comicial, postular a las esposas de ex gobernadores (Alma Delia Arreola de Anguiano e Hilda Ceballos de Moreno, para dos distritos locales, y Norma Galindo viuda de Vázquez para una diputación federal) supuso para el PRI, en concreto, la pérdida de las posiciones en disputa.

Hoy por hoy la cuota de género garantiza a las mujeres la oportunidad de ser candidatas. Para ganar, sin embargo, enfrentan el reto de abatir los prejuicios de una sociedad patriarcal, pero también el de convencer a los electores de su valor político. Ya en los cargos, deben luchar contra una inercia machista que las frena en su carrera política.

¿De las cuatro mujeres que han sido senadoras por Colima en estas dos últimas legislaturas, a cuántas apoyará el PRI para que busquen ser alcaldesas, diputadas federales o regresen al Congreso local?

Y los panistas no cantan mal las rancheras, se habla que le cerrarán las puertas a Gabriela Benavides quien, además, tiene el aparente compromiso de regresarle la presidencia municipal de Manzanillo a Virgilio Mendoza, aunque éste vaya por el Partido Verde.

Mientras que Eloísa Chavarrías tiene un gran problema: a la nomenclatura panista ya se les olvidó que ella ganó el segundo distrito electoral federal con los colores del blanquiazul. No la ven como un activo del PAN.

Por lo que respecta a la actual diputada federal Gretel Culin, ¿tiene las mismas posibilidades de ir en la fórmula de senadores para 2018 que Fernando Antero, su compañero de bancada?

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

Desde la Curul 26

Cuando amaneció el pasado martes parecía que sería un gran día para la presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de Colima, Ayizde Anguiano Polanco, pues gracias a sus buenos oficios, había logrado convencer a los consejeros de Instituto Nacional Electoral, que conforman la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), de que ella era la mejor opción para convertirse en la presidenta definitiva del consejo general del IEEC y concluir el período para el que había sido electa la defenestrada ex presidenta Felícitas Valladares Anguiano.

Primero el consejero Arturo Sánchez Gutiérrez, a través de su cuenta de twitter, el lunes había publicado que el martes designarían a Ayizde Anguiano Polanco, como presidenta del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Colima, y que solo esperaban que se aprobara en la Comisión de Vinculación, el proyecto de acuerdo que sería presentado al consejo general en la sesión extraordinaria de este martes.

Y efectivamente en la segunda de las dos sesiones extraordinarias celebradas el martes en el Instituto Nacional Electoral se puso a la consideración el proyecto presentado por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, que preside Ciro Murayama, en donde proponía aprobar la designación de Ayizde Anguiano, como consejera presidenta, hasta el año 2021.

Como por arte de magia le surgieron todas las virtudes a la presidenta, incluso el consejero Ciro Murayama, no tuvo empacho en proponer violar el propio resolutivo del 16 de noviembre cuando removieron a Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, ya que en aquella ocasión el consejo general había aprobado emitir una convocatoria para sustituir a la removida presidenta del IEEC y ordenaban que se aplicara el artículo 101 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales (LEGIPE).

En la sesión de hace un par de días Murayama, proponía designar a Ayizde Anguiano, aplicando un reglamento reformado apenas el pasado 24 de febrero que además está impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y quería hacer efectivo lo plasmado ese documento, a pesar de estar por debajo de la LEGIPE, y de acuerdo al Artículo 35 numeral 2, pretendía que el consejo general del INE designara a quien sustituiría a la defenestrada presidenta del IEEC.

Murayama incluso en aras de tratar de imponer a Ayizde Anguiano, se arrogaba facultades metaconstitucionales, ya que pretendía que la presidenta provisional del IEEC, fuera designada presidenta definitiva hasta el 30 de septiembre del año 2021, es decir, a que concluyera el período para el cual había sido electa Felícitas Alejandra Valladares Anguiano.

Y lo peor que no solamente Murayama, sino también Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova, Arturo Sánchez Martínez, Adriana Margarita Favela, Enrique Andrade, poco les importaba violar el período legal para el cual fue electa Ayizde Anguiano, ya que en 2014, cuando fueron electos los integrantes del consejo general del Instituto Electoral de Colima, la susodicha Ayizde Anguiano, fue electa para un período de 6 años, es decir, su responsabilidad concluirá el 30 de septiembre pero del año 2020.

Si, así como lo está leyendo, quién sabe por órdenes de quién, o atendiendo qué, no solo pretendían violar el resolutivo del 16  de noviembre de 2016, y violar el artículo 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino el acuerdo general aprobado en 2014, donde fueron designados los integrantes del consejo general de  del IEE de Colima y donde claramente se especificó cuánto debían durar en su encargo los y las consejeras y Ayizde Anguiano fue electa para 6 años, no para 7.

Ciro Murayama, tratando de lograr convencer a los cuatro consejeros que no estaban dispuestos a violar la LEGIPE, ni los acuerdos y resoluciones aprobados desde 2014, --Pamela San Martín Ríos y Valles, Benito Nacif, José Roberto Ruiz y Javier Santiago--, que se mantuvieron firmes y votaron en contra, y con ello impidieron esta que hubiera sido una terrible violación a la Ley, el presidente de la Comisión de Vinculación, sacó a relucir todos los atributos de Ayizde Anguiano.

Dijo que la presidenta provisional “ha logrado (si él supiera lo que está haciendo al interior del Instituto), una cohesión del colegiado, seria, sobria, que ha potenciado la aprobación de acuerdos, casi siempre  por consenso y es una persona que tiene una amplia experiencia en materia electoral, antes incluso de ser designada consejera por nosotros y creemos que contribuiría a la cohesión y al fortalecimiento del OPLE, esta designación”.

 Murayama Rendón no reparó incluso en golpear a la ex presidenta Alejandra Valladares, con tal de tratar de imponer a Ayizde Anguiano, afirmando que “nos conviene que llegue, después de que fue un OPLE, con problemas en su conducción, lastimado en término de sus atribuciones que no se le permitió organizar la elección extraordinaria, aunque el OPLE no fue el responsable en los más mínimo de la anulación…”.

Todos los representantes de partido en contra…

Sin embargo los representantes de los distintos partidos políticos representados en el consejo general del INE todos se pronunciaron en contra de esta designación, por ejemplo Pedro  Vázquez González del PT, recordó que el 6 de noviembre de 2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó la resolución del INE CG/684/2016, y ordenó la remoción de Felícitas Alejandra Valladares, presidenta del Instituto Electoral de Colima.

Y destacaba que en el resolutivo cuarto de la resolución quedó establecido que “…se instruye a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para que en su momento inicie los trabajos para llevar a cabo un nuevo procedimiento de selección y designación de la vacante respectiva, en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución”.

Y de acuerdo a dicho considerando hace alusión que la designación “a que en su momento inicien los trabajos para llevar a cabo un nuevo procedimiento de selección y designación de la vacante respectiva en los términos establecidos en el Artículo 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el Libro Segundo Título Primero del reglamento anteriormente citado”.

Ante eso el representante del PT dijo que tanto el resolutivo cuarto como el considerando cuarto, hablan de un nuevo procedimiento en términos del artículo 101 de la Legipe. En el artículo 101 de esta Ley, se establece de manera clara y sin ambigüedades, el procedimiento para la elección del consejero presidente y es a través de una convocatoria pública.

Agregó que en la misma resolución aprobada el 16 de noviembre, “establece que esta nueva designación debe apegarse a lo que establece el libro segundo título primero, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral, para la designación y sanción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales”.

Ayizde Anguiano, ligada al ex gobernador MAM…

Durante la discusión salió a colación que la presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado, tiene un fuerte lazo  con el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, y desde que asumió la responsabilidad de este organismo electoral, ha estado rodeándose de personal que tuvo lazos muy cercanos al ex mandatario colimense.

El comisionado del Partido Acción Nacional, Francisco Gárate, quien luego de señalar que suscribía todo lo afirmado por el comisionado del PT, dijo que de aprobarse el acuerdo como se proponía, estaban una reelección, la cual estaba prohibida, por lo que establece el artículo 116.

“Y eso no se puede, y sin embargo es lo que están proponiendo con este acuerdo y adicionalmente diré que para el caso de Colima, tendríamos que ser particularmente cuidadosos. No hay otra entidad que haya tenido tantas nulidades de elección como Colima, y también habrá que decir que nosotros apreciamos que en el actual OPLE de Colima, hay una situación de una insana influencia del ex gobernador Mario Anguiano “, dijo el comisionado del PAN.

El representante de Acción Nacional dijo que el actual Secretario Ejecutivo, Omar Espinoza, “es esposo de quien fuera la secretaria particular del ex gobernador; y que la actual Directora Jurídica, era la auxiliar jurídico del SEFIDEC, que es un sistema que otorga créditos a negocios y que pertenece al gobierno del estado”.

Garante dijo al pleno del INE que por eso habría que tener cuidado y hacerse cargo de ello, que el OPLE en realidad se pueda conducir sin ligas y sin dependencias a determinados personajes “que habría que decir que tienen fuerte vinculación con un partido político, por lo que tenemos que hacernos cargo de que los órganos electorales siempre haya los mejores elementos que garanticen la imparcialidad”.

Enseguida fue el representante de MORENA, y luego el de Encuentro Social y más tarde el comisionado del PRD y todos criticaron el hecho de que si Ayizde Anguiano había sido electa por seis años, cómo la Comisión de Vinculación pretendía que se mantuviera al frente del Instituto Electoral del Estado de Colima, hasta el año 2021.

A pesar de que hasta el presidente del consejo general del INE se pronunció a favor de que fuera designada como presidenta Ayizde Anguiano, al someterse a votación cuatro de los once consejeros votaron en contra, por lo que no alcanzó los votos requeridos, pues necesitaba al menos ocho y solo logró 7.

Ante eso, no le quedó otra al consejo general del INE, más que proceder a sacar dos convocatorias para el estado de Colima, una para elegir a quien será el presidente del Instituto Electoral del Estado y que deberá rendir protesta a más tardar el 30 de junio de este año, el cual durará solamente cuatro años, que es el lapso que l restaba a Felícitas Alejandra Valladares, a fin de que tenga tiempo de interiorizarse del trabajo que se viene realizando, para que cuando en el mes de octubre inicie  el proceso electoral, no vaya a darse algún atraso.

 

La otra convocatoria será para renovar a los tres consejeros que terminarán su encargo el 30 de septiembre que son Verónica González Cárdenas, Isela Guadalupe Uribe y José Luis Fonseca, y que serán electos por siete años.

La convocatoria ya se emitió y el registro de aspirantes será 8, 9 y 10  y 13, 14 y 15.

Le fue como en feria….

Pero le comentaba que este martes fue negro para Ayizde Anguiano, porque si en México, en la sesión del consejo general del INE, no le dieron el sí para que siguiera al frente al IEEC y se quedó con las ganas de durar un año más cobrando, violando la ley, cosa que finalmente no ocurrió, en Colima las cosas no le pintaron diferente.

Ese martes sesionó de manera extraordinaria el Tribunal Electoral del Estado, para aprobar el proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa de los derechos ciudadanos-electorales, interpuesto por el ex secretario ejecutivo del consejo general del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel Núñez Martínez.

Aún cuando el magistrado ponente Roberto Rubio, había propuesto declarar inoperantes los agravios, durante la discusión del proyecto la decisión se revirtió y por mayoría de votos, revocaron la destitución del secretario Ejecutivo, pero también dejaron sin efecto el nombramiento del nuevo Secretario Ejecutivo, lo que no deja de ser un golpazo para la presidenta provisional, ya que eso afectará toda la serie de nuevos nombramientos que ha realizado al interior del Instituto Electoral.

Del 26 de enero que corrió sin argumentos al Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Núñez, y designó a quien era el director Jurídico, que dependía de Miguel Ángel Núñez, Ayizde Anguiano perdió los estribos, porque enseguida fue y despidió a uno de los trabajadores más antiguos del Instituto, Juan Manuel Rodríguez.

Y en todas las posiciones decidió meter mujeres, influenciada por quienes en el pasado proceso ordinario violaron la Constitución al tratar de modificar las listas de candidatos y candidatas a diputados y regidores de representación proporcional, tratando de imponer a puras mujeres.

Hoy se han encargado de llevar a la presidenta provisional  a un baile donde al final le tocará bailar con la más fea, porque le están revirtiendo las decisiones en los órganos jurisdiccionales y que si bien al final quizá los trabajadores que de manera injustificada despidió, deciden ya no reincorporarse, porque yo creo que nadie en su sano juicio quiere trabajar con quien al subirse a un ladrillo se mareó y ya perdió el piso, sí le va a costar una muy buena “lana”, porque ahora tendrá que indemnizarlas en otras condiciones.

Este martes en el Tribunal Electoral no solo le dieron un golpazo con la revocación del despidió de Miguel Ángel Núñez, sino que además le impusieron una multa porque no entregó en tiempo el informe que le había ordenado el Tribunal Electoral, por lo que se hizo acreedora a una sanción de mil unidades de medidas y actualización.

En fin este pasado 7 de marzo le quedará grabado a Ayizde, porque estuvo a un tris de sacarse la lotería sin comprar billete y al final, quedó exhibida a nivel nacional y a nivel local quedó vapuleada por la decisión del Tribunal Electoral del Estado.

 

Para cerrar…

**Ayer miércoles 8 de marzo se conmemoró un aniversario más del Día Internacional de la Mujer, y ¿qué cree?, ¡acertó! En el Congreso del Estado, no se realizó ninguna sesión solemne para entregar los reconocimientos a que fueron convocadas las diversas agrupaciones y asociaciones para proponer candidatas y aspirantes en nueve rubros distintos para hacerse acreedoras a igual número de preseas.

Le comentó que no hubo sesión solemne, incluso no se ve para cuando la vayan a programar, porque las distintas comisiones que están definiendo a las ganadoras no se ponen de acuerdo,  y es que en una de las preseas, la de trayectoria política, el Partido Acción Nacional quiere imponer a una militante de su partido para que reciba ese reconocimiento.

La situación no tendría mayor importancia si la propuesta realmente cumpliera con los merecimientos suficientes para ello, pero sabe qué, resulta que la Comisión que preside otra connotada panista, Gabriela de la Paz Sevilla, quiere que se entregue el reconocimiento a la diputada federal Gretel Culin Jaime.

Se supone que esta presea que es la de trayectoria política, es para alguna mujer quien ya hizo historia y dejó huella en su andar, sin embargo, dicen lo que han estado en las discusiones, que el merecimiento por el cual quieren entregarle el reconocimiento a Gretel Culin, es porque como diputada federal, logró que en la Cámara de Diputados le publicaran un folletito sobre pueblos mágicos, donde aparece Comala, y consideran que es mérito suficiente para que el Congreso del Estado de colima, le entregue la presea “María Concepción Barbosa de Anguiano”, por trayectoria política.

Por ese capricho, otro grupo de los integrantes del jurado no consideran que sean suficientes méritos para entregarle la presea, por eso no se ha aprobado el acuerdo de los nueve candidatas que serán planteadas al  pleno de la Quincuagésimo Octava Legislatura, y por eso este 8 de marzo, en el Congreso del Estado ni siquiera convocaron una sesión de trámite, para reconocer a las mujeres colimenses.

**Hoy jueves habrá sesión extraordinaria en el Congreso y básicamente será para aprobar dos dictámenes que tienen que ver con descuentos que se aplicarán al cobro del servicio de agua en el municipio de Ixtlahuacán.

También aprobarán un punto de acuerdo con exhorto al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, para que pueda realizarse un nuevo estudio sobre la calidad del agua que estamos consumiendo en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, esto ante las dudas que ha quedado en el sentido de si está contaminada o no, con arsénico, el agua que estamos consumiendo.

Finalmente en la sesión extraordinaria de hoy,  aprobarán un acuerdo para que este sábado se entregue un reconocimiento durante la sesión solemne que se realizará a partir de las 8:00 de la mañana, a Manuel Godina Velasco, autor del libro El Estado Libre y Soberano de Colima. A 160 años de su erección.

Y es que este sábado 11 de marzo, se estará cumpliendo el 160 aniversario de que Colima fue erigido en estado libre y soberano, razón por la cual habrá sesión solemne a que asistirán los titulares de los Poderes Ejecutivo, José Ignacio Peralta Sánchez y Judicial, magistrado Bernardo Salazar Santana.

**Por otra parte le comento que hoy a las 18:30 horas, se realizará la presentación de este libro de Manuel Godina Velasco, en la Biblioteca de Ciencias “Lic. Miguel de la Madrid Hurtado”, de la Universidad de Colima, en donde participarán como presentadores, el magistrado jubilado César Castañeda Rivas, el historiador Ernesto Terríquez Sámano, el ex diputado federal Francisco Rivera Alveláis y el propio autor del libro, Manuel Godina Velasco.

A la presentación de este libro está anunciada la asistencia del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez

**Finalmente déjeme comentarle muy brevemente que el presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, le andan temblando las corvitas y anda despavorido recorriendo todos los tribunales habidos y por haber, incluida la Suprema Corte de Justicia, para ver cuál de todos los organismos jurisdiccionales se apiada de él y revoca la decisión aprobada por el Congreso del Estado, que ordenó su destitución del cargo de alcalde y  la inhabilitación por 7 años, para ejercer, cargos, empleos  o comisiones dentro del estado y los municipios.

La última institución a la que acudió a solicitar protección, fue a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e interpuso un JDCE, similar al que había entregado en el Tribunal Electoral del Estado, que está a punto de resolver su admisión o desechamiento.

No cabe duda, el miedo no anda en burro, y a lo que se observa Rafael Mendoza, ya debe andar informándose en donde se encuentran las oficinas de la Corte Intergaláctica, para recurrir a solicitar la protección y que no le apliquen la sanción. Como ahí qué, ¿no que muy machito?, que yo soy Juan Camaney, y por eso no comparezco ante las autoridades que me citan y qué, qué…

“Desde la Curul 26”, estaré a la expectativa y ya le estaré informando como vayan evolucionando las demandas y solicitudes de amparo y suspensión de actos, y controversias que anda interponiendo a diestra y siniestra…. Ahora sí como dice uno de mis amigos diputados “…pero qué necesidad”.


Estación Sufragio

Escribimos en su momento que la mala prensa perseguía al subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, Manuel Moreno Rivas. Y que tal vez la infame leyenda que este funcionario labró en Oaxaca, cuando trabajó para las administraciones de Ulises Ruiz y José Murat, no se habría conocido en Colima si el doctor Moreno no hubiese acudido a un periódico local a anunciar que se rehabilitarán las 24 casetas de policía que existen en la ciudad, de las cuales 20 han estado abandonadas prácticamente desde hace dos sexenios.

A partir de entonces el teniente de navío fue ubicado en el radar mediático, y en las redes sociales empezaron a circular las notas de prensa y los enlaces a sitios web en los que se describen las tremendas acusaciones que le hicieron a Moreno Rivas en Oaxaca, desde el presunto secuestro de una ex funcionaria estatal, hasta la desaparición de disidentes y la persecución de maestros.

La más sonada de las historias negras que se encuentran en internet, es la que le atribuye haber participado en lo que la Procuraduría General de la República (PGR) calificó de seudoatentado, el sufrido por el gobernador Murat, padre del actual mandatario oaxaqueño, y en el que supuestamente Manuel Moreno fue autor de los disparos que se hicieron desde el interior de la camioneta.

Ubicado en Colima, donde tendría que haber mantenido un bajo perfil, el pasado sábado (4 de marzo de 2017) el diario Reforma publicó una pieza informativa en la que se relataban las acusaciones formuladas ante los medios y el ministerio público en contra de Moreno Rivas, desde la que hizo la PGR por presuntamente haber mentido y alterado las evidencias en lo que consideraron un “autoatentado” en contra del entonces gobernador de Oaxaca, José Murat, en 2004.

Reforma retomó también los señalamientos sobre un supuesto involucramiento en la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y la persecución a militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); además de la denuncia pública que en 2010 hizo Aurora López Acevedo, como presunto autor material del plagio y violación en contra de esta lideresa de transportistas en Oaxaca.

El Subsecretario, que no había reaccionado a los señalamientos que circularon en las redes sociales en Colima, no se quedó callado ante el periodicazo de Reforma. Mandó una carta aclaratoria a ese diario, que firmó como doctor en Derecho, precisando que “son falsos todos los hechos” que ahí se le imputan:

“En el señalamiento del evento en contra del entonces Gobernador de Oaxaca, no se fincó ninguna responsabilidad en contra del que suscribe.

“En relación al señalamiento de la desaparición de dos integrantes del EPR, un servidor tampoco es culpable, por ello, ni siquiera fui requerido por parte de alguna autoridad ministerial para aportar información al respecto.

“En relación al señalamiento del C. Flavio Sosa, se realizó una investigación que involucró a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno que prestaron servicio en las fechas de los hechos señalados, sin resultar ningún tipo de responsabilidad en contra del suscrito.

“Sobre el plagio y violación que denunció en su momento la Lic. Aurora López Acevedo, en este caso -como en los anteriores- se trata de un señalamiento sin sustento, prueba de ello es que ni siquiera fui requerido ante la autoridad en relación a los hechos denunciados toda vez que nunca se interpuso denuncia ante la autoridad correspondiente”.

Finalmente, como curándose en salud ante la descalificación que el folclor político resumiría en la frase: ‘lo acusan de represor, no de tarugo’, Moreno Rivas afirma que: “Durante mi labor como servidor público siempre me he desempeñado con honestidad y apego a los derechos humanos”.

DE QUE SE VE MAL, SE VE MAL:

Para muchos, los solos señalamientos a Manuel Moreno deberían poner en entredicho al gobierno que lo empleó. A otros lectores les satisfará saber que nunca le probaron nada. No faltará quién pregunte si puede haber policías que no sean de mano dura.

Lo cierto es que Moreno Rivas no ocupa un cargo cualquiera. La Subsecretaría ni siquiera estaba contemplada en el organigrama de la SSP, y cabe suponer que fue creada expresamente para él a mediados de agosto de 2016, en el entendido de que sus conocimientos y experiencias resultarían ideales para la labor estratégica que habría de desempeñar en el área de Operaciones.

Tanto en la empresa como en la milicia, un gerente o en su caso jefe de Operaciones debe encontrar los modos de hacer a la estructura más productiva y eficaz, preparando presupuestos, programando acciones, controlando inventarios, manejando la logística y supervisando al personal. Se trata de que resuelva los problemas rápida y eficientemente.

En otros tiempos, cuando a los políticos se les mataba a periodicazos, una campaña de información o, si hemos de creerle al funcionario, de desinformación como ésta, habría hecho inevitable la renuncia de Moreno Rivas. Pero el gobernador Ignacio Peralta consideró “subsanadas” las dudas sobre su pasado en el servicio público en Oaxaca.

Según la nota de Ángel Guardián, el mandatario estatal consideró “inventos” lo publicado en Reforma, y aseguró que estos señalamientos quedaron debidamente aclarados con la carta de Manuel Moreno al diario capitalino.

“La misma aclaración ya se hizo, ya se dio, sale publicada el día de hoy por la propia persona aludida y en ese sentido creemos que el tema ya está superado; es una aclaración que hizo el propio subsecretario y en esos términos queda ya”, dijo el Gobernador.

Peralta Sánchez descartó que estos antecedentes se hayan considerado en la evaluación que se hizo de la propuesta (entiendo que la hizo el propio secretario de Seguridad, contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez) para nombrar a Manuel Moreno: “…cuando se inventan cosas que no son ciertas, pues no las puedo tomar en cuenta”.

Con ello, JIPS evidenció su respaldo al titular de la SSP, aunque definitivamente al secretario Castaño le habría convenido que Moreno Rivas no asomara la cabeza. Calladito se hubiera visto más bonito.

Después del escándalo, ¿podrá el subsecretario remontar su mala fama?; ¿es suficiente con decir que nada se le pudo probar?; ¿cómo es que, siendo inocente, pudieron hacerse semejantes acusaciones en contra de un personaje que, por lo demás, es típico de una administración como la de José Murat, y antes como la de Ulises Ruiz, a quien un leído columnista llamaba en sus respectivos turnos “el desgobernador de Oaxaca”?

Me pregunto si la situación de inseguridad en Colima amerita la presencia de un policía con perfil de operador político, como el que tiene Moreno Rivas. Si las cosas están tan graves, como lo están todavía en la zona de Veracruz y Boca del Río donde Castaño Suárez estuvo al frente de la Policía Naval, probablemente sí. Pero de que se ve mal, se ve mal.

FE DE ERRATAS:

En la columna de ayer, cuando se recuerda que José Francisco Ruiz Massieu murió después de la muerte de Luis Donaldo Colosio, escribí: “fue asesino en 1994”. Lo correcto es que fue “asesinado” siendo secretario general del PRI, el mismo cargo al que se espera llegue por orden de prelación su hija Claudia.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.aacb2.com.

Estación Sufragio

En medio del desprestigio y de lo que llamó alguien, una auténtica conspiración contra los partidos, las principales fuerzas políticas del país se reestructuran, buscando fortalecerse o, en el último de los casos, sobrevivir. 

Para muchos mexicanos, el fin de la partidocracia es el siguiente paso en una transición democrática que primero nos trajo la alternancia. Mas, ¿podría realmente ser el próximo presidente de la república un ciudadano sin partido? Las condiciones de competencia que estos institutos políticos han creado para seguir siendo un requisito indispensable para la participación electoral, restan posibilidades al triunfo de un candidato independiente.

Otra cosa sería que el abanderado del partido que gane las elecciones presidenciales de 2018 no sea militante o ni siquiera simpatizante de esas siglas. Es decir, que el esquema del candidato externo que ya se vio en las legislaturas locales, el Congreso de la Unión o las gubernaturas, llegue al máximo cargo de elección popular.

Según la Constitución y la Ley General que regula a los partidos políticos, estos institutos que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y organizar a los ciudadanos para hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Sin embargo, en cuanto a marca, hoy en día la mayoría de los partidos suponen un lastre para cualquier eventual candidato. Pasaron de representar un valor agregado, un voto duro en el cual basar una aspiración personal con un determinado capital político, a suponer un costo político.

Para compensar esta economía de las siglas, el sistema de partidos ya probó estrategias como la de lanzar nuevas marcas que no arrastren el descrédito de los partidos tradicionales, o registrar candidatos comunes en alianzas o coaliciones.

Se habla de la mala fama de los políticos, incluso, de la degradación de toda la clase política, pero es la credibilidad de los partidos la que está por los suelos. Paradójicamente, en los últimos procesos electorales hemos visto surgir la figura del candidato-partido.

Este es un actor político que, como Andrés Manuel López Obrador, encarna en sí mismo todo lo que proyecta Morena como partido emergente, o como Enrique Alfaro, quien al refundar Movimiento Ciudadano en Jalisco se ha convertido en sinónimo de esa fuerza no sólo en su estado sino a nivel nacional, opacando al dueño de la franquicia: Dante Delgado.

Los teóricos de la política consideran a estos nuevos cabecillas un retroceso en la vida institucional. De hecho, en el discurso histórico del PRI se habla como momento fundacional el año 1929 cuando terminó la era de los caudillos y dio paso, con el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, a la era de las instituciones.

No olvidemos que el PNR fue refundado como Partido de la Revolución Mexicana en 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas terminó por someter a quien había sido el Jefe Máximo de la Revolución y fundador del partido de Estado, Plutarco Elías Calles. Y que en 1946 el PRM se transformó en el actual Partido Revolucionario Institucional, para eliminar todo rastro del cardenismo.

Desde esos años, con el interludio de la docena en que el PAN fue partido gobernante, el PRI sirvió a los intereses del mandatario en turno. Ya con Vicente Fox y Felipe Calderón en la Presidencia de la República, el PRI fue controlado por los gobernadores de extracción priista. Pero con Peña Nieto volvió el titular del poder ejecutivo a ser el jefe nato del Partido.

PEÑA NIETO YA QUIERE AL PRI:

Si alguna (sana) distancia hubo entre el Gobierno federal y el PRI se debió a la voluntad de estadistas que no se sentían identificados con el partido que los llevó al poder, o lo veían como un estorbo. Así pasó con Ernesto Zedillo y también se vio el desinterés de Peña Nieto hasta que, la semana pasada, Los Pinos dejó en claro que al partido lo controla el Presidente. No su presidente del comité ejecutivo nacional, Enrique Ochoa Reza, sino Enrique Peña, el primer priista de la nación.

En la residencia oficial se tomaron las decisiones que llevaron a la ex canciller Claudia Ruiz-Massieu Salinas a la secretaría de Organización del PRI, en sustitución del senador Arturo Zamora, quien se registró como candidato de unidad a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, uno de los sectores pilares del PRI, cuando fue inviable la llegada del ex gobernador de Oaxaca, José Murat, quien terminó refugiándose en la Fundación Colosio, sin duda por la voluntad presidencial.

EPN fue también quien determinó que Carolina Monroy renuncie a la secretaría general del CEN, a donde subirá por prelación la sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari e hija de José Francisco Ruiz Massieu, el ex gobernador de Guerrero que fue asesino en 1994, luego del magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, cuando fungía como secretario general del PRI y se apuntaba para coordinar la bancada tricolor en San Lázaro.

De frente a las elecciones de este año, cuando se disputará el estado de México, uno de los baluartes que le quedan al PRI, entre otras gubernaturas, y ante la perspectiva de perder la presidencial de 2018 si no corrige el rumbo, la administración Peña Nieto toma el control del Partido. Si bien, tal vez sea para evitar que las huestes se desborden cuando el mexiquense negocie la entrega del poder.

Acción Nacional es el partido cuya marca conserva todavía un mayor prestigio que el de sus cuadros. La eventualidad de que se aplique la ley del péndulo de un sistema bipartidista y los panistas regresen a Los Pinos, hace más violenta la disputa interna. Pese a todo, la militancia del blanquiazul está más acostumbrada a estas riñas y, por más dura que resulte la competencia por la candidatura presidencial entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala, la unidad se restaurará.

Por lo pronto, los alcances de una concertación del PAN con Peña Nieto se verán en el Edomex, donde le pagarán a Josefina Vázquez Mota el favor de si no haber servido como una candidata testimonial, sí haber dividido el voto antiPRI en los comicios de 2012.

EL PRD BUSCA SOBREVIVIR:

Para el PRD el asunto no es la reivindicación del Presidente de la República como líder natural del partido, ni la oportunidad de usar la ventaja de las siglas para competir por la jefatura del Estado, como en el PAN. El tema es la sobrevivencia.

En el Sol Azteca ya quedó claro que el dilema es si irán con López Obrador o, definitivamente, pierde el Partido de la Revolución Democrática su posición como tercera fuerza electoral, la principal de izquierda. Al final, los perredistas se hartaron de los afanes entreguistas de los Chuchos y, sin medir las consecuencias, militantes distinguidos se han pronunciado por Andrés Manuel como candidato presidencial, olvidándose de la alternativa que pudo representar en algún momento el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Miguel Barbosa Huerta, coordinador de la bancada del PRD en la cámara alta, no fue el primero en decantarse por el Peje. Antes de él se habían ido a Morena los senadores Mario Delgado, Rabindranath Salazar y Zoé Robledo. Y cinco más de un grupo en el Senado que originalmente conformaban 22 legisladores, se fueron a otras fuerzas o se declararon independientes.

