Opinión

Notas

Paracaídas

El acertijo político nacional del Frente Ciudadano (que ahora es “Por México al Frente” y cuya variable definición preocupa) se ha resuelto con una decisión cupular, como se ha hecho siempre. El arreglo entre la élite política de los tres partidos (PAN, PRD y MC) fue que Ricardo Anaya iría a la presidencia (por tratarse del partido más fuerte) y Alejandra Barrales a la jefatura de la Ciudad de México, pareciendo indicar que MC se quedaría con Guadalajara, como hasta ahora. Arreglados los de arriba, procedieron a arreglar a los del siguiente nivel, quedando para los estados (como el nuestro) que la primera fórmula para el Senado sería para Movimiento Ciudadano, la segunda para el PAN, luego el primer distrito para la diputación federal para el PRD, y el segundo otra vez para el PAN, con lo cual surgieron prontamente los candidatos (todos políticos) para ocupar dichas posiciones, como Leoncio Morán (primera fórmula para el Senado), Gretel Culin ( segunda fórmula para el Senado), luego Martha Zepeda (primer distrito diputación federal), Riult Rivera (segundo distrito), etcétera.

Todo parece indicar, pues, que el Frente Ciudadano, una vez que se llegaron a los acuerdos cupulares, ha empezado a la vista de todos a desciudadanizarse, sin que esto ruborice a quienes estuvieron hablando de que los ciudadanos serían los protagonistas de esta gran coalición de partidos que estaría incluso por encima de lo electoral. Ahora vemos que no es así, sino un poco y mucho más de lo mismo. De otra forma: ¿por qué no se pensó en un ciudadano para la candidatura a la presidencia de la República?, ¿ o por qué no se pensó en otro ciudadano por lo menos para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México?, o incluso ¿por qué no se ha pensado que las fórmulas para el Senado y las diputaciones federales sean para ciudadanos y no para los mismos políticos de siempre? ¿o por qué no se hacen combinadas, un ciudadano y un militante de uno de los tres partidos políticos?

Todo parece indicar, siguiendo esta lógica, que lo de la ciudadanización que puso por delante la coalición fue un artilugio orquestado por la cúpula de los tres partidos (sobre todo del más fuerte) para conseguir el objetivo personal presidencial y no para realmente oxigenar el sistema de partidos, oxigenación urgente en estos tiempos en el que las instituciones políticas atraviesan por una crisis severa de credibilidad.

Aunque todavía falta definir muchas más candidaturas, para el caso de Colima, por ejemplo, está claro que las candidaturas ciudadanas no serán más que migajas, pues dudo de que debido a esta reconfiguración de la participación electoral vayan a quererse otorgar candidaturas importante a cargos de elección popular a ciudadanos, y me refiero, por ejemplo, a las diputaciones, muchas de las cuales seguramente devendrán, obligadas por las circunstancias, en reelecciones, de tal modo que en la próxima contienda electoral tendremos lo mismo de siempre: coaliciones de partidos con los mismos candidatos de siempre sólo que ahora abanderando colores distintos, o lo que es lo mismo: la misma gata nada más que revolcada.

Lo único esperanzador es que los ciudadanos son inteligentes y seguramente esto que estoy diciendo ahora ya lo intuyeron desde antes de que cristalizara, ojalá que con esa misma determinación vayan a las urnas y pongan en su lugar a todos los que antes estuvieron seguros de haberse pasado de vivos.

Paracaídas

La reforma a la Ley de Pensiones no es un problema técnico, ni legal, sino un problema de moral política, por eso ha generado tantas aristas entre la sociedad colimense y, en particular, en la clase trabajadora, que será la que sufra las consecuencias de esta reforma. Lo explico con un simple ejemplo: mientras los servidores públicos (empezando por el gobernador y su gabinete, y hasta donde alcance esa línea) no tengan un freno real en la forma en que usan  los recursos y bienes del Estado, buscando básicamente acabar con la corrupción y los excesos, no habrá jamás aceptación de ningún sector de la clase trabajadora de perder sus derechos de ningún tipo, incluido los relacionados con su pensión y su jubilación, esto es con la certidumbre de que tendrán un futuro con el mínimo indispensable de bienestar.

¿Qué trabajador, en su sano juicio, va a aceptar perder privilegios si quienes los representan –la parte patronal- se desbordan en excesos con los dineros públicos? Ver, por sólo aludir el caso más emblemático, que el Ejecutivo estatal goza de privilegios excesivos –incluidos los de su seguridad personal y sus viajes frecuentes en aviones privados con costo al erario- es razón suficiente y justificada como para no consentir la reforma de una ley en donde a mí como trabajador me quitan privilegios para aumentárselos (o por lo menos para dejárselos intactos) a mi patrón.

Un Estado no es una empresa privada, aunque ese tratamiento le den quienes “administran” actualmente los bienes de la sociedad, por tanto es impermisible que se distraiga la atención social con una reforma a la ley de pensiones cuando lo que deberíamos estar discutiendo son los excesos que está cometiendo tanto el mandatario estatal como su primer círculo de servidores públicos. El análisis realizado, por ejemplo, por el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Gobierno del Estado, cuyo líder actual es Martín Flores Castañeda, ahora bajo duro fuego por parte de las huestes oficialistas, es una muestra clara no de que la nueva Ley de Pensiones no se puede aprobar a ojos cerrados, sino de que es necesario hacer un debate a fondo sobre la mejor forma en la que ésta debería aprobarse. Yo creo que es necesaria una reforma a esa y a otras muchas leyes, pues aún tenemos instituciones en muchos sentidos arcaicas y retrógradas, pero no se pueden hacer a la ligera, se requiere un análisis de fondo, se exige que todos los implicados pongan de su parte (no que pierdan los trabajadores y ganen los patrones), es un imperativo que nadie tome partido salvo que sea para el beneficio real de los trabajadores sin perder de vista tampoco aquello que sea viable y justo para los patrones.

Necesitamos, pues, tomar una decisión despolitizada y éticamente responsable. Se está jugando el bienestar de miles de familias, ¿acaso es mucho pedir? La medida le ha devenido impopular al gobierno del Estado no tanto porque en la nueva ley que intenta imponerse hay inconsistencias graves que perjudicarán a la clase trabajadora, sino porque, insisto, los patrones (el gobernador y muchos de sus funcionarios de primer nivel) siguen con excesos que ofenden a la sociedad, sin que se les vea, para desfortuna nuestra, ningún asomo de vergüenza al ejecutarlos.  Mientras esto no se cambie, no habrá reforma alguna que, incluso desde antes de nacer, no venga ya desacreditada.  

Contrapeso

Es innegable que en el tema de la reforma al Sistema de Pensiones del Estado algo salió mal.

Cuando el pasado 9 de noviembre, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, acompañado de los diez presidentes municipales, firmó la iniciativa de Ley de Pensiones Civiles del Estado, previo a ser enviada al Congreso local, parecía que enviaba un mensaje de fortaleza y unidad política.

Sin embargo, a la postre, hemos visto la cantidad de dolores de cabeza que ha provocado esta propuesta al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y a los diputados locales, que aspirando a reelegirse o buscar nuevos cargos en 2018, están de rodillas ante el botín electoral que representa la clase sindicalizada del estado.

El secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, había trabajado durante meses la propuesta, y según me han informado, logró tener el visto bueno de de la Federación de Sindicatos al Servicio de Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados; el Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado y la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Sin embargo, superado por su perfil técnico, confío de buena fe en que una reforma de tan gran calado saldría adelante sin problemas. Le faltó oficio político, ‘colmillo’, como diríamos vulgarmente, para saber a los pesos pesados con que se enfrentaría a la hora que la iniciativa viera la luz pública, como ejemplo, la figura de Martín Flores Castañeda.

Meiners Tovar fue traicionado, o engañado por lo menos. Y ahora no le queda otra opción que sentarse –una vez más y desde ceros– a negociar con la clase trabajadora.

Hoy inician estas mesas de análisis que tienen como objetivo identificar las partes de la ley en la que los sindicatos no coincidan con la propuesta del Gobierno del Estado, conocer las contrapuestas de los dirigentes sindicales y analizar si son viables técnicamente.

Me queda claro que la reforma es urgente, y que es un gran acierto que el gobernador haya decidido ‘toparle’ a este tema. Es hora de romper las inercias y asegurar la viabilidad financiera para las futuras generaciones de burócratas.

Ya lo dijo el actuario Francisco Miguel Aguirre: si no se reforma el Sistema de Pensiones del Estado, no habrá dinero que alcance para pagar a los trabajadores en retiro, toda vez que si bien pueden tener derecho a sus jubilaciones, “nadie está obligado a lo imposible, si no hay recurso no se pueden pagar las pensiones”.

Punto y aparte

Es hora de que los priistas colimenses den mensajes de apoyo a su precandidato único a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, ¿o es que no están convencidos?

Estación Sufragio

UN POLÍTICO CONCILIADOR:

A Kristian Meiners, secretario de Administración del gobierno de Ignacio Peralta, deberían otorgarle el Premio Nobel de la Paz. Logró lo imposible: unificar a los sindicatos de trabajadores al servicio del estado, a quienes el aparato del poder había logrado dividir desde hace tres sexenios.

Además de los dos gremios perfectamente diferenciados en sus bases (el de los maestros del antiguo sistema estatal y el de los burócratas) y hasta contrapuestos en sus intereses (por ejemplo, en cuanto al servicio médico particular del que gozan los afiliados a la Sección 39ª del SNTE, frente a la atención médica en el IMSS que reciben los trabajadores administrativos y de servicios afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado –STSGE), una cosa es la burocracia estatal y otra la plantilla laboral de base en los ayuntamientos o los trabajadores sindicalizados en los organismos descentralizados.

En algún momento de su historia, el STSGE hizo causa común con sus similares municipales y en los órganos desconcentrados, como es el caso de la representación laboral del Instituto de Vivienda (Insuvi), a través de la Unión de Sindicatos. Pero esta unidad se rompió cuando algunas de esas organizaciones se escindieron para fundar, un poco más adelante, la Federación de Sindicatos.

Curiosamente, uno de los factores que impulsaron la fractura de la burocracia fue la expectativa de una reforma a la Ley de Pensiones, ante la cual el sindicato de Tecomán que encabeza Audelino Flores Jurado y el de Villa de Álvarez que lidera Teresa Ramírez, asumieron una posición contraria a la de Víctor Vázquez Cerda, entonces secretario general del STSGE, y la Martín Flores Castañeda que estaba en la jefatura de la Unión de Sindicatos.

La ruptura, por lo visto, se basó en los prejuicios que cada uno de los bloques concibió respecto a lo que los otros dirigentes harían en caso de una eventual reforma a Pensiones que resultara lesiva para los trabajadores.

Y aunque las estrategias de lucha tanto de Flores Castañeda como de Flores Jurado parecían irreconciliables, acabaron coincidiendo cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso del Estado una iniciativa de nueva Ley de Pensiones que resulta claramente ventajosa para la patronal.

En los reclamos ante un proyecto de ley que no considera la postura sindical, coincidieron también los maestros, quienes en voz de su actual dirigente, Humberto Valladares, pidieron enérgicamente la intercesión de los diputados que han sido secretarios generales del SNTE 39: Federico Rangel (PRI), Nicolás Contreras (Independiente) y José Adrián Orozco Neri (Panal).

Cuando todos los supuestos beneficiarios o claramente afectados de esta ley hicieron oír su voz en el parlamento local, se hizo evidente que, para los congresistas que conforman la mayoría oficialista, resulta ya inviable aprobarla, al menos en los términos en que la redactaron los autores de la iniciativa.

Y para el régimen, obligado como está el gobernador Peralta a pavimentar el camino de José Antonio Meade a Los Pinos, en lugar de obstaculizar la relación del virtual candidato presidencial del PRI con las bases de ese partido, se ha vuelto imposible emprender la reforma a Pensiones en pleno año electoral.

NO LA SUPIERON PLANCHAR:

La reforma a Pensiones se empantanó desde el momento en que el secretario de Administración asumió erróneamente que la iniciativa ya estaba planchada.

La falta de oficio político le impidió a Kristian Meiners darse cuenta que no bastaba con exponer a los sindicatos el estudio actuarial elaborado por un despacho especializado en estos temas, pues aunque los representantes de los trabajadores pudieran estar de acuerdo con el diagnóstico, tenían propuestas de solución distintas.

La prueba está en que, con las mismas cifras manejadas por el actuario que contrató Gobierno del Estado, Martín Flores elaboró una contrapropuesta mucho más viable, equitativa y justa que la contenida en la iniciativa de ley que el Ejecutivo envió al Congreso.

En el debate sobre las pensiones, no hay encuestas que valgan respecto a si la ciudadanía está de acuerdo en que los burócratas se jubilen tan jóvenes. O si es problema de los servidores públicos vivir hasta una edad avanzada, cuando la esperanza de vida que se calculó hace medio siglo era de menos años.

Tampoco es cuestión de si nos gusta o no a quienes carecemos de un plan de jubilación como el de ellos, que los burócratas cobren una pensión proporcional al sueldo que tenían como trabajadores activos.

Aquí no se trata de discursos cargados de sofismas en donde se promedian las pensiones de los trabajadores de base con las de los altos funcionarios, para hacernos creer que la pensión mínima es mayor a veintitantos mil pesos, cuando hay jubilados municipales que reciben una jubilación meramente simbólica.

Lo urgente es establecer nuevas reglas para calcular las aportaciones de su sueldo que el trabajador hará para crear un ahorro para el retiro, suficiente además para costear su pensión (y la de viudez de su cónyuge) por los años de vida que el desarrollo actual y futuro de la medicina le permitan.

Pero también se trata de que el Gobierno haga las aportaciones proporcionales a ese nuevo esquema de ahorro de los trabajadores. Y, sobre todo, que reponga las cuotas patronales que no hizo en 19 años, incluidas las aportaciones de los trabajadores que retuvo de nómina y que no enteró al sistema de Pensiones con el pretexto de que no había un fondo de retiro.

ACUÉRDENSE DE LOS SOTANEROS:

Este debate se va a ganar con estados financieros claros, no con propaganda gubernamental que parece inspirada en la comunicación política de Geobbels, el ministro de Hitler, o en las campañas de odio de Donald Trump.

Y es un asunto que tendría arreglarse en una mesa de negociación política. No con una votación mayoritaria en el Congreso, pues no debería el gobierno de Ignacio Peralta olvidar a qué llevó el “sotanazo” (llamado así porque se aprobó en los sótanos del Palacio Legislativo), aquel decreto de Carlos de la Madrid para eliminar un buen número de plazas.

El mayoriteo contra los burócratas llevó a un conflicto laboral que fortaleció a la dirigencia de Martín Flores y desprestigió a un mandatario que había llegado con la legitimidad de una elección interna, en donde las huestes locales del PRI se opusieron a las directrices del PRI nacional que apoyaban la postulación de Socorro Díaz.

A medida que se generaliza la percepción social de que la quiebra en el sistema de Pensiones se debe al manejo discrecional que hizo el Gobierno como patrón, de los recursos que deberían estar en un fondo, y conforme se evidencia que el Ejecutivo cometió un error político al enviar una iniciativa que no estaba consensuada con sus presuntos beneficiarios, se vuelve más difícil que la iniciativa se discuta en el Congreso antes que concluya esta Legislatura.

No será, por lo pronto, en un año electoral cuando se fracture la relación del Gobierno con sus trabajadores. Y menos cuando José Antonio Meade, en su discurso de aceptación de la precandidatura a la Presidencia de la República, hizo patente que no puede prescindir del PRI.

Si bien, para ganar el voto del mercado electoral conviene que Meade sea un abanderado del tricolor que no se reconozca como priista (lo que le presuntamente daría ese plus que necesita para romper el empate técnico con López Obrador), ante las dirigencias de los sectores y frente a las estructuras territoriales del Revolucionario Institucional, Pepe no deja de ser un tecnócrata que necesita del voto duro que le pueden garantizar los gobiernos (federal, estatales y municipales), grupos políticos y organizaciones (entre ellas los sindicatos) identificadas con el PRI.

Estación Sufragio

BUSCABAN EL K.O.:

Enviar una iniciativa de reforma al sistema de pensiones al Congreso sin consultarla con el sindicato que representa a la mayoría de los afectados o, como les gusta decir a los voceros oficiales, con los beneficiarios de esta eventual ley, es un despropósito. Y sólo se explica como una táctica política o como una rabieta.

En la primera posibilidad, parece un plan elaborado por el Poder Ejecutivo para descontar de un golpe al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE). Probablemente en la administración de Ignacio Peralta alguien pensó que, si pegaban primero, pegarían dos veces a la organización encabezada por Martín Flores.

La segunda posibilidad sería consecuencia del enojo que provocó en el secretario de Administración, Kristian Meiners, que el STSGE anunciara hace unas semanas la afiliación de casi 500 trabajadores de confianza de base, con derechos adquiridos por antigüedad y con funciones equivalentes a la de los sindicalizados.

Como quiera que sea, optar por una confrontación con sus trabajadores es una mala estrategia del Gobierno del Estado, porque se hace a un alto costo político (¡en pleno año electoral!) y porque, además, es completamente contraria a derecho.

El lunes, Flores Castañeda hizo un tour de medios (estuvo en la revista En Concreto que en Facebook Live y Fresh Radio conduce este columnista) y en todos los foros expresó que los trabajadores no fueron tomados en cuenta por la patronal a la hora de redactar la iniciativa.

De hecho, lo que sorprendió al Sindicato de los términos en que fue presentado el proyecto de ley, es que ninguno de los aspectos que consideró la representación laboral durante las incontables reuniones de trabajo para analizar la viabilidad financiera y los mecanismos que se puedan generar para garantizar el pago de las pensiones y jubilaciones, aparece en la iniciativa.

Es decir, los redactores ignoraron arbitrariamente la posición sindical. Lo que no les impedirá a los trabajadores acudir al Poder Legislativo este miércoles a exponer a los diputados la visión que tienen los burócratas sobre el problema de Pensiones y la fórmula para arrancar un nuevo sistema.

LA REFORMA ES URGENTE:

Es claro que se requiere una reforma urgente a Pensiones. Y el Sindicato debe ser el principal interesado en que se efectúe porque, con el actual esquema, se está defraudando a los trabajadores y, sobre todo, los están poniendo en riesgo de que la tesorería no pueda seguir pagando sus jubilaciones con cargo a la nómina.

Este es un asunto de interés público pero no porque algunos contribuyentes piensen que el Gobierno debe acabar con los privilegios de los burócratas, sino porque un eventual despojo a los pensionados y jubilados de la administración pública estatal afectaría a numerosas familias colimenses.

Este Sindicato representa a 3 mil 120 trabajadores, de los cuales 908 son jubilados. Sin embargo, la nueva ley decidirá sobre el destino de los ahorros para el retiro que han hecho cerca de 12 mil trabajadores, entre burócratas sindicalizados y de confianza, maestros al servicio del estado, empleados municipales y personal de los organismos públicos descentralizados que cotizan en la Dirección de Pensiones.

Todos esos trabajadores demandan respeto a sus derechos y conquistas laborales. Los burócratas simplemente esperan que a la hora de legislar en materia de Pensiones, los diputados se conduzcan bajo los principios de certeza, seguridad jurídica, objetividad, equidad, proporcionalidad, subsidiariedad, buscando la justicia social y respetando los derechos humanos de los afectados.

CUENTAS CLARAS…

En diferentes foros, Martín Flores ha venido diciendo que para que haya una reforma integral al sistema de pensiones y jubilaciones se requiere liquidar el actual sistema.

Ah, pero eso no puede ser haciendo borrón y cuenta nueva: es indispensable concluir la auditoría en proceso, rindiendo un informe de resultados que deberá presentarse al Gobierno, a los trabajadores y al Congreso.

No se puede transformar la actual Dirección de Pensiones en un Instituto y transferir los activos de un organismo al otro, cuando no se han desglosado los estados financieros: ¿Dónde está el dinero aportado por los trabajadores a razón del 5% de su sueldo? ¿Y dónde está el 1% del sueldo de cada trabajador, aportado por el Gobierno del Estado en más de medio siglo que lleva la ley en vigor?

Por cierto, el patrón no ha estado aportando el 3% que la actual legislación le señala porque –como una medida transitoria– vino pagando, con cargo a la nómina, las jubilaciones.

El Sindicato ha demostrado que hay un adeudo de alrededor de mil millones de pesos por parte de la patronal (que incluye no sólo a los tres poderes del estado, como empleadores de los burócratas, y al Gobierno del Estado como patrón de los maestros afiliados a la sección 39 del SNTE, sino a los ayuntamientos con mayor número de personal y a los organismos descentralizados).

Esa es la deuda que se acumuló en los 19 años que lleva en general el Gobierno de no enterar al fondo de pensiones las aportaciones (no sólo su parte como patrón sino la de los trabajadores a los que, sin embargo, se les ha descontado puntualmente de su pago quincenal la aportación correspondiente).

VIABILIDAD A LA LARGA:

Cuando se haya saldado esa deuda, se podría pasar al análisis de la iniciativa ante la cual el Sindicato, de entrada, tiene al menos tres objeciones:

1) Para empezar, es inconstitucional incluir dentro de la reforma al sistema de pensiones a los que ya se han jubilado con base en el esquema anterior, mediante el cual se les paga su pensión con cargo a la nómina.

Obviando que quienes ya pasaron a retiro, 2 mil 200 trabajadores, tienen un derecho adquirido que no puede ser desconocido, la iniciativa que presentó el Ejecutivo pretende que el nuevo Instituto de Pensiones absorba esa carga.

Y además que lo haga con nuevas reglas. De este modo, jubilados que gozan actualmente de 18 prestaciones, perderían 15. Sólo les dejarían tres: una gratificación anual a manera de aguinaldo, el seguro de vida con una prima menor a la actual y ayuda para gastos funerarios.

El Sindicato considera que es absurdo que no se consulte a la base trabajadora para una reforma que los afecta (o los beneficia), y en cambio se extiendan invitaciones para que académicos de la Universidad o del Instituto Tecnológico de Colima opinen, cuando los miembros de esas comunidades universitarias tienen su propio sistema de pensiones del que ocuparse… y preocuparse.

Los sindicalizados, advirtió Martín Flores, van “a defender con todo” sus ahorros para el retiro. Al incluir el Gobierno del Estado a los actuales jubilados quiere hacernos creer que es más lo que aportará la patronal en la integración del nuevo fideicomiso.

Del 42% que Kristian Meiners dijo que le corresponde aportar a la administración de Peralta Sánchez, en realidad sólo estaría poniendo un 6% ya que el 36% restante es lo que está obligado a pagar a los jubilados, de acuerdo al esquema que se pretende derogar.

Según Flores Castañeda: “Quieren engañar a la población y a los trabajadores presentándose como un Gobierno bueno, cuando en realidad son un Gobierno insensible”.

CON VOZ PERO SIN VOTO:

2) Una segunda objeción que el Sindicato tiene ante la iniciativa es respecto a la integración del Consejo de Pensiones.

El iniciador, Gobierno del Estado, se está reservando ocho asientos en dicho Consejo, pero quiere despojar al STSGE del suyo. Esto es inequitativo y, por lo tanto, inconstitucional.

Aparte de eso, el Gobierno propone dos “consejeros ciudadanos”:

Uno representaría a Nafinsa, entidad que prestaría los recursos para echar a andar el fideicomiso, que en todo caso, es un financiamiento que está pidiendo la patronal para completar su aportación. No lo está contratando la sociedad en sí, que es el sistema de pensiones.

Y el otro es un representante de los patrones del sector privado, específicamente de la Coparmex o de la Canaco, organizaciones empresariales que se han manifestado como enemigas de los trabajadores al servicio público, cuestionando salarios y prestaciones que ciertamente ofenden a quien está acostumbrado “a pagar poco y exigir mucho”.

Estos dos consejeros, lejos de representar los intereses de la ciudadanía, supondrían un apoyo para la patronal y dejarían a los trabajadores en estado de indefensión y vulnerabilidad.

De su potencial parcialidad habla la propuesta de retribuirles 7 mil 500 pesos por sesión a cada uno de esos consejeros ciudadanos, que a razón de un cálculo de 50 sesiones al año importarían 375 mil pesos al año para cada uno.

El Sindicato propone una estructura distinta para dicho Consejo del Instituto de Pensiones, a saber:

Que lo presida el Gobernador, quien tendría voto ponderado en caso de empate, y los secretarios de Administración y de Finanzas como representantes del patrón. Más el director general del Instituto de Pensiones fungirá como secretario ejecutivo, del Consejo.

Mientras que a los trabajadores los representarían el secretario general del SNTE 39, el líder del STSGE, dos de los representantes de los municipios adheridos al Instituto (en la actualidad no todos los ayuntamientos aportan a Pensiones), un representante de la Unión de Sindicatos y otro de la Federación de Sindicatos.

EXPECTATIVA DE DERECHOS:

3) La tercera objeción es con relación a los trabajadores de transición (es decir, quienes todavía están en activo y tienen una expectativa de derechos). Al incrementar las aportaciones personales al fondo (hasta un 7% de su salario integrado) y con base en el fondo inicial (que ya dijimos se calcula en mil 500 millones de pesos), se vuelve costeable respetar su derecho a jubilarse en los términos actuales, esto es, las mujeres a los 28 años de servicios y los varones a los

30.

La propuesta para quienes ingresen a trabajar a partir de que entre en funciones el nuevo sistema de pensiones, es que los trabajadores se jubilen a los 35 años de servicio y con 60 años de edad. Tan solo por estar cotizando durante ese tiempo, estarían aportando al fondo casi el triple de lo que ahorran en el actual esquema.

El Gobierno del Estado quiere prolongar la edad laboral de los que todavía están activos hasta los 65 años. Pero eso le dejaría al trabajador diez años para disfrutar la pensión, de acuerdo a la esperanza de vida. Una pensión para la cual cotizó durante casi cinco décadas (en el caso de los trabajadores que ingresaron a laborar antes de los 20 años). Lo correcto es cotizar durante cuatro décadas para disfrutar 15 años de jubilación, en promedio.

Sin embargo, para que el sistema sea viable es necesario que el Gobierno del Estado y las entidades públicas patronales estatales eleven su porcentaje deaportación, en 2018 al 12%; en 2019, al 13%; del 2021 al 2050, al 13.5%; y del 2051 en adelante, al 14%.

Hay que tomar en cuenta que la ley de la vida los irá liberando del pago a los trabajadores que actualmente están pensionados con cargo a la nómina. Conforme pase el tiempo, irán falleciendo estos jubilados y, en su caso, las y los consortes con derecho a una pensión de viudez. Así como los hijos menores protegidos por el esquema, llegarán eventualmente a la mayoría de edad.

Con estas aportaciones de los trabajadores y sobre todo de la patronal, señala Martín Flores, se garantiza la viabilidad del fondo por cien años, de acuerdo a los cálculos que hizo el propio actuario contratado por la Secretaría de Administración, Francisco Miguel Farías.

Este fondo, además, se tiene que ir capitalizando con base en un esquema de préstamos a corto, mediano y largo plazo: para gastos emergentes (plazo de 18 meses) con el 14 por ciento de interés; a 5 años, con el 12%; y, a 15 años (créditos hipotecarios), con el 10 por ciento.

Operando estos préstamos, en un año, el fondo inicial llegaría de mil 500 millones a por lo menos 2 mil millones de pesos.

Actualmente Pensiones presta (cuando presta) al 9% anual, un rendimiento que devora la inflación. Pero los créditos para bienes de consumo duradero, por ejemplo de Fonacot, organismo público con el que tiene convenio el Gobierno estatal, son al 60%. Mientras que una conocida tienda departamental originaria de Colima, con la que también existe un convenio, cobra una tasa anual del 40%. 

Desde la Curul 26

La tarde del pasado jueves concluyó  la sesión ordinaria número seis en el Congreso del Estado, la cual se encontraba en receso desde el pasado 13 de noviembre; la sesión concluyó de manera  abrupta, accidentada, sin seguir incluso los protocolos señalados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, ante el empecinamiento, berrinche, desquiciamiento o como le quiera llamar del coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Luis Humberto Ladino Ochoa.


El Wero, como le gusta que le digan, mostró por qué es el alumno más aventajado de su padrino y protector el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, y precisamente los hechos y acciones que adoptó nos hizo recordar aquellas sesiones donde Preciado Rodríguez, cuando fue legislador local, en una ocasión le arrebató el micrófono a la presidenta de la mesa directiva, la diputada Martha Licea Escalera y a punto estuvo de agredir físicamente al diputado priísta Jorge Vázquez Chávez, lo cual quizá hubiera hecho de no haberse interpuesto otros y otras legisladoras, cuando el panista estaba fuera de sí.


En otra ocasión el ahora senador panista hizo otro berrinche porque no le gustó el resultado de la votación para elegir a los integrantes de la mesa directiva, y subió hasta donde los miembros de la mesa directiva estaban llevando a cabo el conteo de las cédula, agarró la urna que era de cristal y la arrojó a medio salón de sesiones lesionando en un ojo a uno de los diputados, a quien le saltó un vidrio de la urna rota (a partir de eso son de plástico)


Bueno, pues un pasaje muy parecido se vivió este jueves, cuando el coordinador Luis Humberto Ladino Ochoa, perdió los estribos y con su actuación, la cual estuvo secundada por algunas diputadas de su bancada, orilló a que el presidente de la mesa directiva, diera por concluida la sesión ordinaria, la cual se encontraba en el apartado de los asuntos generales.


Pero ¿qué pasó?....

Pues simple y sencillamente que al coordinador de la bancada blanquiazul y a sus integrantes, se les durmieron las gallinas y no supieron protestar y detener la sesión en el momento oportuno, y cuando le cayó el veinte, pues simple y sencillamente ya no tenía argumentos, aunque él invocaba la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, para que se atendiera su petición.


Para que usted entienda lo que sucedió, le recuerdo que la Quincuagésimo Octava Legislatura se encontraba en receso desde el lunes 13 de noviembre, una vez que la diputada Martha Alicia Meza Oregón había leído en tribuna un documento mediante el cual anunciaba la conformación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en donde se integraban Joel Padilla Peña, diputado único del PT y la diputada única del PVEM.


Aquél lunes por la tarde el presidente de la mesa directiva, el petista Joel Padilla Peña, decretó de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica y el Reglamento, un receso en la sesión número 6, y citaba a los coordinadores de los grupos parlamentarios, que a su vez conforman la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, a pasar en ese momento a la sala de juntas “General Francisco J. Múgica”, para llevar a cabo la reconformación de la citada Comisión.


El diputado Padilla daba por hecho que el solo anuncio en tribuna bastaba para que en automático se aceptara la creación de un nuevo grupo parlamentario, sin embargo el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, diputado Federico Rangel Lozano, solicitaba tiempo para hacer un análisis jurídico de la conformación de este grupo, pues desde su punto de vista, existían dudas de la legalidad, cosa que aceptó el presidente de la mesa directiva y a la postre quien se ostentaba como el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.


Aquél lunes 13, ya no se reanudó la sesión, por falta de quórum, pues solo había diez diputados presentes, por lo que de inmediato decretó un receso para reanudar la sesión el miércoles 15 de noviembre a las 12:00 horas.


¿Qué sucedió, para que perdiera los estribos Ladino?


Llegado el plazo el miércoles 15, 48 minutos después de la hora convocada el presidente de la mesa directiva, Joel Padilla Peña, entregó un oficio dirigido al Director de Procesos Internos y Acuerdos Parlamentarios, donde le informaba que la sesión quedaba suspendida y le informaba que la nueva fecha sería el jueves 23, a las 12:00 horas.


Pero el hecho que desquició a Luis Ladino y a los demás integrantes de la bancada albiazul, no fue tanto que se postergara la sesión en este receso de más de diez días, pues ese tiempo lo trataron de aprovechar para su beneficio.


Desde el mismo lunes 13, apenas conocieron la intentona de Joel Padilla y Martha Meza, de integrarse en grupo parlamentario, de inmediato  abrieron tremendos ojos, pues de la nada parecía que estaban a un tris de recuperar la administración del Poder Legislativo, pues sacando cuentas alegres, contaban a los diputados del PT y del PVEM, con el PAN y la diputada de MC, y creían que estaban recuperando la mayoría de espacios de la Quincuagésimo Octava Legislatura.


Aquél lunes 13, Ladino Ochoa se acercó al presidente de la mesa directiva y sin más le dijo que los esperaba a él (Joel Padilla) y a la diputada Martha Meza, para dialogar en su oficina en el Congreso, lo cual ocurrió y donde se hizo el primer ofrecimiento.


El coordinador de la bancada azul, le señaló que de entrada los panistas sí los reconocían como fracción parlamentaria, e incluso Ladino hizo el intento de que Padilla Peña dialogara con su jefe político el senador Jorge Luis Preciado, al cual ya tenían en la línea telefónica vía celular, sin embargo dicen que Padilla Peña no se quiso comprometer más allá y no dialogó con el Senador Preciado.

Sin embargo para que Padilla viera la buena voluntad de los blanquiazules, la misma noche del lunes 13 los panistas emitieron un comunicado donde el diputado Ladino, le daba la bienvenida a este nuevo grupo parlamentario.


¿Qué sucedió desde la tarde-noche del lunes 13 al jueves 23 que se reanudó la sesión?, vaya usted a saber; se han manejado muchas versiones, desde que Joel Padilla sí se reunión con Jorge Luis Preciado, y que habían llegado a un acuerdo para que los panistas recuperaran el control nuevamente del Poder Legislativo, en fin muchas especulaciones.


Algo debió haber sucedido, o cuando menos los panistas entendieron que sí había la posibilidad de recuperar con los votos del PT y PVEM el control del Congreso y dicen que hasta comenzaron a asignar los cargos…


Me cuentan, yo no lo escuché, que en un caso, un ex funcionario del Congreso que salió despedido cuando la nueva mayoría decidió hacer modificaciones, llegó a su antigua oficina y que entre en broma y en serio les decía a sus antiguos compañeros “no que no íbamos a regresar…”, y que ya prácticamente se sentían despachando en las direcciones.

Lo que aconteció el jueves pasado…


Por fin el pasado jueves se reanudó la sesión ordinaria número seis que se encontraba suspendida desde el lunes 13 de noviembre, sin embargo éste terminó de manera accidentada, cuando coordinador de los diputados panistas Luis Humberto Ladino Ochoa, subió a tribuna y arrebató, en dos ocasiones el micrófono que se encuentra en el atril que utilizan los legisladores, a Nicolás Contreras Cortés a quien le habían otorgado el uso de la palabra, pues el panista exigía al presidente de la mesa directiva, el petista Joel Padilla Peña, decretara un nuevo receso.


Para esto hay que decir que al reanudarse la sesión, el presidente de la mesa directiva, Joel Padilla, da el uso de la voz al diputado Federico Rangel Lozano, coordinador del grupo parlamentario del PRI, para leer un acuerdo parlamentario emitido por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado, donde se acordó que sea la Dirección Jurídica y la Oficialía Mayor, quienes realicen un análisis exhaustivo de los documentos presentados por los diputados Joel Padilla Peña y Martha Meza Oregón, en los que solicitaron conformar el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.


Cabe hacer notar que a pesar de que la lectura de este acuerdo se llevó 12 minutos, en ningún momento Luis Ladino, como coordinador de la bancada del PAN, ni ninguno de los restantes 9 integrantes, ni la diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, nadie se levantó para impedir que el Secretario de la Comisión de Gobierno Interno leyera el documento.


El secretario de la Comisión de Gobierno Interno leyó el acuerdo parlamentario que esa instancia del Poder Legislativo tomó en la sesión que celebraron el sábado 18 de noviembre.


Ahí el priísta manifestó que en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima faculta a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios a celebrar acuerdos en asuntos no contemplados en alguna disposición legal,  el sábado 18 se acordó realizar un exhaustivo análisis por parte del área jurídica y la Oficialía Mayor del Poder Legislativo.


Todavía Federico Rangel, expuso que tanto Joel Padilla como Martha Meza dijeron no tener objeción alguna con la realización de ese análisis exhaustivo, para que una vez que se tengan sus resultados se actúe en consecuencia para que, en caso de no existir impedimento legal, se integre el nuevo grupo parlamentario a los trabajos de la Comisión de Gobierno Interno.


El petista Joel Padilla, y el principal interesado en que su grupo parlamentario fuese reconocido como tal, no se opuso en nada, por lo que le concedió la voz en otro tema al diputado Nicolás Contreras Cortés, coordinador del grupo parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, quien subió a tribuna y comenzaba a leer.


Fue hasta entonces cuando le cayó el “veinte” a Luis Ladino y desde su curul le decía que él no había sido invitado a la reunión que se decía en el acuerdo legislativo que ya se había leído.

El presidente de la Comisión de Gobierno Interno, Nicolás Contreras, suspende la lectura para dejar a Ladino que se manifestara, incluso se hizo a un lado de la tribuna, para que el panista subiera a utilizar el micrófono y quedara grabada su intervención.

La molestia del diputado panista era porque según el acuerdo parlamentario que se había leído en tribuna, se indicaba que el acuerdo se había dado en reunión de la Comisión de Gobierno Interno, celebrada el pasado sábado 18 de noviembre, y el panista afirmaba que a él nadie lo había invitado.

Ante eso exigía a Joel Padilla, presidente de la mesa directiva, que hiciera un receso para que se reuniera la Comisión de Gobierno y le mostraran la videograbación de esa reunión, para saber qué es lo que se había dicho y también que le mostraran copia mediante el cual lo había convocado a esa reunión, “pues yo represento a diez diputados y en ningún momento fui citado”.


Insistía en que se hiciera un receso para que  se pusiera la grabación del 18 de noviembre para verificar que efectivamente se llevó a cabo, “porque un servidor no fui convocado, por eso es la petición que hago de que se haga un receso y se solicité al personal de audio, porque todas las reuniones de la Comisión de Gobierno Interno, se tienen que grabar, entonces si se reunieron el 18 de noviembre y a la cual no fui convocado, ni por oficio ni por un medio de comunicación, le solicito, nomás para constar que sí se llevó a cabo esa reunión del 18 de noviembre, haga, presidente que pasen en estos momentos la reunión en audio de dicha sesión”.


El presidente de la mesa directiva le respondió que ese era un asunto de la Comisión de Gobierno Interno, por lo tanto no estaban en condiciones de atender su petición.


Y Ladino se regresaba a ocupar su espacio en el salón de plenos.

Al mismo tiempo Joel Padilla le vuelve a conceder el uso de la voz al coordinador de los diputados de “Nuestro Compromiso por Colima”, para que expusiera su tema en el apartado de Asuntos generales, Nicolás Contreras intentó nuevamente comenzar con la lectura de su tema.


Sin embargo la interrumpía porque nuevamente Ladino desde su curul seguía gritando, luego se levanta y se dirige con Joel Padilla, a quien le exige decrete un receso, “si ya suspendimos diez días o más, que no podamos decretar un receso de una hora o dos…”, le decía al presidente, quien le volvía a responder que “ya le dije que su asunto no puede ser atendido ahorita, que es competencia de la Comisión de Gobierno Interno”.


Como el diálogo se estaba dando en corto entre Luis Ladino y Joel Padilla, el diputado Nicolás Contreras quiso retomar la lectura de su documento, sin embargo eso enardeció aún más a Luis Ladino, quien se acercaba retador y Nico Contreras y le recriminaba que no lo dejaba convencer al presidente de la mesa directiva, “diputado me está interrumpiendo, no ve que estoy hablando con el presidente…”


Nico Contreras, sonriendo le decía a Ladino: “diputado, yo no lo estoy interrumpiendo, es usted quien sí me está interrumpiendo, porque el presidente de la mesa directiva ya me dio el uso de la palabra”.


Luis Ladino ya fuera de sí le arrebata el micrófono que estaba colocado en el atril, a fin de que Nicolás Contreras ya no intente seguir haciendo uso de la palabra, y se regresa a  seguir recriminándole a Padilla Peña, por qué no ha decretado un receso.


Ladino insistía: “si tuvimos dos semanas de receso, por qué no podemos hacer otro receso en este momento” y Joel Padilla le insistía en que“ya le dije que en este momento no es posible” y volvía a dar la palabra a Contreras Cortés, quien ya no podía hacer uso de la tribuna porque Ladino se había llevado el micrófono.


Ante eso el presidente de la mesa directiva le pasó su micrófono a Nico Contreras y cuando éste intentaba colocarlo, el personal de apoyo le colocó un nuevo micrófono en el atril, solo para que Luis Ladino, ya fuera de sí, lo arrancara de su base, y se quedara con un micrófono en cada mano.


Ante eso Nico Contreras todavía exclama: “así o más berrinches”, a lo que el panista con los dos micrófonos en ambas manos le respondía: “no es berrinche, solo que tengo derecho a que me presenten el audio”, rumiaba.


Para esto hay que decir que ya habían subido a la tribuna las diputadas Edith Velázquez y Gabriela Sevilla, aunque ninguna intervenía; Nico Contreras regresó su micrófono a Joel Padilla, quien al ver que no iban a recapacitar los panistas señaló que al no haber las condiciones para reanudar la sesión, se citaba para el próximo martes 28 a las 11:00 horas, para eso ya se había subido a la tribuna las diputadas Norma Padilla, Julia Jiménez y Adriana Lucía Mesina, para respaldar a su coordinador.


Joel Padilla pedía a los diputados ponerse de pie para clausurar la sesión, pero ni los secretarios de la propia mesa directiva le hicieron caso, nadie se puso de pie, pero Joel Padilla clausura la sesión a las 13:59 horas.


Los panistas, ya fuera de sesión “tomaron” la tribuna con fotos incluidas, al tiempo que hacían declaraciones tratando de justificarse, cuando pudieron haber parado la sesión antes de que se leyera el acuerdo parlamentario, pero éste les pasó de noche.


Así ocurrió la continuación de la sesión que estaba en receso… Esta historia continuará…


A marchas forzadas desde este martes…


Lo que resta de este mes de noviembre, --el jueves es día 30--, será de intenso trabajo en la Quincuagésimo Octava Legislatura, y como se les ha hecho costumbre, por una cosa o por otra, siempre esperan los últimos días para aprobar los dictámenes que contienen los resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal anterior, así como el paquete fiscal del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos.


Es decir, tienen hasta el 30 de noviembre a más tardar, para que aprueben lo que es la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, así como los  dictámenes del Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para 2018 y de reformas al Código Fiscal del Estado de Colima y a la Ley de Hacienda del Estado de Colima.


A ello hay que agregar que deben aprobar las diez leyes de ingresos de los municipios y por si fuera poco, también tienen como fecha fatal el 30 de noviembre para que aprueben las cuentas públicas de los 22 entes obligados a presentar dicha cuenta, ellos son los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los 9 organismos  operadores del servicio de agua potable; y, los diez ayuntamientos.

Le puedo anticipar que en la sesión de mañana martes, van a presentar al menos 23 dictámenes que serán la Ley de Ingresos del Estado y de las leyes de ingresos de los 10 municipios para el ejercicio fiscal del año 2018.


Asimismo presentarán los proyectos de dictámenes de las cuentas públicas correspondientes al año 2016 de los nueve organismos operadores del servicio de agua potable.

Finalmente presentarán los dictámenes del Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para 2018 y de reformas al Código Fiscal del Estado de Colima y a la Ley de Hacienda del Estado de Colima.


Para cerrar…


El miércoles continuarán sesionando los diputados para aprobar las Cuentas Públicas de los diez Ayuntamientos, así como de los Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El jueves 30, que es el último día para hacerlo, aprobarán el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y también procederán a elegir a quienes fungirán como presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el mes de diciembre…


 "Desde la Curul 26", ya les estaré comentando como se pondrán las cosas en el Congreso.

Estación Sufragio

SOBRESALEN JUICIO CONTRA VIZCAÍNO

El sistema penal no es para reprimir la protesta social, señaló la juez Lorena Josefina Pérez Romo al concluir el juicio oral que, en contra de Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, iniciara la Fiscalía General de la República por los delitos de provocación a un tercero para cometer un delito y, el más grave y que mayor penalidad implicaba, por sabotaje.

La juzgadora sobreseyó el caso y dictó una resolución que surtió efectos de sentencia absolutoria, para ejecutarse de manera inmediata, al considerar que los hechos imputados por la representación social no constituyen ningún delito.

Arnoldo Vizcaíno fue llevado ante el tribunal en relación al plantón que realizó, junto a otras 200 o 250 personas, frente a la caseta de ingreso al puerto interior de Manzanillo a la altura de la glorieta del Pez Vela, el 12 de enero de este año, en protesta por el alza a los combustibles.

Y, además, por la publicación el 9 de enero de unas declaraciones suyas en el sitio web AF Medios, con las que anunciaba su intención de realizar la manifestación frente a las puertas de las instalaciones de la Administradora Portuaria Integral (API) de Manzanillo (http://www.afmedios.com/2017/01/puc-bloqueara- puerto- de-manzanillo- el-12- de-enero- arnoldo-vizcaino/).

De la nota en ese medio digital se desprendió la acusación por el delito de provocación. Y como la protesta anunciada se materializó el día 12, del bloqueo derivó la imputación del delito de sabotaje.

Sin embargo, el juicio por la causa penal 143/2017, que duró poco menos de cuatro horas, no pasó de la audiencia inicial. La juez consideró que la fiscalía federal no logró desvirtuar la presunción de inocencia de Arnoldo Vizcaíno.

SE PRESUME INOCENTE

El imputado se mantuvo como presunto inocente ya que el agente del ministerio público federal de apelación, Roberto Castillo Fierro, no logró enervar esa presunción pues nunca ofreció a la juez datos de prueba para establecer, en el caso de la imputación por provocación, que hubo una convocatoria para cometer el delito de sabotaje en específico o cualquier otra conducta ilícita.

Y en el caso de la acusación por el delito de sabotaje, tampoco el ministerio público federal aportó los datos de prueba suficientes y lógicos, respecto a que el entorpecimiento del funcionamiento de una empresa del Estado mexicano que ofrece servicios públicos, se hizo con el fin de trastornar la vida económica del país.

Eso era lo que el fiscal argumentaba: que la protesta del día 12 de enero se realizó con el fin de entorpecer todas aquellas actividades de producción, circulación y consumo de bienes en el país.

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

La flamante sala de juicios orales del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Colima, ubicado en la avenida Camino Real a un costado del Hospital Regional, recuerda a los tribunales de los países como Estados Unidos donde se realizan procesos judiciales con jurado popular, sólo que en México no hay jurados.

De acuerdo a lo que establece el nuevo sistema de justicia penal, en la audiencia con la que inició (y terminó) el juicio contra Arnoldo Vizcaíno se encontraba la juez en la mesa del tribunal, con la defensa viéndola de frente a su derecha, y con el fiscal y los abogados de API (Hernán Cisneros Montes e Ireli Sánchez Suazo), como parte ofendida, a su izquierda.

En perpendicular a la mesa del tribunal, a la derecha está el escritorio del secretario. Y a la izquierda de la juez, el estrado para testigos en el que se hubiera sentado el imputado a rendir declaración (sin poder recibir asesoría de su abogado, por cierto) de no haber ejercido Vizcaíno su derecho a permanecer junto al defensor de oficio, Rafael Venegas Campa.

La juez señaló a la defensa, la fiscalía y el público, que valorar la imputación de sabotaje conlleva un análisis diagnóstico de lo que significa la intención de trastornar la vida económica del país.

Esto es, que en la psique de Arnoldo Vizcaíno ese día 12 de enero y entre las horas que duró el bloqueo (entre las 9:40 de la mañana y las 2:30 de la tarde) hubiese existido la intención de trastornar la actividad económica del país.

Sin embargo, la juez Pérez Romo no encontró elementos subjetivos para establecer dogmáticamente, en la mente de Arnoldo Vizcaíno, un dolo directo.

El ministerio público tendría que haberlo establecido contundentemente con datos de prueba, pero, dentro de todo lo que argumentó la fiscalía, lo que no escuchó la juzgadora fueron esos elementos que sugirieran la intención en Vizcaíno de trastornar la vida económica del país.

DOBLE ATIPICIDAD

Dolo directo, dijo la juez que vestía toga y usó el martillo para marcar con un golpe las distintas fases de la audiencia, es el que alguien tiene de provocar algo y está decidido a lograrlo.

El fiscal, citando las declaraciones de Arnoldo Vizcaíno en AF Medios, argumentó en su oportunidad que el imputado quería tomar una medida que “le pegue a los de arriba”, mandar un “mensaje inequívoco” al gobierno en el sentido que si “ustedes no están pegando” con alza a los combustibles, “sepan que también nosotros nos resolveremos a lo propio”.

Sin embargo, referir esas declaraciones de Vizcaíno Rodríguez, señaló la juez, no es un dato de prueba.

Por eso, con relación al ilícito de sabotaje Pérez Romo advirtió exclusión de una conducta típica a ese delito. Hay una atipicidad, y por eso la juez emitió un auto a favor de Arnoldo Vizcaíno de no vinculación al delito que le había sido imputado.

Respecto al presunto delito de provocación, la juez, sin soslayar la existencia de la publicación y aun compartiendo con el fiscal la lógica de que si la gente a acudió a la protesta es porque probablemente hubo una convocatoria pública, el delito hubiera sido convocar precisamente para cometer un delito.

La juez advirtió que hubo una convocatoria pero no para cometer un delito, al menos no se aportaron datos de prueba que llevaran por lógica a establecer que se convocó a los manifestantes para cometer un delito en específico.

Por eso la juez ya no entró al análisis de ninguna otra cuestión de probabilidad. Y como también aquí había una atipicidad, concluyó dictando un auto de no vinculación a proceso por el delito contemplado en el artículo 208 del código penal (sabotaje).

CON LIBRETA, SIN GRABADORA

La sentencia se dictó de inmediato porque el imputado había solicitado que no se agotaran las 144 horas que el artículo 19 señala como límite para resolver su situación jurídica, con un auto de vinculación o de no vinculación a proceso.

A la audiencia entraron varios periodistas, a quienes por falta de acreditación vigente inicialmente no nos habían dejado tomar notas, pero luego la juez accedió en el interés de garantizar la máxima publicidad.

Con todo, está prohibido usar grabadora y tomar fotos de la audiencia, pero se guarda un registro videográfico que finalmente se entrega a la defensa y la parte acusadora.

También estuvieron acompañando a Vizcaíno el ex ombudsman del estado Roberto Chapula de la Mora, el activista de los derechos humanos Efraín Naranjo, la abogada electoral Adriana Ruiz Vizfocri y el ex diputado federal Ramiro Santa Ana Ugarte.

Afuera del edificio del Poder Judicial de la Federación esperaron a conocer la resolución, más de un centenar de amigos y compañeros de lucha de Vizcaíno Rodríguez, encabezados por su hija Indira, ex alcaldesa de Cuauhtémoc y ex secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado.

SEÑALÓ AL DE SEGOB

La juez cuestionó tanto al abogado defensor como al fiscal y representantes de la parte ofendida por no hacer lo que se esperaba que hicieran en una primera audiencia.

La defensa no desahogó datos de pruebas a los que tenía derecho el imputado. Y sostuvo una tesis sobre derechos humanos que no venía al caso, dijo Pérez Romo, porque este no era un juicio de libertad de expresión.

Tampoco cabía insistir, le dijo al defensor de oficio, en la legitimidad de la acreditación de los abogados de API, porque esa quedó perfectamente establecida por los notarios que dieron fe de los poderes otorgados a los representantes legales por dos ex directores de esa empresa, uno de ellos Jesús Orozco Alfaro.

Mucho menos era pertinente, le dijo al defensor de oficio, revelar la existencia de dos carpetas de investigación, pues la fiscalía puede integrar y acumular cuantas quiera en el proceso.

Rafael Vanegas insistía en que se había fabricado el delito de sabotaje, del cual no les notificaron sino hasta hace unos días, cuando la primera carpeta se refería a una supuesta apología del delito en la nota de AF Medios.

Vizcaíno había insistido en que su protesta fue pacífica, que nunca se rompió el diálogo con el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, y que las barreras fueron puestas por la policía federal. En ese sentido, declaró, los manifestantes no impidieron el ingreso o el egreso de transportes de carga.

Al testificar, Arnoldo Vizcaíno señaló incluso al delegado de la Secretaría de Gobernación por haber impulsado el juicio en su contra, al sentir su orgullo propio herido por las palabras que el funcionario intercambió con el dirigente de Productores Unidos por Colima durante la manifestación del 12 de enero.

CLASE MAGISTRAL

Al fiscal, la juez le dijo que se trataba de establecer la supuesta conducta criminal y dolosa de Arnoldo Vizcaíno, no de exigir la reparación del daño por las pérdidas sufridas por tres empresas particulares que operan al interior de la API.

E insistió que de lo que se trataba era de aportar datos de prueba sobre la supuesta pretensión de Vizcaíno de trastornar la vida económica del país.

Le explicó la juez Pérez Romo al fiscal que, por ejemplo, era innecesario acreditar si Arnoldo era maestro jubilado. La defensa, a su vez, sostenía que por ser profesor Vizcaíno es un patriota que jamás atentaría contra la seguridad nacional.

A ambas partes les aclaró que era un hecho incontrovertible que el plantón se llevó a cabo, que tenía como finalidad hacer una protesta contra el alza de los combustibles y que la manifestación se realizó de manera pacífica. No hubo, pues, daño ni violencia.

El asunto, reiteró la juez, era precisar si se configuraba el delito de sabotaje, y para ello se requería acreditar el dolo. Cosa que no ocurrió.

Paracaídas

El tema de fondo de nuestra sociedad actual es la educación. Si no enfatizamos su importancia y definimos la ruta de su consolidación, habremos fracasado en el corto, mediano y largo plazo, como lo hemos hecho hasta ahora. Sin educación no hay paz, sin paz no hay bienestar.

La violencia, corrupción e impunidad que vivimos son sólo el efecto de una causa que parece que tenemos perdida: la educación, cuyo timón, en más de un sentido, lo llevan en su mayoría analfabetas funcionales, ¿cómo podrán, entonces, ponderar la importancia de este ámbito de la vida humana tan crucial para el desarrollo de la sociedad?

Contextualizó de esta manera la problemática que están padeciendo alumnos y maestros de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (conocida como UTEM) porque no se necesita tener dos espaldas de inteligencia para saber que una universidad que se jacte, esto es, una institución educativa que formará profesionistas, no puede tener a sus profesorado de tiempo completo bajo contratos de cuatro meses, pues la figura del profesor de tiempo completo incluye un componente que es fundamental para formar profesionistas: la investigación.

La demanda de los estudiantes, por tanto, aunque formulada a su manera, ha sido justa y exacta: necesitamos buenos maestros, no improvisados. Maestros que conozcan bien lo que están enseñando, maestros especialistas en su tema, maestros que pueda transmitirnos un conocimiento que conozcan de primera mano, no maestros que preparan su clase una hora antes de entrar al aula.

Bien, pues estos maestros que piden los estudiantes sólo pueden cristalizarse en la figura de un profesor-investigador, alguien que dedica sus días al conocimiento de un tema específico, que luego va e transmite en sus aulas. Es verdad que los profesores por horas pueden tener contratos de cuatro meses, siempre y cuando tengan certidumbres laborales, pero no puede existir un profesor de tiempo completo que esté bajo este régimen laboral, sea bajo la justificante que sea.

Uno de los profesores afectados me dijo antier que las autoridades universitarias argumentaban que ajustaran sus investigaciones a cuatro meses entonces y así podría cumplir con el compromiso de investigación: ¿habráse visto mayor desconocimiento de lo que es investigar?

Con estas propuestas, las autoridades de la UTEM lo único que reflejan es que no saben lo que es una verdadera universidad y, por tanto, deben ser removidas inmediatamente antes de que un proyecto educativo de tal trascendencia se descarrile por la ineptitud de quienes lo dirigen.

Urge, pues, que las autoridades de gobierno correspondientes, entre ellas el actual secretario de Educación, den pronta solución a esta problemática que se irá a dar contra un muro de seguir por el camino que va, dejando a la deriva a cientos de estudiantes que lo único que esperan es una educación de calidad, a la altura de las exigencias de nuestro tiempo. 

Contrapeso

Cuando el pasado 19 de agosto, algunos de los integrantes de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (Copip) buscamos que se hiciera un pronunciamiento a nombre de la organización exigiendo la emisión de lineamientos para la contratación de publicidad oficial, por parte del Gobierno del Estado, la mayoría de los comisionados estuvo en contra.

En ese momento, la discusión era prudente porque el Congreso del Estado había aprobado, apenas unas semanas atrás, un exhorto dirigido al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, para que diera cumplimiento a la conformación del protocolo para el otorgamiento y distribución de publicidad oficial.

Esto, cuatro meses después de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima emitió una recomendación acerca de este tema, como resultado de la queja presentada por el portal Avanzada “por considerar que el Gobierno Estatal violentaba diversos derechos (…) haciendo uso de la publicidad oficial como instrumento de presión y amenaza hacia los periodistas y medios de comunicación de la entidad”.

Varios de los comisionados, durante su argumentación, señalaron que era imposible pensar que las autoridades tuvieran que otorgar publicidad a todos los medios, además consideraron que el hecho de que la Copip se pronunciará sería beneficiar a empresas particulares.

Ahora, que el pasado 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico al amparar a la organización Artículo 19 en contra de la omisión del Congreso de la Unión para normar la compra de espacios publicitarios por parte de los gobiernos en los medios de información, es justo reiterar algunas de las ideas que expresé en aquella sesión.

Me queda claro que el Gobierno tiene la libertad de contratar servicios de publicidad con las empresas que decida –es un argumento simplista pensar que debería adquirir publicidad en todos los medios–, pero soy un firme creyente de que quienes aspiren a prestar los servicios de marketing a los Gobiernos deben tener las reglas claras y piso parejo; conocer cuáles son los criterios de otorgamiento, evitará que los recursos destinados para la compra de publicidad oficial sean usados con fines de censura o incidencia en la línea editorial de los medios.

No se me malinterprete: estoy convencido de que las empresas periodísticas deben de buscar esquemas de financiamiento más allá de la esperanza de la obtención de convenios con Ayuntamientos, el Gobierno del Estado y la Universidad de Colima, pero siendo realistas, en este momento, la publicidad oficial es la principal fuente de ingreso de todos los medios de comunicación, entonces, ¿a qué tanta independencia editorial pueden aspirar?

Considero que la participación de la Copip para sumarse a la exigencia de que el Gobierno del Estado –y lógicamente todos los entes que reciban recursos públicos y realicen la contratación de espacios publicitarios, incluida la UdeC– hagan públicos sus criterios de selección de proveedores, permea en la defensa de los periodistas, en el entendido de que una prensa más libre tiene como consecuencia mejores condiciones para que los trabajadores ejerzan su trabajo.

Algunos de los criterios para que las empresas periodísticas puedan ser tomadas en cuenta para el otorgamiento de publicidad oficial deberían ser: cumplir con sus obligaciones ante la Secretaría Hacienda, otorgar todas las prestaciones laborales a sus trabajadores, y que en cada nueva contratación se incluyera la Clausula de conciencia, ya legislada en la Ley de Protección Integral para el Ejercicio Periodístico del Estado de Colima.

Investigaciones, como la plasmada por Pedro Zamora en su libro Periodismo bajo censura, muestran a detalle el uso arbitrario de la publicidad oficial, y aunque me es imposible extender más mi argumentación en una columna, organizaciones internacionales coinciden en que es un mecanismo de censura sutil, que debe ser legislado. Hago votos para que Colima, a la brevedad, hagan lo propio.


Punto y aparte


Enhorabuena para todos los involucrados en la realización del Primer Festival Internacional del Xolo, un evento que contribuye al reconocimiento de nuestra identidad como colimenses.

Comentarios al correo electrónico rolandonotas@gmail.com / Twitter: @rolandonotas / www.rolandonotas.wordpress.com

Paracaídas

El pasado 13 de noviembre se aprobó finalmente una sanción para  el ex director de Ciapavoc,  Óscar Valencia Montes, a quien se le ha obligado a regresar casi un millón de pesos a este organismo, además de ser inhabilitado por un año para desempeñar cargos públicos, pues, lo afirmó el diputado Riult Rivera, presidente de la Comisión de Responsabilidades, se confirmó que el mencionado funcionario  “le entregaba dinero a trabajadores de esa dependencia sin tener facultades de hacerlo”.

En la misma sesión que sancionaba a Valencia Montes se presentó otro dictamen que contenía castigos para varios ex funcionarios de la pasada administración tecomense, específicamente por la cuenta pública de 2014, pero con el curioso detalle de que varios de ellos, por razones que el propio Riult Rivera no pudo justificar de forma contundente, fueron exonerados, entre ellos el propio diputado Santiago Chávez, ni más ni menos que actual presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, situación que fue denunciada por la misma diputada albiazul Norma Padilla, quien, por supuesto, no fue escuchada.

Por si lo anterior no levantara suficientes suspicacias sobre la forma en que se aplica la ley en el Congreso local, en el dictamen que propuso sanciones representativas para ex servidores públicos de la pasada administración anguianista se hizo exactamente lo mismo: se exoneró a funcionarios que, aunque presumiblemente tenían responsabilidades que afrontar, fueron sacados de la lista negra a última hora, como fue el caso del actual dirigente priista Rogelio Rueda, lo que causó escándalo e irritación en la sociedad y, sobre todo, en la propia clase política, que se dio cuenta del embuste legislativo.

 

Es importante agregar que ante la acusación de la diputada Norma Padilla con respecto a la “extraña” exoneración del diputado Santiago Chávez, el presidente de la comisión, Riult Rivera, argumentó que esto se había determinado así en virtud de que el legislador tecomense había presentado elementos de prueba suficientes para quedar exento de las imputaciones, extraño artilugio si se considera que varios funcionarios de la administración anguianista (entre ellos Gustavo Allen Ursua, quien tiene denunciados a los diputados por este tipo de irregularidades, y ahora se ve que con razón) fueron prácticamente linchados públicamente sin haber tenido antes la oportunidad de ser siquiera escuchados con respecto a las imputaciones que se les hacían, lo que indica entonces que más que impartir justicia, lo que está haciendo el Congreso local es vengarse políticamente de todos aquellos que le son adversos a la gestión del actual gobernador Nacho Peralta, contando con la complicidad del Congreso.

El Congreso local, ahora pulverizado debido al desmarcamiento del petista Joel Padilla y la verdecologista Martha Meza (que responde a los intereses de Nabor Ochoa), está metido ya en una espiral de descrédito que, incluso, están pagando aquellos diputados que han tomado con la seriedad debida la función que ostentan y el compromiso que tienen con la sociedad colimense.

Ellos son los responsables de la concordia social y de la preservación de nuestro Estado de Derecho, pues para eso es que se han creado las leyes, pero parece que –ya lo vemos- esto es lo último que les importa. 

Estación Sufragio

Las renuncias el mismo día de la directora del DIF Estatal, Mayrén Polanco, y de Francisco Pérez al Instituto Colimense para la Discapacidad (Incodis), no fueron en absoluto intempestivas.

En los círculos donde se celebra de manera sistemática el rumbo errático del gobierno de Ignacio Peralta, no faltó quien leyera el anuncio de las separaciones a dichos cargos como evidencia de que la administración se está desgranando.

Sin embargo, lo que ocurre con los políticos de la administración pública no es comparable a lo que ha estado sucediendo a lo largo del año con los políticos del Partido.

Los dirigentes del PRI en municipios tan importantes para la viabilidad electoral del tricolor en 2018, como Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, o incluso el secretario de Organización del comité estatal, literalmente se bajaron del barco a medida que se fueron convenciendo que la nave va directo a estrellarse contra las rocas.

No, como también lo han dicho en los círculos donde se exalta la figura de Nacho Peralta, Mayrén y Paco dejan el gobierno estatal a tiempo para poder participar en los procesos internos del PRI, ya que ambos aspiran a una candidatura al Congreso.

Y lo hacen para que el mandatario pueda cumplir su promesa de que los colaboradores con aspiraciones políticas no usarán al gobierno para lograr una ventaja adicional.

Se sospecha que ésa fue una de las razones por las cuales Polanco Gaytán no regresó a una secretaría de despacho, después de haber sido titular de Sefome durante el interinato de Ramón Pérez Díaz, cuando Indira Vizcaíno dejó vacante Desarrollo Social: no posibilitar el uso proselitista de la dependencia.

Ahora bien, si la idea era proyectarla políticamente, poner a Mayrén en una dependencia cuya naturaleza es repartir beneficios sociales pero en la que sólo hubiera podido regalar su linda sonrisa, habría supuesto mandarla al despeñadero. Así que la dejaron en el DIF, a donde la gente sólo acude por ayuditas y no esperando recibir verdaderos apoyos para salir de la pobreza.

En el caso de Pérez Medina, ha sido un aspirante a la diputación local durante todo este tiempo que permaneció en el Incodis, desde que se convirtió en encargado del despacho con… ¡Silverio Cavazos!

JIPS es el primer gobernador que da luz verde a las pretensiones de contender que tiene Paco, quien por cierto sostiene ser uno de los pocos priistas capaces de ganar el primer distrito local, bastión del PAN.

Mayrén y Francisco Jesús dejan el Gobierno del Estado, por qué no decirlo también, para iniciar un periodo de descontaminación, lavarse el tufo de la administración y poder construir una plataforma electoral desde cero.


Lo que no suma, resta


La verdad es que el paso por este Gobierno que apenas llegará a su segundo año, no aportó, a Mayrén ni a Paco, un capital político mayor al que ya tenían.

La exdirectora del DIF Estatal es un académica de carrera: era directora de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima cuando el entonces secretario de Fomento Económico y luego alcalde capitalino, Ignacio Peralta, dictaba cátedra y abierta militante del PRI.

Descendiente de dos familias tradicionales de Villa de Álvarez, Mayrén podría una de las pocas mujeres a las que el PRI, urgido de completar una cuota obligatoria de género, no destinará a distritos que se saben perdidos de antemano.

A menos que nos den la sorpresa algún secretario, Mayrén podría ser además la candidata oficialista que tuvo el cargo de más alto nivel en la administración de Peralta Sánchez.

Eso significa que en su triunfo o fracaso electoral, se materializaría ese referéndum al que todos los gobernantes se someten en la elección intermedia. Su eventual victoria dependerá de la evaluación positiva que el pueblo pueda hacer del gobierno de Nacho, a medio sexenio.

Pensando en las legítimas aspiraciones de Polanco Gaytán, ojalá el aparato estatal tenga presente que no se pueden ganar las elecciones, y menos cuando las obras y las acciones de gobierno no hablan por sí solas, con pura saliva y fotogenia.

No están generando dividendos políticos los relativos éxitos de este gobierno: la austeridad y los recortes de personal, que contrastan con el dispendio en renta de aviones y la recontratación de un número igual de trabajadores de confianza; ni la resistencia a un mayor endeudamiento que es vencida por la adquisición de onerosos créditos; o la complicada reforma a pensiones.

Medidas económicas tan drásticas, como aumentar contribuciones y eliminar subsidios, reducir los programas sociales o restringir el gasto público en general, así como frenar la inversión pública y privatizar espacios públicos, podrán conseguir el aplauso de la prensa financiera y las instituciones crediticias, pero no votos.

Si Nacho Peralta decide que sus colaboradores deben convertirse en diputados para garantizar la gobernabilidad en la siguiente legislatura, tendrá que acreditar buenas prácticas de gobierno en los temas que le interesan al ciudadano, y que deberían preocupar por igual a los economistas… como la inseguridad.

La reciente entrevista de JIPS en Milenio reveló que su administración no tiene una estrategia para combatir a los grupos delincuenciales, ni siquiera existe una narrativa oficial que explique por qué en Colima hay territorios vedados al paso de los excursionistas o por qué en este sexenio han matado, al estilo crimen organizado, a servidores públicos de todos los niveles, incluido un alcalde en funciones.

Si el gobierno del priista Nacho Peralta quiere mantener su cuota de votos en 2018, el mandatario tendrá que convencer al electorado que personalmente le duelen las mismas cosas que afligen a sus gobernados.

Paracaídas

Partamos de un principio básico, que a todos los ciudadanos nos mueve: a nuestra entidad le urge la alternancia democrática en el gobierno estatal. Los casi cien años que ha estado el PRI en el poder han dado como resultado esto que ahora está a la luz de todos y de todo: excesiva violencia, indignante corrupción y rampante impunidad. Y una sociedad que ya no cree ni en las instituciones, ni en los partidos ni en la clase política, una sociedad que, lo podemos ver en las redes sociales, demuestra todos los días su hartazgo y su rabia contra un sistema que se niega a transformarse.

La sociedad colimense ya no quiere más PRI en Colima, y las estadísticas demuestran claramente este repudio, no menos hace poco nos mostraron que nuestro gobernador Nacho Peralta es el peor del país. La sociedad quiere una verdadera transformación, busca ansiosamente perfiles más honestos, más competentes, de real entrega social, y no los mismos políticos de siempre que sólo cambian de partidos pero no de malos hábitos. Ha sido este hartazgo ciudadano generalizado y esta crisis de nuestro sistema de partidos el que ha llevado de forma natural a la idea de crear un frente ciudadano por parte de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, mismo que nace con los liderazgos nacionales pero que se extiende al resto de las entidades federativas.

La idea de este Frente parte del principio, por un lado, de que el sistema de partidos se renueve con ciudadanos de bien que puedan a su vez representar una oferta política atractiva para el electorado,  pero, por otro, también tiene como intención desbarrancar a un PRI (nacional y, en nuestro caso, estatal) que ha causado muchos estragos sociales y un excesivo daño a nuestras instituciones. El PRI en Colima representa precisamente todo eso que la sociedad ya no quiere consentir, de ahí que muchos de sus miembros estén emigrando a otros partidos, incluida a la nueva modalidad independiente.

En nuestra entidad, el Frente Ciudadano tiene características especiales que responden a lo antes referido: se busca que esté conformado por aquello que represente una verdadera oposición al priismo local y que por ningún motivo se vea permeado por él, de ahí que resulte congruente que dentro del frente no tenga siquiera asomo el grupo representado por Pedro Peralta Rivas a través de Julia Jiménez (actual líder estatal del PAN), ni tampoco esa fracción del PRD (la de su propio dirigente) que también tiene lazos estrechos con visibles tentáculos rojiblancos.

Incluso el propio Locho Morán, que se ha resistido a unirse al Frente, no deja de enviar señales de su relación por la causa priista a pesar de que de dientes hacia afuera quiere hacer notar su férrea beligerancia contra ella. Hechos muy puntuales contradicen sus palabras, y ya en su momento serán motivo de análisis. Aquellos que creen que son los partidos los que le dan razón de ser al Frente están equivocados: su fortaleza no está en los partidos (hoy en crisis) sino en los ciudadanos que estarán por encima de ellos.

Por tanto, los ciudadanos que se integren al Frente no deberán ser usados como carne de cañón porque entonces sí el Frente habrá nacido muerto. Como lo dije hace unos días que se me invitó a la inauguración de una de las casas de Ciudadanos al Frente, yo ponderaré esta apertura pero siempre que los ciudadanos sean los que, más allá de demagogias, abanderen esta transformación política y esta nueva forma de gobernar que ansía la sociedad mexicana, en lo general, y colimense, en lo particular, hoy más que nunca necesitada de encontrar su bienestar.

Estación Sufragio

UN AUTÉNTICO CALDO DE CULTIVO:

La propuesta electoral de Andrés Manuel López Obrador resulta muy simple, y quizá en eso estriba su eficacia. No dice cómo lo hará, pero promete resolver los problemas más sensibles para la población:
La corrupción, para empezar, enfermedad crónica del sistema político que también invade a otros sistemas del organismos social, como el económico; incluso los aparatos ideológicos del país (el educativo, el religioso y los medios de comunicación, entre ellos) no escapan a esta afección moral.

En el spot en el que asegura que durante su movimiento “no se ha roto un vidrio”, AMLO ofrece “trabajo, seguridad y bienestar para todos”. Todas éstas, carencias del mexicano común tan innegables que los detractores del candidato presidencial de Morena prefieren rebatir los otros argumentos del mensaje: que si es populista, que si es comparable a Maduro o a Trump, que si no existe tal cosa llamada “la mafia del poder”, que si el cambio que promete el Peje no será en absoluto “ordenado y pacífico”.

Cambio, entendido como alternancia, es lo que ofreció el sistema político en 2000 como una manera de preservar el modelo económico. Y certeza ante la incertidumbre del cambio en el modelo que prometía López Obrador, es lo que ofertó el régimen del PRI-AN en las elecciones de 2006, aun a costa de sacrificar la credibilidad en los comicios tras repetirse el fraude electoral de 1988.

En 2012, una ficción televisiva (el apuesto gobernador mexiquense, trágicamente viudo que casó con un actriz de melodramas en lo que parecía un final de telenovela) sedujo a un importante sector del electorado, ya impermeable a las dádivas del clientelismo tradicional.

Sin embargo, a la clase política lo que le atrajo de la propuesta de Enrique Peña Nieto fue la promesa de acabar con la guerra contra las drogas que ensangrentó el país durante el sexenio de Felipe Calderón.

PROMESAS INCUMPLIDAS:
Camino a 2018, la violencia generada por la operación de los cárteles del narcotráfico, las luchas entre esos grupos dedicados a la delincuencia organizada y el combate a esas mafias que realiza el Estado mexicano, exasperan a una ciudadanía que lleva décadas pidiendo seguridad.

Los triunfos macroeconómicos, tan celebrados por algunos periodistas financieros, aun cuando se reflejan en una recuperación del mercado interno siguen dejando a amplios sectores de la población fuera de las oportunidades de empleo.

Y el bienestar no lo sienten los mexicanos con menores ingresos. De hecho, hasta para los empresarios el Estado resulta cada vez más codicioso: un voraz recaudador tributario y un incumplido prestador de servicios que, en todo caso, terminó por privatizar muchas de sus antiguas responsabilidades, como el sistema de pensiones.

Una generación de mexicanos que por su edad deberían votar conservadoramente, se sienten defraudados por el Estado y en riesgo de no mantener un nivel de vida decoroso cuando acepten su jubilación.

Gracias a la reforma en Telecomunicaciones, bajaron las tarifas de telefonía (en realidad pagábamos aquí lo que en todo el mundo ya era gratis) y ahora tenemos televisión digital terrestre.

No obstante, seguimos teniendo carreteras cuyos peajes son ofensivos en la medida que, por ejemplo, hace más de veinte años que tenemos una autopista de cuota entre Manzanillo y Guadalajara y todavía hay un tramo de dos carriles, cuando debería haber seis en la totalidad del recorrido.

POLVO DE ESTRELLAS:
Para contrarrestar el discurso disruptivo de AMLO, el régimen ensaya diferentes soluciones.
Hasta hace unas semanas parecía que se iba a decantar por una estrategia para pulverizar el voto opositor: inundar las boletas electorales con candidatos independientes y que cada uno de los cuales captara el sufragio de un segmento específico del padrón molesto con el gobierno priista.

En paralelo, se pensó en crear un contrapeso a Morena fusionando en un Frente Ciudadano a la oposición de izquierda con la derecha.

En el absurdo que dos partidos que se dicen progresistas, como el PRD y Movimiento Ciudadano, le den la espalda al candidato con el que tienen mayor afinidad ideológica, para buscar otro abanderado que, resulte quien resulte, estará evidentemente por debajo de Andrés Manuel en posicionamiento electoral, la izquierda se somete a las directrices del PAN.

Lo hace bajo el supuesto que se repetirá el escenario de 2000, cuando Vicente Fox contó con el apoyo tácito de la izquierda.
Ante la posibilidad de que veamos en 2018 un choque de trenes entre el régimen y Morena, el régimen ya saboteó las soluciones anteriores:

Una cuota insensata de firmas de apoyo y un software diseñado para volver casi imposible el registro de suscriptores, hacen inviable incluso el registro de la candidatura independiente de Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe
Calderón. Y el Frente Ciudadano naufraga porque las cúpulas de los partidos que lo forman no tienen el respeto ni la obediencia de sus bases militantes.

EL BUENO, EL PURO Y EL VIEJO:
¿Cómo pretende el PRI hacer frente al descontento social que potencia la candidatura de López Obrador?
La primera opción es un candidato oficial ostensiblemente no priista. Aunque José Antonio Meade ha estado más cerca del PRI que del PAN (no obstante que trabajó como secretario de Hacienda en el gobierno de Calderón Hinojosa), hoy niega pertenecer al Partido Revolucionario Institucional.

No militar en el tricolor es requisito indispensable para convencer a la sociedad del resto de las virtudes que le atribuyen al actual secretario de Hacienda y Crédito Público: la primera, no estar casado con ninguna ideología (como no sea la teoría capitalista) y, la segunda, tener una trayectoria irreprochable, sin vínculos con los escándalos de corrupción que se dieron en este y el anterior sexenio (y de los cuales tendría que haberse percatado en el mero ejercicio de su responsabilidad fiscal).

Por lo difícil que resultará mantener a Meade a salvo de los torpedos que lance la oposición a un ministro que en dos sexenios no se enteró de nada, y ante las dificultades para que un recaudador de impuestos gane popularidad, existe un Plan B: el doctor José Narro.

Indemne tras la crisis que supuso para el sistema de salud la ocurrencia de los sismos de septiembre (¿cómo es posible que en un país donde la atención médica corre a cargo del Estado, la Cruz Roja pidiera donaciones de insumos quirúrgicos y medicamentos comunes en una sala de urgencias que la Secretaría a su cargo debería tener en inventarios?), a Narro le favorece el capital político que acumuló como rector de la Universidad Nacional.

Tiene en contra su edad (y más que los años vividos los que aparenta, pues tratándose de un hombre que apenas llega a las siete décadas parece un octogenario).

Si en este país premiáramos la sabiduría de los viejos, diría que Narro es un candidato formidable. Pero la efebocracia (el gobierno de los más jóvenes) auspiciada por Peña Nieto, probablemente no cree en el potencial electoral de un hombre mayor.

Desde la Curul 26

Apenas se aprobó el dictamen relativo al Informe de la Auditoría Excepcional de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y hasta el 31 de agosto de 2015, del Gobierno del Estado, de la administración que encabezó Mario Anguiano Moreno, y decenas de cuartillas de todos los analistas y columnistas, así como de la gente que utiliza las redes sociales para hacer comentarios, se escribieron y difundieron para dar sus respectivos puntos de vista respecto a la sanción que se propuso por la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, para el ex mandatario.


Para todos sin excepción, las dos propuestas de inhabilitación aprobadas por el pleno del Congreso, una por 9 años y otra por 14 años, así como el resarcimiento directo de 38 millones 570 mil 170 pesos, y una sanción resarcitoria económica subsidiaria por 6 millones 578 mil 515.698 pesos, parecieron minuta.


Sin embargo a la gran mayoría (por no decir que a todos) les pasó de noche, que esas no son las únicas sanciones que se han impuesto al ex gobernador Mario Anguiano Moreno.


Si bien lo último que se ha aprobó por el Congreso local, es lo relativo al informe de resultados de la auditoría excepcional realizada al Poder Ejecutivo en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y hasta el 31 de agosto de 2015, por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), en sus conclusiones destacaba que en los períodos antes señalados la pasada administración estatal, que encabezó Mario Anguiano Moreno, se habían desviado más de 2 mil 119 millones de pesos, destinados a fines distintos a los autorizados en el Presupuesto de Egresos por el Congreso del Estado, así como la simulación de reintegros a fondos federales.


Y efectivamente en el informe, que el OSAFIG entregó el 21 de octubre del año 2016, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, y que se encuentra disponible en la página web del OSAFIG, se reportó que el desvío más grande fue detectado en el rubro de servicios personales, donde fueron encontrados mil 867 millones de pesos, que originalmente habían sido presupuestados para obra pública.


Asimismo de acuerdo a la auditoría excepcional, también refleja que se registró una simulación de reintegros de fondos federales por el uso irregular de recursos durante los tres años auditados, esto por 242 millones 839 mil pesos.


Aunado a ello, se detectaron observaciones que no fueron subsanadas y en donde se le fincó al ex gobernador Anguiano una responsabilidad económica subsidiaria resarcitoria por un monto de 6 millones 578 mil pesos 515.68 pesos, ya que esos gastos fueron realizados, o al menos autorizados, por el responsable del despacho del entonces gobernador, esto es, el quien fungía como secretario particular del titular del Ejecutivo.


En el dictamen que elaboró la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado que se discutió y aprobó finalmente el pasado martes, entre las sanciones propuestas y aprobadas por el pleno, se contempla la inhabilitación para ocupar cargos públicos al ex mandatario colimense hasta por 23 años, una propuesta es por nueve años y la otra por 14 años, así como sanciones económicas resarcitorias hasta por 45 millones 148 mil 685.68 presos, contabilizando la sanción directa y la sanción subsidiaria.


El dictamen aprobado se quedó corto…

La auditoría excepcional que practicó el OSAFIG, hay que recordarlo, se realizó en virtud de los indicios e información pública que permitía deducir posibles actos de corrupción y desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los destinados, en el gobierno de Mario Anguiano Moreno.


Sin embargo, el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y aprobado por unanimidad de los 23 legisladores que acudieron a la sesión donde se aprobó el documento dejó mucho que desear, se quedó corto y desde mi perspectiva hasta incompleto.


La Comisión que dictaminó se arrogó para sí, facultades que jurídicamente no pudieran tener sustento, pues a decir de algunos de los diputados que intervinieron en la discusión, se invocaron en el documento, artículos no aplicables para una auditoría excepcional.


A la Comisión dictaminadora le faltó profundizar más en algunos aspectos y en otras creo que se extralimitó.

El dictamen, en ninguna parte dice nada de qué sucedió con los más de cien maestros que aparecieron en el informe de auditoría excepcional practicada por el OSAFIG, que cobraban en dos y hasta en tres plazas y en horarios encimados, es decir, tenían que estar en el mismo horario en más de un plantel educativo laborando.


Si ese asunto quedó solventado, la comisión dictaminadora debió plasmarlo en el documento llevado al pleno, sugiriendo o proponiendo a la Comisión de Responsabilidades, que es la única encargada de aplicar las sanciones, de que esos casos habían sido solventados y en consecuencia quedaban sin efecto y citar las causas.


Pero de haber exonerado a los maestros, como de facto ocurrió, porque al presidente de la Comisión de Hacienda se le ocurrió no incluirlos, debió sugerir el aplicar sanciones a los responsables de generar todas esas confusiones o todo ese cochinero en la integración de los expedientes de los profesores.


Si fue en la Secretaría de Educación donde no se hicieron las cosas bien, debió señalar al responsable del departamento y sancionarlo, porque, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que los más de cien maestros todos hayan logrado subsanar las observaciones, debe haber un responsable de no haber hecho bien las cosas y eso no debió haber quedado sin castigo.


Y si el responsable no estuvo en la Secretaría de Educación, y fue en la Secretaría de Administración, o en la Secretaría de Finanzas, pues eso debió haberse incluido en el dictamen que finalmente se aprobó y que pasará a la Comisión de Responsabilidades para que inicie con los procedimientos sancionadores.


Pero no, no hay ni siquiera una mención de quién o quiénes fueron los responsables, mucho menos señalar alguna posible sanción.

Les decía que en otros casos la Comisión de Hacienda se arrogó para sí, facultades que no le competen, como fue para exonerar a ex servidores públicos, aduciendo que solventaron las observaciones hechas por el OSAFIG.


Ahí invadió las facultades que solo competen  a la Comisión de Responsabilidades, que es quien debe escuchar a todos los implicados en el informe y decidir su presunta culpabilidad o inocencia.

Queda en duda el principio de legalidad a las excepciones de sanción que se detallan en el considerando decimoquinto del dictamen aprobado, porque me parece que la Comisión de Hacienda y Presupuesto no tiene facultad precisa alguna para escuchar a los presuntos responsables y resolver su exoneración, aspecto que en cambio si corresponde a la Comisión de Responsabilidades, a efectos de respetar los derechos humanos de los involucrados.


MAM podría ser sancionarlo con 812 millones de pesos…


Ahora ¿por qué en el dictamen recién aprobado la semana anterior, no se exigió a Mario Anguiano devolver los un mil 867 millones de pesos que fueron desviados para el rubro de servicios personales?, pues precisamente porque el informe no dice que se hubieran robado esos recursos.


El informe de auditoría excepcional practicado por el OSAFIG, señala que esos mil 867 millones de pesos, fueron desviados a un fin distinto al que habían sido aprobados por el Congreso del Estado, y por esa acción, se está proponiendo su inhabilitación para ejercer cargos, puestos o comisiones dentro de la administración pública estatal o municipal.


Ahora bien al iniciar la columna dije que había confusión y es que todos los que de una u otra manera han analizado la propuesta de sanción para el ex gobernador Anguiano, es exclusivamente lo que se encontró en este informe de probables responsabilidades para quien fue el gobernador del estado y que suman 45 millones 148 mil 685.68 presos, contabilizando las sanciones directa y subsidiaria.


Pero no son las únicas…


En el mes de Junio del año 2016, el Congreso del Estado aprobó el dictamen relativo a la auditoría excepcional 2016, donde el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, fue encontrado responsable por no haber solventado las observaciones radicadas bajo la clave FS02-EXCEPCIÓN/01/2016; FS03; FS04; FS05; Y, FS06, todas con la clave EXCEPCIÓN 01/2016.


Aquí en todas estas observaciones se le encontró responsabilidad resarcitoria directa al ex gobernador Mario Anguiano, por 638 millones de pesos, que fueron los dos créditos que pagó el ex gobernador interino Ramón Pérez Díaz, el 28 de diciembre de 2015, y que el ex gobernador Anguiano ya había gastado ese recurso antes de concluir su mandato.


Por esos 638 millones el Congreso aprobó que se le aplicaran a Mario Anguiano otros 69 millones 066 mil 097 pesos, por los intereses generados hasta el mes de junio de 2016.

Por ese asunto, el Congreso aprobó una inhabilitación por 14 años para Anguiano Moreno.


Posteriormente en el mes de noviembre del año 2016, al calificarse la Cuenta Pública 2015 del Gobierno del Estado, se presentaron en el documento los resultados de las auditorías ordinarias efectuadas por el OSAFIG, que derivaron en otra propuesta de inhabilitación por 14 años.


En esa cuenta pública 2015, Mario Anguiano Moreno, fue encontrado responsable de no haber solventado las observaciones marcadas con la clave F13-FS/15/20, por lo que se propuso aplicarle una sanción consistente en amonestación pública.


Además las observaciones F35-FS/15/20 y F36-FS/15/20, donde se propuso aplicarle una sanción económica resarcitoria por un millón 875 mil 136.05 pesos.


Y la observación F37-FS/15/20, que propuso imponer una sanción económica directa por 66 millones 800 mil pesos.


Las últimas propuestas de sanción son las aprobadas el pasado martes 24 de octubre, relativas al informe de auditoría excepcional a los ejercicios 2013. 2014 y hasta el 31 de agosto de 2015, donde se propone sancionar con 6 millones 578 mil 515.68 pesos de manera subsidiaria y una inhabilitación por 9 años para ejercer cargos, empleos, o comisiones en la administración estatal.


La claves de las observaciones no solventadas son F1, F2, F24, F25, F11, F12, F26, F8, F9, F16 y F17, todas con terminación EXCEPCIÓN/01/2015.


Más la observación F32-EXCEPCIÓN/01/2015, mediante la cual se propone aplicar una sanción económica resarcitoria directa, por 38 millones 570 mil 170 pesos, y una inhabilitación por 14 años.


Sumando todas las sanciones que tiene pendientes de que se le apliquen, ya que recurrió a tramitar amparos, buscando evadir, o en su caso retrasar la aplicación de la justicia, a Mario Anguiano Moreno se le han aplicado sanciones resarcitorias directas que suman $812 millones 436 mil 267 pesos; más sanciones resarcitorias subsidiarias que suman $8 millones 453 mil 651.73 pesos.

Más una amonestación pública y 51 (Cincuenta y un), años de inhabilitación para ejercer cargos empleos o comisiones dentro de la administración pública estatal o municipal.

A todo lo anterior hay que añadir que el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, tiene al menos cuatro denuncias penales en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en la Procuraduría General de la República, por la manera en que ejerció los recursos durante su administración.


Esto sin contar las denuncias que interpuso a nivel central la Auditoría Superior de Fiscalización.


Para cerrar…


** Mucha actividad habrá este lunes en el Congreso del Estado, ya que en la última sesión ordinaria, precisamente la del 24 de octubre, aprobaron una serie de reuniones de trabajo las cuales se desarrollarán en la sala de juntas “General Francisco J. Múgica”, del Poder Legislativo.


**Para las 10:00 de la mañana deberá acudir la Licda. Mirna Indira Vizcaíno Jiménez, Comisionada Presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Colima, (CEEAVI), a fin de que aclare que ha hecho con el presupuesto asignado, pues existen personas víctimas que han reclamado su indemnización y resulta que no les pagan pues según aduce la encargada de esa dependencia, el Congreso no le asignó recursos dentro del presupuesto de este 2017, para hacer frente a los compromisos, los diputados dicen que sí le asignaron, entonces quieren que se aclaren las cosas.


**Luego a las 11:00 horas, fue citado Carlos Ignacio Maldonado Orozco, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que para que informe que está haciendo en materia de prevención y qué acciones en materia de seguridad se vienen realizando  en este Consejo Ciudadano.


Va a ser interesante escuchar al presidente de este organismo ciudadano, que anda eufórico por todas las colonias y municipios del estado regalando lentes, no sé si para que la gente identifique mejor a los malandros o para que vean qué les dejaron en sus hogares cuando son víctimas de tantos robos.


Las malas lenguas dicen que como sea quiere ser candidato a lo que sea y por el partido que sea, lo mismo anda coqueteando con unos, que con otros, de ahí el altruismo repentino de regalar lentes, bueno eso es un decir, porque les cobra 50 pesos a quienes acuden, que por el examen de la vista, dice la propaganda que reparten casa por casa.


**Y a las 13:00 horas, fue citado nuevamente el presidente municipal de Colima, Héctor Insúa García, para que aclare todas las quejas que hay en su contra de parte de los comerciantes del centro de la ciudad de Colima, por la remodelación de la avenida Madero, a la cual le está cambiando el adoquinado, pero no cambió la tubería de las redes de agua, y drenaje.


A esta reunión ha sido convocado también el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado, Jesús Sánchez Romo, para que asesore a los legisladores en las cuestiones técnicas.


También el alcalde deberá explicar por qué autorizó licencias de construcción a unos departamentos que se construyen en el Fraccionamiento Vista Hermosa, en contra de la voluntad de los vecinos de la zona, quienes han emprendido la lucha legal, recurriendo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante la cerrazón que han encontrado de parte de la autoridad municipal.


**Y ya para concluir decirle que este martes habrá sesión del Congreso para elegir al presidente o presidenta y vicepresidente, de la mesa directiva de la Legislatura, que estará en funciones del 1 al 30 de noviembre.


Por hoy hasta aquí la dejamos, ya “Desde la Curul 26”, le estaré comentando lo que ocurre esta semana, que le anticipo estará muy movida.

Paracaídas

La falta de alternancia democrática en Colima, lo que ha derivado en el monopolio de un solo partido (y, por extensión, de una misma oligarquía política), ha ocasionado la descomposición de la política misma y del Estado. Las prácticas propias de un régimen totalitario que intenta conservar el poder a cualquier precio es directamente proporcional al daño padecido al día de hoy por la sociedad colimense, con las consecuencias que esto empieza a tener ya para el propio Estado.

El asesinato hace unos días de Crispín Gutiérrez no se lamenta sólo porque se trata de un vida humana, sino porque él, como muchos de los servidores públicos de gobierno y representantes populares, representan ni más ni menos que la soberanía social, esto es, en ellos se encuentra representada cada una de las voluntades individuales (cada uno de los ciudadanos) que conforman nuestra entidad.

Asesinar, pues, a un alcalde es, en más de un sentido, asesinar nuestra soberanía social, más alta aún que nuestra soberanía política, ahora hecha de hombres rapaces que no entienden sino de robo y latrocinio.

En Colima, desde hace bastante tiempo, los crímenes contra la soberanía social vienen convirtiéndose en nuestro pan cotidiano. Se asesinó al ex gobernador Silverio Cavazos, se atentó (con fines de asesinarlo) al ex gobernador Fernando Moreno Peña, se asesinó a un secretario de Estado (Saúl Adame Barreto), hace poco a un delegado (Jaime Vázquez Montes), y además murió en situaciones sospechosas otro ex gobernador (Gustavo Vázquez Montes).

Hace unos días, fue arteramente acribillado el presidente municipal de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, sin que la sociedad realmente sepa con certeza cuáles son los motivos reales de éste y ni aún del resto de los crímenes de Estado. Cuando un gobierno (que representa las funciones de ese Estado) no puede prometerle a la sociedad que representa la seguridad y la felicidad, razón esencial de su existencia, ese gobierno es fallido, y, siendo fallido, o debe de transformarse o tiene que cambiarse.

Cada vez son más las voces que se escuchan en las redes sociales (único termómetro veraz del sentir social que tenemos a mano ahora, pues la mayoría de medios están cooptados por el gobierno) sobre la exigencia de renuncia del gobernador Nacho Peralta, quien al parecer ha terminado por desentenderse de su responsabilidad al frente de nuestro Estado.

Su propio tío, dueño del periódico menos leído del Estado pero más subsidiado por el gobierno, le ha increpado su falta de prontitud para atender y resolver los asuntos que interés social, como el propio de la Secretaría de Educación, que tardó más de un mes en resolver, y eso nada más porque se le había salido completamente de las manos. Lo cierto es que vivimos con miedo.

No ha habido alguien que me diga lo contrario. El miedo se respira en el ambiente, se siente en la piel, lo están padeciendo muchos ciudadanos: se asesina con impunidad, se roba con impunidad, se extorsiona con impunidad, incluso se cometen atropellos con impunidad.

Yo esperaba que el mandatario estatal y su gabinete de seguridad salieran al siguiente día (o dos días después al menos) a anunciarnos la nueva estrategia a implementar para combatir la ola de violencia que vivimos (luego del magnicidio de Crispín Gutiérrez), pero me quedé sorprendido al ver que, al día de hoy aún, no ha habido nada, ni una luz en el lejano horizonte que nos indique que esto, en algún momento, va por fin a cambiar.  

Estación Sufragio

NO ES UN PROBLEMA ECONÓMICO:

¿Qué molestó tanto a la administración pública estatal del proceso iniciado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado?

Lo único que hizo la organización que encabeza Martín Flores fue incorporar a sus filas a 488 empleados de confianza que habían venido, reiteradamente, solicitando su adhesión al STSGE.

Pensando con malicia, a algún sector del gabinete le molestó que ese reconocimiento al derecho que tenían ganado medio millar de empleados de confianza interrumpió una estrategia, en el manejo del capital humano, para regresar a gran parte de esos servidores públicos a un estatus de trabajadores por contrato, dejándolos más vulnerables a un eventual cese.

Si el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) confirma su incorporación al Sindicato, esos burócratas tendrán la certeza jurídica y estabilidad laboral por las que habían venido peleando, en su mayoría, desde hace más de una década.

Aquí no hay un problema económico, pues los sueldos de esos trabajadores que contrató la administración de Ignacio Peralta ya están presupuestados. Y las prestaciones adicionales a las que se harán acreedores al momento de entrar al STSGE, no suponen la sangría a las finanzas públicas contra la que un medio impreso local clamó en su nota principal del lunes.

Tampoco hay un problema político. Se acusa al Sindicato de actuar unilateral y secretamente. Mas no puede ser unilateral un acto que deberá ser sancionado por el TAE, ni secreto algo que simplemente ocurrió al interior del Sindicato. Otra cosa es que no le hayan avisado al secretario de Administración, pero ahí el problema es de Kristian Meiners que, ingenuamente, no la vio venir.

Mucho menos es un acto de prepotencia de Martín Flores puesto que esos trabajadores están en la nómina por decisión del gobierno de Ignacio Peralta. El secretario general no los contrató, simplemente los está admitiendo en su organización.

La prensa oficialista describió el acto como un abuso del Sindicato, pero en realidad se trata del ejercicio de un derecho de los trabajadores. La mayoría de ellos están basificados y habían venido pidiendo su incorporación al STSGE, algunos hasta en cinco ocasiones.

ES UN DERECHO ADQUIRIDO:

Para gozar de los beneficios de pertenecer a un gremio, estos casi 500 trabajadores de confianza tenían dos opciones: adherirse al sindicato que tiene el contrato colectivo de trabajo o, como alternativa, formar un nuevo sindicato.

Me pregunto si de haber optado por formar una nueva organización laboral, el diario local que tanto criticó la medida se habría escandalizado igual o, por el contrario, hubiera celebrado que tantos burócratas se deslindarán de la dirigencia de Flores Castañeda.

La posibilidad de sindicalizarse está en el estatuto laboral de todo aquel servidor público que esté activo, y cuyo salario esté contemplado en el presupuesto de un centro de trabajo donde haya otros burócratas sindicalizados.

Aunque fue presentado como un acto alevoso y un golpe artero, lo que sucedió el viernes pasado en la sede del Sindicato no es más que el inicio de un proceso de regularización laboral que, una de dos, se acordará con la dependencia pública en la que el solicitante está adscrito o, bien, se dirimirá por controversia ante el Tribunal.

Fuentes en el STSGE reiteraron su compromiso a seguir el proceso buscando que no se dispare el gasto corriente y que las sindicalizaciones se ajusten a un tabulador. Es decir, los trabajadores que se sindicalicen seguirán ganando lo que reciben ahora.

A la larga podría haber un incremento en la partida de servicios personales derivado de las prestaciones económicas que son exclusivas de los sindicalizados, pero tendrá un mínimo impacto en los egresos.

YA NO LOS PODRÁN CORRER:

Es claro que en un clima laboral donde a los trabajadores de confianza, sin importar su antigüedad ni la indefinición de su contrato, les han estado pidiendo que renuncien a sus derechos y firmen contratos temporales de seis meses, pisoteando literalmente sus derechos, la movida sindical resulta contraproducente.

A esos casi 500 servidores públicos (muchos de ellos de carrera), ser aceptados en el Sindicato les dará no sólo certeza jurídica y seguridad laboral, también los hará más eficientes pues rinde más quien se siente tranquilo.

El tema es el derecho adquirido por esos 488 trabajadores, no si les descontarán de nómina la cuota sindical. El 90 por ciento de los solicitantes tienen una antigüedad mayor a 10 años. Aunque en el otro 10 por ciento hay alguno que apenas tiene un año laborando.

Un tercio son trabajadores de base. Otro tercio son supernumerarios con derecho a basificación porque excedieron el plazo del primer contrato y, al no haber sido reformulada su situación laboral, quedaron en situación de plazo indefinido.

Y el tercio restante son trabajadores de confianza cuya categoría nominal, no obstante ser de confianza, equivale a las funciones de un trabajador de base, esto es, se equipara a la categoría nominal que tienen los que ya están sindicalizados.

Hablamos de puestos de trabajo tales como chofer, analista, auxiliar técnico, secretaria, auxiliar administrativo, jefe de oficina, promotor, jefes de área, operador, jefe de proyectos, capturista, auxiliar de información…

El sindicato cumplió con todos los requisitos de ley. Y no actúo de mala fe: es un proceso abierto, pero al interior del STSGE; con apego estatutario y la aprobación de los delegados sindicales; un procedimiento que se notificó al TAE como admisión de nuevos miembros, y así quedó asentado en el expediente de registro 003/1973.

LEÓN ALAM HIZO LO MISMO:

En el marco de la defenestración que hizo el Congreso de casi todos los funcionarios del gabinete de Mario Anguiano, se quiere ver esta admisión de nuevos miembros del sindicato como una medida desesperada para proteger a la clase política que formó al ex gobernador.

En realidad, en la lista hay funcionarios públicos que han servido institucionalmente a más de un gobierno, desde el de Fernando Moreno hasta el de Anguiano Moreno, pasando por personal que se incorporó a la administración pública en tiempos de Gustavo Vázquez y Silverio Cavazos, y siguieron trabajando durante los interinatos de Carlos Flores, Arnoldo Ochoa y Ramón Pérez Díaz.

Hay en la lista gente que reconoce el padrinazgo o el madrinazgo de ex gobernadores, ex primeras damas, senadores, diputados federales, funcionarios del gobierno de la República e incluso miembros del actual gabinete estatal.

Lo que tienen en común es la reiterada negativa que recibieron de la administración estatal (de varias sucesivas, no sólo de ésta) a regularizar su situación laboral.

No es la primera vez que ocurre la admisión de nuevos miembros, pero sospecho que nunca antes se dio en medio de tanta tensión entre la patronal y el sindicato, pues ocurría luego que el gobierno saliente negociara con la representación laboral la basificación de algunos de quienes habían servido al régimen. Lo cierto es que nunca antes había generado tan exageradas reacciones. Hace unos meses, el sindicato de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima que encabeza Héctor León Alam, incorporó a nuevos miembros sin notificarle al alcalde Héctor Insúa. Y nadie se indignó.

Es más, el evento contó con la simpatía del Gobierno del Estado. De hecho, el mandatario estatal Ignacio Peralta asistió a la ceremonia (en la que no estuvo el edil capitalino) y les tomó la protesta a los nuevos sindicalizados municipales.

Contrapeso

Por fin el Congreso del Estado de Colima aprobó las propuestas de sanción para el exgobernador Mario Anguiano Moreno y 12 exfuncionarios de su administración, como resultado de la  Revisión Excepcional al Poder Ejecutivo del Estado de los años 2013, 2014 y hasta el 31 de agosto de 2015, realizado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).

Se proponen sanciones económicas resarcitorias directas para los implicados por un monto de 170 millones 436 mil 609 pesos; y ahora la Comisión de Responsabilidades deberá desahogar los procedimientos de presunta responsabilidad identificada para Mario Anguiano y los que fueran sus colaboradores.

Este ejercicio deja un sabor agridulce para la sociedad colimense que esperaba –y lo sigue haciendo– castigos ejemplares para una administración que se dice dejó daños al erario superiores a los 2 mil millones de pesos. ¿Qué no el mismo gobernador José Ignacio Peralta Sánchez evidenció las situaciones irregulares y aseguró que no habría impunidad?

Por una parte, celebro que se proponga castigar a 13 personas y recuperar 170 millones de esos para las arcas estatales, pero considero que las anomalías encontradas son pocas, quizá por la metodología con que se definió la auditoria extraordinaria.

En este sentido, Nicolás Contreras Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, señaló que “son muy pocas las anomalías que encuentra (el Osafig), siendo a mi juicio nimias las responsabilidades que imputa”.

Por su parte, el diputado Santiago Chávez, explicó que querer proponer sanciones que no están identificadas en el Informe de Resultados sería mentirle a la sociedad, “si no hay propuestas de sanción más elevadas es porque la muestra auditada por el Osafig se limitó a los conceptos señalados por los entonces denunciantes”.

Lo cierto es que aún después de concluido la revisión por parte el órgano auditor, no tenemos idea del tamaño de la corrupción del gobierno anterior. Si la muestra auditada fuera más amplia, seguro que el Osafig hubiera señalado más situaciones de presuntas irregularidades, y por lo tanto habría más propuestas de sanción. Pero no fue así.

Contrapeso

El Gobierno de Colima perdió la batuta de las actividades de recreación cultural en la entidad por dos motivos: varios de los grandes programas que impulsó el exsecretario Rubén Pérez Anguiano quedaron sin continuidad al cambio de administración, además de que el Ayuntamiento de Colima capital comenzó a impulsar festivales de gran calado a lo largo del año.

El caso más reciente de esta mutilación de actividades culturales –y a mi parecer uno de los más graves– es la negativa de la Secretaría de Cultura para apoyar la realización del Festival Colima de Cine, que se había llevado a cabo ya por cinco años con gran éxito, teniendo dos grandes logros: la creación de público para el séptimo arte, y el impulso a la creación cinematográfica en el Estado.

José Antonio Elo, director del Festival Colima de Cine, señaló en entrevista con el Ecos de la Costa, que este 2017 el evento se realizará en una sola sede, pues no se tuvo el respaldo de la Secretaría de Cultura para prestar espacios dónde proyectar las películas.

Además, consideró que aunque a nivel federal se realizaron una serie de recortes presupuestales que afectan esta clase de eventos culturales, el Festival Colima de Cine nunca dependió en gran medida de los recursos, sino de la voluntad para realizarlo.

Este miércoles inició el proyecto símil que sí tiene el respaldo de la administración estatal, se trata de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 2017, que organizan las Secretarías de Cultura Federal y Estatal, así como el IMCINE. Habrá funciones, conferencias y talleres como en el Festival Colima de Cine, pero tiene otro nombre y forma parte de una estrategia federal.

En Carlos Ramírez Vuelvas reconozco un artista talentoso y un académico connotado, por lo que confío en que el desdén al Festival y a otras actividades que se realizaban es una cuestión de cambios en las directrices de la política cultura,l y no algún tipo de sentimiento personal contra el anterior secretario de Cultura.

Estación Sufragio

¿La investigación sobre el asesinato de Crispín Gutiérrez arrojará luces sobre una lucha violenta por el poder político en Ixtlahuacán, o abrirá líneas en otra dirección?

Mientras me preguntaba qué resultaba más escandaloso, que el Gobierno de la República se refiere a los habitantes de este estado como “colimeños”, en un promocional de televisión, o el intercambio de acusaciones entre Rogelio Rueda y Enrique Michel, con Martha Zepeda terciando en el debate acerca de cuál partido tiene las prácticas más misóginas, ocurre algo verdaderamente importante.

No digo que cuál es misógino, porque la misoginia es una de las características de la práctica política en México como ocurre en otras sociedades patriarcales, sino cuál partido lo es más. Es una discusión entre las cúpulas que parece sacada del Chavo del 8: “¡Eres bien menso!”, “Pues tú eres más”.

Y es entonces cuando nos enteramos que el verdadero escándalo político de la semana (del mes y probablemente del año, a menos que, ¡Dios no lo quiera!, este crimen sea el preámbulo de un episodio de violencia en el marco del proceso electoral de 2018) es el asesinato del alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno.

Reviso su ficha en Wikipedia y descubro que ya alguien se encargó de actualizar la información, anotando que: “Fue ejecutado el día 20 de octubre 2017 en la carretera Colima-Manzanillo”. Apenas una hora antes, la Procuraduría General de Justicia había confirmado la muerte del presidente municipal, “quien fue privado de la vida la mañana de este viernes, cuando circulaba por la autopista Manzanillo-Guadalajara, a la altura de la comunidad de Loma de Fátima, en el municipio de Colima”.

Versiones extraoficiales hablaban de la frustrada detención de los dos probables responsables de este homicidio, en las inmediaciones de la Ermita de la Virgen de la Candelaria, cerca de Tecomán, pero la PGJE se limitó a destacar el “operativo
especial de búsqueda y localización, de quienes dispararon contra el alcalde cuando viajaba en su vehículo rumbo a la capital de colimense”, implementado por “las corporaciones del estado en coordinación con las instituciones federales”.

No sólo por las implicaciones políticas sino por las circunstancias del asesinato,que corresponden a una tipología usual en la delincuencia organizada, eventualmente la investigación podría ser atraída por la Procuraduría General de la República.

Eso no es seguro porque el gobierno federal no se ha preocupado por atraer los homicidios de los políticos de oposición y luchadores sociales cometidos en Guerrero, y porque… Crispín Gutiérrez presidía uno de los dos ayuntamientos que tiene el PRI en el estado, e investigar esta muerte como un delito federal supondría un golpe político para el gobierno priista de Ignacio Peralta Sánchez.

Gutiérrez Moreno era, si no el jefe, al menos sí la cara visible de un grupo empresarial y político que ha sabido mantener la hegemonía en ese municipio, incluso jugando a la alternancia entre el PAN y el PRI. Previo a una elección, se podían hacer apuestas respecto a qué partido tendrá mayoría en el Cabildo. De lo que nadie dudó en Ixtlahuacán es que el poder lo seguirían teniendo los mismos.

En ese sentido, ¿el homicidio de Crispín Gutiérrez busca romper esa hegemonía? ¿Las investigaciones arrojarán luces sobre una lucha violenta por el poder político en Ixtlahuacán, o abrirán líneas en otras direcciones?

Tomar una decisión al respecto es crucial para la Procuraduría local, y en general para el aparato de seguridad pública en el estado, porque hasta ahora nuestras autoridades se habían limitado a decir que las muertes ocurridas al calor del enfrentamiento entre los cárteles con presencia en la región, respondían a una circunstancia ajena a la sociedad colimense.

Sin embargo, este atentado fue dirigido a otro miembro de la clase política. Y es la segunda muerte de ese tipo en lo que va del sexenio de JIPS, si consideramos el asesinato de Jaime Vázquez Montes, delegado federal de la Sedatu, que, según se filtró, ocurrió por una confusión pues, supuestamente, el blanco era un comandante de la policía estatal que manejaba una camioneta del mismo modelo y color.

Ayer mismo fue baleado el alcalde de Coalcomán, Michoacán, José Misael González Fernández, cuando se encontraba cerca de una planta trituradora en la salida a Tepalcatepec. Sin elementos para suponer que se trató de acciones concertadas, no podemos ignorar que Ixtlahuacán es la puerta de entrada a Colima para una región de Michoacán que tiene a Coalcomán como eje económico.

Con todo, posiblemente se trata sólo de una trágica coincidencia. En Michoacán se ha desatado una nueva ola de violencia que alcanza, una vez más, a las autoridades municipales. El viernes 6 de octubre fue baleado el presidente municipal de Paracho, Stalin Sánchez González, quien falleció horas después a consecuencia de las heridas.

POSDATA:
Por cierto, el gentilicio que las autoridades usan para referirse a sus gobernados es “colimense”. Coloquialmente, y a la usanza tradicional, se emplea “colimote”.

“Colimeño” no es necesariamente ofensivo, pues se construye de manera similar a “costeño” o “porteño”, pero denota esa indolencia discursiva con la que el gobierno central trata a Colima. Ya nada más falta que en la publicidad oficial digan que “Comalá” (así, con acento en la última sílaba) dejó de ser pueblo mágico, por falta de méritos.

Paracaídas

No se puede estar hablando de estabilidad financiera si cada que hace una declaración el gobernador Nacho Peralta no habla de otra cosa sino de pedir préstamos millonarios para hacer frente a los supuestos compromisos del Estado. Se sabe que pedirá pronto un crédito de cerca de 400 millones pero ese no es el que preocupa sino otro que están preparando por casi dos mil millones de pesos, y del cual poca información pretenden darle a la población. Pero de esto no quiero hablar ahora, lo cual será motivo de otro Paracaídas, sino más bien de las ruinas en las que se ha convertido el PRI local desde la llegada del mandatario Peralta Sánchez.


El registro empieza desde aquella primera renuncia de Javier Siordia a la dirigencia del PRI municipal Colima, luego la de su homólogo Rubén Álamo en Manzanillo (estruendosa, por cierto), después la de Vianey Chapula en Villa de Álvarez (por demás indignante por la ofensa a su integridad de mujer), poco antes la abrupta salida de Miguel Chávez Michel, y por último la renuncia de Edgar Larios, quien se venía desempeñando como secretario de organización del PRI, con una estridente carta en la que aparte de describir al gobernador Nacho Peralta como autoritario, también lo define como vanidoso, intolerante y soberbio, vicios que justamente van en contra  de lo que debe ser un buen gobernante.


Nada nuevo, claro, pero sí muy significativo porque quien lo dice es alguien de adentro de la casa, un priista que ha padecido justamente lo que todos los colimenses padecemos sin redención todos los días, y que debido a ello menos podemos aspirar a una transformación real de nuestra entidad, pues si los de adentro de casa huyen por las vejaciones del Ejecutivo estatal, qué puede esperar la sociedad civil, a quien mira desde la pequeña ventanilla de un avión privado que se regocija en las alturas mientras se aleja de una realidad donde la violencia, el hartazgo y la impotencia siguen imparables. 


Dije al principio que no iba a hablar del terrible endeudamiento al que seguirá sometiendo el gobernador Nacho Peralta a nuestro Estado y, aunque esto es verdad, no quiero concluir sino diciendo que más vale que no lo haga, es un imperativo que cuide el porvenir de los colimenses como cuida su cada vez más grande patrimonio, y que no lo endose al desasosiego de miles de ciudadanos que no merecen ver derrochados sus bienes en campañas electorales, cuentas privadas  o mafias políticas, todo ello sin mostrar la mínima sensibilidad.

Desde la Curul 26

El pasado jueves 12 de octubre se puso bueno el jaloneo al interior de la casona azul, sede del comité estatal del Partido Acción Nacional, cuando la “jefa” de los panistas estatal la diputada Julia Licet Jiménez Angulo, convocó a sesión del consejo a fin de tratar algunos asuntos de los cuales debían estar enterados.


Como quizá nunca antes los consejeros llegaron puntualísimos a la cita, sobre todo porque siendo mayoritariamente contrarios a la presidenta estatal del blanquiazul, les urgía que se instalara la sesión.


A la sede del panismo colimense llegó el senador Jorge Luis Preciado, pavoneándose como cuando su grupo era el que mandaba en ese instituto, siendo recibido por su mayoría como el hombre que haría que las aguas retornaran a su nivel, pues estaban desorientados, ya que la cabeza del comité estatal, no estaba uno de los ellos, en consecuencia no sabían cómo actuar.


Por eso en cuanto vieron que llegaba Preciado Rodríguez, otra vez les regresó la valentía, y los abrazos, saludos efusivos y hasta carcajadas se dejaban escuchar, sentían que con la llegada del senador Preciado otra vez ellos mandaban.

Llegada la hora la diputada Julia Licet Jiménez Angulo, acompañada por el secretario Alejandro Harris Valle, de acuerdo a los estatutos del PAN, iniciaron la sesión del consejo, y desde el momento mismo que se inició la asamblea el grupo e Jorge Luis tenían encomienda de tronar la asamblea.


La voz de iniciar las hostilidades la dio el propio senador Preciado Rodríguez, cuando acostumbrado a imponer, y a arrebatar, se enfrentó a la presidenta estatal del blanquiazul para cuestionarle los cambios dados a conocer al interior del comité directivo estatal aduciendo que no estaban apegados a la legalidad en consecuencia ninguno de los nombramientos anunciados el pasado 4 de octubre, quedaba firme.


Preciado Rodríguez quería imponerle a Julia, aduciendo que los estatutos señalan que los funcionarios nombrados por el presidente estatal no pueden ser destituidos, sino hasta que concluyeran el período para el que fueron designados.

Preciado exigía, principalmente, que se dejara sin efecto el nombramiento de Julio César Chávez Pizano, nombrado por la nueva “jefa” de los panistas, como tesorero del comité directivo estatal.


Jorge Luis Preciado, --dicen los que estuvieron--, andaba que echaba chispas, como endiablado, y a grito abierto le decía a Julia Preciado, que Liduvina Sandoval, si la misma que era la presidenta de la Comisión de Gobierno Interno para la Elección de Dirigentes, era la única tesorera y que debía ser restituida en el cargo.

Julia Jiménez, de manera estoica aguantaba el ramalazo de Preciado Rodríguez y su mayoría de consejeros, que a base de gritos trataban de hacer valer su mayoría al interior del consejo.


La “Jefa” de los panistas, sorteó el vendaval y con base en los estatutos les hacía ver que le asistía la razón, para cambiar a todos los funcionarios del comité directivo estatal del partido y nombrar a quienes debían sustituirlos, y que respecto a que no podían separarse de su puesto los que ya estaban, les aclaraba, que de acuerdo al estatuto, eso es en tanto no llega la persona que va a ocupar el mismo cargo, para evitar que queden acéfalos.


Le gritaban de todo a Julia, la amenazaban con levantarle actas, con que iban a impugnar la sesión ante el Tribunal Electoral y bueno hasta con destituirla del cargo, aduciendo que ellos eran mayoría y podían hacerlo, pasándose por el arco del triunfo la orden dada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


La autoproclamación…


Cuando las aguas parecía que se desbordaban, y más fúricos se encontraban Jorge Luis y sus gentes, Julia Jiménez, decretó un receso, abandonando el salón junto con el secretario.

Ese fue el acabose para terminar de desquiciar a los seguidores de Jorge Luis Preciado y al propio Senador, quien acostumbrado a hacer las cosas a su modo, pasando incluso hasta por lo señalado por los estatutos no acertaba a dar crédito a lo que pasaba.


En pleno receso se junta en una “bolita”, como en los partidos de futbol y al separarse, de su ronco pecho exigía a sus seguidores que llamaran a un notario público, para que diera fe que se reanudaba la sesión y que la “voluntad” de la mayoría de consejeros, era destituir a Julia Jiménez y que lo acababan de designar nuevo “presidente interino” del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional.


En medio de gritos, hurras y vivas, vitoreaban a Jorge Luis e inmediatamente “alguien” fue por un fedatario público, para que diera fe de la decisión que acababa de tomar la mayoría.

Pero no solamente Jorge Luis Preciado se estaba autoproclamando presidente interino del comité estatal, sino que anunciaba que como secretario general adjunto nombraba a Víctor Torres Herrera, quien junto con Enrique Michel, fueron destituidos por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


También proponía a los consejeros modificar el orden del día que había sido aprobado, para anunciar el golpe de estado y ratificar a los funcionarios que estaban en el equipo de Enrique Michel.


Y pues ya entrado en gastos ratificaba a Liduvina Sandoval como tesorera y a los demás funcionarios que habían sido sustituidos por Julia Jiménez, los reintegraba a sus cargos.

Jorge Luis Preciado estaba actuando igualito como cuando echaron a Salvador Fuentes del PAN y cuando corrió al propio Enrique Michel de la secretaría general, para adjudicársela.


Y ándale pues como de verdad se la estaba creyendo que ya era él, el nuevo presidente interino el PAN, Jorge Luis, vitoreado por su grupo de consejeros, anunciaba que desde ese mismo momento (jueves 12 de octubre), estaban corridos del Partido Acción Nacional, la presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavidez Cobos, junto con Pedro Peralta y otros panistas que se han convertido en una obsesión para el senador.


Pssss, psssss, estamos en receso, nada de eso cuenta…


Cuando más entusiasmado estaba Jorge Luis Preciado, repartiendo cargos y corriendo gentes, una persona que no es afín a su equipo lo vuelve a la realidad, “psss, pssss, oye Jorge Luis, no engañes a los compañeros, tú no puedes estar tomando ninguna decisión. Nada de lo que has hecho tiene ninguna validez, ¿se te olvida que está en receso la sesión el consejo?”.


Preciado Rodríguez trató de revirar afirmando que sí era válido lo que estaban haciendo “pues tenemos la mayoría”, diría.

La interlocutora todavía le dijo, “ay, Jorge Luis, se ve que no has aprendido, has de cuenta que estás en el Congreso y se retira la mesa directiva, aunque ahí estes tú y la mayoría, no puedes autonombrarte presidente… Además tú sabes que los recesos no tienen un tiempo determinado, no son por cinco o diez minutos, sabes que incluso se puede transferir hasta un día siguiente, de dónde sacas que la mayoría del Congreso puede reanudar la sesión, eso es facultad de la presidenta y ella no se encuentra”.


Como una característica de Preciado Rodríguez es la de no aceptar que nadie lo contradiga, de inmediato volteó a sus seguidores y al grito de “¡fuera! ella no debe estar aquí, ¡fuera!, ella no es miembro del consejo”, azuzaba a los consejeros que al unísono comenzaron los gritos de ¡fuera!, ¡fuera!, ¡fuera!


Y al ver que la susodicha persona no abandonaba el salón, dio la orden: “¡hay que sacarla, ella no es parte del consejo!”, para lo cual dos o tres de los más cegados se dejaron ir a donde estaba la persona que había osado dirigirse a Jorge Luis para decirle que lo que estaba haciendo no tenía ninguna validez.


Al ver que se acercaban a ella dos o tres de los seguidores de Jorge Luis, levantó la voz para frenar a quienes iban decididos a sacarla de “cantarito”, “¡tóquenme nomás para que vean, como les va a ir!”, y los retaba ahora ella ¡órale, tóquenme, inténtenlo”, y dirigiéndose al senador le dice, “Jorge Luis, pues si dicen que te acabas de autonombrar presidente interino llama a la fuerza pública, te reto a que la llames y me saques con la fuerza pública, esa es una facultad que tiene el presidente, ándale, te reto a que le llames a la fuerza pública”.


La sangre no llegó al río y Preciado Rodríguez, le dijo a quien había osado contradecirlo, que ellos tenían la facultad de reunirse como consejeros y de que un notario diera fe de los acuerdos de ellos, cosa en la que le dio la razón la persona que contradijo a Preciado y le recalcaba: “Claro como grupo de consejeros afines, ustedes pueden sostener su reunión, pero no tiene validez para la sesión del consejo, porque el consejo está en receso, eso que te quede muy claro”.


Y se retiraba Jorge Luis con su grupo de consejeros a tomar sus “acuerdos” y que el notario público que ya estaba ahí diera fe de ellos, todo ello con la susodicha presente en el salón.


Y mientras eso ocurría, le hablaron a la “jefa” del panismo estatal, para ponerla al tanto, Julia había decretado el receso para acudir a la instalación del Proceso electoral local 2017-2018, del Instituto Electoral del Estado que se estaba desarrollando en las instalaciones del archivo Histórico de la Universidad de Colima.


Se regresó al Edificio Azul, y entró al salón, y apenas anunciaba que se reanudaba la sesión, sin darles tiempo de nada, anunciaba que al ya no existir las condiciones para continuar con los trabajos declaraba concluida la sesión.

Esa jugada no se la esperaban y como es facultad de quien preside los trabajos llevar la asamblea, no les quedó otra más que salirse rumiando el revés que les dio la “jefa” de los panistas.


Amenazaron con impugnar todo, que van a presentar los recursos ante el Tribunal Electoral del Estado, y que van a pedir la destitución de Julia, pero en tanto eso ocurre, la presidenta estatal del PAN se los “comió”, incluyendo a Jorge Luis Preciado.

Eso fue lo que me comentaron que ocurrió… Esta historia continuará.


Para cerrar…


Salgado Aguilar, Misión imposible…

Déjeme decirle que el político colimense panista, pedemista, de convergencia, petista, Gabriel Salgado Aguilar, quedó incluido dentro de los 40 ciudadanos que cumplieron con los requisitos para aspirar a convertirse en candidato independiente a la Presidencia de la República, y desde el primer minuto de este 16 de octubre está facultado para recabar firmas.


Gabriel Salgado, al igual que los otros aspirantes a la candidatura a la Presidencia, deben recabar poco más de 866 mil firmas mínimo en 17 estados del país, para lo cual dispondrán de 120 días de plazo, por lo que de acuerdo a los cálculos deberán levantar diariamente 7 mil 221 firmas.


En 2015, Gabriel Salgado, ya hizo el intento de participar en el proceso electoral como candidato independiente a la gubernatura del estado de Colima, para lo cual debía reunir poco más de 15 mil firmas de apoyo… no lo consiguió, ojalá ahora tenga mejor suerte.


Sin ningún aspirante a diputados federales

En el caso de los aspirantes a candidatos a diputados federales independientes, el plazo venció desde el pasado martes 10 de octubre. Déjeme comentarle que a nivel nacional se recibieron 240 manifestaciones de intención para contender de las cuales solamente 185 resultaron procedentes en 148 distritos de 28 entidades, ninguno en el estado de Colima.


De los 185 aspirantes, dos presentaron su desistimiento, por lo que hay 183 aspirantes en busca del respaldo de la ciudadanía para obtener su candidatura dentro de un periodo de 60 días. El apoyo ciudadano deberá ser equivalente al dos por ciento de la Lista Nominal del distrito al que buscan representar en al menos la mitad de las secciones electorales de la demarcación.


Debo decirle que en Colima, hubo una aspirante al distrito I, que acudió a solicitar su registro ante la Junta Local del INE; la aspirante respondía al nombre de Yesenia Álvarez Gutiérrez, quien presentó su solicitud de registro de manifestación de intención, para ser aspirante a candidata independiente.


Sin embargo su solicitud de registro mostraba inconsistencias, por lo que se le otorgaron 48 horas para subsanarlas, sin embargo no pudo hacerlo. Lo que le faltó a la solicitante consistía, en que no entregó copia certificada de la Asociación Civil conformada para tal efecto; tampoco entregó la copia de la cuenta bancaria aperturada.


Para el Senado de la República, el plazo venció a la medianoche de este domingo. Hasta el sábado no se había presentado ninguna solicitud en el caso del estado de Colima, este lunes confirmaremos si hubo o no algún o alguna valiente, que quiera intentar ir por la vía independiente a buscar la candidatura.


Antes de terminar quiero informarle que el pasado viernes se desarrolló el Foro-Taller “Hacia una Nueva Ley de Protección Civil”, organizado por la diputada única de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda Mesina, evento que se desarrolló en el auditorio “Lic. Carlos de la Madrid Béjar”, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.


También informarle que el mismo viernes, por la tarde, las diputadas y diputado, Martha Leticia Sosa Govea, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Edith Velázquez Pineda y Alejandro García Rivera, rindieron su informe anual de actividades legislativas, en el Salón Marbella, en la ciudad de Manzanillo, evento al que convocaron a los representantes de los distintos sectores del puerto.


Y ya para cerrar “Desde la Curul 26”, comentarle que ya declararon formalmente la instalación del proceso electoral 2017-2018, tanto el consejo general del Instituto Electoral del Estado, como el Tribunal Electoral del Estado, mismo que culminará la etapa electiva el domingo 1 de julio, con la elección para renovar las 25 curules del Congreso del Estado y la renovación de munícipes, alcaldes, síndicos y regidores, de los diez ayuntamientos.

Tarea Política

Así andan los servicios médicos a cargo de la históricamente muy saqueada Secretaria de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado donde su capitalino titular, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, sigue sin dar pie con bola desde que abdicó a favor de José Julián Martínez Barrera, a quien su socio el caro amigo del disociado José Ignacio Peralta, el israelita Efraín Hendy Zaga, colocó como Director Administrativo donde formalmente ya no está pero sigue operando tras bambalinas el negocio.

La escasez de medicamentos y material de curación en el Hospital Regional Universitario provocada porque Villaseñor Ruiz, Martínez Barrera y Hendy Zaga, se sabe, simularon una compra de los mismos por varias decenas de millones de pesos es tal, que de plano el sábado 14 de octubre de 2017 no programaron allí cirugías por carecer de los anestésicos necesarios para llevarlas a cabo.

Como las malas noticias no llegan solas, los médicos pasantes que llevan ya seis quincenas al hilo sin recibir de Ignacio Federico
Villaseñor Ruiz las compensaciones convenidas para su supervivencia, el lunes 16 de octubre de 2017 de plano pararán labores como protesta para exigir el trato digno y justo a que tienen derecho. Hay que recordar que ya antes, hace unas semanas, los
médicos residentes de la misma institución hospitalaria protestaron públicamente por el importamadrismo de Don Nacho Federico y del mismo José Ignacio que tiene muy agraviada a la comunidad médica de Colima porque en ella no encontró a nadie digno de ocupar el cargo de Secretario de Salud y Bienestar Social de su disociada y decepcionante administración estatal.

En lugar de oír y escuchar a los protestantes médicos residentes del HSR y darles respuestas a sus fundamentadas demandas, el
secretario a distancia Villaseñor Ruiz que pasa más tiempo en la ciudad de México que en Colima, se fue por la vía fácil del
hostigamiento laboral a los quejosos y de otras formas de represión, mismo proceder que observará con el grupo de médicos pasantes que le protestarán el próximo lunes.

Los graves problemas de corrupción e incapacidad de respuesta a las demandas de atención médica y hospitalaria que aquejan a la SS y BS del Gobierno del Estado también se manifiestan, por ejemplo, en los centros de salud como los de “San Joaquín”, “El Trapiche” y “Alcaraces” en el municipio de Cuauhtémoc que están en pésimas condiciones físicas, carentes de mantenimiento, con el mobiliario deteriorado y sin el abasto debido de medicamentos del cuadro básico, carencia que obliga a los pacientes a comprar el medicamento en farmacias particulares afectando severamente su bolsillo.

“Lamentable que el gobernador ponga en riesgo la salud de los habitantes de los cuauhtemenses, quienes tienen que gastar hasta lo que no tienen en médicos particulares para atenderse como es debido los problemas de salud que padecen, pero esta situación parece importarle poco “, acusa su regidor José Gudiño convencido de que “con la salud no se juega autoridades del ámbito estatal, los exhortamos a que solucionen a la brevedad posible, los problemas que hay en los Centros de Salud de San Joaquín, El Trapiche y Alcaraces”.

Como siempre, no tiene la culpa el indio, en este caso Federico Villaseñor Ruiz, sino quien lo hizo compadre, José Ignacio Peralta, a quien el personal médico y de enfermería del Hospital Regional Universitario y de los centros de salud, los pacientes y la comunidad en su conjunto deben reclamarle la falta de medicamentos y material de curación y las notorias fallas en cobertura y calidad de los servicios de salud que el personal médico y paramédico presta cada vez en condiciones más precarias a la población.

EL ACABO

Porque “el descuido y desaseo en el manejo de los recursos públicos” siguen igual o peor en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de lo que estaban en los gobiernos para olvidar de los nefastos Jesús Silverio Cavazos Cevallos y Mario Anguiano Moreno, para hacer feliz al gremio médico y paramédico del estado y a los miles de colimenses que necesitan de los servicios médicos públicos, José Ignacio Peralta debe a la voz de ya correr a escobazos a José Julián Martínez Barrera, igual que lo hizo recientemente con su ex Secretario de Educación , Óscar Javier Hernández Rosas.

Paracaídas

El conflicto magisterial triunfó y el gobernador Nacho Peralta deberá sacar una gran enseñanza de todo esto: que el orgullo personal jamás se debe anteponer al bien común. La lección es dura y al mandatario le ha significado un batazo en la nuca, que implicó la salida (muy cuestionada) de su secretario de Educación y, sobre todo, un agravio (que esperamos jamás se olvide) para miles de maestros, los cuales esperan solución real a sus problemáticas en el corto, mediano y largo plazo, porque hay que considerar que algunas no se pueden solucionar de la noche a la mañana pero cuya resolución urge que empiece ya.

Los maestros, por su parte, deben sentirse muy satisfechos de lo que consiguieron con perseverancia, determinación y desvelo. Como lo que importa son los resultados, los líderes sindicales Prisciliano González (SNTE6) y Heriberto Valladares (SNTE39), más el diputado federal y líder del PANAL, Javier Pinto, no les quedaron a deber, aun cuando durante todo el movimiento fueron objetos de una guerra sucia orquestada por el propio gobierno del Estado, guerra sucia que no pudo contra la verdad magisterial.

La renuncia del secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, es apenas uno de las muchas peticiones entregadas al gobernador por parte de los líderes sindicales, todavía faltan muchas más, incluidas sanciones ejemplares para funcionarios de la Secretaría que han cometido tropelías que no pueden quedar impunes, mucha estabilización en cuanto a las plantillas docentes, incremento de recursos para el buen funcionamiento de las escuelas, incluso la implementación de una visión mucho más humanista en la forma de dirigir los destinos educativos del Estado.

El magisterio se alzó sobre la indiferencia y la falta de sensibilidad de un gobernador que, aunque muy tarde, no tuvo más remedio que reaccionar ante las justas peticiones de los maestros. Sin embargo,  y permítaseme el oxímoron, el gobernador vencido ganó mucho, o al menos eso se espera, pues con esta cátedra que le dieron los maestros deberá aprender cuestiones básicas de la gobernanza, como por ejemplo: que él se debe a la sociedad y no la sociedad a él, que él trabaja para la sociedad y no la sociedad para él, que él debe sacrificarse por la sociedad y no la sociedad por él, y que la sociedad es más importante que él, y nunca a la inversa.

Los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado, el sistema –gracias a las nuevas realidades comunicativas- ha viralizado las voluntades democráticas y de justicia de tal modo que ya es muy difícil que cualquier malhechor se salga con la suya. Si el gobernador Nacho Peralta y los funcionarios de su gobierno, y los funcionarios de cualquier gobierno, no lo entienden así, volverán a caer sin necesidad en estas infamias, con consecuencias lamentables, como lo acabamos de constatar.

La lucha del magisterio, pues, no termina, todavía falta mucho por resolver, construir y reconstruir. La educación es vital para el desarrollo de Colima. Los que amamos este pedazo de tierra en el que nacimos no permitiremos que ni el gobernador ni nadie nos destruya la única vía verdadera de nuestro bienestar y la única que puede realmente regresarnos la esperanza de vivir felices, sí, y seguros.

Tarea Política

Porque el diputado priista tecomense Santiago Chávez Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado , más que apuntado está para contender por la presidencia de su municipio 2018-2021 , debió haberse abstenido de dictaminar sobre la reciente solicitud de endeudamiento presentada por el alcalde panista de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, llevándose entre las patas a quien nada tiene que ver en el entierro del PRI en el municipio iguanero, Orlando Lino Castellanos, presidente municipal de Coquimatlán. Hay que precisar que ambas solicitudes habían sido previamente autorizadas por los respectivos cabildos, incluidos los votos de los regidores priistas, pequeño gran detalle que Chávez pasó por alto.

Los alegatos de incapacidad de pago empleados por Don Santiago para no autorizarle al H. Ayuntamiento de Tecomán la contratación del nuevo crédito no convencen a nadie, ni a él mismo, pues salta a la vista de todos que sólo fue su insano interés político partidista personal lo que movió al ex oficial mayor de la administración municipal de Tecomán 2012/2015 que fuera presidia por quien la dejó saqueada, Héctor Raúl Vázquez Montes, pues más que sabido es que empecinado está en ser el próximo alcalde con el respaldo de la nueva familia real iguanera a la que pertenece por la vía marital. Por esta razón le negó al H. Ayuntamiento de Tecomán su solicitud de empréstito por 10 millones de pesos, parte de la cual iría al proyecto de un nuevo panteón municipal casualmente autorizado por la administración Vázquez Montista.

Al impedirle al alcalde de Tecomán la contratación de la de nueva deuda por diez millones de pesos, y al de Coquimatlán, Orlando Lino Castellanos, acceder al crédito con Banobras por 3.7 millones de pesos pagaderos en 16 meses, monto igual al que Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) aportaría para diez proyectos de inversión pública productiva en el municipio, Santiago Chávez Chávez cree que les está minando su competitividad electoral, pero a quienes pasó a joder por su insano interés político es a tecomenses y coquimatlense por igual. Ya lo pagará en las urnas el domingo 01/07/2018.

Fastidió a los tecomenses porque con el dinero solicitado en préstamo, el H. Ayuntamiento iba a comparar camiones recolectores de basura y contenedores, embellecer una parte del Centro Histórico y ampliar el panteón municipal que está terminado su vida útil. A los coquimatlenses, al privarlos jardines comunitarios para su esparcimiento y disfrute.

Para el Secretario del H. de Tecomán, Salvador Ochoa Romero, resulta incongruente que los representantes populares le dijeran que no al pueblo, de no realizar una obra tan importante como es el panteón municipal. Si hacemos un poco de historia, el actual presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado en su momento fue oficial mayor de la pasada administración, y vendieron algunos terrenos de ese nuevo panteón a ciudadanos que de buena fe les compraron y que ahora les tienen que decir, ¡señores los que les vendieron no aprobaron el crédito para continuar con esa obra y para urbanizar ese espacio donde usted compró!”.

Ojalá que el mismo celo que por la liquidez financiera tuvieron los diputados locales priistas y pridependientes que le siguieron el juego a Santiago Chávez al cuadrado, para atorarle las solicitudes de crédito a los alcaldes panistas de Coquimatlán y Tecomán, también lo tengan cuando su disociado gobernador requiera de su autorización para endeudar a los colimenses con un nuevo empréstito superior a los dos mil millones de pesos.

EL ACABO

A propósito de enchiladas, el presidente del CDM del PRI en Tecomán, Alejandro Flores López, quien según su dicho “no ocupa millones para romperle la madre a los cabrones”, se la ha sentenciado al gallo alequín del disociado José Ignacio Peralta a presidente muncipal de Tecomán, Santiago Chávez Chávez, a través del secretario particular de éste, Jairo René Moreno, a quien le dice: “Y están muchos cosas en juego, mi Jairo. ¡Aguas, póngase listo mi Jairo! No ande cometiendo ese tipo de errores. Porque esos errores se pueden pagar feo, mi Jairo, ¡aguas! Hay proyectos (como el de reconquistar la presidencia municipal de

Tecomán que lidera San Thiago, por ejemplo) que pueden derrumbarse, mi Jairo. ¡Aguas, póngase vivo ¡o si es el pensar de mi diputado, ¡ah ta’ bueno mi Jairo! para ir yo tomando mis provisiones”.

Estación Sufragio

Grandes esperanzas: 

Muchos de los villalvarenses que votaron por Yulenny Cortés para alcaldesa no lo hicieron porque siempre sufraguen por el PAN, postule a quien postule el blanquiazul. Y tampoco porque la oferta del PRI, Oswy Delgado, les pareció poco seria. Sinceramente, vieron en la entonces diputada local a una política experimentada que prometía grandes realizaciones.

La expectativa era alta, basada en su desempeño como legisladora federal y congresista local. A su paso por San Lázaro, por mencionar algo, Yulenny bajó para el municipio de Villa de Álvarez millonarios recursos que ayudaron, entre otras cosas, a transformar la carretera a El Espinal en una importante vialidad que hoy facilita el acceso a los incontables desarrollos inmobiliarios que se han ido abriendo hacia el poniente.

Basta trazar una línea sobre cualquier plano de la zona conurbada para constatar que no hay muchas arterias que fluyan de un extremo a otro de la mancha urbana, en la dirección que sigue el sol. Como transversal a tres vías amplias (las avenidas Benito Juárez y Pablo Silva además del libramiento Griselda Álvarez), la Niños Héroes y su prolongación 5 de Mayo (que, ya en la ciudad de Colima, se transforma en una calle del mismo nombre y luego en Zaragoza) tendría que ser modernizada en un futuro para
cumplir las funciones de un eje vial oriente-poniente.

Personalmente, pensaba que Yulenny sí entendía la importancia de agilizar el flujo vehicular, algo que la autoridad estatal no comprende porque, de acuerdo a su organigrama, parece concebir el tema de movilidad simplemente como transporte.

Y asumí que le daría continuidad a los proyectos iniciados por la administración de Enrique Rojas: probablemente no la homologación de la fisonomía urbana en el centro histórico, pero sí a la continuación de la J. Merced Cabrera a cuatro carriles, más laterales; otra avenida cuyo destino es facilitar la comunicación de los numerosos fraccionamientos que se están abriendo sobre la carretera VdeA- Minatitlán, además de agilizar el acceso al recinto ferial y al hospital del IMSS.

Esta infraestructura ya se inició afortunadamente, como arrancó también la pavimentación de la avenida Benito Juárez. No obstante, por motivos que sospecho electoreros (hacer coincidir estos proyectos con el proceso comicial que podría llevarla a su reelección) Yulenny dejó pasar sus primeros meses sin iniciar obras en materia de vialidad.

Obras públicas: 

Había algunas urgentes que no requerían grandes inversiones, como recortar el camellón sobre la avenida Enrique Corona Morfín (antigua carretera a Comala) a la altura de la avenida Real Bugambilias.

Como sólo hay acceso para quienes usan el carril sur, quienes se aproximan por esa arteria que terminó de abrir el alcalde anterior, transitando por el carril norte, no pueden doblar hacia el sur sin tener que subir hasta a la glorieta de Los Perritos
Danzarines para luego retornar.

Sin la apertura de ese crucero, la Av. Real Bugambilias no ayuda a desahogar el Paseo Miguel de la Madrid ni permite desfogar el tránsito de todas las colonias ubicadas dentro del perímetro que va de la prolongación Hidalgo a la Enrique Corona Morfín, y del tercer anillo periférico a la avenida María Ahumada de Gómez.

La congestión vehicular creada por las obras de remodelación de la avenida Ayuntamiento y, ahora, por el levantamiento del pavimento en esa misma arteria, se habría solucionado fácilmente con un crucero funcional en esa T que forma la Real Bugambilias con la Corona Morfín.

Pequeña inversión también era la que se necesitaba para remover las decenas de topes que hay por todas las avenidas y pares viales de Villa de Álvarez, que son innecesarios: en las calles con huellas de rodamiento, la irregularidad del piso marca los límites de velocidad; en otras vialidades, hacer alto obligatorio y ceder el paso a un vehículo al llegar a una esquina, restringe naturalmente la velocidad.

En realidad, los excesos de velocidad se controlan con patrullaje. Pero en muchos años de observar lo que pasa en las calles de la Villa, nunca he visto a un agente de la Policía Vial que se detenga siquiera para infraccionar al vehículo que, parado donde hay línea amarilla, cerca de la esquina, impide la visibilidad a los conductores que salen desde una vía secundaria a una avenida muy transitada.

Y ejemplos de ellos son la bocacalle del corredor Miguel Virgen Morfín-Juan Escutia con Benito Juárez o, en ese mismo par vial, la incorporación de la calle Zaragoza a Juárez y, siguiendo por ese eje, la desembocadura de Nicolás Bravo a la Manuel Álvarez.

El colmo son avenidas como la Juárez y la Silva García que tienen semáforos y, de todas maneras, conservan los topes. Esto hace que la circulación sea lenta, cuando el ritmo de la vida moderna demanda mayor fluidez del tránsito.

Estos descuidos no le impidieron a Yulenny, ante el horror generado por un mortal choque por alcance, denunciar la falta de semáforos preventivos para los conductores que se aproximan a cruceros tan peligrosos como el del Paseo de la Madrid y avenida Ayuntamiento, como una irresponsabilidad atribuible a la autoridad que tiene jurisdicción sobre el anillo periférico: el Gobierno del Estado o la SCT.

Los muros de agua:

Temiendo seguramente que los pedazos de pavimento que levantó el agua de una tromba en la avenida Ayuntamiento sepulten su aspiración a ser reelecta como alcaldesa de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés explicó a cinco diputados que la llamaron a comparecer que la vialidad “será reparada a la brevedad, una vez que se tengan los resultados del laboratorio en el que se determine las causas que originaron el desprendimiento de la carpeta asfáltica”.

Como la obra aún no ha sido entregada al municipio por parte de la empresa ejecutora, CS. Construcciones de Colima SA. DE CV., a cargo de Juan Manuel Cervantes Siordia, la reparación de la arteria no le costará al erario. ¡Faltaba más! Y aunque según la Comisión Nacional del Agua ese día se registró en la zona metropolitana una precipitación pluvial extraordinaria superior a los 50
milímetros, la edil advirtió que es la falta de colectores pluviales sobre el tercer anillo y el libramiento a Nogueras lo que está ocasionando que los arroyos de las calles se conviertan en auténticos ríos.

Yulenny anunció, finalmente, que se aprobó por parte del Cabildo una modificación en el Programa Operativo Anual (POA) para abrir un colector pluvial en la calle Bugambilias, lo que evitará futuras inundaciones o daños en la calle Ayuntamiento.
Volcada su administración a la realización de obras de infraestructura vial –ya sea por negocio familiar, como dicen las malas lenguas, o por su rentabilidad electoral– la Comuna de Villa de Álvarez tendría que revisar no sólo el POA sino los proyectos
ejecutivos de las ampliaciones y pavimentaciones de las avenidas Benito Juárez y J. Merced Cabrera, actualmente en proceso.

No es posible modernizar vialidades para que sirvan como canales para el agua de lluvia. Los escurrimientos no deben ir por encima de las calles, sino por debajo. Es hora de que aceptemos que al sistema que administra la Comisión Intermunicipal
de Agua Potable y Drenaje, le falta una tercera red, la del Alcantarillado.

Paracaídas

No hablaré del segundo informe del gobernador Nacho Peralta porque no hubo absolutamente nada bueno que informar y, como se sabe, de lo malo todos hacen boca muda y oídos sordos. Además, no fue un informe, ni siquiera un memorando o una tarjeta informativa. Hablaré, más bien, de un aspecto que lo engloba todo: el total desconocimiento del Ejecutivo estatal para gobernar.

En este sentido es exacto decir: no es que esté ausente porque no quiera gobernar, no, es que está siempre ausente porque no sabe gobernar. No se necesita ir a los medios de comunicación pagados por el gobierno para constatar esta afirmación sino sólo poner la mano en visera para darnos cuenta de que:

1) El gobernador le dio la espalda a la seguridad. Los mil millones de pesos supuestamente invertidos los malgastó, está claro, en sus constantes viajes, porque la realidad llena de asesinados todos los días nos indica lo contrario.

2) El gobernador le dio la espalda a la movilidad, pues desde que inició su administración no ha habido sino protestas en este rubro, y ahí está todavía latente el innecesario desaguisado con las mototaxis de Cuauhtémoc, la inconformidad de los transportistas con las cesiones de taxis y la sospechosa relación con los servicios de traslado privado (como Chofer Pro), etcétera. 

3) El gobernador le ha dado la espalda a la Salud colimense, sector donde ha habido protestas y graves señalamientos de corrupción que ni siquiera es necesario investigar porque las quejas de falta de calidad en los servicios están a la orden del día.

4) El gobernador le ha dado la espalda al desarrollo económico, pues desde entonces y hasta ahora Colima sigue siendo Colima y no la Suiza de América prometida, vemos necesidad lastimosa incluso en las calles, miles de personas sin empleo y un crecimiento considerable de la pobreza, que se quiere ocultar con cifras alegres. Y, por último,

5) El gobernador le ha dado la espalda a la educación, uno de los rubros más sensibles e importantes para el desarrollo de nuestro estado. Hay problemas graves con el magisterio local, un plantón de maestros que ya va por el mes y que no ha podido siquiera atraer la mínima sensibilidad del mandatario, quien ha antepuesto su solo y pobre orgullo de gobernador a la dignidad de miles de maestros, como si su ego fuera superior al bien común. Si a esto agregamos la problemática por la que atraviesa la Universidad Tecnológica de Manzanillo, donde recientemente fueron reprimidos de forma violenta un grupo de estudiantes que se manifestaban de forma pacífica, el fracaso del rubro educativo en el Estado es irrebatible.

He dicho al principio que no es que el gobernador no quiera gobernar, sino que en realidad no sabe hacerlo, su idea de la gobernanza es una simple combinación glotona de vanidad, derroches e indolencia, donde todos salen afectados menos él y su séquito. Aunque apenas van dos años de gobierno nachoperaltista, ya es posible afirmar que estamos ante el peor gobierno de la historia de Colima, una sociedad que con él, y con nadie más, perdió definitivamente la paciencia y ahora –se lee aquí, se grita allá- lo único que desearía es una revocación de mandato que le devuelva la esperanza de ese vivirás feliz, seguro, que jamás llegó.  

Estación Sufragio

En un escenario político (hacia el 2018) donde el oficialismo en Colima está más atomizado que la izquierda, Roberto Chapula está más cerca de ser candidato del Verde a la alcaldía de Colima que abanderado del PRI en la elección municipal, me dicen algunos priistas. Y exponen sus razones: Señalan que los riesgos para el PRI en la elección municipal de Colima no provienen sólo del PAN o de Morena, sino también de la evidente ramificación que se está dando en el estado de ese tronco que en teoría forman los cuatro partidos identificados con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En la entidad, un priismo fracturado busca oportunidades electorales en su partido, si se puede; en el Verde, si se acomodan las cosas; en Nueva Alianza, si los cuadros pertenecen al sindicalismo magisterial; o en el Partido Encuentro Social, si cargan con el estigma de ser gente del ex gobernador Mario Anguiano.

Esos mismos militantes del tricolor aseguran que el Revolucionario Institucional sí tiene gallos para disputarle al panista Héctor Insúa la presidencia municipal. Y coinciden conmigo en que el destape de Chapula obligará a esos cuadros, como espanto de casa antigua, a manifestarse. Hablan de priistas que podrían debutar en la política electoral como el secretario de Planeación y Finanzas del gobierno estatal, Carlos Noriega García, o del secretario de Organización del comité directivo estatal, Edgar Larios.

Así como de otros que ya se midieron en las urnas, como el titular del Imjuve, José Manuel Romero Coello, o la subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Mely Romero Célis. José Manuel ha dicho que está buscando la posición que le corresponde al PRI en la fórmula oficialista la Senado. Y el abanico que se le abre a Mely como senadora con licencia al terminar el sexenio, abarca desde la candidatura a la diputación federal por el primer distrito a una local por Cuauhtémoc, pasando por un cargo en el
gabinete del gobernador Ignacio Peralta o la alcaldía de su pueblo (que es para la zona metropolitana de Colima lo que Tlajomulco para la de Guadalajara).

Que Chapula busque en el PVEM lo que el PRI le ha negado, no es remoto. Pero lo haría trabajando con una vertiente del partido ecologista distinta a la que encabeza el diputado federal Virgilio Mendoza.

Hablamos del grupo que controla el actual delegado de Semarnat, Nabor Ochoa López, quien estaría pensando en Roberto, su ex compañero de Legislatura, para fortalecer la oferta política que el Verde presentará en aquellos municipios en donde no opera la franquicia cedida a Mendoza Amezcua.

Está claro que Virgilio tiene mano para decidir planillas municipales y candidaturas del PVEM a las diputaciones locales en Armería, su municipio natal, en Minatitlán y en el puerto. Pero si como dicen columnistas bien informados de las decisiones cupulares, ya está acordado que Virgilio Mendoza no irá por un tercer periodo al frente del Ayuntamiento de Manzanillo sino que se integrará a la fórmula oficialista al Senado, y si tampoco Gabriela Benavides buscará su reelección como edil, sino que se postulará a la diputación federal por el segundo distrito (ya no por el PAN sino por el PVEM), la encomienda de Nabor Ochoa parece ser encontrarle al Verde cuadros competitivos para los municipios que integran el primer distrito electoral.

EL PRI TOCÓ FONDO:
¿Busca Chapula contender por el Verde porque él mismo ya no le ve futuro al PRI? No se le puede culpar de creer que el PRI tocó fondo en Colima. En las elecciones de 2015 el tricolor fue el gran derrotado. Por primera vez perdió la mayoría en el Congreso local. Y se quedaron sin la mayoría de las alcaldías: de manera destacada Colima y Manzanillo, los municipios más importantes.