AMLO acaba de anunciar que rumbo al 2018 más líderes del PRD e incluso del PAN y del PRI se unirán a su movimiento. Y la verdad, le creo.

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.aacb2.com

Desde la Curul 26

El tratar de echarles la mano a los presidentes municipales de Cuauhtémoc y Tecomán, Rafael Mendoza Godínez y José Guadalupe García Negrete ‘Lupillo’, respectivamente, el Congreso del Estado estuvo a un tris de que fueran sancionados por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En toda esta novela que se ha tornado el asunto de las sanciones a los alcaldes que infringieron la ley y fueron hallados responsables de haber realizado proselitismo en favor del candidato perdedor a la gubernatura, por el Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez, la Sala Regional Especializada, llamó la atención al Congreso local.

El hecho de haber congelado el expediente de Rafael Mendoza Godínez y de haber extraviado la resolución referente a Lupillo García Negrete, por poco les cuesta la chamba a los diputados locales, que fueron apercibidos en dos ocasiones para que resolvieran ambos asuntos.

Se quedaron a un tris de que de haber llegado el tercer apercibimiento, posiblemente hubiera venido acompañado de la destitución por desacato de todos los diputados integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislativa y el ordenamiento para que fuesen llamados los suplentes de los tribunos que hoy están en funciones.

En el caso de Rafael Mendoza, como se lo mencioné en la colaboración anterior, al haberse entrampado la propia mayoría panista allá en el mes de febrero y principios de marzo , instaurándole ellos mismos juicio político al edil de Cuauhtémoc, que dicho sea de paso, que encuerada ha estado dando a los integrantes del partido que lo cobijó (PAN), de que lo iban a cubrir con el manto de la impunidad y que por eso no acudió a defenderse ante la Comisión de Responsabilidades… por ese solo hecho debiera irse, por bocón.

Solamente en la cabeza de Rafael Mendoza tuvo cabido el salir a decir que él no aportó pruebas ante la Comisión de Responsabilidades, porque se confió, y que él no se defendió, porque “alguien por allá” (en Acción Nacional), le había comentado en el Partido blanquiazul, le iban a echar la mano.

Por eso desde el 10 de marzo del 2016 (estamos a cuatro días de que se cumpla un año), cuando le instauraron el juicio político, el edil cuauhtemense creyó que era parte del ofrecimiento de que harían como que hacían, cuando en realidad no le iban a hacer nada.

Por eso pasaron las semanas y luego los meses, fue hasta allá por el mes de junio o julio, cuando el PRI, manda una comunicación a la Sala Regional Especializada, solicitándole información acerca de en qué había quedado el procedimiento sancionador en contra de Rafael Mendoza, (a Lupillo García Negrete, no lo metieron en esa solicitud de información), pues el PRI consideraba que se estaban burlando de un ordenamiento que había girado al Congreso, para que aplicaran la sanción, sin embargo habían trascurrido en aquellas fechas entre 5 y 6 meses de que habían sido notificados y no se había cumplido la resolución.

La Sala Regional Especializada, manda un oficio al Congreso local, solicitándole si se había cumplimentado lo que ellos habían mandatado, y pedían que les informaran en qué términos se había hecho, y también le turnaran copia al Partido Revolucionario Institucional, para que estuvieran enterados.

Fue hasta ese momento cuando la Comisión de Responsabilidades vuelve a citar nuevamente a Rafael Mendoza a comparecer, y respondieron a la Sala Regional Especializada, que aún seguían desahogando las pruebas, y enviaron hasta copias del último citatorio al alcalde de Cuauhtémoc, que se hizo posterior a haber recibido el oficio de la Sala Especializada.


El extravío del expediente de Lupillo


Bueno pues el Congreso no había salido aún del primer embrollo cuando se le acumula el otro, resulta que la Sala Regional Especializada, atendiendo otro oficio del Partido Revolucionario Institucional, éste le pregunta qué sucedió con la resolución emitida en contra de José Guadalupe García Negrete, pues desde el 17 de febrero de 2016, que habían resuelto el SER/PES/9/2016, pues a decir del Congreso del Estado de Colima, no habían sido notificados de la resolución.

La Sala Regional Especializada envía nuevamente otro oficio al Congreso del Estado de Colima, solicitándole información de los avances.

El Congreso del Estado tratando de pasarse de vivo respondió que no les había llegado la notificación, lo que provocó que la Sala Especializada, respondiera con otro oficio donde con pelos y señales les manifestó el día, la hora, el mes y la persona con que se entendió la diligencia de notificación de la sentencia, eso sucedió en el mes de agosto.

Vinieron los cambios y movimientos al interior del Congreso, donde salieron la Oficial Mayor panista y los directores de distintas áreas del Poder Legislativo, entre ellas la Dirección Jurídica, y la Dirección de Procesos Legislativos, y fue el nuevo Oficial Mayor quien tuvo que solicitarle a la Sala Regional Especializada, les enviaran copia de la Resolución, para poder actuar.

Los documentos llegaron hasta principios del mes de octubre, si no estoy mal, fue como el día 10, turnando de inmediato a la Comisión de Responsabilidades, para que iniciara con el juicio político en contra del alcalde de Tecomán.

Con ello vino el segundo apercibimiento de parte de la Sala Regional Especializada, pidiendo informara el Congreso si ya había cumplido con la aplicación de la sanción en contra de Rafael Mendoza Godínez, que le informaran las fechas y los términos en que se había hecho.

La respuesta fue que estaban próximos a cumplir lo ordenado, por eso fue que aceleraron el paso y el 25 de febrero se convocaron para erigirse en jurado de acusación para ya definir el asunto y turnarlo al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que este erigido en jurado de sentencia, aplicara lo que los legisladores habían aprobado como sanción.

El propio presidente de la Comisión de Responsabilidades, Riult Rivera Gutiérrez, confirmó que en este caso ya tenían dos requerimientos de parte de la Sala Regional Especializada para que ya concluyeran los juicios.

“Si nosotros nos tardábamos más en resolver, los sancionados íbamos a ser todos los diputados y probablemente iban a tener que llamar a los suplentes; estábamos a unos días nada más de que feneciera el término para poder emitir la resolución por nuestra parte. Entonces no hay de nuestra parte ninguna celeridad, como lo han tratado de hacer creer, en cada uno de los expedientes la prontitud necesaria, sin vulnerar el debido proceso”, destacó el presidente de la Comisión de Responsabilidades.


¿Quién escondió el expediente de Lupillo?


Dentro de todo este embrollo debería informarse, pero no solo eso, sino actuarse de manera legal, quién o quiénes fueron los responsables de “extraviar” la resolución notificada por la Sala Regional Especializada , de la sentencia emitida primero por la Sala Regional Especializada al expediente SER/PES/9/2016, el 17 de febrero, y enseguida la emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, radicada en el expediente SUP-REP-17/2016, de fecha 10 de marzo de 2016, donde se ratificó la responsabilidad de José Guadalupe García Negrete.

La notificación llegó a al Congreso y luego de perdió, se extravió o la escondieron, aquí lo interesante será saber ¿por qué no se fincaron responsabilidades al o a los, responsables de haber “extraviado” la notificación de la resolución?, ¿Quién recibió la instrucción de “extraviar” la resolución para “proteger” al alcalde de Tecomán?, ¿por eso fueron las remociones o destituciones de funcionarios?.... hay muchas interrogantes, nulas respuestas hasta el momento.

El hecho de “extraviar” un documento en el Poder Legislativo no es cualquier cosa, de esto es de lo que nos hemos dado cuenta, ¿habría otros anteriormente?

¿Sabe por qué fue encontrado responsable el alcalde de Tecomán?...

De acuerdo a la resolución aprobada por unanimidad por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, relativo al “…proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano distrital 9 de este año, iniciado por el Partido Revolucionario Institucional en contra de José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima; con motivo de su asistencia y participación en día hábil en un evento del otrora candidato del Partido Acción Nacional a gobernador en dicha entidad federativa, lo que presuntamente implicó la vulneración al principio de imparcialidad y la coacción del voto a través del condicionamiento de programas sociales”.

“En principio, el proyecto precisa que al concatenar el conocimiento del propio servidor público municipal denunciado, con las pruebas que obran en el expediente se tiene por acreditada la asistencia y participación del presidente municipal denunciado en el evento partidista”.

“En ese contexto, la ponencia considera que la asistencia del presidente municipal infringió el principio de imparcialidad al tratarse de un día hábil, dado que el evento denunciado fue abierto y se realizó en una comunidad que pertenece al municipio, en el cual José Guadalupe García Negrete es Presidente Municipal; por lo que su asistencia y el mensaje que dirigió a los asistentes a favor del otrora candidato del Partido Acción Nacional revisten una trascendencia especial, dada la investidura que le confiere su cargo como servidor público frente a la ciudadanía.”

Por esa causa la Sala Especializada dio vista al Congreso del Estado, para aplicar las sanciones y actualmente la Comisión de Responsabilidades está desahogando el juicio político. Hasta donde se sabe, contrario a lo realizado por Rafael Mendoza, “Lupillo” García, ya está respondiendo los citatorios que le han hecho y ya entregó un primer documento.

Seguramente en breve volverá a ser citado para que se realice el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, para que posteriormente la Comisión de Responsabilidades proceda a hacer el análisis y entregar el expediente completo al presidente de la mesa directiva del Congreso para que convoque a Sesión para erigirse, en jurado de acusación donde se analice la sanción que se impondrá al alcalde de Tecomán.

Le anticipo que esto no será durante este período de receso, sino que será hasta el mes de abril cuando pudiera estarse convocando a los diputados a erigirse en jurado de acusación.

Riult Rivera, ha señalado que el trabajo que están realizando es “sin vulnerar las etapas que nos está imponiendo la normatividad, tratamos de ser muy garantes de los derechos humanos; muy garantes del debido proceso y claro que de las garantías individuales de todas y todos los que están ahí, sus nombres contenidos en los expedientes, señalados por el Órgano de Fiscalización o por algún otro motivo, en espera de que analicemos si procede o no procede algún tipo de sanción”.

Eso sí, de manera tajando ha señalado que “no haremos acuerdos en lo oscurito, ni tampoco hacemos justicia a modo. Ni tampoco esperamos que nos echen la mano, porque somos una mayoría; hacemos lo que tenemos que hacer y hacemos lo que creemos que es lo mejor para la sociedad”, así de sencillo.



Para cerrar…



Antes de concluir déjeme comentarle que este día estaba convocada la Sexta Sesión Extraordinaria del Período Interproceso 2017, del Tribunal Electoral del Estado, donde habría de presentarse el proyecto de resolución definitiva del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-02/2017 y su acumulado RA-01/2017, promovido por Miguel Ángel Núñez Martínez, ex secretario ejecutivo del consejo general del Instituto Electoral del Estado y por el Partido Nueva Alianza.

Bueno la sesión se suspendió de último momento y este lunes habrán de reunirse los magistrados para discutir para cuando vuelven a citar, pudiendo ser este martes.

La causa de la suspensión se deriva de que surgió un asunto que no estaba considerado y que podría tener relevancia por estar relacionado con el sentido de la resolución. Por lo pronto hoy no habrá sesión en el Tribunal Electoral del Estado.

Por otro lado comentarle que este lunes a iniciativa de la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, se reunirán las integrantes de la comisión que preside, que es una de las encargadas de analizar los perfiles de las mujeres que se harán acreedoras a los reconocimientos que otorgará el Congreso del Estado, en nueve ramas distintas.

Al cerrarse la convocatoria se recibieron 20 propuestas, hoy se estarán definiendo a las 9 triunfadoras, para elaborar el acuerdo correspondiente y plantearlo a la mesa directiva de la Diputación Permanente el próximo miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para que se convoque a sesión extraordinaria solemne para entregar dichas preseas.

También comentarle que hoy a partir de las 8:30 horas, habrá ceremonia cívica en la explanada de la Plaza “Bandera Nacional”, que se encuentra entre los Palacios Legislativo y Judicial. La ceremonia de este día estará dedicada al “Día Internacional de la Mujer”.

Se me quedó mucho material en el tintero, pero ya habrá tiempo de irlo desahogando, por el momento aquí le paramos, pero estaremos a la expectativa “Desde la Curul 26”, para comentarle lo más trascendente y de interés para usted.

Estación Sufragio

El estudio “Riesgos potenciales de salud por consumo de agua con arsénico en Colima, México” tuvo un objetivo: “Estimar los riesgos potenciales de salud debidos a la ingestión crónica de arsénico (As)” en el agua de pozo en nuestro estado.

Para ello: “Se muestrearon aleatoriamente 36 pozos en 10 acuíferos locales. El análisis se hizo mediante ICP-OES siguiendo estándares internacionales. Se realizó una interpolación geoestadística con ArcGIS, implementando un modelo de ponderación del inverso de la distancia, para estimar la ruta de exposición de consumo en cada localidad. Se calcularon los coeficientes de peligro (HQ) y riesgo carcinogénico (R)”.

Y los resultados obtenidos fueron que: “El HQ promedio ponderado de As para Colima es 2.41. Existen valores de HQ>1 para As que indican efectos adversos no carcinogénicos para la salud por ingestión continua y prolongada de agua; esto podría afectar a 183, 832 individuos en el estado. El riesgo calculado de desarrollar cáncer debido a las concentraciones de arsénico en aguas subterráneas (R) es de 1.089E-3; estadísticamente esto podría ocasionar 446 casos de cáncer”.

Por lo tanto, la conclusión es que: “Los niveles actuales de arsénico en el agua de pozo incrementan los riesgos carcinogénicos y no carcinogénicos de salud humana en Colima”.

Eso es lo que indica el resumen (abstract) del documento que fue publicado en la revista del Instituto Nacional de Salud (Volumen 59, Número 1, Enero-Febrero de 2017), cuya autoría corresponde a los investigadores de la Universidad de Colima, Julián Barrón-Quintana, Herguin Benjamin Cuevas-Arellano, Pilar Escalante-Minakata, Ramón Solano-Barajas y Oliver Mendoza-Cano, este último además, junto a Ramón Alberto Sánchez-Piña, adscrito al Center for Health and the Global Environment, Department of Environmental Health, Harvard TH Chan School of Public Health, en Boston.

Al final del estudio, los científicos de la Universidad de Colima tuvieron cuidado en aclarar que: “Los porcentajes de pozos que incumplieron con los límites de As varían significativamente dependiendo de si se aplica la norma mexicana o las normas internacionales”.

Esto es: “La norma oficial mexicana (NOM-127-SSA1-1994) establece un máximo permisible de 0.025 mg/L, mientras que el límite permisible por la OMS y la USEPA es de 0.01 mg/L; por lo cual sería conveniente evaluar los impactos económicos y de salud, además de homologar este límite con el resto del mundo, medida que requeriría de un estudio a nivel nacional”.

El dato es importante porque: “De haberse tomado como referencia el límite permitido para As por la OMS y la U.S. EPA (de 0.01 mg/L) en el agua potable, únicamente el nivel más bajo de As hubiera estado dentro del rango aceptable; los cuatro niveles restantes presentaron concentraciones por encima de ese parámetro internacional, incluso el nivel de concentración más alto presentó rangos ocho veces más altos que el parámetro marcado”.

Ahora bien: “Con respecto a los niveles de As analizados conforme a la NOM-127-SSA1-1994, se observaron concentraciones de arsénico fuera de norma en dos pozos ubicados en el centro de la ciudad de Colima, con alta densidad poblacional. Lo anterior originó que el factor de riesgo se incrementara en la determinación estatal”.

Sería importante saber cuáles son eso esos dos pozos y a qué zonas de la capital llega esa agua, porque: “Se estimó que 446 personas se encontraban potencialmente en riesgo de presentar algún tipo de cáncer por el consumo crónico de arsénico, sin embargo, esto no necesariamente indica que la enfermedad se presentará. Algunas personas que desarrollan la enfermedad puede que tengan pocos o ninguno de los factores de riesgo conocidos”.

AGUA QUEMADA:

Independientemente de la interpretación que hizo la prensa de los resultados del estudio, se trata de una investigación científica, publicada en una revista arbitrada, cuyos resultados deberían servir como referencia para futuras investigaciones porque fueron obtenidos con base en una metodología.

No obstante, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) hizo una declaración desconcertante, al afirmar que el estudio “no tiene fundamento legal ni validez oficial… toda vez que los resultados de este análisis provinieron de un laboratorio que no funge como tercer autorizado”.

Es decir, las muestras del citado estudio que se realizó en 2013 en 8 municipios y 36 fuentes de abastecimiento de agua, fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola Médica y Ambiental, que no funge como tercero autorizado.

La Cofepris cita el estudio de un laboratorio (ABC) que sí es tercer autorizado, cuyos resultados dictaminaron como “no detectado” arsénico en el agua de pozo. “Es decir, se descarta por completo que el agua de Colima esté contaminada de arsénico o de cualquier otro mineral”.

Según la Cofepris, “el Sistema Federal Sanitario cuenta con un proyecto de Calidad Fisicoquímica del Agua, en el que se determinan los tres parámetros contaminantes en el agua: Flúor, Plomo y Arsénico, y de acuerdo a los Mapas de Riesgos de la Comisión Nacional del Agua, nuestro estado no se considera de riesgo por estos contaminantes”.

Curiosamente, el estado de Jalisco que abraza el territorio de Colima sí aparece en el mapa elaborado por la Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua de la Conagua, como zona de estado como una zona con presencia de arsénico en sus acuíferos. Y en Jalisco nace el río Ayuquilla (en El Grullo) que se prolonga hacia el territorio de Colima como río Armería, cuyos niveles de contaminación por metales pesados está documentada por la Comisión de la Cuenca del Río Ayuquilla-Armería.

Lo que no está claro son las fuentes de esa contaminación. Se especula que la actividad volcánica contribuye a que haya presencia de estas sustancias. Pero también pudiera ser el efecto de una actividad agrícola sustentada en el uso intensivo de agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas, que toma agua del río y luego la devuelve. Cuando no esos metales pesados sean desechos de la industria azucarera.

En las redes sociales muchos colimenses se preguntan si esa contaminación de las aguas corrientes afecta a los mantos acuíferos, esto es, si el agua del manantial de Zacualpan está libre de metales pesados. Cuando se enteró de lo que arrastra el río Armería, un buen amigo mío dejó de comprar garrafones de agua embotellada en Colima, porque estaba seguro que la purificación no eliminaba esos componentes cancerígenos. Y a partir de entonces consumió sólo botellas de agua procesadas en otras partes del país.

Aunque descalifica al laboratorio que procesó las muestras, la Cofepris no pudo menos que hacer sonar las alarmas. Y ya anunció que solicitará a los organismos operadores de agua referidos (en concreto a la Ciapacov) que “realicen un análisis de los parámetros que se establecen en la Modificación a la citada NOM-127-SSA-1994”. 

AGUA DE TLACOTE:

Siendo los autores del estudio en su mayoría investigadores de la Universidad de Colima (de la Facultad de Ingeniería Civil y la de la Ciencias), el pánico generado por la difusión de los resultados obligaron a la máxima casa de estudios del estado a fijar una posición sobre los riesgos que conlleva el consumo de agua potable en Colima.

Alfredo Aranda Fernández, coordinador general de Investigación Científica de la UdeC, dijo en entrevista que el texto del artículo “Riesgos potenciales de salud por consumo de agua con arsénico en Colima, México”, publicado por la revista Salud Pública de México, “presenta algunos problemas de interpretación” y que por eso mismo “no es concluyente”.

Aranda fue duro con sus colegas, y se arriesga a que lo refuten porque él podrá ser coordinador general de Investigación Científica pero no es un especialista en estas materias (su área de investigación es la Física de Partículas), mientras que los firmantes del estudio tienen sus respectivos doctorados en Ciencias Médicas, Ciencias del Ambiente, Ciencias de la Tierra, Biotecnología o Teledeteccción.

Sin embargo, con la autoridad administrativa que le da el cargo, Alfredo Aranda afirma que al estar mal realizadas algunas interpretaciones en el artículo, las conclusiones a las que llegaron sus autores no son válidas. Error de interpretación, aclaró, “no significa que los investigadores hayan querido mentir; se equivocaron, nada más, es algo que sucede comúnmente”.

No es para tanto, matiza: “el conocimiento se va construyendo a través de cometer errores e irlos corrigiendo”. El problema en este caso es que el tema se relaciona con la salud. Y ante lo delicado, lo que se hizo antes de emitir algún juicio rápido, fue enviar el estudio a otros investigadores, expertos en estadística, para que lo revisaran. Con las respuestas enviadas por los expertos, que no se dan pronto, se tomó entonces una posición institucional, “sobre todo por las repercusiones que esto tiene a nivel social”.

MÁS CLARO, NI EL AGUA:

¿Qué sacamos en claro de todo esto? Que la norma mexicana, como en otros aspectos ambientales, es mucho más laxa que la internacional, según se cree para atraer inversiones y, quizá, para evitar incurrir conscientemente en situaciones que están dañando los ecosistemas y afectando a las poblaciones humanas.

En todo caso, lo que sabemos es que si usted toma agua de alguno de los dos pozos del centro capitalino, cuyos niveles de arsénico superan no sólo la concentración permitida por la Organización Mundial de la Salud, sino también por la Norma Oficial Mexicana, puede que se enferme de cáncer, puede que no, todo depende de sus propios factores de riesgo.

Es urgente que la Universidad de Colima inicie un nuevo proyecto de investigación sobre la calidad del agua para consumo humano en Colima, que corrija los resultados obtenidos por este primer equipo multidisciplinario… o los confirme. El prestigio de sus académicos y su pertinencia como institución que genera conocimiento científico para el servicio de la sociedad que la sostiene con sus impuestos, lo demanda.

Cfr. http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/8413/11003

Estación Sufragio

Ya saben lo que dicen los abogados: un vaso de agua, una suspensión provisional y una co… mida, a nadie se le niegan.

La mayoría de los medios leyeron la suspensión provisional que el juzgado segundo de distrito otorgó a Rafael Mendoza, como si el alcalde de Cuauhtémoc simplemente hubiese ganado de tiempo.

Pero, ¿y si finalmente la justicia federal acaba amparando al edil panista contra actos de la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Colima, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del cabildo de esa municipalidad, que decretaron, confirmaron y ejecutaron la separación del cargo que ocupa Mendoza Godínez?

Dado el sesgo informativo que ha golpeado a Mendoza, por parte de una prensa que ya sentenció al presidente municipal, y a la falta de claridad en la expresión que caracteriza a los cuadros del blanquiazul, me atengo a lo que la cúpula del PAN hizo público en un comunicado:

Acompañados del interesado, la coordinadora jurídica del CDE, Isis Carmen Llerenas Sánchez, y de las regidoras del ayuntamiento de Cuauhtémoc, el presidente del Partido Acción Nacional en el estado, Enrique Michel Ruiz, y el secretario general del comité directivo, Víctor Manuel Torres Herrera, reconocieron que se le otorgara esta suspensión provisional a Rafael Mendoza “puesto que el presidente no ha cometido ningún acto que vaya en contra de los ciudadanos de Cuauhtémoc, sino todo lo contrario: ha estado trabajando arduamente, comprometido con su municipio y con su gente”.

Michel Ruiz, dos veces candidato a la Gubernatura y ex alcalde de Colima, invitó a los medios de comunicación para que informen a los cuauhtemenses sobre la situación actual de su alcalde, en el sentido que sigue al frente de la administración, despachando en las oficinas del Ayuntamiento.

La abogada del Partido reconoció que se trata de una suspensión provisional, no de un amparo de la justicia federal, aun cuando dicha figura de protección temporal tiene efectos para cualquier sanción como la que estableció el Congreso local (bendijo el STJE) y ejecutó el Cabildo.

Rafael Mendoza señaló, por su parte, que no se le ha notificado personalmente para que acuda a tribunal alguno. Por cierto, en los círculos políticos se comenta que la separación del cargo tenía que hacerla efectiva el Tribunal Electoral, cuando recibiera de vuelta el expediente del juicio político. El Congreso, por lo visto, adelantó vísperas.

Como sus compañeros en la mesa de esta rueda de prensa, el Alcalde no se salió del guión. Reiteró que lo que obtuvo es una suspensión provisional, curándose en salud a un eventual reclamo por celebrar un triunfo anticipado en este juicio político que le inició el Congreso como respuesta a la sentencia que dictó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encontrándolo responsable de parcialidad en el proceso electoral extraordinario de Gobernador, obviamente a favor del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado.

Quizá debí decir, obviamente no a favor del candidato del PRI, José Ignacio Peralta Sánchez, cuyo gobierno se ve ensombrecido por lo que se mira, desde cierta perspectiva, como una venganza política.

Desde la otra orilla, también es cierto, se ve la destitución e inhabilitación de Rafael Mendoza como manotazo en la mesa, una demostración de la fuerza que está concentrando el titular del Poder Ejecutivo como jefe político de la entidad a un año de gobierno y pese a no haber podido enjuiciar a su antecesor Mario Anguiano; como un contragolpe tras haber hecho un cambio significativo en su gabinete (removiendo al ex rector de la UdeC, Carlos Salazar, de la Secretaría de Salud) y haberse desembarazado del ex gobernador Fernando Moreno, que le hacía sombra.

Sin embargo, para que esta (auto) afirmación del régimen de Peralta Sánchez funcione, es necesario que la sanción a Mendoza (y la que ya anunció Riult Rivera en contra del edil de Tecomán, Lupillo García Negrete, por similares motivos) se sostenga. Si se cae, la administración de Nacho sufrirá un revés imagológico (es decir, en su imagen pública) con resultados contraproducentes y todavía incalculables.

Es el problema —me dice un analista político de aguda visión— de que el gobernador Ignacio Peralta haya hecho suya la agenda de una de las facciones del panismo en Colima: la que encabeza su primo Pedro Peralta Rivas, y a la cual pertenecen los tres diputados del blanquiazul que votaron a favor del dictamen para destituir e inhabilitar a Mendoza.

Tanto el dirigente estatal del PRI, Rogelio Rueda, como el coordinador de los diputados del tricolor, Federico Rangel, han invertido tiempo y declaraciones en demostrar que la sanción contra el munícipe se ejecutó en el ámbito del Congreso y el Ayuntamiento, y que es una acción del Poder Legislativo, no del Ejecutivo.

Pero nos engañaríamos al negar que el dudoso mérito (por antidemocrático y revanchista, aunque eso sí, muy legal) de hacer una purga de los alcaldes que simpatizaron con el senador Preciado, quien opuso una feroz resistencia al arribo de JIPS a Palacio, le corresponde al régimen de Ignacio Peralta.

Es el Ejecutivo quien, de acuerdo a la tradición política y la costumbre del poder en México, pagará con cargo a su legitimidad los costos políticos de la maniobra, pero también podría, en abono a su gobernabilidad, beneficiarse de la acción.

Sin embargo, el analista al que me refiero y cuyo nombre me guardo porque no pedí autorización para citarlo, amén que lo hago de memoria, sostiene que no es de Nacho la estrategia sino de la facción peraltista del panismo colimense.

Pedro Peralta no sólo está buscando empatar los cartones por el gol que le anotó el grupo de Jorge Luis al quedarse con la dirigencia estatal, sino también comerle dos alfiles al senador Preciado (Mendoza y Lupillo) en el ajedrez político hacia 2018.

El juego en el que participan los panistas de Colima es de la liga nacional, poco tiene que ver con ajustes de cuentas de las elecciones generales de 2015 o la extraordinaria para Gobernador de 2016, sino con la presidencial de 2018.

Hay que reconocerle a Peralta Rivas su olfato para detectar que en los comicios presidenciales del año próximo, donde el dilema político será votar o no por López Obrador, el PAN lleva mano en el acuerdo tácito con el PRI de hacer un frente unido en defensa del neoliberalismo. El candidato oficial sería del blanquiazul y la postulación priista meramente testimonial.

Y esos acuerdos tendrán que aterrizarse en los estados a través de asociaciones como la que se da entre el más priista de los panistas, como lo bautizó José Luis Santana, y lo que pudiera ser el gobierno priista más panista de la historia.

Es una jugada arriesgada. Por lo pronto, Pedro le acaba de dar argumentos a Jorge Luis Preciado para acelerar la expulsión de Acción Nacional de todos los peraltistas.

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. También puede leer esta columna en el sitio web de Carvajal Berber: www.aacb2.com

 

Desde la Curul 26

Con el asunto ese del alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, anda tan hecho bolas, que un día dice una cosa, y al otro dice otra y antes había dicho otra muy diferente, y lo peor es que está enredándose en su propia maraña de mentiras donde ya se le cuatrapearon las fechas y anda todo entrambulicado.

Cuando el cuatro de febrero del año 2016, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, POR UNANIMIDAD de votos de los magistrados y la magistrada que la integran, determinó que Rafael Mendoza Godínez, “infringió el principio de imparcialidad”, ya que había participado en un evento de campaña del dos veces candidato perdedor a la gubernatura Jorge Luis Preciado Rodríguez, su participación “…fue efectuada por el servidor público denunciado en día hábil…”.

Y agregaba que “…la referida situación constituye una conducta injustificada contraria al principio de imparcialidad, ya que su presencia generó una situación de influencia indebida; sin que ese hecho se encuentre justificado, dado que, aún y cuando refiera que su participación fue en carácter de ciudadano y había solicitado licencia para separarse de su encargo, ello es insuficiente para generar una excepción a la regla general de que los funcionarios públicos no deben asistir en días hábiles a actos de proselitismo político electoral, precisamente por la situación de inequidad y de parcialidad que pueden generar en su papel de servidores públicos”.

Bueno, cuando la resolución fue notificada al Congreso del Estado, en aquella época, aún manejado por Jorge Luis Preciado, que movía a su antojo las piezas del Poder Legislativo donde el Partido Acción Nacional, por primera ocasión en toda su historia tenía el manejo total de la Cámara, dio la orden para que no se sancionara a Rafael Mendoza.

Personalmente acudió (una de las tantas veces que fue cuando era mayoría el PAN) y se reunió con la Oficial Mayor del Congreso, con algunos diputados de esa bancada, entre ellos, Julia Jiménez Angulo, que era la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, y Hugo Vergara, director Jurídico del Congreso, entre otros y ahí dio la instrucción.

La orden fue tajante “las mayorías mandan y para eso somos mayoría”, diría a los asistentes a esa reunión.

Uno de los asistentes se atrevió a proponer que, derivado de que la Sala Regional Especializada no había especificado una sanción para aplicar al alcalde de Cuauhtémoc por la existencia de la infracción a la normativa electoral y que lo procedente era dar vista al Congreso del Estado de Colima, podían cumplimentar ese mandato elaborando un dictamen en donde solo se aplicara como sanción una amonestación privada.

Cabe hacer notar que en febrero del año pasado, si bien estaban distanciados, aún guardaban las formas para mantener la mayoría del grupo legislativo del PAN, aunque ya empezaban a verse fisuras, derivado de la intervención del Senador Preciado, que era quien en realidad daba las órdenes a través de sus subordinados colocados en áreas estratégicas.

Se les hizo bolas el engrudo…

Dicen los que estuvieron cerca cuando ocurrió aquello, que incluso se elaboró un dictamen que lo iba a hacer suyo la Comisión de Responsabilidades que presidía Julia Jiménez, para lo cual Jorge Luis Preciado mandó a su alfil en el Congreso, Luis Ladino para que transmitiera la orden del senador.