En el puerto, Acción Nacional arrasó con todo, tanto la presidencia municipal como con todas las diputaciones locales. Gabriela Benavides barrió al ex diputado federal Pico Zepeda, por el PAN pero con la fuerza del virgilismo. En la capital el resultado fue más cerrado, por 100 votos perdió Oscar Valdovinos Anguiano, mermadas las posibilidades de éste por una candidata del Verde, la ex panista Esmeralda Cárdenas, que se supone le iba a robar votos a Insúa.

Y en cuanto a los distritos locales, perdieron la esposa del ex gobernador Moreno Peña, Hilda Ceballos; el ex dirigente del SNTE 39 y ex secretario de Educación, Guillermo Rangel (quien jugó con los colores del Panal y el apoyo tácito del PRI), y Alma Delia Arreola, esposa del gobernador saliente Mario Anguiano.

El PRI se quedó sin nada en la capital y en el puerto. En un esfuerzo por recomponer al priismo, se impulsó a los jóvenes Javier Siordia y Rubén Álamo como respectivos dirigentes municipales que, sin embargo, no pegaron y hoy seguramente encontrarían mejores oportunidades en otras fuerzas políticas.

Además, en la conformación de su gabinete José Ignacio Peralta Sanchez privilegió el perfil técnico. Y eso hace que se vea como una audacia por parte de uno de sus colaboradores más cercanos, Carlos Noriega, la pretensión de ser alcalde.

ELOGIO DE LA DERROTA:
Chapula es un cartucho reciclado, porque no se puede hablar de cartuchos quemados si todavía se pueden recargar. Y no es un caso excepcional. Cuando se propuso como candidato a la gubernatura, el panista Jorge Luis Preciado tenía un mayor historial de derrotas que Roberto (quien acumula dos derrotas por dos victorias).

En realidad, Jorge Luis no ha ganado una sola elección: fue diputado local y congresista federal por el principio de representación proporcional (no le permitieron asumir una segunda diputación local), y senador por la primera minoría. En cambio, perdió una diputación local ante Chapula; perdió, junto con Brenda Gutiérrez, la senaduría contra Mely Romero e Itzel Ríos; y perdió en dos
ocasiones la gubernatura frente a Nacho Peralta.

Un cartucho recargado es igual a uno reciclado. Y Virgilio Mendoza que ya había sido edil, aunque perdió la diputación federal después ganó de nuevo la alcaldía de Manzanillo, antes de pasarse al Verde donde lo incluyeron en el primer lugar de la lista plurinominal por esta circunscripción.

Mejor ejemplo de regreso triunfal es la panista Martha Sosa quien, tras ganar la alcaldía porteña (y sobrevivir a una inhabilitación mañosa), perdió la diputación federal y luego ganó la senaduría. Perdió la gubernatura frente a Mario Anguiano y luego sufrió una derrota en la elección de diputado federal, para luego ganar la diputación local que ahora ostenta (aunque ya había estado antes en una legislatura estatal, como plurinominal).

Otro aspirante recargado a la alcaldía capitalina es Nicolás Contreras: ganó una diputación local, perdió la presidencia municipal y luego ganó otra curul en el Congreso del Estado. Fue diputado de oposición y hoy (en calidad de independiente) es líder de la bancada oficialista. Se decía que le habían prometido allanarle el camino al Ayuntamiento de Colima, pero ahora quién sabe.

Paracaídas

El PRI en Colima ha llegado ha niveles de descrédito e ilegitimidad nunca antes vistos. Esto se le debe, básicamente, al pésimo gobierno que ha llevado a cabo el actual mandatario Nacho Peralta, quien ha quedado enormemente a deber en cinco rubros fundamentales: seguridad (y véase el repunte en violencia de los últimos días), salud (apenas hay lo mínimo indispensable para dar una buena atención a los derechohabientes), movilidad (los reclamos en este ramo están todos los días a la orden del día), empleo (desde hace dos años no sabemos nada de quien prometió hacer de Colima la Suiza de América) y más recientemente educación (donde hemos visto que el magisterio sigue en pie de lucha a la busca de respuesta cabal a sus reclamos).


Ha sido tan procaz la gobernanza nachoperaltista en el rubro educativo que, por ejemplo, el Ejecutivo estatal realiza encuentros ciudadanos hasta las tres de la madrugada pero ha sido incapaz de realizar un encuentro real con el magisterio para resolverle de una buena vez sus demandas a pesar de llevar ya más de dos semanas de plantón. Un absurdo total. El gobernador Peralta Sanchez, pues, se ha convertido en el principal responsable del descrédito de su partido y, por tanto, en el principal promotor de que sus cofrades priistas secuestren otros institutos políticos a fin de que el PRI pueda sobrevivir a las elecciones del 2018 y, sobre todo, a las gubernamentales de 2021.


Bien visto, el PRI ya está metido en el Verde Ecologista (a través de Virgilio Mendoza), ya está en Morena (a través de la propia Indira Vizcaino), ya está en el PRD (a través otra vez de la mencionada Indira, quien todavía tiene un enorme pie dentro), ya está en Movimiento Ciudadano (pues Locho Morán ha servido de su bisagra comicial y ahora como factor de desunión del Frente Amplio), ha estado siempre con el PT y Nueva Alianza (aunque esperamos que este partido se reivindique en honra al magisterio), y ahora ya tiene medio cuerpo metido dentro del PAN, la primera fuerza política de la entidad.


El dictamen a favor de la planilla de Julia Jimenez, quien representa todos los intereses de Pedro Peralta Rivas, primo del gobernador Nacho Peralta, advierten una catástrofe no sólo para la democracia colimense sino también para la libertad de expresión, la libertad de asociación y para el progreso del Estado en todos sus sentidos, pues el PRI se convertiría en un controlador hegemónico de todo a través de sus enmascarados aliados priistas. Parece algo de lo que no deberíamos preocuparnos tanto, pero en realidad no luchar para evidenciar esta treta o impedirla tendría consecuencias catastróficas para nuestro estado de bienestar.


El único resquicio que queda para que la sociedad siga conservando su soberanía (esto es su capacidad de decidir su propio futuro) es que los verdaderos panistas (representados por el liderazgo de Enrique Michel Ruiz y las huestes de Jorge Luis Preciado) se armen de pies a cabeza y enfrenten al gobierno de Nacho Peralta, impidiendo que secuestre a su instituto político a través del grupo de Peralta Rivas. No se trata ya de una cuestión legal (la resolución de una Sala), sino de un asunto de justicia, algo mucho más alto todavía.


Si el CEN del PAN no ve los riesgos que se viven en Colima con este intervencionismo priista, los panistas verdaderos son responsables de hacérselo ver a fin de que desde el centro se protejan los intereses y el destino no de los mismos albiazules, sino los de la propia sociedad colimense, que espera terminar de una vez por todas con esta tiranía rojiblanca que pronto alcanzará el siglo completo. Yo espero que los reales panistas no acepten la unidad con quienes son secuaces del priismo gubernamental y representan sus intereses, más bien que levanten sus murallas, defiendan lo que es suyo y luchen por devolverle a la sociedad una vida más próspera y digna.

Estación Sufragio

Cómo estarán las cosas en el PRI que un candidato que ya perdió una vez la elección, Roberto Chapula de la Mora, es el mejor prospecto para la alcaldía de Colima, al grado que su destape mereció el reconocimiento del dirigente estatal Rogelio Rueda.
Que Chapula pida una segunda oportunidad para la misma posición no es insólito en un estado donde nos vamos acostumbrando a la redición de campañas electorales: Carlos Vázquez Oldenbourg fue dos veces presidente municipal de Colima, una por el PRI, otra por el PRD. Y Ernesto Márquez ha sido tres veces edil de Armería, cada una por un partido distinto (PRD, PAN y PVEM), sin que podamos descartar que se postule para una reelección inmediata.

En Manzanillo, Nabor Ochoa ha sido dos veces alcalde, la primera por el PAN (partido al que llegó después de una larga carrera en el PRI) y la segunda por Nueva Alianza (con el respaldo del PRI). Mientras que Virgilio Mendoza se apuntó para una tercera administración municipal a partir de 2018, después de haber ganado la primera por el PAN y la siguiente por el Verde, aunque hoy se le menciona también para la posición que le corresponde al PVEM en la fórmula oficialista al Senado.

Todos estos ejemplos de reelecciones indirectas respondieron a una lógica: cambiar de partido implicó para cada uno de ellos reactivar una trayectoria política que se encontraba en un callejón sin salida, obstruida por la respectiva cúpula partidista.
La lógica que sigue Chapula es otra, con todo y que al anunciar su aspiración admitiera que podría ser candidato del PVEM. El quiere competir porque está convencido que puede frenar la reelección del panista Héctor Insúa.

CARTUCHO RECARGADO:
Sin embargo, es un cargo que ya disputó sin éxito. Lo hizo en 2003 cuando se enfrentó a Leoncio Morán Sánchez, en ese entonces un cuadro distinguido del panismo, quien lo volvió a derrotar en 2009 en la elección de diputado federal por el primer distrito. Tras esos descalabros, Roberto decidió orientar su carrera hacia otras ramas del servicio público: no consiguió ser nombrado procurador general de Justicia en el estado, pero obtuvo la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Concluido su segundo periodo como ombudsman, desde hace un año Chapula había venido comentando en privado su intención de regresar a la política electoral. Y es el primer priista en colocarse formalmente en la línea de tiradores.

Pese a esas derrotas en las urnas, Chapula ha sido un candidato competitivo. Su récord de nominaciones está empatado: perdió dos elecciones pero ha sido dos veces diputado local de mayoría relativa y por diferentes distritos. Le robo la idea a los colegas que consideran que, además, el capital político de Chapula se acrecentó con su desempeño, ciertamente protagónico, como
comisionado estatal de los Derechos Humanos. Por lo demás, se propone nuevamente para la alcaldía al constatar que, en la
cuadra del PRI, la caballada está flaca y el cuaco más gordo es él.

PRIISTAS FUERA DEL PRI:
Aquí debo hacer una distinción entre lo que significa el Revolucionario Institucional como partido hegemónico y lo que representa el oficialismo, hoy ramificado en al menos cuatro siglas aparte de las del tricolor: Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES).
En Colima, el Partido del Trabajo también formó parte de la coalición que llevó al gobernador Ignacio Peralta al triunfo en la elección extraordinaria, pero como van a jugar con Morena en la presidencial técnicamente el PT es oposición.
Por lo demás, el de la estrella es un verdadero partido, con una militancia real y un voto duro que sufraga a favor de los candidatos que señalen sus líderes. El PVEM, en cambio, es una marca cedida al grupo de ex panistas de Manzanillo que
encabeza el diputado federal Virgilio Mendoza y al que pertenece la alcaldesa porteña Gabriela Benavides quien, como ya señaló el colega Manuel Godina, está apuntada para competir como ecologista por el segundo distrito electoral federal.

El Panal sigue siendo el partido magisterial y en este momento está al servicio de las estrategia electoral, política y administrativa de las dirigencias seccionales del SNTE, enfrentadas al secretario de Educación, Oscar Javier Hernández, o mejor
dicho, confrontadas con el gobierno de Ignacio Peralta.
Por último, la franquicia de Encuentro Social fue adquirida por algunos de quienes figuraron en el gabinete de Mario Anguiano, que presumiblemente usarán al PES para reclamar una cuota de candidaturas locales dentro de una eventual coalición oficialista o, probada la máquina el próximo año, incubar un proyecto político con miras a la sucesión gubernamental de 2021.

Como consecuencia del descuido (algunos priistas hablarían de un desdén) que el régimen de Peralta Sánchez ha tenido con el otrora partido de Estado, el PRI llega al 2018 sin nuevos cuadros. Pero eso no implica que el oficialismo no los tenga.
En los mentideros políticos se cansaron de apostar por la segura nominación por el Verde del actual congresista local independiente Nicolás Contreras Cortés, aunque a últimas fechas se ha empezado a filtrar el nombre del secretario de Planeación y Finanzas del gobierno del estado, Carlos Noriega García, quien tendría la ventaja sobre Nico de no ser un priista vergonzante pese a no contar con historial de militante.

Se ha especulado también que la candidatura del tricolor en coalición con el Verde podría ser premio de consolación para José Manuel Romero Coello, en el remoto caso de no ser incluido en la fórmula al Senado. Curiosamente, la posibilidad que tiene el actual director del Instituto Nacional de la Juventud de contar, como miembro del gabinete ampliado, con el favor del presidente Peña para llegar a la cámara alta, no es la misma para buscar la alcaldía, posición que le corresponderá palomear al gobernador Ignacio Peralta, quien ha dejado en claro sus desavenencias con quien fue su coordinador de campaña en la elección extraordinaria.

SANGRE DE SU SANGRE:
Ampliar el espectro del oficialismo fue la fórmula que el PRI encontró para recibir a los hijos pródigos que, por estatutos, no podían reintegrarse a sus filas tras haber salido del partido para competir con otros colores. Pero semejante estrategia
debilitó al Revolucionario Institucional, al tiempo que fortalecía al Panal o al Verde. De esta transfusión de sangre tricolor a las estructuras de sus partidos satélites hablan lo mismo aquella legislatura donde candidatos que contendieron como priistas luego se integraron a la bancada de Nueva Alianza, y viceversa. O los comicios municipales pasados donde planillas del Verde derrotaron en las urnas a las del PRI, porque estas últimas habían sido escogidas por el gobernador saliente Mario Anguiano y no por el candidato a la gubernatura.

Por las razones que sean (una directriz nacional para alimentar artificialmente al Verde o la convicción del grupo gobernante de que la marca PRI está tan desprestigiada que promoverla políticamente le costaría demasiado al gobierno de Nacho Peralta) este gobierno descuidó la formación de nuevos cuadros priistas, mas no la incorporación de figuras al oficialismo.
Eso abrió una ventana de oportunidad para activos del PRI que, en otras circunstancias, ya habrían sido desplazados por las nuevas generaciones.

Análisis Político

Con la toma de protesta de Virgilio Mendoza Amezcua como Secretario General del Pvem ante grupos verde ecologistas de los diferentes municipios y empresarios del estado constituidos en Asamblea Estatal, en donde señaló que la política es de sumas no de restas y que tampoco es de pleitos si no de uniones y de acuerdos, se inicia una nueva etapa política de este partido rumbo al proceso electoral del 2018, pero también del propio dirigente estatal quien manifestó su amistad con el gobernador Nacho Peralta y Gaby Benavides, alcaldesa del puerto.

Pareciera que el partido verde ecologista va con todo para mantener las dos alcaldías, la de Armería y la de Minatitlán, pero pretenden ganar más espacios en el siguiente proceso electoral según trascendió en dicha reunión en donde eligieron delegados estatales y nacionales del partido. Lo cierto es que es probable logren superar la presencia política de varios partidos debido al activismo del nuevo dirigente, que prácticamente funge como presidente ya que la Secretaría General es el grado máximo de esta dirigencia.

¿PORQUÉ SALE A MÉXICO EL GOBERNADOR?

Un gobernador en la actualidad, para sacar adelante la problemática de una entidad sobre todo como la nuestra, está obligado en hacer gestiones personales ante la Federación para bajar recursos que se requieren en obras y acciones de gobierno; para eso es necesario salir de la entidad y estar en constante comunicación con el propio presidente de la República, con secretarios, con subsecretarios, con senadores, con diputados federales, etcétera.

Muchos de los problemas que el mandatario José Ignacio Peralta Sánchez ha resuelto en cuestiones financieras, muy dañadas por los últimos 10 años por una mala planeación o administración, han sido, desde luego, por ir a hablar con los responsables del dinero en México, apersonarse con ellos hasta ser atendido y regresar con una respuesta satisfactoria a sus peticiones. 

Se necesita, por supuesto, desplazarse, y si se requiere respuesta inmediata no hay otro medio de transporte que el avión, es necesario, esto, sin embargo, no quiere decir que se deba emplear de manera irresponsable; para eso debe haber una logística muy bien planeada y sólo viajar cuando sea necesario o muy indispensable, no más. 

Nacho Peralta decidió vender el avión, por generar costos altísimos en mantenimiento, en combustible, entre otros; se vendió en 2 millones 150 mil dólares, dinero que se empleó, por ejemplo, en la rehabilitación de espacios deportivos y próximamente en la creación de un Centro Regional de Oftalmología. A partir de ese momento, es decir, al ya no tener el avión del gobierno del Estado, se gasta al mes aproximadamente la mitad que antes, quizás, pues se sabe que oficialmente antes se gastaban 1 millón 068 mil pesos con el tipo de cambio actual, alrededor de 60 mil dólares.  Un ahorro importante; un ahorro de recursos que abona a la estabilidad de las finanzas del Estado, que es el sello del mandatario. Más lamentable sería que tuviéramos un gobernador burócrata, encerrado en sus oficinas y sin contacto permanente y directo con los miembros del gabinete federal, cuando bien sabemos que gracias a los recursos federales sobreviven la mayoría de las áreas gubernamentales estatales y municipales, incluyendo las obras de las delegaciones federales.

Paracaídas

Dos hechos dados a conocer recientemente nos hablan de la innegable irrupción de las huestes priistas colimenses en Morena  y del riesgo de que esta fuerza política se convierta en un mero partido satélite rojiblanco: el anuncio, por un lado, de la precandidatura de Indira Vizcaíno al Senado y, por el otro, de la precandidatura de Perla Vázquez Montes, hermana del ex gobernador Gustavo Vázquez Montes, a la alcaldía de Villa de Álvarez.

Por más que se intente justificar la presencia de ambas priistas en el partido que se ha constituido como “La esperanza de México” (la propia Indira ha tenido que sacar imágenes del baúl de los recuerdos junto a Andrés Manuel López Obrador para demostrar sus coincidencias ideológicas), lo cierto es que está más que claro que estos fichajes son perniciosos para un partido que ya sufre los estragos del divisionismo interno.

Para los que no lo sepan, Morena tiene ya tres vertientes internas que se disputan el control del partido y, por extensión, la definición de las próximas candidaturas. Un grupo conformado por el ex candidato a la gubernatura del Estado, el general Francisco Gallardo, que aglutina a Agustín Díaz Torrejón, Rosa Evelia Villarroeal y Paty Peregrina; otro grupo, el más pernicioso de todos, integrado por el presidente del Consejo estatal de Morena, Vladimir Parra, así como por Marisa Mesina, Catalina Suárez y el ex líder sindical y huelguista de hambre Leonardo Gutiérrez, y que es donde se inscriben la propia Indira Vizcaíno y Perla Vázquez Montes, y por donde el PRI está metiendo sus bombas de tiempo; y un tercer grupo conformado alrededor del dirigente estatal Sergio Jiménez Bojado, quien se encuentra realizando un trabajo de mucha mayor consistencia con el fin de construir una plataforma importante a través de la cual puedan transitar candidatos de probado prestigio y valor social que verdaderamente marquen la diferencia con el resto de los partidos y se erijan como una oferta de cambio real para el electorado.

La desenfrenada ambición de Vladimir Parra por querer llevar la voz cantante de partido, logrando en ocasiones usurpar las funciones de su dirigente estatal y lanzando anticipadamente precandidaturas a diestra y siniestra de forma arbitraria, es la causa de este desdibujamiento de Morena y será la razón por la cual, de no actuar la dirigencia con firmeza, este partido hará un papel por demás lamentable en las próximas elecciones.

Sé de buena fuente que hay buenos prospectos para competir en los próximos comicios, ¿por qué, entonces, hacer desfilar en la pasarela a los peores? Un principio de orden, de aquí en adelante, deberá ponderar la dirigencia de este partido a fin de evitar que en los próximos meses lo que pueda ser una propuesta atractiva para la sociedad devenga simplemente en la filial política de todos aquellos candidatos resentidos que no tuvieron cabida en los partidos de siempre.

Estación Sufragio

Al ser un medio de comunicación y muchos de los afectados reporteros, la capacidad de resonancia que tienen los trabajadores del Instituto Colimense de Radio y Televisión (en concreto los del Canal 12) es mayor.

Pero el dilema de aceptar un nuevo estatuto laboral mediante el cual aceptan retroactivamente a inicios de este año y en adelante, firmar contratos de tres meses o quedar fuera de la administración, lo enfrentan casi todos los empleados de confianza del Gobierno del Estado.

Ya muchos colegas en el periodismo de opinión han mencionado la arbitrariedad de la directora del ICRTV, Janet Jazmín Delgado Mercado (a quien Arnoldo Vizcaíno llamó “el ángel del terror” en un artículo reciente), de convertir a trabajadores con casi dos décadas de antigüedad en empleados de contrato.

Sin embargo, por lo visto Janet no es el único funcionario del gobierno de Ignacio Peralta dispuesto a ejecutar a rajatabla las directrices del secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, pues la misma situación se vive en otras dependencias.

Concediéndole a Meiners el beneficio de la duda, la medida busca contribuir a resolver la grave problemática financiera que enfrenta el gobierno estatal. Pero ignora de manera tan grotesca la ley del Trabajo, que vale preguntarse si no es capricho de un funcionario que quiere realizar en la administración pública el pensamiento patronal que, en el sector privado, hizo posible la terciarización.

Con las outsourcing, empresas que prestan servicios personales a otras empresas, los patrones se ven liberados de cualquier compromiso con sus trabajadores, y éstos a su vez privados de la seguridad social que por ley les ofrece el trabajo asalariado.

Contratar servicios, no trabajadores, maximiza las utilidades en la iniciativa privada, incluso a costa del ideario de justicia laboral que nos legó el Estado benefactor suplantado ya por el modelo neoliberal.

Pero, en el sector público, la aplicación de este pensamiento empresarial carente de todo compromiso social tiene mayores repercusiones.

En la industria y el comercio –al menos en teoría porque podríamos estar ante una gran conspiración patronal para acabar con los contratos colectivos y, en general, el sindicalismo– si un empresario no oferta en el mercado laboral puestos de trabajo con sueldos y prestaciones competitivas, muy pocos querrán trabajar con él.

Otra cosa es que al profesionista, técnico o quien representa mano de obra calificada no les quede más remedio que contratarse con esas empresas que no ofrecen siquiera las condiciones de ley, porque el número de desempleados es cada vez mayor a la cantidad de puestos de trabajo en este país y particularmente en el estado de Colima.

CUNDE EL MAL EJEMPLO:

El Gobierno, como patrón, debe poner la muestra, por eso la burocracia (sindicalizada) siempre ha sido consentida en materia de sueldos y prestaciones.

Aunque también el Gobierno pone el mal ejemplo a la hora de violar la ley del trabajo en la relación con sus trabajadores de confianza.

Lo hace a través de prácticas tramposas como la de exigir la renuncia del empleado de confianza por anticipado desde el momento de la contratación, para facilitar un eventual cese; o haciéndolo firmar contratos de tres meses que debieran ser exclusivamente para el periodo de prueba, pero que se prolongan para impedir que el trabajador acredite antigüedad.

Lo hace al no instituir un servicio civil de carrera o, mediante una forma muy conocida de defraudar a sus trabajadores, al registrar a su personal de confianza ante el Seguro Social con un salario mínimo, para garantizarle la atención médica pero sin afectar las cuotas patronales, aunque eso le impida al trabajador cotizar para su retiro en proporción a su sueldo real.

Firmar contratos de tres meses, vulnera los derechos de los trabajadores de confianza. Y supongo que la intención de fondo es desalentar a los servidores públicos, para que éstos finalmente abandonen la administración sin que la patronal tenga que pagar indemnizaciones ni responder demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Es un programa de retiro voluntario, pero sin premios ni recompensas, en donde todo es para el vencedor. Kristian Meiners es congruente con la política de austeridad pero a un elevado costo social… y político.

OLVIDAN LAS ELECCIONES:

Cuando está a punto de iniciar el proceso electoral en el que el régimen de Ignacio Peralta busca recuperar la mayoría en el Congreso y en los cabildos municipales para el PRI o sus partidos aliados (Verde, Nueva Alianza y ahora también Encuentro Social), el secretario de Administración mina la confianza de sus “trabajadores de confianza”, a la mayoría de los cuales contrató por compromisos de campaña.

Los servidores públicos son aliados naturales del gobernante, pero Meiners, el oficial mayor con título rimbombante, debe haber detectado (¡maldito Facebook y chingado WhatsApp!) la inconformidad reinante entre sus trabajadores de confianza. Asume que en materia de movilización política no puede esperar nada de ellos; quizá ignora (al fin y al cabo Meiners, como la mitad del gabinete, dice que no es político) que puede usarlos como un ejército de promoción del voto o, simplemente, no quiere deberles el favor porque piensa que el precio es muy alto.

CANAL DE LAS ESTRELLAS:

Lo que ocurre en concreto en la televisora pública (y supongo que también en la estación de radio) es que se quiere convertir en becarios a trabajadores de confianza que, por los años de servicio, deberían contar no sólo con su base sino que varios de ellos incluso ya tendrían que haber sido sindicalizados. Son (en la mayoría de los casos) un personal calificado y competente, a quienes no han sabido dirigir pues los titulares del hoy organismo autónomo, con un par de notables excepciones, nada sabían de comunicación social y menos de medios públicos. La producción de radio y televisión es cara, y esos trabajadores han hecho su chamba en la precariedad.

Presumiblemente, la embestida contra el personal no sólo ocurre por razones financieras. Janet Delgado nunca ha ocultado sus intenciones de renovar la planta laboral en los medios del estado. Ve como problemáticos a algunos reporteros, productores y conductores. Como a sus antecesores, le irrita que contra toda medida disciplinaria corran a quejarse con el Gobernador. Y sí, ciertamente, preferiría tener bajo su mando a los empleados que fueron despedidos de la filial de Televisa.

No tiene Janet la menor idea de lo que debe ser una radio y una televisión pública (y qué lamentable que eso ocurra en el gobierno del ex subsecretario de SCT que operó la reforma en Telecomunicaciones), pero su idea de la televisión privada –por lo que se ve– se resume a la urgencia de acabar con las exclusividades.

Tarea Política

Tuvieron que pasar dieciocho largos meses de desatinos para que José Ignacio el de los lentes reconociera públicamente el divorcio existente entre su decepcionante gobierno y el noble y aguantador pueblo de Colima.

Para superar su propia incomunicación, dizque considera “necesario tener un acercamiento civilizado, racional e institucional para que exista entendimiento entre ambas partes”.

Quienes a esta alturas todavía no lo conocen que le crean y le compren su repentino cambiazo, pero más que probadas está su carencia de sensibilidad y empatía sociales características de los tecnócratas itamitas como él que en mala hora para Colima se metió a la política para saciar sus ambiciones patrimonialistas.

José Ignacio agotó ya el pretexto de culpar de todos los males de Micaela y de su propia incompetencia a los nefastos ex gobernadores Jesús Silverio Cavazos y Mario Anguiano Moreno.

La grave inseguridad, la galopante corrupción, la impunidad y la nula capacidad de respuesta de su gobierno plagado de suizos, finlandeses, chilangos y jarochos, tienen a José Ignacio reprobado por los colimenses con un méndigo tres de calificación en la escala del cero al diez.

A pesar de las transas hechas en la concesión gratuita y con subsidio del Parque Regional Griselda Álvarez Ponce de León, la danza de los “moches, entres o retornos” sobre asignación de obra pública y compras de todo que lidera el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, que ya tiene su guardadito para su campaña como candidato a presidente municipal de Colima; del negociazo hecho con la compra del predio “La Campana”, la concesión para operar en el Centro Histórico de Manzanillo una rueda de la fortuna (de su fortuna), el acuario porteño, la compra de medicamentos a punto de caducidad para embolsarse una buena lana en estas operaciones que atentan contra el dinero y la salud de los colimenses, etc., etc., y etc.,

José Ignacio, según la Encuesta Nacional 2017 del Gabinete de Comunicación Estratégica propiedad del peñanietista como él, Liébano Sáenz Ortiz, José Ignacio “es el mandatario estatal que tiene el menor nivel de percepción en cuanto a corrupción en todo el país”.

Como el nayarita Layín, el “disociado” es corrupto pero nomás poquito: 13. 8% versus los campeones de la competencia que son los gobernadores de Coahuila, 46.20 %; Chiapas, 33.80 %; Nayarit, 38.30 %; Durango, 42.90 %; y Yucatán 42.30 %, por ejemplo.

Consuela saber que, tarde pero sin sueño, José Ignacio ve “ con preocupación que está disociado y que es un tema en el que se tiene que trabajar pero que es un tema de carácter global, las redes sociales han influido mucho, se hace mucho análisis muy superficial, noticias que son falsas se convierten en verdades (ya está como Trump) y se hacen juicios sumarios sobre temas que no tienen análisis, que no tienen profundidad y esto afecta a las instituciones, tenemos, insisto, que generar una reconciliación entre sociedad y gobierno y trabajar juntos y en equipo”.

Pero, como siempre, vuelve a buscar justificaciones a su fracaso de garante de la felicidad y la seguridad de los colimenses al culpar del mismo a la globalidad y a las redes sociales donde sus troles han perdido la batalla.

Más que “la conversión de noticias falsas en verdades y los juicios sumarios sin análisis ni profundidad”, son la prensa de papel a su servicio, los periódicos digitales, la radio merolica y los columistasnachoperalta@gmail.com quienes han fracasado en su muy burda estrategia de venderle a la población objetivo melones por sandías, gatos por liebres, a un desconectado tecnócrata que desprecia el trabajo en equipo y las opiniones de los demás, por un político moderno hecho y derecho.

Desde luego que a pesar su proverbial repulsión al contacto con el pueblo, y su individualismo hasta la ignominia, habrá quienes le crean a José Ignacio que dispuesto está a “generar una reconciliación entre sociedad y gobierno y trabajar juntos y en equipo”, pero pasan por alto que los cambios de actitudes y comportamientos de una personalidad como la del egresado del ITAM y de Essex University no se dan ni consolidan de la noche a la mañana. Al tiempo.


El acabo


No es lo mismo ser percibido como el gobernador menos corrupto del país que el más honesto del mismo, tal como encabezó la nota principal de ayer lunes el periódico Ecos de la Costa.

Quien manda y gobierna en la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, José Julián Martínez Barrera, además de transa, ha resultado todo un implacable represor de la libertad de manifestación de los residentes e internos médicos de grado y pregrado que hace unos días protestaron por las carencias de medicamentos, material de curación, aire acondicionado y equipo, en los hospitales públicos que regentea la dependencia en los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán. En lugar de escuchar sus demandas, el mozo de estribos del israelita Efraín Hendy Zaga les está respondiendo con amenazas, persecución y hostigamiento de todo tipo, a ciencia y paciencia del gobernador disociado José Ignacio.

Estación Sufragio

A muchos de quienes nos hemos manifestado en contra de la idea de privatizar un espacio público como lo era el Parque Regional, para convertirlo en un zoológico africano, nos habría gustado que la protesta encabezada por Martha Zepeda del Toro consiguiera por lo menos encarecer políticamente la decisión de transformar un parque urbano en un producto turístico.

El Griselda Álvarez era el único parque urbano que tenía el centro histórico de la capital. El Parque Hidalgo es, en realidad, una extensa alameda (cuyo significado se extiende a cualquier tipo de arboleda no sólo a un bosquecillo de álamos) y el de la Piedra Lisa, después de tantas intervenciones, quedó como una enorme plancha de concreto con algunas manchas verdes. Los jardines Libertad, Torres Quintero, Núñez y Juárez son modestas plazas cívicas.

Vamos a suponer que el Ecoparc tenga viabilidad financiera y al cabo de unos años los concesionarios no pretexten que como negocio es incosteable. Me sigo preguntando por qué no mejor instalaron el zoológico en La Campana, predio que el Gobierno del Estado adquirió por los mismos días en que se tomó la decisión de acabar con el Parque Regional y donde hay terreno de sobra.

Si la idea era construir un refugio para los elefantes que ya no pueden trabajar en los circos o para los animales exóticos rescatadas de narco-ranchos asegurados por la Procuraduría General de la República, podría haberse dispuesto de una parte de la superficie liberada en la zona arqueológica. ¿O es que acaso no está resuelta jurídicamente la compra-venta de La Campana?

Y si el Ecoparc no resulta negocio, ojalá que los concesionarios no quieran entonces subsidio público o, peor aún, un cambio en la concesión para transformar el lugar en hotel, club campestre o cualquier otra cosa alejada de su fin original, el que se le dio cuando el gobierno de la primera mujer en gobernar un estado mexicano adquirió la huerta Garibay: ser un parque urbano.


Una izquierda pulverizada


Zepeda del Toro no logró encarecer políticamente la decisión tomada por el Ejecutivo de privatizar el parque regional, porque ella misma, como figura política, se devaluó estrepitosamente en los últimos días.

Cuando la excandidata del PRD a la gubernatura (tanto en la elección ordinaria como en los comicios extraordinarios que siguieron a la anulación del proceso regular) comenzó esta lucha contra el Ecoparc, todavía no la nombraban delegada especial del comité ejecutivo nacional en Colima.

Pero el día en que realizó un plantón para complicar la inauguración del establecimiento, ya la habían vuelto a designar para ese cargo luego de que la dirigencia nacional del Sol Azteca anuló su nombramiento.

Solo podemos especular acerca de las circunstancias que llevaron a Martha Zepeda por esta montaña rusa de emociones, en la que llegó a convertirse en líder del perredismo colimense, para luego ser defenestrada y enseguida vuelta a encumbrar, en una serie de actos oficiales carentes de ceremonial mediante los cuales la nombraron, desnombraron y renombraron con llamadas telefónicas y oficios girados por correo electrónico.

¿Desbancaron de la delegación a Martha cuando los Chuchos pensaron que se iría con López Obrador? ¿Y la reinstalaron cuando el CEN se convenció que, de no retenerla en las filas del PRD, Zepeda terminaría uniéndose al proyecto presidencial de Andrés Manuel?

No lo sé. Pero semejantes vaivenes burocráticos le restaron fuerza al movimiento contra el Ecoparc, y contundencia a un discurso opositor coherente e irrebatible. Un discurso político que puso a temblar al régimen, por cierto.

Y es que cuando Martha Zepeda pidió un plebiscito sobre la concesión del parque regional, muchos colimenses oyeron referéndum y empezaron a hablar de la conveniencia de legislar para hacer posible la revocación del mandato.

Por eso, cuando se anunció que le habían quitado la delegación del PRD en el estado, hubo quienes pensaron en que se trataba de una negociación de los Chuchos con el gobierno de Colima, para acallarla.

Lo más probable es que nadie tejiera tan fino, y que la asociación público-privada que está haciendo negocios con el Ecoparc ni siquiera o tenga vínculos con alguno de los partidos que gobiernan Colima (PRI, Verde, Nueva Alianza y PT) como para operar la destitución de Martha. Y si lo hicieron, pues no funcionó porque Zepeda del Toro ya está de nuevo en la dirigencia perredista.

Volvió a ser delegada, pero sigue estando aislada en el PRD. La militancia del Partido de la Revolución Democrática no la siguió en estas batallas que Martha Zepeda emprendió como una lucha personal. Y por ello no logró encarecer políticamente la decisión de privatizar el parque regional.

Por eso, por la pulverización hasta niveles subatómicos de la izquierda. Y porque en los espacios naturales de representación popular y mediación social (los partidos de oposición, las minorías en el Congreso y gran parte de la prensa) ya nadie discute la barbaridad de instalar un zoológico africano en un espacio público.

Un parque urbano que, además, ya se lo habían apropiado las familias que habitan el sur y oriente de la ciudad, donde se ha concentrado la población de menores ingresos en la capital.


Despojo injustificado


Nuestros diputados visitaron el Ecoparc cuando apenas lo estaban habilitando y con eso tuvieron para convencerse de las bondades del proyecto. Y en los medios tradicionales nadie quiere cuestionarse de dónde vienen los animales.

Sabed que existe un protocolo que impide vender y comprar ejemplares entre zoológicos. Ello busca desalentar el tráfico de especies en peligro de extinción. Leones, tigres, elefantes, hipopótamos, jirafas o gorilas, por mencionar algunos de los animales más vistosos, solo pueden ser intercambiados, prestados o cedidos. Jamás vendidos entre zoológicos.

Al ritmo que se reproducen (si es que procrean) las especies en cautiverio y con esas condiciones de intercambio, es impensable que un zoológico nuevo se llene pronto. Cuando eso ocurre hay que sospechar. ¿De dónde vienen los animales del Ecoparc? ¿Es que el tema no le preocupa ni a la Profepa?

Por lo demás, ¿cómo van a sostener un zoológico con boletos de 30 pesos sin que eso al final le cueste al erario? Al margen de que la excusa siempre fue liberar a la administración pública de una carga presupuestal, ¿qué va a pasar si el negocio no resulta?

Coincido con el secretario de Turismo, César Castañeda y Vázquez del Mercado, en que al centro de la ciudad le hacen falta atractivos turísticos, ¿pero era necesario despojar a la población de su parque urbano más accesible?

En Central Park de Nueva York, en Balboa Park de San Diego e incluso en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, se instaló un zoológico dentro del principal parque urbano de la ciudad. Pero habría sido insensato convertir todo el parque urbano en un zoológico.

Además, esos tres zoológicos fueron abiertos cuando todavía el concepto era el de una casa de animales: con jaulas y a lo sumo pabellones. Los nuevos zoológicos demandan grandes superficies para conceder a cada especie o grupos de ellas una réplica de su hábitat. Y un buen ejemplo de ello es el Zoológico Guadalajara.

De acuerdo a esas normativas, en el parque regional cabe una jirafa, pero no dos. Quizá fue por eso, y no porque el personal hizo un manejo inadecuado, que una de éstas acabó con el cuello roto.

Estación Sufragio

La cantante Lucero, que intenta completar un cross-over del pop a la música grupera, sustituirá a Julión Álvarez en la actuación que el “rey de la taquilla” tenía ya firmada en la ciudad de Culiacán, para la noche del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre.

El anuncio lo hizo el propio gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien ni siquiera tuvo que explicar las razones del cambio en la variedad artística, luego del escándalo de Julión relacionado con el narcotráfico.

Una de las situaciones más incómodas del señalamiento que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al cantante chiapaneco, así como al futbolista Rafael Márquez, como figuras públicas en una larga lista de involucrados en actividades empresariales con el narcotraficante Raúl Flores Hernández que, presuntamente, implicaban lavado de dinero, es que Julio César Álvarez Montelongo (su nombre real) ha sido el cantor preferido del presidente Enrique Peña Nieto y, en consecuencia, de la clase política priista.

Díaz antes de que le congelaran sus cuentas bancarias en Estados Unidos y el gobierno de ese país cancelara su visa de trabajo, el Julión se había tomado la foto con el mandatario mexicano y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, durante un recorrido en lancha por el cañón de El Sumidero.

En cuanto estalló el escándalo, tanto Peña Nieto como Velasco borraron la foto de sus redes sociales, y con ello inició formalmente el ostracismo moral, político y artístico del intérprete de ‘Te hubieras ido antes’.

Hace unos días, Julión fue retirado por la cadena Televisa como ‘coach’ del programa La Voz Kids. Y aunque abogados consultados por Excélsior dijeron que podría seguirse presentando en palenques y shows privados, siempre y cuando le paguen en efectivo, eso supondría mayores complicaciones a la situación que como presunto evasor fiscal tiene Álvarez ante las autoridades hacendarias mexicanas.

Ha sido muy comentada la cancelación del evento en Culiacán, pero en otros estados gobernados por priistas también le están haciendo el feo a Julión. En Colima, para no ir más lejos, donde el ex vocalista de la Banda El Recodo se ha venido presentando los últimos años en cada una de las ediciones de la feria de Todos los Santos y de las fiestas charro-taurinas de Villa de Álvarez, no vendrá este año ni el próximo.
 
Julión es garantía de un lleno absoluto en el palenque de Colima, el megapalenque o la Petatera de la Villa, y en cualquier otra plaza del estado (como Manzanillo y Tecomán) donde se presente. Gente que lo conoce, sabe que el líder de la Norteño Banda tiene por Colima un afecto particular y que, además de venir a cantar, frecuenta a amigos y compadres fuera del ámbito profesional.

Aunque roquero de corazón, desde que era un simple aspirante la gubernatura Ignacio Peralta ha sido un espectador fiel de las presentación del Julión. Incluso, cuando el intérprete ha tenido dos fechas consecutivas en Colima, se le vio al ahora Gobernador en ambas. 

De veras le gusta Julión a Nacho, aunque también puede ser una seña de identidad con el grupo gobernante pues el presidente Peña había estado diciendo, desde una gira por Chiapas en marzo de 2005, que Álvarez era "un gran ejemplo para la juventud mexicana".

Este año, sin embargo, no estará Julión en el programa artístico del máximo festejo de los colimenses. Por si los empresarios del palenque no hubieran tenido la sensibilidad política para ni siquiera pensar en él como un imán para la taquilla, alguien les hizo saber que el Gobierno del Estado preferiría que el nuevo ídolo del pueblo no cante en Colima hasta que se resuelvan sus problemas legales.

RUIZ ESPARZA YA NO ES DE COLIMA:

Otro apestado de la política nacional terminará siendo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con quien nuestro mandatario estatal trabajó en la Subsecretaría de Comunicaciones durante la primera mitad del sexenio de Peña Nieto.

Al titular de la SCT lo persigue no sólo el escándalo por el evidente corrupción que evidenció el colapso del Paso Exprés en Cuernavaca o las acusaciones que le ha hecho el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, de encubrir a contratistas fraudulentos, sino la torpeza con la que Ruiz Esparza sigue manejando la crisis.

Insensible ante la tragedia de una familia que perdió a padre e hijo en el socavón que se abrió en la autovía, como demostró al anunciar que rescatarían el automóvil sin mencionar los cuerpos que yacían dentro y que, probablemente, se habrían podido sacar con vida cuando uno de ellos reportó el accidente con su teléfono celular, a nada le ha atinado Ruiz Esparza.

Mucho menos ha podido dar una explicación coherente sobre las causas del hundimiento, una que no suscite de inmediato sospechas respecto a que un presupuesto de 2 mil 213.5 millones de pesos no se invirtió realmente en la obra.

Patético se vio el secretario al decir a los congresistas con quienes se juntó en reunión de trabajo (se cuidó mucho de no admitir que se trataba de una comparecencia) que lo importante es que haya culpables, no responsables políticos, y rematar con una frase que revela su baja estatura como estadista: el escándalo del socavón no se resuelve con [su] “sacrificio político”.

En otros tiempos, un secretario de Estado ya habría presentado su renuncia al Presidente de la República. Es más, en otra época, el Ejecutivo ya le hubiera exigido la renuncia. Pero ya sabemos cómo es el señor Peña e imaginamos el tamaño de los intereses de las constructoras a las que intenta proteger el señor Ruiz.

El asunto nos interesa no sólo porque entre los estados donde se reportaron mayores irregularidades en las obras supervisadas por SCT figura Colima, sino también porque al arranque de la administración federal hubo quien en la prensa local celebró el nombramiento de Gerardo Ruiz Esparza, recordando sus vínculos con familias de Colima, específicamente sus lazos sanguíneos con el difunto presidente Miguel de la Madrid, nuestro paisano más ilustre.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.

Estación Sufragio

Más de 3 mil 500 hectáreas de buenas tierras (ranchos con huertas de limón y otros frutales, así como terrenos de cultivo donde se han producido toneladas de hortalizas en los últimos años) están ahora a la venta en Tecomán.

Sus propietarios las malbaratan porque están ociosas. Y lo están porque los productores del valle sienten temor. Connotados agricultores han sido secuestrados y otros apenas lograron escapar de los malhechores que intentaban plagiarlos.

Cuántas personas han sido privadas ilegalmente de su libertad y cuánto dinero se ha pagado como rescate, es algo de lo que los tecomenses hablan en voz baja y de los cual no se han ocupado los medios periodísticos. 

No hay noticias porque carecemos de información oficial y porque las familias afectadas han procurado que su propia historia no se filtre a las redes sociales. Sin embargo, la evidencia de lo que está ocurriendo en Tecomán son los dos regimientos de la Policía Militar (PM) que llegaron la semana pasada.

Como en su primera incursión en el estado, en febrero de este año, la PM ha estado colocando retenes a las entradas y salidas de la otrora capital mundial del limón y en Armería, aunque también he visto esos mismos puestos de revisión en Colima y seguramente los hay en Manzanillo.

Lamentablemente, como la otra vez que estuvieron aquí los policías militares, sus operativos no logaron disuadir a los sicarios de atentar contra la vida de quienes violaron las leyes no escritas del hampa. Si bien es posible que una mayor presencia castrense haya salvado la vida de alguna potencial víctima de asesinato. No lo sabemos.

La Policía Militar es un cuerpo del Ejército que se ha especializado en combate urbano, lo cual incluye no solo determinadas tácticas sino también un entrenamiento orientado al trato con la población civil, con énfasis en el respeto a los derechos humanos.

Son conocimientos, habilidades y actitudes que las tropas regulares no tienen, pues en materia de combate al narcotráfico han sido entrenadas para la detección y destrucción de plantíos.
 
Ante la falta de una ley de Seguridad Interior y la ambigüedad en las funciones que la Constitución confiere a las fuerzas armadas, el uso de soldados e infantes de Marina en acciones contra la delincuencia organizada ha sido muy criticada. Que sean policías, aunque sean militares, resuelve muchas de esas impugnaciones a la presencia en las calles del Ejército y la Armada.

Para la población es lo mismo. Se trata de uniformados, bien armados, y aunque probablemente llegaron a Colima como resultado de un ciclo de rotación por los estados con mayores índices de violencia criminal, y no a pedido especial del gobernador Ignacio Peralta (pues si de solicitarlos se tratara, no los habrían dejado irse la primera vez cuando estuvieron por unas pocas semanas), que estén aquí supone una respuesta del Estado al reclamo de protección que los productores tecomenses le han venido haciendo al Ejecutivo local.

Según se sabe, la PM no cobra por sus servicios a los estados. Ya está presupuestado en el gasto militar el trabajo de estos regimientos. Con todo, se espera que los gobiernos estatales que los acogen dispongan de un lugar donde puedan alojarse, con instalaciones sanitarias adecuadas, y eroguen alguna cantidad para la compra de alimentos que, por lo demás, ellos mismos se cocinan.

Los agricultores de Tecomán han exhortado a la autoridad estatal para que, esta vez, no se deje ir tan pronto a la PM… con la excusa de la austeridad gubernamental. Y es que no hacer nada para frenar la inseguridad en la que fue “la chequera del estado”, provocará que el campo colimense colapse definitivamente como sector productivo.

Hay miles de hectáreas ociosas en Tecomán y ya no sólo por el azote de plagas como el HLB, por la caída en los precios que paga el ingenio de Quesería, lo cual acabó con las expectativas de quienes reconvirtieron sus limoneras en cañaverales, ni por los efectos a largo plazo del TLC. 

Los productores tecomenses y armeritenses dejaron de trabajar la tierra por miedo a la inseguridad. En estos meses regresamos a aquellos años cuando se volvió impensable que el propietario visitara su rancho, cuando los caminos rurales eran una trampa mortal y en las plantaciones se recibían inesperadamente la visita del “jefe de la plaza” para cobrar piso o exigir el desalojo de los predios.

A las 3 mil 500 hectáreas que se han puesto a la venta, casi por lo que les den, hay que sumarle el número de casas y residencias en Tecomán que se ofrecen al mejor postor. Sus propietarios se han venido a vivir a Colima o emigraron a Guadalajara, con un plan de vida que implica devorar sus ahorros e invertir el capital que les queda en la educación superior de los hijos, para que éstos puedan dedicarse a una actividad distinta a la que realizaron sus padres y abuelos: la producción agropecuaria.

Y luego nos sorprendemos porque Tecomán y Armería son hoy dos de los municipios más pobres del país. Se acabó el “oro verde” y aunque eso implica una desgracia para agroempresarios y propietarios rurales, para los trabajadores del campo es una tragedia.

No hay vacantes para jornaleros en huertas que, antes, ocuparon miles de manos para levantar cosechas y empacar la fruta. Una generación completa de tecomenses no ha conocido el empleo. Pero esos jóvenes tienen que comer, quieren vestirse, divertirse y, en un número ascendente, evadirse de la realidad.

No nos asustemos, entonces, por el aumento en las adicciones ni por la comisión de delitos, tanto comunes como de ilícitos contra la salud. No nos preguntemos de dónde viene esta violencia criminal. Antes del huevo fue la gallina.

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Estación Sufragio

Los jóvenes que aspiran a estudiar la carrera de Medicina tienen dos opciones en la región: la universidad pública de Colima y la de Guadalajara que, en su Centro Universitario del Sur (CUSur) en Ciudad Guzmán, Jalisco, tiene ingresos cada semestre y se ha convertido en una alternativa para los colimenses que no consiguen entrar a la UdeC por falta de cupo.

Hace unos días se anunció la apertura de la licenciatura en Medicina en el Instituto José Martí, un plantel que si bien forma parte de la estrategia educativa del Partido del Trabajo (que incluye los buscados centros de desarrollo infantil y un bachillerato) funciona –según sus detractores –como un negocio particular de Joel Padilla, comisario político del PT en la entidad.

Que Padilla sea el franquiciatario del partido de la estrella en la entidad, determina el éxito relativo o el fracaso del José Martí. El PT ha conseguido año tras año, con base en la movilización de sus huestes, financiamiento para sus cendis Tierra y Libertad (que no deben ser confundidos con los servicios de atención maternal y preescolar que la Secretaría de Educación brinda a los hijos de las maestras y trabajadoras del sector). 

En contraste, los dirigentes de ese partido aseguran que en diversas ocasiones las autoridades han frenado proyectos de educación media y especialmente del nivel superior, por tratarse de una fuerza opositora y de izquierda.

En efecto, el PT formó parte del movimiento progresista, coalición de izquierda o la alianza opositora en turno, durante las elecciones presidenciales que ha enfrentado. Y ya anunciaron que para 2018 irán nuevamente con Andrés Manuel López Obrador.

Pero en Colima, en este sexenio, el PT es partido gobernante. Durante la elección que cuenta, la extraordinaria de 2016, el Partido del Trabajo postuló a José Ignacio Peralta Sánchez a la gubernatura junto con el PRI, el Verde y Nueva Alianza.

Hasta antes de esos comicios, la adhesión coyuntural del PT a los programas de gobierno se daba en el trabajo legislativo: con su voto para apoyar determinadas iniciativas del Ejecutivo y, fundamentalmente, con su aprobación de la cuenta pública.

En más de una ocasión los diputados petistas, al fijar su posición en la entrega del informe de gobierno, condicionaron abiertamente su voto a la cesión de mayor presupuesto público para los cendis Tierra y Libertad.

Ser partido gobernante podría explicar también por qué obtuvo un reconocimiento de validez oficial de estudios, de carácter estatal, para su licenciatura en Medicina, luego que en sus intentos anteriores por conseguir el Revoe se los habían negado.

ME HUBIERAS DICHO ANTES:

Por lo menos en la experiencia más conocida, una generación de aspirantes a médicos inició sus estudios en el José Martí con la promesa de que antes de terminar ellos la carrera el Instituto ya habría conseguido el reconocimiento oficial.

No pudieron, ya se sabe, y a esos jóvenes finalmente les dieron la opción de titularse como fisioterapeutas, al ser jurídicamente imposible reconocerles el grado de licenciatura en alguna de las ciencias de la salud. Lo que provocó que algunos de esos egresados demandaran a su alma mater por fraude.

En ese entonces, los padres de familia le reprocharon al gobierno del estado, encabezado por Mario Anguiano, haber avalado semejante oferta educativa, cuando las autoridades locales estaban ciertas de que jamás conseguirían el verdadero Revoe, que es el que otorga la autoridad federal.

Y en esta ocasión podría ocurrir lo mismo a los estudiantes que iniciaron la licenciatura. Tienen un Revoe estatal pero todo indica que terminarán negándoles el que cuenta, el federal.

Para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgue el Revoe federal, es necesaria la aprobación de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS), y si ésta no da su visto bueno (Vo.Bo.) el reconocimiento de validez no se aprueba.
 
En Colima, el director de Educación en Salud dio el Vo.Bo.,  aduciendo que el José Martí reúne todos los requisitos, y con ese visto bueno se otorgó el Revoe estatal.
 
Pese a contar con ese Vo.Bo., se les dio ese reconocimiento local a una escuela de Medicina cuando seguramente a nivel nacional la CIFRHS lo va a vetar. Y aun suponiendo que esos muchachos lograran terminar el programa académico, al término de sus estudios la SEP no les va a conceder cédula profesional si el José Martí no cuenta con el verdadero Revoe.

¿DÓNDE PRACTICARÁN LOS NIÑOS?

El problema es que tampoco van a recibir a esos futuros médicos en ninguna institución. Por ley, el médico general tiene que estar avalado por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General (CNCMG). Sin ese requisito, no hay posibilidad alguna de ejercer libremente la Medicina ni lograr una plaza en el sistema de salud.

Además, las instituciones del Sector Salud, obviamente, no les van a facilitar “campos clínicos” para sus prácticas. Aunque los directivos del José Martí ya dijeron que no los necesitan porque van a producir lo que llaman un “médico preventivo”, término que probablemente ellos inventaron y que pese a ser políticamente correcto no corresponde a la estructura de la medicina profesional.

Es una obviedad decir que la tendencia de la medicina es a ser preventiva, y no solo curativa. Prevenir las enfermedades es la tarea de los médicos que brindan atención de primer nivel, y ya se hace. En México, el 85 por ciento de los casos se resuelven en el Centro de Salud, el resto de los enfermos va a hospitales generales y, en contados casos, a una instalación de alta especialidad.

El Revoe estatal por lo pronto le permitió al José Martí abrir sus puertas a 60 alumnos en Medicina. Y eso que la autoridad local sólo les autorizó 30 plazas.

Los muchachos pagaron 500 pesos por el derecho a presentar examen de admisión, y 3,500 pesos más por presentarlo. Y la colegiatura mensual es de 5 mil pesos, aunque ya declaró Joel Padilla que, como no salen los gastos, la van a tener que elevar.

La apertura de la carrera en el José Martí pone en jaque a la Facultad de Medicina de la UdeC, que eventualmente recibirá solicitudes de esos estudiantes para que les sean revalidados sus estudios si el Revoe federal, como supone toda la comunidad médica en Colima, no se otorga a la escuela del PT. 
 
Como gobernador, Mario Anguiano presionó para que la Universidad aceptara a los destripados del José Martí y la máxima casa de estudios los rechazó. 

Que tres médicos hayan sido rectores sucesivamente, fortaleció la postura de la UdeC en contra de liberar los requisitos para formar médicos en Colima.

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Tarea Política

 “Nuestra aspiración es hacer de Colima la Finlandia de América”, disparó hacia la ciudad y el mundo el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Óscar Javier Hernández Rosas, en uno de sus primeros disparates declarativos. Ya pasó más de un año de su atrabancada gestión y no solamente  la enseñanza de los idiomas oficiales de esa nación famosa por la calidad de su educación, finlandés y sueco, no se ha instituido en las escuelas bajo su jurisdicción sino que acabó con la del inglés como segunda lengua al no renovarles para el ciclo 2017/2018 sus contratos a los maestros que lo venían enseñando.
Para tratar de salvarse de la quema por su barrabasada laboral y educativa en perjuicio de la formación integral, moderna,  que por derecho deben recibir  los niños y adolescentes colimenses inscritos en las llamadas escuelas públicas, el funcionario de marras de quien ya se deslindó públicamente su ex protector José Manuel Romero Coello, Director del Instituto Mexicano de la Juventud, para que no lo siga quemando ante los electores de cara al 2018, principalmente entre quienes pertenecen al gremio magisterial, contraatacó una vez más a través de sus columnistas bandoleros que, como siempre, por darle al violín le volvieron a pegar al violón.
Por emprenderla a través de sus columnistas a  sueldo contra la dirigencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) a la que Hernández Rosas culpa de propia incompetencia, y de quienes le antecedieron en el cargo atribuyéndoles hasta mil seiscientos millones de pesos desviados de los programas educativos, un millón de ellos al día, según sus propios cálculos, Don Óscar Javier terminó evidenciándose como cómplice de esa supuesta corrupción que nunca jamás ha denunciado por la vía penal como obligado está a hacerlo. Además, dejó a su jefe José Ignacio Peralta confrontado con prominentes cuadros del Partido Nueva Alianza que en la elección extraordinario de gobernador de Colima 2016 le aportaron muy buenos votos para que ganara con cierta holgura.    
Como siempre tarda menos en caer un hablador que un pelón, el de la SEP más tardó en despotricar en contra de los secretarios de Educación anguianistas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en cogerlo en la maroma al documentarle que ejerció sin comprobar 10 millones cuatrocientos mil pesos del Programa Nacional de Inglés (Proni) 2016. Si hasta la fecha “no existe evidencia de haberse destinado (tal cantidad) al pago de nómina de los maestros de inglés”, ¿Cuánto de ese dinero se chingó Óscar Javier Hernández Rosas, de qué porcentaje fue el moche para el Secretario de Planeación y Finanzas, y el “retorno” debido al gobernador? Son preguntas, no se enojen. 
Del manoseo de esos diez millones cuatrocientos mil pesos como en el negocio que por 40 millones de pesos en la truculenta compra de medicamentos y material de curación hicieron el Secretario de Salud, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz;  el Director Administrativo de éste, José Julián Martínez Barreda;  y el amiguito  israelita de José Ignacio Peralta, Efraín Hendy Zaga, no se castigará a nadie porque todos se tapan con la misma cobija de la corrupción peraltista que está resultando peor que la anguianista y la silverista.
Si los padres de los afectados por la cancelación de la enseñanza del idioma inglés, los profesores que se han quedado sin trabajo e ingresos, y los dirigentes sindicales a quienes nadie les dijo ni “agua va”, creían que José Ignacio algún día les cumpliría sus promesas y compromisos de campaña, ya les quedó más claro que el agua de CIAPACOV que su gobernador no es de palabra ni tiene la menor empatía por nadie ante nada. Con él ni seguridad laboral ni felicidad derivada del aprendizaje de una lengua extranjera, mucho menos gratitud política por el respaldo que en las elecciones le dieron para que llegara al poder donde no puede con el tercio.
A casi dos años de que el grupo tras el endeble trono de José Ignacio relevó al anguianista, sus secretarios como el finlandés Óscar Javier Hernández Rosas siguen culpando de su propia incompetencia y corrupción a quienes los antecedieron en sus cargos. Va a terminar el sexenio peraltista y seguirán con la misma cantaleta porque creen que los colimenses se tragan sin digerir todos sus embustes.
La oportunidad que los padres de familia, profesores, dirigentes sindicales y la comunidad escolar en su conjunto tienen para cobrarle a José Ignacio los abusos y afrentas de su gobierno será en su próxima cita a las casillas electorales. En tanto, que los bandoleros columnistas de Óscar Javier Hernández Rosas sigan lanzando cohetes, ya les llegará la hora en que tendrán que recoger las varas. Al tiempo.

EL ACABO
• Porque en aquí no encontró a colimenses que le llenaron el ojo para integrarlos como funcionarios de primer nivel en su más que mediocre gobierno, José Ignacio Peralta tuvo que traerlos de lugares tan lejanos como Finlandia, Óscar Javier Hernández  Rosas, Educación; y Suiza, Carlos Domínguez Ahedo, Fomento Económico.  
• José Ignacio puede hacer con su gabinete, incluida la legión fuereña, un papalote y echarlo a volar.

Paracaídas

Uno de los ejes rectores de la gestión del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez en Colima ha sido la educación. Se ha mostrado un convencido -y así lo ha declarado en los foros en los que participa-  de que ésta es la única vía que puede terminar con la ola imparable de violencia que azota nuestra pequeña entidad, colocándola en primerísimo lugar a nivel nacional, y devolverle así a la sociedad tanto su tranquilidad como su bienestar.
Ha dicho también que, para conseguirlo, fue necesario lograr la estabilidad financiera que le venía causando estragos en el primer año de su gestión, pero que una vez conseguida el progreso y desarrollo de Colima se impondría imparable.
Para que este mensaje de salud en las finanzas y educación como eje rector llegara a toda la ciudadanía sin ninguna interferencia fue que su gobierno se aseguró de cooptar a prácticamente la mayoría de los medios de comunicación tanto impresos como digitales, columnistas incluidos. Algunos de los dueños de estos medios de comunicación, dicho sea de paso, son sus familiares, y cifras oficiales hay de que les ha entregado cantidades millonarias para favorecerlos. 
Son estos comunicadores los responsables de anunciar sistemáticamente las buenas nuevas del Ejecutivo estatal, e incluso de jamás desvelar lo que todos los colimenses saben: que el gobierno de Peralta Sánchez está sumido en la corrupción, que su liderazgo al interior de su gabinete naufraga, que el gobernador está prácticamente ausente (pues se la pasa viajando), que no le interesa la gobernanza real de la entidad y que, por si esto fuera poco, no cumple nunca su palabra. 
Sin embargo, pese a los esfuerzos por posicionar en el imaginario colectivo que las finanzas están bien y que la educación es de la mayor prioridad del gobierno de Peralta Sánchez, hace unos días se le comunicó sin previo aviso a miles de maestros de todas las áreas de la educación básica que ya no tendrían trabajo para el próximo ciclo escolar. Aunado a esto, el gobernador del Estado aprobó el cierre masivo de grupos y la continuación de un sistema de contratos que atenta contra la dignidad de los trabajadores de la educación, pues estos no contemplan ninguna prerrogativa sobre servicios a la salud, prestaciones, vacaciones, etcétera, siendo que los maestros cumplen una función central para el progreso de nuestra localidad y la educación, como se dijo anteriormente, es el eje rector del gobierno nachoperaltista.
La razón de este despido masivo se justificó bajó el rubro de “causas presupuestales” y si no es por una filtración de la circular que indicaba la insensible medida los maestros afectados se habrían dado cuenta tan sólo con unos minutos de anticipación.
Maestros agraviados, padres de familia y prácticamente todos los líderes de las fuerzas políticas en el estado (del PAN, del PRD, del PES) se han manifestado en contra de esta decisión que no deja de seguir, al día de hoy, bajo un halo de sospechosismo, pues ni el gobernador del Estado ni el secretario del área han ofrecido razones de peso sobre esta resolución, y ya en los corrillos políticos, sociales y mediáticos se habla de corrupción, de periodo preelectoral e, incluso, de intereses políticos particulares.
Lo cierto es que se espera que el mandatario estatal colimense -a quien parece no importarle tampoco la trascendencia de este golpe contra el magisterio, los alumnos y la sociedad en general- sea contundente en su determinación, muestre su capacidad de gestión y de concertación y resuelva de inmediato una problemática que, bien vista, no hará sino recrudecer la violencia y el desánimo social.

Estación Sufragio

Vivimos una nueva etapa en la inseguridad en Colima. Y entre los indicadores no sólo se incluyen la mala prensa que tiene el gobierno de Ignacio Peralta, como responsable de coordinar los esfuerzos institucionales para mantener la paz y el orden en el territorio.

Este cuestionamiento periodístico que con la nota de The New York Times ya es de alcance internacional, también se expresa en la mención que hacen de Colima los medios mexicanos como el estado proporcionalmente más violento del país, y uno de los que registran mayor número de homicidios dolosos asociados a actividades de la delincuencia organizada.

Otro indicador es el cambio en la percepción que teníamos los habitantes de la zona metropolitana capitalina, de que la violencia se vivía lejos… en el puerto de Manzanillo y, especialmente, en Tecomán.

A quienes habitamos en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez (junto a quienes se mudaron de los municipios costeros buscando huir de la violencia), nos queda claro que en esta ciudad también se han vuelto comunes las ejecuciones en vía pública y en espacios cerrados como son los restaurantes, así como también los enfrentamientos a balazos entre policías y sicarios por las calles y entre las casas.

La comisión de delitos de alto impacto es general ya a todo el estado, las zonas urbanas y las rurales, sin que la autoridad pueda explicarnos las causas ni, mucho menos, garantizarnos que estos episodios violentos, de extrema crueldad, dejarán de ocurrir.

A estas alturas nadie duda que los colimenses sufrimos una nueva etapa de la inseguridad, donde la presencia de carteles dedicados al trasiego de drogas y al narcomenudeo que se disputan sangrientamente la plaza entre sí, dio paso a otros delitos como el secuestro y la extorsión.

¿Se relacionan estos casos con el despojo de tierras para que los grupos criminales se apropien de los cultivos rentables o las dediquen a la siembra de estupefacientes, como ha ocurrido en otras entidades? 

¿Y cuánto pasará antes de que se documenten casos de feminicidios para ocultar violaciones, desaparición de menores por tráfico de órganos o redes de trata de personas, delitos que florecieron en otros estados asociados a la impunidad de los carteles?

¿LOS CIUDADANOS ESTÁN SOLOS?

La ola de plagios cometidos en contra de figuras reconocidas de la producción agrícola y los servicios en Tecomán, es un doloroso recordatorio de que, frente a los hampones, los ciudadanos están solos.

El Estado no sólo es fallido, es omiso. Los gobernantes, representantes populares y toda la estructura de gobierno, así como la clase política enfrascada en la próxima contienda electoral, pasan de largo al problema. 

Nadie quiere hablar del fenómeno delictivo, los funcionarios se limitan a asegurarnos que personalmente no están metidos en el negocio. Dicen que ellos no se van a sentarse a negociar, y que si alguien vendió la plaza fue otra autoridad.

En su acepción clásica, el Estado ya no ejerce el monopolio de la fuerza. Y todo el tiempo nos demuestra el aparato de seguridad que es inoperante: han puesto narcomantas a una cuadra de Casa de Gobierno y a la misma distancia del C-4, auténtico elefante blanco; han ocurrido balaceras a la vuelta de la residencia oficial, y equidistante del C-4 y de la zona militar funciona una conocida narcotiendita.

Para colmo, la parálisis económica generada por el clima de inseguridad se prolonga. No hay inversiones públicas y las asociaciones público-privadas que se establecieron en el pasado reciente, como la Regasificadora de Manzanillo, dejaron de funcionar. Y los proyectos para generar productos turísticos, señalados por haber privatizado espacios públicos, son aspirinas para el cáncer. La política en materia económica es semejante a la política en seguridad: consiste en dejar hacer y dejar pasar.

La inseguridad se ha convertido en el factor común al fracaso de los programas del gobierno de Ignacio Peralta. Antes nos consolábamos diciendo que, mientras no nos alcance, la violencia puede seguir ocurriendo sin que eso afecte a las actividades económicas y sociales que se dan en el marco de la ley. Pero esa línea divisoria se desvaneció.

EL MUERTO ES EL MENSAJE:

No nos dimos cuenta porque la tesis oficial insistía en que todas las víctimas de los grupos criminales de alguna manera estaban relacionadas con actividades, así fuera las periféricas al narcotráfico, como son el lavado de dinero.

Por esta estigmatización de las víctimas –además de la sospecha de que las instituciones responsables de proteger a la ciudadanía, podrían estar coludidas o infiltradas por los delincuentes, como se ha visto en otras partes de la república– es que las familias afectadas no denunciaban ni reclamaban públicamente al gobierno.

En los hechos que, por su repercusión política o social, resultaban inocultables, las propias autoridades se encargaban de explicar la situación: que no iban por esa niña, sino por la vecinita, hija de un sujeto que debía droga, se dijo en el sexenio anterior; y, en un ejemplo de esta administración, se filtró la versión de que al delegado de una oficina federal lo confundieron con un comandante de la policía ministerial, probablemente involucrado, que usaba una camioneta parecida a la balearon.

Con esas excepciones se mantuvo la tesis oficial: los colimenses que anden derechos no corren riesgos. Mientras, las autoridades descuidaron su principal obligación: mantener el estado de Derecho, combatir a la delincuencia en todas sus formas y garantizar que nadie esté en riesgo de sufrir violencia en las calles o en su domicilio ni por equivocación.

En su comunicado, deplorando el asesinato de un trabajador adscrito al campus Tecomán, la Universidad de Colima describió con precisión el problema que suponen los acontecimientos violentos: “la situación de vulnerabilidad que vive el país desde hace tiempo”, y el estado de Colima particularmente. Para luego pedir que se esclarezca el móvil del crimen, que se castigue a los culpables y, en todos los aspectos del proceso, se haga “una correcta aplicación de la ley”.

El asesinato de Daniel Cortés, director del organismo operador de agua potable de Manzanillo (CAPDAM) abre muchas interrogantes (¿el muerto es el mensaje?) y pone a las autoridades federales, estatales y municipales en Colima contra la pared: 

¿Van a seguir obviando la situación o nos dirán de una vez por todas por qué está pasando todo esto y cuál es la estrategia para volver a hacer de Colima el estado seguro que, según la misma propaganda oficial, alguna vez fue?

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Análisis Político

El robo de autos va en aumento en Colima, en todo el país y en el mundo, es un problema que afecta a la economía familiar, social y del estado, por eso es muy importante que los propietarios de vehículos particulares y de servicio público asuman una serie de medidas de prevención para evitar que fácilmente su unidad desaparezca en forma repentina.

Según los investigadores de las corporaciones policiales sobre los autos recuperados o asegurados que fueron reportados como robados en el estado de Colima en su mayoría carecían de seguro en las puertas, candados del volante y alarmas, lo que se les facilita a los hampones, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en el año 2016 aumentó alarmantemente el robo de autos en un 21% a nivel nacional, lo que representa la cifra de crecimiento más alta en los últimos 12 años, incluyendo otro indicador que afecta a las aseguradoras, pues señalan que en los años del 2005 recuperaban más del 50% de los vehículos robados mientras que en los últimos años se ha reducido al 37.5% porque son siniestrados por las bandas criminales o vendidos en partes.

En Colima al parecer no existe todavía un análisis técnico sobre la problemática de robos de vehículos, en qué lugares los estacionaron, en que colonia o municipios, en ciertas áreas de Colima y de Villa de Álvarez ocurren más estos delitos ya que están más pobladas, igual ocurre en Manzanillo, pero no se ha realizado un estudio integral al respecto para preguntar a los propietarios que han recuperado sus unidades los motivos verdaderos, aunque la mayoría de los peritajes precisan que no tenían alarma o seguro, se sabe además que en determinadas colonias se especializan en robar las baterías de los autos sin que nadie se dé cuenta.

Por tal motivo sería conveniente realizar algún programa estatal contra el robo de vehículos ya que el estado es demasiado pequeño, y las salidas del estado son pocas para la colocación de los arcos que instala y que promueve el gobierno federal en donde al pasar un auto el chip del registro federal vehicular, identifica a los reportados como robados.

Un problema estatal que tiene años sin solución es que está muy burocratizado la entrega de las unidades una vez que las localizan, no les llaman inmediatamente, duran semanas y hasta meses, permitiendo el gran negocio a los corralones, por otra parte hay ocasiones de que localizan los mismos propietarios sus unidades robadas y no se les permite que las muevan hasta que hagan todo un proceso burocrático, de reportarlas, se las llevan al corralón, tienen que pagar grúa y pensión para luego dar vueltas y vueltas a la autoridad para que se las entreguen.

Sería conveniente en promover a bajo costo y por cuenta de los propietarios alarmas, candados o corta corrientes que valen menos de mil pesos, y que en gran parte impide que su auto sea parte de la estadística del incremento de los robos en el estado, y este tema viene porque precisamente a un amigo le robaron su camionetita Toyota, aunque viejita le daba uso, ocurrió en una colonia al norte de la ciudad de Colima, pero al preguntarle el motivo, dijo que se le olvidó cerrarla con seguro y que lamentablemente arrancaba sin llave, pero por negligencia y falta de tiempo no la arreglaba, y estoy seguro que ahora menos, pero dice que su consuelo es que alcanzó a bajar unas botas nuevas que había comprado.

abelglezs@gmail.com


Desde la Curul 26

La reciente visita de la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Mójica Morga, al estado, no solo fue para acompañar a la delegada del CEN en Colima, Martha Zepeda, al Instituto Electoral del Estado, sino que más bien fue el pretexto para venir y desde aquí lanzar un grito desesperado ante la desbandada que se está dando de perredistas que se están yendo a apoyar a Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué en Colima? porque aquí existe también el serio riesgo de que ocurra lo que está pasando en Oaxaca, donde los más de 300 líderes perredistas de aquella entidad, ante la actitud, para muchos sumisa adoptada por la dirigencia que aún encabeza Alejandra Barrales de lanzarse a los brazos de Acción Nacional en un gesto desesperado, no de frenar al Peje, sino de sobrevivir, olvidándose sus principios de izquierda.
Beatriz Mójica tiene toda la información de que en Colima el activo más importante que le queda al PRD, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, ya se definió respecto a quien apoyar para la candidatura presidencial y se fue a acompañar a Andrés Manuel López Obrador, e incluso firmó el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México.
La secretaria general no venía por el clan de los Sotelo-García, cuya principal cabeza es el exsenador Carlos Sotelo, actualmente secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional del Comité Ejecutivo Nacional del partido, a quien tiene de compañero en el CEN; ni venía por Jaime Sotelo, que no se mueve si Carlos no le dicta línea.
Ni por Juan José Gómez Santos, vamos, ni siquiera venía por Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, no, venía a la caza de Indira Vizcaíno, porque la secretaria general del PRD, sabe que si pierden a Indira, el PRD caerá a un precipicio sin fin, peor que los hoyos negros que existen.
Ya en el 2015, después de la elección ordinaria, el Partido de la Revolución Democrática, perdió su registro local, al no obtener ni el mínimo de votación para mantener su inscripción ante el Instituto Electoral del Estado, y que en automático le hubiera otorgado una diputación local, sin embargo, la votación obtenida fue tan paupérrima  que los desaparecieron del mapa local.
Sin embargo en el ámbito federal Indira Vizcaíno le llevó al PRD, más de 40 mil sufragios y se quedó a un pasito de haber ganado por primera vez una diputación federal de mayoría al partido del sol azteca.
Por eso el CEN del PRD, está desesperado de que se vaya a ir Indira Vizcaíno a otro partido para el 2018, pues saben muy bien que la ex alcaldesa de Cuauhtémoc es el activo más importante y su capital político muy preciado para cualquier partido.
Por eso a Beatriz Mójica poco le interesó cuando le pregunté qué se hará con los neopanistas como Paco Rodríguez, síndico del Ayuntamiento de Colima, quien no ha sido sancionado ni él, ni todo su grupo, que hay que decirlo, a todos los colocó en las administraciones panistas de Colima, Cuauhtémoc, o donde cupieran y que incluso son uno de los principales grupos dentro del consejo político estatal del partido negro-amarillo, junto con José Guadalupe Rojo, en Tecomán, otro al que ya se le acabó el amor por el PRD…. Hasta que haya nuevas elecciones para definir la dirigencia y que ahora pretenden hacer valer esa mayoría para adueñarse de la dirigencia estatal perredista.
A la Secretaria General del CEN del PRD no le interesó que por culpa de los esos panistas disfrazados de perredistas, el partido prácticamente esté en la lona, a pesar de los esfuerzos desesperados que anda haciendo Martha Zepeda para tratar de mantener vigente esta franquicia del PRD a quien utilizaron las diversas corrientes o tribus, o como le llamen al interior del ese partido, para hacerla chocar con el activo más importante de ese instituto (o lo que queda de él), Indira Vizcaíno y que ahora le están moviendo las aguas para sacarla de la jugada, para quitarla de la delegación y volver ellos nuevamente  a mangonear la dirigencia perredista.
Beatriz Mójica traía un objetivo muy definido y aún cuando nunca mencionó su nombre, tampoco desmintió, ni dijo que también otros perredistas, cuando los reporteros le dijeron que si era una acción contra Indira Vizcaíno.
La advertencia…
De hecho la rueda de prensa con la secretaria general del CEN ya había concluido y habíamos terminado con mis preguntas acerca de si se iba a permitir que quienes abandonaron al PRD para irse a cobrar al PAN, hoy trataran de regresar al partido para tratar de adueñarse de él y tratar de hacerse de la dirigencia estatal.
Cuando ya se recogían las grabadoras, Beatriz Mójica Morga, soltó lo que realmente había venido a decir.
Sin más, la segunda de a bordo del CEN del PRD, dijo “A los compañeros del PRD. A la militancia perredista del estado de Colima, llegó el momento de las definiciones…” y a partir de ahí se fue de corridito para mandar el mensaje a quien traía entre ceja y ceja.
Afirmó que había llegado  el momento de las definiciones, y que quienes tengan otras inquietudes llegó ya el momento de tomar decisiones, desde los que tienen otras inquietudes para ir a otros partidos políticos, este es el momento de tomar decisiones.
La segunda mujer en importancia dentro del organigrama del comité ejecutivo nacional perredista, no dio nombres, sin embargo el mensaje llevaba dedicatoria y así se entendía.
Sin que mediara pregunta de por medio Beatriz Mójica dijo que a nivel nacional el PRD ya está tomando decisiones “y no vamos a permitir que estén en un partido, pero estén promoviendo otro”, y ese, dijo, es un mensaje para todos los militantes que estén en esa circunstancia.
No faltó quien le pusiera nombre y preguntara si ese mensaje iba dirigido a la ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva, que en la última visita del aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, el 17 de junio, estuvo en el templete acompañándolo y firmando el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México.
Beatriz Mójica Morga, no lo negó, ni tampoco lo aceptó, pero amenazó con que la guillotina viene y empezarán a cortar cabezas: “… hemos estado ya empezando a hacer los juicios de los militantes que están en esa circunstancia. Hemos empezado ya a hacer los juicios en la jurisdiccional, o la jurisdiccional está actuando al respecto…”
Según la secretaria general perredista decía que eso iba más allá de cuestiones de legales, “es un tema de convicciones, es un tema que tiene que ver con principios y con valores y yo invitaría a todos los militantes que están en esa circunstancia a que no le hagan daño a Colima, ni al Partido y que se definan en donde quieren estar. En un partido político nadie está a fuerza”.
Y añadía: “Todos los que han formado el Pacto con Andrés Manuel, todos pueden ser sancionados, sobre todo los que tienen un cargo de elección popular”.
Luego como tratando de emparejar las cosas señalaba que  aquellos que se dicen perredistas pero que están ocupando cargos sean de elección popular o administrativos, en administraciones no perredistas, “no van a poder competir en la búsqueda de las dirigencias estatales del PRD. O sea los que tomen decisiones de irse a otros partidos, pues que les vaya muy bien y que puedan construir desde allá, pero no se vale estas indefiniciones que se puedan dar en cualquier momento”.
Ante la pregunta por qué se hace este llamado hasta ahora y no cuando comenzaron a manifestar esos apoyos a Andrés Manuel López Obrador, Mójica Morga, se defendía y decía que “no, empezamos desde enero”.
Y amenazaba con que la sanción será la suspensión de los derechos partidistas… y en esta situación están incluidos todos los que estén en la situación actual no, tiene meses, recordemos que iniciamos ya las sanciones con los senadores desde enero, entonces estamos en ese procedimiento desde enero”.
El pleito es con Indira, no contra los panistas-perredistas
Ante la insistencia para clarificar si se permitirá que panistas busquen regresar al PRD a tratar de dirigirlo, Beatriz Mojica, dijo que “esa es otra circunstancia, estamos hablando los que están manifestando, si hoy hay alguien del PRD que esté manifestándose por otro partido, esos tendrán sanción, no tendrán cabida”.
“(A todos los que cobran en las administraciones panistas), nosotros no podemos actuar por lo que hicieron en el pasado, estamos actuando en esta administración por lo que nos toca”.
“Los que actualmente, yo no sé qué hicieron hace dos años, tres años, y si no hubo sanciones, no podemos hacerla retroactiva, pero actualmente los que estén haciendo promoción por otros partidos políticos que no sea el PRD tendrán sanciones”.
Ya finalmente ante la pregunta de cuándo iniciarán con las sanciones insistió en que ya empezaron desde el mes de enero, y en el caso de Colima anticipó que van a revisar para saber cuántos están en la lista, solo quería dejar este mensaje claro.
La respuesta del Clan Sotelo…
No tardó mucho en llegar la respuesta de uno de los grupos que simpatizan y apoyan a Andrés Manuel López Obrador y desde la Ciudad de México, Carlos Sotelo García, secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, acompañado de Pablo Gómez, el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, y el senador, Raúl Morón, aclaró que no les preocupan las posibles sanciones que ese instituto político pueda ejercer sobre ellos, ya que acusó, viene de una dirigencia “que actúa de manera equivocada e impune”.
Y Carlos Sotelo soltó el reto a su partido: “…Vamos a apoyar a López Obrador y a ganar la elección presidencial el próximo año, hoy convocamos a nuestras compañeras y compañeros del Partido de la Revolución Democrática. Construiremos comités amplios de apoyo a López Obrador en todas las entidades del país”.
De acuerdo a una información manejada en algunos portales, señalan que Carlos Sotelo afirmó que “… (el) Frente Amplio Democrático (FAD), impulsado por Alejandra Barrales pretende postular un candidato del PAN a cambio de “ganancias marginales”, e incluso Leonel Godoy la calificó como “una farsa” cuando, dijo, se trata de un modelo de coalición”.
“Ese frente es un frente para postular al candidato del PAN y para que la actual dirección del PRD se lleve algo, algunas ganancias marginales, quizá al nivel de gubernaturas y del Congreso”, sostuvo Pablo Gómez.
Aseguró que este tipo de posturas son una “ridiculez política” causado por el deterioro y una “profunda” crisis que ha hecho que el PRD no tenga dirección, “lo que quiero es que el PRD no abandone la izquierda y lo que plantean con el Frente Amplio es abandonar a la izquierda”, aseveró.
Así las cosas la lucha que se avecina al interior de ese partido es de pronóstico reservado y el primer round se dará dentro de las siguientes dos semanas… ya veremos cómo terminan las cosas, por lo pronto ya empezaron a sacarse la lengua.
Para cerrar…
**El alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez sigue envalentonado violando la ley… hay que decirlo con sus letras, el edil cuauhtemense anda en campaña, por un lado quiere echarle la gente encima a la autoridad estatal, que llegado el momento cuando Jorge Luis Preciado lo imponga como candidato a lo que sea, el aún alcalde  saldrá a “venderse” ante la gente como el “justiciero y vengador” que quiso llevar transporte barato y hasta gratuito a las personas, a través de las moto-taxis, violando la ley.
Y si le aplican la ley y por algo llegaran a impedirle que sea candidato, ya me lo imagino corriendo por todos los rincones del municipio, rasgándose las vestiduras y diciendo que él lo único que quiso fue servir a sus conciudadanos y que no le permitirán competir porque le tienen miedo.
¡Ah! que Rafa Mendoza, que quién lo viera tan mañoso, y lo peor que hay gente que le cree…
**Por otra parte le informo que este miércoles a partir de las 9:00 horas, la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Quincuagésimo Octava Legislatura,  está invitando  a una  reunión de trabajo para instalar el Grupo de Trabajo que atenderá la Armonización Legislativa.
El evento se desarrollará en la Sala Interna del Poder Judicial del Estado.
Por cierto hay que decir que la legisladora panista anda que no la calienta ni el sol, luego de que el plan de trabajo que había presentado como parte de lo que pretendía realizar al interior de su comisión, en materia de la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres, no les gustó a los integrantes de la nueva mayoría de la Legislatura y se lo botaron al archivo muerto, aún cuando no proponía ninguna reforma a ninguna ley, ni reglamento.
Se lo desecharon simple y sencillamente porque les ganó la delantera a otras y otros ¿o no fue por eso?...
Por hoy hasta aquí la dejamos, ya “Desde la Curul 26” le estaré informando de cómo se siguen dando las cosas… Hasta la próxima.

Estación Sufragio

Divertida y sumamente reveladora ha sido la polémica entre los detractores de Arnoldo Ochoa González y los amigos que el secretario general de Gobierno todavía tiene en la prensa de opinión.

Con morbo, el intercambio epistolar resulta entretenido por la virulencia con la que se le atribuyen a AOG defectos y la generosidad con la que se otorgan virtudes. Según unos, es poco menos que un criminal de guerra; según otros, huele a santo.

Para unos, el Güero Ochoa es un político anacrónico de pasado porril, cuyos mejores servicios al poder los ha prestado dando manotazos. Para otros es un conciliador nato, el funcionario políticamente más experimentado del gabinete.

Desde ambos frentes le atribuyen una cercanía al mandatario estatal. Sus malquerientes señalan los añejos vínculos que AOG tiene con Héctor Sánchez de la Madrid, tío materno de Ignacio Peralta. Sus panegiristas, en cambio, no vacilan al afirmar que es el hombre de todas las confianzas del Gobernador.

Tantos insultos y elogios desmedidos evidencian que el secretario general de Gobierno se encuentra ante una encrucijada que, por un lado, lo podría llevar fuera de la administración, aunque, por el otro, sus camaradas han planteado incluso la posibilidad de que Arnoldo asuma como gobernador sustituto, en el supuesto caso que JIPS se integre al equipo presidencial antes de que termine este sexenio o en el arranque del próximo periodo.

Según los amigos de Ochoa González, es esta eventualidad la que desató la campaña de desprestigio que varios columnistas de forma aparentemente coordinada lanzaron en contra del secretario general de Gobierno. Mas, si hemos de ser sinceros, esta campaña se desató luego que Arnoldo iniciara un tour de medios para promocionar su trabajo. 

Antes de eso, Ochoa era blanco recurrente de ataques en algunos espacios porque es presa fácil y, en general, su gestión como supuesto jefe de gabinete ha dejado mucho que desear. Pero el vendaval que se desató en las redes sociales y le azotó la cara, fue una reacción a esa gira autopublicitaria.

Así que la pregunta no es por qué se ataca a Arnoldo en la prensa digital sino: ¿qué motivó ese periplo por los medios en el que Ochoa González quiso llamar la atención sobre sus resultados como colaborador de José Ignacio Peralta y quiso, especialmente, recordar la importancia de su presencia en el gabinete?

El Güero debería estar agradecido con todos aquellos que se ensañaron con su edad, el alcohol que supuestamente ingiere y una presumible diabetes, o los que dieron por hecho en declaraciones, artículos y comentarios que no pasó la evaluación de control de confianza que la Secretaría de Gobernación aplica a todos los servidores públicos relacionados con el área de seguridad nacional e interior.

Gracias a estas especulaciones, un sector de la opinión pública tiende a pensar que Arnoldo Ochoa está más fuerte que nunca, lo que volvería prioridad para los enemigos del Gobernador desbarrancar a su paladín. 

Sin embargo, una clase política que sabe leer entre líneas, con cada perorata a favor del Güero se convence más que su nombramiento en la Secretaría General de Gobierno pende de un hilo.

La permanencia de Ochoa González no está amenazada desde afuera sino desde adentro del propio gabinete. Como dijo el colega Juan Ramón Negrete, a alguien le preocupa que Arnoldo pueda sustituir a Ignacio Peralta en caso de que el mandatario pida licencia para separarse del cargo, pero no son los periodistas los que tienen el poder de removerlo con sus textos sino sus propios compañeros de gabinete cuando le hablan al oído al Gobernador.

Nada puede parecerles más alejado del proyecto modernizador y reformista de Ignacio Peralta, totalmente pragmático y eficientista, a quienes realmente conforman el equipo de Ignacio Peralta en el gabinete, que la posibilidad de que el Güero concluya el sexenio como gobernador sustituto.

Mientras tanto, pese a sus encarecidas cualidades como operador político, Arnoldo no es el tipo de secretario general que requiere este gobierno. Y la prueba está en la forma en que han desaprovechado sus talentos.  

Hasta sus propios amigos reconocen que, por los cambios en la ley orgánica y el escaso margen de acción que le conceden, Ochoa González ya no es responsable de casi nada en la administración: 

No ve los asuntos de seguridad pública, no tiene injerencia en el tema de readaptación social, no maneja la cuestión jurídica, no controla el transporte ni tiene que responder a los reclamos por la asignación del presupuesto de comunicación social, como él mismo me lo dijo, luego del exhorto del Congreso para que la administración atendiera a una recomendación del ombudsman.

Sigue siendo en efecto el encargado de las relaciones del Gobierno con las fuerzas políticas, pero a estas alturas ni siquiera los priistas se sentarían a negociar con Arnoldo Ochoa porque están convencidos que no cuenta con la confianza del titular del Ejecutivo.

De hecho, es en el partido oficial, a cuya nomenclatura nacional perteneció Arnoldo cuando todavía la integraban Beatriz Paredes y María de los Ángeles Moreno, donde Ochoa González tiene a sus verdaderos oponentes. 

Insostenible en el gabinete, sus posibilidades de capitalizar el cargo para conseguir su cuarta diputación federal plurinominal o el escaño en el Senado que le falta a su carrera política, chocan con las aspiraciones de las nuevas camadas de priistas cansados de ver cómo en las barajas del PAN y PRD sí hay relevo generacional, mientras en el PRI se repiten y se repiten las cartas.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.

Análisis Político

Arnoldo Ochoa González fue y es, uno de los pilares políticos desde antes que se considerara precandidato Nacho Peralta, también colaboró como parte del equipo durante su destape y su campaña y ahora de gobernador como Secretario General, nadie de la clase política estatal desconoce esto, por eso lo consideran como uno los más cercanos a Nacho, aunque su recia personalidad no sea del agrado de muchos, por ello algunos opositores enfocaron sus baterías contra el güero Ochoa para debilitarlo y más al gabinete y ahora otra vez debido a que los tiempos electorales del 2018 ya se acercan, piensan erróneamente que puede ser senador y nuevamente reactivan su grilla.
Pero Arnoldo es, quieran o no reconocer sus detractores o grillos internos o externos, el más experimentado político e institucional, con mejores relaciones en el centro político del país, en todas las áreas gubernamentales y legislativas federales, tiene amigos y amigas de las altas esferas políticas nacionales y locales, de mandos militares y marinos, inclusive con dirigentes nacionales de otros partidos, por tal motivo su inclusión era fundamental para consolidar una transición política ante tanto alboroto y jaloneo estatal, pues iniciaba la administración de Nacho recibiendo una enorme deuda y con conflictos internos por falta de pagos por donde quiera, además de los roces políticos con los que salían, por ello la designación de Arnoldo como Secretario General no era una sorpresa, fue y es actualmente el más adecuado en ese cargo estratégico político del gabinete. Pero el hombre fuerte del Gabinete Estatal en realidad no es Arnoldo, es Nacho.
LAS GRILLAS SIN FUNDAMENTO
Primero; Los Grillos aseguran que Arnoldo no pasó la prueba de control y confianza, exhibiendo una copia de un supuesto oficio, que es apócrifo, es falso y se distribuyó en las redes sociales, pues resulta que no existe ninguna posibilidad de extraer un documento de esta naturaleza de la PGR o Gobernación, y en su momento podrá acreditarse, sin embargo se visualiza de donde proviene la grilla, porque el diputado panista Luis Ladino lo hizo válido y pidió su destitución basándose en ese falso documento, cuando debió solicitar con su investidura copia certificada ante las instancias legales, para así proceder legalmente, porque declarar sin bases, es pura grilla.
Segundo; Acusaron a Arnoldo como el responsable de la situación de la seguridad pública estatal porque coordina y participa en el gabinete de seguridad y sigue la situación adversa, cuando la reforma constitucional del estado y la federal precisan bien, cuales son las dependencias estatales de seguridad y las federales que deben de combatir a las organizaciones criminales y a la delincuencia, por ello ante estas apreciaciones, resulta que entonces serían los alcaldes los verdaderos responsables de la seguridad de conformidad al art. 115 constitucional, debido a su autonomía y su propia ley municipal, sin embargo no es así, políticamente los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal son igualmente responsables de la seguridad pública en los municipios, del estado y del país. 
Tercero; El conflicto público sobre un predio llamado “Las Ánimas” que compró Arnoldo al ex alcalde de Tecomán, Salvador Solís, hace cerca de 16 años, es pura grilla, porque los hermanos Osorio ya se descubrieron con su propia declaración pública, acusando a Jorge Luis Preciado y al PAN de motivarlos a plantarse afuera del Palacio del Gobierno en contra del Secretario General, Arnoldo Ochoa, para presionar y motivar a que les resuelva el Gobierno del Estado su asunto, lo que acredita así que es asunto político, pues ya se quejaron del senador Preciado que los dejó colgados sin los apoyos que les prometió, lo cual significa claramente que es grilla.
Los hermanos Osorio son los quejosos que se plantaron afuera del Palacio de Gobierno porque argumentan que también compraron ese mismo terreno, pero en lugar de enderezar la demanda contra el vendedor para que les regresaran el dinero desaprovecharon el tiempo y perdieron el derecho porque el ex alcalde ya falleció y pudo defenderse o responderles a esa queja, ya no podrán hacer nada.
Se ha ventilado durante bastantes meses en las planas periodísticas, pero más en los tribunales locales y federales porque son muchos los expedientes porque tienen años peleando los hermanos Osorio sin resultados, simplemente porque no tienen derecho en los términos de la leyes locales y federales, debido a que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desechado sus amparos, porque Arnoldo sí tiene sus escrituras públicas y ellos no, Arnoldo cuenta con su folio real debidamente registrado ante el Registro Público de la Propiedad y acredita esa propiedad y la posesión por la compra que hizo al ex alcalde hace muchos años y punto.
Pero grillar en la calle protestando con tractores con placas de Jalisco y traídos de otro estado o plantarse afuera del Palacio y cuestionar políticamente en los medios, no cambiará la situación legal de un predio, podrán intentar dañar a la figura o imagen de Arnoldo, pero también lo pueden hacer más fuerte cuando vemos que lo atacan injustificadamente, porque tampoco podrán socavar o debilitar al gabinete de Nacho mediante estas acciones, son un gran error, pues los detractores o partidos de oposición deben ganarse a la gente mediante trabajo social y político y no mediante grillas y sin fundamento, y menos alentando a la pobre gente a que se manifiesten y protesten, gastando más tiempo y dinero. 
abelglezs@gmail.com

Estación Sufragio

En mi columna anterior especulé que tres jóvenes colimenses: el director del Imjuve, José Manuel Romero Coello, la subsecretaria de Desarrollo Rural en Sagarpa, Mely Romero Celis, y eventualmente la ex presidente comisionada del INAI, Ximena Puente de la Mora, como funcionarios de la administración federal podrían beneficiarse de la cuota de candidaturas al Congreso de la Unión que se reservará el presidente Peña Nieto, en razón de dos circunstancias:
 
Primero, la necesidad de asegurarse un círculo de senadores y diputados que defiendan su cuenta pública y sus reformas estructurales en la siguiente legislatura;

Y segundo, por la urgencia que tiene el PRI de presentar en 2018 abanderados que puedan ganar (obviamente posiciones de mayoría) con sus propios votos, y no solo con el arrastre del candidato presidencial.

A esta tesis hace la réplica un lector, quien nos recuerda que tradicionalmente en el sistema político mexicano el presidente saliente asegura a su gente –aquellos que verdaderamente respondieron a su proyecto– otorgándoles posiciones plurinominales en la cámara alta y en San Lázaro, o en organismos de Estado como el Banco de México, INAI, INE, etcétera.

Y refuerza sus argumentos con una “frase matona”, como dice en la tele un felizólogo sangrón: a los que mande el actual mandatario a competir en las urnas, llevarán el estigma de ser peñistas.

Una asociación de ideas que tiene enormes costos políticos, como se vio en el Estado de México donde el primo de Peña Nieto (Alfredo del Mazo) ganó por un pelito, tras gastar millones en compra de votos y en intrigas para dividir a la oposición.

No obstante lo anterior, me da la impresión que contra lo que digan las encuestas EPN está convencido de que terminará a tambor batiente y que la marca personal Enrique Peña Nieto quedará por encima, en cuanto a aceptación popular, de las siglas del PRI.

Otra de las posiciones clave que el presidente saliente se asegura es la dirigencia nacional del PRI o del PAN, en el caso de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, añade este lector.

Por cierto, continúa diciendo, en Colima estos dos partidos, el tricolor y el blanquiazul, se han alternado desde que existe la representación proporcional en el Senado la fórmula de mayoría y el escaño a la primera minoría, aunque también hemos tenido colimenses como senadores de lista nacional por otros partidos.

Pero si Indira Vizcaíno Silva compitiera por el Senado con los colores de Morena, con su propio capital político y el arrastre de Andrés Manuel López Obrador (aun cuando éste no lograra o no lo dejaran ganar la Presidencia de la República), nuestro lector considera que tendría casi segura al menos la primera minoría. Y yo no puedo estar más de acuerdo. 

P.D. Y sí, al hablar de Moreno Valle en mi columna anterior me refiero a Rafael. Por alguna razón siempre termino llamándolo Javier.

La confusión, por cierto, lleva a una lectora a señalar que aun cuando el ex gobernador de Puebla ha gastado lo impensable en publicidad (en su momento, del erario) para darse a conocer a lo largo y ancho de la república, no ha logrado su cometido: borrar la imagen de tirano caprichudo que se labró en su estado (donde nuestra lectora vivió en esos años, por eso sabe de lo que habla).

En descargo, diríamos que al menos consiguió una cosa Rafael Moreno Valle, que la gente de otros entidades ya no lo identifique como Mr. Bala, en alusión a la película Miss Bala (2011) y por aquella norma antimotines (la Ley Bala) cuya aplicación costó la vida de un menor que cayó abatido por un proyectil de goma en 2014. 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.

Análisis Político

Las declaraciones públicas recientes, acciones o movimientos de los actores políticos que desean ser candidatos a senadores, diputados federales, alcaldes y diputados locales ya se dejan visualizar en sus respectivas canchas del juego político rumbo al 2018, pero con preocupación y nerviosismo por el escenario complejo que hoy se vive y sin un orden claro de dirección en los partidos políticos, y esto se debe quizás a que todavía el banderazo para iniciar la carrera no se ha dado.

ASPIRANTES NATURALES A SENADORES

No vamos a especular nada, de que fulano es el más adecuado por su gran trayectoria o perfil político, en el tricolor, hasta hoy son solo dos priístas que han manifestado su interés por participar, se trata del diputado federal, Enrique Rojas Orozco y José Manuel Romero Coello, presidente nacional de Instituto de la Juventud, quien se ha visto más activo en los últimos meses, Rogelio Rueda no ha admitido su interés, pero a quienes tenemos que descartar es Arnoldo Ochoa y a Fernando Moreno, pues ambos lo han negado en sus diálogos sociales y reconocen que el escenario no les permite. Pero complicado será postular a la mujer que por cuota de género deberá registrar el PRI como candidata a senadora y que logre buenos votos en las urnas, pues a ninguna se le ha apuntalado hasta hoy en forma adecuada. El PAN si tiene a Gaby Benavides en Manzanillo y se sabe que recientemente Héctor Insúa en Colima siempre si quiere ser senador, en el PRD o Morena, tienen a Indira Vizcaíno es su mejor alternativa.

PARA ALCALDES DE MANZANILLO Y COLIMA

Virgilio Mendoza actual diputado federal es el cuadro más valioso de la permanente alianza entre el PRI y PVEM que tienen para ganar el puerto para el 2018, por su capital político debido a su trabajo personal, por sus alianzas con los grupos y gente en el municipio y su amistad que tiene con Gaby, hoy alcaldesa, y es que su fuerza y presencia se fortalecerá porque los grandes empresarios del puerto y del estado que lo apoyaban en su proyecto ahora lo ratifican, porque saben que Virgilio si retoma la presidencia municipal de Manzanillo será para el 2021 un natural candidato a la gubernatura.

Para la alcaldía de Colima merece la candidatura sin duda el diputado local Nicolás Contreras por su activismo dentro y fuera del Congreso del Estado, que ha equilibrado las acciones legislativas y políticas, pero Nico tiene dos problemas, el partido que lo debe postular y su necesaria reactivación y mayor presencia en su rol como buen legislador para que sea un buen candidato, porque que deberá medirse necesariamente con otros perfiles políticos priístas que también tienen capital político, como lo es el propio Federico Rangel quien hasta hoy ha dado muestras de institucionalidad y buena cordialidad con Nico porque son cuñados y también con el gabinete de Nacho Peralta, al PRI le interesa ganar las diputaciones locales ni duda cabe, pero los candidatos a las presidencias pueden fortalecer o hacer perder a los diputados, así se ha analizado.

En cuanto al PAN Héctor Insúa también está en la lista para repetir plato en la alcaldía capitalina, es decir tiene para escoger, ser candidato a senador o hacer otra campaña para ser presidente municipal para buscar la gubernatura también, pero ganar de nuevo la alcaldía ante tantos problemas no resueltos por falta de recursos o visión, es muy complicado, vamos a ver la decisión de los panistas. 

Estación Sufragio

Al menos dos de los tres colimenses que tienen posiciones importantes en la administración federal han empezado a operar políticamente en su estado en busca de un cargo de elección popular en 2018. Se trata de José Manuel Romero Coello, director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), y de la subsecretaria de Desarrollo Rural de Sagarpa, Mely Romero Celis.

Romero Coello no esconde su aspiración de ser candidato del PRI al Senado de la República. Y según ha trascendido basa su pretensión en la necesidad que tiene el presidente Peña Nieto de integrar fórmulas que puedan ganar por sí mismas, no por los votos que les transmita el candidato presidencial. Ese lujo se lo puede dar Morena, pero no el Partido Revolucionario Institucional. 

En algún momento se especuló que la compañera de fórmula de José Manuel sería Puente de la Mora. Sin embargo, tras concluir su gestión como comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena ha buscado continuar su carrera en ese campo, llegando a ser mencionada entre los candidatos a la fiscalía anticorrupción.

A raíz de que el actual diputado federal Enrique Rojas Orozco mostró también su interés en integrar la fórmula del PRI al  Senado, algunos colegas en el periodismo de opinión se han encargado de recordarnos que en la coyuntura de 2012 las candidaturas del actual gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y del actual delegado de Semarnat en estado, Nabor Ochoa López, fueron anuladas en atención a la cuota de género que su partido debía cumplir a nivel nacional y sustituidas por las de Mely Romero (por el PRI) e Itzel Ríos de la Mora (por el PVEM que hizo alianza con el tricolor).

Así que es posible que nuevamente la fórmula oficialista al Senado la integren dos mujeres. Y como algunos columnistas dan por hecho la alianza PRI-PVEM, señalan como segura integrante de la misma a la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, quien no buscará la reelección, se dice, para dejarle el lugar a su mentor político, el actual diputado federal por el Verde, Virgilio Mendoza Amezcua, quien iría por un tercer periodo al frente del Ayuntamiento.

Lo cierto es que una Gaby Benavides ecologista es tan probable (siguiendo la lógica que llevó a otros dos alcaldes porteños, Nabor y Virgilio, del PAN al PVEM) como que se mantenga en el PAN y llegue al Senado como parte de los acuerdos que logre el ex gobernador de Puebla, Javier Moreno Valle, si es que éste no consigue la candidatura presidencial del blanquiazul, porque si la obtiene con mayor razón Benavides no cambiaría de partido.

Mely Romero no pretende la Cámara Alta pues es senadora con licencia –su escaño lo ocupa Hilda Ceballos Llerenas, esposa del ex gobernador Fernando Moreno. Así que el interés de Mely podría orientarse hacia la diputación federal por el primer distrito e incluso la alcaldía de Colima, donde se menciona que podría competir por la candidatura priista precisamente con quien fue su suplente.

Aparentemente, sobre todo si Rafael Mendoza Godínez busca reelegirse con el apoyo del PAN, Romero Celis sería una excelente alternativa priista en la disputa por la presidencia municipal de su natal Cuauhtémoc, pero su estancia en la ciudad de México (como senadora y subsecretaria) la deja sobrada para esa posición.

Como dirigente del sector femenil en la CNC y cabeza de su propia organización de mujeres campesinas, Mely Romero tiene a su favor no sólo la cuota de género sino también la cuota de poder que tradicionalmente le ha correspondido a la Confederación Nacional Campesina.

Y aunque el sector agrario ha perdido fuerza en la medida que el PRI se fue olvidando de sus ideales revolucionarios, tampoco tiene muchos cuadros con la juventud, el perfil y la experiencia electoral que tiene Mely.

Romero Coello, Romero Celis y eventualmente Puente de la Mora podrían beneficiarse de una cuota de candidaturas que por su obviedad se nos olvida considerar: la del presidente Enrique Peña Nieto.

Al menos para el Senado y la Cámara de Diputados, el mandatario saliente palomea las listas del PRI que, a su vez, concierta con el candidato oficial. Para Peña es importante dejar colocada a la gente que trabajó con él, porque a final de cuentas serán quienes le cuidarán las espaldas en la siguiente legislatura, es decir, en el siguiente sexenio.

Y ante la posibilidad de que el PRI no retenga la Presidencia de la República, dejar un buen número de peñistas en el Congreso de la Unión se vuelve crucial. 

Se dice que EPN no perderá las elecciones por ningún motivo, pero yo no dudaría que siguiendo el modelo de la alternancia (que es también el esquema del gatopardismo: que todo cambie para que todo siga igual) en 2018 el tapado no sea del PRI.

Si el experimento consiste en que el grupo en el poder juegue con los colores de otro partido, eso no significa que el candidato presidencial del PRI decida un mayor número de candidatos al Senado y la Diputación Federal. Al contrario, esto obligaría a Peña Nieto a intentar modelar un Congreso con una cantidad importante de legisladores que den la cara por él y por sus reformas.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.


Análisis Político

México y naturalmente los estados, no han tenido capacidad estratégica para coordinar, organizar y capacitar a los jueces, legisladores y cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno; federales, del estado y municipales, y menos para establecer estrategias de comunicación social para mejor tranquilidad de la población, para aplicar mejor las reformas del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es más hasta los gobernantes están criticándolo sin saber el fondo, ni los avances a nivel internacional, admitió el Instituto Nacional de Investigaciones Penales de la UNAM.

Por otra parte el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, dijo, “Si no se fija como meta una justicia de calidad para los mexicanos, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) corre el riesgo de viciarse, generar inercias burocráticas y tener alcances limitados, contrarios a los propios reclamos que le dieron vida”, lo mencionó al poner en marcha un nuevo esquema de actualización para juzgadores del sistema penal acusatorio.

El nuevo sistema no genera impunidad, de ninguna manera, dicho sistema resalta, como eje axial de su filosofía, el respeto a la dignidad humana de víctimas y acusados y la plena vigencia de un sistema de garantías para el juzgamiento: si no hay plena prueba de la autoría o participación criminal, del hecho delictivo, simplemente los jueces del Tribunal de Juicio no condenarán jamás.

Respecto a la opinión del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, calificó de equivocadas aquellas declaraciones que culpan por el incremento de los delitos en los últimos meses, a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio; y aseguró que, ante estas lamentables aseveraciones, es claro que las autoridades simplemente pretenden evadir sus responsabilidades respecto al aumento de la inseguridad en sus entidades, explicó que aquellos presidentes municipales  que acusan al nuevo sistema de justicia penal del incremento de delitos, buscan evadir sus obligaciones de instruir y capacitar a policías, y los gobernadores a los fiscales, legisladores y magistrados públicos; y preciso que los presidentes de los tribunales de justicia marcarán el éxito o el fracaso o la deficiencia en la implementación del modelo acusatorio, en el que garantizar la presunción de inocencia es el fundamento principal; por lo que significaría una regresión volver al anterior modelo autoritario que vulneraba constantemente los derechos procesales de los inculpados.

Por lo anterior y para el caso de Colima, Bernardo Alfredo Salazar Santana actual Presidente del Tribunal de Justicia en el Estado, en reciente diálogo con compañeros del Círculo Colimense de Analistas Políticos, que por cierto le manifestamos nuestra consideración al respecto, precisó sobre una serie de actividades de reorganización hacia el interior del tribunal considerando que el personal está plenamente capacitado en este tema, señalando que analizarían la posibilidad de formar a capacitadores o multiplicadores para mejorar la percepción ciudadana y preparar mejor tanto a los cuerpos policiales y ministeriales del estado como en los municipios.

El gran problema que tiene ahora nuestro país y Colima, no es únicamente la capacitación de los cuerpos policiales del estado y municipales, sino que urge a la par una reforma a fondo al código federal y estatal para quienes son capturados con armas de grueso calibre, o metralletas, porque hasta la fecha al día siguientes salen libres, luego entonces el problema es de más fondo, faltan legisladores federales y locales que sean mejor capacitados o cuando menos sensibles. 

abelglezs@gmail.com

Paracaídas

Las críticas a la gestión del gobernador Nacho Peralta, incluidas aquellas que hacen muchos miembros de su propio equipo, se han centrado en los yerros que comete un día sí y otro también el Ejecutivo estatal, los cuales parece que se apilan de forma exponencial, olvidando que lo que no se hace también son hechos consumados y, en muchas ocasiones, agravian más que cuando se peca por comisión.
El gobernador Nacho Peralta, en ese sentido, nos ha quedado mucho a deber a los colimenses por sus omisiones, más de lo que uno cree, y esto es grave en un poder que es el encargado precisamente de ejecutar, de hacer, de transformar, de ahí que por eso se le haya denominado el Ejecutivo. Lamentablemente, el gobernador se ha caracterizado ya por su falta de tacto e instrucción política (llega tarde a las reuniones, no saluda, es insensible a las necesidades de la gente que se le acerca), porque no abona a la unidad del partido ni de su militancia (que padece una falta rotunda de liderazgo), porque además no está tampoco en la entidad que gobierna (otro caro pecado por omisión), porque incluso no se comunica asertivamente con su gabinete ni mucho menos con la sociedad (nadie entiende cuál es el mensaje que quiere dirigirle en estos tiempos aciagos), en fin, si bien el gobernador se ha reafirmado como un mandatario abúlico, desapasionado e indiferente, sólo interesado por su beneficio propio y, sobre todo, sin emoción, esto no es lo peor sino lo que esto ha ocasionado para el principal daño que tiene a la ciudadanía local horrorizada: la creciente y recrudecida violencia, que ha llegado a niveles escandalizantes y que los medios de comunicación amafiados del gobierno (Diario de Colima, Ecos de la Costa, etcétera) intentan trivializar sin éxito.
En lugar de enfrentar con responsabilidad (uno de los lemas de su campaña) el tema de la seguridad en nuestro Estado, con responsabilidad y compromiso, lo que ha hecho es huir de la realidad y culpar a los otros de un problema que si bien no sólo le corresponde a él, él es quien tendría que tener el completo liderazgo del mismo, tanto para las gestiones que deben implicar al gobierno federal como aquellas que deben construir las sinergias correspondientes con los municipios.
Pero como el estado no tiene gobierno, como no hay un gobernador fuerte y entregado completamente a su compromiso de gobernar, entonces sus omisiones pesan en la armonía y paz social. Ya culpó a los municipios, ya culpó también al gobierno federal al decir que los crímenes son de su competencia (pero olvidando que la mayoría de los crímenes del narcomenudeo son del fuero común), ya responsabilizó a la sociedad civil, todos tienen la culpa menos él, y cuando todos tienen la culpa menos uno ya sabemos quién realmente es el culpable de todo. Ya lo dijo el consultor político Daniel Eskibel: “cumplir lo prometido. Eso es lo que quiere la gente: coherencia entre las palabras electorales y las acciones de gobierno”, así que haber siquiera insinuado que la promesas de campaña no son más que una engañifa me parece en realidad la forma más burda de definir el ejercicio político, sobre todo en estos tiempos en que esperamos políticos con un alto sentido de responsabilidad, honestidad y compromiso.
Si el gobernador de nuestro estado no deja de cometer estos graves pecados por omisión y no diseña y ejecuta una estrategia clara y efectiva contra la violencia que vivimos, una estrategia que la sociedad entienda y asuma, entonces no habrá forma de que volvamos a tener la mínima paz posible.
El hecho de que se trate de una guerra de cárteles tampoco justifica que el Estado tenga que cruzarse de brazos, al contrario, es ahí cuando tiene que demostrar su poder y su deber, el más alto de todos cuanto constituyen la esencia de cualquier estado. Ya basta, pues, de no hacer. 

Tarea Política

La bonitilla política priista Mely Romero Celis, después de haberles fallado a los electores colimenses que en 2012 la eligieron para que los  representara durante 6 años al estado en el Senado de la Republica, con un gran cinismo ahora pretende una curul en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que la cuauhtemense negoció con el ex gobernador Fernando Moreno Peña dejarle a medio camino la senaduría a la suplente Hilda Ceballos LLerenas, a cambio de la subsecretaría que todavía ocupa en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación (SAGARPA). El cambiazo la convirtió automáticamente en subordinada y dependiente de su muy desacreditado patrón, Enrique Peña Nieto, y en prófuga de la representación popular que ostentaba como senadora.    

De resultar nominada por su partido candidata a diputada por el Primer Distrito Electoral Federal en las próxima elecciones, ¿con qué cara se presentará ante quienes votaron por ella para una chamba de seis años y no de tres? Doña Mely le apuesta a la desmemoria de la gente pero pasa por alto que habrá quienes le estarán recordando todos los días de campaña que ella no cumple la palabra empeñada con los electores a quienes dejó colgados de la brocha para satisfacer la ambición de su jefe político Fernando Moreno Peña. Para empatar las cosas, que esta vez  sea Hilda Ceballos LLerenas la candidata propietaria y Mely Romero Celis la suplente para que a la mitad del trienio la primera le devuelva el servicio a la segunda dejándole la curul, esto en el remoto caso de que llegara a ganar el primer domingo de junio de 2018.

Pero Mely Romero Celis no sólo quiere ser diputada federal el próximo trienio 2018-2021 a pesar de haber abandonado la plaza de senadora, sino que también se propone que su hermana Osiris Romero Celis, a quien tiene colocada como presidente del Comité Directivo Municipal del PRI-Cuauhtémoc, releve en el cargo al panista alcalde del municipio, Rafael Mendosa Godínez, misión muy difícil por cierto dado el posicionamiento de éste en el ánimo de los electores y su probada competitividad electoral. Dando por hecho que Osiris resultara nominada candidata y luego electa presidente municipal, ¿Qué garantía tendrían sus paisanos de que, igual que su hermana Mely, a la mitad de su hipotética gestión no ahueque el ala para irse a un cargo en la para entonces ya de salida administración peraltista?   

Por su oportunismo político, las hermanitas Romero Celis no son de confiar para los electores, así la que tiene en su mira la alcaldía de Cuauhtémoc  diga de dientes para afuera que las necesidades de la población deben ser las causas de su partido cuyo objetivo es “el mismo que el de la población; es decir, que se generen mejores oportunidades para poder tener un municipio eficiente, digno y sensible”. Para Osiris “lo urgente es recuperar el municipio porque en el PRI sí sabemos hacer las cosas y sí tenemos un compromiso honesto con la población”. ¡No pos’ sí¡ Nada más porque ella lo dice. Sin embargo, da en el blanco la dirigente municipal priista que puesta y dispuesta está a sacrificarse por los habitantes de Cuauhtémoc cuando opina que “se quiere un gobierno que cumpla con su responsabilidad y no que engañe y manipule sin resolver los problemas de fondo”, tal como lo ha hecho el que encabeza José Ignacio Peralta al  incumplir su compromiso públicamente asumido del “Tu seguridad es mi responsabilidad” o el clásico “Va a vivir seguro y feliz”.

EL ACABO

La diputada local plurinominal panista, Julia Jiménez Angulo, adelantó vísperas al desconocer de antemano el  resultado del conteo del Tribunal Electoral del Estado “debido al manejo irresponsable del paquete electoral de Coquimatlán de la elección a la dirigencia del partido”. Lloró antes de que el TEE le reconociera por unanimidad el triunfo por segunda ocasión  a Enrique Michel Ruiz. 

Según el todavía Procurador General de Justicia del Estado de Colima, J. Guadalupe Franco Escobar, Colima no es el estado más violento del país a pesar de la alta incidencia de homicidios dolosos cometidos en la entidad que en junio anterior llegaron a un centenar. El problema, según él, es la metodología que se utiliza, pues “aquí no clausuramos ni suspendemos eventos públicos y se siguen haciendo las cosas que normalmente hacemos”. ¿Dónde sí?, habría que preguntarle. Don Lope no entiende que lo que pasas es que los sobrevivientes de la violencia imperante se arman de valor para seguir adelante en espera de mejores días.

El robo de tubería e instalaciones sanitarias, de gas y electricidad, de cobre, ha disminuido en la entidad no por el trabajo policiaco sino porque en lugar del metal no ferroso desde hace tiempo ya se ha venido utilizando PVC. 

Estación Sufragio

De las 200 mil piedras que se pegaron en las calles del centro histórico de Villa de Álvarez, se tendrán que reponer o reforzar unas dos mil. Esto significa que el programa de pavimentación con pórfido mexicano fue exitoso en un 99.9 por ciento, dice el ex alcalde Enrique Rojas Orozco, en cuya administración se realizó la obra.

El actual diputado federal por el primer distrito afirma que la reparación del enlosado no le cuesta un centavo al Ayuntamiento que ahora preside la panista Yulenny Cortés, pues es parte de la garantía a la que se comprometió la empresa que ganó la licitación y, a su vez, subcontrató tramos de la obra a otras compañías.

Son esas subsidiarias las que llevan a cabo la reposición del pavimento decorativo, sin costo para la erario, insistió el priista. Y aclaró que si no lo hicieron a medida que se fueron desprendiendo las lajas es porque la Comuna no había dado permiso, presumiblemente buscando exhibir supuestas fallas en la obra original o presentar las tareas de mantenimiento como un nuevo proyecto de remodelación.

Sin embargo, la verdad es que el actual gobierno municipal se cuidó de no afirmar que la reparación del pórfido dañado es con cargo al presupuesto, al advertir a la población del cierre de las calles Leandro Valle y Juan Torres Virgen del 19 al 21 de julio.

En conversación con este columnista, Rojas Orozco señaló que la superficie de rodamiento es lo menos importante del proyecto de modernización de las vialidades del casco viejo, el mismo que debería haber continuado la alcaldesa Cortés.

Lo realmente costoso, dijo Kike, fue la sustitución de las redes de agua potable y drenaje que ya se habían despedazado, y eso provocaba un persistente olor a heces fecales en la zona centro.

Rojas retó a la munícipe que le sucedió en el cargo a superar lo hecho por su administración en la zona centro, donde él como alcalde sustituyó vados con puentes, repuso los viaductos que se había llevado la crecida del arroyo Pereyra, cambió las tuberías e inició el proceso de homologación en la fisonomía de calles que antes estaban empedradas, adoquinadas, provistas de huellas de rodamiento o recubiertas de asfalto.

En un sexenio estatal donde no abundan las obras públicas, los ayuntamientos también nos están quedando a deber la infraestructura que demanda la población. Los recursos federales han sido para el remozamiento del primer cuadro, por ejemplo en Colima, pero no para no para el sistema de alcantarillado y desagües que evitarían los peligroso encharcamientos que se presentan en la zona conurbada.

LA VILLA ES UN PUEBLOTE:

Hartos de que el nombre oficial de la ciudad, Villa de Álvarez, sea una condena a permanecer como una urbe de segunda categoría, cuando merecen las mismas prestaciones metropolitanas que la capital del estado a la que está conurbada, otros colimenses que como yo se avecindaron al poniente del Pereyra señalan que en la Villa los desarrolladores de vivienda “han hecho lo que han querido”.

Y los problemas que suponen esos fraccionamientos que evidentemente chocan con lo que debió ser un plan rector de desarrollo urbano en la Villa, se agravan con el tema de las vialidades y la falta de continuidad en las políticas metropolitanas.

La salida a Minatitlán que, decíamos, es una ampliación que debió haberse continuado en este trienio, parece un muestrario de todas las posibilidades de una vialidad. Tiene diferentes secciones: con laterales o sin ellas, con carriles principales más anchos que las laterales o al revés.

Y lo mismo sucede en la avenida Hidalgo que, en el tramo de avenida Tecnológico-María Ahumada de Gómez y Paseo Miguel de la Madrid, está reducida a una vía angosta cuando por su carga vehicular y su importancia como salida a El Chivato (pasando la ex hacienda de El Carmen, una de las zonas de desarrollo inmobiliario de mayor plusvalía en la Villa) debería ser una avenida de cuatro carriles.

AMPLIACIÓN QUE REDUJO:

Y a propósito de reparaciones, me dice un lector, hace poco “modernizaron” la avenida Ayuntamiento y “lo único que hicieron fue cambiar la carpeta asfáltica que funcionaba perfectamente, por una igual”.

Lo peor, “oficializaron el estacionamiento en batería y de cordón, como el usuario escoja, le pegue la gana o pueda, quitándole la posibilidad de ser una vialidad de cuatro carriles desde Soriana hasta Walmart”.

Si bien es cierto que en su primer tramo, de sur a norte que termina a la altura de la oficina de cobros de Ciapacov, en el cruce de Felipe Ahumada Salazar, es una arteria un tanto estrecha, con la modernización se perdió la posibilidad de ampliar la avenida.

Como la Prolongación Hidalgo, en ese tramo entre el segundo anillo de circunvalación y el tercer anillo periférico la avenida Ayuntamiento conecta la zona centro con esa pequeña ciudad en que se ha convertido Villa Izcalli y todos los asentamientos populares y colonias residenciales que le siguen hacia arriba.

“La modernización de la avenida Ayuntamiento terminó siendo una reducción del ancho de la superficie de rodamiento”. Y con decisiones como ésta, Yulenny Cortés está impidiendo que la Villa sea una ciudad.

¿Qué le cuesta a la alcaldesa abrir la intersección en el entronque de la avenida Real Bugambilias con la avenida Enrique Corona Morfín (antigua carretera a Comala), para que quienes desembocan en ella (tras haberla usado como ruta alterna al periférico desde la Prolongación Hidalgo), pero quieren seguir al sur, no tengan que subir hasta la glorieta de Los Perritos?

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.

Análisis Político

El Congreso del Estado de Colima, hace poco, aprobó por unanimidad la reelección inmediata de presidentes municipales y diputados locales, reforma que será aplicable en las elecciones de 2018, un tema que les beneficia más a ellos que a la población.

Por eso, les interesó más este asunto que la seguridad pública y cualquier otro rubro, porque estuvieron presentes todos y rápido levantaron la mano por unanimidad, fue en fast track.

En la reforma constitucional electoral para el caso de los ayuntamientos, el alcalde, el síndico y los regidores de mayoría podrán reelegirse hasta por un periodo inmediato solamente si compiten bajo el mismo partido por el que fueron inicialmente electos.

Otro de los cambios aprobados son: subir de 2 a 3 por ciento el porcentaje mínimo de votación efectiva para acceder a una regiduría o diputación de representación proporcional, así como para que un partido político mantenga su registro.

Hubo otra modificación en beneficio para las mujeres, la cuota será de 50-50 para que exista equidad de género en la distribución de las candidaturas.

En el caso de las listas de representación proporcional, deberán registrarse hombres y mujeres de manera alternada y aprobaron que será causa de anulación de una elección si se exceden en los gastos de campaña por más del 5%, comprar propaganda en radio o televisión fuera de la ley, además de si se acredita que haya recursos ilícitos.


Municipios panistas, con graves problemas en seguridad


Todos los municipios tienen problemas de seguridad, pero los más poblados y que son panistas son los más graves: Tecomán, Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, que están en color rojo a nivel nacional y estatal.

Pero es incongruente y lamentable que los legisladores panistas desaprovecharon la oportunidad de hablar sobre el tema con el titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien por primera vez acude al Congreso del Estado para sostener un dialogo con los diputados sobre algún tema en específico…., ya que si hacemos un recuento de hechos en los anteriores sexenios nunca se había dado este tipo de reuniones y más aún cuando es asunto de seguridad pública.

Pero lo curioso es que precisamente los diputados panistas tampoco estuvieron ni con sus propios alcaldes cuando acudieron al Congreso a tratar los temas de Seguridad Pública, eso que eran de su partido, y después de que pidieron y fue el gobernador mejor se salieron, se dijo por un conflicto legal en la presidencia del partido.

En lo que al gobernador respecta sobre este tema, manifestó estar abierto al diálogo con los diferentes niveles de Gobierno, no sólo con los diputados, alcaldes o autoridades, sino también con organizaciones de la sociedad civil u organismos empresariales, porque el tema requiere la participación de todos.

El PAN, el PRI, el Verde Ecologista y los demás partidos, incluido el que está muy dividido, el PRD, requieren tener un diálogo interno o entre partidos para cambiar su postura de descoordinación e indiferencia porque los problemas de inseguridad los viven los que votaron por ellos, ojalá haya un cambio de actitud de apoyo, de solidaridad y de congruencia sobre la realidad.

Estación Sufragio

El 27 de junio, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda del Valle de México (Canedevi) y la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios (ADI) firmaron en la Ciudad de México el Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda, cuyo propósito es mejorar las prácticas en la materia.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, al atestiguar el acto destacó que este código de ética genera un doble compromiso: el de ambas asociaciones inmobiliarias para ser los primeros en cumplir en cada una de las obras “con todos los puntos que marca la ley”, y el de la administración capitalina para poner fin a las extorsiones y a la corrupción generada por algunos servidores públicos en contra de los desarrolladores.

Un experto en urbanismo, al comentar el documento en un programa de radio, señaló que la falta de un compromiso ético provocó en el pasado, entre otros males, el despoblamiento paulatino del centro histórico y los consecuentes asentamientos de las nuevas generaciones de defeños en la periferia de la zona metropolitana.

Que por falta de vivienda a precio accesible la gente se haya trasladado a las orillas, tiene enormes costos sociales y supone pérdidas en horas hombre por los traslados de esos antiguos habitantes del centro, desde las delegaciones capitalinas más alejadas o desde municipios mexiquenses, a los centros de trabajo que siguen estando en las proximidades del casco antiguo de la ciudad.


No es ético pero sí legal


Sin duda, nos ha hecho falta en la entidad un código similar. En la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez los desarrolladores inmobiliarios y edificadores de vivienda, en mancuerna con las autoridades estatales y municipales, se las ingeniaron para atentar contra la calidad de vida de las familias que adquirieron (o rentan) una de esas casas.

Y al ir contra su propia clientela afectan a toda la comunidad. Como recordó Mancera, muchos de esos proyectos habitacionales no cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional, en términos de respeto a las normas de obligaciones, cuidado de medio ambiente, colaboración con la comunidad, responsabilidad social y la búsqueda de la excelencia.

Sin embargo, como en Colima se han venido ajustando las leyes en la materia, aquí no se viola la norma pero sí la ética. No es ilegal en nuestro estado vender casas con cinco metros de frente o incluso menos cuando se trata de un duplex. Ni tampoco construir viviendas con techos que se pueden tocar con el brazo extendido, y que por su baja altura no permiten la circulación de aire.

No falta a la ley comercializar fraccionamientos con andadores en vez de calles, o con las llamadas vialidades para uso restringido que son en realidad callejones de servicio en donde se han sacrificado hasta las banquetas para que los vehículos puedan circular, mas no estacionarse.

Por ser tan laxa, la mayoría de los desarrollos cumplen con la ley de vivienda aunque falten a la más elemental ética. No es correcto, por ejemplo, cuando entregan la colonia al municipio (y éste se los recibe) con cableado subterráneo pero sin una red de alcantarillado.

Sabemos que los encharcamientos en la zona metropolitana de Colima se deben a muchos factores, entre ellos a que hemos alterado el sistema de drenes naturales y vasos reguladores al urbanizar predios que antes fueron zonas de cultivo o praderas.

Es verdad, en el valle de Colima cada vez hay menos terreno permeable en donde se puede retener el agua de lluvia, y como resultado toda la captación pluvial de patios y azoteas va a dar al arroyo de la calle y a las avenidas con orientación norte-sur, que se transforman en auténticos canales después de una tormenta.

El agua que corre pendiente abajo por encima podría conducirse subterraneamente si tuviéramos el alcantarillado correspondiente al tamaño de nuestra urbanización. A medida que los fraccionamientos se han ido poblando y desaparecen los lotes baldíos, el problema de los escurrimientos superficiales se agudiza.

La glorieta de los perritos no se inundaría, convirtiéndose en una trampa mortal para los automovilistas en cada precipitación importante, si en lugar de un análisis de costos se hubiera hecho un cálculo hidrográfico al proyectar la inversión.

Era lógico que al irse extendiendo la mancha urbana hacia el norte de Villa de Álvarez, la cantidad de agua que llega hasta esa glorieta aumentaría, pero no sólo se siguen autorizando fraccionamientos sin el correspondiente alcantarillado sino que, desde que las acumulaciones comenzaron, no se han emprendido obras mitigatorias.


Fraccionamientos con minusvalía


Falta a la ética, por lo demás, es lo que han hecho los ayuntamientos y los empresarios de bares y restaurantes al afectar la plusvalía de fraccionamientos donde se vendió a un alto precio el metro cuadrado de terreno.

Asumiendo que cualquier espacio que se encuentre sobre una avenida es susceptible de recibir una licencia comercial (del rubro que sea y sin ninguna restricción para antros, que antes por algo eran llamados simplemente giros negros), aquí por lo visto un vaso de agua y el cambio en el uso de suelo a nadie se le niega.

En lugar de tener en la capital un distrito de bares, dejamos que estos invadieran (y devaluaran) las áreas residenciales.

En menos de una década, los fraccionamientos más codiciados por su ubicación (al norte de la ciudad, donde se registra mejor clima y se encuentran las escuelas particulares con las colegiaturas más altas) se llenaron de taquerías y expendios de micheladas. Algo que a una colonia como Chapalita, en Guadalajara, le llevó medio siglo.

Los errores y abusos que se cometen en relación a los bienes raíces no se solucionan fácilmente. Los problemas de convivencia y vialidad que se generaron al urbanizar colonias de interés social como Villa San Sebastián o Las Pichoneras, sólo terminarán demoliendo esas viviendas y haciendo una nueva traza.

Pero la radical transformación que realizó el barón de Haussmann en el París de Napoleón III, o la que dirigió Ildefonso Cerdá en el Ensanche barcelonés durante la segunda mitad del siglo XIX, son impensables en el Colima del nuevo milenio.

Impedir la devaluación de fraccionamientos residenciales como Lomas Verdes sería tan fácil como detener la proliferación de comercios. Pero ninguna autoridad y ningún empresario va a ir en contra del mercado.

No importa que los vecinos terminen los fines de semana –como en las colonias alrededor del estadio Jalisco o del recinto ferial de Guadalajara– rentando sus cocheras a los clientes de los antros.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.

Análisis Político

Colima enfrenta un problema de seguridad que sobrepasa los límites de la entidad, del país y de nuestras fronteras de la nación, por tal motivo, es lamentable que unos cuantos actores políticos le entren a cuestionar a la inseguridad mediante la grilla, cuando es un tema serio, delicado y nada simple, es complicado.

Nada se va a resolver con cuestionamientos fáciles, señalan que no hay estrategias, como si fueran expertos policiales, de que la Pgr no hace nada, que las policías municipales no agarran a nadie, que el ejército y la marina no se ven en las calles, que la policía federal se dedica a extorsionar, que la policía estatal le falta capacitación, que a la PGJ le falta salir, que los alcaldes no le entran a la seguridad, que el gobernador es el culpable de tanta inseguridad, etc. etc. 

La inseguridad pública que vive hoy Colima y en todo el país es el reflejo de numerosos factores que han influido durante años para el desarrollo de la criminalidad, y en gran parte de lo que pasa hoy aquí en Colima no depende de algún funcionario estatal o del gobernador en turno, depende de todo un conjunto de actores o funcionarios gubernamentales de los tres niveles de gobierno que antes estuvieron gobernando y que dejaron pasar y pasar la problemática en seguridad y en otros rubros, también al desorden de miles de familias y de muchos jóvenes que ingresaron a la drogadicción, entre otros factores. 

Los ayuntamientos y los legisladores del Congreso deberían estar más activos y  participativos en el tema de seguridad, integrados a un gran equipo institucional para analizar y actuar como buenos legisladores, pero resulta que desde que comparecieron los alcaldes, la mayoría de los diputados no se presentaron y ahora con la reunión con el gobernador, los de la fracción panista se salieron mejor, pareciera que no hay interés, pero en esta tarea deberían incorporarse también las organizaciones sociales, empresariales, partidos políticos, inclusive medios informativos y las familias, toda la ciudadanía, para cuando menos prevenir los robos a casa habitación y de que los jóvenes o sus hijos no caigan en la drogadicción. 

Nacho Peralta tiene en puerta otro gran desafío ni duda cabe, y vemos que no ha claudicado o bajado la guardia en materia de seguridad, nos consta que ya venció otros, el político primero para llegar a la gubernatura, después el financiero ante un verdadero desastre económico estatal.  

El Gobierno del Estado de Colima, que representa ahora Ignacio Peralta, no ha claudicado, pese a que la propia Secretaría de Gobernación reconoció aquí en Colima que nuestra entidad tiene un conflicto de lucha entre las organizaciones criminales, por ello el aumento de los homicidios dolosos y es lógico que hay preocupación social, pero también sabemos hay un compromiso de Nacho indeclinable para que se restablezcan las condiciones de seguridad en el Estado, así lo dijo en el Congreso ante los diputados locales.

Pero pidió algo razonable, no tratar de politizar el tema de la inseguridad, porque ello es “absolutamente deleznable” y comentó que el reto de la seguridad es grandísimo, porque el crecimiento delictivo se ha registrado prácticamente en todo el país, pues durante 2016, 24 de las 32 entidades federativas registraron un incremento en el número de homicidio y el mayor incremento según datos de la Secretaría de Gobernación el crimen organizado está el Pacífico mexicano, en donde los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, han resentido más este problema.

Paracaídas

Las elecciones pasadas dejaron al priismo local en bancarrota. Esta gran pérdida, no sólo de posiciones políticas (la mayoría de las alcaldías, incluso el Congreso local), sino sobre todo de credibilidad, han obligado a los rojiblancos a buscar (deliberada o inconscientemente) recuperar posiciones de poder a como dé lugar, todo con el fin de que su gran estructura humana no se quede igualmente a la deriva. 

Fue esta la razón por la cual cooptaron al Congreso del Estado, por un lado con los llamados PRIindependientes (Nicolás Contreras, Javier Ceballos y Luis Ayala) y por el otro con los PRIpanistas (Crispín Guerra, Julia Jiménez y Riult Rivera, comandados por Pedro Peralta Rivas, primo del gobernador Nacho Peralta). 

También secuestraron la mayoría de los medios de comunicación y con ello los mayores espacios naturales para ejercer la libre expresión: Diario de Colima y El Mundo desde Colima (cuyos dueños son tíos del mandatario estatal), Colima Noticias y Ecos de la Costa (de filiación Arnoldochista), AFmedios, etcétera, los cuales no tienen ni penetración ni prestigio ni pertinencia comunicacional ni credibilidad pero reciben (sobre todo Diario de Colima) cantidades millonarias por hablar bien del Ejecutivo estatal, enlodar a las alcaldías y actores políticos panistas y solapar las tropelías de aquellos servidores públicos que los benefician económicamente. Son los encargados (a la manera de los sicarios) de amedrentar a todos aquellos que hacen críticas a labor de la actual administración, a través de la amenaza y la difamación. 

Por si esto fuera poco, el gobierno del Estado ha intervenido la vida interna de los partidos más endebles (PRD, Verde Ecologista y PT), trastocando con ello la verdadera pluralidad partidista y democrática, y, no conforme con esto, ha minado la política interna de la todavía primera fuerza política del Estado: el Partido Acción Nacional, dividiendo a su militancia a fin de que este instituto político se convierta en otro de sus satélites, el fruto más grande y jugoso de todos. ¿Se pueden imaginar lo rico que resultaría este botín para los derroches políticos del PRI? 

Lo que está en juego en la elección interna del PAN, donde por fortuna ha vuelto a imponerse Enrique Michel, no es simplemente el destino de una corriente de políticos albiazules sino, más que nada, que la sociedad colimense se quede sin una fuerza real de oposición a un gobierno al que, ya lo vimos en el pasado encuentro del gobernador con los legisladores, lo único que le importa es buscarle culpables a la crisis de inseguridad que vivimos, incluso responsabilizando a la misma ciudadanía de no poner de su parte en el combate a este flagelo que nos tiene volteados de cabeza y ya probó cien veces la incapacidad del Estado para socavarlo. 

No debemos permitir, pues, que la mentira que nos quiere imponer el gobierno estatal sobre la crisis que atravesamos venza a la agria verdad que padecemos todos los días. Los panistas verdaderos, por eso mismo, tienen un alto compromiso social: no permitir que el PRI los gobierne porque entonces la sociedad se quedará sin un solo bastión para combatir la corrupción, la represión, la impunidad y las injusticias cometidas por el PRI/gobierno, además de que el sueño de la alternancia democrática para 2021 (que muchos deseamos) quedaría por los suelos.

Estación Sufragio

Cuando parecía que el gobierno de Ignacio Peralta seguiría rehuyendo la cuestión, este martes el mandatario estatal compareció ante los diputados locales (en una reunión de trabajo en la sala de juntas, no en la solemnidad del pleno) para presentar un análisis situacional, la estrategia a seguir y las acciones implementadas, además de hacer algunas reflexiones sobre el tema de la inseguridad en Colima.

Contra lo que nos hizo creer el mordaz autor de un meme quien citó en las redes sociales una supuesta expresión del Gobernador ante la Legislatura, como si en efecto “Vas a vivir feliz, seguro”, hubiera sido un simple eslogan electorero, una promesa incumplida (la principal de todas), Nacho Peralta dijo en el Congreso que “el compromiso con el combate a la inseguridad y la delincuencia por parte del gobierno del estado es total y absoluto”, y no deriva de un lema de campaña política sino de una convicción.

Con 22 de los 25 legisladores presentes y habiendo dejado afuera a la delegada del CEN del PRD, Martha Zepeda, quien le solicitó ingresar pese a que el Sol Azteca no tiene representación en el Congreso, Peralta Sánchez estuvo acompañado por los tres funcionarios del gabinete de Seguridad que han sido evidentemente rebasados por la situación.

Estar pasmados ante lo que pasa en la entidad (un auténtico exterminio) no les ha quitado el sueño y mucho menos el empleo a Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno; Francisco Javier Castaño Suárez, secretario de Seguridad Pública, ni al procurador José Guadalupe Franco Escobar, quien hasta aspira a convertirse en fiscal general.
 
Contrario al mensaje pesimista que se ha filtrado a los medios de comunicación en el sentido de que Colima es campo de batalla entre los dos cárteles que se disputan la plaza y prácticamente sólo cabe esperar a que alguno de los bandos se imponga, el Gobernador dijo a los legisladores que su administración tiene un compromiso “sólido e indeclinable para restablecer en la medida de nuestras facultades y posibilidades, el estado de derecho y la no impunidad”.

Hay que mencionar lo que el vulgo entiende por disputarse la plaza: mantener el control del puerto de Manzanillo para el trasiego de drogas y arrebatarse el negocio del narcomenudeo en las tres zonas metropolitanas del estado. 

Esta guerra entre cárteles ha ensangrentado al estado, cobrado cientos de vidas jóvenes y desalentado a una clase empresarial que ya no tiene certeza para sus inversiones. Cuando el Gobierno dice que existe un compromiso para reestablecer el estado de derecho, puedo oir un coro de ciudadanos gritar desde atrás de la línea amarilla que delimita la escena de un crimen: “¡Se están tardando!”

JIPS apeló una vez más a la participación de los otros dos órdenes de gobierno, los otros dos poderes del estado y a la sociedad civil, y reiteró que tratar de politizar el tema de la inseguridad (lo cual significa qué: ¿culpar al Ejecutivo?) es absolutamente deleznable.

En el Congreso, Ignacio Peralta comentó lo que ha venido señalando en otros foros: 

- el crecimiento delictivo se ha registrado prácticamente en todo el país (durante 2016, en 24 de las 32 entidades federativas hubo un incremento en el número de homicidios); 

- una de las regiones del país que resintió mayor presencia del crimen organizado fue el Pacífico, donde estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero han padecido este problema;
 
- y, según reportes de la PGR, es en aquellas entidades del país donde se vive una confrontación de grupos delictivos, donde se ha presentado un aumento en los asesinatos.
 
Colima no podía ser la excepción, aunque en 2016 tuvimos escasos 524 homicidios dolosos, ubicándonos en la posición número 17 a nivel nacional, lejos de Guerrero, estado de México y Michoacán que ocuparon los tres primeros lugares.


OK, CALDERÓN. ¿Y PEÑA NIETO QUÉ?

Como otros gobernadores priistas, Peralta Sánchez ubicó el origen del problema en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando, dijo Nacho, se erró en la estrategia nacional y en el país comenzó a crecer el número de homicidios dolosos, situación que no se ha revertido. En ese sentido, subrayó, la tendencia de Colima es similar a nivel nacional.
 
Sin embargo, es obligada una actualización de este diagnóstico. Se habría podido usar en 2013, recién terminada la administración del panista, pero no en 2017 cuando está a punto de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto.
 
Habría sido fantástico oirle mencionar a JIPS qué de lo que han hecho o deshecho los priistas en su regreso a Los Pinos provocó este “conflicto nacional [que] tiene consecuencias en nuestro territorio [y] que se refleja en un incremento de la violencia”.

Lo dejó muy claro el mandatario estatal: el problema de la inseguridad se deriva de la acción (eufemismo para impunidad) de la delincuencia organizada, ya que los homicidios del fueron común (¿también los feminicidios?, porque les recuerdo que recientememte nos declararon la alerta de género) se mantienen en Colima en cifras incluso por debajo de cuando Colima era el estado más seguro del país.

Por ejemplo, en 2016 hubo 62 homicidios del fuero común mientras que del fuero federal (esos que se relacionan con delitos como el narcotráfico o implican el uso de armas de fuego de uso restringido a las fuerzas armadas) se registraron 462 en 2016.

Nacho Peralta hizo el recuento de los resultados de la estrategia de seguridad, conseguidos pese a las limitaciones financieras. El esfuerzo del actual gobierno estatal en materia de seguridad es el más importante en la historia de Colima, “pero no estamos satisfechos”, aclaró.

Vale decirle al Gobernador que tampoco la sociedad está satisfecha, y que a la ciudadanía no la conmueven los esfuerzos de la administración Peralta. Ya entendimos dónde está “el origen del problema”, lo que queremos saber es si este gobierno estatal piensa hacer algo para resolver el problema de raíz, o tendremos que esperar a que venga un nuevo presidente de la república a poner orden.

MI correo electrónico: carvajalberber@gmial.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.

Tarea Política

Cien millones de pesos es la cifra mágica redondeada que dispara en automático la furia del sicario sindical Audelino Flores Jurado, en contra de la Administración Municipal de Tecomán, presida quien la presida, pero con más furor si se trata de una como la 2015-2018 con los colores azul y blanco del Partido Acción Nacional. Es la misma historia de los trienios 2003-2006 y 2009-2012 que parece ya olvidaron los ahora aliados políticos de José Ignacio Peralta, ex alcaldes Elías Martínez Delgadillo y Saúl Magaña Madrigal, respectivamente.  
La voluntad política que José Ignacio Peralta dice que debe existir para resolver la problemática existente entre el Ayuntamiento de Tecomán y el sindicato de burócratas de esa localidad, habrá de ser de tal envergadura y alcance que vaya a las causas estructurales de la misma: Los sueldos y salarios, prestaciones y demás yerbas, que desde siempre y cada revisión contractual más, han estado estratosféricamente por encima de las prevalecientes en el sector privado de la muy deteriorada economía municipal. Urge desde hace años ya un nuevo acuerdo laboral que establezca derechos y obligaciones compatibles con los prevalecientes en las empresas que contribuyen a las finanzas municipales que siempre serán insuficientes para satisfacer la voracidad de Audelino y sus huestes. 
No se trata de que cada vez que Audelino y sus compinches de otros municipios como Colima o Villa de Álvarez, por ejemplo, les acumulen a los ciudadanos montos de cien millones de pesos, lleguen al rescate ni el Gobierno del Estado ni el Gobierno Federal, sea con dinero a fondo perdido o vía el endeudamiento. Si de verdad a José Ignacio le interesa que “a Tecomán le vaya bien y que sus habitantes estén debidamente atendidos y que la autoridad municipal haga su trabajo de acuerdo a las obligaciones que tienen claramente marcados en el artículo 115 Constitucional”, que deje de alcahuetear a sus aliados caciquillos sindicales con los que desde el inicio de su decepcionante mandato se confabuló para golpear a las administraciones municipales panistas de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. 
Los funcionarios y empleados de confianza de la administración municipal de Tecomán están haciendo su trabajo, pero los trabajadores sindicalizados ni atienden a los ciudadanos ni permiten que aquellos lo hagan. En lugar de prestarle a la comunidad los servicios a que por Ley están obligados, los grillos floristas concentrados están en el edificio principal de la Presidencia agrediendo verbal y físicamente a sus jefes a quienes odian con odio jarocho. La furia e irracionalidad sindical es tal de que el mismo hijo del dueño de la franquicia, Alejandro Flores López, ha emprendido feroz campaña para que sus camaradas se alejen de los negocios cuyos propietarios no les aplaudan sus trapacerías. 
Da en el blanco José Ignacio Peralta cuando declara aspirar a que se reestablezcan a la voz de ya los servicios públicos municipales, “ya que la población no es responsable de ese problema, además que pagan sus impuestos, merecen un municipio limpio y bien atendido”, por lo que al menos deben  corresponder en parte lo mucho que les cuesta mantener la excesiva y muy onerosa planta laboral sindicalizada, habría que precisar.
EL ACABO
El principal compromiso que se debe asumir  en la mesa de diálogo entre la parte patronal y la sindical que propone llevar a cabo José Ignacio Peralta, es revisar a fondo y en serio, de manera integral, la insostenible carga de sueldos y prestaciones prevaleciente en la administración  municipal de Tecomán. Un nuevo acuerdo laboral es impostergable.
*Columnista #G8 Independiente.