Sin embargo cuando ya estaba elaborado el dictamen a finales de febrero, las cosas dieron un giro cuando nuevamente la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, emite una nueva sentencia, ahora para sancionar al alcalde de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, por razones muy parecida: haber intervenido en actos proselitistas en favor de Jorge Luis Preciado, durante la elección extraordinaria para gobernador del estado.

Cuando fue notificada la sentencia en contra del alcalde de Tecomán, se llegó incluso a grado tal que “se les perdió” el documento y siempre, la instrucción que había dado quien mandaba en Acción Nacional fue en el sentido de que “no hemos sido notificados, no ha llegado nada de “Lupillo”, tratando de encontrar la solución.

Hubo una nueva reunión para avisarles que había una contraorden y que siempre no presentarían ningún dictamen, ni la amonestación privada para Rafael Mendoza, sino que se instaurara un juicio político y se dejara correr el tiempo, para que durmiera el sueño de los justos y transcurrido un año archivarlo.

Es decir fueron los propios panistas los que le armaron el juicio político a Rafael Mendoza, que además hay que decirlo, si bien ganó por las siglas del PAN, él no es panista, si no chequen el padrón de militantes, no debemos olvidar que él era consejero del Partido de la Revolución Democrática ¿o ya se les olvidó?

De esas decisiones ya no se tomaba el parecer de la coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN y a la vez presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la diputada manzanillense, Martha Leticia Sosa Govea, por eso aquél 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Jesús Fuentes Martínez, Enrique Michel Ruiz y Jesús Dueñas Llerenas, acudieron al Congreso del Estado, a informarle que Jorge Luis había dado la orden de que hubiera cambio de coordinador de la bancada panista, y que a partir de esa fecha había sido designado el diputado Luis Ladino Ochoa.

De las primeras acciones que impulsó el nuevo coordinador de la fracción, fue que la Comisión de Responsabilidades le iniciara un juicio político a Rafael Mendoza, aunque ahora dice que lo que había negociado con Julia Jiménez, es que todo quedaría en amonestación privada. El juicio político se inició el 10 de marzo del 2016.

El boquete que se produjo con la salida de Martha Sosa de la coordinación del PAN y de la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno, fue tal que desde aquél momento el grupo mayoritario de Acción Nacional, comenzó a fragmentarse, y es que cada vez era mayor la intromisión de Jorge Luis Preciado, que lo único que faltó fue que le instalaran oficina.

Pero en cada sesión lo primero que hacía Ladino era acercarse a los diputados y mencionarles que  “dice el Senador”, o “dice Jorge Luis que hay que votar así”, en cada uno de los asuntos que se ponían a discusión.

Hay un responsable de todo esto…

Llegó a tanto la intromisión de Preciado Rodríguez, que por eso “tronó” la bancada azul… los tres diputados que se convirtieron en “independientes” ya no aguantaron más estar bajo el yugo del senador panista, que no siquiera los ecuchaba, solo les mandaba la orden de como sufragar.  Ahí comenzó el fin… era el mes de junio del año pasado.

Dicen que la ambición cada vez más desmedida del Senador Preciado, fue lo que provocó que los distintos grupos al interior de Acción Nacional comenzaran a levantar la voz para exigirle al comité ejecutivo nacional, que publicara la convocatoria para llevar a cabo la reestructuración del comité estatal del PAN, pues Jorge Luis, ya se había adueñado de este instituto político.

Desde el mes de marzo, después de sacar a Martha Sosa de la coordinación del PAN, enseguida removió a Enrique Michel, al que ahora impuso como presidente estatal, lo quitó de la Secretaría General del CDE, ofreciéndole a cambio que le darían chamba como Auditor Especial de Obra en el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, aunque para ello se violara la Ley, pues al ser ingeniero civil, no tenía el perfil para ocupar ese cargo.

Poco importó, la mayoría panista pisoteaba otra vez la ley.

Los militantes de viejo cuño del PAN, se empezaron a preocupar ante la desbordada ambición del senador Preciado, por lo que empezaron a presionar para renovar el comité estatal, pero buscar a alguien que tuviera opción real de triunfar y que no fuera manejado por Preciado… así empezó a crecer Julia Jiménez.

Cuando en junio el PAN pierde la mayoría de diputados, las cosas dan un vuelco… hay una nueva conformación de las presidencias de las comisiones legislativas y Acción Nacional pierde el control absoluto.

Ahí comenzó a escribirse la historia contra el alcalde de Cuauhtémoc, porque los asuntos que estaban durmiendo el sueño de los justos, empezaron a activarse, y algo que interesaba a la nueva mayoría que dominaba el Congreso, era sacar el asunto de Rafael Mendoza.

La bancada del Partido Revolucionario Institucional, empezó a presionar incluso a la Sala Regional Especializada, por el hecho de que transcurrían los meses y la sentencia en contra de Rafael Mendoza Godínez, encontrado responsable de delitos electorales, seguía sin acatarse, por lo que el Tribunal Electoral, remitió un oficio para que el Congreso le informara qué había sucedido, por eso empezó a darle celeridad, pues la Sala Especializada en su notificación dejaba entrever que de no acatarse la sentencia, podían incurrir en algún tipo de responsabilidad los diputados y ser sancionados ellos.

Por esa razón es que se tuvo que reactivar el asunto de Rafael Mendoza, que debo comentarle que confiado en que el PAN tenía mayoría en el Congreso del Estado, siempre le apostó a la impunidad pues su amigo Jorge Luis Preciado, siempre le hizo creer que su manto protector siempre lo cobijaría, por eso no siquiera se molestó en tratar de defenderse.

Nunca pasó siquiera por su mente que algún día podían perder la mayoría y cambiar las cosas, por eso ahora que ha sido juzgado anda peor que las cucarachas en quemazón.

Mentira tras mentira…

El grupo del Senador Preciado, éste incluido, así como el presidente del comité estatal y el propio Rafael Mendoza, se la han pasado reconociendo que sí es culpable “pero nomás poquito” y se quejan de que fue exagerado el castigo.

Lo peor, que el alcalde de Cuauhtémoc, anda llorando por todos los rincones, cuando en el momento en que se le siguió el juicio en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, nunca controvirtió los hechos que se le imputaban, es decir, nunca presentó ninguna prueba para demeritar las acusaciones de su asistencia y participación en los actos proselitistas, ni el contenido de las manifestaciones que se le atribuyeron.

Tampoco objetó las pruebas que se presentaron en su contra, sino que simplemente se constriñó a negar el carácter con el que acudió a los eventos y el haber incurrido en actos de proselitismo, señalando que sus actuaciones se realizaron fuera de sus funciones públicas.

También desde el dirigente estatal del PAN, Enrique Michel; el senador Jorge Luis Preciado, los abogados que vinieron a Colima del CEN y el propio alcalde de Cuauhtémoc, han mentido cuando afirman que en la resolución de este procedimiento especial sancionador, la Sala Superior ordenó al Congreso únicamente aplicar una sanción administrativa o una multa, cosa por demás falsa.

El resolutivo dice: “SEGUNDO. Se declara la existencia de la infracción a la normativa electoral, por parte de Rafael Mendoza Godínez, presidente municipal de Cuauhtémoc, Estado de Colima, en relación a su asistencia y participación en actos proselitistas los días nueve y once de enero, en los términos precisados en la presente ejecutoria”.

¿De dónde sacan los panistas que la Sala Especializada dijo que solo lo amonesten o lo multen?

 Los panistas se les ha olvidado que en 2003, se le anuló la elección ganada por el candidato del PRI a la gubernatura, el profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes, por aquél discurso de cierre de campaña del gobernador Fernando Moreno Peña, que solo dijo “quien no va derecho, se lo lleva la Procuraduría…”, esa sola frase fue suficiente para anular la elección.

Y qué decir en 2015, donde por el dicho de Rigoberto Salazar Velasco, se anuló el triunfo de José Ignacio Peralta, en la elección ordinaria de junio de 2015.

Si en esos casos se han castigado anulando la elección ¿por qué aquí, si se comprobó la participación de Rafael Mendoza, por qué no se le debe aplicar la ley? La Sala Regional Especializada, lo encontró culpable de delitos electorales, entonces ¿por qué en su caso no debe aplicarse la ley?

El alcalde Mendoza, dijo que el castigo es elevado, ¿ya les preguntó a los priístas, cómo consideraron el castigo cuando se les anularon las elecciones?

Rafael Mendoza lo que tiene que hacer es dejar de hacerse la víctima, o el mártir y dejar de mentir, pues cuando se iba a desarrollar la sesión en el Congreso del Estado, los mensajes que estuvo subiendo a las redes sociales, eran que “…me van a destituir y a inhabilitar, que porque he robado… bla, bla, bla”, lo cual era una vil mentira, le ocultaba la verdadera causa a sus simpatizantes

El presidente municipal de Cuauhtémoc sabe por qué está siendo sancionado y no es por la manera en que ha trabajado por su municipio, sin embargo, debe responsabilizarse de sus actos.

En fin Mendoza Godínez está viviendo su propia viacrucis, y con los recursos que interpuso, donde seguramente cree que su amigo Jorge Luis, podrá intervenir para que lo exoneren, cosa que no creo factible, lo único que está haciendo es prolongar su agonía. Pero bueno, todos tienen derecho al pataleo.

Si bien el Juzgado Segundo de Distrito le concedió una suspensión provisional, --que no es el amparo--, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió una controversia constitucional, eso no quiere decir que ya ganó. Yo no sé qué va a decir si tanto la Suprema Corte, como el Juzgado de Distrito, resuelven de manera adversa al edil de Cuauhtémoc.

Por lo pronto ayer no asistió a la audiencia de vistas celebrada en el salón de plenos del Supremo Tribunal de Justicia, para que aportara sus pruebas y desahogara lo que hubiere a su favor.

Le están dando una segunda oportunidad para el lunes 6 de marzo a las 13:00 horas, si no aprovecha las oportunidades, que luego no se ande quejando… por lo pronto lo que le puedo decir es que esta historia continuará.

Para cerrar…

**A moquetiza verbal le puso Riult Rivera al coordinador de la bancada del PAN, Luis Ladino Ochoa, en la última sesión del primer período ordinario de sesiones el pasado martes 28 de febrero, fueron nueve minutos de una pieza de oratoria que fue tal la paliza que en determinado momento el diputado Ladino, se arrellanó en la curul, tratando de hacerse lo más chiquito que se pudiera, como queriendo desaparecer… ya en otra entrega le estaré dando a conocer el contenido, pero de veras, yo creo que ni en los mejores tiempos de Ladino, cuando era de los “giritos” de la Info-R, le habían pegado tal bailada.

¡Ah! pero eso sí después de la moquetiza, todavía regresó por más, pero ya Riult se compadeció y ya no quiso ensañarse más.

**Por hoy aquí le paramos, ya en la siguiente entrega le estaré manejando cómo cerró el primer período ordinario del segundo año de ejercicio constitucional esta Legislatura, que ya llegó a la mitad del camino…

**Finalmente para concluir quiero que se me permita presentar mis sinceras condolencias a la familia de don Ramón Castañeda Bazavilvazo, ex diputado de la Quadragésimo Cuarta Legislatura, que el pasado domingo 26, se nos adelantó en el viaje sin retorno, a todos sus hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, hermanas, hermanos, les hago llegar un respetuoso abrazo, y mi solidaridad, deseando que pronto encuentren la paz y la resignación ante tan terrible pérdida.

Don Ramón me distinguió con su amistad y nos quedó pendiente una entrevista, además de que era uno de mis asiduos lectores, haciendo incluso comentarios muy acertados sobre lo que yo escribía, además de que siempre compartía mis columnas y otras colaboraciones.

Descanse en paz don Ramón.

Estación Sufragio

Consumada, a menos que la justicia federal la revoque, la destitución que hizo el Congreso local del alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, en el ánimo justiciero del furioso (como todos los conversos) diputado panista Riult Rivera, presidente de la Comisión de Responsabilidades, está el presidente municipal de Tecomán, Guadalupe García Negrete.

Rivera, uno de los tres panistas que votaron la remoción de Mendoza Godínez, señaló hace unos días que el caso contra Lupillo “no está concluido”. Y adelantó que en un plazo de 15 días –a partir del momento de la declaración– podría llevarse a cabo el juicio político que, como contra Rafael, tendría que hacerse también en sesión secreta.

Entrevistado por Juan Carlos Flores, el representante del primer distrito local y uno de los cuadros del PAN que se identifica con la corriente de Pedro Peralta Rivas, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró responsable a edil tecomense de haber participado en un evento del entonces candidato a la gubernatura, Jorge Luis Preciado, el 12 de enero de 2016, durante la elección extraordinaria.

La resolución de los magistrados determinó, según Riult, que Lupillo “distrajo sus actividades laborales para acudir a un acto proselitista en el Jardín de la comunidad de Caleras, pues el hecho de que gozara de licencia no convierte el día en inhábil, ya que eso depende de la legislación y la reglamentación correspondiente, mas no de la voluntad del propio servidor público”.

Y, finalmente, dijo que la Sala Especializada ordenó dar vista al Congreso del Estado de Colima con motivo de la responsabilidad del presidente municipal para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho.

Para el secretario del Ayuntamiento de Tecomán, Salvador Ochoa Romero: “Es lamentable decir que hay una responsabilidad acreditada del presidente municipal de Tecomán y que hay un delito electoral, sin garantizar un principio de legalidad”.

El funcionario municipal destacó que el legislador es parcial cuando adelanta un juicio político en cuanto la responsabilidad del alcalde tecomense, porque se viola el principio de legalidad de ser oído y vencido en juicio, como lo establecen esos ordenamientos.

“Sería bueno ilustrarle al diputado que México ha asignado varios tratados internacionales a los cuales está obligado de acuerdo a la convencionalidad -que esperamos que sepa que es la convencionalidad- y decirle que una de las garantías judiciales que se establecen es que toda persona se presume inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

Ya metido en la pugna interna del Partido Acción Nacional, el secretario de la Comuna dijo que “nosotros vemos una mala intención y una imparcialidad de parte del diputado Riult, esperamos que se rodee de asesores que conozcan la materia jurídica y que le enseñen los criterios de interpretación constitucional que existen porque no hay un delito electoral, como tampoco hay una responsabilidad en la magnitud que él lo está tratando de manifestar”.

Y añadió: “Lo invitamos a que desahoguen pruebas, a que se sigan las instancias correspondientes y en su momento se demostrará todo lo contrario, pero de momento que no se hagan declaraciones de manera parcial porque eso nos demuestra una mala voluntad y una mala intención de su parte”.

Para Ochoa Romero, hay “mala intensión” en el caso que “curiosamente” apresuran los legisladores “Creo que son motivos de tipo político-electoral porque ya viene el 2018, quizás le ven potencial [a Lupillo] por el trabajo que han realizado y ante ese temor tratan de buscar la manera de inhabilitarlos para sacarlos de esa carrera política”.

Cuestionó que haya asuntos que tienen más tiempo en el Congreso y que no se han resuelto, como la participación en la elección extraordinaria del secretario de Desarrollo Social y del entonces procurador, quienes incurrieron en un delito electoral. “Ojalá nos dijera el diputado Riult qué se ha hecho o por qué no se ha hecho nada”.

“¿Por qué razón se pone el acelerador en el asunto de Cuauhtémoc y Tecomán, mientras en otros asuntos que están ahí no se ha puesto mayor empeño en resolverlos?”, preguntó a Riult Rivera.

Por ejemplo, está el asunto de los diputados de la anterior legislatura que recibieron un bono de 100 mil y 50 mil pesos, indistintamente, por horas extras, “y se hablaba de que iba a haber una sanción, pero la hubo en lo oscurito con una amonestación muy privada que no paso a mayores. ¡Obviamente ellos no tenían futuro electoral!”

Salvador Ochoa Romero sabe de lo que habla. Ha llevado la defensa jurídica de García Negrete desde que el PRI presentó la denuncia. Y aunque finalmente el TEPJF incluyó a Lupillo junto a Rafael Mendoza en la lista de funcionarios con responsabilidad por delitos electorales, a diferencia de los abogados del alcalde de Cuauhtémoc que simplemente dejaron correr los plazos, Ochoa Romero litigó cada una de las fases y logró llevar el proceso hasta la Sala Especializada. En contraste, a Mendoza lo sentenciaron en primera instancia.

Su advertencia de que no se puede adelantar un resultado en el juicio político sin que Lupillo sea oído y vencido, rebela su intención de exhibir todas las potenciales irregularidades en las que el Congreso podría incurrir por querer destituir e inhabilitar a García Negrete por la vía del fast track, como hicieron con Mendoza.

Por lo demás, mientras la carrera política de Rafael Mendoza parecía haber llegado a un callejón sin salida pues ya fue diputado local por Cuauhtémoc (electo con el registro del PRD) y alcalde de ese municipio, siendo su aspiración más viable volver a ser congresista esta vez con los colores del PAN, Lupillo García es un buen prospecto para la candidatura del blanquiazul a la diputación federal por el segundo distrito.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en el sitio web de Carvajal Berber: www.aacb2.com

Tarea Política

Al Partido Acción Nacional en Colima le tarda mucho tiempo en caer el veinte. Tuvieron que pasar doce largos meses para que sus dirigentes descubrieran la conspiración orquestada por José Ignacio Peralta para cobrarles a la mala, a lo chino,  la paliza electoral que sus candidatos le propinaron a él y a sus compañeros de fórmula en las elecciones del domingo 07/06/2015. El primer golpe perpetrado con cañonazos peraltistas de millones de pesos provenientes de los bolsillos de los colimenses fue la cooptación de los mercenarios diputados locales ahora priindependientes Nicolás Contreras Cortés, Francisco Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos. El segundo, el amancebamiento de Riult Rivera Gutiérrez, Julieta Jiménez Angulo y Crispín Guerra Cárdenas, trio que tuvo que abrirse de capa, descararse, en el affaire Rafael Mendosa Godínez, alcalde panista de Cuauhtémoc a quien la pandilla liderada por el casi seguro Record Guinness Cevichero le aplicó por sus pistolas la muerte política  en el ámbito electoral local cuando de una simple amonestación pública o separación temporal del cargo no debió haber pasado.

Hay que recordar que el mismo ajusticiado alcalde cuauhtemense hace semanas expresó que tuvo la corazonada de que le iban a dar cuello. Para tratar de librar la guillotina peraltista sucumbió ante las amenazas que le hizo la excandidata a presidenta del CDE del PAN, Julia Jiménez Angulo, obligándolo a mantenerse al margen del reciente proceso electivo interno panista.  “De hecho en el proceso interno yo me mantuve al margen por lo mismo, porque prácticamente ya se me había amenazado de que si yo participaba, ahí tenía un proceso (…) que me acordara que yo tenía un proceso”, confiesa quien a pesar de haber ‘copelado’ le dieron cuello los cómplices de Julia. Al menos el chino Le Zhenli Ye Gong no ‘copeló’. Por blandengue quedó como el gallo chinampo.

Nadie descalifica la sentencia SER-PSD-6/2016 emitida por  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que instruye al Congreso del Estado a  proceder conforme a derecho contra Rafael Mendoza Godínez, alcalde de Cuauhtémoc, por violaciones a la normativa electoral cometidas en enero de 2016, pero se les pasó la mano a los diputados locales peraltistas al separarlo inmediata  y definitivamente del cargo e inhabilitarlo para ocupar otros equiparables en los próximo siete años, sanción a todas luces desproporcionada. La orden emitida por Sala Regional Especializada en Materia Electoral  obligaba al Congreso del Estado a llevar a cabo un procedimiento que derivara en una sanción, en un castigo, que pudo haber sido amonestación pública, multa económica, vestirlo de charro o china poblana, emplumarlo, tiznarlo, pero nunca jamás fusilarlo políticamente como lo han hecho. Definitivamente se les pasó la mano. Y es que el proselitismo realizado por Mendosa Godínez a favor de Preciado Rodríguez no fue determinante para el resultado de le elección extraordinaria que ganó por muy amplio margen José Ignacio Peralta.  

El mismo golpista Riult  Rivera Gutiérrez se cura en salud ante la corrección de plana que pueden recibir  quienes se ensañaron con Rafael Mendosa Godínez,  al apuntar que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, erigido en Jurado de Sentencia, “deberá calificar la actuación del propio Congreso del Estado, y de encontrar algún tipo de elemento que considere inadecuado, tendrá que hacer los señalamientos jurídicos correspondientes”.

El alcalde Mendosa Godínez continúa en funciones en espera del desenlace final de la conspiración peraltista. A pesar de que se le movió el cuero poniendo con ello en riesgo el triunfo de Enrique Michel Ruiz, el Comité Directivo Estatal que preside lo apoyará jurídica y políticamente a morir. Además de presentar  una Controversia Constitucional ante el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, tramitar amparos ante la Justicia Federal e   impugnar el resolutivo de marras ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “apoyará las manifestaciones que decida el pueblo de Cuauhtémoc en defensa de su alcalde”. No coman ansias, la madre de todas las batallas del PAN-Colima contra la “ofensiva gubernamental en los momentos en que el PAN estaba tratando de construir puentes de entendimiento con el Gobierno”, apenas empieza. Y José Guadalupe García Negrete, presidente municipal de Tecomán, puesto y dispuesto está a entrarle al mismo baile.

EL ACABO

*Para la Delegada Especial del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro, el Congreso del Estado fue utilizado como un instrumento para revanchas políticas contra el alcalde Rafael Mendoza Godínez; debió haberse llevado un procedimiento administrativo en lugar de un juicio político; la participación de Rafael no influyó en el resultado de la elección; y la sanción ameritaba amonestación o, si acaso, una suspensión temporal porque no hubo desvíos de fondos y su participación no influyó en los resultados de la elección”. A ver quién la contradice, pero con argumentos sustentados, no con vociferaciones. 

*Las cosas como son: la burda, desaseada y delincuencial intervención del desesperado José Ignacio en la vida interna del PAN-Colima; la cooptación de media docena de diputados locales blanquiazules que ha hecho con dinero del pueblo; y el golpeteo sistemático con todos los medios a su alcance de los alcaldes también panistas de Colima, Héctor Insúa García; Coquimatlán, Orlando Lino Castellanos; Cuauhtémoc, Rafael Mendosa Godínez; y Tecomán, José Guadalupe García Negrete, evidencian a un gobierno que privilegia los golpes sucios, bajos,  sobre la civilidad y el libre juego democrático.

*Los priistas cuauhtemenses no deben echar las campanas al vuelo al creer que tienen ya allanado el camino para regresar a la alcaldía de su municipio con la hermana de la senadora ‘juanita’  Mely Romero Celis. Aún en el supuesto de que lograran impedirle a Rafael Mendosa Godínez contender por la reelección, éste les volverá a ganar la partida en 2018 con otro buen candidato o candidata que llegue a respaldar. Al tiempo.

Estación Sufragio

Para la delegada especial del CEN del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro, la sanción aplicada a Rafael Mendoza –destituirlo como alcalde de Cuauhtémoc e inhabilitarlo por siete años para ocupar un nuevo cargo público– es excesiva y desproporcionada al daño cometido.

Finalmente, apunta la también ex candidata a la gubernatura, los actos de proselitismo que realizó el entonces edil panista a favor de Jorge Luis Preciado no influyeron determinante en el resultado electoral. Vamos, la elección extraordinaria de Gobernador la ganó Ignacio Peralta. 

Zepeda insiste en que el delito electoral cometido por Mendoza Godínez –señalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– ameritaba un procedimiento administrativo, no un juicio político.

Subraya la cabeza del Sol Azteca que Rafael Mendoza “no robó ni causó daño al erario”, como sí han hecho otros contra los que no se ha procedido legalmente ni con la agilidad que amerita el caso (en clara referencia al ex gobernador Mario Anguiano).

Y ella misma llega a la conclusión que este castigo desmedido lo aplicó un Congreso local donde tres diputados panistas decidieron jugarle las contras a su partido y, específicamente, al senador Preciado.

Lo que dijo la dirigente perredista coincide puntualmente con lo que el domingo expresó Rafael Mendoza en rueda de prensa. El removido alcalde de Cuauhtémoc se quejó que esta sesión “a puerta cerrada y con un cerco de seguridad para evitar la entrada de cualquier persona”, fue similar al “juicio de un criminal de alta peligrosidad y no [el] de un ciudadano que siempre ha actuado de forma apegada a la ley y con el único objetivo de hacer buen trabajo”.

Mendoza señaló que la sanción debió ser administrativa, no un juicio político como el que se le hizo, además de establecer su defensa en el fundamento de una administración que “ha trabajado limpiamente, sin robar un sólo peso y siempre con el compromiso para su gente”.

Finalmente, recalcó que algunos diputados se prestaron para este juego sucio, traicionando directamente al Partido Acción Nacional. Por eso, se informó que por haber participado en este jurado de acusación en contra de un alcalde emanado de AN, el comité estatal del PAN ya prepara la expulsión de los diputados Riult Rivera, José Santos y Crispín Guerra, pues desobedecieron  la orden de que no se presentaran a la sesión del Congreso.

Sin embargo, es de esperar que estos nuevos procesos se estanquen como estancados están los procedimientos de expulsión en contra de Gabriela Benavides, Pedro Peralta Rivas y otros tantos militantes que, supuesta o acreditadamente, operaron para hacer perder al candidato del PAN en la elección ordinaria o en la extraordinaria.

Con su voto razonado, los tres diputados panistas que aprobaron el dictamen que establecía la grave sanción para Mendoza le dieron la razón a los diputados oficialistas que sostienen que no se trató de una venganza política sino de una justa interpretación de la resolución del TEPJF, y que la prueba es la votación diferenciada.

Este acto de indisciplina, por lo demás, muestra las grandes fisuras en el monolito que debiera ser el principal partido de oposición en Colima. Para colmo, los detractores del PAN pusieron en duda la unidad partidista con base en la ausencia en esa misma rueda de prensa de importantes figuras del panismo, como Martha Sosa, entre otros congresistas locales, las diputadas federales Gretel Culin y Eloísa Chavarrías, así como las alcaldesas Gabriela Benavides (Manzanillo) y Yulenny Cortés (Villa de Álvarez).

Si bien está anunciada una nueva conferencia de prensa para este martes 28 de febrero, en la del domingo fue evidente que no hay una  idea clara acerca de cómo realizar la defensa jurídica del acalde depuesto. La destitución estaba cantada y parece que la plana mayor del panismo se quedó a la expectativa, confiando en que el régimen de Peralta Sánchez no se atrevería a tanto. Y, pues sí, se atrevió.

Eso sí, Jorge Luis Preciado aseguró que hubo una reunión en días pasados a la que asistieron el gobernador Ignacio Peralta, el coordinador de diputados del PRI, el Delegado de la Secretaría de Gobernación, alguien del Tribunal de Justicia del Estado y Pedro Peralta, “primo” de Nacho, además de “los diputados que se dicen ser de nuestra fracción, encabezados por Riult Rivera”.

En esa reunión, afirmó Jorge Luis, se afinó la “estrategia para desestabilizar y dañar al partido y a sus funcionarios”, y de alguna manera vengarse porque “con el triunfo del Ing. Enrique Michel Ruiz” en la elección de dirigente estatal,  “el partido conservó su esencia y con ello obstaculizó que el PRI Gobierno se apoderara de Acción Nacional en Colima”.

En síntesis, según el Senador, la remoción de Mendoza no es más que una de esas “acciones desesperadas [de Pedro Peralta] para desacreditar al PAN”, con “amenazas a los presidentes municipales y hostigamiento a los demás funcionarios con la intención de apoderarse del Partido”.

Cuando se plantean los temas de deslealtad, indisciplina o franca rebeldía en las filas de Acción Nacional, los aludidos o aquellos que se colocan el sombrero por sí solos alegan que el blanquiazul es un partido que demanda convicción, no obediencia ciega. Sostienen que son un partido de cuadros, no de masas. Y que desde su fundación mantiene un esquema de afiliación individual, no sectorial o corporativa como lo hizo el PRI.

Los panistas pueden explicar por qué cada quién jala para su lado, según le convenga, apelando a la libertad de conciencia y a la falta de línea, pero lo cierto es que el PAN ha fracasado en cada uno de los intentos que han hecho por lograr la alternancia en Colima… precisamente por la falta de unidad. 

Inseguros de que puedan alcanzar la gubernatura, muchos panistas o políticos que llegan a los cargos de representación popular con los colores del PAN, apuestan a corto plazo y aseguran sus beneficios personales en lugar de trabajar por un objetivo institucional.

No es un defecto de la militancia estatal, la pugna por la candidatura presidencial pulveriza las estructuras partidistas a nivel nacional ante la posibilidad de que Peña Nieto le herede el poder al más priistas de los gobernadores panistas, Rafael Moreno Valle, o, entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya, al más antilopezobradorista de los aspirantes del blanquiazul.

 Mi correo: carvajalberber@gmail.com. También puede leer esta columna en el sitio web de Carvajal Berber: www.aacb2.com

 

Estación Sufragio

Perfectamente enmarcado en los aspectos legales, la destitución del alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, no deja de ser un asunto político. Por más que invoquen una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el juicio –como lo indica su nombre- es político.

Y un juicio político conlleva la voluntad política de contrariar a los electores de Cuauhtémoc que pusieron a Mendoza en la presidencia municipal. Eso implica que los costos políticos serán para el régimen que encabeza Ignacio Peralta. Pero también que los beneficios electorales que este golpe político genere con vistas a los comicios de 2018, podrían ser capitalizados por el partido en el gobierno –suponiendo que éste es el PRI.

Rogelio Rueda, dirigente estatal del tricolor, y Federico Rangel, coordinador de la bancada priista en el Congreso local, han demostrado las determinaciones jurídicas que llevaron a sancionar al edil por haber realizado actos de proselitismo a favor del candidato del PAN (Jorge Luis Preciado) en la elección extraordinaria de gobernador. Pero tendrían que reconocer también que hubo voluntad política para hacerlo.

Voluntad política que, cabe decir, no tuvo el Partido Acción Nacional cuando era mayoría en el Congreso y controlaba todas las comisiones, incluida la de Responsabilidades donde los diputados del blanquiazul iniciaron la secuencia de acontecimientos que redundarían en la destitución de Rafael Mendoza.

Por una mala asesoría jurídica (ofrecida por abogados que durante toda su vida profesional habían fungido como consejeros legales del PRI), en lugar de acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que consideró al munícipe culpable de violar el principio de imparcialidad y turnó su caso a la Legislatura para que lo castigara, la diputación panista decidió iniciar al alcalde un juicio político cuando simplemente pudo haberlo amonestado públicamente.

Voluntad política para sacar a Mendoza del Palacio Municipal es la que manifestó la mayoría oficialista (integrada por los diputados del PRI, los legisladores del Verde y Nueva Alianza, más los tres independientes que antes alineaban con la bancada del PAN, y cuya cooptación fue resultado de una ¡operación política!) al interpretar la ley y optar por un criterio local que manda destitución inmediata, cuando podrían haber remitido el asunto al TEPJF, y que la remoción del alcalde fuera efectiva hasta que ese tribunal cerrara el caso, según el criterio federal.