Desde la Curul 26

La decisión adoptada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de revocar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de la sesión extraordinaria del pasado 11 de abril, donde se había confirmado la decisión de declarar ganador a Enrique Michel Ruiz, parece que está causando más dolores de cabeza de los que esperaban los azules.
La manera en que resolvió la Sala Regional Toluca el martes 4 de julio el Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales Ciudadanos número JDCE 29/2017, cimbró a la cúpula panista en el estado que no supo cómo reaccionar, y tuvieron que transcurrir prácticamente 24 horas, para que por fin acertaran a enviar un boletín de prensa hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente, el 5 de julio.
De hecho la aspirante que impugnó la resolución del Tribunal Electoral del Estado, la diputada Julia Licet Jiménez Angulo, le ganó al comité estatal también el manejo de redes, pues antes de que se emitiera el boletín del comité directivo estatal del PAN, la aspirante a convertirse en la “jefa” de los panistas del estado, dirigió un mensaje a través de la red social de Facebook, (https://www.facebook.com/search/top/?q=julia%20jim%C3%A9nez) a sus seguidores donde posteó que “el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional con sede en Toluca  nos dio la razón, por mayoría revocó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima que favorecía al otro candidato (Enrique Michel)”.
“Lo que demuestra que sí hubo anomalías en la elección, por lo tanto el recuento de votos para nombrar un nuevo ganador”, dice la legisladora.
Julia Jiménez expresa su reconocimiento a los magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y reitera su confianza en el máximo organismo jurisdiccional en el estado, “deposito mi confianza en el Tribunal Electoral del Estado de Colima. Sé que una vez que se abran los paquetes electorales no quedará ninguna duda de que ganamos la elección”.
En el mensaje con video que subió a su muro de Facebook la aspirante a la dirigencia estatal del PAN afirma que “segura estoy que no habrá trampa alguna que impida nuestro triunfo. Estaremos muy atentos de lo que viene y no claudicaremos en la firme intención de hacer valer el voto de la militancia que sin duda nos favoreció el pasado 18 de diciembre”.
Fue hasta entonces, que los que despachan desde el Edificio Azul, por la Avenida de La Paz, reaccionaron y ordenaron enviar el boletín de prensa donde en declaraciones del presidente estatal Enrique Michel Ruiz, quiere mostrar confianza en que el resultado no cambiará, pues indicó que:
“No me cabe la menor duda, que una vez que se abra la urna de la casilla de Coquimatlán y se realice el recuento de los votos, se ratificará el triunfo del día 18 de diciembre de 2016, y se dará certidumbre y tranquilidad, también al equipo de Julia Jiménez”.
En entrevista con quien esto escribe el presidente del comité directivo estatal del PAN en Colima, dijo estar enterado de que su partido ya había sido notificado directamente en la ciudad de Toluca, de la resolución dictada en la sesión de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se me hace que alguien no le ha dicho a Michel que puede variar el resultado
Yo creo que alguien no le ha dicho al ingeniero Michel, que de encontrarse los elementos en las boletas de votación que se encuentran contenidas en la urna del centro de votación de Coquimatlán, el resultado podría variar y en determinado momento declarar triunfadora a la candidata Julia Licet Jiménez.
Han enviado al menos dos boletines de prensa, para tratar de vender la idea de que el resultado, sea cual fuere lo que encuentren los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, no cambiará la decisión adoptada por la Comisión Jurisdiccional del comité ejecutivo nacional y que el mandamás seguirá siendo Enrique Michel.
Todavía en un comunicado emitido este domingo, el comité estatal del blanquiazul culpa al diputado Riult Rivera, de tratar de confundir e insisten en que “…no hay irregularidad ni pruebas determinantes que acrediten una causal de nulidad del centro de votación de Coquimatlán…”
Insisten en que la elección es legal, claro, mientras no se demuestre lo contrario y por eso está impugnada, respecto a lo que señala el comunicado en el sentido de que “…la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cabe reiterarlo, no revocó la elección, como se ha dado a conocer en diferentes medios, los Magistrados que hacen el engrose de la sentencia reconocen que no hay irregularidad ni pruebas determinantes que acrediten una causal de nulidad del centro de votación de Coquimatlán, pero ordenan una diligencia de apertura del paquete electoral a fin de que el Tribunal Electoral del Estado de Colima realice un nuevo recuento de la segunda vuelta de la votación en dicho Municipio”.
O sea el comité estatal a todas luces trata de confundir a su militancia, diciéndole que si la Sala Regional no anuló la casilla de Coquimatlán, ya todo está bien, cuando no es así.
¿Qué va a pasar este martes o a más tardar el miércoles cuando el Tribunal Electoral del Estado, vaya a abrir la casilla?
Lo primera será revisar el acta de la segunda vuelta; posteriormente tendrá que verificar el número de boletas y cuantos son para cada aspirante, esto es cuantos votos son para Enrique Michel y cuántos para Julia Jiménez.
Pero lo interesante será que los magistrados del Tribunal Electoral verificarán los votos que se anularon en esa casilla, y que se cree que en su muy amplia mayoría estaban a favor de Julia Jiménez, hasta que “manotas” se apareció por el centro de votación.
A una amplia mayoría de panistas, sobre todo los que apoyan a Julia, --y hasta a Michelistas o Preciadistas--, “algo sucedió”, y eso me lo confesó uno de los seguidores de Jorge Luis, la misma madrugada del día siguiente de la elección, cuando me confió que hasta cuando llegaron las cosas al centro de votación de Coquimatlán, Julia le había incrementado la ventaja sobre Michel, que había logrado en la primera vuelta.
Y hasta me dijo “pinche Orlando (refiriéndose al alcalde de Coquimatlán), la supo hacer, se la sacó de la manga…”
Según las cifras oficiales del PAN, la primera vuelta la ganó Julia Jiménez al lograr mil 534 votos, contra mil 521, que obtuvo Enrique Michel en la primera ronda.
En la segunda ronda, de acuerdo a las cifras oficiales del Partido Acción Nacional, ganó Enrique Michel con mil 431 votos, contra mil 379 sufragios de la diputada Julia Licet Jiménez, esto es una diferencia de 52 votos.
Sin embargo dicen los propios panista que mientras en la primera ronda apenas hubo SIETE votos nulos; en la segunda vuelta se anularon 293 sufragios.
Si analiza las cifras, Michel Ruiz, obtuvo menos votos en la segunda vuelta, que en la primera, pues de mil 521 votos que había alcanzado originalmente, en la segunda solo logró un mil 431 sufragios, es decir 90 militantes le quitaron su respaldo, por eso los mismos seguidores de Jorge Luis Preciado, que conocieron las cifras, señalaron que Julia Jiménez había incrementado su ventaja en la segunda vuelta, hasta que llegaron a Coquimatlán.
Julia Jiménez por su parte en la primera vuelta ganó con un mil 534 votos sin embargo en la segunda vuelta solamente le acreditaron un mil 379 sufragios, esto es 155 votos menos que en la primera ronda, sin embargo hay que decir que la mayor parte de esos sufragios, fue porque se los anularon en Coquimatlán, y es lo que se va a revisar.
No van a aceptar el resultado…
Conociendo a los que mandan al interior del PAN, desde este momento le puedo anticipar que sea cual fuere el resultado que finalmente consigne el Tribunal Electoral del Estado, ya sea favorable a Enrique Michel o a Julia Jiménez Angulo, la cosa no dejará a nadie satisfecho, por eso el comité estatal está empecinado en vender la idea de que no modificarán el resultado.
La dirigencia estatal del PAN jura y perjura que el paquete de Coquimatlán, el cierre,  “…se hizo conforme a la normatividad interna del Partido acorde a los principios electorales. Terminada la elección, se dio el resguardo debido, por la Comisión Estatal Organizadora, instancia nombrada para el efecto, acreditada por la Comisión Permanente Nacional y en presencia de los representantes de los candidatos, que atestiguaron el envío en tiempo y forma al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el día 21 de diciembre, conforme lo establece la Convocatoria…”
Y arremeten en contra del diputado Riult Rivera, quien fuera  representante de la contendiente Julia Jiménez, aduciendo que  “…las declaraciones que ha venido haciendo en el sentido de que no tienen ningún sustento y podrían confundir a la militancia y sociedad en general. El paquete fue cerrado, resguardado y enviado en los términos marcados por la ley y él mismo propuso y aceptó la cadena de custodia de los paquetes electorales.”
Todo porque les ha venido diciendo que del nuevo recuento surgirá al ganador de la elección.
Pero lo más jocoso es cuando el comité estatal señala que “…la decisión tomada por los magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  (TEPJF), dijo que viene en el sentido de reformular la sentencia emitida en su momento por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), “pero es para mejor proveer, en ningún momento hablaron de revocar el triunfo”, dijo el presidente estatal del Partido Acción Nacional.”
Conozco al ingeniero Michel desde hace ya varios ayeres y sé que no tiene un pelo de tonto, por eso mismo creo que quien está tratando de confundir a los panistas es él o la gente que lo rodea, porque solamente en su imaginación cabe el hecho de que los magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están ordenando la apertura de la casilla solo “para mejor proveer”, pero no se cambiará la determinación aun cuando haya los elementos para hacerlo.
El resolutivo aprobado por dos de los tres magistrados que hacen pleno en la Sala Regional, fue en el sentido de que “el JDCE 29/2017, conforme al criterio de la mayoría, se resuelve: Único.- Se revoca en lo que fue materia de impugnación la sentencia del 11 de abril de 2017, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, dentro de los autos del Juicio Para la Defensa Ciudadana Electoral número JDCE-03/2017 y sus acumulados JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017, para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia”.
En fin no falta mucho para saber cómo concluirá el asunto, lo que sí le puedo adelantar es que el grupo que desde hace ya varios años está manejando el blanquiazul, como si fueran los dueños de la franquicia, no van a entregar la plaza tan fácilmente.
Eso mismo ocurrió hace tres o cuatro años, en la elección entre el hoy ex alcalde de Coquimatlán Salvador Fuentes Pedroza y el hoy ex regidor del Ayuntamiento de Colima, Pedro Peralta Rivas, estos personajes se enfrascaron en serio en una pelea sin cuartel y quien ganó fue Jorge Luis Preciado, que supo moverse en el comité ejecutivo nacional para imponer a Jesús Fuentes Martínez y los resultados todos los conocen.
Esta vez si las cosas se vuelven a poner color de hormiga, desde este momento vaya pensando quién le gustará como presidente o presidenta designada en el PAN estatal, porque no van a dejar llegar a Julia Jiménez y preferirán sacrificar a Enrique Michel y meter un tercero o una tercera en discordia, antes de aceptar que les ganaron en las urnas… al tiempo.
Para cerrar….
**Esta semana habrá mucho movimiento en el Congreso del Estado, primero este martes deberá realizarse la reunión de trabajo, no comparecencia, del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura, para conocer de voz del mandatario estatal qué acciones se vienen llevando a cabo en materia de prevención del delito en el estado, así como también conocer cuál es la estrategia que ha adoptado el estado, para abatir los índices de inseguridad en el estado.
La reunión dicen que será abierta y será a las 12:00 horas en la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, del Congreso del Estado. La reunión la dirigirá el diputado Octavio Tintos Trujillo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública… ya le platicaré como se pondrá el asunto.
Diputados viajeros…
**Por cierto déjeme decirle que de entrada a la reunión de trabajo con el gobernador, no asistirán al menos tres diputados, el panista Crispín Guerra Cárdenas; el petista, Joel Padilla Peña; y el priísta, Santiago Chávez Chávez…. ¿quiere saber la causa?
Bueno pues resulta que “…por su contribución en el desarrollo de Iberoamérica (como los) mejores servidores públicos”, se hicieron acreedores al premio Internacional Pablo de Tarso 2017, mismo que entrega un organismo denominado “Instituto Mejores Gobernantes A. C.”, a los mejores servidores públicos de Iberoamérica, de manera coordinada con de manera coordinada con el Centro Internacional de Gobierno de la Universidad “Camilo José Cela” de Madrid, y la Asociación de Municipios de México (AMMAC).
Debo decirle que para recibir este galardón habían sido enlistados DOCE de los 25 diputados que integran esta Legislatura, pero al final solo los tres antes señalados, decidieron viajar al viejo continente, y será hasta el jueves o viernes cuando ya estén de regreso a nuestra entidad, portando cada cual la estatuilla “Pablo de Tarso 2017”.
Otros que viajaron  a Madrid, España a recibir el premio, está la alcaldesa de Lerdo, Durango. María Luisa González Achem.
No sé, si será el mismo, pero de acuerdo a la enciclopedia Wikipedia y a la Enciclopedia Biográfica en Línea “Biografías y Vidas”, Pablo de Tarso, es conocido como “San Pablo de Tarso.- (Saulo de Tarso, también llamado San Pablo Apóstol; Tarso, Cilicia, h. 4/15 - Roma?, h. 64/68) Apóstol del cristianismo. Tras haber destacado como furibundo fustigador de la secta cristiana en su juventud, una milagrosa aparición de Jesús convirtió a San Pablo en el más ardiente propagandista del cristianismo, que extendió con sus predicaciones más allá del pueblo judío, entre los gentiles: viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina y escribió misivas (las Epístolas) a diversos pueblos del entorno mediterráneo.”
Insisto no sé si será el mismo personaje, pero la estatuilla que les dieron, si es parecida al de una persona con hábitos. Ya les preguntaré a los diputados
** En otro asunto déjeme comentarle que desde este lunes se estarán realizando reuniones de trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para tratar de lograr los consensos entre las distintas fracciones para tratar de llegar a acuerdos que permitan sacar a la voz de ya la Ley Anticorrupción del Estado de Colima.
El plazo para que entre en vigor es el 19 de este mes y es tiempo que no hay consensos para presentar un dictamen.
Le comento que en el Congreso hay al menos otras tres iniciativas al respecto, al menos dos de ellas presentadas por diputados del Partido Acción Nacional, si la memoria no me engaña, la presentaron la diputada Martha Leticia Sosa Govea y el diputado Riult Rivera Gutiérrez… otra vez les llegan las urgencias de sacar una ley de tal envergadura al cuarto para las doce.
La idea es presentarla en el pleno en la sesión del próximo jueves convocada a partir de las 12:00 horas, ya “Desde la Curul 26”, le daré a conocer como se pone el asunto.
**Finalmente para concluir me permito informarle que esta semana estuvo cargada de hechos luctuosos muy lamentables, primero el pasado martes se nos adelantó en el viaje sin retorno el maestro Salvador Olvera Cruz, periodista, académico, profesor normalista, escritor, cronista, y lo principal, mejor amigo, por lo que por este conducto envió mis sinceras condolencias a sus hijos, esposa y demás familiares.
Asimismo el pasado viernes falleció el licenciado Héctor Silva Ochoa, toda una institución dentro del CBTIS 157, y que lamentablemente por grillas internas, no se permitió rendirle homenaje en la institución a la que se entregó en cuerpo y alma; él fue hermano del licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa… Descanse en paz.
Y este domingo, según me confiaron algunos amigos, dejó de existir el maestro Jesús Amezcua Pizano, profesor colimense de los buenos. Como profesor luchó por tratar de democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE VI), por lo que tuvo fuertes confrontaciones con aquellos líderes como José Arellano Barragán, Aureliano Hernández Alonso y José María Valencia, entre otros.
Los tres que se nos adelantaron en el viaje, sin duda, grandes hombres que aportaron al estado, su granito de arena, cada uno desde su trinchera… A sus familiares y amigos les hago llegar un fuerte abrazo, deseando que en la solidaridad fraterna, encuentren el bálsamo que mitigue su pena. Descansen en paz.

Estación Sufragio

La recomendación (número 08/2016) emitida por la Comisión (estatal) de Derechos Humanos el 19 de diciembre del año anterior, y el exhorto que acaba de hacer el Congreso del Estado al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, a fin de que se dé cumplimiento a la misma, ponen el dedo en la llaga respecto a uno de los temas más espinosos en la relación del poder y los medios: la asignación de la publicidad oficial.

El punto de acuerdo que redundó en el exhorto fue presentado por la diputada panista Martha Leticia Sosa Govea, quien dijo que a pesar de que la autoridad aceptó la recomendación emitida por el ombudsman, e informó que está en proceso la elaboración de un protocolo para el otorgamiento y distribución de publicidad oficial, a cuatro meses de que se venciera el plazo establecido por la CEDH el proceso de cumplimiento de la recomendación se encuentra estancado.

Como ello es en demérito de los periodistas y de los medios de comunicación de la entidad, Sosa Govea consideró necesaria mayor rapidez en la diligencia para cesar la violación a los derechos humanos de los comunicadores sociales. 

En octubre de 2012, el propietario de Diario Avanzada presentó una queja ante la Comisión por considerar que el Gobierno estatal violenta “diversos derechos que tiene como persona, periodista y medio de comunicación”. 

En esa queja se asentó que el Poder Ejecutivo hace “uso de la publicidad oficial como instrumento de presión y amenaza hacia los periodistas y medios de comunicación de la entidad, para intervenir en su criterio editorial”, recordó la exalcaldesa de Manzanillo.

La CEDH consideró fundada y motivada esta queja, procedió a su estudio y tras un análisis el ombudsman consideró las pruebas y alegatos presentados por el medio quejoso, pero también consideró los allegados por la Secretaría General de Gobierno.

VIOLACIÓN CONSTANTE:

La recomendación se emitió con la finalidad, primero, de que se giren instrucciones a quien corresponda para que se emitan lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes que deberán hacerse públicos, buscando garantizar la igualdad de oportunidades en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación.

Segundo, que el Ejecutivo gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleve a cabo la supervisión de la asignación de publicidad oficial por parte de las distintas dependencias y organismos públicos estatales, que incluya la evaluación adecuada de la asignación en la contratación que realice conforme a procedimientos y criterios claros, imparciales y transparentes.

Aquí lo interesante son los motivos que llevan al grupo parlamentario del PAN a dar seguimiento y vigilar que se cumpla la recomendación: los diputados panistas comprobaron según ellos que los actos y las decisiones del Gobierno estatal “son contrarias de manera permanente al respeto de los derechos de libertad de expresión, legalidad, seguridad jurídica y derecho de informar a la sociedad”.

En ese sentido, la iniciativa de Sosa Govea para buscar el punto de acuerdo “busca contribuir a la protección y al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos del estado, sobre todo, a aquellos que la Comisión de Derechos ha dictaminado, con pruebas fehacientes, como víctimas de violaciones a sus derechos por parte de autoridades gubernamentales”.

La ex coordinadora de la bancada albiazul afirmó que los periodistas y los medios de comunicación en que laboran, han sido sujetos de transgresión al derecho de libertad de expresión y de informar a la sociedad, resumió en su nota el reportero de El Comentario, Juan Ramón Negrete.

COMERCIAL O POLÍTICO:

La gran pregunta es qué tipo de pruebas debe presentar la Secretaría General de Gobierno para demostrar que la administración de Ignacio Peralta ha cumplido la recomendación de Derechos Humanos.

Se habla de un protocolo, lo que reviste ciertamente una mayor formalidad que una serie de lineamientos. Aunque, de entrada, no es aplicable el criterio lopezportillista de: “No pago para que me peguen”. Ni se admiten actos de autocensura como los que derivan de expresiones serviles: “Hay que ejercer la libertad de expresión, pero no el libertinaje”.

Especialmente en economías como la nuestra, con una precario mercado de anunciantes y una marcada concentración de los medios de comunicación, ¿el Gobierno está obligado a anunciarse en aquellos periódicos, radiodifusoras, televisoras o portales de internet que difícilmente podrían sobrevivir sin un subsidio?

Hay enfoques que privilegian el aspecto comercial. En algunos sistemas de comunicación social los medios se catalogan en función de su influencia, medida por tirajes, circulación, audiencia o número de suscriptores; valores que son más fáciles de certificar en los medios electrónicos y, ahora, en los digitales.

En otros sistemas comunicacionales se hace un reconocimiento a la representatividad de los medios: cuáles dan voz a grupos vulnerables o marginales de la población. O a su pertinencia: cuáles ejercen un periodismo que contribuya a la democratización de la sociedad o la educación del pueblo. 

Para calificar a los medios en atención a la pluralidad política o en función de su pertinencia social, en otros países se han integrado consejos ciudadanos o se deja la responsabilidad de decidir a un organismo público aprobado por el parlamento.

Un protocolo de esta naturaleza para Colima debe partir de considerar a los comunicadores y, especialmente a los periodistas, agentes para la mediación social; debe comenzar por entender a la prensa como un auténtico cuarto poder e, incluso, como oposición; y de aceptar que en la sociedad de la información, la opinión pública ya no se agota en las industrias mediáticas pues cada vez es más notorio el peso de las redes sociales.

Empiezo a entender por qué no ha cumplido Arnoldo Ochoa con el compromiso de elaborar un protocolo para el otorgamiento y distribución de publicidad oficial. No sabe en la que se metió el secretario general de Gobierno, concretamente porque hay medios que, por su cercanía al poder, pretenden monopolizar el presupuesto estatal de comunicación social.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com


Paracaídas

Vivimos una etapa en la que la legalidad ha rebasado a la justicia, fin último y no medio para acceder a la paz y armonía social. Los verdaderos jueces, lo sabemos todos, deben aspirar a alcanzar la justicia aun teniendo que pasar encima de la legalidad, aunque lo ideal es ser justo sin ser ilegal.

Dos hechos recientes en nuestra entidad nos ponen a pensar seriamente en este ámbito de nuestro Estado de Derecho: el conflicto Sindical suscitado en Tecomán y la reciente resolución que dio el Tribunal con respecto a la elección interna del Comité Directivo Estatal del PAN, donde resultara triunfador Enrique Michel Ruiz.

Con respecto al primer conflicto, recrudecido innecesariamente hasta poner en riesgo la integridad física de algunos funcionarios de primer nivel del ayuntamiento, me parece que en principio hay algo que salta de inmediato a la vista: la presencia de un líder sindical, Audelino Flores, que se ha perpetuado en el poder sindica de tal modo que ha corrompido las estructuras de fondo del mismo y el fin real de la función sindical. Audelino Flores, a la manera de cualquier tirano, ha hecho del sindicalismo una empresa propia en la que los mayores beneficiados de sus dividendos son sus propios familiares, y ahí está el caso de su hijo, actual líder del priismo tecomense, que fue sindicalizado a través de argucias que, como he dicho, si bien tienen la apariencia de ser legales, como quizá lo sean, son claramente injustas por el visible conflicto de interés que existe teniendo a su padre como líder sindical. No dudo de que el gobierno municipal pueda tener deudas con los sindicalizados, todas conforme a la ley,  pero estas deudas a prestaciones sindicales deberían reconsiderarse tomando en cuenta la crisis económica por la que atraviesa el propio municipio, el cual, además, vive azotado por la violencia.

Hacer esto, como incluso refrescar el sindicalismo tecomense eligiendo a un nuevo líder, sería, más que un acto legal, un acto de urgente justicia. En esa misma línea se encuentra el problema de la elección estatal interna del PAN, donde resultara ganador el ex alcalde capitalino Enrique Michel Ruiz, quien representa al panismo colimense real, al panismo sin panistas que esconden bajo su máscara los intereses de otros partidos, y que al final del día ponen en riesgo la asertividad de un proyecto político que, lo vimos en las elecciones pasadas, representó los intereses democráticos de la voluntad general colimense, de ahí que la ola albiazul haya arrasado en las elecciones.

Sería un acto injusto, igualmente, que se le dieran el liderazgo panista a, en realidad, priistas, tal como fue injusto que se le devolvieran sus derechos al ex diputado panista Pedro Peralta Rivas, quien en las elecciones pasadas trabajó para la campaña del actual gobernador.

Así, pues, hace bien, por un lado, el presidente Lupillo García en llegar hasta las últimas consecuencias en el conflicto sindical de Tecomán, en donde se está ya afectando a la misma sociedad tecomense (secuestrar los camiones recolectores de la basura no es poca cosa), como también hace bien el actual líder estatal Enrique Michel Ruiz en no permitir que el futuro del panismo local se vaya de bruces al ponerlo en manos del priismo más destructivo. Son actos de justicia que la sociedad sensiblemente agradecería.

Estación Sufragio

Muerto el lunes 3 de julio a los 86 años (genio y figura hasta la sepultura, se quitaba tres por pura vanidad), José Luis Cuevas estuvo vinculado a Colima por algo más que la Figura Obscena.

Para bien y para mal, por esta escultura se asocia al enfant terrible del arte mexicano con el gobierno de Fernando Moreno Peña. Pero, en realidad, Cuevas trató con varios gobernadores: desde Carlos de la Madrid hasta Silverio Cavazos, pasando por el ya mencionado FMP y Gustavo Vázquez.

Cuevas tuvo una relación larga y fructífera con Colima, desde 1996 cuando hizo su primer grabado en el taller de gráfica La Parota, hasta 2006 en que vino a reclamar los daños sufridos por la Figura Obscena cuando el alcalde capitalino, Leoncio Morán, intentó retirarla de su ubicación en la glorieta que entonces estaba en el cruce de avenida Camino Real y Tercer Anillo Periférico.

Quedan para el patrimonio de los colimenses no sólo esa polémica pieza de arte urbano, hoy colocada en los jardines del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, sino otras dos esculturas más pequeñas. 

Una de metro y medio de altura, llamada precisamente La Escultora, que donó el propio Cuevas al pueblo de Colima y forma parte del acervo del Museo Nacional de la Gráfica que lleva su nombre. Además de otro bronce del mismo artista que cedió su colega Sebastián, y que se encuentra en el Jardín del Arte “Juan Soriano” (en Las Parotas). 

Cuevas donó también a Colima su colección personal de gráfica y más de 30 grabados de su autoría, sin contar los cuatro que realizó e imprimió en La Parota, al taller que junto al Museo “José Luis Cuevas” estuvo primero en la casa del gobernador Arturo Noriega (en el centro histórico) y hoy se ubica en el Centro Estatal de las Artes, en Comala.

En ese taller nacional de Gráfica, La Parota, Cuevas realizó los grabados con los que ilustró su libro Las cartas a Bertha (su primera esposa, ya fallecida). Y del escritor quedan los artículos que publicó en la columna Cuevario que publicaba en Excélsior, y en los cuales se refirió a sus varias estancias artísticas en Colima, donde trabajó en su propia obra e impartió talleres a jóvenes creadores a quienes trató con una generosidad que seguramente nunca olvidarán.

Cuando murió Alberto Isaac en 1998, el autor de La Giganta prestó el Museo “José Luis Cuevas” de la Ciudad de México para que se realizara durante una semana un homenaje al cineasta, dibujante y periodista, que realizaron las secretarías de Cultura de Colima y el Distrito Federal. Los titulares eran Luis Ignacio Villagarcía y Alejandro Aura, por cierto. 

Siempre controversial, Cuevas encabezó a la “generación de la ruptura” que en los años 50 se rebeló contra la tiranía de los muralistas (Rivera, Siqueiros, Orozco) y su escuela mexicana de pintura. 

Autodidacta, Cuevas se creo la mala fama de sus monos horribles pero los dibujantes más académicos admiran “la línea” que hizo inconfundible su gráfica y reconocible sus esculturas.

Al ser uno de los artistas más falsificados, circula un chiste respecto a la forma en que los especialistas distinguen un Cuevas auténtico de un falso: si está bien hecho, no es original. 

Mitómano, se inventó su propio personaje: un atractivo seductor al que ninguna mujer se le resistía. Y a quien rendía personal homenaje cada mañana con la fotografía que se tomaba y en las cuales fue dejando constancia de su envejecimiento, así como en sus muchos autorretratos. 

Proyectaba en entrevistas y conferencias la imagen de un aventurero… atrapado en un cuerpo más bien pequeñito que empezó a deformarse en la vejez. Pero Cuevas era ante todo un artista y exploró los resquicios de la belleza.

Lo cual nos lleva a discutir los valores estéticos de la Figura Obscena. De entrada, la pieza vale por la firma. Es un Cuevas, y aunque a muchos no les guste vino a sublimar una estatuaria plagada de bustos y figuras a escala de próceres. Ojalá tuviéramos más obra de él, Soriano, Felguérez y Sebastián en nuestras calles y plazas, al tiempo que menos elefantitos, cocodrilos y tortugas, charros o cabalgatas.

Cuando en 2000 la exhibieron como parte de la exposición Libertad en Bronce (que llenó de esculturas el camellón de la avenida San Fernando), la Figura Obscena se veía preciosa colocada sobre un pedestal. Lo que Cuevas modeló en su taller era una pieza de un metro de alto, con manos y pies desproporcionados por razones de estilo. Pero luego, al ser fundida en gran formato, asustó a la gente con ese pene y esos testículos desmesurados. 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esa columna también se puede leer en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com

Estación Sufragio

Por la amplitud de la convocatoria y el despliegue de recursos tecnológicos durante el evento, se creo entre los asistentes una expectativa que no fue satisfecha por la presentación de la nueva barra programática del Canal 12. Para dar a conocer la lista de media docena de emisiones, habría sido suficiente con una rueda de prensa.

Parece que la noticia es que la señal audiovisual del Instituto Colimense de Radio y Televisión (ICRT) ya es parte de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales A.C. Y como dijo la presidente de esta organización, Blanca Llilia Ibarra Cadena, esta alianza propiciará que el ICRT “se convierta en un destacado productor de producciones de alta calidad”. 

Si es así, ahí tenemos la nueva etapa de Ideas Tenaces para iniciar la exportación de contenidos a otros estados y países. 

Habiendo sido el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez el subsecretario de Comunicaciones del Gobierno de la República que “tuvo la oportunidad de intervenir” en la reforma estructural que generó “la nueva circunstancia de las telecomunicaciones en el país”, y que en el caso específico de este medio hizo posible el apagón analógico y el inicio de la televisión digital terrestre, los colimenses esperábamos otra cosa.

Por ejemplo, que lo anunciado en la Sala de Convenciones del Complejo Administrativo el viernes pasado fuera tan espectacular como la puesta en marcha de un proyecto de digitalización integral del Canal 12.

Sin embargo, como mencionó la directora general del ICRTV, Janet Jazmín Delgado Mercado, “el gran reto de lograr el 100 por ciento de la digitalización de este medio local” llevará todavía algunos años. 

Por lo pronto, con la última inversión que hizo la administración pasada, por cerca de tres millones de pesos, se consiguió adquirir un transmisor digital para aprovechar la señal virtual (12.1) que le cedió el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), pero el resto del equipo (desde las cámaras hasta las consolas de edición) “es análogo”.

DONDE NO TODO COLIMA SE VE:

Otra buena noticia habría sido que el Canal 12 vuelva a ser “donde Colima se ve” y no sólo donde los habitantes de los cinco municipios de la zona norte se miran. Que no tenga cobertura estatal es impensable en un territorio tan reducido y con pocas elevaciones como el nuestro. 

En alguna administración del pasado se apagó el transmisor de Manzanillo “por falta de presupuesto”, dijo la directora del ICRTV, lo que hizo que muchos nos preguntáramos cuál de los ex directores ahí presentes o ausentes, a quienes Janet Delgado reconoció por sus contribuciones, fue el responsable de dejar sin la oferta del Canal 12 a la mitad del estado. 

Si bien, es verdad que los suscriptores de los sistemas de cable que operan en la entidad pueden ver el canal gracias a las disposiciones de la nueva ley de Telecomunicaciones que garantizan la inclusión de los canales de señal abierta en la televisión de paga, bajo los principios de must carry y must offer.

Además, dijo Delgado Mercado, la oferta audiovisual pública en Colima se puede ver a través de la redes sociales. Y para acreditar ese logro la funcionaria presentó algunas cifras que se supone son altas en un medio emergente como es internet, donde cualquier youtuber tiene miles, decenas de miles o cientos de miles de seguidores. 

No olvidemos que un transmisor y una antena implican una enorme responsabilidad para un medio formal, que no se puede contentar con la proyección que le den plataformas como YouTube, Facebook o Twitter.

La ventaja, como presumió la directora, es que por la autopista de la información el Canal 12 puede llegar a todo el mundo, si es que hay alguien en Italia o Nueva Zelanda dispuesto a seguir su programación una vez que echó un primer vistazo.

“En Canal 12 estamos trabajando para ofrecer mejores contenidos y con mayor calidad y que Canal 12 siga siendo el lugar donde Colima se ve y que a través de nuestra señal nuestra cultura trascienda  por todo el país y el mundo”, comentó Janet Delgado, quien terminó su alocusión prometiendo que la televisisón pública de Colima será “la mejor del país”.

TELEVISIÓN GUBERNAMENTAL:

Nos conformamos con que sea realmente pública. La tentación de concebir estos canales estatales como medios estrictamente gubernamentales es mucha. Tanto en el video conmemorativo como en los mensajes del gobernador Peralta y de la directora del ICRTV, se mencionó a las instituciones con la que existen convenios de colaboración. Y por alguna extraña razón no incluyeron a la Universidad de Colima (que tiene una estructura de producción de programas pero no tiene salida al aire), pero sí al Instituto Tecnológico de Colima. 

Se habló del Instituto Colimense de las Mujeres pero no del Supremo Tribunal de Justicia. Y se habló de la Deutsche Welle (la cadena alemana de televisión pública) pero no de abrir espacios a los productores independientes.

La presencia en el evento del delegado de la Secretaría de Gobernación, que generó una serie de divertidos equívocos (a partir de que Janet Delgado lo saludó como “secretario”) que el propio Ignacio Peralta resolvió con gran sentido del humor, no manda el mensaje correcto: 

Es verdad que la Segob tuvo en otro tiempo la rectoría de los medios electrónicos a través de la Dirección de Radio Televisión y Cinematografía, cuyas siglas (RTC) se siguen asociando a la censura. Y aunque conserva entre sus atribuciones la supervisión de los contenidos, el espíritu de libre competencia que trajo la reforma en Telecomunicaciones lo encarna el Ifetel.  

La hagan con bulbos o con los programas de cómputo más avanzados, incluso en esa combinación de equipos analógicos con transmisor digital, a la televisión pública en Colima le sigue haciendo falta visión de Estado. Es gubernamental y se podría decir que hasta partidista.

No pudieron convertir en televisora pública al Canal 12 los directores que ha tenido en 28 años de existencia, por carecer de un perfil, una trayectoria en esta área y una mística de trabajo en equipo, con notables excepciones como Laura Sánchez o José Levy. 

Se sigue viendo al 12 (que luego fue 11 TV y otra vez es Canal 12) como la unidad de televisión del gobierno del estado, no como una televisora pública que refleje la pluralidad política y la diversidad de pensamiento; que sea una emisora educativa y cultural en el más amplio sentido de la expresión.

La presidente de la Red Nacional de Televisoras Públicas, Blanca Llilia Ibarra Cadena, marcó la pauta al ofrecerle a la Legislatura estatal un espacio en el Canal del Congreso, el mismo hueco que debería llenar de entrada en el Canal 12.

Ni el Legislativo ni el Judicial tienen los espacios que les corresponden en el equilibrio que con el Ejecutivo debe haber para una real división de poderes. Y no hablamos solamente de transmitir en vivo las sesiones del pleno o el trabajo de los legisladores en comisiones (a las que luego ni siquiera tiene acceso la prensa), sino de transmitir incluso los nuevos juicios orales que por ley son públicos (salvo en casos como cuando la víctima es menor de edad).

En Estados Unidos la ciudadanía tiene una idea bastante aproximada de en qué consiste el sistema judicial porque existe toda una narrativa periodística, novelística, radiofónica, televisiva y cinematográfica de los juicios. En México ni siquiera los abogados han terminado de entender los alcances garantista del proceso penal oral.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com

Paracaídas

En México existen 32 poderes legislativos locales y, según un informe reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que los estudió detenidamente, es en estos entes del Estado donde existe –paradójicamente- uno de los mayores problemas de transparencia y rendición de cuentas del país, de ahí que IMCO se haya metido a analizar sin concesiones su situación.

Como sabemos, la función del poder legislativo es presentar y aprobar leyes, vigilar el cumplimiento de otros poderes, ratificar nombramientos e iniciar juicio político contra aquellos servidores públicos que no hayan hecho bien su trabajo. En suma, su labor es defender el interés público. Es precisamente por su función, de algún modo, preservadora del interés público que pocas veces se les estudia y se les pide cuentas, y quizá por eso uno, al hacerlo, se da cuenta de la opacidad del manejo que hacen de los recursos públicos.

El IMCO se dio a la tarea de estudiar a estos 32 Congresos estatales (haciendo cientos de gestiones y revisando una gruesa documentación) y dio con que había en México 1,125 diputados locales en nuestro país (que nos cuestan más de 12 mil millones de pesos anuales), los cuales han sido elegidos tomando en cuenta el número de habitantes de cada región, por lo que en Colima cada diputado representa en promedio a 29,429 habitantes, siendo de los que tienen menor número de representados.

En su estudio, IMCO encontró que el nivel promedio de transparencia de los Congresos en el país es de 31%, pero que el de Colima y el de Guerrero, curiosamente los estados con mayor criminalidad en este momento, el nivel de transparencia de las finanzas legislativas es de 0%. Sí, 0%, lo que es alarmante para un Congreso que está precisamente llevando algunos juicios que tienen que ver con la transparencia de varias administraciones municipales y la pasada estatal.

Asimismo, según el informe de IMCO, nuestro Congreso local se encuentra entre los que realizaron malas prácticas en sus funciones, como no transparentar sus gastos y compensaciones en tiempo y forma. El resumen final, pues, es que en los congresos locales, incluido el nuestro, persiste la opacidad legislativa, se incumple la Ley General de Contabilidad a pesar de ser sujetos obligados, se hace un manejo arbitrario en la asignación y ejecución de los recursos del legislativo, es cuestionable la función de contrapeso y fiscalización en varios congresos locales (el nuestro es uno de ellos, por cierto) y, además, que existen congresos que ejercen funciones que son propias del Ejecutivo.

Si a esto aunamos que muchos de nuestros diputados en lugar de legislar sólo llevan a cabo labores asistenciales, funciones que demeritan en realidad la labor legislativa, entonces se hace urgente que se empiecen por redirigir estas torcidas prácticas en uno de los poderes que es crucial para la armonía y la paz de nuestra sociedad.

Una mayor exigencia a la labor de nuestros congresistas, una petición de mayor nivel en sus funciones, sería lo mínimo que deberíamos pedirle los ciudadanos en una entidad que ha llegado a niveles de violencia e inseguridad que sólo el imperio de la Ley y la fortaleza de nuestro estado de Derecho puede, sin lugar a dudas, socavar.  

Desde la Curul 26

El Instituto Nacional Electoral (INE), abrió del 28 de marzo al 12 de junio del presente año, su convocatoria dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas que cumplan con los requisitos establecido en el artículo 66, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que deseen participar en los Procesos Electorales  Federales 2017-2018 y 2020-2021, como Consejeros Electorales de los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral.

De conformidad a las bases de la convocatoria pudieron inscribirse directamente o ser propuestos como candidatos las y los ciudadanos interesados en participar, incluidos los que hayan participado como consejeros en los consejos locales o distritales en anteriores elecciones SALVO (las mayúsculas son mías) “… quienes hubiesen sido consejeros electorales de consejo en 3 o más procesos electorales federales, de conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

Como se imaginará, como dice la canción de los villancicos navideños, esa de los pastores de Belén (bueno eso dice la tonada navideña), “corrieron presurosos (y presurosas, para estar a tono con el lenguaje sexista), prestas y prestos a sacrificarse por el sufrido pueblo de Colima y en su amplia mayoría fueron auto propuestas, para convertirse en consejeros y consejeras del consejo local del INE.

Y ¿qué cree? Pues sí que lo mismo acudieron consejeras que aún están cobrando en el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Colima, que a pesar de no haber renunciado, ya están pensando en brincar (bueno es que se les acabará el sope el próximo 30 de septiembre en el Instituto Electoral del Estado) y antes de quedarse chiflando en la loma, pues quieres seguirse “sacrificando” por los colimenses ahora cobrando ahora como consejeras locales del INE, y aquellas que ya estuvieron en los consejeros distritales o locales del INE.

El último día del registro de aspirantes, la consejera Verónica González, al ver que nadie se acordó de ella para proponerla, rauda y veloz y como le digo aun cuando sigue cobrando como consejera del IEEC, fue y se registró como aspirante el 12 de junio, fecha fatal para solicitar su incorporación en esa lista de suspirantes.

Pero no solo ella, sino que ese mismo día, todavía cargando las petacas y las maletas (eso me comentaron los que la vieron arribar), porque llegó directamente de la Ciudad de México, después de haber acudido a entrevistarse con los integrantes del Consejo General del INE, llegó reclamando su formato de solicitud de inscripción en la Junta Local Ejecutiva, María Elena Adriana Ruiz Visfocri.

Llegó barriéndose en home (perdón por utilizar el lenguaje beisbolero), porque creyó que el horario cerraría a las 15:00 horas, por eso hasta dejó su vehículo ocupando los espacios del estacionamiento de la tienda de convivencia que está en la esquina de donde están las oficinas de la Junta Local del INE, allá por el Tercer Anillo.

Ruiz Visfocri llegaba de la Ciudad de México, donde había ido a tratar de ganarse un espacio en el consejo general del Instituto Electoral del Estado, para convertirse en la presidenta o de perdis, en consejera por 7 años del OPLE de Colima.

Sin embargo al ver la vapuleada que le dieron los consejeros Lorenzo Córdova, Pamela San Martín Ríos y Valles, Enrique Andrade González y Jaime Rivera Velázquez, durante la entrevista y que le había quedado claro que no iba a ser tomada en cuenta, llegó corriendo para inscribirse y buscar ser consejera electoral por CUARTA OCASIÓN.

Ya ha sido consejera tres veces…

 Una de las bases de la convocatoria es muy clara cuando señala que  NO PODRÁN PARTICIPAR, “…quienes hubiesen sido consejeros electorales de consejo en 3 o más procesos electorales federales, de conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

El 8 de junio, cuando acudió a participar en la entrevista con los consejeros del INE que la estaban evaluando para ver si tenía el perfil para ser considerada para ser electa consejera del OPLE de Colima, de su ronco pecho María Elena Adriana Ruiz Visfocri, les dijo que ha sido consejera propietaria en los procesos de 2012, 2015 y 2016.

Efectivamente María Elena Adriana Ruiz Visfocri fue consejera primero del Instituto Federal Electoral en el proceso presidencial de 2012; posteriormente en 2015, volvió a ser consejera, ahora por el Instituto Nacional Electoral, para la elección intermedia, esto después de haber sido corrida con cajas destempladas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le revocó el nombramiento de consejera del Instituto Electoral del Estado, a los 22 días de haber rendido protesta, haber asumido funciones y haber cobrado su primera quincena.

En la entrevista del 8 de junio ante los consejeros del INE Lorenzo Córdova, Pamela San Martín Ríos y Valles, Enrique Andrade González y Jaime Rivera Velázquez, María Elena Adriana Ruiz Visfocri afirmó que además de 2012 y 2015 donde ya había actuado como consejera, “… en 2016 organizamos en Colima la elección extraordinaria de gobernador”, dijo la ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado en 2003.

En esa entrevista con los consejeros del INE quiso vender la idea de que cumplía con otro requisito de la convocatoria, como era del gozar de buena reputación.

Sin embargo en la entrevista no salvó ese escollo cuando le hicieron ver que no tenía la aceptación en Colima de al menos un partido político.

Son 56 los suspirantes…

Una vez que cerró el plazo, se recibieron 56 solicitudes de participación a la convocatoria de Consejeros Electorales; de los suspirantes 26 son mujeres y 30 hombres.

De acuerdo a la convocatoria, aquí no se aplicarán exámenes de conocimientos, ni elaboración de ensayos, ni tampoco entrevistas.

Se evaluarán los documentos que hayan entregado, sus publicaciones, sus certificados y comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten que cuentan con los conocimientos para ser tomados en cuenta.

También debieron haber entregado un escrito de tres cuartillas como máximo donde debieron plasmar las razones por las cuales quieren “sacrificarse” como consejeros electorales locales… Vamos a ver como acaba todo.

Le puedo adelantar que los que no sean tomados en cuenta, estarán pendientes de la convocatoria para la designación de los consejeros electorales distritales, y adivínele quienes van a estar ahí….

Intensa semana…

En otro tema déjeme comentarle que desde finales de la semana anterior se les vinieron las prisas a los diputados en el Congreso del Estado y como este próximo viernes vence el plazo para que estén publicadas las reformas electorales que habrán de regir el proceso 2017-2018 a nivel local, es decir para elección de diputados al Congreso local y a la renovación de los diez ayuntamientos del estado, pues andan en friega.

El pasado viernes se dieron una encerrona hasta que concluyeron con el proyecto de lo que se pretende sea el Código Electoral del Estado, por un lado estuvieron el consejero jurídico del estado, Andrés García Noriega,  Luis Vuelvas, Francisco Yáñez Centeno y Arvizu y el Director General de Gobierno, Ramón Pérez Gutiérrez.

Por el otro lado estuvieron el Oficial Mayor del Congreso, Alejandro Iván Martínez, el asesor Jurídico del Oficial Mayor, Juan Manuel Figueroa, el diputado Héctor Magaña Lara y su abogado. Otra vez dejaron fuera al Director Jurídico del Congreso y al Director de Procesos Internos del Poder Legislativo.

El viernes por la tarde, pasadas las 15:00 horas concluyeron con esos trabajos y desde el sábado comenzaron las reuniones de trabajo.

Primero fueron con el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa, a quien le explicaron en qué consisten las reformas que se pretende sean llevadas al pleno en la sesión ordinaria de este miércoles.

El mismo sábado por la tarde se empezaron a hacer llegar copias del proyecto a los diversos grupos parlamentarios y fue así como comenzaron las reuniones de trabajo con los diputados de Nuestro Compromiso por Colima; el domingo siguieron las reuniones con los panistas y los diputados únicos y todavía este lunes hubo otras más.

Le anticipo que la sesión del miércoles va a ser maratónica, no tanto por la discusión que pueda o no darse respecto al Código Electoral del Estado, que le anticipo llegará planchadito, la tardanza será porque se tiene que leer todo el dictamen.

Le anticipo que serán más de diez los dictámenes que se presentarán en la sesión del miércoles, todos relacionados con la cosa electoral y que deberán aprobarlos todo el miércoles para de inmediato turnarlos al Ejecutivo para que ordene su publicación.

Se espera que el titular del Ejecutivo ordene una publicación extraordinaria para estar en tiempo y forma y la edición especial del periódico oficial “El Estado de Colima”, será de fecha jueves 29 de junio o en el peor de los escenarios el viernes 30, que es la fecha fatal, aunque haya quienes les están diciendo a los diputados que tienen hasta el 2 de julio.

Para cerrar…

**Hoy martes a las 12:30 horas habrá sesión solemne en el Congreso del Estado donde se entregará el Premio Estatal de Periodismo en las diversas categorías, luego de que el jurado ciudadano que se conformó para calificar los trabajos, definió a los triunfadores.

De la manera más humilde me permito invitarlo a que si el tiempo se lo permite y desea acompañarnos, seré uno de los galardonados y recibiré el Premio Estatal de Periodismo en el género de Entrevista.

De antemano agradezco la distinción que me confirió el Congreso del Estado, al aprobar mi propuesta, lo cual me compromete a tratar de seguir siendo mejor cada día.

Al mismo tiempo felicito a todos los demás colegas que serán homenajeados, a todos ellos mis respetos.

**Por otro lado permítame informarle que este miércoles 28 de junio, a las 10:00 horas, en la Ciudad de México, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrará una sesión extraordinaria en donde en el punto 4 del orden del día, a petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón, se presentará el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de la Consejera Presidenta y las Consejeras y Consejero Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del estado de Colima.

El proyecto ya se aprobó en el seno de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y decidieron que la propuesta para que se convierta en la nueva presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, sea Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, quien asumirá responsabilidades este viernes 30 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2021, para un período de 4 años.

Las demás consejeras y consejero que serán designados en la sesión de este miércoles, asumirán responsabilidades a partir del 1 de octubre y durarán en su encargo 7 años, y ellos son: Martha Elba Iza Huerta; Arlen Alejandra Martínez Fuentes; y, Javier Ávila Carrillo.

** Finalmente para cerrar “Desde la Curul 26”, me permito presentar mis más sentidas condolencias a los hijos del colega recién fallecido el pasado 30 de abril, Francisco Javier “El Caballero” Virgen, el doctor Oscar Virgen Jiménez y su hermana Carmen Evelia Virgen Jiménez. Por el lamentable fallecimiento de su mamá, la señora María Jiménez Padilla.

En estos aciagos momentos, a nombre propio y de mi familia, hago votos porque en la solidaridad fraterna encuentren pronta resignación ante esta terrible circunstancia.

Estación Sufragio

La serie de manifestaciones, declaraciones y gestiones que el sector empresarial, encabezado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública (CCSP) realizó en días pasados, tendrían que llevarnos a establecer compromisos serios sobre el mayor problema que aqueja a la sociedad colimense: la inseguridad.

Luego que algunos opinadores descalificaron a los empresarios por sus presuntas intenciones políticas, es momento que el presidente del CCSP, Carlos Maldonado Orozco, demuestre que la marcha no tuvo como objetivo principal catapultarlo a algún cargo de elección popular… ni aliviar la responsabilidad del gobierno del estado, trasladando a los ayuntamientos las culpas por la situación que vivimos.

Sin duda, los hombres y mujeres de negocios en la entidad enfrentan el dilema que se ha planteado a la iniciativa privada de todos los países del mundo donde el narcotráfico y otras industrias delictivas acabaron permeando la economía local: blindarse ante los ofrecimientos de incorporar dinero negro a sus capitales de trabajo o sumirse en la narcoeconomía.

Esa es una economía de ficción que, al final, destruye la competencia comercial, pervierte el empleo y trastorna las finanzas, porque las inversiones no son racionales y las ganancias tampoco son reales.

Esa narcoeconomía debilita a la empresa, en vez de fortalecerla, porque la somete al capricho de capitales auténticamente golondrinos, y a una lógica de retorno de inversiones determinada no por los estados financieros sino por la urgencia de escapar de una investigación judicial.

Hay sectores de la industria, el comercio y los servicios más vulnerables que otros a las presiones del dinero sucio. Y es verdad que la decisión de lavar capitales no siempre depende del empresario. Pero siempre será una buena decisión no abrir las puertas al diablo.

UNA INDUSTRIA DELICTIVA:

El otro peligro que corren los emprendedores colimenses y ante el cual deben organizarse para exigir garantías a la autoridad, es el de ser molestados en su persona y sus bienes por delincuentes que, de pronto, ejerciendo una impunidad obtenida para otras actividades ilegales (como el trasiego de drogas o el narcomenudeo), empiezan a exigir eso que las guerrillas llamaban “impuesto revolucionario” y que en la jerga de la delincuencia organizada se denomina “cobro de piso”.

La extorsión, el secuestro, son riesgos a los que están expuestos los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Acaso para los más acaudalados el peligro es mayor, pero también lo son las posibilidades de pagar seguridad privada ante las deficiencias del aparato de seguridad pública.

A eso quizá apuntaban los agremiados a las cámaras empresariales y sindicatos patronales que se manifestaron en el Rey Coliman, quienes ante la explicación que dio el gobierno estatal en el sentido que “la plaza” está siendo disputada por los dos grandes cárteles que operan en la región occidental del país (como si el Estado no tuviese obligación de impedir que esas guerras entre grupos criminales se libren a costa de la paz y la tranquilidad pública), prefieren trasladar la responsabilidad a los municipios.

MUNICIPIOS CORRESPONSABLES:

En esas manifestaciones del sector empresarial se ha acusado tácitamente a algunos alcaldes de tener entre sus colaboradores a personas sospechosas estar vinculadas a la delincuencia organizada, lo que se evidenciaría con los atentados y desapariciones que han sufrido, aunque en realidad esos ataques podrían ser también consecuencia de que dichos funcionarios estén trabajando en contra de los intereses criminales.

Desde la cúpula empresarial, se ha subrayado la incapacidad que tienen las policías municipales de mantener el orden público. No obstante, se ha soslayado la incapacidad que tiene la policía ministerial (de ámbito estatal) para perseguir los delitos del orden común. Muchos de los cuales, específicamente la mayoría de los homicidios dolosos, están asociados a actividades de la delincuencia organizada que son competencia del gobierno federal.

Una demanda concreta que los empresarios debieron hacer en su manifestaciones, y en la que seguramente habrían coincidido con los reclamos de otros grupos ciudadanos, es que necesitamos un aparato policiaco y de procuración de justicia articulado a los tres órdenes de gobierno. 

Para que funcione una estrategia nacional de combate al delito, hay que empezar por reconocer que el narcotráfico y el contrabando de armas se traducen no sólo en homicidios y narcomenudeo, sino también en robos a casa habitación.

Que esas políticas públicas de seguridad interior no están articuladas se nota cuando vemos que desfilan por nuestras calles convoyes del Ejército y de la Armada, sin que eso disuada a los carteles de ajustar cuentas entre sí. 

También, cuando la suma de elementos policiacos en los municipios supera a la de la policía estatal, pero cada una de esas policías municipales es insuficiente para guardar el orden en su demarcación.

MANDO ÚNICO:

Sería bueno que los empresarios –voces reconocidas en nuestra sociedad y escuchadas por el gobierno– exigieran la integración de un solo mando policial y la creación de una policía profesional, sumando todos las partidas presupuestales que existen para el rubro de seguridad y que se diluyen en las asignaciones para diez programas municipales y uno estatal para compra de patrullas, armas y uniformes.

Ya no es momento de repartir culpas, menos cuando el propósito de usar el expediente de seguridad sea frenar la reelección de uno que otro alcalde. Todo el estado de Colima puede tener un solo comisionado de policía, alguien a quien podamos responsabilizar y que no encuentre excusas en la falta de coordinación de los comandantes municipales. Esa era la tendencia nacional y se frenó, probablemente porque no querían concentrar los costos políticos en un solo gobernante.  

En el estado de Colima estamos viviendo el mismo fenómeno que se da en esas ciudades fronterizas con Estados Unidos (Tijuana, Nogales, Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros) que los cárteles usan para meter la droga al más grande mercado de consumidores en el mundo. 

Si el puerto de Manzanillo es la principal entrada de enervantes a nuestro país, en tránsito hacia la Unión Americana, es lógico que aumente el número de muertos que deja la disputa de la plaza (especialmente si la autoridad deja que el pez grande se coma al chico).
 
Y como cada vez más de esa droga se queda para consumo local, seguirá aumentando el número de adictos dispuestos a hacer lo que sea, como meterse a robar a casas y comercios, para sostener el vicio.

Pero lo más grave de todo es que la impunidad que se consigue para las actividades criminales en gran escala, esas que pensamos que no le hacen daño a nadie como no sean los adictos estadounidenses, al final se traduce en impunidad para realizar otras actividades delictivas en pequeña escala, desde el cobro de piso a la trata de personas; fechorías que garanticen los ingresos que esperan obtener los cientos de sujetos antisociales atraídos por el espejismo de la narcoeconomía. 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com

Desde la Curul 26

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral, siguen dando de qué hablar y cada vez que se espera de ellos ahora sí den una de cal, por todas las que van de arena, para nada, les vuelven a temblar las corvitas y agarran el camino fácil para escabullirse como cuando lo hicieron en el caso de Alejandra Valladares Anguiano, cuando a ellos las tembló la mano para destituirla y le aventaron el balón a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Y fue hasta que el máximo organismo jurisdiccional el 6 de noviembre, les ordenó remover a la presidenta del Instituto Electoral del Estado, cuando no les quedó de otra más que actuar.

Bueno producto aún de esa remoción, que no ha sido ocupada la vacante que dejó Felícitas Alejandra Valladares, es que se convocó a elegir a una nueva consejera o consejero para ocupar el cargo de presidente del Instituto Electoral del Estado.

Hay que recordar que los actuales consejeros del INE, no todos, cuatro se opusieron, pretendieron violar la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales (LEGIPE), en su artículo 101.

Y que hubiera prosperado, si no se oponen las consejeras y consejeros Pamela San Martín Ríos y Valles, Benito Nacif, José Roberto Ruiz y Javier Santiago--, que se mantuvieron firmes y votaron en contra, y con ello impidieron lo que hubiera sido una terrible violación a la Ley, orquestada por el presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE’s), Ciro Murayama (ver Desde la Curul 26, del jueves 9 de marzo de 2017, “Se quedó con las ganas…”).

En aquella sesión del consejo general del INE, Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova, Arturo Sánchez Martínez, Adriana Margarita Favela, y Enrique Andrade, votaron a favor de violar el artículo 101 de la LEGIPE, para tratar de imponer a Ayizde Anguiano Polanco, para que se mantuviera como presidenta hasta el año 2021, a pesar de que Anguiano Polanco concluirá su responsabilidad de consejera el 30 de septiembre del 2020.

Bueno aquél martes 7 de marzo les falló la intentona de imponer a Ayizde, por lo que tuvo que emitirse la convocatoria ya no solamente para elegir a las tres consejeras y consejeros que entrarán en funciones el 1 de octubre de este año, sino además para elegir al o la consejera presidenta que concluirá el período para el que había sido electa Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, hasta el 30 de septiembre del 2021.

Ya en la convocatoria se señaló que en el caso de quien fuera a sustituir la vacante dejada por Valladares Anguiano, asumirá responsabilidades el 30 de junio a fin de que se vaya interiorizando en el trabajo para que en la primera quincena de octubre que se inicie el proceso electoral 2017-2018, no llegue tan descanchada, como se dice en el argot futbolero, toda vez que el 1 de octubre rendirán protesta los tres nuevos consejeros que sustituirán a los que cumplieron su responsabilidad el 30 de septiembre.

Batearon a Visfocri… pero también a Núñez y Juan Manuel…

Aquélla noche del 7 de marzo se aprobó la convocatoria y el 8 se estaba publicando, acudiendo a inscribirse 96 aspirantes, 35 mujeres y 61 hombres, dispuestos a sacrificarse lo menos 4 años siendo presidente del Instituto Electoral, o 7 siendo solamente consejero o consejera el IEEC, aunque finalmente al momento de realizarles el examen únicamente 74 se presentaron al mismo.

Y desde el registro mismo el Consejo General del INE, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE’s), la unidad técnica, permitió que se violara la ley, en las solicitudes de registro y después les volvieron a temblar las corvas para dar de baja a quienes violaban la convocatoria, siendo el caso más visible el de la ex consejero electoral del Instituto Electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Visfocri.

A pesar de que la convocatoria destacaba que no podrían participar aquellos que hubieran sido nombrados consejeros electorales por el INE, Ruiz Visfocri no solo fue nombrada consejera, sino que rindió protesta y estuvo 22 días en el cargo, hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral, otra vez corrigiéndole la plana al INE, ordena revocar su nombramiento, pero bueno, eso ya se lo he contado otra ocasión.

Ciro Muraya, relataba ayer, cuando presentó el acuerdo con las propuestas que fueron avaladas por unanimidad de los tres consejeros que integran la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE), (Adriana Favela y Jaime Rivera), que durante la etapa de verificación de los requisitos legales, se dejó fuera a cuatro aspirantes, que de acuerdo al criterio del INE incumplieron alguno de los requisitos de ley.

El CENEVAL entregó los resultados de Colima el 24 de abril, seleccionando las calificaciones de las 12 mejores mujeres y los 12 mejores hombres que pasaron a la etapa de ensayo presencial, misma que se realizó el 13 de mayo y se recibieron los ensayos idóneos de seis mujeres y seis hombres, que son los que pasaron a la etapa de valoración curricular y la entrevista.

A decir de Ciro Murayama, una vez que se cumplieron todas las etapas, el 22 de mayo se puso a disposición de los representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo, con los nombres de los aspirantes que pasaron a la etapa de valoración curricular y entrevista hicieron sus observaciones de los aspirantes.

Indicó que se recibieron 5 observaciones, cuatro realizadas por el Partido de la Revolución Democrática y una del Partido Revolucionario Institucional, aunque no especificó que aspirantes habían sido los señalados, aunque aclaró que “ninguna de estas cuatro propuestas, no se recibió ninguna observación de parte de los partidos políticos”.

El 8 de junio se realizó la última etapa de la convocatoria que fue la entrevista directa con los consejeros y la valoración curricular y ahí fue donde se dictó sentencia, se integraron tres grupos, dos de cuatro y uno de tres, porque al final declinó uno de los aspirantes varón, a seguir en el proceso por lo que ya únicamente quedaron 11, para cuatro cargos.

La suerte estaba echada….

El grupo número 1, lo integraron por una pare los cuatro mejores promedios en las evaluaciones anteriores, por lo que se esperaba que de ahí surgiera al menos el o la presidenta, sin embargo los y las consejeras Lorenzo Córdova, Pamela San Martín, Enrique Andrade y Jaime Rivera Velázquez, se convirtieron en los verdugos y más que ir a escucharlos y tratar de intercambiar opiniones, fueron a decirles a Adriana Ruiz Visfocri, a Miguel Ángel Núñez y a Juan Manuel Rodríguez Peña, que ninguno de ellos iba a llevar al consejo.

Basta ver los videos, para que se observe la postura corporal del presidente del consejo general, Lorenzo Córdova, arrellanado en el sillón, con cara de enfado, como hacía las preguntas, que a todas luces se vio que era para tratar de exhibirlos a todos ellos.

¿Por qué se ensañaron con ellos? Sencillo, porque a María Elena Adriana Ruiz Visfocri, quisieron exhibirla diciéndole que si ya la Sala Superior del tribunal Electoral, hace poco menos de tres años ordenó revocar su nombramiento y dejaba en entredicho su actuación como presidenta del Tribunal Electoral del Estado, allá en 2003, cómo es que otra vez estaba buscando ser consejera electoral del Estado.

A Miguel Ángel Núñez no le perdonaron que hubiera metido un Juicio de los Derechos Ciudadanos Electorales, y que le haya ganado el juicio al consejo general del IEEC, que el Tribunal Electoral haya ordenado su restitución en el cargo y cuando eso ocurrió que el ex secretario ejecutivo, los haya mandado al diablo y hubiera presentado su renuncia.

Esa había sido una grave afrenta no solo para el IEEC, sino para el INE y así dictó la sentencia Lorenzo Córdova, sumido en su mullido sillón, con cara de “a qué hora se van”, y como si estuviera viendo un juego de su equipo favorito (no sé si le guste el deporte).

Y a Juan Manuel Rodríguez Peña, no les gustaron muchas cosas, entre ellas, que sin pelos en la lengua les dijera “…con todo respeto, pero el INE a cometido muchas equivocaciones en los procesos, incluyendo los últimos”. Eso para los señores y señoras consejeras que se sienten los iluminati era una grave afrenta.

Y más cuando en una segunda ocasión Juan Manuel Rodríguez les vuelve a decir “…con todo respeto pero el INE es el que ha generado los problemas en los OPLE’s”, ahí se marcó la suerte a Juan Manuel, y que de paso también le echaron en cara que cómo ahora quería ser consejero, cuando él también había demandado ante el Tribunal Electoral del Estado, a las consejeras y consejeros electorales, que con qué cara se iba a sentar con los que él mismo había demandado.

Y ya a la cuarta aspirante, que fue la primera en comparecer. María Guadalupe García Vázquez, se vio que la consigna era tronarla, porque no encajaba. La atendieron porque fue de los promedios más altos en el ensayo, pero se le fueron con todo, incluso se puede ver que hasta se ensañaron de más, exhibiéndole su falta de conocimiento en la materia electoral, como si eso fuera pecado.

Los ungidos…

Bueno pues este miércoles la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE’s), por conducto de su presidente Ciro Murayama, presentó el acuerdo, ya planchado, conteniendo los nombres de los ungidos:

Para consejera presidenta, a partir del 30 de junio de este año y hasta el 30 de septiembre de 2021, Fabiola Nirvana Rosales Ochoa, para un período de 4 años, ella cumplirá lo que le restaba a Alejandra Valladares al frente del consejo general del IEEC.

Las consejeras y consejero que asumirán responsabilidades a partir del 1 de octubre y que durarán en su encargo 7 años, son: Martha Elba Iza Huerta; Arlen Alejandra Martínez Fuentes; y, Javier Ávila Carrillo.

Los nombramientos deberán ser ratificados por el pleno del conejo general del INE, en la sesión a celebrarse el 28 de junio y casi de inmediato se notificará a quien será la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, que deberá rendir protesta para que asuma funciones el del cargo el 30 de junio y el 1o de octubre de 2017 conducirá la sesión en la que se integrarán al Consejo Local las Consejeras y el Consejero Electoral designados.

No quedaron conformes los comisionados de los partidos…

Ahora le comento que en la sesión ordinaria de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, los comisionados de los partidos políticos, y los comisionados del Poder Legislativo, no quedaron satisfechos con la manera en que se designó a los cuatro consejeros.

La comisionada del PRD, Silvia Reza, cuestionó que el consejo del Instituto Electoral del Estado de Colima, no será un órgano ciudadanizado como hubiera sido lo deseable o con un perfil académico, señalando que de los 12 hombres y mujeres que llegaron a la recta final, solamente tres no provenían de los órganos electorales y tres de ellos que provenían del gobierno.

Incluso señalaron nuevamente a quien se propondrá para que sea la presidenta del Instituto Electoral del Estado, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, a quien se le liga con el gobierno estatal, pues es hermana de Eduardo Rosales, director de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, que actualmente es gobernada por el priista José Ignacio Peralta.

Asimismo se cuestionó la llegada de Martha Elba Iza Huerta, que si bien es licenciada en derecho, no posee ninguna experiencia en lo electoral, sin embargo el Comisión de Vinculación la propuso como consejera para los próximos 7 años, cuando su perfil tiene que ver más con lo fiscal, pues es funcionaria del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y del 2009 a la fecha, indicándose que se ha desempeñado como titular del cargo de subadministrador desconcentrado de la Auditoría Fiscal de Colima.

Por lo que respecta a Arlen Alejandra Martínez Fuentes, licenciada en derecho, se le liga al gobierno estatal donde ha ocupado diversos cargos públicos en la entidad, entre los que destaca haber laborado en la Secretaría General de Gobierno, en la Comisión de Defensa Territorial y como titular de la unidad de Transparencia del CONALEP de la entidad.

El consejero menos cuestionado fue Javier Ávila Carrillo, quien ha hecho toda su carrera en el INE, donde ha sido desde capacitador y auxiliar electoral, asistente de vocal y asistente de la Vocalía de Organización Electoral.

Los comisionados que participaron se pronunciaron por reunirse con el Colegio de México, pues a decir de ellos algo está fallando cuando casi la mitad de los aspirantes que entraron a elaborar el examen casi un 50% no lo aprobó.

Asimismo criticaron que de los ahora consejeros electos, varios de ellos apenas lograron un 65 o 68 de calificación en un examen y en la etapa de entrevista hubo quienes estuvieron a punto de lograr la excelente, lo que les dio el promedio para estar en los 12 finalistas, “entonces eso se debe corregir, no es posible que para unos que realizaron la calificación estén prácticamente reprobados y para otros les den la excelencia”.

Finalmente se sometió a votación de los tres consejeros el acuerdo con las propuestas y se aprobó por unanimidad, por lo que pasará al consejo general a la sesión convocada para el 28 de junio.

Hoy sesionará el IEEC…

Más tardaron las consejeras y los consejeros del Instituto Electoral del Estado, en enterarse que ya tendrán jefa nueva y que está a escasos 8 días de que ello ocurra, en que se sacaron de la manga de trigésima sesión extraordinaria, para designar al presidente o la presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado.

¿Para que se elige un presidente o presidenta provisional, cuando ya venía fungiendo Ayizde Anguiano? Vaya usted a saber, pero esto como que no huele nada bien, ojalá Nirvana Rosales, que estaba laborando en el Instituto, se ponga muy alerta, porque  no quiero ser mal pensado, pero así como dicen que en octubre del 2016, se sirvieron con la cuchara grande, no vaya a ser que les llegue la tentación de autorizarse un bono “por el exceso de trabajo”, ahora que no estuvo una consejera.

La sesión la convocaron a las 12:00, habrá que estar pendientes.

Por hoy hasta aquí la dejamos, “Desde la Curul 26”, le comentaré lo que ocurra este fin de semana.

Estación Sufragio

Para el número de organizaciones empresariales que convocaron a la marcha, realmente hubo poca asistencia. Eso despertó en las redes sociales críticas feroces que rayaban en la burla, quizá porque la iniciativa privada nos había acostumbrado a manifestaciones más concurridas en nombre de la paz. A esta del lunes 19 de junio en el Rey Coliman, le hizo falta probablemente la presencia del Obispo.

El fracaso de esta concentración debería poner nerviosos a quienes en lo sucesivo apelen al recurso de una multitud vestida de blanco para hacer demostración de fuerza. A los dirigentes de la CMIC, Canaco, AMMEEC, AIETIC, Canacintra, Coparmex, Canirac, AIMSLorg, AMPI y la Canadevi en el estado, les faltó músculo. Y eso se los echarán en cara los partidos cuando quieran traducir este liderazgo en una candidatura. 
 
Quizá faltó activar los resortes correctos. Por ejemplo, en toda manifestación de lo que la izquierda chilena denominó movilizaciones cacerolistas estaba muy bien identificado el objeto de su odio: el gobierno del presidente Salvador Allende, en aquellos días previos al golpe de Estado de Pinochet en 1973.

Vimos cómo se aplicó ese mismo modelo en contra de la aspiración presidencial del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la víspera del intento de desafuero que el régimen de Vicente Fox orquestó para sacar de la carrera presidencial de 2006 a Andrés Manuel López Obrador.

Un chiste cruel que circuló al día siguiente explica el fracaso de #LaSeguridadNosUne por una razón muy sencilla: quienes hubieran querido asistir no fueron porque estaban en sus casas velando alguno de los muchos muertos que deja a diario la guerra entre los carteles que, según la versión oficial, se disputan la plaza.

Alguien más dijo que el pueblo trabajador no fue a la marcha porque la convocaron los patrones. Pero leí dos o tres comentarios coincidentes en que más allá de una lucha de clases, estamos ante un asunto de miedo. Como sociedad vivimos aterrorizados, y eso que supuestamente “nomás se matan entre ellos”.

Con el más refinado sentido del humor negro, le escuché decir a otro analista que a esta manifestación de constructores, desarrolladores de tecnologías de la información, mujeres empresarias, comerciantes, restauranteros y demás hombres de negocios, la sabotearon los dueños de las funerarias que como nunca en la historia de Colima han prosperado en tiempos recientes.

Recuperando la seriedad y el argumento de la falta de un enemigo bien identificado, a esta marcha le pasó como en aquella cruzada por la paz a la que en febrero de 2012 llamó el obispo José Luis Amezcua Melgoza. Para dejar en claro que la manifestación no era contra el gobernador Mario Anguiano, se unió y puso a la cabeza el secretario de Educación, Federico Rangel. Los manifestantes, entonces, ya no supieron a quien debían culpar. 

Dejando a un lado que los clérigos son mejores movilizadores que los motivadores de las cámaras empresariales (como lo demuestran en la historia de México el padre Hidalgo, el señor cura Morelos y el padre Matamoros en la Independencia, así como incontables sacerdotes en la Cristiada un siglo después), no se entiende por qué en una protesta contra la inseguridad se alinea el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública.

Con todo respeto, si Carlos Maldonado Orozco no es un funcionario de la administración de Ignacio Peralta (contra quien se supone iba dirigido el reclamo), lo parece.

Y en cuanto a responsabilidades por la falta de una política pública para la seguridad o la falta de una cultura de valores cívicos, que son dos casos que padecemos los colimenses, el CCSP está más cerca del ámbito gubernamental que de la sociedad civil. 

Así ocurre cuando las organizaciones se conciben como aparatos de control político y no como agrupaciones ciudadanas.

SEAMOS SERIOS:

No colegas, la nota del mitin de López Obrador no era que le robaron la cartera a uno de los reporteros que entrevistaron al dirigente de Morena, sino la defensa que Andrés Manuel hizo de Indira Vizcaíno y, si mucho me apuran, la presencia del contingente del Partido del Trabajo, en razón de que el PT formó parte de la coalición que llevó a Ignacio Peralta, en la elección extraordinaria de 2016, a la gubernatura.

Que en la bola te saquen la billetera durante una entrevista banquetera, son gafes del oficio. No es un atentado a la libertad de expresión ni una demostración empírica de cuán chairos son los que siguen al Peje.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web de CARVAJALBERBER: www.aacb2.com

Desde la Curul 26

El presidente municipal de Minatitlán Horacio Mancilla González, no cree que la reelección de alcaldes o de diputados vaya a ser tan simple como todos la quieren ver, de hecho considera que su costo va a ser muy alto… “un güevo la pinche reelección, no es cualquier cosa. Una reelección es un filtro que no cualquier cabrón lo puede pasar.
Horacio Mancilla quien ya ha sido dos veces presidente municipal de su natal Minatitlán señala que “no es nada más decir enchílame esta gorda y vamos a comérnosla”. La reelección no es algo sencillo”, por eso dice que él no ha definido si le entrará, llegado el momento, al proceso a buscar ahora un período consecutivo como presidente municipal.
Horacio Mancilla se sincera: “…en este momento lo que me interesa es arreglar el montón de broncas que traigo en mi municipio… traigo problemas de seguridad, traigo problemas de dinero, traigo problemas de peticiones de la gente que no las hemos podido atender, traigo problemas de drogadicción en mi población”.
Aunado a eso dice que “…traigo un chingo de problemas en Minatitlán, que ahorita esa es mi preocupación, ahorita no estoy pensando en el futuro político de Horacio Mancilla, ni de nuestro equipo político, estoy pensando cómo atender mejor los planteamientos de la gente de Minatitlán”.
Recuerda que la vez anterior la gente votó por su proyecto porque confió en él, “…entonces yo no le debo fallar; si otros niveles de gobierno fallan será “pedo” de otros niveles de gobierno, pero yo tengo que buscar todos los días atender los planteamientos de mi pueblo y que la gente no se sienta decepcionada de haber votado por un cambio, de haber votado por un proyecto que yo lo represento, esa es mi verdadera preocupación”.
Sin embargo confía y así lo externa: “…las cosas se dan por sí solas, si le doy resultados a la gente esa misma gente va a seguir confiando en mí, pero si no le doy resultado y no atiendo los problemas, no resuelvo los planteamientos de mi pueblo, pues la gente me va a mandar a la chingada, eso ténganlo por seguro”, afirma.
Horacio Mancilla ha sido dos veces, con esta, presidente municipal de Minatitlán. La primera por el Partido Revolucionario Institucional; la segunda, esta, por el Partido Verde Ecologista de México y habla de la historia de su pueblo.
“Siempre nos han saqueado, desde hace muchos años nos chingaron, hace muchos años la gente de mi pueblo sacaba oro de los yacimientos, en esa zona Minatitlán es una cajita de sorpresas y fueron muchas gentes a robarnos el oro, saquearon y quemaron las casas de aquella comunidad y mataron a mucha gente. Pero nuestro pueblo ha sido muy luchador, los sobrevivientes se organizaron y fueron y colgaron a todos los hijos de la chingada que nos fueron a robar. A todos los fueron a matar allá a sus lugares”, relata.
Sin embargo dice que eso fue allá hace muchos años, y dice que en la actualidad ya las cosas son muy diferentes: “para empezar esto obviamente ahorita ya no se habla de matar, se habla del tiempo de defender. Defender lo que es nuestro, hay que defender la paz, la armonía, el progreso que deben de tener nuestros pueblos, hay que defender lo nuestro”, señala.
No cualquier cabrón va a pasar la reelección…
Al hablar de su futuro inmediato no la piensa, no se atora en la respuesta: “responder a la expectativas de la gente… cada día que me levanto y me levanto temprano eh, y todos los días es lo que más anhelo, responder a las expectativas y por una razón muy de fondo: porque tengo hijos, porque tengo una familia y quiero que mis hijos se sientan orgullosos de su padre”.
Dice que “mis hijos son como toda la gente de Minatitlán, yo lo he comentado, mis hijos van a la escuela, no van a colegios, ni viven en una colonia privada, ni mucho menos, yo viví en el rancho y mis hijos van a la escuela a dónde van los hijos del policía, los hijos del minero, entonces me interesa tener las mejores condiciones para todos porque ahí están mis hijos”, señala Mancilla.
-¿Tres años son suficientes para un alcalde?, se le pregunta.
-“Mira yo creo que tres años pueden ser muy poquitos o pueden ser una eternidad. Si tienen un alcalde güevón, irresponsable que no le dé respuesta a la gente, que le valgan madre los temas que a la población le preocupan, bueno ahí tres años, hijodelachingada se te hacen siglos”, afirma.
-¿Hay de esos en Colima?, cuestiono.
-“Yo creo que en Colima y en todos lados debe haber, eh. ¡Ah!, pero si tienes un alcalde que esté buscando, que esté luchando, que esté haciendo hasta el máximo esfuerzo para dar resultados, pues también (tres años) son pocos. Por eso está la reelección”, señala.
Luego dice que la reelección no va a ser algo sencillo, “no es nada más decir “enchílame esta gorda y vamos a comérnosla”, es un güevo la pinche reelección, no es cualquier cosa. Una reelección es un filtro que no cualquier cabrón lo puede pasar”, reflexiona el edil minatitlense.
Sin embargo no se engancha y dice que tomará una decisión de si buscará o no la reelección “cuando lleguen los tiempos las cosas se dan por sí solas, pero todavía falta, eh”.
No estamos representados…
Critica el alcalde de Minatitlán que por la redistritaciones que ha habido, su municipio no tiene un verdadero representante popular, pues quien ganó las elecciones por el distrito que comprende Minatitlán, no los representa.
Ante eso  anticipó que para el próximo proceso electoral lucharán con todo para volver a tener un diputado que sea oriundo de ese lugar, ya que actualmente no se sienten representados por el legislador que ganó el distrito y acusó que nada ha hecho por los habitantes de aquella zona.
Mancilla González dijo que desafortunadamente con las redistritaciones que han estado realizando le han quitado territorio para anexárselo a Tecomán “te estoy hablando de hace muchos años, el Congreso del estado tomó esa decisión”.
Horacio Mancilla, lamenta que “el no tener representación se corre el riesgo de que ocurran aquí en el Congreso detalles importantes y no representan a la población; yo creo que en un análisis más profundo tenemos que ver la conformación de la Cámara con menos diputados para que no cuesten tanto a la población y sean diputados con más compromiso de servicio público, pero por otro lado que todos los municipios nos sintamos representados”.
El alcalde de Minatitlán dice que en este momento los habitantes de aquél municipio se sienten desamparados, pues no se ven representados por el diputado electo por aquél distrito, de ahí que señale que luchará para que el próximo diputado sea de esa cabecera municipal.
Para cerrar…
**Hoy habrá sesión en el Congreso del Estado, es la sesión ordinaria que debió celebrarse el jueves de la semana anterior y que a pesar de haber sido convocada, no pudo desarrollarse, por diversos factores.
Primero porque se les prolongó la sesión solemne donde se entregó un reconocimiento al escritor y cronista del municipio de Colima, Abelardo Ahumada González.
Enseguida porque atendieron a los dirigentes sindicales de la Federación de Trabajadores que encabeza Audelino Flores Jurado y como se prolongó más de lo que tenían previsto tomaron el acuerdo de cambiarla a las 11:00 de la mañana de este martes.
**Antes de concluir, quiero expresar mi más amplia felicitación a todos los trabajadores que laboran en el periódico El Comentario, ya que un día como hoy en 1974, salió a la luz pública. Han sido 43 años de lucha constante, para mantenerse en el ánimo de la sociedad colimense.
Aquél sueño que emprendieron destacados universitarios como Jorge Humberto Silva Ochoa, Juan José Farías Flores, Fernando Morena Peña, Jesús Zepeda Álvarez, Jesús Toscano, Raúl Suazo Ochoa, Ramón Barreda, Gregorio Macedo López, Salvador Olvera y muchos más, aquí está 43 años después pasando lista de presente y manteniéndose en el ánimo de los colimenses.
Hago llegar mi felicitación a las autoridades universitarias encabezadas por el rector José Eduardo Hernández Nava, por mantener vivo y seguir fortaleciendo a El Comentario, como el periódico de la Universidad y para los universitarios, a pesar de las dificultades que eso conlleva.
Felicito a su actual director el maestro José Ferruzca González, por el dinamismo que le ha impreso a este rotativo, pero también a todo el personal que hace posible que diariamente usted tenga en sus manos, o a través de las redes sociales, en esta era de la modernidad.
A los ex directores y ex subdirectores, entre los que recuerdo a Rafael Calzado, Javier Valdovinos, Elías Jattar, Francisco Javier Virgen, Leonardo Ramírez Pomar, Víctor Manuel de Santiago, quien en dos épocas distintas estuvo al frente de este rotativo, a Roberto Águila, a Juan Elías Cordero, a Roberto Guzmán, a Daniel Peláez, a Jorge Vega, en fin a todos y cada uno de ellos que en su época pusieron el mejor de sus esfuerzos por lograr posicionar a El Comentario como uno de los mejores rotativos de Colima.
Extiendo mis felicitaciones a los editores, diseñadores, cuerpo de redacción, correctores, caricaturistas, fotógrafos, personal administrativo, secretarial, de apoyo, de talleres, prensistas, fotomecánicos, repartidores, choferes, en fin a todos los que con su esfuerzo diario mantienen vivo a El Comentario.
**Por hoy es todo “Desde la Curul 26”, y les hago llegar mis disculpas por no haber realizado la publicación este lunes como habitualmente ocurre.

Paracaídas

Andrés Manuel López Obrador estuvo en Colima hace un par de días. Tuvo un acto (llamado “Acuerdo por la Unidad”) cuyo objetivo principal fue aglutinar adeptos para su movimiento.

Tal como lo hizo en el Estado de México, unió en su avanzada al diputado Joel Padilla, del Partido del Trabajo, instituto político que siempre ha sido aliado del PRI en las elecciones y que, en los pasados comicios,  fungió de tapia para que el candidato priista José Ignacio Peralta Sánchez llegara a la gubernatura.

Además de esta figura emblemática del PT en Colima, Morena reclutó a Indira Vizcaíno, ex alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc y perredista que al igual que Joel Padilla sirvió de bisagra divisoria dentro del partido del sol azteca a fin de beneficiar al rojiblanco Peralta Sánchez, quien, en pago a la ayuda de la perredista, le otorgó ni más ni menos que una Secretaría de Estado.

Indira Vizcaíno es hoy por hoy considerada dentro de la clase política como una profesional de la traición y del oportunismo, y un buen sector del morenismo en esta entidad se lo hicieron ver a López Obrador durante el evento en el que, contradictoriamente, afirmó que todos los que firmaban el “Acuerdo por la Unidad” no iban a la busca de cargos públicos. Uno, aunque sea ingenuamente, se preguntaría: entonces, ¿a qué van?

Al acuerdo también se adhirió el ex dirigente sindical de la Universidad de Colima, Leonardo Gutiérrez Chávez, quien forma también parte de un largo tentáculo del PRI que se desmarcó del mismo al no haber recibido las canonjías solicitadas por el también ex huelguista universitario, lo que lo llevó a utilizar la plataforma de Morena como una mera trinchera para llevar a cabo su venganza política.

Estas son tres muestras representativas de tres actores políticos (de claros historiales priistas) que han ingresado, a través del “Acuerdo por la Unidad”, al Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza  López Obrador. No se sabe a ciencia cierta si el máximo líder de esta fuerza política está consciente de quiénes realmente forman su movimiento, pero en lo que respecta a Colima estos personajes para nada que despiertan la esperanza por un México distinto.

La “mafia del poder” a la que tanto alude López Obrador está entrando en su Movimiento y ocupando lugares de privilegio, dejando fuera a ciudadanos honestos y competentes que miran con suspicacia la avanzada lopezobradorista, y a quienes no les queda más remedio que cruzarse de brazos.

En Colima, y esto es lo más lamentable, hay buenos académicos que podrían ser parte de ese cambio por México, empresarios honestos y decididos, reconocidos profesionistas en cualquier área de interés para el desarrollo del Estado, activistas sin dobles caretas, ¿por qué llevar a cabo, entonces, un magno evento para invitar a quienes son reconocidos por todos como conspiradores, deshonestos y arribistas?

Siempre se ha dicho que el peor enemigo de López Obrador es el mismo López Obrador. Dado lo que está sucediendo en Colima con Morena, no tendríamos ningún elemento para negarlo.


Estación Sufragio

Y cuando parecía que el auditorio municipal “Miguel de la Madrid” iba a quedarse a medio cupo, llegaron las huestes del Partido del Trabajo para completar el aforo y hacer patente que Andrés Manuel López Obrador –mas que su partido Morena– tiene muchos seguidores en Colima.

Mezcla perfecta entre corporativismo y populismo, ese voto duro del PT sí es rígido, no blandengue como se está volviendo el del PRI, partido en el que han hecho carrera algunos de los ciudadanos distinguidos que firmaron el Pacto de Unidad al que convocó AMLO y que, fundamentalmente, ofrece la posibilidad de pronunciarse por su candidatura presidencial sin la necesidad de afiliarse a Morena… ¡un partido de flojera!

Ignoro cuántos de los que asistieron el sábado son auténticos morenistas. Muchos de los que, parados en la plataforma lateral que había sido dispuesta para la prensa, renegaban porque no los habían invitado a subir al templete, ni siquiera son militantes. Y quizá por eso despotricaban también en contra del delegado nacional, el general Gallardo, y del dirigente estatal Sergio Jiménez Bojado.

En el tablado, detrás de Andrés Manuel, como presidente de Morena, de la secretaria general del partido Yeidckol Polevnsky y de la presidenta del consejo nacional, Bertha Luján, estaban viejos y nuevos obradoristas que pasaron a signar el documento o por lo menos fueron llamados en voz alta a hacerlo.

Asegura ser de Morena el ex colaborador de la administración perredista en el municipio de Cuauhtémoc, Rafael Romero Verduzco, uno de los que mostró la manta en contra de Indira Vizcaíno durante el mitin. Y ciertamente es parte de la estructura del Movimiento el general Gallardo, a quien se le atribuyen duras declaraciones en contra de la ex alcaldesa y ex secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado.

Romero le recriminó a Vizcaíno Silva la permuta ‘metros por metros’ (que debió ser a valores equivalentes) del área de donación en Altozano por los terrenos donde se instaló el recinto ferial en Cuauhtémoc. Según él, ese escándalo podría hacerle daño a la imagen de Andrés Manuel.

Como otros impugnadores, Rafael acusa a Indira de traidora y de venderse al mejor postor, ¿en alusión a que no respaldó a la candidata a la gubernatura del PRD, Martha Zepeda?; ¿que denunció cómo el abanderado del PAN, Jorge Luis Preciado, le ofreció 10 millones por ser candidata a diputada federal del blanquiazul?; ¿y que colaboró en la campaña del priista Ignacio Peralta, como se evidenció al aceptar la titularidad de la Sedescol?

¿QUIERES CONOCER A ANDRÉS…?

Nadie en los círculos de lopezobradoristas de Colima ha abogado por Indira, en el sentido de lo que implica dejar la administración de Peralta Sánchez para sumarse al proyecto de Andrés Manuel; tampoco en que los problemas de Indira se dieron en un partido que no es Morena (¡es el PRD!) y que, en todo caso, no hubo una alianza entre el Sol Azteca y Jorge Luis pues Martha Zepeda volvió a ser candidata a la gubernatura en la extraordinaria de 2016.

Sorprende que no haya reclamos para Joel Padilla, dueño de la franquicia del PT en Colima, siendo que ese partido se sumó a la candidatura de Ignacio Peralta luego que la elección ordinaria de 2015 fue anulada. 

De hecho, en 2018 el Partido del Trabajo podría jugar en la presidencial con López Obrador y, siendo congruente con la alianza establecida con el gobernador, el primero en la historia en cumplirle todas las promesa hechas al PT, podría ir por los ayuntamientos en coalición con el PRI, Verde y Nueva Alianza. Para usar una frase de moda: como ahí, ¿qué?  

Nadie en esos círculos pejistas quiere aceptar mucho menos que Indira es una política profesional que, con la sola convocatoria a este firma del Pacto de Unidad, ya demostró su capacidad operativa. Y, hasta ese sábado, no quisieron entender que Andrés Manuel mira bien a Indira, y que López Obrador es el presidente del Partido.

Con las supuestas declaraciones, Gallardo generó otra polémica estéril y absurda como la que surgió cuando Jiménez Bojado cuestionó el papel del General como delegado nacional, y en la anterior visita del Peje le pidió ‘al aire’ cinco minutos para hablar en privado de las pugnas internas de Morena.

Aquella vez Andrés los regañó en público, y ahora volvió a hacerlo. “Se tienen que convencer que Morena no tiene dueño”, les dijo. Para luego darles a entender que si la pelea es por los cargos, los cargos son lo menos importante. Sólo le faltó aclarar: todavía falta mucho para disputarse el primero o segundo lugar en la lista de candidatos al Senado.  

HAY QUE GANAR EL CONGRESO:

Al margen de que la mayoría de los simpatizantes y eventuales votantes del Peje no se paran en estos actos, con su tercera candidatura a la Presidencia de la República AMLO podría arrastrar al triunfo no sólo a la fórmula de senadores y a los aspirantes a la Cámara de Diputados, también a los que peleen las alcaldías y el Congreso local.

Sería desastroso que el Movimiento de Regeneración Nacional no consiguiera emular la ola Fox en el 2000, pero de mantenerse la tendencia al canibalismo que vimos el sábado, “los fundadores de Morena” a los que se refirió AMLO lograrán despilfarrar el capital político que en sí mismo representa el Peje, y dilapidar también las aportaciones que hagan algunos de esos liderazgos que eventualmente se sumen a la campaña, hayan signado o no todavía el Pacto de Unidad.

Hasta ahora, como expresó en su mensaje, López Obrador sólo ha señalado a quienes no irán con él: las cúpulas del PRD y de Movimiento Ciudadano, ambos participantes del Frente Amplio Progresista que postuló a Andrés Manuel en 2006 y 2012. 

Sin embargo, reiteró su llamamiento a los militantes de esas fuerzas, quienes podrían protagonizar una desbandada si la dirigencia de los Chuchos y la comisión operativa nacional que coordina Dante Delgado en el MC no cierran filas con Morena en septiembre de este año. 

En las elecciones donde AMLO perdió ante Felipe Calderón o fue desplazado por Enrique Peña Nieto, Morena aún no era un partido. Por la coalición progresista, un número considerable de políticos de “izquierda” (muchos ex priistas, uno que otro panista y la nomenclatura del Sol Azteca, formada con representantes de las diferentes tribus perredistas) llegaron al Poder Legislativo, alcaldías y delegaciones del entonces Distrito Federal. Ganaron con los votos que les compartió el Peje.

En ambas coyunturas, como líder de la oposición de izquierda López Obrador se quedó solo. En 2006 estableció un gobierno legítimo con un gabinete paralelo, que acabó siendo una vacilada. Después de 2012 empezó a conformar una bancada de Morena, con los congresistas electos originalmente con otros colores pero identificados abierta o discretamente con él. 

El líder de Morena se propone tener en 2018 una representación parlamentaria propia, disciplinada y determinante, gane o pierda la elección presidencial. No olvidemos que si algo facilitó la reforma estructural del Estado fueron las coincidencias ideológicas en el neoliberalismo entre el PRI y el PAN, ¡y la segmentación de la izquierda! 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web de CARVAJALBERBER: www.aacb2.com

Estación Sufragio

Tres visiones distintas del proceso electoral del estado de México que terminará resolviéndose con un cuestionable triunfo de Alfredo del Mazo Maza, candidato del PRI a la gubernatura, se expusieron a los colimenses en días pasados. 

Por parte del Revolucionario Institucional, el ex gobernador de Colima y actual delegado del comité ejecutivo nacional de ese partido en Chihuahua, Fernando Moreno Peña, coincidió en una carta abierta con la perspectiva de Enrique Ochoa Reza.

El dirigente nacional ha venido diciendo que el cómputo en el Edomex supone un triunfo absoluto del tricolor, y anticipa la victoria que el PRI obtendrá en los comicios presidenciales del año próximo.

Cuando los priistas no quieren rendirse ante la evidencia, recurren a la retórica. Y Ochoa Reza festinó cuando apenas acababan de cerrar las casillas, diciendo que con Del Mazo los priistas vencieron “el populismo autoritario” de Morena, frenando el avance de Andrés Manuel López Obrador, quien, según el político michoacano, pretende convertir a México en otra Venezuela a partir de 2018.

Los clásicos tienen una expresión precisa para describir este tipo de victoria: pírrica, “aquella que se consigue con muchas pérdidas en el bando aparentemente o tácticamente vencedor, de modo que aun tal victoria puede terminar siendo desfavorable para dicho bando” (Wikipedia).

Del Mazo obtuvo la mayoría pero a costa de perder cerca de un millón y medio de votos con respecto a los resultados de hace seis años, cuando ganó Eruviel Ávila, lo que hizo a un periódico titular la noticia: el voto “duro” del PRI resultó demasiado “blando”.

Como ha venido ocurriendo en otros estados (entre ellos Colima), el PRI por sí solo no logró superar a su más cercano competidor y se hace de la gubernatura mexiquense gracias a los votos que le aportaron las otras fuerzas coaligadas. ¡Cómo estará de grave la situación que un partido como Encuentro Social terminó siendo la bisagra en la elección!

Para mantener la Presidencia de la República el año próximo, el PRI necesita –siguiendo el método ensayado en el Edomex– pulverizar a la oposición, desalentar la participación ciudadana y ensuciar los comicios al grado que sea imposible saber si los votos son legítimos. En pocas palabras, el tricolor ya solo puede ganar por cansancio.

Y no es que al partido de Enrique Peña Nieto le preocupe ir contra la más elemental ética política o integrar un nuevo gobierno que, al haber sido votado por una minoría, resulte por ello ilegítimo. Pero a sus aliados sí, incluido Estados Unidos.

PRINCIPAL OPOSICIÓN:

Como candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez vino de atrás y se plantó en el segundo lugar. Eso supone ya un triunfo, aunque lo mejor hubiese sido hacerse de esa gubernatura para impedir que el PRI use la tesorería estatal como caja chica para la campaña presidencial de 2018.

Lo que vino a decir Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, hace una semana, en su viaje para preparar la visita de AMLO a Colima de este sábado 17 de junio, es que aun cuando no hayan ganado el estado de México, el Movimiento de Regeneración Nacional mostró el caminito a seguir al captar un altísimo porcentaje de los votos antipriistas.

Delfina no consiguió derrotar al PRI porque el candidato del PRD, Juan Zepeda Hernández, se negó a declinar a favor de ella. Pero tratándose de unos comicios locales que se leyeron como un plebiscito respecto a la candidatura presidencial de López Obrador, los resultados confirman dos factores: la viabilidad de triunfo que tiene Andrés Manuel, y el peso del voto de castigo que recibirá el partido del presidente Peña.

Los detractores del Peje aseguran que fue por las actitudes soberbias de AMLO que Zepeda no se alió con Delfina. Sin embargo, el carismático perredista no habría declinado de ninguna manera (“porque estaba bien maiceado”), y por ello tampoco habría garantizado la ansiada unidad que las conciencias progresistas de este país demandan a las fuerzas de izquierda rumbo a la elección presidencial.

La victoria del PRI en el Edomex no es sólo pírrica en términos de votos, sino también en cuanto a la posibilidad de que el PRI encabece el proyecto conservador en 2018. Ya en 2000, el régimen priista tuvo que abandonar Los Pinos para evitar una verdadera alternancia. Con el triunfo de Vicente Fox cambió el partido en el poder, pero no el modelo económico. Y la apuesta para el año próximo de lo que muy atinadamente llama AMLO “la mafia del poder”, es la misma. 

Si para sostener el neoliberalismo (con la trama de negocios particulares que se han hecho al amparo del poder, bajo los principios de una economía de mercado global que vino a desplazar a un fallido Estado propietario y a su ideología nacionalista) es necesario ceder otra vez la Presidencia, tengan por seguro que el PRI lo hará.

Los propios militantes del tricolor la están viendo venir: su partido presentará una candidatura testimonial mientras todo el aparato de Estado respalda las aspiraciones de un candidato opositor, incluso surgido de una coalición PAN-PRD, siempre y cuando ésta excluya una alianza con López Obrador. 

LA DISPUTA EN EL PAN:

De ahí la lectura que hizo Margarita Ester Zavala Gómez el Campo en su visita a Colima, del fracaso del PAN en las elecciones mexiquenses. La esposa del ex presidente Felipe Calderón es consciente del potencial de regresar a Palacio Nacional que tiene el blanquiazul por el simple agotamiento del priismo. 

Y, en ese sentido, el problema es ganar la contienda interna en Acción Nacional, no construir una candidatura competitiva, y no obstante la inercia del machismo y los negativos que le acarrea su marido, por no hablar de la falta de vitalidad política de la ex primera dama.

Como Rafael Moreno Valle entre más avanza como aspirante presidencial más se desdibuja como un cuadro del panismo (el ex gobernador de Puebla está más cerca de la figura de un candidato externo, que por cierto el PAN nunca ha tenido en una elección presidencial), en la lucha al interior del partido Zavala tiene un solo rival: Ricardo Anaya Cortés.

Los Calderón saben, por experiencia propia, que como presidente del comité ejecutivo nacional del PAN, Anaya tiene ventaja. Felipe derrotó a Santiago Creel, el delfín de Fox, en la elección primaria hacia el 2006 porque como ex dirigente nacional conocía al panismo y a los panistas. 

Por eso es que Margarita Zavala se lanzó a una precampaña para amarrar compromisos con los grupos y liderazgos del partido, antes de que éstos pacten con Anaya o con Moreno Valle.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web de CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.

 


Paracaídas

Una propuesta de reforma y actualización de ley promovida por el senador Jorge Luis Preciado pasó, lamentablemente, desapercibida por los medios colimenses aun cuando esta problemática está en aumento en nuestra entidad y en todo el país, sobre todo entre la población juvenil en edad de secundaria y preparatoria, aunque ya hemos visto muchos casos de funcionarios públicos que han sido exhibidos cometiendo actos oprobiosos.

Las iniciativas de reforma tienden a proteger a personas (incluidos niños) que son vulnerados en su intimidad y, por extensión, se convierten en víctimas de acoso cibernético o de porno venganza cuando alguien usa imágenes suyas o videos de contenido sexual que previamente fueron entregados de forma deliberada por la víctima o que le fueron robados por el victimario, y que posteriormente éste utiliza para cometer un acto de venganza o para acosar a su presa a fin de conseguir un beneficio personal.

He conocido ya más de algún caso de este tipo en alumnos de diferentes secundarias de la entidad y el resultado ha sido desastroso para la agraviada, sin que haya una sola autoridad o ley que pueda garantizarle sus derechos e, incluso, reintegrárselos. Uno de esos casos refería a una jovencita que, luego de ser acusada de no tener casi bello púbico, se tomó una foto para demostrar lo contrario, fotografía que empezó a rodar por las redes sociales a través de una ex amiga íntima suya, quien la utilizó como venganza por haberle “quitado” su novio meses atrás. La jovencita, a causa de esto, ha tenido que cambiar de escuela varias veces y atravesado por una severa crisis de ansiedad en virtud de que no hay una autoridad con facultades para terminar con el problema.

El uso de las redes sociales en jóvenes y adultos es, al día de hoy, indiscriminado, sobre todo Facebook y Whatsapp, y si estas nuevas actividades de la vida cotidiana no se acompañan de leyes que regulen los actos ilícitos que estas conllevan en algunos casos o pueden conllevar, se dejará precisamente en el total desamparo a las víctimas que los padecen, derivando con ello situaciones de alto riesgo, como el de esta jovencita aludida, a quien se le trastocó por completo su vida cotidiana.

En lo que este tipo de leyes se impulsan, primero, luego se aprueban y, por último, lo más importante, se socializan, es un imperativo que existan protocolos o reglamentos internos en todas las escuelas, desde el nivel primaria al universitario) que regulen el uso de las redes sociales, las cuales, dicho sea de paso, nos han indudablemente rebasado.

Me interesan las escuelas, claro, pero es lógico que estas nuevas leyes van encaminas a proteger los derechos de cualquier víctima, esté en edad escolar o no, de ahí su trascendencia.

Ojalá que estas actividades ilícitas (el ciber acoso y la porno venganza) terminen imponiendo penas severas para aquellos o aquellas que las cometen, fomenten, participen o sean cómplices de las mismas.  

Desde la Curul 26

No sé cuál sea la tirada que tenga en mente, a qué se atiene o quién puede estar detrás de él protegiéndolo, pero lo que está haciendo el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, debe ser motivo de un análisis exhaustivo, pues lo que acaba de realizar apenas este miércoles en su municipio es un abierto desafío a una autoridad que tiene todas las de ganar.

No sé si el propósito es buscar un enfrentamiento directo, para hacerse la víctima ante la población, principalmente de su municipio, o si de plano ya perdió piso, o si esa fue la instrucción que le dio quien pudiera estar manejándolo… pero vamos por parte.

El alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, que se envalentonó desde que el Poder Judicial de la Federación, le concedió un amparo para no ser destituido del cargo una vez que la mayoría del Congreso constituido en jurado de procedencia determinó separarlo del cargo acatando la sentencia de la Sala Regional Especializada en materia electoral que lo encontró responsable de haber hecho campaña en favor del ex candidato a gobernador del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez, durante la elección extraordinaria de 2016.

Bueno el caso es que desde que salió a los medios a decir que aspira a ser reelecto en la alcaldía de Cuauhtémoc, como parte de una campaña que lo lleve a seguir en el ánimo de la gente, ha estado adoptando una serie de acciones, aun cuando con ellos se viole la ley, como es el caso que nos ocupa.

Bueno resulta que la última, --bueno, la última hasta ayer, eh--, de Rafael Mendoza, fue que pasándose por el arco del triunfo la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, la instrucción directa de la titular de la Secretaría de esa área, Gisela Méndez, desoyendo la llamada que le hizo la funcionaria estatal y de saber con exactitud que no tiene ninguna autoridad, por mucho que sea el alcalde de un municipio, bueno pues Mendoza Godínez, arrancó este miércoles con un servicio público de transporte a base de motocicletas o mototaxis.

Eso de plano viene a ser un franco desafío, no tanto a la Secretaría de Movilidad, que es la autoridad responsable de proponer al titular del Ejecutivo del Estado, autorizar o no, la inclusión de más vehículos, sino al propio Gobernador del Estado y al Congreso del Estado, a quien les manda el menaje de “…a mí me vale su Ley de Movilidad…”, como asumiendo actitudes al más puro estilo de la “Ley de Herodes”, ¿se acuerdan de esa película?

La acción que ayer emprendió Rafael Mendoza, fuera de toda legalidad, no lo hace ver más valiente porque se estaría enfrentando al Ejecutivo del Estado, sino que lo retrata de cuerpo entero como un ignorante de la ley y que ese arrebato le pudiera acarrear consecuencias que tal vez no se sentó a analizar.

Nuestro marco legal vigente dice que los ciudadanos podemos realizar todo lo que las leyes no nos prohíban; pero una autoridad solamente puede realizar lo que nuestras leyes le ordenan, y lo que acaba de realizar Mendoza Godínez, está fuera de toda legalidad, aún cuando atrás de él esté un grupo de corifeos que en aras de tratar de ganarse su gracia para que los impulse o los apoye para tratar  de ganarse otra candidatura, le aplauden todo y le festinan y aplauden, cuando como ellos como parte de la autoridad que gobierna un municipio, debiera ser los primeros en llamar al orden al alcalde.

¿Cuál fue la barrabasada que cometió?...

Pero bueno ¿cuál fue la acción fuera de la ley que cometió Rafael Mendoza?.... pues resulta que tuvo la feliz ocurrencia, no sé si porque su padrino político el ex candidato a gobernador por el partido al que pertenece le vendió la flotilla de motocicletas que utilizó durante su campaña político electoral, o a quién este beneficiando con este servicio por demás ilegal, el caso es que sin más ni más inició con el servicio de transporte público de paga, es decir, servicio de taxi, en la cabecera municipal de Cuauhtémoc.

De acuerdo al comunicado difundido ayer después de que el propio alcalde Rafael Mendoza se subió a uno de esos transportes para tomarse la fotografía y posteriormente dar el banderazo de salida a ese servicio, señala que es “…Para dar respuesta a una de las más sentidas demandas de la población, respecto a contar con un servicio de transporte público en la zona urbana…”

Y que este venía a ser “… un proyecto piloto al que se ha denominado Ruta Comunitaria, mediante el cual, motocicletas especiales para el transporte de pasajeros harán esta labor, por ahora, únicamente en la Cabecera municipal…”

El propio alcalde Mendoza Godínez, quiso justificar su barrabasada reconociendo primero que “…es un pequeño transporte, varias motos que estarán circulando sólo en la cabecera municipal”.

Según el alcalde de Cuauhatémoc, decidió violar las leyes, cosa que está sancionado en México y que por ese solo hecho debe ser castigado, debido, según su dicho, “…porque a muchas personas se les complica transportarse, a veces desde las colonias de abajo, desde el bachillerato, en fin. Es por eso que hemos tomado esa decisión de abrir las puertas a la Ruta Comunitaria”.

Y luego otra vez se envalentona y reta a la autoridad a la que legalmente le compete autorizar que se preste el servicio y le dice que “....y si la Secretaría de Movilidad, llega a tocarnos, vamos a defendernos legalmente”… o sea yo violo la ley, pero no me quieras hacer nada porque grito...

Ni como ayudarle…

A Rafael Mendoza le valió un soberano cacahuate, que la Secretaria de Movilidad le hiciera saber que los mototaxis no están autorizados en el estado de Colima, --por ahí tiene una piedrota en el zapato Gisela Méndez, luego se la comento--, por los altos índices de inseguridad que representa para los usuarios.

De acuerdo a los datos que maneja la Secretaria de Movilidad,  “el Observatorio de Movilidad de América Latina, determinó que las tasas de mortalidad en este servicio son entre 35 y 40 veces más altas que en las de un ocupante de automóvil”, en consecuencia, “… permitir la existencia del mototaxi afecta la demanda de pasajeros de los sistemas de transporte público formales, sin que esto mejore la seguridad del pasajero”, declaró la funcionaria estatal.

Pero peor aún le cuento que Rafael Mendoza no tiene ninguna autoridad de arrancar, no solo autorizar el inicio de este programa, sino que además, quién sabe basándose en qué estudio, autorizó tarifas para este servicio de mototaxis, los cuales  estarán cobrando de 5 a 15 pesos.

Definitivamente con esta acción Rafael Mendoza denota que perdió piso, --bueno desde hace rato--, que se siente igual que el titular del Ejecutivo del Estado, o incluso más, porque si bien la Ley otorga esa facultad al gobernador del estado de otorgar concesiones, en el caso de las mototaxis, Rafael Mendoza se arroga para sí esa facultad y quién sabe basándose en qué estudio, él decide a quién le autorizó ese servicio, sin informar incluso por cuanto tiempo.

Deba actuar Movilidad…

Ante esta provocación a la autoridad, Gisela Méndez, Secretaria de Movilidad, debe actuar de inmediato y debe enviar a que retiren esas unidades de transporte, pero debe hacerlo sin miramientos, Rafael Mendoza actuó envalentonado porque su amigo, el otro alcalde protegida del ex candidato del blanquiazul a la gubernatura, el tecomense “Lupillo” García Negrete, permitió que en Cerro de Ortega se esté ofertando ese mismo servicio y la titular de Movilidad se ha quedado pasmada, no ha sabido cómo actuar, esa es la piedrota de la que le hablaba líneas arriba.

Da la impresión de que la Secretaria de Movilidad, en el caso de los mototaxis que están operando en Cerro de Ortega, desde hace tiempo, no ha querido actuar porque se ha dejado engañar por el cuento de “Lupillo” García de que él es amigo del gobernador José Ignacio Peralta, y que éste no le hace nada y que le está apoyando en este y en muchos otros asuntos.

Si Gisela no actúa, mañana todos los municipios estarán inundados de este servicio y ella será la responsable…

Así comenzó el servicio Uber, de chofer pro y quién sabe que tantos otros vehículos que están ofreciendo el servicio de taxi, con vehículos y placas particulares y ya no va a poder sacarlos.

Por otra parte, yo no sé si debe ser la Secretaría de Movilidad, o el área jurídica de Gobierno del Estado o alguna fracción parlamentaria llevar el asunto al Congreso, pero por este tipo de violaciones flagrantes a la ley, creo que debe iniciarse de inmediato un juicio para separar del cargo al alcalde de Cuauhtémoc, que finalmente es lo que persigue, para tratar de hacerse la víctima y decirle a la gente de aquél municipio, que lo quieren quitar del cargo porque no quieren que él les de ese apoyo, cuando la ley es muy clara y él la está transgrediendo.

Creo que la ley se debe aplicar y se tiene que hacer respetar y en este asunto del alcalde de Cuauhtémoc, los diputados de la bancada del blanquiazul representados en el Congreso local, no creo que sean cómplices de una ilegalidad y vayan a defender a un berrinchudo que no respeta su investidura en aras de tratar de sacar raja política.

No sé por qué pero se me vino a la mente Facundo Cabral, cuando hizo referencia a las sabias palabras de su abuela, que dejó plasmada de manera clara una definición…

Habrá que esperar a ver cuál es el desenlace.

Quieren endeudarse…

Los tiempos políticos se acercan y consecuentemente muchos de los actuales actores que aspiran a seguir sacrificándose por el pueblo, tratan de dar el estirón definitivo para impresionar a sus conciudadanos para tratar, ahora que ya se podrá, buscar la reelección en el mismo cargo y si no se alcanza el objetivo, cuando menos que algo quede.

Bueno, pues déjeme comentarle que a finales del año cuando se aprobó el paquete fiscal del estado y de los Ayuntamientos, en los proyectos de Ley de Ingresos de los diez municipios, ninguno de estos previó solicitar la autorización para contratar en el transcurso del año, alguna línea de crédito para desarrollar alguna obra, lo que significa que no tenían nada previsto.

Bueno pues ándale que ahora andan como cucarachas en quemazón las autoridades municipales de Coquimatlán encabezadas por Orlando Lino y sin más, mandaron una solicitud al Congreso del Estado, para que se les autorice a contratar un crédito por más de siete millones de pesos, casi ocho, los cuales no pretenden pagar en esta administración, sino que la heredarían para la siguiente.

De acuerdo a la solicitud que mandaron al Congreso local, quieren que les aprueben, sin haberlo incluido en la ley de ingresos para el ejercicio 2017, que les aprobó el Poder Legislativo, ese crédito por más de 7 millones de pesos.

Pero le ¿digo algo?, la petición está como esas ocurrencias que luego surgen…

Resulta que están pidiendo la autorización “para realizar acciones de mejoramiento de la red de agua potable”… ¿qué pretenden hacer?, quién sabe… ¿cuántos metros lineales de tubería pretenden introducir o cambiar?, quien sabe. ¿Qué colonias van a beneficiar?, vaya usted a saber… No dice nada la solicitud, solo que les aprueben a contratar ese crédito.

Es decir no mandataron ningún estudio, ni tablas de cotizaciones, ni proyectos de lo que pretenden realizar, solamente dicen que la red de agua potable está en mal estado y requieren “lana”, “billuya”, “marmaja”, dinero y que requieren a la voz de ya casi ocho millones de pesos y que pretenden, --bueno eso pretenden--, que se paguen en 36 mensualidades, es decir, transferírsela a la siguiente administración… o lo que es lo mismo “nosotros nos gastamos la plata, y que los que vengan detrás que paguen”.

Vamos a ver qué opinan los diputados, si van a continuar con esa práctica de que “bueno, al cabo es cuate, pues hay que autorizarle lo que nos pide, al cabo el pueblo aguanta eso y más”,  ¿verdad?

Para cerrar…

**Otra Ley vetada por el Ejecutivo

Desde que se llevó al pleno y se dio la discusión y fue aprobada con calzador, se vio que la Ley que Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales para el Estado de Colima, no iba a tener mucho futuro, sobre todo porque no se hicieron los consensos entre todas las partes, y ese empecinamiento ya tuvo sus resultados.

El decreto que contenía dicha Ley, le fue turnado al Titular del Ejecutivo, para su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”, luego de que había sido aprobado en la sesión del pasado 24 de mayo.

Bueno pues como esa ley no llevaba el consenso de muchas de las partes involucradas, los dirigentes de la Cámara Nacional  de la Industria Restaurantera (CANIRAC), aduciendo que no habían sido escuchados, buscaron directamente al titular del Ejecutivo, para solicitarle que no publicara dicha ley, explicándole que les causaba afectación.

El Gobernador del Estado se comprometió a no publicarla y lo cumplió, el plazo legal para hacerlo se venció el  viernes de la semana anterior y dicha Ley que Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales para el Estado de Colima, bailó las calmadas, no pasó el filtro.

Una vez que se cumplió el plazo que tenía el Gobernador para mandar publicar dicha ley, ahora el Congreso dispone de cinco días, para mandar publicar por su cuenta ese decreto en el periódico oficial “El Estado de Colima”, pero le apuesto doble contra sencillo, que los diputados no lo harán, porque lo que menos quieren es tener alguna fricción con el titular del Ejecutivo.

De hecho debo decirle que esta Ley, no debió haberse aprobado, pero hubo un empecinamiento de parte de quien fue la iniciadora de la misma, y cuando se sometió a debate, a pesar de que con naranjas y limoncitos se les trató de explicar que no era la más adecuada y contenía muchos errores, hubo una cerrazón y bueno, ahora estas son las consecuencias, tenemos otra iniciativa de ley vetada.

Es decir, otra vez el titular del Ejecutivo del Estado, sale a corregirle la plana a nuestros diputados… ya lo decía el divo de Juárez (¿verdad Nico?), “…pero qué necesidad…”

**Le comento que hoy habrá doble cartelera, como en el cine, pero esto en el Congreso del Estado. A las 10:00 horas, --hora legislativa--, ha sido convocada sesión solemne para que el Congreso del Estado de Colima, entregue un reconocimiento al escritor y cronista municipal del Ayuntamiento de Colima, el investigador José Abelardo Ahumada González.

La principal promotora de este reconocimiento es la diputada manzanillense Martha Leticia Sosa Govea, quien quedó fascinada con uno de los últimos libros escritos por Abelardo Ahumada, “El camino de Miraflores”, mismo que fue presentado el 16 de octubre de 2016, en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEM).

**Al concluir ese evento, se convocará a sesión ordinaria, se calcula que será a las 12:00 horas, en donde habrán de presentar, si no modificaron el esquema de último momento cuatro dictámenes que tienen que ver con autorizaciones a los ayuntamientos para ampliar los cobros de licencias comerciales, servicios de agua potable, en fin, todos aquellos que no han pagado contribuciones ni licencias, a que puedan renovarlas sin pagar recargos.

**Le anticipo que aún cuando ya estamos a medio mes de junio, no se presentará el dictamen, lo que es más, aún ni empiezan a elaborarlo, sobre lo que serán las reformas al Código Electoral del Estado que regirá el proceso electoral 2017-2018.

Todavía este miércoles la diputada de Movimiento Ciudadano, entregó vía Oficialía de Partes sus propuestas, de lo que pretende quede claramente especificado en ese ordenamiento, como es el aspecto de la equidad de género, las candidaturas independientes, en fin lo que ya se aprobó reformar en la Constitución local en esa materia, que queden debidamente clarificadas en el Código.

**También déjeme comentarle que se han estado realizando una serie de reuniones en el Congreso del Estado, eso sí todas a puerta cerrada y por la tarde, para que no haya reporteros, donde se ha estado discutiendo la posible autorización de apoyos a los habitantes del Cerro Grande, para que se realicen obras que permitan mantener en buen estado la “olla de agua”, que abastece de líquido a los manantiales que nos surten a los habitantes de Colima y Villa de Álvarez.

En esas reuniones, entre otros ha estado participando el diputado Riult Rivera Gutiérrez, funcionarios de la biosfera de la Sierra de Manantlán, gente del Terrero, entre otras.

**Asimismo se han estado organizando reuniones con las autoridades de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima-Villa de Álvarez, donde están discutiendo los apoyos que se plantearon en tribuna para aquellos lotes no construidos, para que paguen solo el equivalente a medio salario.

Los temas son interesantes, pero como le digo, los vienen haciendo en lo oscurito y sin la presencia de los medios de comunicación, como si les hiciéramos tanta “mosca”…

**A Fernando Cruz: Se el dolor y la pena que estás viviendo por el sentido fallecimiento de tu señora madre, de manera respetuosa te hago llegar un abrazo afectuoso y mi solidaridad en estos aciagos momentos, haciendo votos porque en la solidaridad fraterna tú y todos tus familiares, encuentren pronta resignación. Estoy seguro que el recuerdo, su imagen y sus acciones vivirán por siempre entre ustedes.

Por hoy hasta aquí la dejamos, ya le platicaré “Desde la Curul 26”, como se desarrollarán las sesiones de este día y cómo será el fin de semana que se prevé intenso, viene López Obrador el sábado, seguramente habrá mucha tela de donde cortar… hasta la próxima.

Análisis Político

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, es la guapa Secretaria General del partido Morena quien vino a Colima el pasado fin de semana a realizar los trabajos de la dirigencia nacional tendiente a ganar el proceso electoral presidencial del 2018 y se reunió con nosotros, los columnistas del “Circulo Colimense de Analistas Políticos” manifestando su interés de entablar un diálogo en donde le diéramos nuestros puntos de vista sobre el panorama político de nuestro estado.
En su exposición política precisó los escenarios y conflictos que se van presentando en los estados y respondió hábilmente a muchas preguntas, recordó que ya había estado en este bonito estado cuando ocupaba la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que posteriormente se presentó como candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno del Estado de México en donde ganó el del PRI, Enrique Peña Nieto, hoy presidente del país y después se integró al equipo de campaña del precandidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.
MORENA DIVIDIDO Y DEBILITADO EN COLIMA
Los analistas coincidieron en advertirle a la Secretaria General de Morena que este partido está muy mal representado en la entidad, que si bien se respeta la decisión de la dirigencia nacional, la realidad es que si quieren sacar muchos votos deberían designar antes del proceso a un coordinador colimense ampliamente reconocido por la sociedad y sobre todo saber en donde localizarlo, que el desorden de la dirigencia estatal de Morena es precisamente porque no hay liderazgo, agregaron que además que es necesario la defensa oportuna del voto y que como no tienen estructuras locales ni municipales no alcanzan ni tener a un representante en cada una de las casillas. Se comentó que no tiene presencia política el partido por falta de liderazgo.
INDIRA VIZCAÍNO CON LA LIDER NACIONAL DE MORENA
La ex alcaldesa y ex Secretaria de Sedescol asistió al desayuno de los columnistas acompañada con la Secretaria General del Comité Nacional de Morena, en donde se advirtió de la amistad que las une y precisando Indira que no está afiliada a Morena y que sigue siendo perredista, pero que como la reunión era entre amigos aceptó la invitación.
EL GOBERNADOR ANTE EL CONGRESO POR SEGURIDAD
Se publicó una solicitud para que el gobernador comparezca en el Congreso para que hable sobre la inseguridad y en una entrevista el gobernador dijo que siempre estará abierto al diálogo y desde luego que acudirá cuando el Congreso le fije la fecha, es decir en nada le preocupó y atenderá esta petición.
Lo curioso de todo esto es que a esta solicitud para que comparezca el gobernador ante el Congreso, extrañamente los diputados del Partido Acción Nacional votaron en contra, así trascendió, cuando fueron varios los que más insistieron en el tema cuando se llamó a comparecer a los diez alcaldes de la entidad, si para muchos panistas Nacho Peralta como gobernador es el único responsable de la inseguridad en la entidad por qué votaron en contra de que acudiera, cuando esta es la oportunidad perfecta para hacerle los cuestionamientos que deseen al gobernador. No hay congruencia. Ojalá que pronto en temas relevantes todos jalen parejo.
 (abelglezs@gmail.com)

Estación Sufragio

Hace unos días el alcalde Héctor Insúa García sorprendió a los medios al revelar que el Ayuntamiento de Colima analiza la posibilidad de eliminar la zona de tolerancia.

En el marco de la convocatoria para el Taller de Arquitectura y Urbanismo 2017 del que espera resulten proyectos viables para transformar la fisonomía de la capital, el edil panista expuso que las comisiones de regidores ya trabajan en esta idea. 

“Hay que esperar que se desarrolle el taller, pero la propuesta es eliminar la zona de tolerancia y reglamentar todas y cada una de las actividades comerciales que se tenían [ahí]. La idea es que desaparezca”, dijo el presidente municipal, dejando en claro que lo más urgente es reglamentar el comercio sexual o, como nos gusta decir ahora, el sexoservicio.

Concebidas como espacios donde, como su nombre lo indica, se toleraban actividades que legalmente estaban prohibidas, como la prostitución y espectáculos “inmorales” como los bailes exóticos (serán eróticos), la tendencia a nivel global es que la zona roja de una ciudad desaparezca pues se les asocia a otras actividades delictivas como la trata o la perversión de menores. 

En realidad, en estos espacio se permitía todo. “No podemos nosotros fomentar la idea que podemos seguir viviendo en una zona de la ciudad donde no hay reglas, es lo que se va a acabar”, dijo el Alcalde, de acuerdo a la nota de Edgardo Zamora.

Insúa pidió esperar a que se desarrolle el taller y los trabajos de las propias comisiones, y no adelantarse a las conclusiones. Pero ya podemos anticipar que sus críticos usarán el tema para cebarse en el panista, quien aspira a la reelección toda vez que de la Comuna capitalina han salido varios candidatos a la gubernatura y, en 2021, el acalde de Colima será un aspirante natural al máximo cargo de elección popular en la entidad. 

La zona de tolerancia se instaló en ese lugar (hoy queda a espaldas de la Central Suburbana) a finales de los años setenta. Antes los burdeles estaban dispersos en el barrio del Agua Fría, al suroeste de la ciudad, donde se pueden ver como vestigios de esa actividad los domicilios de los mariachis y algunos hoteles (de paso). 

En un predio anexo al antiguo rastro (que fue transformado en talleres y patios de maniobras para los vehículos de Servicios Públicos cuando se construyó la Procesadora Municipal de Carne) se trazó una plaza jardinada, alrededor de la cual se ubican los viejos cabaretes hoy degradados a caguamerías. En este diseño  estaba implícto el esfuerzo gubernamental por dignificar al oficio más antiguo del mundo.

Entre los varios alcaldes que en los últimos trienios han hablado de reubicar la zona de tolerancia o cerrarla definitivamente, más de uno dibujó la posibilidad de convertir esa plaza en un parián como el de Tlaquepaque, y transformar los bules en restaurantes típicos o cenadurías.

Ninguno de los ediles que prometió en campaña cerrar o reubicar la zona de tolerancia, cumplió. Cuestionados sobre ello en su momento, adujeron obstáculos legales. No se sabe bien a bien de quién son los locales que albergan los establecimientos, y eso curiosamente se ha convertido en una ventaja para los lenones.

Ni siquiera Mario Anguiano que como gobernador construyó el complejo de Asistencia Social a unas cuantas cuadras, se atrevió a quitar la zona de tolerancia cuando fue presidente municipal. Y el actual mandatario estatal, Ignacio Peralta, vio como alcalde que el Hospital Puerta de Hierro prefirió declinar la donación de un terreno que instalarse en las inmediaciones de El Manchón. Mejor compraron en la parte norte de la ciudad.

PROSTITUTAS Y PROSTITUTOS:

La zona roja continúa funcionando aunque haya dejado de ser el epicentro de la vida nocturna en Colima. Sin embargo, afecta la plusvalía de una vasta zona habitacional que incluye urbanizaciones de tipo popular, fraccionamientos de interés social y preferencial y cotos pretendidamente residenciales que fracasaron comercialmente por estar en un entorno deprimido, aunque estén a unas cuantas cuadras del centro histórico.

Si quitaran la zona roja y se le diera otro destino al espacio, el vecindario ganaría además una vialidad que conecta al boulevard Rodolfo Chávez Carrillo directamente con la prolongación de la avenida Anastasio Brizuela. Hoy hay que ir hasta la Javier Mina en Colima, o hasta la prolongación Benito Juárez en Villa de Álvarez.

Se ha dicho hasta el cansancio que la zona de tolerancia ya no es lo que fue; que hoy alberga mayoritariamente a travestidos, transgéneros y transexuales que compiten (las mujeres biológicas dicen que) deslealmente por los clientes con las prostitutas, ficheras y simples bailarinas; y que en todo caso las sexoservidoras más jóvenes y atractivas trabajan en los table dance u ofrecen sus servicios a través de internet.

Insúa parte de una verdad absoluta: la prostitución no es ya la actividad más buscada en la zona de tolerancia, y la zona roja no concentra a la prostitución que se da en la zona metropolitana. El sexo servicio se trasladó a las calles y, cada vez más, a la autopista de la información. Y se practica en espacios públicos o en moteles. Además, lo ofrecen tanto mujeres como hombres.

Reglamentar el comercio carnal como sugiere el Alcalde no sólo supone regular los aspectos sanitarios que se pretendía cuidar con la instalación de la zona de tolerancia (como evitar la proliferación de enfermedades venéreas o, como nos gusta decir ahora, enfermedades de transmisión sexual), sino también establecer horarios y ubicación de los y las prostitutas.
 
En los países donde se ha profesionalizado el trabajo sexual, se autoriza ejercer la prostitución en ciertas calles o parques, donde se pone vigilancia policial para la seguridad de los clientes y, también, para la protección de los y las sexoservidoras (que, de esta manera, ya no tienen excusa para buscarse un padrote o proxeneta), amén de complicar a la delincuencia organizada la posibilidad de tejer redes de trata.

El mayor problema que enfrenta Insúa para llevar a cabo una medida que tendría un impacto muy positivo en el valor inmobiliario de todas las colonias que orbitan en torno a la zona roja, es político. La prostitución, como el narcomenudeo, es una de esas problemáticas que la sociedad y los gobiernos prefieren no ver. Y proponer soluciones radicales nos enfrenta a nuestra propia mojigatería.

Vale destacar que sea un alcalde del PAN, partido que tiende al conservadurismo, el que se plantee ir a fondo en la cuestión: ¿qué hacemos con la zona de tolerancia?

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web de CARVAJALBERBER: www.aacb2.com
    

Desde la Curul 26

Interesante resultó la etapa de entrevistas a los 11 aspirantes –declinó uno, eran 12-- a consejera o consejero presidente y consejeras o consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima, que el pasado 8 de junio se celebró en las instalaciones del INE en la Ciudad de México, sobre todo las primeras cuatro que conformaron el grupo número 1, por estar incluidos los cuatro primeros lugares de los resultados de las evaluaciones anteriores.

De los consejeros del INE, participaron el presidente del consejo general, Lorenzo Córdova Vianello, Pamela San Martín Ríos y Valles, Enrique Andrade González y Jaime Rivera Velázquez; déjeme comentarle que salvo la entrevista que abrió la sesión con María Guadalupe García Vázquez, las tres restantes los consejeros fueron muy incisivos por las características de los aspirantes.

El segundo en comparecer fue ex secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel Núñez Martínez, por el hecho de haber sido despedido por el actual consejo general en funciones y porque el ex secretario ejecutivo, impugnó su remoción y ganó su reinstalación al darle la razón el Tribunal Electoral del Estado.

Luego se presentó la ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado, y dos veces ex consejera primero del Instituto Federal Electoral en 2012 y en 2015 por el Instituto Nacional Electoral, habiendo sido consejera del Instituto Electoral del Estado, por menos de un mes al haberle sido revocado su nombramiento por sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María Elena Adriana Ruiz Visfocri.

El último de los cuatro que conformaron el primer grupo de aspirantes, fue Juan Manuel Rodríguez Peña, ex director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado, corrido también, a pesar de sus 16 años y 11 meses, por los seis integrantes del consejo general del IEEC, encabezados por la presidenta provisional Ayizde Anguiano Polanco y que también impugnó su despido ante el Tribunal Electoral del Estado.

Centraré mis comentarios en la participación de Ruiz Visfocri, quien no tuvo empacho en alabarse y en culpar a otros, incluso a personas fallecidas como es el caso de los otros dos ex magistrados que en 2003 integraban pleno junto con ella en el Tribunal Electoral del Estado de Colima y además decir a los consejeros que en el estado ya hasta los priístas la quieren, ya que los que tanto la persiguieron pertenecían a otro grupo del que actualmente gobierna y que pues ya, aquél episodio, fue en 2003, es decir 14 años atrás.

En la entrevista se le señala a Ruiz Visfocri que “es evidente en tu caso que hay fuerzas políticas en tu estado, que no están de acuerdo con tu participación en el consejo general del Instituto Electoral de Colima, ¿cómo atenderías este reto como árbitro ante un evidente desacuerdo de en particular un partido político?, se le pregunta.

Ruiz Visfocri, dijo que “es evidente eso que tengo en contra, porque desde 2003 que yo presidí el Tribunal Electoral en mi estado, fue cuando se anuló la elección de gobernador la primera vez, porque ya hubo otra anulación y pues la elección realmente fue muy competida, fue muy, pues sí se cometieron más irregularidades en la segunda vez y finalmente nosotros resolvimos por mayoría, los otros dos magistrados, y el Partido Revolucionario Institucional siempre estuvo con la percepción, que yo tenía la intención de volver a anular la elección. Y pues no, no era así (sic)”.

Agregó que “sin embargo cuando se resolvió la elección (ordinaria), he de mencionar que, el Congreso aquella ocasión, dio únicamente 60 días para llevar a cabo la elección extraordinaria, entonces el Tribunal envió el recurso a la Sala Superior, todo el expediente que no olvido porque yo misma fui a entregarlo al aeropuerto, en ese tiempo teníamos que llevar las cajas abiertas, constaba de 125 kilos de expediente”.

 “(Eso) fue lo que enviamos a la Sala Superior el domingo 28 de diciembre y el martes 30 resolvió la Sala Superior, entonces era humana y materialmente imposible que los magistrados vieran diez horas de videos, revisaran paquetes electorales que se habían abierto, que revisaran casillas que se habían anulado, en fin, era materialmente imposible que del domingo en la noche que llegó el expediente al martes en la mañana pudieran hacer una revisión minuciosa”.

Según Visfocri “yo lo que considero es que los magistrados (de la Sala Superior) dijeron, ‘hay dos magistrados que están a favor de quien fue el que ganó, pues así se va”.

Ante la insistencia de cómo atendería, de ser designada consejera, este desacuerdo, dijo que “con completa imparcialidad, siempre me he ajustado a derecho, siempre he sido imparcial”, dijo.

“… en 2016 organizamos en Colima la elección extraordinaria de gobernador y bueno me conduje con toda imparcialidad y totalmente apegada a derecho, y ningún partido y en concreto el Partido Revolucionario Institucional no ha puesto objeción en mi participación”, dijo la ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado en 2003.

 Sin embargo recuerda: “solamente en esta ocasión, hace tres años, pues este fue concretamente el partido local (PRI), en el local, los que estuvieron en desacuerdo y bueno pues ustedes tienen conocimiento de que mi nombramiento fue revocado y por eso también fue que volví a participar, no tenía impedimento para volver a participar en el proceso, toda vez que al ser revocado mi nombramiento, quedó como decimos los abogados, quedó en la nada jurídica”.

Adriana Ruiz Visfocri, se curaba en salud, pues ella sabe de antemano que está violando la convocatoria, y que no podía estar participando, pues una de las bases destaca que no podían entrar a este proceso quienes ya hubieran sido designados consejeros por el Instituto Nacional Electoral, lo cual ocurrió en 2014, donde no solo fue designada, sino que rindió protesta, tomó posesión y cobró al menos una quincena de sueldo (bueno fueron 22 días).

La Sala Superior del Tribunal Electoral, en la sesión del miércoles 22 de octubre de 2014, ordenó al consejo general del INE revocar su nombramiento “…como lo aduce el Partido Revolucionario Institucional, María Elena Adriana Ruíz Visfocri se ha conducido en su desempeño como titular de un órgano jurisdiccional electoral, específicamente como Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Colima, con una conducta jurídicamente reprochable, pues con su actuar puso en riesgo los principios rectores de la materia contenciosa electoral, pues al ser dicho órgano jurisdiccional la máxima autoridad en la materia en aquella entidad federativa, correlativamente es la autoridad que en mayor grado debe respetar y hacer respetar los principios que guían la función electoral”, (ver Desde la Curul 26 del 27 de octubre de 2014 http://ipuntocom.mx/desde-la-curul-26-13/)

Ella sabía que la Sala Superior iba a fallar en su contra, por eso no renunció al cargo de consejera federal del antiguo IFE, cuando se inscribió para poder participar como aspirante al consejo local.

Por eso cuando es destituida, aunque la palabra que utilizó la Sala Superior fue de “se le revoca el nombramiento” del cargo de consejera local, inmediatamente corre a la Junta Local del ahora Instituto Nacional Electoral, para decirles que ahí estaba ella y que era consejera y su nombramiento fue ratificado y pudo participar en el proceso ordinario de 2015 y el extraordinaria para la elección de gobernador en 2016.

En la comparecencia este jueves Adriana Ruiz Visfocri, para que no se escuche tan feo, faltó a la verdad y omitió decir que la sentencia de aquél 22 de octubre de 2014, es clarísima.

Dijo a los consejeros del INE que de ser designada se va a conducir “con completa imparcialidad, siempre me he ajustado a derecho, siempre he sido imparcial. Estuve como consejera local del IFE en 2012, consejera local del INE en 2015 y también en la elección de gobernador, que fue la primera donde asumió la facultad de asunción y organizamos en Colima la elección extraordinaria de gobernador y me conduje con total imparcialidad, totalmente apegada a derecho…”

Cuando el consejero Enrique Andrade le pregunta específicamente ¿usted cambió el proyecto de la sentencia?, (refiriéndose a la elección extraordinaria de gobernador en diciembre de 2003), Ruiz Visfocri no tuvo empacho no solo en culpar a dos ex magistrados ya fallecidos, sino denostar al abogado Roberto Cárdenas Merín, a quien sigue acusando de que él no hizo el proyecto de la sentencia del juicio promovido por el Partido Acción Nacional.

Lo acusa de que incluso Cárdenas Merín nunca conoció el expediente, “…a él le enviaron hecho el resolutivo, no se hizo en el Tribunal, y pues no conoció el expediente, yo sí conocía el expediente…”, “…además era imposible para él, ya era una persona de 79 años y él no la podía haber hecho”, dijo el pasado jueves Ruiz Visfocri.

También lo acusa de que en una reunión que sostuvieron en Casa de Gobierno, con el gobernador interino Carlos Flores, Roberto Cárdenas Merín se quedó platicando como 15 minutos a solas con el gobernador interino y fue después de eso que cambió la versión de que les habían pasado un proyecto de resolución distinto al aprobado en la sesión del 22 de diciembre de 2003.

María Elena Adriana Ruiz, dijo muchas cosas a su conveniencia (pueden escuchar completa su comparecencia en https://www.youtube.com/watch?v=NZ3wWr9VUhc  ine/ENTREVISTAS A OPLE COLIMA).

Nadie se ha pronunciado en mi contra…

Cuando le preguntan los consejeros del INE a Ruiz Visfocri, si teniendo toda esa animadversión en su contra, considera que podría hacer un buen papel como consejera del Instituto Electoral, la ex presidenta del TEE, dice que “actualmente ya los actores políticos en Colima cambiaron, ya el gobernador anterior inclusive está siendo investigado por el gobernador actual, no son del mismo grupo político”.

“La dirigencia del PRI en el estado, cambió completamente; quienes son los dirigentes, los coordinadores de los grupos parlamentarios, ya no pertenecen a ese grupo político, y pues hasta ahorita en Colima no ha habido ningún pronunciamiento, ni editoriales, ni artículos periodísticos ni nada poniendo en duda mi posible participación”, dijo Ruiz Visfocri.

Luego reconocía que sigue gobernando el PRI “pero sí es otro grupo político. El gobernador actual en el que yo participé en su elección no es una persona revanchista, no es una persona, bueno incluso, lo tildan de que es muy paciente, muy de que hace muchos acuerdos y demás, entonces por ese lado yo considero que podría ser salvable. Sí indudablemente es un partido y un partido que es muy cohesionado, pero ya actualmente no están los mismos actores políticos al frente” decía la aspirante a consejera    

“Si hubiera cometido un homicidio ya no sería perseguida…”

Ante las dudas de los consejeros, incluido Lorenzo Córdova, el presidente del INE, como podría salvar sui situación ante la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Adriana Ruiz Visfocri, dijo que “…mira hay una resolución de 2011, cuando concursé para ser consejera local del IFE en Colima, también me impugnaron, por la misma situación y aquella ocasión no les prosperó su impugnación, o sea la Sala Superior dijo que yo podía ser perfectamente consejera, aun cuando había sido… bueno, lo que pasó cuando fui magistrada”.

“Sin embargo en el 2014, pues el resolutivo fue contrario a lo que había habido en el 2011”.

“Yo una de las  cuestiones que he pensado es que en cierta forma expreso o alego por decirlo de alguna manera jurídica, es el transcurso del tiempo, eso del 2003, pues hace ya 14 años, ¿verdad? Yo digo que si hubiera cometido un homicidio, a los diez años me hubieran dejado de perseguir, y ahorita, yo no cometí ningún delito, no cometí ninguna falta, nunca me pudieron acreditar nada porque no lo hice”, dice la aspirante a consejera del IEEC.

“Entonces creo que después de 14 años pues sí, ya sería mucho el que todavía tuviera que estar pagando por cosas que no sucedieron exactamente hace 14 años, eso es lo que yo creo; el paso del tiempo y un resolutivo que pues bueno, la Sala Superior cambia sus criterios y no solo en asuntos personales, sino en asuntos de tesis y de resoluciones que emite, pero pues sí, yo considero que eso puede ser un factor que me favorece en cierta forma, que en una ocasión ya se había analizado y no procedió y pude ser consejera electoral en el proceso de 2012, cuando fue para presidente de la República”, dijo.

Esa es una parte de la entrevista donde Adriana Ruiz Visfocri, trató de vender su verdad, olvidándose de hechos que no fueron como ella los planteó, lamentablemente actores muy importantes han fallecido y que pudieran decir otra cosa, entre ellas el por qué se dio carpetazo a aquella averiguación previa que se interpuso en la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque los involucrados que aún viven, dicen que había elementos suficientes para actuar.

En fin es cuestión de muy pocos días para que el consejo general del INE de su veredicto y determine quienes serán los cuatro hombres y mujeres, que serán consejeros electorales, las designaciones se darán antes concluya el mes de junio para que el Consejero  Presidente o Presidenta del OPLE de Colima tome posesión a la brevedad, mientras que los otros tres Consejeros que se nombrarán, iniciarán su cargo el 1° de Octubre.

A mi no me crea mucho, pero se dice que dos de las aspirantes, le tienen veladoras encendidas a quien fuera candidato del PAN a la gubernatura del estado, que dicen que les prometió que las impulsaría para que sean consejeras, vaya usted a saber, ya ve como se dicen tantas cosas… los nombres me los reservo.

Para cerrar…

**Le comento que la semana que concluyó el Congreso del Estado, declaró válidas las reformas a la Constitución local en materia electoral, luego de que en menos de ocho días, se entregaron las minutas proyecto de decreto a los diez ayuntamientos, los cabildos de 7 de ellos, las recibieron, las leyeron, las analizaron y las aprobaron, y además las regresaron antes de esos ocho días, para que el Congreso pudiera hacer la declaratoria de validez.

Seguramente en la edición del pasado sábado, habrá que ir a comprarlo a ver si ya se publicaron dichas reformas, debieron haberse publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, para que tengan plena validez, de otra manera es como si no existieran.

Y le digo que hay que ir a checar físicamente el periódico oficial, porque luego a los encargados de las publicaciones se les olvida publicar todos los decretos emanados del Congreso del Estado, y muestra de ello hemos tenido varias, donde los legisladores por ejemplo aprueban ampliar los períodos de descuentos en impuestos, derechos y servicios y resulta que no se publican en el periódico oficial y no se pueden aplicar los descuentos y eso lo han dicho los diputados en tribuna.

**Por cierto en la siguiente entrega le voy a platicar de otra buena que se aventaron los diputados locales… luego se quejan de que los ventanean, pero se la platico en la próxima.

**Antes de concluir solo comentarle que este jueves habrá sesión solemne para entregarle un reconocimiento al cronista municipal de Colima, Abelardo Ahumada González, a propuesta de la diputada manzanillense Martha Sosa. El evento será a las 10:00 de la mañana.

**Finalmente decirle que esta semana no se presentará el dictamen que contenga las reformas al Código Electoral del Estado de Colima, porque no ha habido reuniones. No sé por qué creo que ya se donde les están haciendo el librito que regirá el próximo proceso electoral, déjeme confirmarlo y se lo platico en otra entrega “Desde la Curul 26”… por hoy hasta aquí la dejamos.

Estación Sufragio

Vamos a suponer que el oficialismo postula en 2018, como candidatos del Partido Verde, al actual diputado federal Virgilio Mendoza para la alcaldía de Manzanillo y a Nicolás Contreras, hoy líder del Congreso y de la bancada “independiente”, a la presidencia municipal de Colima. Y que ganan. 

Dado que históricamente el edil capitalino es aspirante natural a la gubernatura y que el ayuntamiento porteño ya ha producido un mandatario estatal, Elías Zamora, sin olvidar que Manzanillo es el gran polo del desarrollo económico en la entidad y una urbe que compite en población con la zona metropolitana al norte del estado, para la siguiente elección de gobernador, en 2021, el PRI tendría por sí solo dos cuacos menos en una de por sí flaca caballada.
 
Desde cierta perspectiva, tiene lógica apostar contra el partido gobernante cuando al entonces candidato Ignacio Peralta le pesaron tanto las siglas del PRI, pero no hay que olvidar que en las elecciones ordinarias de 2015 el oficialismo en Colima estaba dividido, y que el candidato a la gubernatura eligió presentar como propias planillas del PVEM para los ayuntamientos, ante la evidencia de que el gobernador saliente, Mario Anguiano, había acaparado las nominaciones del tricolor. 

Que los candidatos del Verde compitieran contra los del tricolor permitió el arribo de (neo) ecologistas a los gobiernos municipales de Armería y Minatitlán, pero también el triunfo del PAN en otros tan importantes como Colima. Se consiguió el objetivo de derrotar al PRI de Mario Anguiano al costo de sacrificar la estructura priista que estaría al servicio de Ignacio Peralta.

Si bien es cierto que JIPS también fue candidato del Verde (y de Nueva Alianza), no se suponía que por ello el PRI resultara el patito feo de la coalición oficialista. Sin embargo, ese fue el sentimiento que embargó a la clase política tricolor cuando, de entrada, fueron desplazados de la administración pública por profesionistas y empresarios… si no apartidistas, sí impolíticos y notoriamente antipriistas.

Sería injusto decir que el gobernador Peralta, jefe nato del PRI, no ha apoyado al partido en el que milita. Por ejemplo, durante su mandato el Revolucionario Institucional tendrá su propio edificio después de casi tres décadas de rentar casa, luego que en 1991 Luis Donaldo Colosio les ordenó desocupar el edificio de La Concordia, propiedad del gobierno del estado. 

Por lo demás, es indudable que Nacho se ha propuesto transparentar la relación financiera que tiene con el partido en el poder, rompiendo una tradición en la que los dirigentes cobraban sueldo como funcionarios públicos, y de la tesorería estatal salía el dinero para los gastos de operación del PRI. Ahora el partido debe sostenerse con las cuotas que aportan sus militantes, especialmente los (cada vez menos) priistas que trabajan en el gobierno del estado, a quienes les descuentan de nómina su contribución.

De José Ignacio Peralta debe haber sido también la idea de renovar las estructuras del PRI con otros perfiles: cuadros jóvenes, con una imagen fresca y un lenguaje contemporáneo. 

Los bromistas dicen que se llamó a empresarios de la localidad a ocupar las dirigencias del PRI municipal en lugares como Manzanillo y Colima, esperando que estos hombres de negocios pusieran de su bolsa el dinero que había dejado de fluir de las arcas del estado. Pero creo que la intención era otra y buena: gestar a los priistas del siglo XXI y formar la generación de políticos del gobierno de Peralta, puesto que si algo sobra en el PRI son cartuchos quemados.

La apuesta fue arriesgada y fallida, como ya se vio. Los dirigentes del PRI municipal en Manzanillo y Colima terminarían renunciando a los cargos en medio de escándalos, silenciado uno, estridente el otro.

Especialmente el empresario porteño Rubén Álamo se fue molesto por la falta de apoyo y lo absurdo del planteamiento: debía fortalecer al partido pero jugando en desventaja contra la vertiente oficialista que representa el ecologista Virgilio Mendoza y sin atacar a la alcaldesa panista Gabriela Benavides; además, debía moderar, por no decir reprimir, sus aspiraciones a algún cargo de elección popular en 2018.

Álamo puede haber concluido que si quiere ser alcalde, es más fácil, más barato y menos frustrante caminar por la vía independiente.

Ahora bien, ¿qué cuadros se están formando en el PRI? 

Si recorremos la estructura del comité directivo estatal de arriba a abajo, empezando por el presidente: Rogelio Rueda ya es un (joven) veterano. Ha aspirado a la gubernatura en cuatro ocasiones. Le resten tres vidas pero no es una cara nueva. Se le sigue asociando para bien y para mal con Manlio Fabio Beltrones, que llegó a ser el caballo negro de la sucesión presidencial, pero quien ahora está literalmente fuera del PRI.
  
La secretaria general, Lizeth Rodríguez Soriano, tiene la oportunidad asegurada por su posición y por cuota de género. Viene del equipo cercano del gobernador Peralta y prefirió hacer carrera de Partido que tener un puesto importante en la administración pública. Mas no sé si esa relación con Nacho le ayude a ganar o le cueste demasiados votos si se lanza como candidata.

El secretario de Organización, Edgar Noé Larios Carrasco, tiene una larga hoja de militante: comenzó de soldado raso en la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos hasta presidir la Comisión de Procesos Internos de la CNC estatal. Y llegó a ser secretario de Acción Electoral del CDE del PRI, dos veces secretario de Organización y presidente interino del PRI estatal. Es actualmente el delegado del CDE en el municipio de Colima, y ha sido consejero político municipal, estatal y nacional… para lo que eso sirva.

Edgar Larios combina esa faceta partidista con un perfil ciudadano: fue secretario técnico de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado de Colima, miembro de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CAIPEC) y posteriormente consejero presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL).

Por cierto, los otros dos consejeros fueron Carlos Noriega, hoy secretario de Planeación y Finanzas del gobierno estatal, y Ximena Puente, que llegó a ser consejera presidente del IFAI. 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se publica en el sitio web de CARVAJALBERBER: www.aacb2.com

Análisis Político

En una verdadera bomba de tiempo a punto de estallar se ha convertido el Sistema de Pensiones del Estado de Colima, ya sea por mala planeación, desorden, corrupción, quiebra financiera o cualquier otro factor que durante muchos años han dejado pasar y crecer varias administraciones estatales y municipales sin que tengan conocimiento inclusive los mismos miles de burócratas cuyos sindicatos tampoco saben cómo resolver este grave problema.

Demasiado complejo siempre ha sido el tema del Sistema de Pensiones del Estado, motivo por el cual los últimos gobernadores de la época moderna de Colima no han querido agarrar al toro por los cuernos, le dan la vuelta por las implicaciones políticas o grillas, evadiendo con ello una responsabilidad social para tratar de resolver un problema que afectará gravemente a los trabajadores del gobierno estatal y  también las finanzas de la administración pública y que durante años hasta la fecha no ha sido resuelto.

Pero ahora, Nacho Peralta desempolvó el tema y lo puso en el centro de la discusión de los sectores productivos del Estado, así como de la población en general, para que a través de un diagnóstico realizado por un actuario del banco de México, se conozca la magnitud del problema y la urgencia que hay para resolver la difícil situación del Sistema de Pensiones de los trabajadores del Gobierno del Estado.

De entrada amigos lectores, les comento que el primer paso para avanzar en la solución de esta problemática es necesario que el Estado cuente con una nueva Ley de Pensiones –pues la actual, tiene ya 45 años, pues data de 1962-, que le permita a las partes modificar el Sistema actual de Pensiones por uno que se ajuste a la realidad del 2017 y los años venideros, que garantice las pensiones y prestaciones de los trabajadores, a la vez que garantice el buen ejercicio de las finanzas públicas.

Ante ese panorama, el gobernador, Ignacio Peralta en diferentes reuniones con alcaldes y diversos grupos de la sociedad, ha ponderado que el Sistema de Pensiones, es un tema que requiere de una cirugía mayor, y que es una de las grandes reformas estructurales, que de lograrse se avanzaría en el equilibrio financiero que requieren los municipios, los organismos descentralizados y el Gobierno del Estado.

Dentro de este proceso, el gobernador apuntó que ya se tienen muy avanzados los estudios, sin embargo, dijo que lo que se pretende es que los alcaldes y la población en general  se concienticen de cómo está la situación y buscar soluciones.

Ya los sindicatos conocen ésta situación, por lo que el tema ya se ventila  en las mesas de discusión, donde concurren el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado,  integrantes de la Federación de Sindicatos y con la Sección 39 del Snte, con quienes se ha platicado, quienes tienen conciencia de que esto se tiene que atender y arreglar, de lo contrario podrían presentarse consecuencias muy dolorosas en un futuro no muy lejano, y por lo tanto es un acto de enorme responsabilidad y están en el momento de que se pueda hacer algo para encontrar una solución.

Sin embargo y pese a que todos han manifestado su disposición de participar en el tema, es importante que todos se comprometan a buscar las soluciones de fondo en el tema de pensiones; además de que en todo momento demuestren la voluntad política en el estira y afloja de las acciones para conformar una nueva Ley de Pensiones, que beneficiará no únicamente a la clase trabajadora si no a sus familias y al desarrollo social de nuestro estado.

Estación Sufragio

Desde luego hubo una convocatoria pública y una especie de asamblea en la que compañeros de los medios de comunicación hicieron propuestas para los cargos de presidente y secretario ejecutivo de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico.
 
Días después, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez designó a los titulares de esos cargos y ayer les tomó protesta a los integrantes del citado organismo que encabeza Juan Carlos Flores Carrillo, corresponsal de La Jornada en Colima.
 
A algunos colegas les resulta ilógico que el mandatario estatal designe a los integrantes de esta Comisión, porque eso le resta carácter gremial y lo convierte en un órgano del estado, pero así dicen la ley promulgada por el gobernador Mario Anguiano en 2012 y su reglamento aprobado por el Congreso en 2014.
 
Otros colegas subrayan el absurdo de que sea el Estado, el mismo que tradicionalmente ha venido amenazando la libertad de expresión con recursos extremos como la agresión a los periodistas, el que ahora se declare garante de los “derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad periodística, el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre y preferente acceso a las fuentes de información y los derechos de autor y de firmas”.
 
Sin embargo, eso tiene que ver con un cambio en la concepción del Estado, que pasó a ser benefactor y no más un poder autoritario que esgrimía, precisamente, la razón de Estado para conculcar las libertades civiles.
 
Aprovechando la coincidencia de la instalación de dicha Comisión con el 7 de junio (Día de la Libertad de Expresión establecido en 1951 por el presidente Miguel Alemán Valdés, y francamente ya en desuso ante la celebración que hace la ONU del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo), el gobernador Peralta señaló que durante su gobierno “no ocurrirá la tentación de reprimir a las y los periodistas, acción que considera como absurda y lesiva a los intereses colectivos, y que el respeto a la libertad de expresión se mantendrá inalterable, sin limitación hasta la conclusión de su mandato constitucional”.
 
En lo que fue el maravilloso Museo Nacional de la Escultura “Sebastián”, hoy transformado sin chiste en Salón de Convenciones del Complejo Administrativo, el Ejecutivo explicó que con la creación de esta Comisión se consolida el respeto a  esta profesión, y destacó que pocas entidades del país pueden acreditar tener organismo como éste.
 
En efecto, en Baja California Sur apenas el 1 de junio de este año la fracción del PRI  presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de esa entidad. 
 
Por lo demás, estas propuestas no siempre son bien recibidas por los legisladores, pese a que el creciente número de agresiones a periodistas en México, uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión, las haga de obligada y urgente aprobación:
 
El 26 de mayo el Congreso de Guanajuato rechazó en el pleno la iniciativa de ley para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, solo dos días después de que fuera aprobada en comisiones por legisladores del PRI y PAN.
 
Y el 6 de junio, en Puebla, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado, Franco Rodríguez, descartó que pueda aprobarse una ley de protección para los periodistas, pero llamó a las instancias de seguridad pública a establecer protocolos para apoyar a los comunicadores cuando se encuentren en riesgo por el ejercicio de su profesión.
 
¿QUÉ SIGNIFICA INTEGRAL?
 
Otras es la polémica derivada del ambicioso título de una “comisión general” que promete una “protección integral” a los periodistas cuando, específicamente en Colima, no es son los riesgos a su integridad física sino la falta de estabilidad laboral, seguridad social, salarios dignos y reconocimiento público los factores que vulneran las condiciones de trabajo de los profesionales del periodismo.
 
Pedir una comisión que atienda las quejas de los periodistas contra empresarios de medios abusivos que no respetan la ley del trabajo ni los derechos de autor, el secreto profesional o la cláusula de conciencia de quienes escriben o se expresan en medios impresos de su propiedad o electrónicos concesionados a ellos, resulta por ahora ocioso porque esos considerandos no aparecen en la exposición de motivos de la ley ni su reglamento.
 
Esta es una comisión estatal que surge en el contexto nacional de agresiones a periodistas por parte de la delincuencia organizada. Y de esta manera, el gobierno de Ignacio Peralta toma distancia de un fenómeno delictivo que ha sido tolerado por las autoridades en otros estados, donde se acalla a activistas de los derechos humanos y periodistas asesinándolos. 
 
Atribuir la responsabilidad de esos crímenes a la delincuencia organizada es un despropósito, porque la mafia no existe en abstracto. Lo que amenaza generalmente a la libertad de expresión y el derecho a la información en esos estados agobiados por la violencia es una cadena de complicidades entre autoridades corruptas, policías infiltradas y cárteles de la droga, todos los cuales integran un auténtico Narcoestado del que también forman parte los empresarios que lavan dinero.
 
NOS AUTOCENSURAMOS:
 
En Colima no existe esa tensión por una razón muy sencilla: los medios nos autocensuramos y aun cuando se consignan en las notas policiacas hechos de sangre presuntamente relacionados con actividades criminales, tales como el trasiego de drogas o el narcomenudeo, los reporteros no se arriesgan a hacer mayores señalamientos.
 