A los priistas probablemente les preocupó la posibilidad de que los magistrados electorales tardaran muchos días en revisar el expediente, al ser un asunto de trámite. Y que el proceso contra Mendoza se extendiera más allá del 10 de marzo, cuando se habría cumplido un año de iniciado el juicio político y, en ese momento, las sanciones quedaran sin efecto.

El PRI juega con los tiempos y con la inercia. Calcula que para 2018 ya se habrá olvidado el tema o, por lo menos, se habrán apaciguado los ánimos. Y se va con la aviada, como decimos en Colima, de un juicio político que por torpeza iniciaron los propios panistas en contra de uno de sus alcaldes.

Aunque no debemos ignorar que fue el PRI quien presentó las denuncias contra Mendoza por participar en la campaña de Preciado. Y que, aun cuando el edil tenía en esos momentos una licencia para separarse del cargo, los abogados del tricolor demostraron que, en ese mismo periodo, para otros menesteres actuaba como presidente municipal en funciones.

Ejercer la voluntad política de castigar a un alcalde de la oposición tendrá costos políticos. Los más obvios se vieron el mismo sábado cuando el senador Jorge Luis Preciado y los cuadros del PAN que antes no hicieron mayor cosa por Rafael Mendoza, más allá de esperar que los priistas no remataran de cabeza la pelota que les estaba poniendo para gol, tomaron la carretera en protesta por lo sucedido en Palacio Legislativo.

El PRI de Ignacio Peralta (y el propio Rogelio Rueda que en aquel entonces era secretario general de Gobierno) tendría que haber aprendido del PRI de Mario Anguiano, cuando sufrió un revés por pretender sancionar a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno (ironías de la vida, hoy secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado), porque en una amplia interpretación de las reformas constitucionales y violando el obsoleto código civil, casó a parejas del mismo sexo.

El asunto de las bodas gais fue tema nacional y la edil perredista de Cuauhtémoc se volvió una figura reconocida más allá del estado. A eso apunta Rafael Mendoza quien, como Indira en su tiempo, no llegará a las primeras planas solamente como un munícipe perseguido por ser de oposición, sino con el antecedente de haberse enfrentado al gobernador en el contexto del aumento a las gasolinas.

(Más ironías, como diputado ciudadano de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza rompió con el PRD que le prestó su registro porque no estaba de acuerdo con los matrimonios igualitarios. En realidad, fue un pretexto porque aspiraba a la alcaldía y sabía que Indira Vizcaíno impulsaba a otra persona).

El numerito que hizo en diciembre el alcalde Mendoza afuera de las oficinas del SAT podría haberlo dejado en el ridículo por oponerse a lo inevitable, el aumento a las gasolinas bajo un esquema de liberalización de precios, de no haber sido porque el gobierno de Peña Nieto terminó reconociendo que un ajuste brutal en los costos de los combustibles mermó la popularidad del Presidente, obligando a su administración a rebajar los precios en unos centavos, en lugar de decretar el segundo aumento que ya tenían programado para hace unos días.

No faltará quién vea en la destitución de Rafael Mendoza no necesariamente el castigo a un alcalde por apoyar al candidato de su partido, sino la represión a un pionero en la lucha contra el alza indiscriminada en los precios de los combustibles.

En contraparte, esto supone algunas ventajas políticas y sobre todo electorales para el gobierno de Ignacio Peralta. Con semejante golpe de timón, JIPS manda distintos mensajes a diferentes destinatarios:

Al senador Jorge Luis Preciado, para empezar, líder moral del PAN, en el sentido que no le permitirán jugar con las ambigüedades de la ley y aprovecharse de ellas en 2018;

Al propio gobierno federal, con la cabeza de quien se burló de Peña Nieto;

Y a la clase política en general que lo cuestionaba respecto a su habilidad de usar las estructuras del poder (el PRI, sus partidos satélites y el Congreso) para imponer su autoridad.

Espero que en el horizonte de expectativas del gobierno estatal haya propósitos más elevados para aplastar la voluntad popular que hizo a Mendoza presidente municipal de Cuauhtémoc, que simplemente allanarle el camino a la alcaldía al diputado priista Octavio Tintos.

Tarea Política

Los buscadores del bien común, del servir y no servirse, antes de llegar al poder, se asumían sin pecado político original concebidos, pero en cuanto probaron las mieles de la presidencia de la República, las gubernaturas y las alcaldías, los tocó la ambición desmedida lanzándose como gatos al bofe tras el dinero público.

Con frenesí sinigual le entraron de lleno al tráfico de influencia, al aprovechamiento de la información privilegiada y a los negocios en grande, exactamente las mismas prácticas que siempre han caracterizado el actuar de los priistas, tal como lo ha reconocido públicamente la panista distinguida Josefina Vázquez Mota.

“Los priistas no cambiaron (ni cambiarán dijera Don Teofilito): son los mismos. Pero cuando nos vemos hacia adentro, los panistas no podemos ignorar una realidad que lastima y que nos ha provocado pérdidas electorales, pérdida de credibilidad y de confianza, pérdidas de militantes que no se reafiliaron por decepción y hartazgo.

Tenemos que reconocer que nosotros sí cambiamos: dejamos de ser el partido de la ética y la seriedad y comenzamos a emular al partido de siempre, ese que jamás cambiará”, sostiene la ex candidata panista a la presencia de la República, quien en su faceta de escritora le pidiera a Dios viudez de una serie de trabas afectivas que le impedían desarrollarse a plenitud.

La ahora precandidata a gobernadora del peñanietista Estado de México afirma que su partido se volvió tan corrupto como el Revolucionario Institucional: “Cuando la corrupción y el poder e intereses de ciertos grupos se impusieron a los principios, al interés de miles de ciudadanos y al interés superior que es México, entonces los ‘otros’ encontraron en sus contrapartes el camino para hacer de la política el soborno y la rendición.

Dentro de la propia casa del PAN a nivel municipal, estatal, y desde la propia dirigencia, en diversos momentos, se consintieron atropellos y también se protegieron”, comportamientos que se ha expresado en todo su esplendor en la rebatiña de cargos de elección plurinominal, empleos partidistas y en la administración municipal, tráfico de influencia, moches, etc., etc., y etc., a lo largo y ancho del país. Colima no es la excepción.

La dama del bien decir sabe de lo que habla, parece que estuviera pensando en el panismo colimense enfrascado en sus disputas intestinas, en sus deslealtades y traiciones, en su canibalismo interno, en el colaboracionismo con el supuesto acérrimo enemigo priísta, en los moches, en el auto otorgamiento de liquidaciones de cientos de miles pesos que sus dirigentes como Jesús Fuentes Martínez se hacen al dejar sus más que bien remunerados cargos, abuso que la nueva dirigencia del panismo estatal encabezada por Enrique Michel Ruíz debe revertir a la voz de ya obligándolo a regresar hasta el último peso que indebidamente de embolsó.

La primera condición para encontrar la salida de cualquier entrampamiento organizacional es reconocer los errores cometidos, las fallas, el meollo de lo disfuncional, el problema pues, tal como lo ha hecho la ex candidata panista a la presencia de la República Josefina Vázquez Mota, quien delinea con claridad del ideal a lograr: “El PAN tiene que ser una oposición que, con firmeza y sin complicidad, sea la voz de la ciudadanía; la alternativa sería tanto como renunciar a nuestra esencia y también a un presente y futuro de libertades, renunciar a la exigencia en el cumplimiento de la ley y de la estabilidad”.

“La amenaza a la viabilidad de las familias mexicanas es real. El PAN tiene que ser una oposición que diga sí a lo que realmente salvaguarda y promueve con dignidad y responsabilidad un mejor futuro para los mexicanos y rechazar con energía, con argumentos sólidos y propuestas, todo aquello que esté del lado de la opacidad y que signifique regresión o amenazas para los ciudadanos”.

“Ésa y no otra es la esencia del PAN que es imperativo rescatar”. Ojalá que esta línea de actuación también la comparta Enrique Michel Ruiz.


El acabo


La diputada federal plurinominal panista, Gretel Culin Jaime, ya dejó hablando solo a su compañero de bancada líder invicto en contiendas electorales plurinominales, Fernando “El rey de los moches” Antero Valle, a quien ha cambiado por el diputado local plurinominal Luis Humberto Ladino Ochoa, su nueva pareja en la fórmula de dos aspirantes a senadores de la República 2018-2024. El fin de semana anterior se les vio en precampaña en Tecomán.

Enrique Michel Ruiz, presidente del CDE del PAN, debe resistir a pie firme las presiones y acechanzas de sus propios compañeros de partido y las provenientes de los primos Peralta.

Estación Sufragio

Gracias a los colegas que me hicieron notar la paradoja que vivió la diputada del PVEM, Martha Meza, quien propuso la hoy vetada reforma al código penal que, según el gremio periodístico a nivel nacional, habría terminado siendo una “ley mordaza” como la que la Suprema Corte le echó abajo a Javier Duarte en Veracruz, pues busca sancionar penalmente el uso de las redes sociales para difundir información falsa sobre episodios de violencia con armas de fuego o explosivos, incluso bombas químicas y biológicas.

Meza no dudó en usar estas mismas satanizadas redes sociales para denunciar la desaparición de su hija adoptiva. De hecho, se activó la alerta Amber y como en la mayoría de los casos, afortunadamente, se comprobó que la niña no había sido raptada ni plagiada sino que se había ausentado de casa por motivos personales. En este caso, porque tenía miedo a un regaño por haber obtenido una nota baja en la escuela.

Las redes sociales demostraron también su papel contestatario frente a los medios formales luego que “el subsecretario de Operaciones de la SSP” en Colima, el teniente de navío Manuel Moreno Rivas, compareció ante el Diario de Colima para anunciar en una entrevista que se rehabilitarán las 24 casetas de policía que existen en la ciudad, y de las cuales 20 han estado abandonadas prácticamente desde hace dos sexenios.

La curiosidad periodística (¿o el celo porque un subordinado estuviera brincándose las trancas en una estructura, como la de la Secretaría de Seguridad Pública, donde la jerarquía está plenamente establecida?) llevó a más de algún colega a guglear el nombre del funcionario, y la pesquisa en internet compromete tanto el prestigio del funcionario en cuestión que al gobierno de Ignacio Peralta, a menos que haya un esfuerzo institucional para limpiar su imagen, se verá obligado a prescindir de los servicios de Moreno Rivas.

Pronto empezaron a circular en las redes sociales los enlaces a las noticias más escandalosas que empañan la fama pública del Subsecretario. Empezando por las acusaciones que el 16 de junio de 2010, en Oaxaca, formuló Aurora López Acevedo haciendo directamente responsables de su "levantón y violación" al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, como autor intelectual, y el ex director de la desaparecida Policía Ministerial oaxaqueña, Manuel Moreno Rivas, como uno de los ejecutores materiales.

López Acevedo fue coordinadora del Transporte en el sexenio de José Murat y parte del Comité de Financiamiento de la campaña de Ulises Ruiz Ortiz. Fue secuestrada la tarde-noche de un sábado para luego ser arrojada cerca de Ciudad Universitaria la madrugada del domingo. Según NVI Noticias, la víctima denunció:

"Eran tres personas que me jalaron al automóvil, y tres más que estaban en la casa habitación donde me llevaron, al final eran seis personas. Esa voz nunca se ve va a olvidar, era la del teniente Moreno Rivas…"


El derecho al olvido… y a la verdad:


El derecho al olvido que se ha legislado en Europa para que una persona pueda obligar a los buscadores a eliminar información falsa o difamatoria, le vendría bien al teniente Moreno Rivas para que desaparezcan Google, Yahoo o Bing los enlaces que llevan a notas como la del 11 de noviembre de 2010, en la que se asegura que:

“La empresa SPIA Seguridad Privada ubicada en prolongación de Melchor Ocampo en la ciudad de Oaxaca, propiedad según datos que trascendieron de Manuel Moreno Rivas y Manuel Vera Salinas, así como del occiso Aristeo Martínez López, fue intervenida por el ejército mexicano, para hacer una revisión del armamento, así como del personal que ahí labora.

“La revisión que según el encargado Antulio Contreras Martínez fue de rutina, tardó por más de una hora en la que participaron más de 50 elementos de la octava zona militar, cubiertos de la cara y con perros rastreadores.

“Manuel Moreno Rivas y Manuel Vera Salinas, teniente de infantería y teniente de navío respectivamente, han sido reiteradamente citados al haber participado en las caravanas de la muerte en el 2006 en contra de miembros del magisterio oaxaqueño, así como por haber dirigido el operativo en la detención y desaparición de los dos mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), llevado a cabo entre el 24 y 25 de mayo del 2007 en el barrio de la Soledad en Oaxaca, según ha sido denunciado por familiares de los dos guerrilleros”, cita el blog ‘Lucha de clases y proceso histórico’ una nota de Punto y Aparte Informa que, por cierto, ya desapareció del ciberespacio.

El nombre de Moreno Rivas y otra vez el de José Manuel Vera Salinas aparecieron de nuevo en la prensa oaxaqueña como candidatos a coordinar el grupo de 150 escoltas que custodiarían al actual gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa, quien tuvo que rendir protesta en una ceremonia casi a puerta cerrada, a la que tuvieron que desinvitar a los invitados especiales porque se esperaban gritos y sombrerazos.

Manuel Moreno Rivas fue jefe de escoltas del entonces gobernador José Murat Casab, padre del actual mandatario, y su nombre figura en los informes que presentó la misma Comisión de la Verdad que investigó la existencia de cinco fosas clandestinas, como presunto responsable de violar los derechos humanos durante los conflictos magisteriales de 2006.

Todas estas noticias aluden a señalamientos personales y no registran la réplica a la que tenía derecho en su defensa Moreno Rivas. Información oficial, sin embargo, es la que dio a conocer la Procuraduría General de la República en tiempos de Vicente Fox, el 5 de junio de 2004:

El subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Gilberto Higuera, manifestó la presunción de la PGR de que Murat se puso de acuerdo con sus subordinados para ocultar la verdad de los hechos ocurridos el 18 de marzo, y por ello se le investigaría por diversos delitos.

De acuerdo a la PGR, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca incurrió en diversas irregularidades y omisiones, como el hecho de no asegurar el vehículo en el que supuestamente fue atacado Murat, y no aplicar dictámenes criminalísticos ni análisis a las armas en los primeros días en los que tuvo la investigación en sus manos.

E informó que en el lugar de los hechos encontraron 39 casquillos percutidos por un arma corta de .9 milímetros, de los cuales 36 fueron percutidos por Manuel Moreno Rivas, jefe de escoltas de Murat; y los otros tres disparados por el arma de Juan Jiménez Morales, encargado de la seguridad del Gobernador.

De estos tiros, tres se impactaron en el parabrisas de la camioneta, pero todos ellos fueron disparados desde el interior del vehículo, sostuvo la PRG que entonces encabezaba el general Rafael Macedo de la Concha.

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. También puede leer esta columna en el sitio web de Carvajal Berber: www.aabc2.com

Estación Sufragio

Justo cuando por la aprobación de las adiciones al artículo 266 bis, Colima estaba a punto de ingresar en el mapa nacional de estados que tienen una “ley mordaza”, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que ejercerá su facultad constitucional de observar las reformas al Código Penal del estado.

El gobierno estatal invocó el artículo 40 de la Constitución Política de Colima que faculta al jefe del Ejecutivo para que, en un término no mayor de diez días hábiles, haga las observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad con los decretos que le envíe el Congreso del Estado para su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”.

De este modo, Peralta Sánchez le ganó por una nariz la carrera mediática a la fracción parlamentaria del PAN, que había presentado una iniciativa para derogar ese artículo pues “es necesario y urgente enmendar el actuar de este Congreso local”.

Al presentar la propuesta, la diputada Martha Leticia Sosa Govea consideró que de no hacer lo anterior “seríamos autores de una grave transgresión de los derechos humanos de los colimenses, así como estaríamos afectando los cimientos del Estado de Derecho que gobierna nuestra entidad”.

De acuerdo a la nota de Proceso, Sosa Govea indicó que se trata de un tema de alto interés que ya ha generado voces sociales e institucionales que la evalúan como equivocada, en términos de técnica legislativa, debido a los efectos sociales que trae, pero también por su naturaleza jurídica, pues se le equipara a la llamada Ley Duarte del año 2011 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dos años después.

Peralta decidió vetar una disposición legal con la que, según todas las lecturas, se podría criminalizarse el uso de las redes sociales. De hecho, la reforma está diseñada “para penalizar la alteración del orden público y castigar afirmaciones falsas a través de los medios de comunicación”, como escribiera una organización de periodistas.

FUE APROBADA AL VAPOR Y A CIEGAS:

La reforma fue aprobada durante la sesión ordinaria número 24, celebrada la tarde-noche del miércoles 15 de febrero pasado, prácticamente sin discusión por un Congreso donde el Ejecutivo tiene mayoría resultado de la incorporación de tres diputados ahora independientes pero que fueron electos con los colores del PAN, a una bancada oficialista compuesta por ocho diputados locales del PRI y sendos legisladores de Nueva Alianza y el Partido Verde.

Lo que el gremio periodístico y la sociedad civil han considerado una copia chafa de la llamada “Ley Duarte”, fue votada a iniciativa de la diputada del PVEM, Martha Alicia Meza Oregón. Y que un mandatario priista “observe” una ley impulsada por uno de los partidos que lo postuló a la gubernatura, hizo a muchos colimenses preguntarse por qué vetar una reforma que, para ser dictaminada y aprobada al vapor como ocurrió, debió contar con el visto bueno del jefe político del estado. Decenas de iniciativas permanecen en la congeladora, sin ser siquiera analizadas por la comisión respectiva.

Martha Meza está identificada con el delegado de la Semarnat y ex diputado federal del PVEM, Nabor Ochoa, y es contraria al grupo de políticos porteños que encabeza el diputado federal Virgilio Mendoza, actual dirigente estatal del Verde Ecologista, y al que también pertenece la alcaldesa panista de Manzanillo, Gabriela Benavides.

Es necesario hacer este fileteo de la estructura del PVEM para aclarar que Meza no pertenece al ala del partido del tucán más cercana al gobernador Peralta. De todas maneras, no se puede entender que la polémica iniciativa haya pasado inadvertida para el secretario general de Gobierno o para el consejero jurídico del Gobierno del Estado. No es solo que les hayan metido gol, es que la pelota les pasó entre las piernas.

La adición habría quedado al igual que tantas leyes absurdas e inoperantes que tenemos en nuestro marco jurídico, como letra muerta debido a la imposibilidad legal pero sobre todo política de aplicarla –resultaría imposible demostrar el dolo–, de no haber sido porque apareció en el radar de la prensa nacional que se encargó de compararla con la que promulgó el ex gobernador fugitivo de Veracruz.

ES COPIA FIEL DE LA FIRMADA POR DUARTE:

 

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C., Fapermex, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe. A. C., publicaron una carta en la que señalaban que “nuevamente las libertades de Prensa y Expresión en México, se ven amenazadas, cuando el H. Congreso del Estado de Colima, aprobó reformar y adicionar el Código Penal para el Estado de Colima, reformas y adiciones que violan las garantías Constitucionales de libre expresión y el derecho a la información, consagrados en el Artículo 7º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y para fundamentar la comparación, estas organizaciones gremiales recordaron en la carta que la enmienda de Duarte fue al artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz, que establece que:

“A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.

En Colima, con la reciente reforma al Código Penal para el Estado de Colima fue modificado el capítulo V, denominado “Perturbación del Orden Público”, y adicionado el artículo 266 Bis para imponer hasta cuatro años de cárcel y multa por un equivalente de cien a trescientas unidades de medida de actualización a:

“I. Quien con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto;

“II. Quien con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producido”.

En esa virtud, los gremios de periodistas demandaron al Gobernador que “ejerza su derecho de veto y no ordene la publicación de este decreto que viola las libertades más elementales de los mexicanos”, así como le exigieron al Congreso del Estado “rectifique su manera de actuar y derogue de inmediato este decreto”, dejando sin efecto las reformas.

Se le considera una “ley mordaza” porque facultaría a la autoridad a perseguir a quien haga uso de las redes sociales para llamar a movilizaciones, concentraciones y otras formas de protesta, así como a boicots y ataques coordinados contra instalaciones militares o edificios públicos en general.

No olvidemos que, con esta herramienta, se organizaron por ejemplo las manifestaciones que llevaron a la caída de gobiernos en el norte de África durante la llamada primavera árabe. Pero también los bloqueos y otros actos de vandalismo para tratar de impedir la captura de algún infame capo de la delincuencia en el vecino estado de Jalisco.

AQUÍ NO TENEMOS CIBERTERRORISMO:

A través de su página de Facebook y cuenta de Twitter, el mandatario estatal informó que tomó la decisión de vetar la adición, tras tomar en cuenta las consideraciones sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos similares en materia de libertad de expresión.

De acuerdo a la carta magna local, resume Proceso, cuando el Ejecutivo devuelve la ley o decreto con observaciones, pasará nuevamente a la Comisión para que previo dictamen sea discutido de nueva cuenta en cuanto a las observaciones hechas; y si fuere confirmado por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, o modificado de conformidad con las observaciones hechas, el proyecto tendrá el carácter de ley o decreto y será devuelto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación dentro de los siguientes cinco días hábiles.

Si pensamos que las leyes se hacen para atender una necesidad o resolver una problemática generalizada, no sabemos en dónde encontró Martha Meza elementos para suponer que era necesario castigar a quienes perturban el orden público con falsas noticias sobre ataques con armas de fuego o sustancias químicas, biológicas o tóxicas.

Este problema se vio en otros estados como una variante del ciberterrorismo, usado por las organizaciones criminales para crear pánico y “calentar la plaza”, es decir, entorpecer a un cártel contrario actividades tales como narcomenudeo.

En Colima lo que tenemos es un alto índice de llamadas de broma a los números de emergencia, concentrados desde hace unas semanas al 911. Pero eso no se va a solucionar metiendo a la cárcel a quienes ingenuamente (quizá hasta de buena fe) retuitén o reenvíen un mensaje con información falsa, sino con dispositivos electrónicos para detectar la ubicación del teléfono (fijo o móvil) de donde surgió la llamada.

Hay situaciones que se corrigen con inteligencia y tecnología, no con la brutalidad de una ley mordaza.

 

Tarea Política

En los primeros 16 meses de su gestión como alcalde del municipio de Tecomán que recibió financieramente quebrado y operativamente colapsado, José Guadalupe García Negrete ha acreditado con hechos y resultados que los tecomenses acertaron al elegirlo para que les sacara el buey de la barranca donde lo dejó su antecesor priista Héctor Raúl Vázquez Montes. La primera prueba de valor y decisión del popular alcalde fue no haber tirado el harpa al comprobar el tamaño del paquete que recibía. No volteó hacia atrás, dicharachero como es, sólo expresó el chascarrillo en el que afirmaba que si el tal Tito no se llevó el edificio de la presidencia municipal fue porque éste no tiene rueditas para jalarlo, pero de allí no pasó. Repuesto del shock  inicial se aplicó en serio y a fondo a darle respuestas efectivas, prácticas, funcionales, a las sentidas demandas de la gente en todos los rubros del quehacer municipal.

Con una lógica digna del filósofo de Güemes, “cuando hay , hay, y cuando no hay no hay”, Lupillo inició su gobierno de vacas flacas reduciéndose su propio sueldo y el de sus funcionarios, suprimió gastos de representación, disminuyó el de gasolina  y canceló el pago de telefonía celular, medidas de austeridad que en los primeros 16 meses de su gestión le han permitido economías que , sumados  los recursos obtenidos a través de las gestiones que desde el mismo 15 de octubre de 2015 cuando tomó posesión del cargo ha realizado ante dependencias del Gobierno Federal, hicieron posible la reactivación de los servicios públicos municipales y de la obra pública y pagar con puntualidad las quincenas a los trabajadores y empleados al servicio de la comuna y los aguinaldos 2015 y 2016.

Convencido de que “la gestión y el trabajo son importantes para sacar adelante Tecomán”,  García Negrete los ha realizado con tino y eficacia durante la ya casi primera mitad de su mandato. Centrado en la gente sin distraerse en “los juegos pirotécnicos políticos ya pasados”, el alcalde tecomense  ha dado ejemplo de respeto y disposición a colaborar  con los gobiernos estatal y federal a pesar de los pesares como el de haber sido sistemáticamente atacado por la prensa oficialista local por la violencia que el crimen organizado desató desde hace más de un año en el otrora tranquilo valle de Tecomán, como si la misma fuera de su autoría personal.

El muy sensible tema de la narco violencia que le ha pegado a Tecomán en todo el trayecto de su administración, desde el primer momento de la misma José Guadalupe García Negrete clamó por un involucramiento integral, coordinado, con inteligencia,  de las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, del Ejército y la Marina Armada de México, pero tuvo que pasar más de un año para que el mismo se materializara con la llegada de  500 policías militares que se han sumado al trabajo que venían realizando  los miembros de las diferentes corporaciones de Seguridad en el municipio iguanero. En lugar de criticar tan tardío auxilio que  llegó después de que los sicarios habían sembrado ya cienos de cruces de “en paz descanse”, García Negrete agradeció el respaldo recibido dándole todo el crédito a José Ignacio Peralta por las gestiones que éste supuestamente realizó ante el Gobierno Federal.

Convencido de la importancia de la prevención de conductas antisociales, el alcalde tecomense ha emprendido un conjunto de acciones encaminadas al mejoramiento de espacios públicos para la convivencia y el entretenimiento vecinal, de instalaciones deportivas, rescate de las tradiciones, apoyos a la cultura, la educación, etc., al mismo tiempo que promueve la inversión productivo en el municipio que detone el empleo que tanto necesita la gente para procurarse una forma digna de vivir.

A José Guadalupe García Negrete le tocó bailar con la más fea de las diez, pero a pesar de ello le ha sabido sacar buenos pasos. No se arrugó y le entró con fe al bailazo. Mantuvo la barcaza iguanera a flote que ahora avanza hacia buen puerto: Un mejor Tecomán para sus esforzados y positivos habitantes.

 

EL ACABO

·         La diputada local plurinominal verde ecologista, Martha Meza Ortegón, a quien su jefe Nabor Ochoa López trae encuerdada  con su rollo de hacerla alcaldesa de Manzanillo 2018-2021, tuvo sus 5 minutos de fama.

·         Para que el todavía Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, no se quiebre la cabeza, el alcalde de Colima, Héctor Insúa García, debe darle santo y seña de la comida que el miércoles 22 de febrero de 2017 tuvo en Manzanillo invitado por el honorable Alejandro Meillón Galindo.

 

 

 

 

 

La Manera de Opinar de...

Abel, disculpa ¿Tu eres quien me dirigiste la carta pública para invitarme a dialogar con los analistas políticos, Sí, le respondí al Rector José Eduardo Hernández, sonriendo, pues aquí estoy con ustedes con mucho gusto, pero agregó, te voy a comentar tú me hiciste un recordatorio público, gracias, porque ya habíamos hablado sobre esta reunión con Arturo Figueroa (Director Corporativo de Ecos de la Costa y Correos de Manzanillo quien estaba presente) y otros columnistas para realizar este diálogo con ustedes y tan interesado estoy no únicamente en hablar sino también para escucharlos, por ello invité a mis colaboradores para que también escuchen de viva voz su opinión, y fueron presentados por el propio rector. Muy buena disposición tuvo el señor Rector.

PRIMERO HACE HISTORIA Y MARCA EL RUMBO

El Rector de la Universidad de Colima en forma lúcida dio muestras de su capacidad como catedrático y explicó brevemente como ingresó a la Universidad reconociendo que lo invitó primero Humberto Silva Ochoa quien consolidó una infraestructura sólida en la Universidad igualmente que Fernando Moreno Peña aseguró, dejó mucha huella, señalando que todos los rectores de una y otra forma han realizado diferentes obras.

En cuanto el rumbo dijo brevemente diez acciones principales que realizaría en los próximos cuatro años, que van en el sentido de crear nuevos programas educativos apegados a la realidad, ampliar la infraestructura con nuevos bachilleratos y mejorar la relaciones de la institución a nivel nacional e internacional. Señaló como excelente que la alcaldesa de Manzanillo haya ofrecido un terreno para la creación de un nuevo bachillerato en el puerto, haremos otro en Tecomán y otro más en las inmediaciones con Cihuatlán, Jalisco.

Anunció que creará los Institutos Universitarios de Investigación Científica, desea Internacionalizar a la Universidad por ello el próximo lunes firmará en Chicago Illinois, Estados Unidos, un acuerdo de coordinación científica con un laboratorio de fama mundial, dijo que iniciará con un emprendurismo ecológico y social, que conformará el Consejo Consultivo de Vinculación Social en beneficio de la comunidad entre otras acciones.

EL RECTOR AGARRA EL TORO POR LOS CUERNOS

Ante una serie de toritos bravos que le soltamos los compañeros como si estuviéramos en la Petatera, rápidamente los atajó y no les tuvo miedo, pero que por acuerdo de los columnistas en este tipo de encuentros los temas álgidos y de cuestionamientos nos reservamos el derecho de comentar públicamente, por respeto a los invitados, pero el Rector expresó claramente sus argumentos, menciono sola una, se le dijo que se considera que las cuotas universitarias estaban altas, precisando el funcionario que en los últimos ocho años no han tenido incrementos en dichas cuotas.

¿TIENE PROYECTO POLÍTICO EL RECTOR?

Claro que sí, dijo, mi proyecto político es educativo no es partidista me interesa mejorar sustancialmente el trabajo en favor de la Universidad en estos próximos cuatro años.

¿HAY POSIBILIDAD DE CREAR UNA ESCUELA TÉCNICA POLICIAL?

La pregunta de un servidor generada por otros comentarios en la mesa sobre el tema de la seguridad pública, agregándole que Colima vive hoy en día con preocupación por la seguridad y que también aumenta el ausentismo escolar y deserción de los jóvenes que abandonan las escuelas por problemas de alcoholismo, drogadicción y pandillerismo.

Y que por otra parte se ha detectado que son cientos de personas y jóvenes que intentan ser policías pero no pasan los exámenes por falta de conocimientos elementales, observamos además que no hay empleo para los egresados, pero si hay oferta para trabajar de policías auxiliares en las dependencias y empresas, ¿Por qué no crear una carrera técnica policial que a su vez salgan del bachiller y como técnicos en policías? Dijo que por su parte hay voluntad y estar consciente de esta necesidad pero que necesita vincular esta idea con las áreas correspondientes y gubernamentales para lograrlo. Ojalá así sea. Pues Colima y el país requiere una mayor apertura de las Universidades a los problemas más sentidos de la sociedad. El diálogo fue muy exitoso desde mi punto de vista.

 

 

Desde la Curul 26

La columna anterior le di a conocer a usted el garrafal error cometido por los integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislatura, cuando por no leer los dictámenes que se ponen a la consideración del pleno, los diputados de todos los grupos parlamentarios, aprobaron por unanimidad adicionar un Capítulo V, denominado “Perturbación del Orden Público”, al Título Primero de la Sección Cuarta de Delitos contra el Estado, y adicionar el artículo 286 Bis al Código Penal para el Estado de Colima.

Desde que leí (yo sí lo hice) el dictamen de referencia me percaté de la grave pifia que habían cometido los legisladores colimenses, pues habían aprobado adicionar un capítulo y un artículo que contraviene de manera flagrante lo establecido por los artículos 6º. Y 7º, constitucionales, atentando en contra de las libertades de prensa y expresión, así como de violar la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

A los diputados colimenses que alguien los llevó al baile y ellos ni siquiera se enteraron, aprobaron a ciegas una reforma al Código Penal, que allá por 2011 en Veracruz, la  aprobó el Congreso de aquella entidad, a la que se le conoció como la “Ley Duarte”, para crear precisamente el delito de perturbación del orden público.

Lo que los integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislatura no se dieron cuenta, porque quien los llevó al baile o no lo sabía o trató de sorprenderlos, fue que, primero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los tiempos de Raúl Plascencia como presidente, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a decir en aquél tiempo por el ombudsman nacional, la reforma realizada al Código Penal de Veracruz, “no corresponde a los estándares internacionales, pero sobre todo, no corresponde al respeto a la libertad de expresión y de ideas de la sociedad en general”.

La acción de inconstitucionalidad promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue porque el artículo 373 del Código Penal de Veracruz violaba las garantías constitucionales de libertad de expresión, derecho a la información y exacta aplicación de la ley penal y el máximo tribunal jurisdiccional  declaró inconstitucional la llamada “Ley Duarte”.

Bueno, pues la reforma aprobada apenas la tarde-noche del pasado 15 de febrero, por los diputados colimenses, era muy similar a la que propuso allá en 2011, el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, que fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Quienes le elaboraron esa iniciativa a la diputada del Partido Verde Ecologista de México,  Martha Alicia Meza Oregón, que estoy seguro que ni supo qué planteó, se “fusilaron” prácticamente el mismo artículo 373, incluyendo hasta el título del capítulo y únicamente en el caso del Código Penal para el Estado de Colima, cambiaron el número del artículo que aquí pasó a ser el 266 bis.

El artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz, que fue declarado inconstitucional por la SCJN, establecía que:

“A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.

En Colima, la reforma al Código Penal, le adicionaron un capítulo V, denominado “Perturbación del Orden Público”, y fue adicionado el artículo 266 Bis, en donde establece que se le impondrá hasta 4 años de cárcel y multa por un equivalente de cien a trecientas unidades de medida de actualización a:

“I. Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto;

“II. Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación,ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producido”.

Quienes integramos parte del periodismo organizado de México, emprendimos de inmediato una movilización para revertir esta flagrante violación a nuestra Carta Magna y tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (de la cual por cierto soy Secretario de Relaciones Internas y Afiliación del comité ejecutivo nacional), la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, signamos una carta abierta que se difundió en todo el país, para exigir al Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, ejercer su derecho al veto y no ordenara la publicación de esta reforma legislativa.

Asimismo demandábamos al Congreso del Estado, derogar de inmediato la citada reforma, por ser inconstitucional, so pena de emprender acciones legales, incluida la acción de inconstitucionalidad para que se diera marcha atrás.

No supieron qué hacer… y se entramparon

Bueno los diputados cuando se dieron cuenta del tremendo yerro legislativo que habían cometido, y todo por no leer los dictámenes, todos señalaron que querían corregir el error, sin embargo no se animaban a dar el paso y aún hubo algunos esfuerzos para tratar de convencer a los comunicadores, de que “no es contra los medios… a ustedes no se les va a afectar”, y a pesar de que les hicimos ver que ya en Veracruz se había declarado inconstitucional ese artículo se defendían diciendo que“aquí no es igual, mira, está cambiado”.

Bueno pues este miércoles hubo sesión en el Congreso del Estado y en el punto de asuntos generales, los diputados se entramparon… la diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó una iniciativa la cual, como ella lo dijo, tenía el propósito “de analizar un tema de alto impacto para el pueblo colimense, precisamente se trata de la adición que este H. Congreso del Estado de Colima aprobó el pasado 15 de febrero del año en curso, del artículo 266 bis del Código Penal para el Estado de Colima, referente a tipificar como delito la perturbación del orden público”.

Señalaba la panista que “se trata de un tema de alto interés, debido a que aún no se publica en el Periódico Oficial del Estado y por ende no ha entrado en vigor, pero ya ha generado voces sociales e institucionales que la evalúan como equivocada, en términos de técnica legislativa, debido a los efectos sociales que trae, pero también por su naturaleza jurídica, pues se le equipara a la llamada Ley Duarte del año 2011, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dos años después”.

Reconoció que la reforma al Código Penal del Estado de Colima, mediante la cual se adiciona un artículo 266 bis, que crea el delito de perturbación del orden público, se encuentra en la actualidad fuertemente cuestionado y hacía referencia a algunas de las muchas voces que nos opusimos a que esta reforma aprobada por el Poder Legislativo entre en vigor.

La panista proponía como una medida “necesaria y urgente”,  enmendar el actuar de este  Congreso Local respecto a la adición del delito de ´Perturbación del Orden Público´, “toda vez que, de no hacerlo, seríamos autores de una grave transgresión de los Derechos Humanos de los colimenses, así como estaríamos afectando los cimientos del Estado de Derecho que gobierna nuestra entidad”, destacó.

 No le hallaron la cuadratura…

Ante la propuesta de la legisladora panista el presidente de la mesa directiva del Congreso, el diputado Nicolás Contreras Cortés, decretó un receso, para asesorarse con los abogados, la manera en que podían entrar a esta discusión, sin embargo transcurrió el tiempo, los diputados aprovecharon para irse a cenar, porque de tanto penarle, viera qué hambre les dio, y nomás no encontraban como desfacer el entuerto.

Hubo necesidad de que el titular del Ejecutivo del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, que estaba enterado de la protesta nacional de los organismos del periodismo organizado de México, les diera la solución a los diputados y a través de su cuenta de Facebook subió el mensaje:

“En el ejercicio de mi facultad constitucional, he tomado la decisión de observar (vetar) el Artículo 266 bis del Código Penal, adicionado en días pasados por el Congreso del Estado.”

“Lo anterior, en concordancia a las consideraciones que ha sostenido la suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares en materia de Libertad de Expresión”.

Ya el mensaje estaba circulando de manera profusa entre todos los grupos de periodistas y políticos, y aún los diputados conocían el mensaje, se resistían a dar el paso…

El gobernador les estaba enmendando la plana a los legisladores, para que ya no se vieran más peor (porque mal ya se vieron), y ni así acertaban cuál era el paso a seguir.

Por fin tuvieron la feliz ocurrencia de pedir receso para que la sesión prosiguiera este jueves a partir de la cuatro de la tarde, aduciendo que “…por la relevancia del análisis de la propuesta presentada por la diputada Martha Leticia Sosa Govea, y que esto requiere seguirse discerniendo, analizando, le planteo, con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuviera a bien decretar un receso”, pedía Federico Rangel, coordinador de los diputados priístas… ¡vaya, por fin!

El presidente del Congreso del Estado, Nicolás Contreras concedió ese receso, anunciando que se reanudará la sesión este jueves a las 16:00 horas.

Ahora ¿por qué hasta por la tarde reanudarán la sesión?, sencillo, en el curso de la mañana el Gobernador José Ignacio Peralta, enviará al Congreso del Estado, al Secretario General de Gobierno y al Coordinador Jurídico, a regresar el decreto que le fue turnado para su publicación que contiene las reformas al Código Penal, a los diputados con sus observaciones, que no serán otras más que dar marcha atrás y dejar sin efecto las adiciones al Código específicamente en lo que se refiere al artículo 266 bis.

De esa manera, por la tarde, al reanudar la sesión se informará que se han recibido las observaciones del Ejecutivo, en consecuencia la diputada Martha Sosa, retirará su propuesta de derogación del mismo artículo 266 bis, porque ya no existirá, estará vetado, y ese capítulo que se había adicionado al Código Electoral, se regresará a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales a seguir durmiendo el sueño de los justos otro rato, cuando menos mientras se medio olvida esa pifia legislativa (otra más), en que incurrieron nuestros diputados.

No hay que perder de vista que éste será el segundo veto que el Ejecutivo Estatal hará de otro dictamen a esta misma Quincuagésimo Octava Legislatura, ya el ex gobernador Interino Ramón Pérez Díaz, ejerció esa facultad de vetar el presupuesto para el ejercicio 2016, precisamente cuando el Congreso del Estado, manejado por la mayoría panista y quiso servirse con la cuchara grande reasignando partidas y repartiendo dinero a instituciones y grupos de vecinos, como los comerciantes del Centro de Manzanillo, etcétera… por eso le digo, esta Legislatura pasará a la historia, y no va a ser precisamente por la pulcritud con que están ejecutando su trabajo.

 ¿A quién le interesa meter en broncas al Ejecutivo?...

Ahora aquí lo interesante será que el propio titular del Ejecutivo se ponga a averiguar a quién le interesa estarlo metiendo en broncas gratuitas, porque a decir verdad la adición de ese capítulo V, denominado “Perturbación del Orden Público”, y la adición del artículo 266 Bis, no tiene mucha razón de ser, salvo la de “perturbarle el orden” al mandatario estatal.

O dígame usted ¿qué perturbación del orden público hemos tenido los últimos meses o años, como para que se haga necesario legislar al respecto?, acaso las marchas o manifestaciones que ha habido en contra de los gasolinazos, la toma de la caseta de Cuyutlán o el bloqueo de unas horas del puerto interior, fueron de grado tal como para crear este delito para llevar a la cárcel a esos “peligrosísimos delincuentes”, que se oponen a que sigan aumentándose los precios de  los combustibles.

Considero que si no se crea ese capítulo y no se adiciona ese artículo nada va a suceder porque para bien de Colima y de los colimenses, aquí no padecemos la perturbación del orden como sí ocurre en otras entidades, entonces ¿para qué le ponemos tentaciones a la autoridad para que meta a la cárcel a gente que sale a gritarle a veces a los diputados, a veces afuera de Palacio (cuando no está el gobernador)?, y que lo único que provocará será desorden pero a quien conduce los destinos del estado.

Ya lo dijo un político de viejo cuño, cuya frase forma parte de la picaresca estatal “No le busquen chichis a las culebras”(Alfonso Rolón Michel, ex presidente municipal de Villa de Álvarez y ex dirigente cenecista)…. Para qué tanto brinco, estando tan parejo el suelo.

Para cerrar….

**Se están cruzando apuestas sobre si acudirá o no y si acude, si  llegará en vehículo o llegará a caballo, para saliendo del Congreso irse a la cabalgata del toro de once… sí este jueves a las 10:00 horas está citado a comparecer en audiencia para desahogo de pruebas el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, ante la Comisión de Responsabilidades, con relación al procedimiento que se le está desahogando el número 20/2016, que tiene que ver con aquél crédito de los 638 millones de pesos.

Ayer Mario Anguiano salió otra vez  la luz pública y fue a un programa de radio con su amigo Max Cortés, el pretexto fue que diera su versión sobre su participación en la primera cabalgata de los festejos charro-taurinos de Villa de Álvarez, hace ya una semana.

Y pues ya de paso el ex gobernador Anguiano, salió a decir su verdad y a tratar de confundir a la gente respecto a esos 638 millones de pesos, que él insiste que ese crédito ni siquiera lo vio que porque lo ejerció el gobernador interino Ramón Pérez Díaz.

Y tiene razón, pero lo que Mario Anguiano no dice es que precisamente en el mes de agosto de 2015, él ya había gastado y debía esos 638 millones de pesos, producto de dos créditos ante el banco Interacciones, que mañosamente los programó que para que se pagaran el 28 de diciembre, cuando ya él no sería más gobernador.

Y donde le mintió al Congreso, al decirle que era para obra productiva, cuando en realidad, una parte fue para pagar gasto corriente, otra para pagarle a empresas fantasma y otro recurso que nadie sabe, nadie supo a donde fue a parar.

Usted que cree ¿que si se presentará hoy en el Congreso? ¿Cree que llegue a caballo para de ahí irse a la cabalgata del toro de once, que sale a las 12 del jardín Libertad?.... ya luego se lo platicaré “Desde la Curul 26”.

Por lo pronto le comento que el martes debían comparecer el ex Secretario General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos y la ex Secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Avalos Fernández, y ninguno de los dos acudió a defenderse ante la Comisión de Responsabilidades, nadie sabe qué estrategia están adoptando los ex funcionarios, o si de plano les vale un soberano cacahuate el que los citen, sabedores de que nada les va a pasar ¿o sí?... mejor luego nos vemos….

**Ya en otra entrega abordaré el asunto del robo de cheques de la Secretaría de Cultura, donde por cierto se está dando un caso como para Rypley…. Se roban más de 15 cheques, causan daño al erario por más de un millón y tantos de pesos, y no se separa a nadie de su cargo, ¿¡habráse visto!?.... ya no entendí, pero ya luego abordaré el tema, con pelos y señales….

**Y ahora sí, ya para terminar, informarle que mañana viernes 24 de febrero se estarán cumpliendo 12 años ya del terrible accidente aéreo donde perdió la vida nuestro siempre gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes y otros seis buenos amigos, cuando se trasladan de la ciudad de México a esta ciudad capital.

Seguramente habrá algunos eventos para seguir recordando a quien supo ser un excelente amigo y que si hubiera concluido su gestión seguramente hubiera sido de los mejores gobernadores que hubiera tenido Colima… A todos sus familiares y amigos, les envió un fuerte abrazo fraternal en esta fecha… hasta la próxima.

Estación Sufragio

Este miércoles, en una reunión con senadores, diputados federales y locales “contra la persecución política” que los priistas del estado de Chihuahua están sufriendo a manos del gobernador panista Javier Corral Jurado, luego de ofrecerle su respaldo y el de sus correligionarios al dirigente estatal, Guillermo Dowell, el presidente del PRI nacional, Enrique Ochoa Reza, nombró a Fernando Moreno Peña como delegado del CEN.

El ex mandatario colimense estuvo presente en la reunión. Y la noticia se da a través de un comunicado oficial del comité ejecutivo nacional del Revolucionario Institucional. Resulta improbable por lo tanto que luego se niegue la existencia del nombramiento, como ocurrió en Guanajuato donde las fuerzas vivas se rebelaron y, en pocas palabras, le hicieron saber a Ochoa Reza que ahí ya conocían al ex gobernador de Colima (fue delegado para un proceso electoral anterior) y no lo querían de regreso.

En Chihuahua las condiciones son distintas a las de Guanajuato. Si bien tienen un gobernador de oposición (a quien recordamos cuando como senador luchó contra la ley Televisa y, en distintas legislaturas federales, fue uno de los más aguerridos defensores de los derechos de los periodistas e impulsor de una reforma en Telecomunicaciones que realmente democratizara el ecosistema de la comunicación en México), allá no se avecina una elección.

Desde su campaña a la gubernatura, Javier Corral evidenció que ve al priismo como una plaga que se debe exterminar, por lo que los militantes de este partido tendrán que reagruparse porque en ello les va la sobrevivencia política. En ese sentido, Moreno Peña deberá moderarse en su activismo interno, para no poner a unos priistas contra otros.

Para quienes siguen hablando aquí de “el diablo del Trapiche” y otras linduras que describen al ex mandatario como una sombra detrás del titular del Poder Ejecutivo, José Ignacio Peralta, que te manden a Chihuahua no es como un destierro en Siberia o una embajada en las islas Fidji como la que le dieron a Luis Echeverría, pero ese estado norteño está algo lejos de Colima. 

Y para quienes (incluso dentro del gabinete) ansían una total emancipación del Gobernador, que tanto los ha confundido con sus gestos de amabilidad para sus padrinos políticos, que Ochoa reza se lleve a FMP del estado es una muestra, dicen, de que realmente el dirigente del PRI nacional es amigo de Nacho Peralta. 

Cuando JIPS cumplió un año en el gobierno, el presidente estatal del Partido, Rogelio Rueda Sánchez, enfatizó que nadie dudaba que Peralta Sánchez tenía el mando del estado. Lo dijo en el contexto del cese o renuncia de Carlos Salazar Silva (quien sucedió a FMP en la Rectoría de la Universidad de Colima) como secretario de Salud, pero si es verdad que el jefe político de la entidad hizo gestiones en el Partido para alejar a Moreno Peña, deberemos tomar este movimiento como una señal de que Nacho pretende ser el único gobernador del estado.

LA SOMBRA DEL CAUDILLO:

Cuando Mario Anguiano salió en la primera cabalgata para retar al gobierno de Ignacio Peralta que, en distintas ocasiones, lo ha señalado como responsable de presuntos malos manejos (por ineficientes o por corruptos) de los recursos públicos, y contra quien el oficialismo en el Congreso local inició un proceso de juicio político, en la página editorial del periódico que fundó el abuelo de Ignacio Peralta clamaron contra la desfachatez de un ex gobernador que salía a las calles, amparado por “paleros” o que si no lo eran lo “parecían”, para acallar a sus detractores.

Y le reprochaban a Mario Anguiano no conducirse con la discreción que se espera de alguien que ya ejerció el poder y no puede –por tradición política– robarle cámara a quien ahora despacha en Palacio de Gobierno.

Es curioso, pero lo mismo le dijeron los funcionarios de la administración de Silverio Cavazos (y luego los de Mario Anguiano) a Fernando Moreno. Y éste, palabras más o palabras menos, les contestó que él era un político de carrera y que seguiría haciendo política toda la vida.

La misma respuesta debieron recibir los operadores del gobernador Peralta si es que tuvieron el atrevimiento de sugerir que FMP le está haciendo sombra al mandatario en funciones.

No es cosa de quedarse a vivir en el estado (hasta en la Iglesia católica, a los obispos eméritos los mandan a vivir a su lugar natal para que no permanezcan en la que fue su antigua sede catedralicia) o de retirarse de la vida pública. Nadie se queja del decano de los ex gobernadores, Elías Zamora Verduzco, cuyo yerno, Kristian Meiners, es el secretario de Administración y Gestión Pública de Nacho Peralta.

Al interior de su círculo de colaboradores, Nacho ya dejó en claro que el ex gobernador (interino) Arnoldo Ochoa González no es un poder tras el trono como secretario general de Gobierno.

Y mucho menos, los peraltistas, esa clase gobernante en construcción, tienen nada que reclamarle a los otros dos interinos: Carlos Flores Dueñas y Ramón Pérez Díaz. 

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. También puede leer esta columna en el sitio web de Carvajal Berber: www.aabc2.com

Tarea Política

Ante la inevitabilidad de la derrota que les espera al Partido Revolucionario Institucional y a sus candidatos en las elecciones del primer domingo de junio de 2018, sus gerentes de las diez sucursales municipales en el estado están abandonado los cargos antes de cumplir su primer año como tales. El primero en ahuecar el ala para no seguir incurriendo en costos sumergidos fue el del municipio de Colima, el empresario de pompas fúnebres Luis Javier Isordia Alcaraz, quien hace dos semanas retiró sus tiliches de las oficinas tricolores ubicadas sobre la avenida 20 de Noviembre de la capital del estado. Ante la creciente demanda de los servicios funerarios provocada por la violencia desatada en el primer año del gobierno peraltista, por un lado, y la falta de respaldo de la dirigencia estatal priista encabezada por Rogelio Humberto Rueda Sánchez y Lizet Rodríguez Soriano, por el otro, el junior Isordia Alcaraz les aventó el harpa.

La presidenta del Comité Directivo Municipal de Villa de Álvarez, Belinda Vianey Chapula Árcega, se va por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior y porque chocó de frente con la inflada Secretaria General del CDE del PRI, Lizet Rodríguez Soriano. En Manzanillo el constructor Rubén Álamo Navarro ya se cansó de meterle tiempo, esfuerzo y dinero al mal negocio político que es el quebrado  priismo porteño cuyos líderes languidecen sin fe ni esperanza en recuperarse de la paliza que los amigos porteños de José Ignacio Peralta les propinaron el domingo 07/06/2015. Las constantes ausencias de Álamo Navarro de las tareas partidistas que son cubiertas por la puesta y dispuesta Secretaria General Andrea Naranjo Cortés se explican tanto por saberse al frente de una causa perdida de antemano como porque su actividad empresarial demanda su atención y tiempo.

Tan de capa caída está el PRI en Tecomán que el único que quiso agarrarlo fue el sicario sindical Audelino Flores Jurado, quien puso al frente del mismo a su junior Alejandro Flores López para que trasladara el estilo de liderazgo caciquil que ha ahuyentado la participación de los priistas tecomenses al punto de dejar hablando solos a él y a sus achichincles que no se van pero nada positivo hacen a favor de su desahuciado partido. Los restantes seis comités directivos municipales priistas, los de menos membresía, están peor que los cuatro grandes. Como la Bartola, no tienen ni para pagar la renta, el teléfono y la luz, cuantimás para atender las demandas de apoyo de la gente. Solos, tristes y abandonados por el primer priista de mentiritas del estado, deambulan como almas en pena en espera de agarrase a la primera  tabla de salvación  que les lancen Morena o el PAN en los próximos meses.

Los priistas distinguidos y los de a pie, dirigentes y bases, se saben abandonados y a su suerte. Solos, tristes cabizbajos y meditabundos rumian su desgracia. Su gobernador no da un cacahuate por ellos, en lugar de motivarlos a recuperar el orgullo tricolor perdido, volverlos a poner en pie y regresarles la fe y la confianza perdidas, lo único que le interesa es salir bien librado el primer domingo de junio de 2018. Convencido de que la presidencia de la República caerá del lado del Partido Acción Nacional o del Movimiento de Regeneración Nacional, tiene ya mano y metate en los proyectos políticos de ambos.

En Acción Nacional está jugando sus cartas con el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas; con el virtual candidato de Morena a presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene de conectes a sus muy cercanos amigos colimenses los “morenos” Mario Delgado Carrillo, senador de la República; y Vidal LLerenas Morales, diputado federal. Compañeros degeneración, José Ignacio, Mario y Vidal coincidieron como estudiantes en el ITAM y en Essex University. Con ellos la amistad de Peralta es más honda y profunda que la que sostuvo con José Manuel Romero Coello.

José Ignacio tiene ya hecha la machaca del 2018. Si gana la partida Andrés Manuel López Obrador  confía en que le irá mejor con él que como le ha ido con Enrique Peña Nieto y su maestro Luis Videgaray y Caso. Por ello y otras cosas más, a Peralta le importa una pura y dos con sal la suerte del priismo auténtico de Colima que le es ajeno. ¡Sálvese quien pueda! Las mujeres primero.

EL ACABO

La fuga de priistas hacia el bando lopezobradorista está en todo su apogeo. Desesperados,  buscan las mejores conexiones para acercarse a Andrés Manuel y establecer compromisos de participación política y electoral con él.

La pandilla anguianista se propone colar a dos o tres de los suyos como diputados a la próxima legislatura estatal, ya sea por el PRI y sus aliados de siempre o por el PAN. Son ya varias reuniones de trabajo las que han realizado para preparar a sus gallos alequines que planean soltar en la próxima contienda electoral. Hasta sus “Fodas” les han hecho ya.

Estación Sufragio

La Universidad de Colima está lejos de ser aquella universidad-partido que modeló el llamado Grupo Universidad para capitalizar políticamente la presencia de la casa de estudios en la sociedad colimense, siendo parte de las estructuras del Revolucionario Institucional, auténtico partido de Estado.

Militar en el tricolor fue la estrategia del entonces líder moral del movimiento estudiantil y luego rector durante una década, Humberto Silva Ochoa, para conseguir cargos de elección popular para los integrantes de su grupo. Sin embargo, sostenía HSO, las diputaciones federales y locales, eventualmente alguna alcaldía y hasta la Gubernatura que finalmente obtuvo Fernando Moreno en 1997, no se buscaron como un botín político para repartir entre sus cuadros, sino como una manera de fortalecer políticamente a la comunidad universitaria colimense.

No olvidemos que hasta el 2000, los rectores operaron en la lógica de un sistema de poder que privilegiaba la integración de las universidades públicas al régimen presidencialista, y desalentaba (por no decir que castigaba presupuestalmente) la posibilidad de que estas instituciones de educación superior fueran tomadas por grupos radicales.

Sin duda la de Colima ha sido una universidad del PRI, en la que si bien hubo cabida para expresiones de izquierda éstas no fueron encarnadas por los cuadros dirigentes como sí ocurrió en la Universidad de Guadalajara –a menos que consideremos seriamente la retórica lopezobradorista que en algún momento (2006) hizo suya la cúpula del Sindicato Único de Trabajadores; como sea, hoy en día Morena ya no tiene vínculos con el SUTUC.

En la conducción de la UdeC tampoco consiguieron posicionarse los panistas, aunque un buen número de catedráticos e investigadores se revelaron como simpatizantes e incluso como activos de Acción Nacional cuando el blanquiazul se convirtió con Vicente Fox en partido gobernante.

Después de la derrota del tricolor en la elección presidencial, cambió la democracia mexicana y la Universidad de Colima también cambió, especialmente en lo que se refiere a la apertura del claustro a las más diversas ideologías partidistas. Durante los años de esplendor priista, la democracia no era formal sino efectiva, y estaba basada en un sistema de cuotas de poder sectoriales, gremiales y grupales, para beneficio de las fuerzas vivas de la Revolución.

En esos años ochenta, cuando los votos todavía no se contaban, la UdeC se planteó dos desafíos: probar que podía crecer como institución académica y aspirar a convertirse en el modelo de universidad regional que el gobierno federal buscaba impulsar en el occidente del país. Para hacer viables estas metas, los universitarios colimenses debieron primeramente acreditar ante el sistema político mexicano que no eran un potencial foco de disidencia ni, mucho menos, un centro de movilización guerrillera.

Más tarde tuvieron que luchar con las autoridades educativas de la República con otras causas, por ejemplo, para conservar los bachilleratos técnicos, sostener las carreras del área de Humanidades o mantener las cuotas en una proporción adecuada para el nivel de ingresos de las familias colimenses.

Los universitarios colimenses debieron resistir la presión federal de estandarizar las preparatorias generales, erradicar toda licenciatura que no estuviesen pidiendo los sectores productivos o subir los aranceles para que, en esa misma proporción, aumentaran los subsidios.

Hoy la UdeC proclama ser una institución apartidista y abierta a la pluralidad política, una universidad que asume su papel como espacio para la reflexión de las distintas propuestas electorales. Así lo reconoció el Instituto Nacional de Elecciones cuando la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Televisión Universitaria y otras dependencias de la casa de estudios realizaron el debate entre los candidatos a la Gubernatura en la elección ordinaria de 2015.

Al hablar con el círculo de analistas políticos sobre los logros de su primer periodo y los desafíos de sus siguientes cuatro años, el rector José Eduardo Hernández Nava delineó lo que será la participación de la Universidad de Colima en los procesos electorales concurrentes de 2018: garantizar la apertura a los partidos políticos para que la comunidad universitaria pueda conocer sus propuestas.

Enfatizó su compromiso a hacer política en la Universidad, pero solo política académica. Y en el cumplimiento de su función sustantiva de proyección social, en todo caso hacer política comunitaria con un enfoque hacia el desarrollo de la familia. Con una especial atención a los estudiantes con discapacidad.

Por definición, como centros de saber, en las universidades es donde se deben dar los coloquios de mayor altura sobre la problemática local, nacional y mundial. Es justo que también la UdeC aspire a albergar una lucha política y electoral del más alto nivel.

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. También puede leer esta columna en el sitio web de Carvajal Berber: www.aabc2.com

Análisis Político

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez encabezó un evento de agradecimiento por el apoyo militar del batallón integrado por 500 elementos en favor de la seguridad pública de Tecomán, mencionó públicamente “Les agradezco lo que están haciendo por Colima y por México y se los reconocemos en todo lo que vale”.

Acompañado por el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el comandante de la V Región Militar y del comandante de la XX Zona Militar, el presidente municipal de Tecomán, Cisen de Gobernación así como otras autoridades de seguridad pública federales, estatales y municipales el gobernador señaló que con la llegada del batallón militar hubo un parteaguas en la seguridad reconociendo el apoyo del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

LA VISITA DE DOS SECRETARIOS DE ESTADO

La visita de dos secretarios de Estado a la entidad reflejan la importancia que tiene Colima para los integrante del gabinete presidencial y por lógica también, la atención que le dan al gobernador colimense, Ignacio Peralta, consideran que los asuntos o programas relacionados con la entidad son parte de un gran proyecto integral basado en la modernidad y las nuevas formas de gobernar.

Tanto la titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, como José Antonio Meade Kuribeña, secretario de Hacienda y Presupuesto, con su visita a Colima reconocen y respaldan los esfuerzos que realiza el Gobierno del Estado para generar las condiciones de desarrollo económico  e inversión productiva que promueve Nacho Peralta como gobernador del estado.

Rosario Robles Berlanga junto con el gobernador entregaron obras y apoyos por más de 30 millones de pesos en los municipios de Coquimatlán y Minatitlán, en donde se ejercieron recursos del programa Papelito habla, del Fondo Minero, así como del Fondo Hábitat y Metropolitano 2016, así para la ampliación y mejoramiento de vivienda, también entregaron cerca de 200 cuartos rosas en el municipio de Coquimatlán, con lo que se alcanza la cantidad de 2 mil en todo el Estado, con lo que se disminuye el déficit de 5 mil 500 cuartos rosas que se tenía en la entidad.

Un día después el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña y el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez pusieron en marcha la nueva configuración de la aduana de Manzanillo, en donde destaca la entrada en funcionamiento del Manual de Operación Aduanera, los cuartos frigoríficos, el laboratorio regional, los carriles exclusivos para empresas certificadas y otros esfuerzos más para una mayor agilidad operativa con visión municipal, estatal, nacional e internacional y para consolidar más la imagen del puerto.

EL RECTOR ANUNCIA MEJOR VINCULACIÓN SOCIAL

El Rector de la Universidad de Colima Eduardo Hernández Nava anunció una mejor vinculación y a fondo de la institución educativa con la sociedad colimense, hoy lunes tendremos un desayuno temprano el Círculo Colimense de Analistas Políticos debido a nuestro interés de intercambiar puntos de vista y opiniones sobre la Universidad de Colima, en su oportunidad comentaremos sobre el diálogo personal con el Rector que recientemente tomó protesta por otros cuatro años.

En otro tema, con las múltiples llamadas de amigos que recibí, al igual que mis familiares preguntándoles como localizarme, me di cuenta que hubo consternación y preocupación por la confusión, pues me enteré de la muerte accidental automovilístico ocurrido este sábado de un paisano y amigo armerietense, pero tocayo de nombre y apellido, pues decían falleció Abel González, pero su segundo apellido es Diego y el suscrito es Sánchez, el ingeniero González Diego fue funcionario de la Universidad de Colima y Director del Conalep, Colima, mi sincero pésame a su familia, que en paz descanse.

Desde la Curul 26

Cada que se avecina el cierre de un período ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, le llegan las prisas y en las últimas sesiones tratan de sacar por montones todo el trabajo legislativo que se les acumuló en los cinco meses que dura el período ordinario, más el que vienen arrastrando de meses anteriores.

Bueno pues eso es lo que está ocurriendo actualmente en la Quincuagésimo Octava Legislatura, que a ocho días de que se clausure el primer período ordinario correspondiente al segundo año de ejercicio legislativo, los diputados se han dado a la tarea de sacar por montones los dictámenes que tenían, algunos de ellos, meses arrumbados en la congeladora.

Pero esas urgencias han llevado a los diputados, no sé si de buena o de mala fe, a cometer errores serios que más tarde que temprano se les van a revertir.