Lo que la gente platica en corrillos no se expresa ni en las redes sociales, porque todos nos sentimos inseguros. Las protestas contra la inseguridad general no suelen ir acompañadas de reclamos por situaciones particulares. Y eso que Colima es puntero en el número de homicidios violentos en proporción a sus habitantes.
 
Esta semana, sin embargo, los operadores del servicio de transporte (con la complacencia de los concesionarios o sin ella) pasearon por la ciudad el féretro con el cuerpo de un compañero asesinado. Y lo colocaron a las puertas de Palacio y de la Casa de Gobierno, sin que ningún funcionario saliera a mostrar siquiera solidaridad.
 
Al comprometerse a defender la libertad de expresión y estimularla en los hechos, el mandatario estatal comentó la importancia de que no ocurran en la entidad hechos lamentables como los que suceden en otros escenarios de la vida nacional. “Por ello, quienes ejercen la libertad de expresión deben unirse y defenderse de forma solidaria, con todo el respaldo institucional para que su actuación alcance una mayor influencia”, comentó.
 
Y en un discurso contundente afirmó que “en esta naciente Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico se combina valía profesional, disciplina periodística, pasión por la libertad y un gran sentido de responsabilidad civil, una suma de talentos, vocaciones y convicciones que serán de gran valía para la sociedad y para las propias instituciones estatales”.
 
Concluyó Ignacio Peralta: “Espero que no sólo se trabaje con celo, profesionalismo y valor en la defensa y protección del ejercicio periodístico, sino que además se aliente la reflexión en torno a la libertad y sus expresiones en la entidad”.
 
La pregunta para chingar al amigo es: ¿esta comisión de carácter oficialista generará las condiciones para que los periodistas nos decidamos a hablar de lo que realmente está pasando y surja en Colima una Regina Martínez (corresponsal de Proceso en Veracruz), un Javier Valdés (corresponsal de La Jornada en Sinaloa) o siquiera un Héctor “el Gato” Félix (co-director de la revista Zeta de Baja California)?
 
Lo dudo.
 
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se publica en el sitio web de CARVAJALBERBER: www.aacb2.com
 

Estación Sufragio

Ver las estructuras del PRI mexiquense movilizándose para arrebatarle la gubernatura a la candidata de Morena, Delfina Gómez Alvarez, cuando su propio candidato, Alfredo del Mazo Maza, es un cuadro que en absoluto representa los intereses del militante promedio del Revolucionario Institucional (tiene más cara de Niño Verde), me hace pensar en cuán fuerte es la lealtad partidista en el tricolor.
En el PAN, por el contrario, le reprochan a Ricardo Anaya que, como dirigente nacional, les haya impuesto a Josefina Vázquez Mota como candidata a la gubernatura. Según la ex primera dama Margarita Zavala y el ex mandatario poblano Rafael Moreno Valle –ambos interesados en restarle bonos a Anaya, quien busca como ellos la candidatura presidencial del blanquiazul–, no consultar a las bases respecto a la nominación de JVM explica por qué Acción Nacional acabó en el cuarto lugar de la contienda por el estado de México.
Y hasta las dirigencias de los partidos de izquierda (PT y PRD), así como los impulsores de la candidatura independiente, pretextaron la imposición que hizo López Obrador de la maestra Delfina como abanderada de Morena, para no integrar un frente progresista en el Edomex. No obstante, al cierre de la campaña el candidato del Partido del Trabajo terminó declinando a favor de Gómez Álvarez.
Resulta tentador decir que al PRI no le afectó esta abismal separación entre un candidato que forma parte de la oligarquía mexiquense (el Grupo Atlacomulco) y las bases priistas, pero no hay otra explicación al más de un millón de votos que perdió el tricolor entre la elección de Eruviel Ávila hace un sexenio y la de Alfredo del Mazo.
Ya hemos dicho que a Los Pinos no le importó apostarlo todo, incluida la unidad partidista, con tal de retener el Palacio de Gobierno del Edomex, porque hacer negocios desde Toluca es lo que le quedará al clan que hoy encabeza Peña Nieto después de 2018, cuando tengan que entregar el gobierno de la República. 
Sin embargo, hace seis años, Peña Nieto, como virrey del Estado de México, decidió que era preferible entregarle la candidatura a Eruviel Ávila con tal de evitar que el ex alcalde de Ecatepec se fuera al PRD y les ganara la gubernatura. A fin de cuentas, el grupo Atlacomulco confiaba en que llegarían a Palacio Nacional. 
Como gobernador saliente, Peña Nieto entendió que al postular un candidato estimado por la gente y no al primo más querido (ya entonces Del Mazo figuraba como precandidato), le evitarían a su futuro régimen los señalamientos de una elección de Estado y las sospechas de un masivo fraude electoral. 
En 2017, con un candidato en el Edomex aprobado por las bases, el PRI se habría salvado a sí mismo de la vergüenza de incurrir en las viejas prácticas de coerción del voto y de defender unos resultados inverosímiles. 
La prensa oficialista ha festinado que en el Edomex perdió López Obrador y no Delfina. Pero al reducir la elección mexiquense a la fase estatal de un plebiscito nacional, en realidad están aceptando que apenas una minoría de votantes validó con su boleta la continuidad del régimen priista, ¡en la antesala de los comicios presidenciales del año próximo!
El pasado domingo aprendimos que, pese a la existencia de organismos electorales ciudadanizados, en los procesos comiciales todavía se vale todo y que no será la oposición sino su propia militancia la que terminará derrotando al PRI. 
¿Y LA CHEYENNE APÁ?
¿Cuál de las dos lecciones extraerá de los comicios mexiquenses el PRI de Colima? Un amigo mío, priista, me comentó que su partido requiere de líderes en los principales municipios que, en verdad, luchen porque el tricolor recobre la fuerza y el orgullo de ser y de sentirse priistas.
La receta, me dice, es sencilla. Pero, como el rompope, requiere de muchos huevos: escuchar a la gente, escuchar a la gente y escuchar a la gente. Y luego, encabezar sus demandas ante el desgano no sólo de las autoridades panistas o verdes. Su trabajo debe ser, sobre todo, defender a los priistas… ¡del asedio de los propios funcionarios estatales y federales priistas!
Y es cierto, que Rubén Álamo haya movido tanto el avispero en Manzanillo no fue sino porque, no obstante su corta hoja de militante, constituía una posibilidad, una promesa (porque no es más, pero tampoco menos que eso: una promesa) de recuperar para el PRI la alcaldía del puerto. 
El último alcalde porteño salido de las filas del PRI fue Rogelio Rueda, en el ya lejano 2000-2003. Es decir, el PRI tiene 14 años fuera de la presidencia municipal de Manzanillo. Tiempo durante el cual han gobernado panistas y priistas que fueron panistas y regresaron a la órbita del oficialismo como candidatos del Partido Verde, una estructura vacía en donde todos son jefes y ninguno apache.
Algo semejante ocurre en la capital con la anunciada candidatura de Nicolás Contreras a la Alcaldía. Con el agravante de que, por salirse del PRI, muchos militantes lo consideran traidor.
El fenómeno se repite en los partidos con mayor tradición de democracia interna, como es el PAN, donde también se han dado imposiciones. En Villa de Álvarez, un buen candidato, como hubiera sido Gonzalo García Vega de haber tenido una carrera partidista firme, se condenó cuando lo impuso su esposa, la alcaldesa saliente Brenda Gutiérrez. Y lo mismo le va a pasar a la actual edil villalvarense, Yulenny Cortés si se empeña en imponer a su hermana y a una amiga cercana a los cargos de elección que se disputarán en 2018.
Como otros analistas, coincido en que si la cúpula priista en el estado promueven para las alcaldías de Colima o de Manzanillo a candidatos no priistas, ganen o pierdan estos candidatos, el tricolor habrá abandonado la plaza para el 2021. Porque los ediles de esos municipios son aspirantes naturales a la gubernatura. 
Tanto Virgilio como Nicolás, quienes ya se beneficiaron del voto de rencor del priista, saben que las bases del tricolor reaccionarían en automático votando en contra de lo que consideraran imposiciones. Y lo saben porque Virgilio se benefició del voto anti-Nabor, quien intentó imponer a Armida Núñez en 2012. Y Nicolás Contreras se benefició de su rivalidad con los Rangel en 2015. 
Para estos priistas, ex priistas y nuevamente oficialistas, el acuerdo de las élites de poco les servirá si no logran la aceptación de una militancia que, insisto, es real en el caso del PRI, mientras en el Verde es tan circunstancial como panistas consigan Virgilio y Nico llevar a su proyecto.
Quedó claro en el Edomex, cuando las bases priistas se sienten traicionadas por sus líderes de manera automática votan en contra de los candidatos presuntamente impuestos. Y el mensaje lo tiene que entender el gobernador como primer priista del estado.
¿Cuándo no se equivocan los llamados fieles de la balanza a la hora de designar candidatos? Cuando postulan a quienes las mayorías quieren. Los priistas suelen acatar el dedazo cuando el beneficiario es un cuadro que ha demostrado lealtad y trabajo partidista. O, en su defecto, caras nuevas que vengan a refrescar el ambiente político.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en el sitio web de CARVAJALBERBER: www.aacb2.com.

Análisis Político

El antes llamado Parque Regional Griselda Álvarez fue prácticamente abandonado por las dos administraciones anteriores, nadie tuvo interés por mejorarlo tampoco los grillos protestaban, jamás fue rentable ni dio diversión ni alegría, lo que nos dio fue lástima, pero ahora este recién nombrado centro de conservación de vida silvestre, ahora llamado “Ecoparc”, desde que anunciaron que será remodelado con la inversión de 50 millones de pesos para que se diviertan las familias colimenses mediante la concesión a una empresa ha sido motivo para que surjan los ataques partidistas y mucha grilla, mientras que estos mismos actores políticos jamás dijeron nada para darle solución por su abandono durante muchos años.

Los empleados que medio trabajaron allí, fueron testigos de este abandono de las instalaciones del Parque Regional Metropolitano y podrán ser ahora comisionados para que continúen laborando en dicho lugar o reubicados a otras dependencias dentro del propio gobierno del estado, el contrato de concesión es por diez años, tendrá posibilidad de prórroga hasta por 15 años más con preferencia a la misma empresa que se llama “Fiesta Zafari” acordando invertir 50 millones de pesos, en diferentes etapas, en un plazo no mayor de cinco años, a partir de la apertura de las instalaciones.

Entre las obras se encuentran la construcción de una granja interactiva y un zoológico infantil, adaptación del área educativa y taller ecológico, construcción del Museo de Historia Natural, introducción de un tren para recorridos dentro del zoológico, ambientación de isla de primates, construcción de safari interactivo, construcción de un cocodrilario, construcción de nuevos albergues, introducción de nuevas colecciones faunísticas, equinoterapia y construcción de un aviario interactivo por inmersión.

Una de las cuestiones que caracteriza al actual gobierno del Estado de Colima es sin duda la racionalización de los recursos públicos; atrás quedó el despilfarro y el uso discrecional de los dineros del pueblo para hacerse de ranchos, residencias, casas, etcétera.


¿Por qué la decisión de concesionarlo?


¿Porque tiene razón Nacho Peralta con esta decisión? Lo que nunca se dijo públicamente era de que las anteriores administraciones del estado pagaban 1.4 millones de pesos al año para su mantenimiento y los ingresos no ajustaban ni para pagar ni a los responsables de la propia taquilla; con esta nueva decisión sólo saldrán de las arcas públicas 18 mil pesos mensuales para la luz, lo que equivale a 200 mil pesos al año, lo que sería un ahorro de 1.2 millones de pesos anuales, es lo que se ahorrará el gobierno estatal, pero ahora sí será aprovechado mediante esta concesión, pues la verdad el gobierno del estado no tienen dinero para invertirle, además ¿saben los resultados de los zoológicos o parques con animales en México y en varios países? La mayoría truenan o son sostenidos con recursos gubernamentales.


¿Cuál negocio del empresario?


¿Cuál negocio? el empresario invertirá 50 millones de pesos en el Ecoparc, de los cuales 20 millones ya están en la negociación de la compra de los animales y remodelación de las instalaciones, ¿saben lo que cuesta sacar 20 millones del banco?, chequen sus tarjetas bancarias simplemente porque te presten 50 mil pesos. Las entradas al lugar costaran 25 pesos, que comparados con los zoológicos de Vallarta, Guadalajara y León, es barato, pues son de 150, 80 y 44 pesos, respectivamente. ¿Cuál negocio? Ojalá no se arrepienta y nos deje bailando por tanta grilla, ojalá los grillos digan en donde está otro empresario mejor mas gallón.

El Ecoparc es un atractivo turístico, lo que generará fuentes de empleo y derrama económica; podrán seguir acudiendo personas de escasos recursos, ya que el boleto es barato, además de que el empresario donará al Estado 15 mil boletos gratis anuales para los sectores más vulnerables. No hay que dejar que se manche este proyecto por oportunismos políticos y simple grilla, por último y para rematar debido a las buenas condiciones financieras actuales, la agencia especializada HR Rating´s elevó la calificación crediticia del gobierno de Colima a niveles de HR BBB-., lo que representa uno de los niveles más altos crediticios.

Estación Sufragio

La estrategia de jibarizar a la oposición, fragmentando a la izquierda y, en general, desbaratando a un eventual frente político antipriista, le resultó este domingo al Partido Revolucionario Institucional (de confirmarse la ventaja de Alfredo del Mazo sobre Delfina Gómez).

Pero la gran enseñanza de la elección del Estado de México es que Morena y su líder e insoslayable candidato Andrés Manuel López Obrador, será (en singular, porque son uno y lo mismo) el contrincante a vencer en los comicios presidenciales de 2018.

Para derrotar a Delfina Gómez, el gobierno federal convirtió los comicios para Gobernador en la entidad natal del presidente Enrique Peña Nieto en una elección de Estado: se repartieron no sólo despensas sino pantallas planas y recursos a fondo perdido.

Se inauguró, de hecho, la más cínica forma ensayada hasta ahora de usar el poder para ganar elecciones: con giras presidenciales, visitas de los secretarios de Estado, arranque y terminación de obras públicas a pequeña escala o con grandes inversiones, como la del proyectado aeropuerto de la ciudad de México en terrenos de Texcoco.

Bursatilizar la política, que es como llaman los especialistas a este proceso de encarecer las elecciones y costearlas con dinero ajeno al erario, es malo para la democracia entre otras cosas porque, al no contar con una segunda vuelta, estamos eligiendo en México a gobernantes que lograron tan solo el 30 por ciento de los sufragios, pero de una votación efectiva que apenas rebasa el 50% del padrón electoral. Eso los hace gobiernos intrínsecamente ilegítimos.

Y es malo para la economía nacional, porque se confirma que la mayor inversión pública que se está haciendo en nuestro país tiene como propósito conservar o disputar el poder. No solo hay una gran cantidad de recursos fiscales que se destinan a la organización de comicios confiables, reiteradamente violentados por una subcultura del fraude, sino que vemos la creciente importancia que adquiere el dinero oscuro en la competencia política.

A pesar de los ‘estrictos’ controles que se aplican para transparentar el origen de los fondos y no exceder los topes en los gastos de campaña, en México ya no celebramos simples elecciones de Estado. Ahora realizamos escandalosos comicios donde la mayor cantidad del dinero circulante nunca fue presupuestado, fondos que bien pueden provenir de la defraudación fiscal y hasta de la delincuencia organizada y que, a final de cuentas, son fuente de enriquecimiento ilícito para una nueva clase política especializada en organizar campañas y, si se puede, ganar votaciones.

La fórmula mexiquense resultó, pero la mayoría de los analistas coinciden en que no sería ético ni viable financieramente repetir en 2018 este mismo esquema: pagar por los votos que reciba el PRI y, sobre todo, pagar para que no se depositen en las urnas boletas a favor de Morena.

En su discurso al cierre de la jornada electoral, el dirigente nacional del tricolor agradeció el voto útil de aquellos ciudadanos cuya primera opción no era el PRI. Y celebró que hubiesen podido parar en el Edomex el “populismo autoritario” (versión priista de aquella etiqueta de “un peligro para México” con la que los panistas intentaron frenar a AMLO en 2006) que el año próximo, según Enrique Ochoa Reza, intentará convertirnos en una nueva Venezuela.

Para conservar el Estado de México, a la administración Peña Nieto no le preocupó perder el gobierno de Nayarit, muy probablemente perder el de Coahuila ni sufrir una debacle electoral en los comicios municipales de Veracruz.

Había que retener el Edomex porque es la joya de la corona, la entidad donde el grupo Atlacomulco seguirá haciendo negocios cuando inevitablemente tengan que entregar el gobierno de la república, ya sea a López Obrador o a cualquier otro candidato no priista con el que, como en 2000 con Vicente Fox, pacten la continuidad de México como ejemplo de gobierno neoliberal.


Ver para creer


No fue solo un lector quien, a juzgar por sus comentarios a esta columna, se quedó con la idea de que el dinero obtenido por la venta del avión del Gobierno del Estado se invertiría en el sector salud, por lo que se sorprendieron con la campaña oficial para publicitar la rehabilitación de 65 espacios deportivos.

Pero, en efecto, lo que adelantó el mandatario estatal Ignacio Peralta en rueda de prensa es que el dinero del avión habría de destinarse a la rehabilitación de espacios deportivos y al centro de oftalmología.

Los espacios deportivos ya se rehabilitan, por eso es lo que se difunde ahora mismo. Y cuando se tenga el centro de oftalmología, también se difundirá esa inversión, reiteró a este columnista un vocero autorizado de la administración Peralta.

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Estación Sufragio

Desde que, en 1991, los priistas votaron masivamente a favor de Carlos de la Madrid en la primera elección interna, los militantes del tricolor demostraron que pueden ser muy institucionales pero, inevitablemente, reaccionarán contra cualquier cosa que huela a imposición.

Al licenciado de la Madrid Virgen lo apoyaron las huestes del PRI no porque fuera primo del ex presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, ni porque el entonces alcalde de Colima tuviese un cuantioso capital político. Votaron por él, incluso muchos colimenses que no tenían cartilla de militante pero sí credencial de elector, porque se estaban revelando contra una imposición del centro.

Desde las oficinas del comité ejecutivo nacional quisieron lanzar la candidatura oficial de Socorro Díaz, sin que la ex directora del periódico El Día, ex subsecretaria de Gobernación y a la sazón senadora hubiese hecho los amarres políticos necesarios con las fuerzas locales.

En 1994, De la Madrid, ya como gobernador, recibió un golpe de las mismas estructuras que lo habían respaldado como precandidato. En Coquimatlán, los propios priistas votaron en contra de Alfredo Rocha (el popular Rochita) en la elección para la alcaldía, y de Martín Flores para la diputación local, porque los veían como una imposición del grupo Universidad.

En 1997 la gente votó en contra de Ramona Carbajal en Villa de Álvarez, de Miguel Ángel Novela en la capital y de Chilo Lepe, en Manzanillo, los tres cuadros con larga trayectoria política e impecable hoja de servicios en el partido, porque fueron impuestos como candidatos por el abanderado a la gubernatura Fernando Moreno Peña, en contra de la voluntad de la mayoría en esos municipios.

En 2003 los manzanillenses se volcaron en contra de la imposición de Sergio Marcelino Bravo. Y suerte parecida corrió Eloísa Chavarrías cuando los tecomenses la vieron (con razón o no) como imposición del saliente mandatario, Fernando Moreno.

En 2006 los porteños volvieron a votar contra el intento de imposición, ahora en la persona de Alejandro Meillón Galindo, por parte del gobernador en turno Silverio Cavazos.

Y en 2009, a pesar de que el PRI ganó mucho terreno (logrando la mayoría absoluta en el Congreso local), ya de salida Silverio Cavazos perdió en su principal enclave, Tecomán, porque quiso imponer a su gente en lugar de postular a quienes las mayorías reconocían.

En 2012 Nabor Ochoa impuso como candidata del PRI a la alcaldía en Manzanillo a la maestra Armida Núñez, quien fue arrasada por el entonces panista Virgilio Mendoza a la hora de las votaciones.

La comprobación empírica de la ecuación es que ahora los militantes del PRI se movilizan en Manzanillo para protestar en contra de lo que suponen la imposición de un candidato ajeno al Partido Revolucionario Institucional, el propio Virgilio. Ya hasta renunció el dirigente municipal Rubén Álamo.

En 2015, el PRI quiso cumplir su compromiso con la equidad de género (y entregar una cuota de poder a los exgobernadores) imponiendo como candidatas a las esposas de Mario Anguiano y Fernando Moreno o a la viuda de Gustavo Vázquez … y las tres perdieron.

Si para 2018 el PRI no aprende la lección, seguramente será arrasado y por razones exclusivamente locales.

CRÓNICA DE UNA DERROTA ANUNCIADA:

En un intento por conservar el Estado de México, el grupo Atlacomulco recurrirá a las estructuras del PRI: a las formales mediante el corporativismo para mantener la lealtad partidista; y a las informales mediante el clientelismo para asegurar el voto duro a un candidato como Alfredo del Mazo que no le dice nada al mexiquense común.

Sin embargo, para desalentar la votación a favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez, y tratar de ganar la primera minoría en un escenario de marcado abstencionismo, es muy probable que el PRI (como en Michoacán y Guerrero) vuelva a recurir a la delincuencia organizada.

LOS LECTORES OPINAN:

1) Encomiable que el dinero obtenido de la venta del avión se haya gastado en reparar los espacios deportivos, me escribe un lector. Pero ya antes había anunciado el Gobierno del Estado que ese dinero se iba a invertir en ¡los servicios de salud!

¿Se les olvidó a los publicistas del régimen lo que Ignacio Peralta declaró? ¿Nunca se hizo esa inversión y, por lo tanto, el mandatario estatal mintió o incumplió su promesa? ¿O a ese avión que se supone no tenía precio en el mercado de aeronaves usadas, como en la multiplicación de los panes y los peces le sacaron tanto dinero que alcanzó para mejorar la infraestructura de salud y la deportiva en el estado?

2) Dirán misa en cuanto a la conveniencia para las finanzas públicas de transformar el parque regional metropolitano en un zoológico, opina otro lector, pero nadie está calculando el costo social de despojar a un amplio sector de la población de un espacio público prácticamente gratuito y del cual se habían apropiado esas familias de muchas maneras.

La falta de planeación y las condiciones climáticas hicieron que los colimenses de mayores ingresos se concentraran en la zona norte de la ciudad, donde la temperatura puede ser de 2 a 4 grados más baja que en el sur, y que en el entorno de las vías del ferrocarril se asentaran las familias más pobres.

Para muchos de ellos el parque regional no sólo era un lugar de convivencia sino también de comercio, acudían a vender chicharrones y aguas frescas. El zoológico, espacio privatizado, estará vedado para los vecinos del Ecoparc aunque el DIF reparta 15 mil boletos gratuitos al año.

Por cierto, otros que se quedaron sin casa son los grupos de scouts y guías que se reunían en el parque regional los sábados por la tarde.

Y si de inversiones mixtas se trataba, digo yo, bastaba con concesionar las lanchas y los cuatriciclos o reparar el minicircuito vial para los que rentan carritos eléctricos en la Piedra Lisa.  

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Paracaídas

Partamos de este principio: toda reforma electoral tiene que pensar primordialmente en la sociedad, no en sus representantes populares, finalmente un instrumento de aquélla para asegurar su armonía, desarrollo y gobernabilidad. Si una reforma electoral, por tanto, le da la espalda al clamor ciudadano, entonces esa reforma electoral carece de todo sentido. En la reciente reforma electoral colimense, aprobada por mayoría de votos en nuestro Congreso local, no se tocaron los temas torales, sino más bien aquellos que interesaban a los grupos y grupúsculos políticos de cara a las próximas elecciones: ¿tenía sentido, entonces, llevarla a cabo? Yo no lo creo. Si los temas accesorios (reelección de diputados y alcaldes, paridad parcial de género, etcétera) estuvieron por encima de los centrales (revocación de mandato, candidaturas independientes, desafuero, el tema de la transparencia con el 3de3, etcétera), que han sido reclamos sentidos de la sociedad desde hace ya varias décadas, la reforma electoral ha resultado fallida, pues ha beneficiado a la clase política, quien convenencieramente la ajustó a sus necesidades, pero no a la sociedad, quien volverá a padecer los vacíos que deja la misma. Si tomamos en cuenta que los partidos atraviesan por una crisis de credibilidad como no se había visto antes y que la mayor exigencia ciudadana es, por encima de la competitividad política, la propia honestidad y cultura ética tanto de los actores políticos como de las corrientes ideológicas que representan, entonces la reforma electoral lo que hará es recrudecer el hartazgo y la impotencia social, sobre todo ahora que las reelecciones de munícipes y diputados se han convertido en una realidad que impactará sensiblemente en el ánimo social, sobre todo porque ediles y diputados establecerán una relación ventajosa en comparación con otros actores políticos con miras a ocupar un cargo de elección popular. ¿Cómo se podrá sopesar cabalmente no la rentabilidad electoral sino la aceptación social entre un diputado que cuenta con una plataforma que lo publicita contra otro (ciudadano, incluso) que no goza ni de esta plataforma ni mucho menos de recursos para poder capitalizar sus méritos políticos? Tendremos, por tanto, que aguantar más de un lustro para poder aspirar a renovarnos cuando nos toque un legislador inepto o un alcalde igualmente pernicioso. ¿En qué beneficia realmente esto a la ciudadanía? Si a esto agregamos que las candidaturas independientes se han quedado prácticamente a la deriva, la real posibilidad de construir una vía política alternativa desde la ciudadanía se viene abajo, y tendremos que consolarnos con esperar que sean las propias plataformas políticas ya establecidas (la de los partidos, mayoritariamente) para que ciudadanos políticos de buen crédito y mejor voluntad puedan cambiar nuestra aciaga realidad. Los legisladores (salvo contadas excepciones) han dado lamentablemente una clara muestra de que, por encima de la sociedad, están sus intereses personales, sus ávidas aspiraciones políticas y nada más.

Estación Sufragio

El subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Segob, Alberto Begné Guerra, le puso nombre y apellido a los grupos delincuenciales que operan en Colima y de los cuales casi no se habla oficialmente al tratar de explicar el aumento en delitos de alto impacto en la entidad.

El miércoles, la Secretaría de Gobernación reconoció que el aumento de violencia en el estado de Colima es por “la disputa de puntos estratégicos” entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lidera Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, y el de Sinaloa, de los hijos de Joaquín, El Chapo, Guzmán.

Begné dijo que los asesinatos registrados en la entidad han posicionado a Colima con índices de homicidios comparables a países de Centroamérica. Por lo cual, lo que “era un estado pacifico, con buenos índices de bienestar, aceptables”, se convirtió en “un caso de alta prioridad” para el gobierno federal.

“…de pronto se nos disparan a índices de violencia altísimos que superan por mucho la media nacional, y que se colocan en los niveles de los países centroamericanos con más altos índices de violencia”, precisó el Subsecretario.

Colima, como las otras zonas que se disputan dichos grupos criminales, son identificadas por las áreas de Gobierno federal como puntos estratégicos, principalmente para la importación y exportación de marihuana, cocaína, drogas sintéticas, así como precursores químicos.

“Este es un fenómeno directamente derivado de la disputa territorial entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, por controlar el puerto de Manzanillo, y otras zonas del litoral de Colima”.

Armería y Tecomán son los otros dos municipios costeros. Pero ¿a qué responde la ola de ejecuciones en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez?, vale preguntar. 

El año pasado, según los registros que el gobierno de Colima entregó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), se cometieron 600 asesinatos en esa entidad, lo que representa una tasa de 81.55 homicidios por cada 100 mil habitantes, cita Excélsior.

Según el Centro de Investigación de Crimen Organizado Internacional InSigh Crime, en Venezuela se registraron 91.8 homicidios por cada 100 mil personas; en Honduras fue de 59 por cada 100 mil y Guatemala 27.3 por cada 100 mil.

Y si piensa el lector que todavía nos falta igualar a Venezuela, país sumido en una virtual guerra civil, no olvide que estos son los homicidios reconocidos; faltaría calcular el número desaparecidos que no se incluyen en la estadística de defunciones violentas porque, sencillamente, no se han encontrado los cuerpos. 

TÍRENLE AL MONO:

Al asociar la disputa territorial entre dos cárteles del narcotráfico con los índices de homicidios violentos y, en general, los delitos de alto impacto, Alberto Begné le dio una nueva dimensión al debate sobre la responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

El narcotráfico es un fenómeno que repercute en la inseguridad de manera transversal a todo el país y sus divisiones y subdivisiones políticas. Ya no se puede separar la esfera de la república, de la del estado y la de los municipios.

En las comparecencias de los diez presidentes municipales que fueron citados por el Congreso del Estado para hablar sobre la inseguridad que padece el pueblo colimense, la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides, se refirió directamente a la disputa de la plaza entre cárteles de la droga.

En cambio, la intervención del edil de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez, fue tachada de aburrida por los reporteros de la fuente legislativa, porque en su municipio ahora no pasa nada. No hace mucho tiempo, sin embargo, se hablaba de esa localidad como la puerta de entrada de la droga que venía de Michoacán en su paso a la frontera norte.

Y con excepción de Héctor Insúa, munícipe capitalino, al resto de los comparecientes no les fue tan mal con los diputados. ¿La mayoría oficialista recibiño línea de criticar al alcalde de Colima?

Al panista le cargaron la mano con cuestiones irrelevantes como el fracaso de las campañas de prevención contra las adicciones (donde la responsabilidad de este y todos los ayuntamiento radica supuestamente en la ligereza con la que se autorizan expendios de alcohol).

Pero lo dejaron ir vivo en asuntos realmente graves, como el atraso que tiene Insúa en el cumplimiento de un compromiso institucional: formar una fuerza de seguridad ciudadana con al menos 150 elementos (se tienen los alrededor de 50 que dejó Federico Rangel al concluir su gestión), que vele por la tranquilidad de los vecinos y transeúntes del centro.

Mientras no haya una concurrencia de las autoridades municipales en el ámbito de acción de las autoridades estatal y federal, el tema de la venta de enervantes y las ejecuciones presuntamente ordenadas como parte de una disputa por el mercado al narcomenudeo, escapa al campo municipal tengan o no los alcaldes el mando de la policía. En la capital, este mando lo sigue teniendo por disposición constitucional el gobernador del estado.

POR SI DE ALGO SIRVE…

Aunque algunos ediles salieron mejor librados que otros de las comparecencias, en lo general se trató de un ejercicio de rendición de cuentas que, al permitir el acceso a reporteros y fotógrafos, dio a la opinión pública la oportunidad de conocer lo que están haciendo o dejando de hacer los ayuntamientos en esa materia.

“En seguridad no le sacamos al parche”, dijo Lupillo García, alcalde de Tecomán, la localidad más golpeada por la inseguridad y donde incluso funcionarios municipales han sido levantados.

Mientras el presidente de Minatitlán, Horacio Mancilla González, siempre institucional, dijo: “Nos queda claro que la mejora en la seguridad pública no es competencia exclusiva del Gobernador del Estado, sino que es tarea de todos: tanto autoridades municipales como la propia ciudadanía”.

Ambas posturas coincidentes en lo fundamental, parecieron ser una respuesta a lo mencionado por Héctor Insúa, quien de entrada pintó su raya con los diputados al decir que la seguridad pública en la capital del estado es asunto del Gobierno del Estado.

Insúa tiene la razón jurídica, pero políticamente cometió un error pues, siendo la inseguridad uno de los temas que más preocupan a los colimenses, en lugar de lavarse las manos debió lanzar el reto al gobierno federal y al estatal para que definan de una vez por todas el modelo de coordinación en materia de seguridad que se va a aplicar en Colima:

¿Vamos a seguir en el camino hacia la integración de un mando único o vamos a terminar de recorrer el sendero que baja hacia la descentralización, y entregarle al Ayuntamiento capitalino la responsabilidad (junto con el presupuesto y los recursos extraordinarios) de la seguridad pública?

Ojalá a la Legislatura local le sirva este ejercicio para la toma de decisiones, principalmente en el diseño presupuestal y la adecuación a las normas que regulan la seguridad pública. De no suceder así, las cosas no cambiarán y en ese tema el cambio urge.

Sin embargo, no dan muchas esperanzas los congresistas. De acuerdo a lo consignado en los medios de comunicación, varios diputados desdeñaron las reuniones. Entre ellos, curiosamente, los que militan en el PAN. No asistieron ni para arropar a sus correligionarios alcaldes de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez.

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Análisis Político

Colima y todo el país enfrenta uno de los mayores desafíos de los últimos veinte años,  inclusive de su historia moderna, pues la vertiginosa transformación de la sociedad mexicana y colimense, que han vivido diferentes altibajos económicos, sociales y políticos, tienen ahora un gran problema, la inseguridad nacional y más aún la de nuestra entidad, sin embargo el gobierno de la república o la Secretaría de Gobernación hacen caso mutis, es decir no ven no oyen, ya están perdidos en el proceso del 2018.

Mucho se ha publicado que la disputa de las organizaciones delincuenciales por la entidad y por la región es el factor principal de la violencia, así como el rezago de las administraciones estatales, pero hay otros factores que poco se han comentado, como la creciente inmigración de familias que llegan de otros estados del país, principalmente de Michoacán, Jalisco y Guerrero, huyendo también por la alta violencia y la falta de empleos, lo que ha agravado los problemas al gobierno del estado y todavía más a los municipios, por los servicios de agua y luz, ya que muchas familias que llegan se asientan a un costado del ferrocarril, cerca de los cerros o en predios abandonados.

En todas las colonias de los cuatro municipios más importantes del estado, Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez aparecen nuevas familias en forma constante, y acuden al INE para cambiar su credencial de elector y buscar trabajo, se sabe que en determinadas colonias la mayor parte de los pleitos o conflictos vecinales, como emborracharse en la calle, escuchar música con alto volumen en la madrugada y estacionar sus vehículos estorbando la circulación, es muy característico de personas tatuadas y envalentonadas, en su mayoría son gente de otros estados que llegan alterando el orden público acostumbrado, aunque muchas de otras familias vienen solo con el ánimo trabajar, esta problemática y otra de seguridad debe ser  analizada por los municipios.

En la comparecencia de los alcaldes ante el Congreso del Estado fueron muy pocos los que reconocieron su responsabilidad en la seguridad pública en su municipio, entre ellos destacaron el de Armería con Ernesto Márquez, José Guadalupe García Negrete en Tecomán que no raja y con voz firme Gabriela Benavides de Manzanillo, otros le dieron la vuelta al tema o culparon al gobierno estatal, pero lo peor no ocurrió con lo que dijeron los demás alcaldes que se hicieron bolas sin tener argumentos, el grave problema fue que se dio a conocer públicamente que muchos de los diputados locales les vale un comino la seguridad pública, nunca asistieron a escuchar la problemática. Simplemente no les interesa, pues ya están ocupados por el proceso electoral del 2018.

Nacho Peralta como gobernador ha admitido que la seguridad pública es tarea de todos incluida la sociedad, hasta hoy no ha culpado ni a los gobiernos municipales ni al gobierno federal de la violencia que existe en nuestra entidad, y tenga o no apoyo de la federación o de algunos municipios, así el gobernador está asumiendo políticamente y socialmente con su parte a pesar de la gran limitación de los recursos económicos del gobierno estatal por el histórico endeudamiento, pues tan solo en este 2017 pagará 261 millones de puros intereses.  

¿QUIÉN TIENE MAS RESPONSABILIDAD EN LA SEGURIDAD?

Ecos de la Costa y una empresa privada dieron a conocer este martes 30 de mayo en primera plana los resultados de una muy interesante encuesta de opinión pública profesional, cuestionando; ¿A quién compete o tiene más responsabilidad en la seguridad pública? dando como resultado que el 30.3% opinaron que el gobierno federal, el 26.0% el gobierno municipal, el 22.5% el gobierno estatal y el 21.3% que la sociedad.

La lucha emprendida por el Gobierno Federal en contra la inseguridad fue campo fértil para discusiones, polémica y opiniones a favor y en contra de la estrategia empleada desde tiempos de Calderón, igualmente ocurre en nuestro estado y en cada uno de los municipios, los datos duros de las estadísticas para valorar la inseguridad en México no está en el número de secuestros, robos, fraudes o heridos, si no el número de muertos y Colima continua con esta problemática que poco a poco va a la baja.

NACHO AGARRARÁ OTRO TORO POR LOS CUERNOS

En otro tema quizás igual o más complejo que la seguridad pública, es sin duda el de entrarle al ruedo para intentar resolver el problema de las pensiones de los miles de trabajadores del gobierno del estado y organismos estatales, incluyendo a varios ayuntamientos, se trata de agarrar el toro por los cuernos para analizar y atender este grave problema, ya que todos los gobernadores de varias administraciones estatales han dejado pasar este problema dejando pasar el golpe a futuras generaciones, la bola de nieve ha aumentado tanto que podría estallar en los próximos diez años, pero Nacho prefiere intentar pararla aún tenga costos políticos, porque ya entramos en tiempos electorales para el 2018.

Por lo pronto le encomendó a Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y Gestión Pública del gobierno del estado para que organizara un importante diálogo abierto con los medios informativos conjuntamente con una empresa nacional de auditores y actuarios en contabilidad que asesoran a varios gobiernos estatales que tienen problemas similares, Meiners dio a conocer en forma detallada todo el escenario sobre la problemática de las pensiones buscando darle solución mediante acuerdos con los mismos trabajadores para que no sean afectados y salvaguardar sus derechos laborales, definitivamente esta reunión con los medios fue un buen principio para no generar especulaciones sobre el tema.  

Desde la Curul 26

Si de entrada les digo “se los dije”, podría escucharse muy presuntuoso, pero se acuerda que le comenté que se les estaba viviendo el tiempo encima a los diputados y que se corría el riesgo de que la Reforma Electoral, quedara en una “miscelánea”, bueno pues no me equivoqué y lo que ayer se aprobó en el Congreso del Estado de reforma constitucional, si me pidieran que la definiera, creo que diría que es lo más parecido al agua: incolora, inodora e insípida.

Después de tanto grito y sombrerazo, lo que ayer se llevó al pleno del Congreso y que fue un documento de 61 páginas, 59 de ellas fueron para tratar de justificar por qué no se abordaron los temas que con bombo y platillo, cada fracción parlamentaria, algunos diputados a título personal y algunos partidos políticos, habían presentado en el Poder Legislativo y cada uno de ellos se llenaba la boca al decir que la de ellos era la mejor propuesta.

Hay que recordar que hubo grupos parlamentarios (por ejemplo los panistas y los diputados independientes) que se enfrascaron en un duelo de dimes y diretes, acusándose cada cual de haberse plagiado la propuesta en materia electoral… bueno eso ayer lo dejaron de lado, porque todo lo echaron al cajón del olvido, o se fue al cesto de la basura.

Aunque el documento de reforma constitucional aprobado ayer fue votado de manera favorable por 22 de los 23 diputados presentes en el recinto parlamentario, la diputada Leticia Zepeda votó en contra y la legisladora panista Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, no asistió a la sesión y el diputado Joel Padilla no estuvo presente al momento de la votación, lo hicieron porque ese fue el compromiso adoptado en el sitio donde se fraguó todo.

La reforma que ayer se aprobó, fue la que quiso y la que impulsó el Partido Acción Nacional, que aunque en el recinto parlamentario había entregado un documento muy distinto, al momento de la discusión en las reuniones de trabajo, la modificaron a su antojo y lo peor fue que los demás actores políticos aceptaron todo y le otorgaron hasta lo que no pidieron durante la discusión.

Pero para que se entienda vamos por partes…

Para empezar a las reuniones que se desarrollaron, todas en Casa de Gobierno, --que por cierto es la primera vez que una reforma electoral se fragua en la Quinta Galván (saludos Dr. Armando de la Mora)--, asistieron casi todos los partidos políticos.

Los únicos ausentes fueron Movimiento Ciudadano, porque su dirigente Leoncio Morán Sánchez, se negó a asistir a la Casa de Gobierno; la diputada Leticia Zepeda de Movimiento Ciudadano, a quien debía invitarla su dirigente y ni siquiera le avisó.

El PRD no mandó representación, porque según se dijo, la invitación se le envió al presidente del comité estatal del partido del sol azteca, sin embargo señalaron que quien recibió la invitación fue Martha Zepada, quien dijo que ella no era presidenta estatal, sino delegada del CEN del PRD, en consecuencia, no acudiría porque la invitación no había sido para la delegada… eso es lo que dijeron en las reuniones eh.

Tampoco asistieron representantes de MORENA, porque se argumentó que no supieron a quién invitar, si al dirigente formal, que es Sergio Jiménez Bojado y Vladimir Parra Barragán; o al dirigente “legítimo” y representante del Andrés Manuel López Obrador, el General José Francisco Gallardo Rodríguez.

Y tampoco asistió la dirigencia del Partido Encuentro Social, encabezada por el doctor Gerardo Galván Pinto, quien de plano le sacó a participar.

¿Quiénes si fueron?

Los que sí fueron y partieron el queso y se sirvieron el pastel fueron el Partido Acción Nacional, con su presidente Enrique Michel Ruiz, quien tuvo que mandar traer de la Cámara de Diputados a Hugo Vergara y que de hecho es el artífice de esta reforma, porque fue él quien puso lo que quiso y quitó lo que no les gustó a los panistas…. Pero bueno de eso le platicaré más adelante.

También asistió el coordinador de los diputados del blanquiazul, Luis Humberto Ladino Ochoa.

Por el Partido Revolucionario Institucional, asistieron Rogelio Rueda Sánchez y Lizeth Rodríguez Soriano, presidente y secretaria general del tricolor.

El dirigente del Partido Verde Ecologista, diputado Federal Virgilio Mendoza Amezcua.

Por el PT, Joel Padilla Peña; y por el Partido Nueva Alianza, el también diputado Federal Francisco Javier Pinto Torres.

Los diputados Héctor Magaña Lara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y su abogado Mariano “N”.

El coordinador de los diputados independientes Nicolás Contreras Cortés, quien se hizo acompañar del Oficial Mayor del Congreso Iván Alejandro Martínez Díaz.

El Coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Federico Rangel Lozano y el asesor José Gilberto García Nava.

También acudió el diputado José Adrián Orozco Neri, de PANAL.

Curiosamente no acudieron los abogados del Congreso del Estado, ni el Director Jurídico, Enrique Velasco; ni el Director de Procesos Legislativos, Juan Pablo Carrazco, quienes fueron desplazados y no fueron parte de estas mesas de trabajo.

Por Gobierno del Estado, acudieron los abogados de la Consejería Jurídica, encabezados por su titular, Andrés Gerardo García Noriega, Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu y Luis Vuelvas.

 

La Reforma…

A pesar de haber tantos jugadores en la cancha, quien impuso las condiciones fue el Partido Acción Nacional, bueno más que el PAN, fue Hugo Vergara, quien traía le “venia bendita”, de quien sigue mandando en Acción Nacional (¿adivina quién es?).

De entrada Vergara Sánchez, sacó de la mesa de discusión el asunto de la reducción de diputados plurinominales, aduciendo que era parte de la redistritación que debe hacer el Instituto Nacional Electoral (INE), en consecuencia aquí nada podía hacerse.

Y la verdad es que nadie quiere reducir el número de legisladores, sino que solo es discurso bonito, para distraer a la gente, pues eso no los atoró.

Enseguida el abogado que presentó el PAN para esta discusión, que a lo que se ve se comió a los demás, echó abajo la propuesta que habían estado impulsando principalmente las mujeres, de que se registraran dos listas de aspirantes a diputados plurinominales, una conformada por mujeres y otra por varones, y se proponía que se le transfiriera la facultad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para que pasada la elección fuera ese órgano electoral quien determinara a quién le daba las plurinominales… si cómo no ¿algo más?

Aquí todos los que estuvieron en la mesa de discusión por unanimidad coincidieron que el poder es para ejercerse, no para transferirse y sopas perico que dejan con las ganas a los consejeros electorales de que serían ellos los que decidieran a quien premiar o castigar con las plurinominales.

Pero principalmente la decisión fue porque de haberse aceptado, no se estaba dando certeza, además de estarse violentando la voluntad del ciudadano, que con su voto determina a quienes quiere de representantes populares.

Fue el PAN quien negó la posibilidad de que se discutiera siquiera la transversalidad, pues no tiene un sustento y bueno los resultados ya se conocen ahora, habrá paridad vertical y horizontal, lo cual sí representa cierto avance, pero no transversal.

La única que le habían ganado al PAN, se les olvidó anotarla…

El único punto donde dicen que realmente se pusieron a peso los guamazos, fue en el tema de la reelección o lo que pomposamente le llaman “elección consecutiva”, y es que mientras el PRI proponía que los presidentes municipales que estén pensando en reelegirse, debían separarse el 30 de noviembre del año anterior al de la elección, el PAN proponía que fueran 60 días antes del día de la elección.

Ya en la mesa de discusión le entraron a que también debían separarse los síndicos y los regidores, que de alguna manera se van a reelegir; y ándale, que otra vez se la ganó Hugo Vergara a Andrés Gerardo García.

Los panistas se cerraron a que no habría reforma si el PRI se empecinaba en que los alcaldes se separaran en noviembre.

El PRI y sus aliados, junto con los de la Consejería Jurídica  se engallaron, sabiendo que son mayoría en el Congreso y se la cantaron derecho: “si ustedes no le entran, nosotros sacamos esa reforma”, eso a pesar de que para aprobarla se requería de mayoría calificada.

Y el PAN reviró: “podrán conseguir los votos que les faltan para sacar esa reforma, pero de una vez te digo, le dijo Vergara a Andrés Gerardo, si ustedes sacan esa reforma en el Congreso, nosotros paramos toda la reforma constitucional en los Cabildon, no pasa y no habrá reforma, de que así que ustedes dicen”, retó Vergara.

Fue ahí cuando metieron al baile a los síndicos y a los regidores, para que se fueran junto con su alcalde… dicen los que estuvieron en esas reuniones que se armó la cámara húngara unos defendiendo a síndicos y regidores y los otros tratando a toda costa de que se fueran todos.

El PAN contraatacó y propuso que si se iban los regidores, que también se fueran los diputados que aspiren a reelegirse o a ser candidatos a otro cargo, “porque están en la misma circunstancia, ustedes como diputados dicen que no manejan recursos, que por eso no tienen que irse; ¡ah!, pues es lo mismo con los regidores, ellos no manejan recursos, entonces si ustedes quieren que ellos también se retiren, de acuerdo, pero que sea parejo para los diputados”.

 Ahí fue cuando recularon los diputados y dijeron, a entonces que se queden los regidores, pero quienes si debían separarse eran los síndicos, que como representantes legales de los Ayuntamientos están en la misma circunstancia que el alcalde, y ándale, que por fin le ganaron una a los panistas y aceptan tanto el PAN, como su abogado, que se retiraran de manera simultánea los síndicos.

Pero ¿¡qué cree que pasó!? que al final de la reunión, al momento de elaborar la minuta, estaban tan locos de contento porque por fin le habían ganado una a los azules, que ¡ándale! Que se les olvida ponerla en la minuta que se firmó, en consecuencia los síndicos y los regidores quedaron en la misma circunstancia de que no se separarán.

Y ya al discutir sobre el plazo para la separación de los alcaldes, como estaba la amenaza de que en los cabildos panistas no pasaría la reforma Constitucional, para que no se dijera que había ganado uno sobre el otro, se planteó una tercera propuesta:

Que no sea ni el 30 de noviembre, ni 60 días antes del día de la elección, que sean CINCO días antes del registro de la candidaturas, sí como lo está leyendo, CINCO DÍAS antes de que inicie el período de registro de candidaturas. Actualmente la ley señala que deberán estar separados un día antes del registro.

Para que se vea que es una reforma de gran calado, le aumentaron CUATRO días más para que se separen del cargo, eh, qué tal…

La última reunión se dio el lunes por la tarde-noche; el martes los abogados de la Consejería Jurídica y el Oficial Mayor del Congreso, elaboraron el dictamen que entregaron a Héctor Magaña y que fue el que leyó, desplazando a los abogados del Congreso, que es a quienes les correspondía elaborar el documento, pero bueno, si ni siquiera los invitaron, pues como lo iban a elaborar, ¿verdad?

Hoy se va a los Cabildos…

Una vez aprobada la Reforma Constitucional en materia electoral, el dictamen, ya como Minuta Proyecto de Decreto, se enviará hoy mismo a los diez Ayuntamientos con la promesa del PAN, de que les hablarán a los alcaldes para que de ser posible este mismo fin de semana sesionen y aprueben lo que se negoció como reforma constitucional.

Ante eso casi le puedo anticipar que la próxima semana se podría hacer la declaratoria de validez de reforma a la Constitución para inmediatamente ordenar su publicación y trabajar de inmediato en las reformas al Código Electoral que se aplicará para el proceso electoral 2017-2018.

Por cierto en la misma mesa donde se negoció la reforma constitucional en materia electoral, se negoció la integración de otros organismo especializados… no me haga mucho caso, pero dos posiciones ya tienen nombre y apellidos… al tiempo.

Para cerrar…

**Este día la delegada nacional del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro, dará una rueda de prensa, donde expondrá su postura respecto a la reforma político-electoral aprobada por los diputados locales, habrá que ver que va a decir, que ya poco valor tendrá, cuando no acudió a defender sus propuestas en las mesas de la reforma.

**Por otra parte, en otro tema, le doy a conocer que el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), ya definió los horarios de las entrevistas que sostendrán los aspirantes a consejeros del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Las entrevistas, que es la última etapa antes de que el consejo general del INE, tome la decisión de quiénes serán los cuatro consejeros y consejeras que se integrarán al OPLE de Colima, serán todas el día 8 de junio.

El grupo 1, será atendido en las salas de consejeros 1 y 2, donde estarán realizando las entrevistas los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Pamela San Martín Ríos y Valles, Enrique Andrade González y Jaime Rivera Velázquez.

Este grupo de consejeros  citó a las 10:00 horas a María Guadalupe García Vázquez; a las 10:20, atenderán a Miguel Ángel Núñez Martínez; a las 10:40, a María Elena Adriana Ruiz Visfocri; y a las 11:00 a Juan Manuel Rodríguez Peña.

El grupo 2, será atendido en la sala de usos múltiples por los consejeros Adriana Favela Herrera, Marco Antonio Baños Martínez, Benito Nacif Hernández y Dania Paola Ravel Cuevas.

A las 10:00 horas está citada Martha Elba Iza Huerta; 10:20, Javier Ávila Carrillo; y, 10:40, Fabiola Nirvana Rosales Ochoa.

En este grupo solamente comparecerán tres, debido a que uno de los 12 aspirantes, Edgar Ramón Montaño, declinó a seguir participando en esta selección de aspirantes. Hay que recordar que Edgar Ramón Montaño, es actualmente director de área dentro de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.

El grupo 3, será atendido en la sala de consejeros electorales, por los consejeros Beatriz Claudia Zavala Pérez, Ciro Murayama Rendón y José Roberto Ruiz Saldaña.

A las 10:00 horas atenderán a Arlen Alejandra Martínez Fuentes; 10:20, Fernando Arturo Vega Alcaraz; 10:40, Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez; y a las 11:00, a José Daniel Miranda Medrano.

Una vez que se realicen las entrevistas, donde a cada aspirante le darán 20 minutos, ya los consejeros habrán de realizar sus evaluaciones para finalmente ya de los 11 aspirantes que quedan nombrar a los cuatro consejeros o consejeras que deberán integrarse al consejo general.

Por hoy hasta aquí la dejamos, “Desde la Curul 26”, seguiremos pendientes de ver lo que se esté presentando… hasta la próxima.

Estación Sufragio

Colima ha sido el paraíso social y es hora que empiece a ser un paraíso económico. Ah, y una cosa excluye a la otra. No se puede tener un régimen de seguridad social tan benévolo con burócratas y maestros estatales, al mismo tiempo que buenas finanzas públicas.  

En eso coincidieron el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, y el actuario Francisco Miguel Aguirre, representante de Valuaciones Actuariales del Norte, quienes se reunieron con periodistas y empresarios en el transcurso de este martes, para exponer el diagnóstico sobre el sistema de Pensiones en Colima y sensibilizarlos sobre la necesidad de emprender una reforma estructural del mismo.

Urge una reforma de fondo y no sólo ajustes administrativos, dijeron. Se requiere una nueva normatividad para el retiro de los servidores públicos y el pago de sus pensiones y jubilaciones, que culmine con cambios en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, y en la relación contractual con los maestros del estado (adheridos a la Sección 39 del SNTE).

La situación es tan grave, explicada por el actuario con pesos, esperanza de vida y años de servicio, que ni aun inyectándole mil 500 millones de pesos para fortalecer un fondo de pensiones que, además, empiece a hacerse cargo de las jubilaciones que actualmente se pagan con cargo a la nómina, se puede impedir que el sistema termine quebrando en uno o dos años.

Ante este diagnóstico tan pesimista no pude dejar de pensar en la ironía de una administración como la de Ignacio Peralta que prometió en campaña una vida segura y feliz. Si este gobierno ya no te garantiza la seguridad pública, mucho menos puede responsabilizarse de la seguridad social de esa parte importante de la población colimenses que integran los burócratas sindicalizados, el magisterio estatal, los servidores públicos (de base y contrato, mas no de carrera) y los elementos de las fuerzas policiacas.

El secretario Meiners y el actuario Aguirre consiguieron algo que no sé si buscaban: convencer a una buena parte de los columnistas que asistieron a la reunión de la mañana en el Complejo Administrativo, de que los culpables de la bancarrota del sistema de pensiones son los trabajadores del gobierno.

Por lo menos, dejaron entrever, son privilegiados pues gozan de niveles salariales y una serie de prestaciones económicas atípicas en el mercado laboral de Colima. Y siendo un sector minoritario de la sociedad (aunque tengo la impresión de que en la zona metropolitana capitalina un alto porcentaje de las familias dependen económicamente de la nómina estatal), los beneficios que reciben burócratas y maestros impactan desmedidamente en las finanzas públicas.

“El pasivo contingente [esto es, lo que el Estado terminará pagando hasta que fallezca el último de los jubilados y de los trabajadores todavía en activo protegidos por este esquema] supera el 140% del producto interno bruto (PIB). Más de la mitad de este pasivo corresponde a servidores públicos y universitarios (16 puntos por millón y 3.3 puntos por millón)”, se asienta en el estudio actuarial que está disponible en el portal de la SAyGP (http://www.administracionygestionpublica.col.gob.mx/index.php/detalle/contenido/OTQzMQ).

Por lo demás: “El pago a pensiones en 2017 representa cerca del 15% del presupuesto de egresos de la Federación (PEF) y se espera que siga creciendo durante los próximos 20 años para después disminuir como efecto de las reformas”.

Pese al entusiasmo de algunos de mis colegas por culpar a lo que a ellos les parece una codiciosa burocracia, los trabajadores sindicalizados del gobierno no diseñaron el esquema de pensiones para llevar a la bancarrota al estado. Está plasmado en una ley y corresponde a los diputados cambiar las leyes.

Además, el verdadero problema financiero lo representan los maestros: la lista de prestaciones que gozan los afiliados al SNTE 39 es tres veces más larga que las conquistas sindicales de los integrantes del STSGE. Por su parte, los ingresos extra salariales de los trabajadores de confianza son mínimos por una sencilla razón: a ellos no los ampara ninguna ley ni los defiende ninguna organización sindical para no ser despojados de beneficios que ya la patronal les había otorgado.

En los tiempos en que Colima era un paraíso priista, los servidores públicos de confianza se beneficiaron al parejo de las conquistas salariales y económicas de los burócratas sindicalizados, hasta que los gobernadores decidieron ensayar la política de austeridad con sus colaboradores directos. Los recortes sistemáticos en sueldos que ha venido sufriendo el personal de confianza, explican en buena medida por qué hoy existen puestos sindicalizados con un salario más alto al del titular de una Secretaría.

¿Por qué ha sido tan consentida la burocracia en Colima? Porque los trabajadores del gobierno contribuyeron con su entusiasmo y el de sus familias a la continuidad de los gobiernos priistas. Y podríamos decir que el gremio de maestros recibió mayores premios, sencillamente porque el trabajo que desempañaron los trabajadores de la educación, en tareas tan delicadas como la alquimia electoral, no tiene precio.

De ahí que a muchos preocupe tanto el riesgo electoral que corre el PRI si emprende la reforma a Pensiones. Meiners piensa que es un acto de responsabilidad de un gobierno decidido a sanear las finanzas y a reorientar el presupuesto para que los dineros públicos se gasten en obras y beneficios para toda la población, no en salarios. Y sí, puede ser una buena inversión de tiempo y energía, pero tendrá enormes costos políticos.

Hay una dimensión económica en este borrón y cuenta nueva que molesta. La Suprema Corte ya determinó que las reformas pueden afectar a los trabajadores en activo. Salvo los que ya tienen 30 años cumplidos (28 en el caso de las mujeres) de servicio, todos los demás burócratas tienen una “expectativa de derechos”, no “derechos adquiridos”. Sin embargo, su vida laboral transcurrió bajo un esquema de futuras jubilaciones en el que ellos cumplieron con lo establecido, mientras la patronal, administrador del virtual sistema de ahorros para el retiro, no cumplía con su obligación de fondear las pensiones.

Se ha hablado de una reforma a Pensiones desde 1997 y no se ha emprendido por temor a revivir el conflicto laboral que enfrentó el gobernador Carlos de la Madrid al desaparecer mil y tantos puestos de trabajo… y por falta de disciplina fiscal y de transparencia en el gasto.

La inminente quiebra de un sistema de pensiones que ni siquiera ha empezado a pensionar trabajadores retirados, no responde exclusivamente a los factores que enlistó Aguirre: Incremento en la esperanza de vida (cambia el concepto de senectud); Decremento en la tasa de natalidad; Inexistencia de normatividad para la creación de reservas; Reconocimiento de antigüedad; Tasas bajas de interés en créditos a afiliados; Insuficiencia de aportaciones o Inexistencia de sueldo regulador.

Hay también un componente todavía no calculado que incluye el déficit de las aportaciones gubernamentales no hechas, el monto de los créditos no cobrados (por ejemplo a funcionarios que recibieron un préstamo hipotecario y dejaron de pagarlo cuando salieron de la administración) y sus intereses, el pago de jubilaciones exageradas por recompensas políticas y las retenciones a los trabajadores no enteradas al fondo, más los rendimientos financieros que todas esas cuentas pendientes debieron haber generado al paso de los años.

Si bien Kristian Meiners y Francisco Miguel Aguirre coincidieron también en que ese dinero no está a la mano, el actuario señaló con toda claridad que la reforma estructural al sistema de pensiones, la legislación urgente de un nuevo marco jurídico y la creación de un organismo de Pensiones Civiles que realmente libere a la actual dirección general de Capital Humano de la obligación de pagar las jubilaciones, no exime a los tres poderes del estado de la obligación moral de investigar dónde quedó ese dinero y, tampoco, de buscar recuperarlo.

Mientras no haya voluntad política para reponer esos fondos, a Meiners le va a resultar difícil convencer a los burócratas en activo de aportar un porcentaje mayor de su sueldo para su cuenta de retiro, y de sumar uno o más años de servicio (dependiendo de qué tan lejos estén de completar los 30) antes de tener derecho a jubilarse.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Análisis Político

La especulación de los posibles cambios en el gabinete estatal y de algunos delegados federales proviene más bien por el clima político entre los partidos y por la problemática común que se presenta, el tema se promovió también por el repentino cambio del delegado del Issste, Guillermo Villa, dejando a un responsable fuereño como interino, lo que observamos los colimenses como un grave error político del gobierno federal, debido a que analizamos que está metiendo manos en las delegaciones en el estado de Colima, quizás sin consultar al ejecutivo estatal, y si es así, es lamentable que Peña Nieto no tenga conocimiento porque en realidad nada le favorece a la sucesión presidencial.

Porque quitar al delegado del Issste sin designar a otro es un error garrafal, porque según los comisionados que vinieron a removerlo le darán otro cargo a Guillermo Villa pero nacional en esta misma dependencia y si es buen funcionario ¿para qué removerlo?, y lo que es peor, dejan a un encargado de la delegación que nadie conoce, lo que significa en política “se les hizo bolas el engrudo”, no plancharon bien esta jugada, como tampoco lo han hecho en la designación de otras delegados federales aquí en Colima, pretendiéndolas hacer al margen del gobierno del estado y provocando problemas políticos y sociales a la entidad, esto definitivamente es un grave error político presidencial, le complican mas el escenario nacional del PRI para el 2018.

Pero volviendo al tema sobre el cambio en el gabinete estatal, Nacho Peralta desde que inició su administración estatal en su primer mensaje a la sociedad y en forma directa les advirtió a sus Secretarios al momento que hizo entrega de sus nombramientos, les dijo; “Estamos comprometidos todos por un mejor Colima, todos y cada uno de nosotros estamos obligados a dar buenos resultados, todos seremos evaluados permanentemente, los buenos resultados serán la mejor carta que tendremos para mantenernos en el equipo y cada año valoraremos”. El primer cambio se hizo en seguridad y el segundo en Sedescol, y ahora la especulación señalan a tres Secretarios que afirman no llegarán al final del presente año, por lo que tendrán que redoblar esfuerzos en estos meses para su permanencia.

Entre estos supuestos cambios aseguraban que ya se había dado el cambio de la titular de Movilidad, Gisela Méndez, sin embargo fue ella misma la que desmintió este comentario que se difundió en redes y en los medios, el problema de esta dependencia es que es muy compleja, polémica, por los diferente intereses económicos y políticos que se generan de los grupos de transportistas y empresariales, sin embargo según los mismos usuarios, taxistas y distribuidores de autos, es que los problemas se agravaron desde que suspendieron los permisos para circular sin placas, ya que en todo el país se otorgan y se evitarían las aglomeraciones porque aseguran que duran hasta 15 días para un cambio de propietario y al no permitir permisos para circular sin placas, los vehículos de carga o particulares deben estar guardados, además el gobierno del estado deja de ganar cerca 700 mil pesos mensuales por la expedición de dichos permisos, que ahora van a parar a otros estados vecinos ya que aquí mismo en Colima por esta problemática estatal hay gestores de otras entidades para solicitar permisos de los estados vecinos que son validos en todos las entidades, lo que es un error político y administrativo la suspensión de estos permisos aquí en Colima.

Gisela Méndez es experta en temas de transporte público ni duda cabe, pero la problemática y el rezago es de hace años, pues simplemente esta Secretaría no ha resuelto mi problema que les he planteado siete veces y por escrito, pidiendo que me den de baja un camión urbano de servicio público que circula a mi nombre pero que lo vendí hace cerca de 15 años, y que por errores administrativos en esa dependencia continua apareciendo como si el suscrito fuera el propietario, pero lo curioso es que sigue circulando por las calles con placas a mi nombre en servicio público y nadie lo para desde ese tiempo, y menos yo lo puedo parar, ojalá no provoque un accidente aparatoso, urge quizás más supervisión operativa porque en el interior del camión publiqué mi número telefónico para las quejas y hasta la fecha me hablan para denunciar a los choferes, definitivamente, buen paquete tiene Gisela, y seguramente estos problemas los resolverá como lo está haciendo con muchos otros.  

 

 

Desde la Curul 26

Estamos llegando al fin del mes de mayo y con ello entrando a los últimos 31 días para que el Congreso del Estado pueda realizar la reforma electoral para el estado de Colima. Lo que no fue posible realizar los anteriores dos años y fracción, ahora ya no tienen de otra, o sale este mes de junio o de plano se quedará para mejor ocasión.

Por optimismo no para los distintos actores afirman que les sobrarán días para sacar dicha reforma, y quizá sí lo obtengan, siempre y cuando se alcances consensos, lo cual no necesariamente implique que sea lo mejor  en la materia.

Apenas el pasado fin de semana el titular del Ejecutivo del Estado dijo que este lunes o a más tardar mañana martes estarán alcanzando esos consensos de las más de diez iniciativas que se recibieron en el Congreso, para que ahora sí los diputados se pongan a elaborar los dictámenes y llevarlos a la brevedad al pleno para realizar las reformar a la Constitución Política del Estado.

Una vez que se aprueben esas modificaciones se enviarán como Minuta Proyecto de Decreto a los diez municipios, para que en sus respectivos cabildos las aprueben o no, --no se modifican--, y las regresen al Congreso del Estado.

De acuerdo a la ley, disponen hasta de treinta días para hacerlo, sin embargo, aquí como parte de la negociación que ya se debió haber dado este domingo, al menos las seis administraciones emanadas del Partido Acción Nacional, aplicarán el fast track, y en menos de lo que dura un gallo tartamudo para cantar, las regresarán aprobadas.

Inmediatamente que eso suceda el Congreso del Estado habrá de realizar la declaratoria de validez de la reforma Constitucional y a la par estarán presentando las reformas al Código Electoral del Estado de Colima, y serán aprobadas de inmediato para que se turnen al Ejecutivo del Estado y ordene su publicación… todo eso antes de que concluya junio.

De entrada le diré que no será la reforma que a usted le gustaría que se diera, no, la discusión se ha centrado sobre la reelección, no habrá disminución, ni mucho menos ampliación de integrantes del Congreso del Estado.

De hecho el titular del Ejecutivo en la entrevista que le hicieron el fin de semana dejaba en claro que habían sido retiradas algunas iniciativas relacionadas con la reforma electoral, y entre ella, están las que proponían reducir el número de integrantes para la próxima Legislatura.

El Partido Acción Nacional retiró al menos dos iniciativas una de la diputada Adriana Mesina Tena y otra del Coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul, Luis Humberto Ladino Ochoa, no sé cuantas iniciativas más hayan sido retiradas pero de esas sí estoy seguro.

La concertacesión… aguas

Dicen los que saben que este fin de semana, --hablan de que sería este domingo--, se dio esa reunión para alcanzar los acuerdos… en esa encerrona participaría el dirigente estatal del Partido Acción Nacional y de entrada el tema principal dentro de la reforma electoral era lo referente a la reelección en los cabildos.

Ahí las posiciones eran encontradas, mientras la iniciativa del PRI y de los diputados independientes iban en el sentido de que los presidentes municipales, --no sé si se incluya a todo el resto del Cabildo, que pretende reelegirse, que debiera ser pues pretenden ser reelectos para otro período--, se separen en el mes de noviembre.

Por su parte el Partido Acción Nacional en su propuesta de reforma, pretende que la separación sea dos meses antes de que se vaya a realizar la elección, es decir que se mantengan en el cargo hasta el último momento… eso es precisamente lo que se iba a discutir este domingo.

Los enterados del tema dicen que eso es lo que iba a negociar el PAN.

A mí no me haga caso, pero dicen que pare de esa negociación involucró otras cosas, entre ellas se habló algunas posiciones incluido el Poder Judicial.

Es decir el PAN iba a “ceder”, o a negocia la fecha de retiro de los alcaldes a cambio de… No sé qué se pidió, ni qué se llegó a conceder, pero no faltará mucho para saberlo con certeza.

Eso sí los que sentaron en esa mesa no deberán estar confiados por el solo hecho de que cedieron algunas cosas: como le dije antes no sé qué estuvieron dialogando, lo que sí es que iban a tratar de sacar lo más que se pudiera y a cambio sacar la reforma electoral.

Sin embargo los que estuvieron negociando no deben estar confiados, porque lo que el PAN está visualizando es que “otro” impugnará la reforma electoral y como s un hecho que saldrá en fast-track, lo más seguro es que nuevamente le den “palo” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ocurrió allá en 2009 y de esa manera el ganón sería el blanquiazul, que ya tendrá en su poder lo que haya negociado y no se verá obligado a cumplir compromisos porque todo quedará como hasta la fecha.

Y si bien podría modificarse en algunas cuestiones el Código Electoral del Estado, será por encimita, ya que ninguna tendría que ver con reformas constitucionales.

Si realmente se quiere reformar la separación de los alcaldes, debiera analizarse muy a profundidad dos iniciativas, la planteada por el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano que propuso se retire, y aquí vuelvo a reiterarlo, que se separe no solo el Presidente Municipal, sino todos los integrantes del Cabildo que van a buscar la reelección.

La otra iniciativa es la del Partido Revolucionario Institucional, que propone el mes de noviembre, y de no separarse los alcaldes y su cuerpo de índico y regidores, estarán participando de manera inequitativa sobre el resto de aspirantes, no solo de los otros partidos, sino del que ellos mismos pertenezcan y de los ciudadanos que pretenden participar en la contienda electoral.

¿Cuándo separarse?...

El tema para nada es intrascendente y debería ser incluido desde la Constitución Política del Estado, y no dejarlo al Código Electoral, porque como ya lo han señalado algunos estudiosos del derecho, esta modificación involucra hasta el asunto de los derechos humanos.

Entonces si realmente están interesados en contender en una elección consecutiva los actuales integrantes de los cabildos se devoran separarse cuando menos al momento mismo en que se inicien los precampañas en los partidos políticos, para que todos los aspirantes entren al juego en igualdad de condiciones.

Claro que ahorita los que están gobernando en los municipios dicen, que no es justo, que ellos ganaron la elección, etcétera, etcétera, pero ¿sería justo y equitativo que utilizando todo un aparato de gobierno, recursos oficiales, medios de comunicación, estén buscando una reelección?, mientras usted hijo de vecino, ¿sin ningún apoyo, ni reflector, ni personal a su servicio, ni programas institucionales a su servicio lo obliguen a ceñirse a otras reglas?

A quienes actualmente están en los cargos nadie los obliga a separarse, es más, no deberían separarse, porque cuando por primera vez fueron a buscar el respaldo ciudadano, le dijeron a la gente que querían servirle por tres años y ¿qué vemos en la realidad? algo muy distinto, gente dispuesta a seguirse “sacrificando” y perpetuarse en el cargo y cuando se acercan los tiempos buscar brincar a otro puesto de elección como si nada más ellos existieran.

Otra cosa a la que no le van a entrar en esta reforma es en lo referente a la reducción al financiamiento público, prevista en algunas iniciativas, pues pasaron por alto lo preceptuado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, fracción segunda de nuestra Carta Magna, en donde de manera expresa hace referencia al financiamiento de los partidos para el sostenimiento de sus actividades.

Si bien el financiamiento a los partidos es un reclamo de la sociedad, deberá hacerse en las instancias correspondientes, no aquí.

En fin, ya los tiempos se les vinieron encima, por lo que como lo señala al inicio, esta será una semana crucial.

Para acabar…

*Este lunes a las 10:00 de la mañana, en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, está invitando a los “Diálogos para una Cultura Cívica”, los trabajos se desarrollarán en las instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, en el auditorio “Benjamín Fuentes González”.

*Este martes habrá reunión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado, para definir qué será lo que habrán de concluir en la siguiente sesión, no será remoto que si les hacen llegar los dictámenes relacionados a la reforma electoral, en la siguiente sesión puedan entrarle a la misma.

Estación Sufragio

El Gobierno del Estado lanzó una ingeniosa campaña publicitaria para informar que, con el dinero del avión oficial que se vendió, se remodelaron una treintena de espacios deportivos.

Se me ocurre una manera de combinar la propaganda gubernamental con la rendición de cuentas: difundir el informe contable acerca de cuánto se obtuvo por la venta y cuánto se invirtió en cada espacio deportivo.

Dicho informe debería incluir los detalles de las obras para saber que, por primera vez en la historia, no salió más caro cambiar los aros que poner tableros de basquetbol nuevos.

El monto de la transacción del avión debería, además, compararse a los precios que tenía el aparato en el mercado de aeronaves usadas en ese momento. Y con la inversión que hubiera tenido que hacerse para reparar y mantener en servicio al aeroplano, si la decisión hubiese sido no venderlo.

Aunque es complicado meter toda esa información en promocionales de 20 segundos para radio y televisión, al ciudadano le gustaría ver una corrida financiera acerca de cuánto se está dejando de erogar en los gastos del avión (mantenimiento, combustible, sueldos de la tripulación), contra los gastos que la administración de Ignacio Peralta ha hecho en vuelos privados o comerciales; uniendo los cálculos de la expectativa de egresos por este concepto (desplazamiento aéreo del Gobernador) hasta el final de la vida útil programada que tenía el avión.

Con esos datos, los colimenses estaríamos completamente seguros que hicimos un buen negocio al vender el avión.

ACLARACIONES Y PRECISIONES:

Sostuve durante los años que trabajé con él largas conversaciones sobre su trayectoria, pero todavía me cuesta trabajo trazar la línea del tiempo en la vida de Jorge Humberto Silva Ochoa. Agradezco a quienes se han comunicado conmigo para hacer las siguientes precisiones:

Por ejemplo, me explican que Humberto Silva estudió (junto con su hermano Héctor) en el Instituto Federal de Capacitación Magisterial porque no les permitieron inscribirse en la Normal de Colima, debido a que se le identificaba como uno de los líderes del movimiento estudiantil que había fundado la FEC cuando varios de sus integrantes asistían a la Secundaria para Trabajadores.

Otro lector señala que la amistad de HSO con Gustavo Vázquez no se afianzó durante la elección extraordinaria, sino mucho antes. De hecho, Vázquez Montes era uno de los diputados locales que pertenecieron a la segunda legislatura que acompañó al gobierno de Fernando Moreno que apoyaban la precandidatura de Silva Ochoa al gobierno del estado.

Cuando Gustavo le comentó al licenciado Humberto que el mandatario saliente le había propuesto apoyarlo para la sucesión de 2003, Silva Ochoa lo animó a aceptar el ofrecimiento, pues, consideraba, lo importante es que alguien de ese grupo político en formación llegara.

Parte de los acuerdos que hizo Moreno Peña al abrir el proceso interno del PRI, es que quienes no resultaran candidatos recibirían otras oportunidades. En ese contexto, ya electo Gustavo en la primaria se acordó que Silva Ochoa encabezaría la lista plurinominal del PRI y sería coordinador del Congreso –en el entendido que el tricolor sería mayoría.

Cuando se anuló la elección ordinaria y, tras el triunfo en la extraordinaria, Gustavo Vázquez tuvo que conformar su gabinete, escuchó argumentos de Fernando Moreno en el sentido que no le convenía políticamente tener a dos zorros de la política en posiciones de primer nivel, pues parecía obligatorio incorporar a Arnoldo Ochoa como secretario general de Gobierno. Fue así que Silva Ochoa pasó a la Secretaría de Desarrollo Social.

Por lo menos una vez HSO hizo el intento de recuperar su curul. Y hasta presentó a Gustavo su renuncia como titular de la Sedescol, como requisito para solicitar al Congreso su reincorporación como diputado.

A la muerte de Gustavo, en 2005, hubo una reunión de gabinete en la que se analizó la situación política y jurídica para la designación del gobernador sustituto. Y aunque hubo voces que insistieron en que lo mejor era nombrar a alguien que terminara el sexenio, Silva Ochoa les recordó que esa decisión no le correspondía al gabinete sino al Congreso, donde el coordinador era Silverio Cavazos. Hasta el ex gobernador interino, ya en ese momento como secretario de Educación, Carlos Flores Dueñas, estuvo de acuerdo.