Y que a decir verdad, el trabajo más importante que quisieran observar los ciudadanos no ha salido y no se le ve para cuando.

Por ejemplo Santiago Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, tiene guardado a piedra y lodo y con doble llave, el informe final que le entregó el Auditor Superior del Estado, respecto a los resultados de la auditoría excepcional de Gobierno del Estado, de los ejercicios fiscales 2013, 2014, y hasta agosto de 2015 y por lo visto está decidido a que primero los ratones se coman el informe y la polilla y los comejenes invadan los discos compactos, antes que llevarlos al pleno.

Pues el diputado tecomense está decidido a que ni con el pétalo de una rosa tocarán a su protector, el ex gobernador Mario Anguiano Moreno.

Cuando recibió el informe en octubre, puso de pretexto que primero debían sacar las cuentas públicas 2015, de los diez ayuntamientos, los 9 organismos operadores de agua y los tres poderes. Eso ocurrió en noviembre.

Se supone que los diputados en cuanto les turnan los asuntos, disponen de treinta días para elaborar los dictámenes y presentarlos para su análisis y discusión ante el pleno, en este caso Santiago Chávez tienen más de cuatro meses que recibió tan cacareado informe y a lo que se ve, lo sacará cuando ya hayan fenecido las sanciones que se le imputan al ex gobernador Mario Anguiano Moreno y al grupo cercano del ex mandatario estatal, que fueron los responsables de dejar temblando las finanzas del estado.

Otra vez contra los medios…

A lo que sí se apresuraron los legisladores fue a sacar una serie de reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Colima. Se trata de cinco iniciativas que habían presentado la diputada Juana Andrés Rivera, el 17 de octubre del 2016, para incluir en el delito de hostigamiento sexual, el acoso laboral.

Otra, presentada por el diputado Octavio Tintos para establecer nuevos agravantes  para encuadrar el delito de homicidio y lesiones calificadas incrementando las penas impuestas, esto en función de los últimos acontecimientos ilícitos que se han cometido en los últimos años en el estado. Esta iniciativa se había presentado el 10 de noviembre de 2016.

Una tercera iniciativa de la diputada Juana Andrés para castigar el abandono de personas adultas en plenitud por parte de sus familiares. Iniciativa que ingresó el 23 de enero de este año.

Una cuarta iniciativa la presentó el diputado Héctor Magaña Lara, para aumentar las penas por el delito de robo, el 23 de enero de este año.

Y finalmente una quinta iniciativa presentada por la diputada única del Partido Verde, Martha Alicia Meza Oregón, el 23 de enero de 2017.

Bueno pues resulta que los diputados, aprobaron, sin ningún tipo de discusión la propuesta de la diputada manzanillense para irse en contra de los medios de comunicación, no solamente, periódicos, radio, televisión, medios digitales, sino toda aquella persona que haga uso de las redes sociales

La diputada del Partido Verde tuvo la feliz ocurrencia de plantear en el pleno una iniciativa, que hay que decirlo, no se conocía porque omiten leer los documentos en tribuna, y solo piden que se incluyan íntegros en el diario de los debates, argumentando solamente el artículo y la ley que pretenden modificar adicionar o derogar, para adicionar un capítulo en el Código Penal denominado “Perturbación del Orden Público”.

De acuerdo a esa propuesta que fue aprobada sin que alguno de los diputados de ninguna fracción reaccionara, y que entrará en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”, en el Artículo 266 bis, se va contra los medios de comunicación y la manera en que fue aprobado es la siguiente:

“Comete el delito de perturbación del orden público y se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y una multa por un importe equivalente de cien a trescientas unidades de medida y actualización, a:

“I. Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; y (el resaltado es del autor);

II. Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producido.

Claramente está especificado “POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN”…

¿Qué ocurre? Simple y sencillamente que se vendrá una cacería de brujas en contra de todos los comunicadores, que en aras de informar, la mayor parte de las ocasiones somos los que damos a conocer que se recibió una amenaza, mientras que la autoridad, como siempre, oculta la cabeza o simplemente no informa, provocando con ello que los medios tengan que especular en base a informaciones que recaba por conductos no oficiales.

Cuando algún comunicador o persona que haga uso de algún medio de comunicación, el que sea, de que existe una amenaza de tal o cual cosa, sin que la autoridad lo confirme, por el solo hecho de darlo a conocer hasta en nuestra propio cuenta de Facebook o twitter, o la red social que decida, podremos ser llevados al banquillo de los acusados y con la enorme posibilidad de que nos “enchironen” (meter en chirona), aduciendo la autoridad que difundimos “falsamente”, ataques con armas de fuego, ataques con sustancias, o dar a conocer la existencia de artefactos explosivos.

De acuerdo a la justificación legal planteada en el dictamen que se aprobó por el pleno de la Quincuagésimo Octava Legislatura, “…en tiempos recientes se ha apreciado la necesidad de sancionar a quienes perturban el orden público, a través de afirmaciones falsas referentes a la existencia de situaciones como la colocación de una bomba o explosivo, la realización de ataques con armas de fuego u otras similares, mismas que causan alarma, desasosiego, pánico y movilizaciones de personas de manera descontrolada, en virtud del tenor de que puedan ser víctimas de un atentado violento que ponga en peligro sus vidas o su integridad física.”

Y añade que “es ineludible responder jurídicamente ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos que pretenden deliberadamente perturbar el orden público mediante la emisión de afirmaciones falsas por diversos canales, incluyendo los medios de comunicación, que prestan un importante servicio de difusión y un invaluable medio de información e intercambio de puntos de vista entre miles de personas, pero como cualquier instrumento o avance tecnológico, son susceptibles de ser empleados de manera mal intencional con el fin de causar un daño.”

A qué la diputada Meza, poco sube a tribuna y cuando lo hace pues como que no es para que se le agradezca; ahora si esa fue la instrucción que le mandaron y le está haciendo el trabajo sucio a alguien más, pues que feo que se preste para ello.

Por lo pronto a título personal y de todo el gremio reporteril, yo si repruebo esta nueva intentona de la autoridad para tratar de acallar a los periodistas y lamento que los diputados, no sé si por distraídos o porque no leyeron el dictamen, lo hayan aprobado sin ninguna discusión….

Esta semana debe comparecer MAM…

En otro tema déjeme decirle que citados por la Comisión de Responsabilidades, para realizar el desahogo de pruebas y que aporten lo que a su favor convenga, esta semana deberán comparecer en audiencia privada, por separado el ex Secretario General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos y el ex gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno.

La comisión de Responsabilidades citó a todos los ex funcionarios involucrados dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa número 20/2016, que se les sigue en su contra, junto con la ex Secretaria de Finanzas del Estado, Blanca Isabel Avalos, entre otros.

Las comparecencias se iniciaron desde el lunes de la semana anterior y concluirán el próximo jueves 23 de febrero.

Le puedo anticipar que el miércoles 22 deberá acudir personalmente o a través de los abogados que lo estén representando, el ex Secretario General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, para que aporten lo que a su favor convenga en este procedimiento que se le viene siguiendo en el Congreso local.

No se conoce aún la hora, sobre todo tomando en cuenta que fue convocada sesión ordinaria para las 10:00 horas, que de acuerdo a la hora del Congreso, va a ir comenzando por allá del mediodía, por lo que aún no se sabe si el ex Secretario General de Gobierno acudirá antes de la sesión o hasta por la tarde.

Para el jueves deberá acudir el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, ya sea de manera personal o a través de sus abogados, quienes están debidamente emplazados para realizar esta audiencia.

Ya el ex gobernador Anguiano Moreno, ha dicho que ha presentado ante el presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado su respuesta a las observaciones en materia de responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos que se le plantearon en el Decreto número 112 aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura Local.

El ex titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de un comunicado de prensa el pasado 29 de noviembre de 2016, afirmó que el proceso de responsabilidad administrativa 20/2016, que se le sigue “…carece de la más mínima lógica y sentido común el Dictamen que da origen al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa”, aduciendo que “es incongruente y adolece de sustento legal, al contener aberraciones que denotan un claro y doloso interés mediático y político”. 

Habrá que estar al pendiente si el ex gobernador Mario Anguiano acudirá personalmente a defenderse o si dejará que sean sus abogados los que saquen la cara por él.

Crean otra comisión….

Por cierto déjeme comentarle que en la última sesión del Congreso del Estado, crearon una nueva comisión al interior del Poder Legislativo, para que se aboque a investigar por qué no han procedido las denuncias penales en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, que se han interpuesto tanto en la Procuraduría General de Justicia del Estado, como en la delegación de la Procuraduría General de la República.

Ante la sociedad el único hecho de crear otra comisión mueve al escepticismo, para la gente es una manera de empezar a echarle tierra al asunto de Mario Anguiano Moreno y demás involucrados.

Nadie se explica como en otras entidades en cuanto se mencionó que hubo presunción de desvío de recursos y malversaciones, los gobernadores abandonaron sus encargos y los ex gobernadores hasta se dieron a la fuga, y en todos aquellos casos pesan las órdenes de aprehensión y que en el caso de Mario Anguiano, es momento que no se ha dicho si para la Procuraduría es presunto imputado y se ha comenzado a integrar la carpeta de investigación. Así de lenta está la justicia en Colima.

La pregunta es ¿qué santo protege a Mario?, o lo que es lo mismo ¿quién o quiénes del gabinete federal siguen protegiendo al ex gobernador de Colima?

Esta semana habrá procurador…

En otro tema del Congreso del Estado, déjeme decirle que el próximo viernes vence el plazo para que los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura dictaminen la propuesta enviada por el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, para designar como Procurador General de Justicia del Estado, al profesionista José Guadalupe Franco Escobar.

Casi le puedo anticipar que será este miércoles cuando se presente a la consideración del pleno el dictamen respecto a la propuesta del titular del Ejecutivo.

Le corresponde a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, que preside el panista Crispín Guerra Cárdenas, elaborar el dictamen de referencia. Le anticipo que hoy lunes habrá una reunión de trabajo para definir en qué sentido saldrá el documento.

Le puedo asegurar que el dictamen vendrá aceptando la propuesta del Ejecutivo del Estado, aunque la fracción del PAN, quién sabe que vaya a pedir a cambio, sobre todo porque José Guadalupe Franco Escobar, no es santo de la devoción de los blanquiazules, desde el pasado proceso electoral ordinario, donde dicen que se le fue con todo al dos veces candidato perdedor de la elección de gobernador, el Senador Jorge Luis Preciado, e incluso contra su familia.

No es tanto que Franco Escobar haya tenido por ahí algunos prietitos que ya no existen, sino que lo que los panistas no le perdonan (o no le habían perdonado), es que como delegado de la PGR, haya intentado actuar en contra del Senador Preciado y dicen ellos “con tanta saña”.

Si el miércoles los diputados palomean la propuesta del Titular del Ejecutivo, esta misma semana podría rendir protesta del cargo para asumir la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde ha estado como encargado del despacho desde el 6 de enero de este año.

Hasta ahora se dan cuenta… Saquean Cultura

El pasado sábado circuló la noticia de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, está  investigando la sustracción y posterior cobro de cheques de un par de cuentas de la Secretaría de Cultura, por lo cual se encuentran vinculadas varias personas a ese proceso de investigación.

De acuerdo a un comunicado oficial se indica que “la policía investigadora estatal realiza la integración del expediente por la posible comisión de los delitos de robo y fraude, puesto que las firmas mancomunadas de los cheques son apócrifas”.

De acuerdo al comunicado “derivado de las investigaciones, fue asegurado un vehículo automotor adquirido con uno de los cheques sustraídos y se cateó un domicilio en el cual se encontraron diversos aditamentos para la falsificación de identificaciones, equipo de cómputo y otros elementos propios de actividades fraudulentas”.

A decir de las autoridades las afectaciones a la Secretaría de Cultura rondan la cantidad de un millón 300 mil pesos, derivados de la sustracción de al menos 15 cheques de un par de cuentas de la dependencia estatal.

Déjeme comentarle que esto no es nuevo, dicho por gente que labora en la propia dependencia, incluso señalan que fue práctica común en el anterior sexenio, que permitió el saqueo, señalando los que saben que se fueron principalmente a los recursos de los fondos federales, donde nunca entregaron cuentas.

El asunto de la Secretaría de Cultura no es menor, pues los que están enterados señalan que los cheques fueron sacados de la caja fuerte de la dependencia.

Incluso la compra del vehículo que dice la Procuraduría en su comunicado que fue asegurado, se adquirió desde el mes de diciembre con los primeros cheques que se sustrajeron y ese era un secreto a voces, donde solo los que no querían verlo, se volteaban para el lado contrario.

El titular de la dependencia Carlos Ramírez Vuelvas, confió mucho en la gente que le heredaron y no creyó que fueran capaces de esto… ya se dio cuenta de que sí… ojalá que la Procuraduría General de Justicia continúe con las indagatorias y los procedimientos, y no se quede solo en esto…

Dicen los enterados que esta es apenas la punta del iceberg.

Para cerrar…

**En la sesión del próximo miércoles del Congreso del Estado, van a incluir al menos diez dictámenes, a fin de abatir, aunque no los estén analizando a profundidad, el rezago legislativo que se les estuvo acumulando desde el año anterior.

Entre los dictámenes que pretenden incluir está una iniciativa de la diputada Graciela Larios, que tiene que ver con la Ley sobre Autismo, que tiene muchos meses rezagados.

También pretenden incluir en la lista, otro dictamen de la diputada cetemista, que tiene relación en materia de vivienda.

**Algo que está por definirse, porque no hay acuerdos, es el dictamen referente a la iniciativa del Ejecutivo del Estado, para adicionar el artículo 41 U BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, mediante la cual los empresarios de “¿Cómo Vamos? Colima”, pretenden hacerse de cuando menos 10 o 12 millones de pesos anuales provenientes del Impuesto  sobre la Nómina.

Déjeme decirle que la mayoría de diputados de todos los grupos están en contra de que se les otorguen recursos a un grupo de empresarios para desarrollar un trabajo que es competencia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG).

Aunque hay que decir que quien está empecinado en que sí se les den esos millones de pesos, que al cabo no son de él, es el presidente de la Comisión de Hacienda, Santiago Chávez, y es que como el diputado tecomense ya se siente candidato a alcalde por el municipio de Tecomán, quiere congraciarse con los empresarios de ¿Cómo Vamos? Colima, que todo mundo sabe quién es la mano que mece la cuna.

Por hoy hasta aquí la dejo, sólo déjeme comentarle que me queda pendiente abordar todo lo relacionado al matriarcado que se ha posicionado en el Instituto Electoral del Estado, donde ya los partidos políticos pegaron el grito en el cielo, pero eso se lo abordaré en otra entrega.

Por lo pronto solo le informo que ya hay más demandas en contra de la manera en que se está conduciendo el Instituto Electoral del Estado, ante el Tribunal Electoral.

También luego le comento el desbarajuste que está armando el Congreso con tal de justificar el no haber licitado todas las adquisiciones que se han venido ejecutando los últimos meses, entre ellas, la adquisición de cinco vehículos Toyota, que supuestamente iban a ser para el personal administrativo, pero que ya vimos que no…. Pero eso se lo platicaré en otra entrega “Desde la Curul 26”.

Tarea Política

En la renovación estatutaria de las dirigencias de los comités municipales del Partido Acción Nacional en el estado a realizarse en las próximas semanas volverá a darse la pelea entre quienes quieren poner al PAN al servicio de la causa golpista nacho-peraltista y quienes se afanan en preservar su autonomía ante lo que resta del PRI-Gobierno.

Para redondear sus victorias obtenidas por una amplia mayoría del Consejo Estatal y por un apretado margen la dirigencia estatal, el panismo institucional debe aplicarse con seriedad e inteligencia en el tema de la disputa de sus comités directivos municipales para asegurarse la operación territorial en las próximas elecciones.

“En el PAN es tiempo de sumar, el proceso electoral interno ya pasó y estamos en una etapa muy importante en la cual tenemos que cerrar filas todos los panistas en torno a nuestro dirigente estatal Enrique Michel Ruiz, y Víctor Torres Herrera, nuestro secretario general”, declara con claridad un destacado miembro del panismo tecomense, el licenciado en Contaduría Pública Juan Madrigal Gómez, quien en la administración municipal panista que encabeza José Guadalupe García Negrete se desempeña como Director de Egresos.

Para Madrigal Gómez, quien puesto y dispuesto está a contender por la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN- Tecomán para los próximos tres años, “el liderazgo y la experiencia de Michel Ruiz serán fundamentales para que el partido azul logre mantenerse en el ánimo de la población”.

Avala sus legítimas aspiraciones de liderar al panismo iguanero de cara al 2018, una carrera partidista de 7 años como miembro activo del blanquiazul en la que ha trabajado por sus colores, siglas y candidatos como representante de casilla, movilizador y Director de Vinculación con la Sociedad.

Su destacada labor proselitista a favor de la candidatura a presidente municipal de Tecomán del agro productor José Guadalupe García Negrete le valió ser invitado por éste a incorporarse a su equipo de trabajo en la Tesorería del H. Ayuntamiento 2015-2018.

Con la experiencia ganada como servidor público municipal, trayectoria partidista y convicción política, Madrigal Gómez ve al PAN “como una verdadera opción de gobierno que trabaja bien en favor de la gente”, por lo que se apresta a convencer a sus compañeros de partido de que él pude refrendar las victorias electorales logradas por el PAN en Tecomán el domingo 07/06/2015.

Su primer grupo objetivo lo constituyen los militantes panistas que como él también se desempeñan en la administración municipal que preside José Guadalupe García Negrete. Otros a convencer, la mayoría, son los que se quedaron en la banca o desempeñan actividades muy diferentes al quehacer público y que no buscan chambas sino tener mejores gobiernos municipales y representantes populares.

“La unidad es y seguirá siendo el punto de partida para seguir obteniendo resultados positivos. La mayoría de la gente está molesta con los gobiernos priistas”, afirma quien tiene altas probabilidades de alcanzar la dirigencia municipal del PAN en Tecomán con el reto de refrendar en 2018 los triunfos electorales logrados el domingo 07/06/2015.


El Acabo


  • El juez supremo de la tremenda corte panista colimense, senador plurinominal Jorge Luis Preciado Rodríguez, ha sentenciado contundente que su compañera de partido alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, “no estará en las boletas del proceso electoral del 2018 con el respaldo del Partido Acción Nacional”, dizque porque tiene proceso de expulsión “por haber apoyado a Nacho Peralta”.
  • Preciado Rodríguez deliberadamente pasa por alto que en el mes de diciembre anterior la Comisión de Orden del Comité Ejecutivo Nacional del PAN revocó el proceso de expulsión en contra de Benavides Cobos dejando intactos sus derechos partidistas político electorales.
  • Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre a Jorge Luís y a los detractores gratuitos y bien o mal ganados de Gabriela Benavides, si quien resulte nominado o nominada candidato o candidata de Acción Nacional a la Presidencia de la República dentro de un año decide incorporar a su fórmula de candidatos de senadores a quien avalan sus 39 mil votos obtenidos en el municipio porteño en las elecciones del domingo 07/06/2017, lo hará sin pedirles permiso. Así de fácil.
  • Los motivos del rencor jarocho que el senador plurinominal panista le profesa a la alcaldesa de Manzanillo da para un análisis más amplio de sus fobias político-partidistas. Avisado está.

Estación Sufragio

Por contradictorio que resulte (aunque si revisamos la historia del autoritarismo del PRI no lo es tanto), los gobiernos del PAN en Villa de Álvarez han sido siempre más liberales que los del tricolor, especialmente en lo que respecta a la cabalgata de la Gasolina, que sólo alcaldes como Jesús Dueñas o Felipe Cruz, y ahora Yulenny Cortés, han entendido que se trata de un carnaval y, como tal, en él suceden muchas cosas empezando por la inversión de valores: lo masculino por lo femenino y la riqueza por la pobreza.

El conservadurismo priista se manifiesta en expresiones como las que han hecho funcionarios de cada administración tricolor desde que comenzó la alternancia, en el sentido que ‘se están rompiendo las tradiciones’, que ‘antes había respeto’ y no sé cuantas idealizaciones más que nada tienen que ver con los desmadres que ocurrieron desde el principio en la cabalgata y el recibimiento de los taxistas.

Este festejo seguirá evolucionando pero ya hay algunas mutaciones que me parecen irreversibles, como el hecho que los transgénero se hayan ido apropiando de una celebración que antes protagonizaban choferes y cobradores travestidos por guasa.

Por cierto, de las decenas de jóvenes que se metieron en vestidos entallados y se calaron pelucas baratas y estrafalarias, muy pocos tienen que ver con el sector del transporte. Esos muchachos de las colonias periféricas de la Villa también se apoderaron de la fiesta.

Alguien me dijo que la autoridad prohibió a las chicas trans enseñar los pechos y las pantaletas, especialmente si el corte es del llamado ‘hilo dental’. Y lo primero que hizo una de las que viajaban en el primer carro alegórico fue mostrar las bubis. Lo cual me suscita una duda ontológica: ¿el travesti improvisado sí puede salir con el torso desnudo pero no aquel transgénero que se ha sometido a un tratamiento hormonal para que le crezcan las mamas o que se colocó implantes?

¿Qué es lo que ofende a la moral: el semidesnudo o el morbo de saber que es un cuerpo transformado? Con ese tipo de discusiones, no estamos muy lejos de aquellos destinos de playa en el primer mundo donde se prohibió a las mujeres asolearse topless, pero no aciertan a censurar el uso de la tanga o de ‘cacheteros’ en la prenda baja del bikini.

El miércoles en la noche fue la cabalgata (motorizada) de la gasolina pero este año casi no vimos transportistas, fuera de los traileros y grúas que prestaron sus unidades para arrastrar carros alegóricos. Pasó una camioneta de servicio mixto de carga y pasaje, pero no taxis amarillos ni camiones urbanos.

Y vimos pasar a Aureliano Hernández, pero no manejando uno de esos autobuses interurbanos con los que convirtió en negocio un servicio que comenzó como una prestación del SNTE para los maestros de Colima que tenían que viajar a Tecomán y Manzanillo. El ex líder magisterial iba a bordo de la misma camioneta doble cabina en cuya caja desfiló la alcaldesa. 

¿Por qué no hicieron el recorrido los transportistas? ¿Fue acaso una protesta silenciosa ante la Ley de Movilidad?

AZUL PINTADO DE AZUL:

Los priistas en Villa de Álvarez explican la permisividad de los ayuntamientos panistas ante los cambios de costumbres en las fiestas charrotaurinas, a que las dos alcaldesas que ha tenido el blanquiazul, Brenda Gutiérrez y Yulenny Cortés, no son oriundas del municipio.

Curiosamente nunca se quejaron cuando Adrián López Virgen, uno de los miles de avecindados que hay en la localidad, presidió el Ayuntamiento. Ni les preocupó qué hayan pensado los porteños cuando dos ilustres villalvarenses, Jorge Armando Gaytán Gudiño y su hermano Porfirio, fueron ediles en Manzanillo.

Con todo, hay que reconocer que Yulenny se ha esforzado por irritar al grupo de villalvarenses que defienden la tradición, empezando por quitarles los sábados a los tabladeros para dedicar La Petatera a presentar espectáculos que nada tienen de charrotaurinos, como Los Ángeles Azules y Raúl Di Blasio.

Siempre he pensado que hace falta esclarecer el tema de la propiedad en la construcción anual de la plaza. ¿El llamado primer tesoro del estado le pertenece a las autoridades o a los concesionarios de los tablados? ¿Por qué se quedan con las ganancias quienes no hacen ninguna inversión en la compra y almacenaje de petates y madera?

Con un casino inutilizable y un megapalenque que es negocio aparte y está fuera del recinto ferial, a las fiestas de la Villa le hace falta un espacio para la realización de espectáculos que no sean ecuestres, A fin de cuentas, ya no hace caravanas la familia de Antonio Aguilar, Joan Sebastian está muerto y el Cheque Peña es un símbolo del anguianismo que nadie en Colima va a querer contratar en este sexenio.

Los aficionados a la fiesta brava se sorprendieron al ver iluminado de azul el exterior de la plaza. ¡Esa manía que tienen los panistas de pintar todo el equipamiento urbano con la paleta de Acción Nacional!, dicen los priistas, cuando por décadas los gobiernos del tricolor dispusieron de los bienes públicos como si fueran suyos. ¿Se acuerdan cuando los comités del PRI ocupaban inmuebles del Estado, como el edificio de la Concordia donde estuvo por décadas la sede estatal, o se atrevieron a reclamar como propio el espacio destinado a la biblioteca municipal, ahí mismo en la Villa?

Sí, esperábamos que la nueva clase gobernante no repitiera los abusos de poder que tanto le criticaron al PRI, pero la verdad es que los priistas sólo ven la paja en el ojo ajeno. Un ayuntamiento del PAN nombró al tramo del tercer anillo periférico “Manuel J. Clouthier”. Y al siguiente trienio, un cabildo de mayoría tricolor lo renombró “Gobernador Fernando Moreno Peña”. Al venir la alternancia, otra comuna blanquiazul le volvió a poner el nombre del Maquío. Hasta que finalmente el Gobierno del Estado le impuso a esa vialidad el nombre de “Paseo Miguel de la Madrid” y, al nuevo tramo, avenida “Griselda Álvarez Ponce de León”.

Si renombrar una parte de esa vialidad como avenida “La Petatera” parece un capricho de Yulenny, en todo caso lo hace un ayuntamiento que entre otras facultades tiene la de ponerle nombre a las calles. Para que se acaben de enchilar los priistas, debería restituirle a la parte del Paseo que le corresponde a la Villa el nombre de Clouthier. Total, ya cuando vuelva a ganar el PRI la alcaldía que le regresen el homenaje a nuestro ilustre paisano. Y si gana el PVEM que le pongan al tercer anillo “Camino Ecológico Niño Verde” o, si llega Nueva Alianza, avenida “Elba Esther Gordillo”.

Estación Sufragio

Que estrene medio motor el conductor del estado, sería una clara señal de que Nacho se ha puesto las pilas y pretende tomar las riendas del poder.

Una vez que se dio el primer cambio importante en el Gobierno del Estado, serán imparables los siguientes. En unos pocos días, el gabinete de José Ignacio Peralta Sánchez podría contar con una nomenclatura completamente distinta.

Los nombramientos en el segundo nivel, incluido el del nuevo director del Registro Público de la Propiedad, Arturo Bravo Salazar, y antes en la Ciapacov, han sido de carácter técnico y como un esfuerzo del mandatario estatal por tener un control directo de los ingresos del estado.

Por lo demás, ya dijimos que quitar a Héctor Gerardo Munguía García como secretario de la Juventud para traerlo a la Secretaría Particular, no fue un movimiento relevante sino un ajuste cortesano.

La carrera de relevos en la Procuraduría General de Justicia responde a otra dinámica. A fin de cuentas todos los nombramientos en esa dependencia han sido momentáneos, varios de ellos como encargados del despacho, en espera de colocar a José Guadalupe Franco Escobar (cuya primera propuesta del Ejecutivo fue rechazada por la entonces mayoría panista en el Congreso) como fiscal general del estado.

La remoción de Carlos Salazar Silva en la Secretaría de Salud (SSyBS) alienta al grupo del ex gobernador Fernando Moreno Peña a buscar emparejar los cartones. Desde el Diario de Colima (pero también en el Ecos de la Costa) se exige la destitución del secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas, pero hay fuertes rumores de que antes podría irse –ella sí por su propia voluntad y ya cansada del acoso priista– Indira Vizcaíno Silva de la Secretaría de Desarrollo Social.

Privados de la nómina y de los recursos que maneja Salud, dicen sus detractores, el fernandismo redoblará sus esfuerzos por conseguir la cartera de Educación. Aunque eso signifique una oportunidad para Nacho Peralta de mover a Arnoldo Ochoa González de la Secretaría General de Gobierno a la SE, con la justificación de que es profesor normalista y, dados sus antecedentes, puede someter a los líderes magisteriales envalentonados con la nueva dirigencia del también partido oficialista Nueva Alianza.

Se afirma en los mentideros políticos que este cambio no se ha dado todavía por las dificultades de encontrar un sustituto para Ochoa González en la operación política del gobierno del estado. Dos de los candidatos más mencionados se anulan uno a otro: el dirigente estatal del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, quien ya tuvo ese cargo durante una parte del sexenio de Mario Anguiano, y el diputado federal y flamante dirigente del Partido Verde en Colima, Virgilio Mendoza Amezcua.

Nombrar a esta último, obviando la experiencia de Rueda, enviaría un mensaje a los correligionarios priistas de JIPS en el sentido de que el verdadero partido del mandatario es el PVEM. Sin embargo, la ecuación podría resolverse con la designación de Edgar Noé Larios Carrasco –ex presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado (Infocol), y actual presidente del Comité de Transparencia del Partido Revolucionario Institucional– como nuevo secretario general de Gobierno.

Todo este chisme ha sido la comidilla de las redes sociales y los corrillos políticos desde hace días. Sobre todo porque, con estos eventuales cambios en el gabinete, se confirmaría la estrategia del gobernador Peralta de no cesar a los funcionarios que, por diversas razones, le resultan incómodos, sino esperar a que estos renuncien, mientras que los susodichos se han dedicado a administrar las pérdidas o las ganancias políticas que les producirá la dimisión.

Carlos Salazar fue la excepción porque se enojó y se precipitó, pero aun así ya vimos el melodrama (con un número musical de despedida) que se montó a lo largo de una semana para hacer efectiva la renuncia.

Los posibles cambios son esperados por la sociedad civil y hasta por la clase política tanto o más que como esperaban este miércoles los agitadores del régimen la participación del ex gobernador Mario Anguiano en la cabalgata de la gasolina, para organizar ahora sí la rechifla y el abucheo que no pudieron coordinar el viernes pasado.

Que estrene medio motor el conductor del estado, sería una clara señal de que Nacho se ha puesto las pilas y pretende tomar las riendas del poder, convencido tal vez que no hay futuro para él en la política nacional. Es previsible que el PRI pierda la elección presidencial de 2018 y los cuadros que llegaron al gabinete con Peña Nieto, como el tal Luis Videragaray, no encuentren acomodo en un nuevo gobierno de alternancia.

 

Estación Sufragio

Con base en la información oficial (el boletín de lo dicho por el Ejecutivo local el lunes 13 de febrero, durante la ceremonia cívica mensual), entre lo más destacado de este primer año de ejercicio de Gobierno a cargo de José Ignacio Peralta Sánchez figura la reestructuración de los créditos adquiridos, lo que permitió una mejora en las calificaciones crediticias.

JIPS cubrió también adeudos de la anterior administración por 800 millones de pesos, con énfasis en temas de interés social como las becas de movilidad y manutención, las pensiones a adultos mayores y los subsidios que le corresponden al gobierno del estado del presupuesto a la Universidad de Colima, entre otros pendientes de pago.

Peralta Sánchez ponderó también el Plan de Austeridad, que ya entró en una segunda etapa, con el que “se están logrando ahorros significativos en el gasto corriente, el cual pretende alcanzar el 30 por ciento al final del periodo”. Como parte de dicha estrategia financiera, “se vendió el avión del gobierno estatal y los recursos obtenidos se destinarán a la creación de instituciones de salud, que ya cuentan con una gestión adicional con el gobierno federal”.

Resaltó Nacho que se está modernizando la Unidad Deportiva Morelos, se reconstruyó el puente José Antonio Díaz y se rehabilitan espacios deportivos, “en un ambicioso programa estatal que comprenderá todo el estado”.

Destacó también que se inició el programa de entrega de uniformes escolares en preescolar, y se lanzó la convocatoria del programa de adultos mayores de 60 a 64 años. Se gestionaron recursos para invertirlos en el Boulevard Miguel de la Madrid, en Manzanillo, y el Andador Turístico Paseo de las Parotas, en Comala. Se llevó a cabo la promoción de “eventos de gran atractivo turístico, como el F1 Champ Boat Series, el Medio Maratón y Manzanillo se ilumina”.

Y actualmente la administración estatal invierte en el campo con programas que se expresan en más de 700 millones de pesos, como el de tecnificación de riego, concurrencia y sustitución de embarcaciones menores. Además, “se impulsan medidas de apoyo a la economía familiar, las cuales se están cumpliendo puntualmente, considerando la situación financiera general que enfrenta el país”.

No habló afortunadamente del reto que su administración pretende afrontar para romper el récord Guinness en la elaboración de ceviche, porque la sola mención del tema habría provocado risas entre los trabajadores del Gobierno del Estado que se congregaron en el patio del Complejo Administrativo, dados los muchos memes que se han elaborado sobre este desafío en el que, por lo dicho por nuestras autoridades, nos va el orgullo estatal.

Y nótese que Nacho no se refirió tampoco a la polémica compra del predio de La Campana ni al oscuro trato para privatizar el Parque Regional y convertirlo en un zoológico. Ni siquiera mencionó los avances en materia de salud, que habrían ameritado el reconocimiento que le brindó como despedida al doctor Carlos Salazar, o la verdadera situación en esa Secretaría que habrían justificado el cambio de titular, el cual supuso el primer movimiento importante en un gabinete disfuncional desde la remoción del secretario particular, a quien Peralta Sánchez sustituyó por el secretario de la Juventud.

Eso sí, el Gobernador dijo que durante el primer año de su administración se ha enfrentado a uno de los períodos más complejos de la historia moderna de Colima, que a pesar de ello “lo hemos enfrentado con determinación”.

Mas no lamentó el problema de inseguridad y violencia que aqueja a los colimenses. Aunque resaltó que “las instituciones de la entidad, pese a la gravedad de los primeros meses de la administración, siguen firmes y seguras, sosteniendo el andamiaje de los esfuerzos de la entidad”.

Aseguró: “Estamos superando los momentos críticos y poco a poco entraremos en una etapa de mayor estabilidad y confianza social”. Para agregar: “Mi mayor propósito es corresponder a esa confianza con trabajo y dedicación”.


En pocas palabras: palabras, palabras, palabras…


Sí habló de su reciente viaje a Los Ángeles, donde se entrevistó con los migrantes colimenses que radican en Estados Unidos, a quienes expresó que decidió compartir el día del primer aniversario de su Gobierno con quienes viven en California, “considerando que allí se localiza la concentración más importante de paisanos en el país del norte”. El propósito de este encuentro, dijo, “fue confirmarles que el gobierno del estado estará listo para respaldarlos en estos momentos de incertidumbre”.

Sin embargo, Peralta Sánchez no dijo cómo. Ni lo que hará su gobierno para prever el impacto que supondrá para las comunidades rurales de Colima dejar de recibir eventualmente las remesas de los migrantes y los recursos que ellos aportaban en programa como 3x1, por efecto de las políticas recaudatorias y persecutorias de Donald Trump.

Mucho menos explicó Nacho a los colimenses de aquí cómo planea procesar el regreso masivo de los migrantes que sean deportados o que simplemente quieran regresar a su tierra para continuar acá su proyecto de vida, interrumpido por el creciente racismo en la Unión Americana.

Nos gustaría saber ¿qué condiciones les ofreció a los migrantes para atraer los capitales de quienes lograron hacer fortuna o acaso tienen un patrimonio inmobiliario que eventualmente podrían vender para invertirlo en su país?, ¿y cuáles serían las fuentes de empleo para todos aquellos forzados a regresar a México como se fueron, con una mano atrás y otra adelante, porque allá lo que se gana en dólares se gasta en dólares y la mayoría de los migrantes trabajaron para vivir?

Colaboración de Carvajal Berber.

Análisis Político

Es muy fácil reprobar o aprobar como excelentes a Nacho Peralta y a cada uno de los diez alcaldes de nuestro estado en el primer año de sus administraciones, porque las hacemos mediante un plumazo o comentario en un medio informativo, ya sea en prensa, radio o televisión, criticar cuestionar o elogiar es sencillo, pero hacerlo técnicamente es complejo.

Lo cierto es que esta evaluación no es profesional porque no hay sustentos medibles y depende en gran parte a la capacidad de análisis personal, por sentido común, por la información recibida o los sentimientos personales o afiliación de grupos o partidos políticos, la dirigente perredista por ejemplo ¿dirá que fue excelente el gobierno estatal de Nacho? ¿Reconocerá a Héctor Insúa como buen alcalde en la capital?, jamás, aún vea avances, sin embargo quienes tienen madurez, capacidad y experiencia ya sean priístas, panistas o perredistas en ocasiones sí reconocen públicamente a sus adversarios y esto habla bien de ellos.

Basta algunos ejemplos en los informes municipales a donde acudió el gobernador fueran o no de su partido Nacho les dio un reconocimiento a su trabajo a todos, en cambio solamente los del PRI y del verde ecologista manifestaron el apoyo del ejecutivo en sus municipios, en el caso del informe del alcalde panista de Colima fue un caso especial, la actitud de madurez política la dio públicamente Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno quien asistió en representación del gobernador pues mientras que Francisco Rodríguez como síndico municipal lo aventaron a la guerra hablando allí pestes del PRI, Arnoldo Ochoa tomó la palabra para reconocer el trabajo de Héctor Insúa y a todo su cabildo, por lo que el público lógicamente observó la gran diferencia de la talla política entre unos y otros. 

El mayor reto para evaluar a los funcionarios es crear empresas y organizaciones civiles al margen de los partidos y sin objetivos económicos para implementar sistemas de evaluación del desempeño de los servidores públicos, sabemos que ya existen algunas, pero estas van exclusivamente por el dinero, por la lana y evalúan sin bases, ¿Lo que me pagues te califico? Pues ya vimos cuantos diplomas obtuvo la administración de Mario Anguiano como exitosa ante la percepción social sin saber que estábamos en quiebra. Y vemos que Nacho Peralta ni ningún alcalde tienen ahorita ni para pagar una buena calificación aunque sea de una empresa baratera ya que cobran tres millones de pesos lo más económico y por tal motivo se sujetan a la opinión popular, al sentido común o pasional de comentaristas.

Por tal motivo valoremos por sentido común, cabe destacar que uno los principales logros de Nacho Peralta durante su primer año de gobierno, es el área financiera, área que se logró estabilizar gracias a la voluntad política, a la austeridad en el manejo de los recursos públicos y al ahorro que se ha tenido en el gasto que le han permitido a Nacho Peralta alcanzar algunas metas como gobernador y entre ellas, el normalizar muchísimos pagos pendientes, a los jubilados, pensionados, a la universidad de Colima, a los estudiantes miles de becas, la canasta básica, etc. etc.

Aunado a esto, es la honestidad con que el gobernador y sus funcionarios se han conducido en el manejo de los dineros del pueblo de Colima y su administración. Este es el nuevo perfil del Gobierno del Estado que viene a terminar con las irregularidades financieras que existían en distintas áreas de la administración.

Los compromisos cumplidos por parte del gobernador en materia financiera, contribuyen a dinamizar la economía del Estado, porque con ello se genera liquidez en las familias y dinero en el entorno que se derrama en los diversos sectores económicos  de la población. Ante esto, el gobernador reiteró  su agradecimiento a quienes laboran en la administración pública  por su trabajo y les pidió que sigan esforzándose al máximo por servir a la población.

En el caso de la seguridad pública el gobernador ha entregado patrullas, uniformes, compensaciones a los policías, ha convocado múltiples reuniones del gabinete de seguridad, logró la llegada de un batallón con 500 militares y ha reconocido públicamente que su reto en este rubro está incumplido, y no es tan fácil, porque si ahora Tecomán pareciera que está en guerra por tantos soldados en diferentes colonias, entradas y salidas, y aun así siguen apareciendo muertes quiere decir que el problema del conflicto entre las organizaciones criminales no es tan fácil, es complejo y por ello los refuerzos federales.

Desafortunadamente en México y también en Colima no existe la aplicación de metodologías profesionales como existen en otros países que permitan diseñar y aplicar la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, sean gobernadores o acaldes porque también la legislación en su mayoría no contempla nada de esto, por ello alcaldes y gobernadores han endeudado al estado como han querido mediante un desorden financiero con tintes de corrupción, tardíamente les pusieron límites, por tal motivo en Colima tendremos una deuda estatal por treinta años con pagos mensuales de cerca de cuatro millones de pesos de puros intereses, y si los evaluadores de plumazo y sin bases no contemplan bien todo esto, simplemente no sabemos que están evaluando, son  maestros de la pluma o del micrófono pero no de un salón de clases.

Análisis Político

Son muchas las conjeturas políticas que se han hecho en torno a la reaparición del ex gobernador Mario Anguiano en la primera cabalgata tradicional para inaugurar las históricas fiestas de la Villa, cada funcionario, político o ciudadano dieron rienda suelta a su capacidad de análisis o interpretación en esta reaparición pública a pesar de ser acusado por la enorme deuda estatal y por desvío de recursos.

Su asistencia a la cabalgata -Fue un reto contra el gobernador-, “está retando a todos los diputados del Congreso”, -está demostrando que no es culpable de nada-, tiene agallas, participó porque le encantan las cabalgatas, es su gusto, su derecho, etc. etc. y en cuanto a los gritos de los asistentes como observadores; ¡Arriba Mario! ¡Adiós Mario! “Mario no tienes vergüenza”, etc., etc.

El argumento de su participación está basado según las redes sociales porque mas de cien de sus amigos vaqueros lo invitaron a participar, argumentan, que siempre lo acompañaron luciendo sus caballos en estos eventos, la clase política sabe que pudo no asistir para evitar revivir su juicio en el escenario político, pero lo hizo porque decidió mandar un mensaje a la población, pues todas sus acciones políticas durante su proceso legal deben estar bien sustentadas y analizadas por él y sus asesores.

Con esta reaparición política y posible reto al gobernador o contra el Congreso, es que ahora sí sabemos que no hay acuerdos políticos entre las partes, Nacho ni el Congreso hicieron acuerdos con Mario ni con el PRI ni con Gobernación, así lo analizamos, como tampoco Nacho Peralta hará acuerdos con ninguna de las organizaciones criminales que pretenden el control estatal. Pero por otra parte lo que sí puedo afirmar y es mi muy particular punto de vista es que Mario Anguiano sí tiene todo el derecho de defenderse de las formas que considere conveniente como cualquier ciudadano, y no va hacer lo que nos guste o quiera alguien, y más cuando considera que el juicio que le armaron desde un principio no está sustentado, aunque esto sea también jugar con fuego.

EL PRIMER AÑO DE NACHO PERALTA

El sábado anterior fue mi cumpleaños, y también se cumplió un año de la administración de Nacho Peralta, quién llegó ante diferentes tempestades electorales y con un desastre financiero económico que recibió del gobierno estatal. En tan poco tiempo ha logrado dar certidumbre política, económica y social a la administración pública no solo para recuperar la confianza ciudadana si no para estabilizar las finanzas, pues ha enfrentado y superado muchísimos conflictos heredados y muchos creados por la oposición, hasta recibir las consecuencias del gasolinazo nacional que lo motivó a reducir impuestos.

Ignacio Peralta ha diseñado un plan estratégico estatal en cada una de sus áreas aunque su principal problema es la lucha contra el crimen organizado que se ha agudizado y prolongado por el arribo de las bandas criminales regionales y nacionales, por tal motivo tuvo que pedirle refuerzos al Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de la Defensa Nacional, así logró el envío de un batallón de 500 efectivos de la Policía Militar que se sumaron al trabajo de la seguridad pública estatal y de Tecomán, el alcalde ha colaborado.

El Secretario de Seguridad Pública Francisco Javier Castaño Suárez con los tres niveles de gobierno en materia de seguridad han dado muestras de su trabajo, al detener diariamente a muchas personas con diferentes ilícitos, pero su queja ha sido ya pública, en su mayoría dice salen libres, pues la portación de armas no es delito grave aquí en Colima, tampoco detener a un ratero que es descubierto, el propio Subsecretario de Prevención Ghaleb Krame en acción de película corrió con pistola en mano paró y agarró a un ratero que acababa subirse a una barda de un Construrama antes de que abrieran, y los empresarios le pedían al funcionario que lo detuviera y así lo enviaron a la cárcel, pero por la tarde estaba libre el presunto ladrón, porque no fue detenido en flagrancia o con objeto robado en la mano, el tipo se subió a la barda para ver el panorama, posiblemente así argumentó ante el Juez y Derechos Humanos.

El Secretario de Seguridad ha advertido que independientemente de las organizaciones criminales que llegaron a la entidad a multiplicar los homicidios afectando los índices de violencia, cuando fue citado por el Congreso del Estado, dijo hay un problema en Colima, voy a decir la verdad, “Colima tiene absurdamente los mismos policías que hace más de diez años y la población ha crecido demasiado, agregó; necesitamos una reestructuración de la dependencia y contratar más policías operativos y de proximidad porque también los municipios tienen más rezagos que el gobierno estatal”, y no mencionó a la Marina, al Ejercito, ni a la enigmática PGR que ni sabemos si existe.

Pero con madurez y profesionalismo Nacho Peralta en lugar de sustituir al Secretario como ha sucedido en otras épocas por hablar con la verdad, reconoció este problema y buscó alternativas de solución exhortando mediante varias reuniones del gabinete de seguridad para hacer un esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno y redoblar esfuerzos, entregó varias patrullas beneficiando hasta los municipios, mas armamento, mas uniformes, destinó 8.8 millones de pesos para el incremento salarial de los policías de 4.5% con retroactivo al 1 de enero en beneficio de 677 elementos de seguridad.

Los resultados en materia de seguridad pública son exitosos por las detenciones, pues de febrero de 2016 a la fecha, se han consignado 843 personas en el estado y 37 del fuero federal, asimismo se han logrado recuperar 392 vehículos robados, lo cual significa que hay problemas serios de delincuencia.

Nacho Peralta reconoce que el tema de seguridad es complejo pues deben de intervenir todas las dependencias y sectores, pero también el Congreso para revisar su legislación penal y más aún el gobierno federal porque el problema de la violencia en Colima conforme a la misma Ley Federal de la Delincuencia Organizada le compete a la federación, a la Pgr, Policía Federal, a la Marina y el ejército, sin embargo nunca sabemos ni los nombres de los delegados de la PGR, pues nunca dan la cara, y en su artículo No. 1 y 8 de esta ley señalan que la investigación, persecución, sanción y ejecución de penas a los miembros de las organizaciones criminales le competen a la PGR ¿Y donde están o a que se dedican? Urgen más elementos federales. Pero en la grilla culpar al gobernador o el alcalde es muy fácil ¿Sí o no?

Análisis Político

Sr. José Eduardo Hernández Nava

Rector de la Universidad de Colima

Con el debido respeto me permito hacerle un breve análisis sobre mi punto de vista de esta gran institución pública educativa que usted ahora representa por otros cuatro años más, los egresados universitarios reconocemos el avance histórico, pero con todo respeto, hoy no sabemos su verdadero rumbo.

La ahora Universidad de Colima tiene sus orígenes el 16 de septiembre de 1940, con la primera ley Orgánica que le dio su autonomía publicada en 1962, antes se llamaba Universidad Popular de Colima, a partir de esas fechas ha despegado con la llegada a la rectoría de un grupo de jóvenes colimenses encabezados por Humberto Silva Ochoa que le dieron extraordinario impulso con trabajo y gran visión de lo que deseaban hacer.

Este avance extraordinario de la Universidad se le debe quieran o no reconocer a la FEC, Federación de Estudiantes Colimenses, quienes luchaban por mejorar las condiciones de los alumnos, la FEC fue fundada el 4 de enero de 1955 por Humberto Silva y varios líderes de estudiantes inquietos, la FEC ha jugado un importante papel para su despegue, aunque ahora esta organización estudiantil ha estado decayendo en los últimos años por la pérdida de su liderazgo, falta de trabajo hacia los estudiantes y autonomía.

Hombres como Humberto Silva Ochoa, Fernando Moreno Peña, Arnoldo Ochoa González, entre otros amigos estudiantes pasarán a la historia de la Universidad y de la FEC, porque sus luchas como auténticos líderes que también participaron como Arturo Figueroa Cárdenas, Ramón Pérez Díaz, Héctor Pizano, Arturo Aguilera, Juan José Farías, Adrián López Virgen, Zenen Campos , Alfonso Muñiiz, entre otros muchos más, forjaron y sentaron las bases para la autonomía y fortaleza universitaria.

Si recordamos el maestro Humberto Ochoa asumió el cargo el 3 de octubre de 1979 a la muerte del distinguido rector Alberto Herrera Carrillo a quien tuve la oportunidad de conocerlo también siendo el suscrito muy joven, el rector me dio un reconocimiento estatal por haber ganado un concurso nacional de los Mejores Estudiantes de México en Palacio de Bellas Artes, y ganarme dos becas por el CONACYT, una a Israel y otra a Yugoslavia Rusia.

A la entrada de Humberto consolidó las bases de la nueva Universidad por la infraestructura que construyó y fundó, multiplicó los bachilleratos y las escuelas superiores entre las que destacan la Facultad de Medicina, Veterinaria, Ciencias de la Educación, Química, Enfermería, Letras y Comunicación, Ciencias Marinas, Ingeniería, Contabilidad y Administración, Lenguas Extranjeras, etc. entre otras muchas obras, dejó una gran huella por sus nexos y gestiones con la federación.

Por otra parte, Fernando Moreno Peña quién también fue líder estudiantil ingresó como rector al dejar el cargo Humberto el 1 de febrero de 1989, Fernando la proyectó a la Universidad a nivel nacional e internacional, pero además hizo muchas obras como son los famosos Polideportivos que construyó en los municipios, bibliotecas, museos, la alberca olímpica, auditorios, estancias infantiles, conformo la Federación de Egresados, el Centro Editor de Discos Compactos, la Pinacoteca Universitaria, entre otras tantas obras.

Arnoldo Ochoa aunque no llegó a ser rector por las circunstancias políticas internas que se dieron entre el grupo universitario, fue el promotor e impulsor para que la FEC se empoderara en las decisiones de la Universidad al lograr la equidad para que en la elección del nuevo rector o en las sucesiones, la FEC tuviera el 50%, es decir estar a la par que los Directivos y el rector en turno, por ello la organización estudiantil decide desde diciembre de 1972 en un 50% y este logro lo obtuvo Arnoldo.

Pero como ya se me terminó el espacio, bastará que usted Sr. Rector nos dé la oportunidad para que un grupo de amigos columnistas y analistas políticos podamos dialogar con usted e informarnos mejor del rumbo de esta gran institución que podría acelerar el desarrollo del estado, saludos.

Desde la Curul 26

Este sábado 11 de febrero el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez estará cumpliendo su primer año calendario de estar al frente del Poder Ejecutivo del Estado, 365 días que debe reconocerse han sido muy difíciles en muchos aspectos, y donde para algunos el saldo ha sido negativo.

Desde que asumió la administración Ignacio Peralta, lo hizo enmedio de serios problemas, con una inseguridad galopante, la cual a pesar de traer mandos surgidos de la Secretaría de Marina, a hacerse cargo de la Seguridad Pública, poco o nada le han ayudado a meter orden y cada vez es mayor la percepción de sentirse inseguro de vivir en Colima (un 82% reportó el INEGI), y cerrar un 2016, con más de 600 asesinatos dolosos (607, para ser exactos), convirtiéndose el año pasado el más sangriento en toda la historia de Colima, y siendo el estado más inseguro de toda la República Mexicana.

José Ignacio Peralta, al tomar las riendas de la administración, lo hizo inmerso en un grave problema económico, que no acaba de superarse, con una deuda multimillonaria, que nos tendrá endeudados cuando menos los próximos 30 años, gracias a un desgobierno despilfarrador, que derrochó los recursos a manos llenas, y donde el ex gobernante anterior y su grupo de allegados, saquearon las finanzas y que hasta el momento los colimenses nos seguimos preguntando en dónde están esos millones de pesos que no aparecen por ningún lado.

Desafortunadamente el titular del Ejecutivo estatal ha tenido muy escaso apoyo del equipo de colaboradores a quienes les dio la confianza para que lo acompañaran a tratar de enderezar el rumbo y evitar que el barco se fuera a pique, pues estaba haciendo agua.

La administración peraltista comenzó dando tumbos y cometiendo pifias garrafales, como la de nombrar, dar posesión y tomar la protesta como Procurador General de Justicia del Estado a José Guadalupe Franco Escobar, gracias a la desbarrada que dio el Consejero Jurídico del Gobierno estatal, Andrés Gerardo García Noriega, que fue quien se llevó al baile al gobernador Peralta Sánchez y que a pesar de que no fue la única bronca en que lo metió, lo sigue manteniendo en el cargo donde de muy poco le ha servido.

En octubre, cuando rindió el primer informe de labores de gobierno, a pesar de que tenía apenas siete meses y días de estar en el cargo, acudió al Congreso a entregar el documento y dirigir un mensaje y ahí Peralta Sánchez reconoció que apenas la gente que le había ayudado eran los Secretarios de Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, el doctor Carlos Salazar Silva, en la Secretaría de Salud; y Oscar Javier Hernández Rosas, en Educación.

El enemigo dentro…

Los meses han transcurrido y este sábado José Ignacio Peralta Sánchez estará cumpliendo sus primeros 365 días como gobernador y salvo mejor opinión que usted tenga, pareciera que al interior del gobierno, e incluso desde el exterior, hay gentes interesadas en socavar la administración peraltista, el hacerla fracasar, zancadilleándolo y tratando de exhibirlo en su toma de decisiones.

Se ve que aun cuando se operó para lograr quitarle la mayoría al Partido Acción Nacional, en el Congreso del Estado, y construir una mayoría a base de muchas minorías, eso no le ha ayudado al Ejecutivo, pues no se le ha sacado toda la raja que se pudiera.

No le están apoyando sacando las leyes que tanta falta le hacen a Peralta Sánchez para poder trabajar de manera más armoniosa, y para muestra está la iniciativa para crear la Fiscalía General del Estado, la cual se encuentra en el Congreso desde los primeros días de noviembre y es tiempo que no se ha dictaminado, lo cual está poniendo otra vez de “pechito” al titular del Ejecutivo, para que lo golpee la oposición en el Congreso.

A grado tal que hace apenas unas horas (casi a la medianoche de hoy), anunció que este jueves el gobernador enviará al Congreso del Estado la propuesta para que José Guadalupe Franco Escobar, ocupe el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, responsabilidad que viene desempeñando como encargado del despacho desde los primeros días de enero del presente año.

Si usted lo recuerda esta será la segunda ocasión que José Guadalupe Franco Escobar, será propuesto al Congreso del Estado, para ocupar tal responsabilidad; la primera ocurrió en 2016, donde el mandatario estatal fue exhibido por su Consejero Jurídico, ya que le hizo creer que era su facultad exclusiva el nombrarlo y tomarle la protesta, cuando antes  debía ser ratificado el nombramiento por el Congreso local de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 58 fracción IV, segundo párrafo, vigente en aquélla fecha porque ya fue modificado (verhttp://ipuntocom.mx/desde-la-curul-26-la-novatada/ ).


Y en aquella ocasión la mayoría de diputados de la Legislatura del Estado que ostentaba la fracción del Partido Acción Nacional, (el 3 de marzo de 2016) decidió no dar su aprobación a la propuesta del Ejecutivo del Estado, rechazando la petición del gobernador, por lo que José Ignacio Peralta Sánchez, tuvo que mandar una nueva propuesta en la persona de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, la cual sí prosperó.

Esta vez la nueva mayoría conformada por los ocho diputados del PRI, los tres diputados independientes (ex panistas), y los diputados únicos del PT, PVEM y PANAL, aprobarán la propuesta que hoy va a llegar al Congreso Ignacio Peralta y la van a sacar adelante porque para nombrar al Procurador se requiere la mayoría absoluta (13 votos), y entre todo suman 14, y disponen en un término improrrogable de 15 días hábiles, para otorgar o negar la aprobación del nombramiento.

Entonces no van a tener problemas para aprobar esta propuesta del mandatario, sin embargo, les dará oportunidad otra vez a los panistas de echarle en cara a Franco Escobar, la existencia de doce averiguaciones previas que se le siguieron ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y que aunque al parecer ya no existen, pero les va a dar la oportunidad de apedrearlo.

Y todo eso porque los diputados que conforman esa nueva mayoría, no han hecho su tarea y no han sido capaces de armonizar la Constitución Federal con la local, que les permita crear la fiscalía general del estado, que es la que va a sustituir la Procuraduría General de Justicia y la Fiscalía Administrativa, que es la que se encargará de sancionar a los funcionarios y servidores o ex servidores públicos.

La exhibida en Salud…

Cuando le decía a usted pareciera que el gobernador tiene el enemigo dentro y que a toda costa buscan exhibir el mandatario como si no fuera él quien tomara las órdenes, lo estamos viviendo ahorita con el caso del Secretario de Salud, doctor Carlos Salazar Silva, todo mundo ya lo da por renunciado desde el pasado viernes y ya hasta han dado a conocer quién es el nuevo funcionario.

De nada ha valido la declaración de propia voz del doctor Carlos Salazar Silva, que el lunes al ser entrevistado, afirmó “hasta el momento no he renunciado”, y que un día después, el martes, el propio gobernador Peralta Sánchez, haya dicho que no existía tal remoción ni renuncia del titular del Salud y mucho menos un nuevo nombramiento.

Sin embargo, “esos” que saben hasta más que el gobernador, afirman que el doctor Carlos Salazar renunció desde el pasado viernes, y que ese día se despidió del personal de la Secretaría y que una persona de nombre Alfonso Hernández, había quedado como encargado de despacho, según los rumorólogos.

Y en medio de todos esos rumores, el doctor Carlos Salazar Silva, sigue realizando acciones como titular de Salud, nada menos ayer miércoles acudió a un foro estudiantil sobre adicciones en el municipio de Tecomán, donde fue el principal ponente y lo hizo como Secretario de Salud.

Pero ese grupo que quiere exhibir al gobernador del estado, haciéndolo presentar como que él no toma decisiones, filtraron a través de las redes sociales, imágenes de quien dicen es el sustituto del doctor Salazar Silva, ya saludando gente y diciendo que se estaba presentando ante el personal de Salud como el nuevo Secretario.

No sé quién tiene interés en mostrar al gobernador como una persona débil y que no es él quien decide al interior del gabinete, pero eso no se vale y como un principio de autoridad, el titular del Ejecutivo Estatal debe sacar la casta y poner orden y si deben rodar cabezas que rueden

Si sabe quién lo está queriendo exhibir y es parte del gabinete, que inmediatamente lo ponga de patitas en la calle, porque los colimenses, en la doble elección de gobernador, ambas fueron ganadas por José Ignacio Peralta Sánchez, por nadie más.

Y si esas presiones vienen de gente externa, pues han dejado correr rumores de que son personajes que están queriendo imponerle funcionarios al gobernador del estado, con mayor razón el Ejecutivo Ignacio Peralta, debe dar un manotazo en el escritorio y dejar muy en claro que el negocio es chico, pero hay quien despache.

Todos esos agoreros que se han mostrado de cuerpo entero en las redes sociales, --algunos de ellos funcionarios menores, que queriendo hacerse pasar como los interesantes se han encargado de   propagar esos rumores--, también deben ser puestos en su lugar, porque algo que no debe tolerarse son las traiciones ni las deslealtades.

Los que conocen de cerca al doctor Carlos Salazar Silva, le reconocen su profesionalismo y su valía, por eso no dudan en afirmar que es el mejor funcionario de todo el gabinete peraltista.

Hay quienes dicen que incluso está acudiendo a laborar sin recibir remuneración, tratando de que se nivelen las cuestiones económicas de esa dependencia, que por cierto está pasando las de Caín, pues de acuerdo a información que me hicieron llegar, este último día de enero había que cubrir una cantidad superior a los 50 millones de pesos, que se les adeudan (o se les adeudaban) a los proveedores de medicamentos.

Y también otros casi seis millones de pesos que debían pagarse en los primeros días de febrero, de adeudos que tiene el Hospital Regional Universitario, el cual está a punto de cerrarse porque no tiene insumos, ni materiales, ni para lo más indispensable, no le pagan al personal, ni a quienes hacen suplencias, pero toda esa problemática la abordaré posteriormente.

Solo decirles que el doctor Carlos Salazar Silva conoce muy bien su oficio, es uno de los mejores médicos internistas, con un prestigio y un respeto bien cimentado.

Si él, el pasado lunes afirmó que no había renunciado, yo le creo, no es de lo que tienen doble cara. Yo no sé a quién le interesa desestabilizar a la Secretaría, --como que si le faltara tanto, después de como la dejaron--, y si el gobernador José Ignacio Peralta el martes dijo que no había recibido ninguna renuncia, ni había destituciones, creo que no hay razón para poner en tela de juicio su palabra.

Quienes apuestan pesos contra tostones de que el nuevo Secretario de Salud, viene de México y que es un administrativo, seguramente están haciendo su propio juego y a como dé lugar están tratando de provocar un enfrentamiento entre el gobernador y el doctor Salazar Silva, situación que ni a la administración, ni a los colimenses conviene.

En Los Ángeles, festejará su primer aniversario…

En fin estamos a dos días de que se cumplan los primeros 365 días de esta administración gubernamental, se esperaba que ese día se organizara una cadena estatal de radio y televisión, donde el gobernador  anunciara sus ajustes y la agenda para los años por venir, pero al parecer, no será así.

José Ignacio Peralta Sánchez, viajará este sábado a la ciudad de Los Ángeles, California, donde sostendrá una reunión de trabajo en la Casa Colima, con los 16 o 18 clubes de migrantes colimenses de todos los municipios del estado, que se encuentran en el estado de California.

La reunión está prevista a realizarse a las 13:30 horas y se le ha denominado Encuentro del gobernador con migrantes colimenses en Estados Unidos, ese encuentro se realizará en el Salón La Huasteca, en la Plaza México, donde funciona la Casa Colima, en Lynwood, California.

Aún sin confirmarlo, seguramente la bienvenida estará a cargo del señor Miguel Ángel Pérez Rodríguez, presidente de la Federación de las Asociaciones de Colimenses en Estados Unidos (USA), y que además encabeza al club de migrantes Armería Fraternal.

Peralta Sánchez, también se reunirá con el Cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba.

Los migrantes colimenses radicados en aquél estado de la Unión Americana, se sienten motivados porque los visite el gobernador de Colima, pues dicen que será de los primeros que acudirán a brindar su respaldo a los colimenses que se encuentran en California

Según lo confirmó el propio gobernador del estado, será un viaje relámpago de solamente un día, habrá que ver quienes conforman la delegación que habrá de viajar.

 

Para cerrar…


**Déjeme comentarle que el Congreso del Estado, sigue dando de qué hablar. El pasado domingo, se realizó una sesión solemne para conmemorar el primer Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo que debió ser un evento de gran realce, parece que no se le dio la importancia que ameritaba.

A la sesión solamente acudieron al pase de lista 16 diputados, al final se incorporaron cinco más, aunque para los efectos legales se les contabilizó como falta, por no haber pasado lista de presentes, pero cuatro diputados, de plano les valió sombrilla el evento y para nada se pararon.

Los que llegaron con retraso fueron Riult Rivera, Alejandro García Rivera, Luis Ladino Ochoa, Norma Padilla Velasco,  y Luis Ayala.

Y los que de plano prefirieron seguir durmiendo la mona, fueron Santos Dolores Villalvazo, Joel Padilla, Chela Larios y Héctor Magaña.

Pero no fueron los únicos, estuvieron ausentes 9 de los 10 alcaldes, solo asistió Lupillo García, de Tecomán; quizá no fueron invitados, porque ninguno llegó, los presidentes de los partidos políticos; delegado federales, magistrados de los distintos tribunales, solo acudieron los del Supremo Tribunal.

Tampoco acudieron representantes populares federales, es decir senadores y senadoras, diputadas y diputados federales, bueno, para no hacérsela largo, no se llenó el recinto del Congreso del Estado y eso que el cupo son algo así como 218 butacas.

**También déjeme comentarle que mal se vieron los diputados, y yo creo que lo más lógico sería que derogaran el decreto que las creó, porque al cabo ni lo respetan, son las ceremonias cívicas mensuales.

A pesar de existir un decreto que obliga a todos los diputados y a todo el personal del Congreso a rendir honores a la bandera el primer lunes de cada mes, en la ceremonia de febrero, déjeme comentarle que solamente se pararon dos diputados: Federico Rangel Lozano, del PRI, y Martha Alicia Meza Oregón, del Verde Ecologista.

Los otros 23, incluido el presidente de la Comisión de Educación y Cultura que es quien propuso el decreto para celebrar estas ceremonias, el petista Joel Padilla, ya tiene varias sesiones que ya ni se para.

Bueno, acudimos más reporteros que personal del Congreso y diputados, entonces ¿si no pensaban cumplir con lo señalado por ese decreto, para que lo aprobaron?


**Pero bueno, para que vea que los diputados son constantes y firmes en sus convicciones, el mismo martes, acudieron invitados por el Congreso del Estado a comparecer en reunión de trabajo, el Secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas y el Procurador de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del DIF estatal, Adrián Menchaca García, a fin de que les explicaran a los diputados las acciones y medidas que han implementado estas dependencias para proteger a los menores de edad.

Bueno, pues déjeme decirles que a pesar de que había sido un punto de acuerdo el citar a comparecer en reunión de trabajo en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a los funcionarios, los legisladores se mostraron de lo más irrespetuosos y de los 25 legisladores únicamente se presentaron dos, Eusebio Mesina Reyes, que fue quien había propuesto esa comparecencia y Joel Padilla Peña, presidente de la Comisión de Educación, de ahí en más, ningún otro tribuno.

Los funcionario invitados, se comportaron como si hubieran estado los 25 diputados presentes y realizaron su exposición como si hubieran acudido todos.

**Y ya para concluir, déjeme decirles que este miércoles acudió invitado por los diputados el Auditor Superior del Estado, Carlos Armando Zamora González, a fin de que les informara de los avances que se llevan de una auditoría al SEFIDEC; bueno pues le comento que a la reunión apenas acudieron Nicolás Contreras, Luis Ladino, Federico Rangel, Leticia Zepeda y Norma Padilla, luego se andan quejando que no les informan sobre determinados asuntos. No, pues el caso es que a los diputados no les gusta ir al Congreso.

**Finalmente le comento que este viernes inician las fiestas charro-taurinas de Villa de Álvarez, con la cabalgata nocturna… si usted quiere participar y no tiene qué ponerse, dese una vueltecita por el Museo de los festejos charro-taurinos, ahí hay en exhibición trajes de luces, ternos, trajes de charro y de charra, si hay alguno que le guste, pídaselo al director de cultura, y júrelo que se lo presta, al cabo dice ese “funcionario” que nadie va al museo, pues hay que sacar las prendas que ahí están, donadas o prestadas, para que las luzcan fuera. ¡Cómo la ve!

Contrapeso

Mucho se ha dicho por el cumplimiento del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conmemorado el pasado 5 de febrero.

Sin embargo, uno de los ejercicios más reveladores e interesantes, a mi parecer, es el realizado por la cadena Imagen Televisión, que hizo un sondeo en la Cámara de Diputados, haciendo preguntas –de primaria– a algunos de nuestros legisladores, sobre la Carta Magna.

Cuestiones como ¿cuál es el artículo que habla de la educación?, ¿cuál del trabajo?, ¿cuántos artículos tiene la Constitución?, o ¿en qué año fue promulgada? evidenciaron el nivel de conocimientos básicos tan bajo –vergonzoso e hiriente– que tienen algunos diputados.

Y una de las que hicieron ‘el oso’ a nivel nacional, por su incompetencia en los más mínimos conocimientos legislativos, fue la colimense María Luisa Beltrán Reyes, del PRD.

Si usted no ha visto el vídeo, aquí transcribo el dialogo entre la reportera y la diputada, representante de Colima:

–¿Cuál es el artículo que habla del trabajo?– pregunta la reportera.
–El tercero, ¿no?, pero nuestro trabajo nos hace falta…– responde la diputada, y es interrumpida por la periodista.
–No, el tercero no es.
–¿No?, ¿el 7?– responde, pregunta incrédula María Luisa Beltrán.
–No– insiste la reportera.
–¿El ocho? – vuelve a responder dudando la diputada colimense, equivocando por tercera vez su respuesta, evidenciando que no tiene el más mínimo conocimiento de la Constitución.

Es oportuno recordarle a la perredista que es el Artículo 123 el que establece las directrices sobre las garantías que tienen los mexicanos en lo que a trabajo se refiere, y sus primeras dos líneas dicen: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

Sin embargo, a pesar de no saber el contenido más elemental de este artículo, la legisladora ha sido una crítica opinadora, y a inicios del año pasado propuso de forma simplista: “empleos con salarios justos para acabar con la inseguridad en Colima”. Sería interesante cuestionarle ¿de dónde obtiene sustento legal su propuesta para hablar de salarios “justos”, sino es de los planteamientos rectores de la Constitución nacional, que a todas luces ignora?

Y es que no, la ignorancia no es un pecado, pero a mi juicio sí lo es el ser representante popular y no tener los conocimientos más elementales de la función pública y los marcos normativos de nuestro país. Si no saben, que estudian. Si no conocen, que aprendan. Si no son aptos y capaces, que renuncien.

Análisis Político

Un batallón integrado de 500 elementos federales arribaron al estado para reforzar la seguridad pública estatal, así lo dieron a conocer en rueda de prensa, Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, en representación del gobernador del estado, Ignacio Peralta Sánchez, así informaron también los representantes de los mandos militares que intervinieron, estuvieron presentes el Secretario de Seguridad Pública, Contralmirante Francisco Javier Castaño, funcionarios del área y alcaldes.

Si recordamos ante los hechos delictivos que se presentaron en el mes de enero en la entidad, el gobernador,  hace días se reunió con el Grupo de Coordinación Interinstitucional en Materia de Seguridad para tener una valoración real de la situación y definir nuevas acciones en temas como inteligencia, equipamiento y control táctico; que le permitan a las autoridades mantenerse actualizadas las estrategias que llevan a cabo en materia de seguridad.

Esta reunión que se prolongó por espacio de cinco horas  con los altos mandos del Ejército, La Marina y Seguridad Pública del Estado, el gobernador analizo los avances y retrocesos que se han tenido en ésta cruzada para darle tranquilidad a la población colimense ya que el estado está siendo objeto de una fuerte lucha intestina entre grupos delincuenciales que se disputan el territorio colimense.

Ante este panorama el gobernador valoró y consciente también el gobierno de la República sobre lo que está ocurriendo en la entidad decidieron comisionar a 500 elementos de las fuerzas federales para auxiliar al gobierno del estado y a los ayuntamientos cuyos municipios están identificados como los más violentos del país, mediante el programa federal denominado Operaciones Interinstitucionales. En síntesis la ciudadanía aplaude el auxilio de las fuerzas federales, ante la imposibilidad de contratar en forma rápida a más elementos policiales, y los militares llegaron precisamente a Tecomán, el municipio con registros altos de homicidios violentos.

CONGRESO SE INCORPORA A PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD

En una reunión de los diputados locales interesados en la solución a la problemática de la seguridad pública invitaron al Secretario de Seguridad Pública y a los diez Directores de Seguridad de los municipios para analizar y evaluar los conflictos con el propósito de coadyuvar a la solución mediante la gestión o la aprobación de algunas reformas.

El desarrollo de la reunión fue muy interesante que valdrá la pena efectuar un pequeño análisis para el próximo lunes, dado que expusieron especial interés algunos legisladores de representar auténticamente a los municipios, reconociendo que la problemática de la seguridad pública es tarea de todos, tal como lo mencionó Nicolás Contreras, pero intervinieron Crispín Guerra en forma excelente, Federico Rangel, Octavio Tintos y la coordinadora de la reunión Adriana Mesina Tena quien por cierto reconoció que al cambio de la Dirección de Seguridad en Tecomán de donde es su origen en los últimos 15 días prácticamente no se han registrado homicidios.

Análisis Político

La seguridad escolar es tema relevante para el futuro de las nuevas generaciones de los colimenses, sobre todo por la crítica situación de la violencia que ha preocupado a la sociedad como tema principal, pues hoy Colima por los homicidios que han ocurrido de la delincuencia organizada ocupa el primer lugar nacional.

Pero la prevención de los delitos en las escuelas, su seguridad escolar y la tranquilidad de las familias con sus hijos que acuden como estudiantes, no está exclusivamente en la revisión de sus mochilas antes o durante sus clases, sino que, la prevención del delito es un tema de más fondo, debe ser mejor coordinado e integral por las diferentes dependencias públicas que pueden influir para detectar, prevenir a tiempo y evitar fuga constante de estudiantes que abandonan las aulas por adicciones y se convierten en las calles en potenciales delincuentes.

Las posturas de algunas las organizaciones de padres de familia cuyos dirigentes ni siquiera tienen hijos en las escuelas, una Comisión de Derechos Humanos que lejos de contribuir para la seguridad pública o social protege a delincuentes o impide prácticas necesarias en estos tiempos de alta violencia con sus posturas políticas y por otra parte los directores de bachilleratos y secundarias han repetido y exigido la presencia de la policía en los salones ya que tienen temor debido a la delincuencia organizada por la distribución de drogas que aumenta gradualmente en las escuelas, previenen venganzas o conflictos.

Por tal motivo los operativos mochila que han sido abandonados en el estado deben retomarse tal como lo anunció el gobernador del estado, Ignacio Peralta y Oscar Hernández, Secretario de Educación, pero no únicamente en las escuelas públicas, sino también en las universidades y colegios privados, recordemos que el caso ocurrido reciente en Monterrey fue en colegio privado y no es el único caso, pues hay más de 45 pistolas recuperadas en los últimos años, más de mil cuchillos, marihuana, cocaína y navajas que se han detectados en las mochilas en el país.

En Tecomán Colima hace tiempo se le encontró una pistola a un alumno menor de edad, pero se han encontrado en la mayoría de las escuelas marihuana, cuchillos, muchas dosis de drogas, navajas, etc. Por tal motivo en la prevención escolar tiene que participar la Secretaría de Seguridad, Salud, Dif, Policía Federal, Pgr, etc, quienes tienen psicólogos y profesionales en la prevención del delitos en redes digitales y con las actividades de prevención detectan a tiempo las adicciones y se les canaliza para su rehabilitación, pues es inadecuado que solo los padres de familia, los directores y la Sep, puedan con el gran paquete, pues el problema es serio, grave, pues más del 27 % de alumnos tienen problemas de adicciones por eso hay hasta el 48% de deserción escolar y grupos o salones de clases de hasta de cinco alumnos, por ello urge que todas las dependencias afines se organicen, falta mucha prevención escolar.

 

NACHO FIJA POSTURA ANTE CONFLICTO TRUMP

 

El gobernador del estado, Nacho Peralta atinó políticamente su postura en apoyar al presidente Enrique Peña Nieto, luego de la amenaza de Donald Trump de condicionar su visita a Estados Unidos sólo si pagaba el muro, porque si no, dijo, que ni venga, respondió Peña a través de la misma red social, Twitter: “Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS”.

 

De esta manera, a lo largo y ancho del país, se han cerrado filas en torno a la decisión del presidente de México de no ceder a las amenazas del presidente de Estados Unidos, por tal motivo hizo bien en convocar a la clase política, social, empresarial, periodística, entre otras, a cerrar filas.

 

Desafortunadamente hay grillos que no entienden que las campañas ya terminaron y piensan que criticando ganan más reflectores para el 2018 como es el caso de Leoncio Morán Sánchez, dirigente de Movimiento Ciudadano y ex candidato del MC al gobierno del Estado, pues hubiera ganado más adeptos para la próxima alcaldía si hubiera participado; Mario Moncada Cantú, presidente de COPARMEX Colima y Jesús Fuentes, dirigente estatal del PAN, sabemos que criticaron porque solo recibieron indicaciones, así lo entendemos. Sin embargo la sociedad vio bien la postura de Nacho, inclusive anunció apoyo para el caso de que exista la llegada de familias colimenses de EU que sean afectados por esta ofensiva migratoria de Trump.

 

Desde la Curul 26

Mal se vieron las y los consejeros del Instituto Electoral del Estado, al despedir sin causa justificada, --al menos no dada a conocer--, al Secretario Ejecutivo del Consejo General de ese organismo electoral, Miguel Ángel Núñez Martínez, cometiendo pifias y errores garrafales, que seguramente van a tener repercusiones en un futuro próximo.

Resulta que el pasado miércoles ya después de las 20:00 horas, enviaron una invitación a la XXII sesión extraordinaria a celebrarse el jueves a partir de las 10:00 horas, y extrañamente, la convocatoria a la sesión, era firmada por la presidenta provisional Ayizde Anguiano Polanco, no así el Secretario Ejecutivo, a quien le corresponde elaborar la propuesta de orden del día y la que envía los citatorios.

En la propuesta de orden del día únicamente aparecían dos puntos y ahí se anticipaba las causas por las cuales Ayizde Anguiano, no había contemplado la participación del Secretario Ejecutivo. Miguel Ángel Núñez Martínez, el primero de los puntos era “proyecto de acuerdo que presenta la consejera presidenta (provisional, Ayizde Anguiano Polanco), relativo a la designación del titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General  del instituto Electoral del Estado de Colima”.

El segundo punto era la lectura del proyecto de acuerdo del Consejo General relativo a la reasignación  presupuestal del ejercicio 2017, correspondiente a este organismo electoral.

Si, así, a la mala, por la espalda el Secretario Ejecutivo estaba siendo acuchillado por aquellas y aquellos consejeros con quienes el Secretario Ejecutivo decidió jugársela cuando se presentaron las demandas en contra de quien fue la presidenta del consejo general del Instituto Electoral del Estado, doctora Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, cuando este organismo electoral vivió una de sus etapas más difíciles, por distintas circunstancias.

Sí, con una cuchillada trapera, por la espalda, estaban pagándole al Secretario Ejecutivo del IEEC, que les haya ayudado a las y los consejeros, cuando el órgano correspondiente del consejo general del Instituto Nacional Electoral, estuvo allegándose la información y las pruebas para sancionarlos por haber violado la Constitución Política del Estado, cuando por sus pistolas este consejo modificó las listas de candidatos y candidatas a diputados locales y a regidores plurinominales, y estuvieron a punto de correrlas a todas y a todos.

El Secretario Ejecutivo les ayudó hasta donde pudo y al final, aunque ahora no se lo reconozcan, no las corrieron a todas y a todos, por lo que hizo o dejó de hacer Miguel Ángel Núñez.

Yo no sé si estará apegada a legalidad la remoción de Miguel Ángel Núñez, ni tampoco lo que sucedió durante la sesión del pasado jueves en el consejo general del Instituto Electoral, eso se lo dejo a usted para que lo juzgue.

Como el secretario ejecutivo no había sido requerido para elaborar el orden del día, ni convocar a sesión extraordinaria, el jueves Miguel Ángel Núñez, salió a realizar trabajo del propio Instituto Electoral, se encontraba realizando unas diligencias, a efecto de hacer llegar una información para constituir una fe de hechos con motivo de una investigación que realiza la Comisión de Derechos y Quejas.

Por las prisas ni lo corrieron…

Por eso llegó 45 minutos después de que había iniciado la sesión, para lo cual la presidenta provisional Ayizde Anguiano, había mandado llamar a Gabriela Rivera, directora de Administración del IEEC, a quien propuso para que por única ocasión, fungiera como Secretaria Ejecutiva para esta sesión extraordinaria y con la complicidad de todos los integrantes del consejo aprobaron la propuesta, por lo que se inició la sesión.

Cuando llega el Secretario Ejecutivo al edificio se percata que están en sesión, y lógico trata de tomar su lugar en el consejo, como lo señala la ley, y hacer saber al pleno, que a pesar de ser el secretario ejecutivo, no se le invitó a constituir parte de la sesión, informándoles incluso de las tareas que estaba haciendo fuera del Instituto, ya que a él nadie le había pedido convocar a esa sesión extraordinaria.

La presidenta provisional y los demás consejeros del IEEC, no tenían argumentos para negarle el derecho a estar en la sesión, pero todos estaban de acuerdo en que lo iban a destituir;  no había argumentación sólida, por eso cuando Ayizde Anguiano, extralimitándose en sus funciones de presidenta, pues las sesiones son públicas y a nadie puede mandar sacar sin causa justificada, ordena a Miguel Ángel Martínez: “Sálgase de aquí, sálgase de aquí, no puede estar en la sesión…”.

Como el Secretario Ejecutivo insistía en que si no había sido destituido por nadie y estaban en una sesión extraordinaria, era su derecho estar ahí y como los y las consejeras no tenían argumentos válidos, Ayizde Anguiano decreta un receso “hasta que se retire”, y abandonaron el salón de plenos.

El Secretario Ejecutivo del consejo general del IEEC, mostró mayor madurez y se retiró del salón de plenos, no así del edificio, por lo que se reanudó la sesión y se presenta el acuerdo para designar al titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Estado de Colima.

El dichoso acuerdo lo presentó al pleno la presidenta provisional Ayizde Anguiano, porque según ella desde el 27 de enero de 2016, este consejo general había aprobado el acuerdo IEE/CG/A005/2016, señala que no habían sido ratificados el titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, así como los titulares de las direcciones de Organización Electoral y Capacitación y Educación Cívica.

La presidenta provisional y los y las consejeras que acuchillaron a Núñez Martínez, reconocen que el INE en sus lineamientos daba un plazo de 60 días a partir de enero de 2016, para notificar el cumplimiento de su acuerdo, por lo que al no ser ratificado, pero tampoco removido en el lapso señalado por el INE, operaba la ratificación tácita.

Pero no, Ayizde y sus cómplices interpretaron de acuerdo a sus conveniencias este acuerdo. Si como reconoce la presidenta provisional el acuerdo del INE les daba 60 días y la anterior presidenta Alejandra Valladares, que ya para entonces tenía desavenencias con Miguel Ángel Núñez, ella y las y los demás integrantes del consejo, tenían la obligación de haber hecho esa puntualización a la anterior presidenta del consejo.

Pasan por alto que la omisión, también es corrupción, en consecuencia las y los demás integrantes del consejo tendrían responsabilidad en esa omisión, que de acuerdo a las leyes laborales operan en favor del trabajador

Ahora, ¿por qué remover al Secretario Ejecutivo?, sin duda porque les estorbaba, por eso le hablaron al oído a Oscar Omar Espinosa, a su vez Director Jurídico de la Secretaría Ejecutivo del Consejo General, para que se prestara a ser artífice para culminar la traición, porque éste no dudó en traicionar a quien era su jefe inmediato y que le había dado la confianza para que fuera su director jurídico.

Por eso cuando los comisionados políticos le preguntaron a la presidenta provisional cuáles eran las causas de peso para remover al Secretario Ejecutivo, tan solo dijo que “porque se le perdió la confianza”, ¡ah qué caray!

Vienen más…

Terminó la sesión y el jueves nadie dio la cara a Miguel Ángel Núñez, para decirle que estaba despedido, por lo que el consejo general tenía dos Secretarios Ejecutivos, uno en funciones que “corrieron” pero que nadie se atrevía a decirle que ya les estorbaba; y otro que se prestó al juego de las y los consejeros, pero que no ha rendido hasta hoy, protesta del cargo.

A Ayizde Anguiano, y a los otros cinco consejeros y consejeras les tiemblan las corvitas, porque saben todo lo que hizo por ellas y ellos Miguel Ángel Núñez, que además, si a ellas y a ellos ya se les olvidó habrá que recordarles que había un acuerdo o un pacto, para que Núñez Martínez se mantuviera en el cargo.

Se había rumorado que este lunes habría otra sesión extraordinaria, no sé si la iban a convocar a que rindiera protesta el secretario ejecutivo que ellos nombraron, o porque Ayizde Anguiano, está preparando otra puñalada y ahora va por la cabeza de Juan Manuel Rodríguez Peña, director de Organización Electoral, que es uno de los que más saben de la materia al interior del Instituto Electoral del Estado.

¿Y saben por qué?, porque ahora que salgan del consejo general Verónica González Cárdenas, Isela Guadalupe Uribe y José Luis Fonseca, seguramente Juan Manuel Rodríguez Peña, participará en la convocatoria de selección de consejeros y desde ahora quienes se han coludido al interior del consejo general, están tratando de impedir a como dé lugar el que se convierta en consejero.

¿Y sabe cuál va a ser el pretexto? Que hace un año no fue ratificado por la anterior presidenta del consejo general del IEEC el nombramiento de Rodríguez Peña, al frente de la dirección de Organización Electoral y que le han perdido la confianza.

Qué va a continuar, bueno pues otra vez el pleito ante los tribunales, porque sin duda Miguel Ángel Núñez Martínez, va a busca la protección de la justicia y lo que va a suceder, yo no sé si le van a dar la razón y lo vayan a restituir en el cargo, pero lo que sí no será remoto que el consejo general del Instituto Nacional Electoral, reanalice el asunto de las y los integrantes del consejo general del Instituto Electoral del Estado y los remueva a todos.

Si este año cuando sacará la convocatoria para renovar, seguras tres posiciones, que pudieran ser cuatro incluyendo la de la presidenta Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, pues al ver todas las pifias y erratas no es descabellado que llegado el momento decidan renovar todo el consejo.

Por cierto… les doy una primicia…

Para quienes creían que el caso de la hoy ex presidenta destituida del consejo general del Instituto Electoral del Estado, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, ya está concluido, déjeme darles una primicia y decirles que están muy equivocados.

Les comento que la doctora Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el  recurso de apelación en contra de la determinación del Consejo General del instituto Nacional Electoral en contra de su destitución del cargo de consejera presidenta del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Colima.

El expediente se encuentra radicado en asuntos en instrucción y se le asignó el número SUP-RAP 532/2016, mismo que le fue asignado al Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, luego de que se excusó de conocer de este asunto el Magistrado José Luis Vargas, a quien originalmente le había sido asignado, pero en virtud de que José Luis Vargas, fue el abogado que promovió el recurso en contra de Valladares Anguiano, como representante del Partido Revolucionario Institucional, es que solicitó excusarse para no conocer de este asunto, por lo que se le turnó al magistrado Mata Pizaña.

El acto reclamado por la doctora Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, es la Resolución del Instituto Nacional Electoral INE/CG794/2016, dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el procedimiento de remoción de consejeros electorales UT/SCG/PRCE/PRI/CG/15/2015, relativo a la remoción del cargo como Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Colima.

Para cerrar…

**Me quedó pendiente de abordar el otro asunto de la reasignación presupuestal  del ejercicio 2017 correspondiente al Instituto Electoral del Estado, donde a decir de Ayizde Anguiano Polanco y demás consejeras y consejeros del IEEC, “se pone en riesgo la totalidad de los trabajos y actividades de esta Institución”, por la reducción del presupuesto por parte del Congreso del Estado.

Se hizo una reasignación pero a pesar de que se están desgarrando las vestiduras las consejeras y los consejeros, déjeme decir que ni por asomo ninguno de los integrantes de este organismo electoral, propuso siquiera dejar de recibir los cinco mil pesos que se les entregan mensuales en vales de gasolina, ni los mil pesos que reciben cada mes para la telefonía celular, ya luego le daré a conocer cuántos nos están costando las y los consejeros, por solo pasársela grillando.

**Por otra parte comentarle que el pasado jueves por la tarde-noche se realizó la sesión ordinaria en el Congreso del Estado, donde aprobaron la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. La sesión duró 12 horas con 05 minutos.

Se abrió a las 18:45 horas del jueves y se clausuró a las 06:50 de la mañana del viernes. Asistieron 24 de los 25 diputados, solamente decidió no asistir Leticia Zepeda, de Movimiento Ciudadano.

La lectura del dictamen que constó de 262 hojas, en donde estaban plasmados los 404 artículos y 26 transitorios, duró 9 horas 04 minutos.

En otra entrega estaré abundando de esta sesión, en donde desde mi punto de vista se cometieron varios errores, ya se lo platicaré.

Pero de esto le estaré comentando en otra entrega “Desde la Curul 26”, por ahora solamente déjeme decirle que otra vez fue electo presidente de la mesa directiva para el mes de febrero, el diputado Nicolás Contreras Cortés, que definitivamente ya pasó a la historia como el diputado que más ocasiones ha sido nombrado presidente en una misma Legislatura… Hasta la próxima

Análisis Político

El gobernador Ignacio Peralta ha dado muestras de su apoyo e interés por la problemática en la seguridad pública, entregando patrullas, asistiendo a reuniones del gabinete de seguridad estatal y nacional, acudiendo a las ceremonias de los policías caídos en su deber cumpliéndoles con su indemnización, analiza nuevas estructuras policiales y atiende inclusive a la crítica pública o demanda justificada o no de algunos policías.

Por tal motivo al ser entrevistado sobre el tema de la demanda pública de los policías sobre el pago de las horas extras, el ejecutivo estatal anunció que ordenará pagar las horas extras conforme a derecho a los policías estatales, tal y como lo establezca la ley, es decir demuestra así su voluntad social y se le reconoce su buena intensión hacia la demanda policial.

Pero por otra parte, al ser entrevistado el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño quien tiene casi toda su vida en el servicio naval, militar o policial, fue muy claro al señalar que la ley federal que regula las actividades policiales no contemplan el pago de las horas extras a militares, ejército o policías estatales o municipales y en los recursos de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido negados ya que las acciones policiales hasta de los municipios así se contempla, ningún municipio o estado pagan horas extras, inclusive se sabe que quedan totalmente prohibidas la creación de sindicatos de policías según la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que en varios estados a los policías que promueven sindicatos o huelgas son dados de baja, así ha ocurrido en varios estados.

La Suprema Corte resolvió que los empleados del sistema de administración y procuración de justicia en México no pueden formar sindicatos ni realizar huelgas ya que su relación con el Estado es administrativa y no laboral, también se resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 1/2015, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, los ministros mantuvieron el criterio de la Corte de que la relación de éste tipo de autoridades con el Estado es administrativa y no laboral.

La ley policial ordena que no pueden formar sindicatos, ni hacer huelgas, no les autorizan horas extras, ni hacer manifestaciones públicas o conflictos porque pierden así la confianza para comisionarlos a la seguridad de las personas o de los ciudadanos, esta es la cruda realidad de la norma a nivel nacional, no es decisión de alguien en particular, el gobernador del estado podrá autorizar horas extras al margen de todas las leyes y sentaría un precedente en jurisprudencia, pero sería en contra de todos los estados, los miles de municipios y del propio gobierno federal.

Pero el gobernador tiene otra alternativa para motivar e incentivar a los policías estatales, se asegura que el sueldo aquí supera a la media nacional, pero hay muchas alternativas como convenios con Infonavit para que tengan acceso a los créditos de vivienda, descuentos en los pagos de luz, agua, etc. como se les hacía a los empleados de la CFE, de Telmex, etc. además del seguro de vida razonable para en caso de fallecimiento, independientemente de motivarlos cada año a los mejores policías, sortear lotes de terreno o dar una vivienda al mejor policía del año, etc.

AUMENTARÁN OPERATIVOS MOCHILA

Luego de lamentar los hechos ocurridos en Monterrey, Nuevo León, en donde un alumno de secundaria disparó contra su maestra y compañeros en un salón de clase, ante la consternación social el gobernador giró instrucciones al secretario de Educación para que se implementen las medidas de prevención necesarias en las escuelas, por otra parte el Congreso Local representándolo Octavio Tintos, Martha Meza, Joel Padilla, Guadalupe Benavides y Adrián Orozco Neri solicitaron a Ghaleb Krame, Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública para que informara sobre estos operativos que ha realizado en la entidad con buenos resultados, pero que algunas autoridades de educación no abren las puertas, sobre todo las universidades y colegios particulares, aunque curiosamente los hechos criminales del estudiante que disparó y se suicidó en Monterrey fueron precisamente en un colegio particular.

Desde la Curul 26

Creo que nunca como ahora los diputados que conforman la Quincuagésimo Octava Legislatura del Estado, han estado tan“apanicados”, a grado tal que pareciera que lo que menos quieren es acudir al Palacio Legislativo, y cuando lo hacen procuran pasar lo más desapercibido posible, sosteniendo algunas reuniones “en lo oscurito” y siempre a puerta cerrada, sin permitir el acceso a los medios, salvo, si bien les va, que les permitan ingresar a tomar algunas fotografías y a que los camarógrafos “levanten” algunos aspectos.

Desde que comenzaron las movilizaciones en contra de los aumentos a los combustibles, los diputados se han hecho prácticamente “ojo de hormiga” y a pesar de que han estado acudiendo grupos o personas a entregar documentos para exigirles que dejen de cobrar los diez mil pesos mensuales en vales de gasolina, los casi cinco mil pesos mensuales para pago de telefonía, los 15 mil pesos por presidir una comisión legislativa y los más de 10 mil pesos, por ser parte de una fracción parlamentaria, los diputados no dan la cara.

Cuando los representantes de los medios de comunicación hemos podido platicar con algunos diputados, sobre todo los que toman las decisiones en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, responden que lo están analizando, sin embargo a nadie convencen.

Lo peor de las cosas es que por esa cerrazón las cosas se les pueden salir de control, ya lo vimos la pasada sesión solemne, apenas el jueves anterior, cuando cuatro o cinco personas de las que han estado saliendo a manifestar su repudio al aumento a los combustibles, acudieron al recinto oficial y pusieron a temblar a todos los diputados.

Por eso es que les da miedo que se conozca con antelación cuándo habrá sesiones, porque temen que un grupo mayor a cinco personas acuda y les digan sus verdades en la cara.

En la sesión del jueves se pudo evitar el entripado que les hicieron pasar tres de las cinco personas, que fueron a manifestarse, y que a pulmón abierto estuvieron gritando, porque la presidenta de la mesa directiva, la priísta Graci