Por cierto, Cavazos Ceballos derrotó políticamente a Arnoldo Ochoa al operar para que designaran al secretario general de Gobierno como gobernador interino, mientras se hacía de la candidatura del PRI para la segunda elección extraordinaria del sexenio, en la que Silverio resultó gobernador constitucional. Pero hubo un tercero en discordia, Carlos Salazar Silva.

El ex rector de la UdeC tenía inicialmente el apoyo de Fernando Moreno, como delegado especial del CEN del PRI, para ser en automático gobernador sustituto, pese a que por no haberse cumplido dos años del periodo se tenía que convocar a nuevas elecciones.

FE DE ERRATAS 

Humberto Silva fue suplente de Abel López Llerenas en la diputación local. Y Rodrigo Vergara fue el suplente de Silva Ochoa en la diputación federal.

El arquitecto Luis Ramón Barreda, quien murió siendo secretario de Finanzas en el accidente de aviación que le costó la vida al gobernador Gustavo Vázquez, tenía como segundo apellido Cedillo. Nakay es el apelativo materno de su madre, la señora Melú, y de su tío Ramón Cedillo Nakay, quien fue rector interino de la Universidad de Colima.

 

Paracaídas

Cuando no se tiene la suficiente capacidad como para saber que el poder es efímero y que cualquier cargo de gobierno es transitorio, cuando esto se ignora o se obvia y se actúa, en consecuencia, como si la posición que se ostenta es vitalicia, entonces tenemos que preocuparnos todavía mucho más de lo que creemos de nuestros propios servidores públicos y del gobierno que representan. Jamás diría que la juventud es un distintivo de la inmadurez ni que la vejez lo sea de la sabiduría, pero ser un verdadero hombre de estado requiere de grandes virtudes que están mucho más allá del compadrazgo, la circunstancia e, incluso, de nuestra propias capacidades, pues cuándo se ha visto que haya sido fácil dirigir a una comunidad de hombres, y menos cuando ésta atraviesa por una severa crisis de valores. Uno de los signos más evidentes de la política colimense actual fue haber permitido incursionar en el servicio público y político precisamente a dos generaciones antagónicas: por un lado a una generación de jóvenes (que ingresaron incluso al gabinete de Nacho Peralta y a otros gabinetes municipales) y, por otro, a una generación de viejos políticos que igualmente ocuparon posiciones importantes dentro de gabinete estatal y los municipales. Ni hace falta decir nombres porque la sociedad los tiene bien identificados. Esta combinación anunciaba ese siempre vendible binomio de lo que llamamos “juventud y experiencia”. Es muy bueno, se decir, por ejemplo, que esté un Kristian Meiners, actual secretario de Administración, junto con un Arnoldo Ochoa, actual secretario de Gobierno, porque entonces se combina el binomio perfecto, “juventud y experiencia”, “arrojo y templanza”, etcétera. Lamentablemente, lo que hemos visto hasta hoy no ha sido sino un gobierno incapaz, incompetente y hasta insensible frente a los grandes males que nos aquejan a los colimenses: severa violencia (aunque los medios aliados al gobierno canturreen lo contrario), falta de empleo, impunidad y mucha mucha corrupción, tanta que podría escribirse hasta un libro entero. Y si a esto se le aúna la insolencia de los jóvenes servidores públicos y políticos (que parece que han superado a sus maestros) y la insolencia de los viejos que los enseñaron (hoy más innecesario que nunca), el paisaje se nos presenta desolador, muy desolador. ¿No saben estos jóvenes funcionarios que la armadura que sienten de hierro se les puede convertir en una pompa de jabón en cualquier momento? No, no lo saben, por eso, el mismo gobernador Nacho Peralta, que entra aún dentro de la categoría de  “joven político”, ha cometido actos de corrupción que aunque haga pasar por legales, sabe que son totalmente injustos, como el mismo que lo involucra en la compra de La Campana, una sombra que lo perseguirá hasta el final de su mandato, pues –y ahí están los documentos, decires de los testigos y gente que vio de cerca las manos que agarraban dinero malhabido- con esa compra-venta no salió beneficiado el pueblo de Colima sino unos cuantos ávidos –incluido él- de poder y dinero, y de nada más. Muy grande es, pues, la insolencia que afrenta la dignidad de un pueblo y se erige invulnerable a la vara de la justicia, que llega más temprano que tarde. Yo les digo a los jóvenes servidores públicos y políticos colimenses (ya después pondré sus nombres): más les vale que dignifiquen su labor porque siempre habrá una pluma que cuente sus rapacidades de tal modo que no puedan ni gozar de las mieles del dinero que se robaron. A los viejos, obviamente, les digo lo mismo.  

Desde la Curul 26

Este martes concluyeron las comparecencias de los diez presidentes y presidentas municipales, que en cumplimiento a un acuerdo aprobado por mayoría en el pleno del Congreso del Estado el pasado 11 de mayo,  se citó a que comparecieran en reunión de trabajo, dos por día, iniciando el martes 16 de mayo.

El objetivo era que cada alcalde informara a la Legislatura sobre las acciones, estrategias y resultados implementados en materia de seguridad pública y prevención del delito dentro de su respectiva demarcación territorial.

Déjeme decirle que más que comparecencias fueron compadecencias, donde en al menos ocho municipios, en dos no ocurrió, uno de ellos Manzanillo y el otro Colima capital, aunque este último fue porque no está prestando el servicio de seguridad pública aunque sí está recibiendo recursos por algo que no ofrece, pero en el resto fue la pura chilladera, porque quieren que el Gobierno del Estado autorice más recursos y que haya una redistribución presupuestal.

El artículo 115 constitucional es el que les otorga las atribuciones a los ayuntamientos del país, para que presten los servicios públicos, incluyendo la seguridad pública, y ¿sabe qué? El ejercicio de comparecencia sirvió para que en el caso de los ayuntamientos de Colima quedara demostrado que el tema de la seguridad es más bien discurso de campañas, de retóricas, pero que en la realidad falta mucho por hacer.

Tuvimos la oportunidad de escuchar a los y las presidentas municipales y de plano me sentía en el mundo del revés…

Usted y muchos colimenses de los diez municipios, su percepción es de que se sienten más inseguros, ¡ah! pues los alcaldes todos dijeron que han reducido la inseguridad hasta en un 30 por ciento o más comparado con años anteriores y lo peor es que lo decían con tal vehemencia que dejaban constancia plena de que de veras se creen sus propias versiones.

La inseguridad o el mundo del revés…

Cuando se aprobó este acuerdo para que acudieran las y los alcaldes, se antojaba interesante, pues de viva voz de cada presidente municipal se informaría en reuniones públicas, de las acciones y estrategias adoptadas en cada municipio, lo que nos permitiría conocer, o tratar de entender en dónde está el problema de la inseguridad que tiene al estado de Colima, ocupando el primer lugar en muchos de los rubros.

Pues me equivoqué, en las compadecencias lo que trataron de hacer, primero, fue aventarle la bolita al Gobierno Estatal y pedirle más centavos, pero nunca escuché que tuvieran un verdadero proyecto encaminado a acabar de fondo con este problema.

Si al menos hubieran presentado un plan o un proyecto para atacar la inseguridad, pues uno les creería que efectivamente el problema radica en los económico, pero no, no hubo tales planes ni proyectos, era el simple decir de que “necesito, necesitamos, mayor apoyo del Gobierno del Estado, porque no tenemos recursos”.

Los homicidios dolosos, los robos a casas-habitación, los robos en general, los robos de vehículos, los robos a comercios, los robos a transeúntes, las extorsiones, en fin conocer cómo está la incidencia delictiva y como la han detectado los alcaldes en sus respectivas demarcaciones, para que una vez conociendo la enfermedad, tratar de ponerle el remedio, pero no, a la mayoría les temblaron las corvitas.

Sin excepción, los diez alcaldes evitaron referirse aunque fuera de refilón a los delitos de alto impacto, ah no, eso le toca al Gobierno del Estado, aunque los cientos de asesinatos se cometan en al menos cuatro de los diez municipios de manera más recurrente, --Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Manzanillo--.

Seguramente los alcaldes son de la creencia de que si no dicen cuántos homicidios dolosos se han cometido en sus respectivas demarcaciones, por ese solo hecho ya se resolvió el problema; las desapariciones que han estado ocurriendo, su acaso hicieron una leve referencia, fue porque les preguntaron, “ah, pero eso lo está investigando la Procuraduría”, era la contestación en automático, e inmediatamente pasaban al siguiente tema.

Por eso, desde mi humilde percepción es que todo este ejercicio que debía servir para tener un diagnóstico real, dejó mucho que desear de parte de todos los involucrados.

Los diputados, principalmente los panistas, hicieron berrinche y salvo Crispín Guerra, que aunque sea iba de pasadita, se quedaba un rato y se retiraba, y Riult Rivera, que empezaron a presentarse después de la cuarta comparecencia, los restantes no se pararon ni por equivocación, hasta la de Lupillo García Negrete, de Tecomán y Yulenny Cortés León de Villa de Álvarez, del resto pues como que no era de importancia conocer su situación.

Ocho de las diez reuniones las sacaron en menos de 40 minutos…

Prefirieron andar en campaña, colgándose de festivales con motivo del día de la madre, o del niño, o repartiendo zapatos, en lugar de ir a enterarse o preguntar a los alcaldes por qué estamos como estamos en este serio problema de la inseguridad.

Pero si unos no iban, los otros que se supone votaron a favor de las comparecencias, tampoco lo hacían hasta que de plano les pregunté a los siete que sí acudieron desde la primera compadecencia, que si a sus demás compañeros no les interesaba la seguridad o que tema más importante que el de la inseguridad les estaba impidiendo acudir a esas reuniones, o si de plano ellos eran de la creencia de que todo estaba bien.

Parece que eso hizo que les llamaran aunque fuera para salir en la foto, porque casi nadie pregunta, con decirle que la comparecencia del alcalde de Armería, Ernesto Márquez, que fue el primero en comparecer, duró 35 minutos… sí, para 35 minutos hicieron que viniera desde Armería y para que solo le preguntara el diputado Eusebio Mesina, del distrito de Armería, cuando él lo tiene diario allá.

Ernesto Márquez afirmó que la inseguridad se ha abatido en un 31.97%, comparado con el trienio anterior.

La reunión del alcalde de Comala Salomón Salazar Barragán, duró 34 minutos, ah y en todos los casos, hay que restarle la introducción que hace el presidente de la Comisión de Seguridad, Octavio Tintos, que es quien lleva la voz cantante.

En la comparecencia del edil de Comala, solo intervinieron dos diputadas Juanita Andrés, del distrito de Comala (otra vez) y Graciela Larios, a quien Juanita le compartió parte de las preguntas; los demás fueron, como en el dominó,  mirones de palo. ¡Ah! y aquí ya asistieron diez diputados de los 25; 7 eran del PRI y los tres independientes.

Este alcalde de Comala también dice que la inseguridad va a la baja

Luego se desahogó la compadecencia del alcalde de Coquimatlán, Orlando Lino y fue en el mismo tenor, antes de los 40 minutos salieron todos disparados. Aunque hay que decir que ésta ha sido la que mayor asistencia de diputados ha registrado con 13, 6 del PRI, 2 independientes, 1 del PT, 1 de MC, 1 de PANAL y dos del PAN, Riult Rivera y Crispín Guerra.

El edil coquimatlense sí dijo que tiene problemas de inseguridad y le echó la culpa a la falta de alumbrado y a la falta de elementos.

Pena ajena…

Déjeme contarle que así como hubo comparecencias  donde se vio que cuando menos los alcaldes hicieron el intento de compenetrarse con el tema, hubo uno, especialmente, que quedó reprobado en todo, pobre hombre causó pena ajena y esa si fue una verdadera compadecencia, donde dejó una imagen terrible de que no tiene ni la más jodida idea de qué está haciendo al frente de la alcaldía, si en el principal problema que aqueja a todo el estado, no sabe ni lo que sucede en su municipio.

Quien se llevó las orejas de “Platero”, sin ninguna discusión, fue el presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez.

Por mucho fue la peor comparecencia que hubo de los diez alcaldes que acudieron.  Dejó constancia que no sabe ni lo que sucede en su municipio y de no haber sido por su director de Seguridad Pública y Vialidad, Raúl Salazar Orozco, que hasta parecía que es quien gobierna el municipio pues traía todos los datos al “dedillo” y que de no haber sido por él, yo creo que hasta se hubiera puesto a llorar, que debo confesarle que le faltó muy poquito, eh, porque en más de una ocasión se le quebró la voz.

Rafael Mendoza puso todo mareado a “Pitágoras”, con las cifras que manejaba, como cuando dijo que tiene 7 patrullas para todo el municipio “de las cuales 14 catorce patrullas están en mal estado que ya son puros cascarones”… Ups, que alguien me explique.

Pero si con las patrullas se hizo “bolas” el alcalde, con los muertos que ha habido en el municipio no fue distinto, pues dijo que ha habido “siete homicidios de alto impacto y el hallazgo de 19 cadáveres”, que nunca supo explicar donde se hizo ese hallazgo, si fue en un solo evento, en qué parte del municipio.

Bueno fue una comparecencia tan patética que  cuando los diputados le formulaban las preguntas, pelaba tremendos ojotes y Rafael Mendoza solo acertaba a quedarse mirando al legislador o legisladora que se la había formulado, como si no se hubieran dirigido a él y eso hacía que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, que es quien lleva la batuta en las comparecencias, le apremiara “señor presidente, le están formulando una pregunta, responda por favor…”

Como no sabe lo que ha ocurrido en su municipio y no llevó ninguna cifra, en cada pregunta que le hacían, inmediatamente volteaba con su director de seguridad de pública a preguntarle “…que a cuántas reuniones de seguridad he asistido”, así de ese pelo fue.

Y cuando el director de seguridad le daba el dato, Rafael Mendoza solo decía a los diputados “ajá, esas que dice, además él ya acudió con ustedes para dar los datos de seguridad, no sé por qué quisieron que viniéramos los alcaldes”, trataba de evadirse el edil de Cuauhtémoc.

Ante eso Octavio Tintos, que es el presidente de la Comisión de Seguridad, le volvía a repetir la pregunta, “Señor presidente ¿a cuántas reuniones del consejo de seguridad ha acudido usted, puede responder?…”

Y balbuceante Rafael Mendoza respondía solo por hacerlo, “pues, como a una o a dos”.

El edil de Cuauhtémoc, señaló que de los 73 policías con que cuenta el municipio de Cuauhtémoc, únicamente 33 aprobaron los exámenes de control y confianza.

Y que de 7 patrullas “de las cuales 14 catorce patrullas en mal estado que ya son puros cascarones”, una se destina a vigilar las comunidades de El Trapiche, San Joaquín, Ocotillo y Chiapa; dos patrullas en la cabecera municipal; dos en Quesería; y una en Alcaraces, que da rondines a Palmillas, Cerro Colorado.

 La última patrulla la utiliza para su seguridad personal, incluyendo los dos elementos policiacos que lo resguardan, “pues ya me han pasado, desgraciadamente, dos casos terribles y gracias a Dios no han llegado a mayores, pero sí he pasado dos casos terribles”, diría a manera de justificación y al preguntarle si él pagaba de su sueldo la vigilancia, diría que no, “les paga el Ayuntamiento y ganan igual que el resto de los policías”.

Las otras comparecencias...

Las reuniones más prolongadas fueron la del alcalde de Colima Héctor Insúa, y la alcaldesa de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León, que duraron cerca de las dos horas cada una.

El edil de Tecomán, “Lupillo” García Negrete, que preside uno de los municipios más violentos, junto con Manzanillo, quiso aventarse uno o dos chistes que le salieron muy malos, y que nadie se los festejó, y pidió más recursos anteponiendo que es amigo del gobernador y que tiene tan buenas relaciones que fue él junto con el Secretario de Seguridad Pública, quienes le recomendaron al Director de Seguridad Pública.

Su participación fue evasiva y cuando le preguntaban sobre los delitos que más han lastimado a los tecomenses siempre evadió su responsabilidad pasándole la bolita al Gobierno estatal y a la Procuraduría.

Quiso “vender” la idea de que Tecomán es un municipio donde se han abatido los índices de violencia “y si no vean, en 2016 tuvimos 105 homicidios dolosos y en 2017, solo 45”… lo que no quiso ver es que 45 muertitos en el lapso de enero a abril (4 meses) a ese paso al mes de diciembre si continua esa misma tendencia va a cerrar con 135 homicidios dolosos, más o menos.

La presidenta municipal de Manzanillo Gabriela Benavides Cobos, fue la que mostró mayor conocimiento del tema y demostró que es la que más ha invertido en seguridad, pero igual que todos los demás evadió hablar de los delitos de alto impacto y el mismo día que acudió a comparecer al Congreso ese mismo día le mataron un policía y se han disparado los hechos de sangre.

Así con más pena que gloria concluyeron las comparecencias de los diez alcaldes, ahora habrá que esperar si finalmente sirvió para algo esta pasarela.

Por cierto lo único que debemos aplaudir fue la puntualidad casi inglesa con que iniciaron las reuniones, si acaso uno, dos  minutos de retraso; en un caso fueron cuatro minutos y solo en la comparecencia del alcalde de Colima, el retraso fue de ocho minutos, porque Insúa llegó tarde y solo lo esperaban a él, el resto de alcaldesas y alcaldes fueron muy puntuales.

Lástima que esa puntualidad no la trasladen a las sesiones ordinarias, porque este miércoles hubo sesión ordinaria, estaba programada para las 11:00 y arrancaron casi dos horas después

Durmiendo la mona…. O nuevamente chamaqueados

Este miércoles se desarrolló una sesión donde hubo de todo, hasta el hecho de que al ponerse a votación un punto de acuerdo presentado por la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, para hacer una excitativa a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, para que a la brevedad se lleve a cabo el proceso de renovación de los consejeros ciudadanos del Consejo Estatal contra la Discriminación, al ponerse a votación logró CERO VOTOS, nadie votó a favor del mismo.

Es decir al momento que se instruye a los secretarios realizar la votación, todos los diputados panistas, estaban durmiendo la mona y les pasó de noche, por lo que ninguno de los diputados presentes, ni la misma promovente del punto de acuerdo, ni ella votó.

Déjeme decirles que esta fue una chamaqueada de parte de los priístas, donde se vio el colmillo retorcido del coordinador de esa bancada…

Antes de pasar a la votación déjeme decirle que en cuanto Gaby Sevilla termina la lectura del documento, inmediatamente el presidente de la mesa directiva decreta un receso. A los panistas les pasó de noche, porque no se dieron cuenta que el otro grupo de diputados del PRI, PANAL, Independientes, PVEM y PT, eran minoría, entonces si se iba a votar el documento iban a perderla.

Y los priístas estaban en minoría porque ya se habían retirado Santiago Chávez, Eusebio Mesina, Joel Padilla, la diputada Martha Meza, no asistió a la sesión, ya se había ido Luis Ayala, de los “independientes”, entonces el caso es que eran los mismos que los 8 panistas y Lety Zepeda, de Movimiento Ciudadano, es decir, eran 9 de cada bando.

El receso duró hasta que mandaron traer a un diputado y romper ese empate, sin embargo al final ni se necesitó porque al someterse a votación el punto de acuerdo de Gaby Sevilla, todos estaban en otras cosas, menos en la sesión y cuando se pide levanten la mano para votar ni uno solo de los diputados presentes votó.

El veinte les cayó hasta que el presidente de la mesa directiva, ordena pasar al siguiente orador en tribuna, que era Martha Sosa, para que expusiera lo que le interesaba.

Martha Sosa fue la primera en reaccionar y pedía al presidente repetir la votación, a lo que se negó en todo momento J. Guadalupe Benavides, aduciendo que “yo instruí se realizara la votación y nadie lo hizo”.

-Martha Sosa le reclama: “¿Ni usted votó?, señala dirigiéndose al presidente y éste con una actitud hasta desparpajada le responde: “no, no voté y estoy en mi derecho”.

La ex coordinadora del grupo parlamentaria del PAN montaría en cólera, aduciendo que había sido una confusión, y pedía rectificar la votación, pero el presidente de la mesa directiva no le hizo caso, lo que provocó que se volviera a enojar en serio.

Después como ella seguía en el orden del día, retomó el mismo punto de acuerdo de Gaby Sevilla y cuando pidió que se discutiera y votara en esa misma sesión, que la bajan con cajas destempladas de la tribuna, diciéndole el presidente de la Legislatura, que de acuerdo al artículo 118 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, un documento rechazado no podía ser presentado sino hasta transcurrido un período ordinario.

Nuevamente hubo necesidad de declarar un receso porque todos y todas las panistas se volcaron sobre la presidencia reclamando que si no había querido rectificar la votación cuando Gaby Sevilla había presentado este punto de acuerdo, pues que ahora se votara el presentado por Martha.

El receso se prolongó 29 minutos y después de una serie de discusiones, finalmente el coordinador de los diputados del PAN, Luis Ladino reconocería de que al momento de la votación “nos apendejamos, y se nos pasó la votación”.

Se las repitieron…

Martha Sosa, aún desencajada por esa “chamaqueada” que les dieron, leyó el documento que la había llevado a tribuna y que se las vuelven a aplicar, cuando terminó de leer el punto de acuerdo se declara un receso, otra vez que por habían quedado en minoría los del bloque PRI y aliados, pero ahora solo duró 12 minutos.

 

 

Y ¿qué cree?, otra vez los agarraron papando moscas, y el presidente de la mesa directivas, lee: “siendo las 19 horas con 561 minutos se reanuda la sesión”, y cuando se esperaba que se sometiera a votación el documento de Martha Sosa, Lupe Benavides les madruga a los panistas y señala: “siendo las 19 horas con 51 minutos declaro un receso para reanudar esta sesión el día 25 de mayo a las 10:00 horas”, y que se levantan todos, por lo que los panistas no alcanzaron ni a decir pío.

Para cerrar…

**Bueno pues hoy gracias a ese madruguete de J. Guadalupe Benavides Florián, habrá sesión este jueves, para votar (y casi es un hecho botar) el punto de acuerdo de Martha Sosa.

Después de ello, solo queda pendiente de hacer uso de la tribuna la diputada panista Adriana Mesina Tena y luego de eso la clausura.

Déjeme comentarle que en la sesión de ayer, se dieron tremendo agarrón por la Ley que Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales para el Estado de Colima, priístas y panistas se dijeron hasta lo que no y finalmente se aprobó por mayoría.

Por cierto esta votación sirvió para evidenciar que ya el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, bailó las calmadas, y está cada vez más dividido: al momento de emitir su votos los legisladores Julia Jiménez, Riult Rivera y Crispín Guerra, lo hicieron de la misma manera que la fracción del PRI, cuando la línea dictada por la ex coordinadora Martha Sosa, había sido en el sentido de que “quienes integramos este grupo votaremos en abstención, porque si bien no coincidimos con la manera en que está esta ley, no queremos que se vea que estamos en contra de los músicos”, diría.

Hubo muchas cosas que ya se las iré contando, por lo pronto déjeme decirle que también en la sesión iniciada ayer, se aprobó un acuerdo para declarar recinto oficial una escuela en Armería, donde sesionarán este viernes a partir de las 18:00 horas, para celebrar el 50 aniversario de que Armería se convirtiera en municipio.

Y por hoy hasta aquí la dejamos “Desde la Curul 26”, le daré a conocer lo que ocurra estos días en el Congreso del Estado, hasta la próxima.

Estación Sufragio

En la elección interna del candidato oficial a la Gubernatura en 2003 los dados estuvieron cargados a favor del ex presidente estatal del PRI, Gustavo Vázquez Montes. El gobernador saliente creyó necesario mostrar que el poder se transmite a las siguientes generaciones, no a las anteriores, y tuvo que hacerlo explícito cuando las fuerzas vivas del partido y gran parte de la sociedad asumieron que el entonces secretario general de Gobierno, Humberto Silva Ochoa, sumaría a su prestigio personal y capital político el aval de un mandatario que le devolvía el apoyo que, como cabeza de la UdeC, Humberto le dio a Fernando Moreno en la sucesión rectoral de 1989, a costa de fracturar el histórico Grupo Universidad.

El PAN gobernaba el país y el presidencialismo instituido por los priistas había cedido terreno a favor de gobernadores, convertidos en auténticos virreyes. En Colima decidió Fernando la candidatura del PRI, que todavía seis años atrás, cuando él mismo contendió, fue resuelta en Los Pinos. Y ese dedazo en Casa de Gobierno a favor de Gustavo produjo un cisma en el partido gobernante. Dos de los contendientes en la elección primaria, Jesús Orozco y Socorro Díaz, se fueron al PRD. Pero Humberto, a pesar de que se especuló sobre el tema, mantuvo la disciplina partidista y refrendó su amistad con Gustavo.

Muchos se preguntan por qué se inscribió HSO en la contienda interna. No fue ingenuo como para suponer que Fernando se inclinaría por él. Se metió para legitimar el proceso como mecanismo democrático en un partido acostumbrado a la línea… y también para evitar con su participación que se incorporara algún otro ex rector de la Universidad. En concreto, Carlos Salazar Silva quien a juicio de muchos habría perdido rotundamente las elecciones.

Gustavo peleó con sus propios aliados políticos para otorgarle una posición relevante a Silva Ochoa, en reconocimiento a los actos de adhesión multitudinarios que le organizó Humberto en Cuauhtémoc, municipio donde lo habían designado delegado del CDE del PRI.

Advertido de los problemas de imagen que suponía tener a dos miembros del Grupo Universidad en el gabinete (había presiones para colocar en la secretaría general de Gobierno a Arnoldo Ochoa González, quien en realidad salió de la UdeC en 1989 al oponerse a la elección como rector de Fernando Moreno), Gustavo puso a HSO en la lista plurinominal de diputados locales y lo hizo coordinador del Congreso en la legislatura con la que arrancaría su gobierno.

La anulación de la elección ordinaria y el interinato a cargo de Carlos Flores Dueñas, cambiaron el contexto. Al asumir la gubernatura, después de unos comicios extraordinarios, Vázquez Montes designó a Silva Ochoa secretario de Desarrollo Social.

En la Sedescol, Humberto Silva bajó la mayor cantidad de recursos de que ha dispuesto desde su creación esa secretaría. Se coordinó no sólo con la Sedesol federal, en ese entonces en manos de la panista Josefina Vázquez Mota, sino con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de la república.

Y Gustavo respaldó todos esos programas, que lo beneficiaban al presentarlo como un mandatario sensible a las necesidades de la gente humilde, la cual había sido una de las banderas electorales del político tecomense quien presumía de comer tacos en la calle.

El gobernador Vázquez Montes y su amigo Humberto pasaban largas tardes de bohemia en la casa de Silva Ochoa en Montitlán, donde Gustavo cantaba y a veces declamaba, mientras HSO se unía al acompañamiento musical con su requinto. Hablaban de Colima, de la visión que tenían ambos sobre el rumbo que debía seguir el estado… y de política.

Vázquez Montes había comenzado a hacer cambios significativos en su administración cuando ocurrió el accidente en el que perdieron la vida Gustavo y sus secretarios de Finanzas, Luis Barreda Nakay, y de Turismo, Roberto Preciado Cuevas, entre otras personas que iban en el avión del Gobernador cuando cayó en la sierra michoacana. 

Surgió entonces una nueva lucha por el poder. El ex mandatario Fernando Moreno, habilitado como delegado especial del CEN del PRI, se asumió como una suerte de gobernador provisional para manejar el proceso sucesorio: se disputaban la candidatura oficial el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, y el coordinador del Congreso, Silverio Cavazos, secretario del Ayuntamiento de Tecomán cuando Gustavo Vázquez fue alcalde y, ciertamente, uno de sus colaboradores políticos más cercanos.

El que ganara la votación en el Congreso sería el perdedor de esta mini contienda, porque ello implicaba ser el gobernador interino mientras el otro se lanzaba a la candidatura para una nueva elección extraordinaria. Ochoa González buscó que se obviara la Constitución y que se designara directamente en el Congreso a un gobernador sustituto, sin mediar elección popular. Y cuando las bancadas opositoras escucharon la sugerencia, la diputada panista Martha Sosa fue a buscar a Silva Ochoa para proponerle que, si aceptaba ser el interino, su partido y el PRD no tendrían ningún reparo en que el licenciado Humberto concluyera el sexenio.

HSO agradeció el gesto de amistad y el voto de confianza de sus antiguos compañeros de Legislatura, pero les pidió atenerse a la norma: así resultó Silverio Cavazos candidato del PRI y el alcalde de Colima, Leoncio Morán, abanderado del PAN para la elección de gobernador en 2005.

El gobernador interino Arnoldo Ochoa ratificó a HSO en la Sedescol, como al resto del gabinete y de las estructuras del gobierno, pero al empezar el nuevo gobierno Cavazos Ceballos invitó a Silva Ochoa a la Secretaría de Planeación.

En ese despacho, el licenciado Humberto puso en práctica su visión de una participación social y democrática en el diseño de las políticas públicas. A través del Consejo de Participación Social para la Planeación que empezó a sesionar formal y regularmente, recogió y sistematizó las propuestas ciudadanas en un Plan Estatal de Desarrollo que presentó en tiempo y forma.

En ese texto estaban contenidos, además, muchos de los grandes proyectos que Silva Ochoa formuló como propuestas de campaña (durante la contienda interna), las cuales no eran ocurrencias sino el resultado de un prolongado y serio trabajo de reflexión sobre la situación del estado.

Convencido que los planes de desarrollo son considerados catálogos de ideales o buenas intenciones, pero no un documento rector de seguimiento obligatorio, Silva Ochoa trabajó en una iniciativa de nueva Ley Estatal de Planeación que entregó al gobernador Cavazos. 

Desde la Seplan se gestionó la creación de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Y se encargaron los proyectos ejecutivos que deberían haber dado origen, por ejemplo, a una carretera que uniera a Colima con Jalisco a través del llano en llamas, pertinente no sólo por la importancia cultural que tienen las referencias rulfianas para Colima sino por el intercambio comercial y las relaciones familiares que hay entre los habitantes de uno y otro estado en esa zona.

Esa carretera podría ser la vía más corta para exportar los productos agrícolas de la región transvolcánica de Jalisco a través del puerto de Manzanillo, y para traer a los turistas de la zona metropolitana de Guadalajara a nuestro principal destino de playa. Eventualmente, una carretera secundaria podría abrir paso a una autopista para el transporte de carga, que los propios empresarios del sector logístico estaban dispuestos a financiar porque les ahorraría tiempo y dinero.

PARA LA HISTORIA:

Este acaba siendo un ejercicio de memoria colectiva, en el entendido que la memoria individual siempre es traicionera y que el pasado se revive con recuerdos, aunque sean los ajenos.

Eso que es parte de la cultura de un pueblo y se llama historia, no la escriben necesariamente los vencedores, como dice el lugar común, sino –verdad de Perogrullo– quienes se ponen a escribirla.

Un compañero reportero me explica que la 80 era la secundaria ETIC 80 desde el principio, y el CECyT 80, “como su nombre lo indica, fue bachillerato, que comenzó en las instalaciones de la secundaria”. Desde los primeros años fueron ETIC y CECyT, por separado.

Y es que, antes, otro colega había dicho que Humberto Silva “fue maestro del CECyT 80 y después director”. En ese tiempo Manuel Tejeda Ruelas era el director de la ETIC 80, “que luego pasó a ser CECyT 80”, relató este otro reportero.

En todo caso, la ETIC es hoy la secundaria Manuel Vallarta Sandoval y el CECyT se convirtió en el CBTIS 19.     

Estación Sufragio

Muy joven, Jorge Humberto Silva Ochoa fue secretario del Ayuntamiento de Cuauhtémoc en la administración de Valentín Santa Ana Ugarte (trienio 1968-1970). El nuevo alcalde era hermano de Ramiro Santa Ana, brazo operativo en Colima del ingeniero Jesús Robles Martínez (fundador del SNTE y de la FSTSE) y vínculo del entonces poderoso director de Banobras con el Grupo Universidad.

HSO era maestro de banquillo en El Trapiche y saliendo de clases se iba al Ayuntamiento. Ahí obtuvo el ya abogado un aprendizaje intensivo en materia de administración pública y buen gobierno, además de pulir sus dotes como conciliador. Conocía la localidad porque había pasado largas temporadas en casa de sus abuelos, y tenía amigos desde entonces que conservó toda la vida.

Don Valentín había llegado al cargo en medio de un escándalo desatado por una infamia, y se requirió una operación política de filigrana para aceitar las relaciones del munícipe con algunos de sus gobernados y con los periódicos en Colima. Era también la oportunidad de demostrar que los universitarios podían hacer las cosas distintas.

Silva Ochoa se inició en la política electoral como suplente del candidato a diputado local Rodrigo Vergara. Y aunque era la cabeza visible del Grupo Universidad dejó pasar muchas oportunidades porque tenía puesta la mira en la Rectoría. Otros miembros del movimiento fueron congresistas locales, diputados federales, alcaldes o regidores y funcionarios del gobierno estatal.

 

Construir la nueva Universidad fue la tarea más connotada en su trayectoria como servidor público, pero su participación política no terminó ahí. Fue electo diputado federal en 1982 aunque prefirió no destacar en la Cámara a desatender la Rectoría.

 

Al concluir su gestión rectoral en 1989, Humberto Silva se incorporó al equipo de Luis Donaldo Colosio, como secretario adjunto de la Presidencia del PRI nacional. Consciente de las debilidades del sistema político y de los vicios de los gobiernos priistas, era no obstante un hombre de partido, con una nutrida hoja de militante.

 

Con Colosio fue coordinador del Congreso Nacional de Universitarios Mexicanos, con el que discretamente HSO buscaba reivindicar el papel de los egresados de las instituciones públicas en el diseño de las políticas públicas del país, que estaban (y siguen) siendo decididas por una casta formada en los centros de estudios privados y en el extranjero.

 

También fue asesor de Genaro Borrego y de Fernando Ortiz Arana cuando estos ocuparon la dirigencia nacional del tricolor. Pero políticamente siguió alineado al proyecto de Colosio, ya como secretario de Desarrollo Social y aspirante presidencial.

 

La bala que mató a Luis Donaldo truncó la carrera política de muchos. Se especula que Silva Ochoa hubiera sido candidato a senador de no haber ocurrido el magnicidio, pero eso no frustró políticamente al licenciado Humberto. El sostenía que el proyecto iniciado en el movimiento estudiantil tendría que culminar con la llegada de un universitario a la gubernatura, un mandatario que apoyara a su alma mater y no la que la combatiera por temor a perder poder.

 

Y la oportunidad se le dio en 1997 a su sucesor en la Rectoría, Fernando Moreno Peña, quien no obstante enfrentó difíciles circunstancias para su elección que, estoy seguro, no habría tenido Silva Ochoa como candidato a la gubernatura si el presidente hubiese sido Colosio y no Zedillo.

 

La primera gran oportunidad de Silva Ochoa para buscar el gobierno estatal la tuvo en la coyuntura electoral de 1985. Pero se dio una situación inédita en Colima: el presidente Miguel de la Madrid era oriundo del estado y la lógica político-partidista que habría puesto al entonces rector de la Universidad en el primer lugar de la lista de probables candidatos del oficialismo, se rompió a favor del criterio de los parientes del Presidente.

 

Aunque el senador Javier Ahumada Padilla y el alcalde capitalino Carlos Vázquez Oldenbourg eran políticos muy allegados a la familia presidencial, por influencia del hermano de su madre, don Ciro Hurtado Oldenbourg, De la Madrid se decidió por el alcalde Manzanillo, Elías Zamora Verduzco.

 

La segunda oportunidad, ya con nuevas reglas de juego, la tuvo Silva Ochoa en la sucesión de Fernando Moreno. Para contender por la gubernatura en el proceso de 2003 se registraron varios precandidatos priistas, entre ellos el secretario general de Gobierno.

 

HSO no comenzó el sexenio con Fernando. Se incorporó al gabinete a la mitad del periodo y en esa posición resolvió graves problemas históricos (como los del transporte público) y otros conflictos políticos que se habían generado en la administración de Moreno Peña, quien comenzó su mandato con un Congreso donde la oposición PAN-PRD tenía exactamente la mitad de los diputados.

 

Como secretario general de Gobierno, Silva Ochoa hizo lo que siempre le caracterizó: concilió. Dialogó con las otras fuerzas políticas desde la base de las opiniones compartidas y no desde la diferencia. Para Humberto, un opositor no es necesariamente un enemigo político. Gozaba de una enorme autoridad moral y la honró mostrando a su vez respeto por las voces disidentes.

 

FE DE ERRATAS:

 

Arturo Velasco Curiel fue hermano del gobernador Francisco Velasco, quien a su vez tuvo un hijo de nombre Arturo (Velasco Villa), ex presidente municipal de Colima. En él pensaba seguramente cuando le cambié el nombre a su papá en la columna de este lunes.

 

Amigos que lo conocieron desde entonces me aclaran que cuando Humberto Silva convocó a la integración de la FEC, él y otros de los fundadores de la organización estudiantil eran alumnos de la Secundaria para Trabajadores, no de la Normal.

 

HSO, por cierto, no se preparó como profesor en la Normal de Colima, precisan sus amigos, sino en el Instituto Federal de Capacitación Magisterial.

 

CONDOLENCIAS:

 

El domingo 21 de mayo, tres años después que su hermano Jorge Humberto, falleció a los 83 años María Elena (Rosa) Silva Cabellos. A su hijo Jorge González Silva y demás deudos, mi abrazo solidario.

 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

Análisis Político

En los últimos meses y a medida que se va acercando la temporada de las tormentas de las campañas electorales, podemos observar sin apasionamientos y en forma natural por el perfil y origen de cada uno de los miembros del gabinete estatal que requieren cerrar sus filas mas en torno a un solo objetivo político y social, ya que si bien no se ven jaloneos ni patadas entre los titulares, resulta que algunos se encierran en sus oficinas sin recibir a la gente porque están ocupados diseñando como técnicos o expertos el trabajo que hacen en sus áreas, pero que en ocasiones la ciudadanía tampoco sabemos a qué se dedican, pues descuidan mucho el trabajo político y social de las dependencias que representan y que atinadamente el gobernador Nacho Peralta en gran parte ha subsanado este grave problema de algunos cuantos funcionarios, al crear atinadamente las audiencias ciudadanas, pues los obliga a salir a los municipios para atender la problemática social, cumpliendo así la alta responsabilidad como buenos gobernantes.

Lo mismo ocurre en el PRI estatal, hace falta el compromiso político y sensibilidad, los liderazgos tradicionales o viejos no concuerdan mucho con los nuevos que acaban de ingresar ya que los nuevos tampoco traen puesta bien su camiseta porque les falta formación política partidista, el reciente caso de Manzanillo es palpable y como ocurrió aquí en el municipio de Colima, y no podemos culpar a Rogelio Rueda, quien hace esfuerzos para renovarlo con caras nuevas, son los riesgos de la democracia, quizás por tal motivo los demás partidos prefieren continuar por años con los mismos liderazgos municipales para su control, cuando la mejor estrategia es incorporar a los jóvenes desde temprana edad para que se vayan formando dentro de sus filas y no abrir las puertas a nuevos representantes municipales sin experiencia, mediante una simple convocatoria abierta o por recomendación personal.

UNIR AL GABINETE Y DELEGADOS

Por otra parte en una reunión de analistas políticos reciente se consideró que se observa otro detalle, el gabinete y varios delegados federales que ingresaron en la anterior y nueva administración, algunos de sus titulares considerados como técnicos, poco o nada les interesa lo que le pueda ocurrir al tricolor en Colima en el 2018, pues sus proyectos son técnicos y su chamaba inclusive se atreven a comentar, que no se la deben al partido que ganó con muchísimo esfuerzo. Esta falta de compromiso partidista no únicamente deja de fortalecer al tricolor si no que afecta más bien a la sociedad ya que no son sensibles ante la problemática de la gente, pues debemos de reconocer fríamente que un pésimo alcalde, delegado o Secretario daña mucho a un partido, por tal motivo en el caso de los municipios que son más visibles estos daños, la ciudadanía mejor cambia de partido.

CERRAR FILAS ES LA MEJOR DECISIÓN

La mejor decisión de la administración estatal rumbo al 2018 es cerrar sus filas en su gabinete y mantener el buen rumbo financiero, pero mejorarlo en el aspecto político mediante una mejor unión y coordinación entre los denominados técnicos y los funcionarios tradicionales, además de tener más acercamiento con el PRI, ya sean Secretarios o Delegados Federales, esta es la misma fórmula política para los demás partidos, los cuales también han fijado bien sus metas, pues los alcaldes, los diputados locales y federales panistas, priístas y verde ecologistas que desean salir otra vez en las boletas electorales del 2018 saben que cerrar filas en sus ayuntamientos y con sus partidos debe ser ahora, antes de que sea demasiado tarde.

 

Estación Sufragio

Este domingo 21 de mayo, familiares y amigos del licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa nos reunimos ante su tumba para rendirle homenaje en el tercer aniversario luctuoso de quien fuera rector de la Universidad de Colima durante diez años.

Silva Ochoa fue líder estudiantil y educador; impulsor, promotor y fundador de las grandes instituciones educativas de Colima; político y funcionario público destacado; periodista y empresario periodístico. Sus facetas son tan diversas hasta que uno las mira como expresiones de una misma preocupación vital: la transformación de Colima. Y eso quedó plasmado en su obra educativa. 

Hijo de maestros rurales, fue un joven de profundas convicciones liberales y revolucionarias. Cuando se percató de la fuerte influencia que tenía el clero en el alumnado de los planteles, convocó a sus compañeros de la Escuela Normal, que entonces formaba parte de la Universidad Popular de Colima, a integrar en 1954 la Federación de Estudiantes Colimenses.

Fue presidente de la FEC y durante muchos años auténtico líder moral del movimiento estudiantil que, aun cuando se dividió por intrigas del gobierno y de las grupos políticos interesados en usar a los jóvenes como carne de cañón, a la postre se reunificó bajo la guía de Humberto Silva.

Muchos de los grandes amigos del licenciado Humberto participaron en facciones contrarias. Y todos esos cuadros que se formaron en la FEC, algunos de los cuales llegaron a destacar después en la política estatal, lo respetaban como el dirigente conciliador que siempre fue.

Para Silva Ochoa la lucha estudiantil tenía un noble propósito: ampliar la oferta educativa para una generación de hijos de campesinos y artesanos, de maestros y burócratas, que no tenían –como los descendientes de hacendados, comerciantes y profesionistas– la posibilidad de salir del estado para cursar una carrera universitaria.

Muchos de esos jovencísimos profesores (en ese entonces se pasaba de la Secundaria directo a la Normal), ya con la ayuda que les daba su sueldo como maestros de primaria cursaron el bachillerato y después se inscribieron en Derecho o Contabilidad.

Humberto Silva veía a las escuelas de Colima de los diferentes niveles como parte de un mismo aparato de formación ideológica, y a la educación como un mecanismo de movilidad social, no sólo como un sistema de instrucción pública para acabar con el analfabetismo y elevar el promedio de escolaridad.

Por eso es que su primera batalla institucional la ganó en el campo de la educación técnica, al conseguir traer a Colima el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 80, de la que fue director muchos años.

La 80 fue el antecedente no sólo de las secundarias tipo técnico-industrial (ETI) y de los bachilleratos tecnológicos, industriales y de servicios (CBTIS) sino también del Instituto Tecnológico de Colima, que Silva Ochoa veía como la culminación de un proceso para atraer a la entidad una unidad académica inspirada en el modelo del Instituto Politécnico Nacional.

No se lo permitieron otra vez las intrigas de un gobierno que sentía obligación de frenar el desarrollo político de una clase estudiantil y magisterial comprometida con la superación académica, y porque finalmente ése que con el tiempo sería conocido como Grupo Universidad, encabezado por Humberto Silva, empezó a hacer sentir su fuerza en la máxima casa de estudios de la entidad.

La FEC había luchado por la autonomía universitaria, que consiguieron en 1963 (fue promulgada por el gobernador Arturo Velasco Curiel), y una década después (ya en el sexenio de Pablo Silva García) por la paridad en el Consejo Universitario, que también lograron después de una prolongada huelga.

En 1973, por primera vez la Universidad de Colima tuvo un rector electo por el máximo órgano de gobierno de la institución, Alberto Herrera Carrillo, quien a su vez nombró a Silva Ochoa secretario general de la UdeC.

Sin embargo, la incomprensión de un gobierno estatal que veía con celo a un grupo de jóvenes vinculados al presidente Echeverría –cuya política de masificación de las universidades empezaba por impulsar el surgimiento de nuevos liderazgos en las instituciones públicas–, produjo un enfrentamiento que duró buena parte del sexenio y dejó por lo menos un estudiante muerto.

El conflicto con la administración de Arturo Noriega no le impidió a Humberto Silva, como dínamo del rectorado de Herrera Carrillo, hacer crecer material y académicamente a la Universidad, consolidando los programas de carreras técnicas y licenciaturas ya existentes, y abriendo otras.

Con todo, el crecimiento explosivo de la UdeC vino cuando Silva Ochoa asumió la rectoría, primero como interino de Herrera Carrillo quien se separó del cargo por motivos de salud y falleció antes de concluir su segundo periodo, y luego durante dos cuatrienios, para los cuales fue reelecto con base en la nueva ley orgánica de la Universidad de Colima que el licenciado Humberto le presentó a la gobernadora Griselda Álvarez y ella, simplemente, firmó en reconocimiento a la pertinencia del documento.

Aunque como grupo los perseguía el desprestigio de algunos de sus integrantes, a quien las familias colimenses calificaban de porros, el rector Humberto Silva se ganó el reconocimiento de todos los sectores sociales por la manera en que la casa de estudios detonó:

Se abrieron decenas de licenciaturas; comenzó a ejercerse la función sustantiva de la investigación científica, con la consiguiente apertura de posgrados (maestría y doctorado); la Universidad asumió la rectoría cultural del estado con el surgimiento de grupos artísticos (como el Ballet Folclórico) o un intenso programa editorial; así como una estrategia de vinculación social que lo mismo estableció nexos con los empresarios que con los obreros o las comunidades rurales.

El rector Silva Ochoa consideraba que la Universidad debía alojar a las élites del pensamiento, la ciencia y la cultura colimenses. No sólo formar profesionistas que con sus conocimientos y habilidades contribuyeran al crecimiento económico, sino generar también modelos de desarrollo social aplicables en Colima.

Se percató de la necesidad que tenía el gobierno federal de apoyar el florecimiento de una gran universidad en la región occidental del país, y ambicionó que fuera la UdeC.

Durante esos años, la Universidad de Colima atrajo recursos humanos valiosos. Hoy, lamentablemente, sus propios egresados tienen que emigrar del estado debido a que los universitarios no encuentran las oportunidades de empleo y desarrollo profesional a la altura de sus expectativas y su preparación.

Años después de terminado su rectorado, como secretario de Planeación del gobierno de Silverio Cavazos el licenciado Humberto orquestó el surgimiento de una tercera institución de educación superior en el estado: la Universidad Tecnológica de Manzanillo.

Con un esquema de vinculación con los sectores productivos, la UTM es ya una realidad que ofrece varias de las carreras que demandaba la actividad operativa portuaria y logística, así como de servicios turísticos. Y que supuso para las demás instituciones educativas del estado una propuesta innovadora de profesional técnico asociado, adecuada para las necesidades de jóvenes que por motivos económicos necesitan incorporarse al mercado laboral antes de terminar la licenciatura.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Estación Sufragio

¿Cuánto tuvieron que deteriorarse las instalaciones del parque regional metropolitano como para que la administración de Ignacio Peralta terminara entregándoselo a un particular, sin ningún contraprestación salvo que el concesionario se haga cargo del inmueble, mientras lo gastos fijos los sigue absorbiendo el gobierno del estado?

Si pudiéramos traer a valor actual la inversión que hizo el gobierno de Griselda Álvarez para convertir en parque urbano lo que había sido la huerta de los Garibay, concluiríamos que entregarlo sin condiciones es un mal negocio. Pero también es verdad que el descuido a través de los años tuvo un costo y, hoy, el pueblo de Colima sufre una pérdida en su patrimonio como resultado de la falta de mantenimiento y de las inversiones recurrentes que dejaron de hacer los gobiernos subsecuentes al de la Maestra, incluido el actual que prefiere privatizarlo a rescatarlo.

Un ciudadano de reconocido prestigio fue llamado un día, recién iniciado el gobierno de Carlos de la Madrid, al despacho del Ejecutivo que todavía atendía en Palacio. Sería la primera de las docenas de veces que, durante su mandato, don Carlos invitó a nuestro personaje –quien nos pide guardar el anonimato– a platicar y, fundamentalmente, consultarle soluciones prácticas a problemas que el mandatario iba encontrando en su afán de resolver pendientes que por falta de presupuesto (o desidia) no habían sido atendidos antes.

En esa ocasión, el Gobernador le pidió que hiciera una visita a la "alberca con olas" del Parque Regional, inoperante para dicho efecto desde hacía años, pues había muchas solicitudes de la gente para hacer funcionar el oleaje.

“Me apantalló el ingenio del mecanismo usado para producir las olas. Usan varios motores eléctricos de varios cientos de caballos de fuerza, que mueve cada uno un ventilador (soplador) muy grande, todos ellos controlados por computadoras del tamaño de un ropero grande”, relata nuestro personaje.

“El origen de la falla, simple pero desastroso, fue que guardaron en el cuarto de máquinas, junto a esos equipos muy caros, la dotación de cloro para desinfectar el agua de la alberca. Y siendo un elemento extremadamente oxidante, cada pieza de los motores, sopladores, computadoras y todo lo metálico, estaba cayéndose, no en pedazos sino en polvo, por los efectos destructivos del cloro”.

De inmediato, en su carácter de asesor no oficial se dirigió a la oficina del Gobernador para entregar su opinión. Le explicó lo encontrado, haciendo ver “lo oneroso del procedimiento para hacer una ola cada 15 minutos y lo carísimo de la rehechura de los equipos y el riesgo que persistiría de volver a hacerse polvo”.

–¿Y que recomiendas? –preguntó De la Madrid.

"Si quieres hacer felices a más de 40 mil bañistas al año, contrata cuatro autobuses que hagan viajes a Boca de Pascuales, dos veces al día, cada autobús tres días a la semana. Así podrá tu gobierno darles recreo y felicidad a un mínimo de tres mil 600 personas cada mes, haciendo que se bañen en olas verdaderas, con un costo mucho más bajo, pues recuerda que de todos los satisfactores los más baratos son los que hace Dios. Las olas del mar no cuestan ni un centavo y funcionan cuatro veces por minuto, día y noche".

Evidentemente, el Gobernador hizo caso a “mi modesta opinión”. La alberca con olas nunca se rehabilitó en su propósito original, aunque varias veces en estos años repararon el sistema de filtro y echaron a andar el tobogán.

“Veremos ahora que hacen los nuevos dueños del pastel”, añade nuestro amigo al sugerir que no será nada barato para los concecionarios del Ecoparc convertir las viejas albercas en un moderno parque acuático.

Si lo hacen, acoto yo, el costo para utilizarlas no será probablemente de 30 pesos por adulto y 25 para niños, ni habrá 15 mil boletos gratis al año para que el Gobierno del Estado los entregue a las familias más vulnerables.

Por cierto, en su tiempo se discutió la pertinencia de construir una alberca con olas en una ciudad que está a media hora de la playa más cercana. Creo que doña Griselda no se equivocó. Sabía de los miles de colimenses que por razones económicas casi no van a la costa, incluso hay muchos que ni conocen el mar. Por supuesto, ese era un razonamiento en función de un proyecto dirigido a las clases populares. Pero como ahora el Ecoparc apunta a otros deciles socioeconómicos, quién sabe qué diga el estudio de mercado respecto a reabrir la sección acuática del parque.

DE PELÍCULAS Y AVESTRUCES…

En el recuento de espacios culturales perdidos por la privatización del parque regional (el Museo de Arte Moderno ‘Jorge Chávez Carrillo’ y el Museo ‘Griselda Álvarez’ inaugurado no hace mucho tiempo), un lector nos pide añadir el teatro al aire libre ‘Dr. Miguel Galindo’, luego rebautizado –y techado– como teatro ‘Silverio Palacios’.

Cito textualmente: “…un actor de películas de tan poca calidad que rellenan espacios en la tv de madrugada. Qué poco honor se hicieron los autores de este atropello con bisutería comediante. Pero la ignorancia colectiva permite eso y más en la corrupción galopante, en la impunidad y la indiferente complicidad de ‘autoridades’ y la sociedad”.

Otro lector me expresa sus dudas, a ver si entendí, acerca de que la apertura del Ecoparc ayude a revitalizar el centro. Es el abandono del centro histórico, revira, lo que hizo que el parque regional agonizara.

Y un tercer lector abona a la idea de la persistente desatención del parque: “Hasta los avestruces se mueren, las cuidaba mejor Chale Oldenbourg y eso que eran para consumo de la carne”.        

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Estación Sufragio

Supongo que el propósito del secretario de Turismo, César Castañeda y Vázquez del Mercado, al impulsar la privatización del parque regional metropolitano fue, además de generar un producto turístico para la capital, establecer un polo de atracción que fortalezca el centro histórico y detone un entorno urbano hoy deprimido pese a estar a unas cuantas cuadras del jardín principal.

La posición del Gobierno del Estado es que el Parque Regional no tenía el mantenimiento adecuado. Con las mejoras hechas por los particulares, dicen en la Secretaría de Turismo, ahora es un espacio atractivo y en buenas condiciones, amigable para los animales.

En ese sentido, tener un zoológico de primer nivel genera un atractivo extra para el turismo y, por lo tanto, derrama económica para los colimenses. Para que Colima sea competitivo turísticamente, debe tener una oferta atractiva y diversificada.

La oferta cultural (edificios patrimoniales y museos) de la capital no es suficiente, pese a la importancia de la cerámica precolombina, la existencia de sitios arqueológicos que (si bien modestos) no existen en Jalisco ni fuera de la meseta purépecha en Michoacán, o del interés que pueda despertar en los visitantes la obra pictórica de Alfonso Michel y la escultórica de Sebastián o Juan Soriano.  

Con un zoológico en Colima, les explican a los guías en los cursos que les están dando, hay un atractivo para que los turistas que acuden a Manzanillo quieran pasar un día en la capital del estado y gasten en comercios y restaurantes locales.

Pero me parece que es la política de austeridad del actual gobierno la que determinó el proyecto. El Ecoparc generará 500 empleos, 150 de ellos permanentes, y ningún trabajador será pagado por la administración pública. Los sindicalizados que estaban asignados al Parque Regional, fueron reubicados a espacios como La Cumbre y el Parque Metropolitano en Comala.

Al dar a conocer los avances parciales en las obras de remodelación, se anunciaron algunas ventajas del nuevo enfoque. Antes había en el Parque Regional sólo 20 tipos de animales, hoy se tienen 95. Y quizá conscientes de que ese espacio nunca fue adecuado para un zoológico pero sí tiene lugar suficiente para albergar un jardín botánico, nos aseguran que no se van a talar árboles. Por el contrario, se introdujeron mil 500 organismos de distintas plantas que espero, al menos, sean de la región pues ya vimos que en cuanto a los animales prefirieron tener especies africanas que fauna endémica.

Para un gobierno sediento de inversiones privadas, el Ecoparc supone una de 50 millones de pesos. En su primera etapa se invierten 20 millones entre infraestructura y animales. Pero, insisto, lo primordial es el ahorro: la administración de Ignacio Peralta dejará de gastar 8 millones en el mantenimiento del Parque, únicamente pagará 200 mil pesos de energía eléctrica como un estímulo a la inversión. En cambio, el agua no tendrá costo para el estado pues se bombeará de un pozo que hay en el lugar. Es encender la bomba lo que impactará en el gasto de electricidad.

Insisten en lo atractivo que resultará el costo del ingreso al parque y que eso implica ya un subsidio a la población. Considerando que los precios actuales eran de menos de cinco pesos, las nuevas tarifas de Ecoparc de Colima (25 pesos menores, 30 adultos) nos parecen caras. Pero señalan que el acceso será de los más bajos del país: las entradas al zoológico de Vallarta son de 150 pesos, 80 al de Guadalajara y 44 pesos al de León.

No obstante, las nuevas tarifas cambiarán el perfil socioeconómico de quienes habitualmente van al parque. Ya no será el espacio casi gratuito al que las familias de los barrios céntricos y de las colonias populosas que están detrás del ferrocarril acudían sin gastar prácticamente ni en transporte, sino un espacio para las clases medias… y los turistas.

Mas para no restringir el acceso a la gente humilde, el Ecoparc regalará al Gobierno del Estado 15 mil boletos al año que se otorgarán a los niños con mayor vulnerabilidad.

Entre las preguntas que formulamos a las autoridades del sector respecto a las implicaciones presupuestales que conlleva la privatización del parque, nos comentan que el gobierno estatal no pagará la publicidad del Ecoparc, pero sí lo incluirán en la promoción de sitios turísticos de Colima a nivel nacional.

Espero, entonces, que los concesionarios mantengan el parque en condiciones de presumirse y no de dar vergüenza.

VOLVER HABITABLE EL CENTRO:

El Festival del Volcán tomó el lugar que la feria de Todos los Santos tenía cuando se desarrollaba en el centro de la ciudad, antes incluso de seguir a la penitenciaría a sus nuevas instalaciones que los colimenses de las siguientes generaciones conocieron como la sede estatal del DIF y hoy son las oficinas del Insuvi. Después del jardín Núñez, la feria estuvo en el espacio que ahora ocupan la Casa de la Cultura, los Palacios Legislativo y de Justicia y otros edificios públicos ubicados entre la calzada Galván y la calle Del Trabajo.

Un lector añadió a este razonamiento que el gran objetivo del festival debe ser revitalizar el centro. No sólo incentivar las actividades comerciales y recreativas unos días al año, sino propiciar el renacimiento habitacional de un primer cuadro que se ha ido despoblando.

El mejor ejemplo de rescate habitacional de un centro histórico lo tenemos en el programa de rehabilitación de inmuebles que el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, desarrolló en coordinación con el empresario Carlos Slim Helú en la ciudad de México.

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Análisis Político

Mayrén Polanco Gaytán es la Presidenta del DIF Estatal en el estado de Colima, es una de las mujeres más jóvenes y talentosas que ha tenido una administración estatal, su perfil profesional es amplio, tiene licenciatura, maestría y doctorado en Manchester University de Estados Unidos, pero independientemente de su preparación académica lo que la hace más valiosa es su sencillez y su trato amable con la gente.

En días pasados el Círculo Colimense de Analistas Políticos tuvimos una reunión con la funcionaria en donde expuso ampliamente los diferentes programas que tiene la institución y la coordinación que realiza con las diferentes dependencias en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, precisó inclusive la problemática social más sensible del estado, señalando que mantienen en forma prioritaria la alimentación y apoyos a los grupos o familias más vulnerables o necesitadas.

La especialidad académica de Mayrén es de economía y sus exposiciones y acciones en la institución como se observa son eminentemente técnicas basadas en la problemática, pero le ayudan en su función pública su formación familiar, pues su sensibilidad humana proviene de una familia ampliamente conocida en el medio social. El problema que tiene y tendrá será sin duda los pocos recursos que le asignan a esta dependencia que siendo muy relevante para el desarrollo social y familiar no le dan la importancia y los recursos que requiere.

¿POR QUÉ TODO EL APOYO A LA MUJER Y AL HOMBRE NADA?

Una de las preguntas que surgieron en la reunión fue la relacionada a que existen muchos, pero muchos programas de apoyo a las mujeres, pero para el hombre nada, lo que ha generado verdaderos conflictos en la equidad de la impartición de la justicia en los conflictos matrimoniales.

En Colima y en todo el país, existe evidencia de casos muy variados de que ante una separación repentina de un matrimonio los hijos o bebes son arrebatados y controlados por algunas mujeres con actitudes de venganzas psicológicas personales, aun cuando no existan condiciones para que los puedan sostener y darle una buena educación, los esconden del padre y se hacen verdaderas tragedias y abultados expedientes en los juzgados familiares sin que aparentemente exista una equidad en la impartición de la justicia, pues la ley pareciera que se hizo solo para proteger y apoyar a la mujer y no al hombre.

Mayrén señaló que la justicia es equitativa, solo que se requiere una buena asesoría legal para cada caso y que por tal motivo se creó la Procuraduría de la Defensa del menor en donde a determinada edad el niño y mediante un estudio previo se decide la custodia, señaló que lo importante aquí no es en favor de la madre, ni del padre, es en favor del menor, en donde hay mejores condiciones para su desarrollo y estudio, además de su decisión.

COLIMA Y LA INSEGURIDAD

En otro tema reconoció que en la actualidad el consumo de drogas se presenta como un problema social por la diversidad de factores que intervienen en su aparición y desarrollo, y que son parte o factor en el origen de la inseguridad en todo el país, se observa dijo, una gran diversidad de elementos que contribuyen a la comprensión del problema, debemos promover más la participación ciudadana, de las familias en esta gran tarea, necesitamos una gran campaña de los tres niveles de gobierno, de las organizaciones sociales y más de todas las familias unirnos contra las adicciones, estamos trabajando y canalizando a muchos jóvenes, es una gran tarea.

Paracaídas

El slogan de campaña del gobernador Nacho Peralta fue muy claro y ya todos lo conocemos: vas a vivir feliz, seguro. Si este fue su lema de campaña, entonces sabía que entre sus manos, responsabilidades y atribuciones estaba la de devolverle a los colimenses la seguridad perdida, pero sucedió todo lo contrario: la violencia y la inseguridad se recrudecieron radicalmente y, carentes ahora incluso de una verdadera estrategia contra la inseguridad (en su mayoría causada por el crimen organizado), han optado por la salida fácil: culpar a los ayuntamientos, sobre todo a aquellos que diferente adscripción política, esto es a los panistas, en especial a Héctor Insúa y Yulenny Cortés, de Colima y Villa de Álvarez, respectivamente. El principal brazo ejecutor de esta estrategia ha recaído, malamente, en el Congreso del Estado y los voceros de la misma han sido los medios de comunicación aliados al Ejecutivo estatal, quienes insisten en excusar al mandatario de sus yerros en materia de seguridad, cuando en realidad estos lo incriminan cada vez más. Si bien los tres órdenes de gobierno, como lo indica la Constitución política de nuestro país, tienen responsabilidad con el tema de la prevención y la persecución de los delitos, no le juguemos al listo invirtiendo los papeles de la responsabilidad que cada uno debe tener: un municipio no puede tener el mismo tipo de responsabilidad que un estado y un estado tampoco puede asumir el mismo peso de la responsabilidad que la federación, encargada principal de llevar a cabo las estrategias que, a nivel nacional, deberán promover la paz y la armonía social, hoy destruidas en virtud de una pésima estrategia llevada a cabo por el presidente Peña Nieto. En Colima hemos caído tan bajo que incluso se ha querido (por parte del mismo gobierno estatal) responsabilizar a los ciudadanos de su propia seguridad, haciéndolos corresponsables de sus fatales consecuencias. Dicen: la seguridad es un asunto de todos. Por Dios. Lo único que realmente garantiza la existencia de un Estado es precisamente el hecho de que fue creado para garantizar la paz y la armonía social entre esos hombres que decidieron vivir en comunidad, así lo establece el célebre filósofo de la política Thomas Hobbes y desde entonces esta definición no ha cambiado. Esta es la verdadera razón de ser de todo Estado. Llamar a los munícipes a rendir cuentas en materia de seguridad, principalmente de prevención, una de sus responsabilidades innegables, no está mal, incluso es necesario, pero los legisladores deberían también invitar al gobernador del Estado para que nos dé un informe pormenorizado sobre su plan estratégico de combate a la inseguridad que, al día de hoy, la sociedad colimense no conoce. Los muertos siguen apilándose en la memoria de la gente y en el corazón de los dolientes. Hace unos días desapareció el director de Obras Públicas de Tecomán, poco después una trabajadora del ayuntamiento de Villa de Álvarez, curiosamente esposa del priista Rogelio Salazar Borjas, hoy procesado por un asunto de drogas. También fue levantado apenas ayer el padre de un comunicador asesinado hace unos meses. Los policías siguen siendo asesinados, igual que muchos ciudadanos inocentes, como el caso del joven futbolista del mercado Obregón, cuyo deceso hemos lamentado todos y caso del que lamentablemente me tocó estar cerca. Y ante todo esto no sabemos nada del gobernador del Estado, salvo que viaja constantemente y es indiferente incluso al terror que vive la ciudadanía por tanto crimen y tan poco interés de la autoridad, pues no es lo mismo ir por la calle sin ningún tipo de custodia que estar protegido día y noche, como es su caso, por cinco, días o quince policías armados. Desde esta trinchera claro que Colima puede parecer el estado más bello de la República. Que cada quien, pues,  asuma su responsabilidad en el combate a la violencia y la inseguridad sobre este tema pero por favor no se exima al gobernador de una promesa que fue su principal lema de campaña: vas a vivir feliz, seguro. Ahora que la cumpla. 

Desde la Curul 26

Este martes se inició con las comparecencias de los 10 presidentes municipales ante los diputados de la actual Legislatura, a fin de que cada alcalde informe sobre las acciones, estrategias y resultados implementados en materia de seguridad pública y prevención del delito dentro de su respectiva demarcación territorial.

En las primera cuatro comparecencias, la que más ha llamado la atención ha sido la del alcalde de Colima, Héctor Insúa, la cual duró una hora 38 minutos, y a la que asistieron nueve diputados, Crispín Guerra y Javier Ceballos, solo un rato, el primero porque de plano dijo que estaba más interesante la visita del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle quien vino a hacer campaña disfrazada de presentación de su libro, y dejó solo a su alcalde panista.

El otro que solo estuvo un rato, fue Javier Ceballos.

Los restantes fueron Nicolás Contreras, Federico Rangel Lozano, Octavio Tintos, José Adrián Orozco Neri, Juana Andrés, Leticia Zepeda y Eusebio Mesina.

Esta reunión ha sido la más ríspida, donde hubo amagos de echar mano a sus fierros como queriendo pelear, principalmente el alcalde y el diputado Nicolás Contreras, lo que hizo que el árbitro, -bueno el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Octavio Tintos-, llamara en dos o tres ocasiones al alcalde Insúa diciéndole de plano “conteste solo lo que se le pregunte, ya otros diputados le harán otros planteamientos para que usted informe”.

La rispidez de la reunión llegó a grado tal que se tensionó el ambiente ante los incisivos cuestionamientos del diputado Nicolás Contreras.

Le voy a transcribir parte de ese desencuentro, espero que lo disfrute, y para que los diputados que no fueron se den color de la oportunidad que perdieron. Es solo un pequeño extracto:

Nicolás Contreras: “De la respuesta que usted le dio a diputado Adrián Orozco yo le preguntaría, por lo que usted contestó que la Seguridad Pública, no le ha sido transferida al municipio, y argumentaba que existe un convenio (con Gobierno del Estado), ¿Me puede decir si el municipio de Colima posee un centro de prevención municipal?”.

-Héctor Insúa: “Sí”.

-Nicolás Contreras: ¿Policías y tránsitos están facultados para sancionar las faltas administrativas?

-Héctor Insúa: “Sí”.

-Nicolás Contreras: ¿Se recaudan multas por ese concepto?

-Héctor Insúa: “Sí”.

- Nicolás Contreras: Sabe usted lo que dice el artículo transitorio, -aquí se lo hago llegar-, el Artículo transitorio tercero, de la reforma de fecha 30 de septiembre del año 2000, que mencionó usted hace un momento

 Dice: “En caso de negativa del Ayuntamiento de Colima para asumir la función y el servicio de policía preventiva, la facultad que actualmente ejerce de sancionar a quienes infrinjan los reglamentos gubernativos o de policía,  serán transferidos al Gobierno del Estado”.

Si usted desconoce la responsabilidad del municipio en materia de seguridad, en base a lo señalado en esta reforma, ¿con qué facultad legal, su municipio sanciona y recauda multas correspondientes a este rubro?

-Héctor Insúa: Hay una interpretación que no comparto, al artículo que usted hace. Nosotros no nos hemos negado a ejercer esta atribución, incluso leí tres antecedentes: uno en los 30’s, otro en los 60’s y uno posterior a la reforma del ’99, donde nosotros hemos solicitado al Gobierno estatal que se otorgue, incluso yo en la primer parte de mi intervención, decía que estoy en la mejor disposición, estamos en la mejor disposición de asumir esta atribución”.

-Nicolás Contreras: Pero un convenio presidente, no está por encima de la Constitución.

-Héctor Insúa: Sí yo lo sé, pero nosotros, es el artículo transitorio a que usted se refiere es en el caso de que nosotros nos neguemos a brindar el servicio, por otra parte…

-Nicolás Contreras: No lo están dando.

-Héctor Insúa: Pero nosotros no nos hemos negado; al contrario decimos que tenemos nuestra mejor disposición y no tenemos por parte del Gobierno del Estado ninguna solicitud relativa a esta transferencia…

-Nicolás Contreras: Hablando de fracciones, usted lo mencionaba y ahí no dice de fracciones, es todo o nada, eh, es asumir o no asumir. ¿Usted asume a medias, la responsabilidad de la seguridad y de la prevención del delito en el municipio?

- Héctor Insúa: No, yo creo que hay una confusión…

-Nicolás Contreras: Bueno usted recauda recursos.

- Héctor Insúa: Hay una confusión, le decía yo…

-Nicolás Contreras: Usted dispone de los recursos.

- Héctor Insúa: No comparto su punto de vista, tenemos una interpretación distinta.

-Nicolás Contreras: Leí textual.

-Héctor Insúa: No nos hemos negado a cumplir con esta función; no hay ninguna negativa de nuestra parte, por el contrario, hay muestra disposición hacerlo, hecho que es distinto al reconocimiento de una realidad. Hoy por hoy las facultades en materia de seguridad pública en el municipio de Colima, hay un convenio que se tiene firmado al respecto, son responsabilidades exclusivas del Gobierno del Estado.

Y en el punto al que usted se refiere no hubo ninguna solicitud de parte del Ejecutivo estatal, no de la Secretaría de Finanzas, para efectos de modificar el convenio que tenemos vigente, en los términos en que lo estamos ejerciendo, pero me parece que se deriva el hecho de que nosotros nunca nos hemos negado, estamos a la espera de que se tenga, digamos, una modificación a este respecto, y ya lo decía yo, estamos en la disposición de platicar este tema con el Ejecutivo estatal.

-Nicolás Contreras: Para terminar con esta parte… ¿no le resulta incongruente de que porque no se preste el servicio de seguridad pública, pero sí se cobren las multas, presidente?

-Héctor Insúa: Prestamos el servicio de Tránsito y Vialidad, así como cumplimos con la parte de la prevención del delito, la parte y obligaciones que nos corresponden, derivado de lo que establece la propia Constitución, diputado, me parece que está usted tomando la parte por el todo.

-Nicolás Contreras: No, es el todo por la parte, y le explico por qué, los electores cuando usted fue a pedir el voto lo eligieron presidente municipal con todas las obligaciones y facultades y usted protestó cumplir y hacer cumplir y la Constitución lo obliga como presidente a prestar el servicio de prevención y de seguridad en el municipio. Y usted viene argumentando que hay…

- Héctor Insúa: Salvo que exista un convenio, también lo establece la Constitución…

-Nicolás Contreras: Usted viene argumentando, fíjese…

- Héctor Insúa: Salvo que exista un convenio…

-Nicolás Contreras: Usted viene argumentando que hay un convenio y ese convenio que está firmado está sobre la Constitución y que son sus obligaciones, pero bueno.

- Héctor Insúa: Diputado permítame… vamos regresando para podernos entender, la propia Constitución, derivado de la reforma de 1999, en los artículos segundo y cuarto transitorios, se establece la posibilidad de hacer un nuevo convenio, en el gobierno municipal de Colima no estamos por encima de la Constitución. Lo dice la Constitución en sus artículos transitorios segundo y cuarto, de la misma reforma del ’99, sería bueno le diera una revisada para una mejor comprensión de las funciones.

-Nicolás Contreras: Ahora resulta, je, je, que usted es el que toma la parte por el todo. Aquí está la Constitución y aquí está el transitorio, al cual me referí presidente, usted lo toma desde el lado que le conviene, es muy cómodo no aceptar y no asumir una responsabilidad constitucional argumentando que hay un convenio, pero bueno.

El intercambio de dimes y diretes subía de tono, y el alcalde de Colima trataba de evadirse de lo que le recriminaba el diputado Contreras.

- Héctor Insúa: No se trata de ser o no cómodos en ese sentido, es el cumplir lo que establece la Constitución y ejercer atribuciones.

-Nicolás Contreras: Aquí está (y le entregaba la Constitución) usted toma lo que le conviene de los transitorios.

- Héctor Insúa: No, ejerzo mi responsabilidad con apego a la Constitución, sin querer utilizar el tema de la seguridad con fines distintos a los de la seriedad de un tema como el que nos ocupa.

-Nicolás Contreras: No, es lo que menos eh, y yo le pido por favor, respetuosamente,  no mezcle las cosas. Aquí el tema es seguridad y no estamos hablando de otra cosa, más que de seguridad y es un tema que todos…

- Héctor Insúa: Usted me ha llamado comodino, al ejercer…

-Nicolás Contreras: ¿y de qué otro modo quiere que lo llame?

- Héctor Insúa: Simplemente soy un servidor público que con base en las facultades que me otorga la Constitución estoy ejerciendo mis responsabilidades, como estoy seguro usted también usted lo hace.

-Nicolás Contreras: Bueno vamos empezando apenas y eso era de entrada por la pregunta que le hizo el diputado Adrián Orozco.

Vino posteriormente la proyección de algunos videos con mensajes de Héctor Insúa y la lectura de algunas noticias publicadas en diversos medios donde el diputado Contreras le preguntaba el por qué el cambio tan repentino en cuanto a la visión sobre la seguridad en apenas un mes de haber asumido responsabilidades.

El legislador le recriminaba las propias palabras a Insúa cuando dijo que “el municipio debe empezar a asumir sus funciones en materia preventiva y de seguridad”, y del “no abandonar la responsabilidad en un tema tan importante es responsabilidad del gobierno del estado”.

E Insúa trataba de evadirse, señalando que los compromisos de campaña todos y cada uno de ellos los ha cumplido y como el alcalde desviaba la conversación a otros temas, Nicolás Contreras lo reencauzaba:

“Oiga presidente, yo nada más le hice una pregunta… nada más le hice una pregunta”, le decía el legislador.

-Insúa se encorajinaba: “bueno si me va a interrumpir cuando estoy dando mi respuesta va a ser difícil que nos podamos entender…”

-Nicolás Contreras: Yo nada más apelaría…

-Insúa se salía de sus casillas: “¡si me permite! Yo nada más termino…

-Nicolás Contreras: Aguánteme tantito, yo nada más le hice una pregunta ¿por qué su cambio de postura?

Insúa ya no quería escuchar y sobre las palabras del diputado Contreras, él trataba de hilvanar alguna frase “y le decía… y le decía…”

Y Nico lo atajaba: “Yo nada más le pregunté por qué su cambio de postura? ¿Por qué su cambio de postura?, se está saliendo por la tangente”.

 - Insúa: ¡no, no me estoy saliendo por la tangente!

-Nicolás Contreras: Sí se está saliendo por la tangente y hay una dinámica que el presidente de la Comisión de Seguridad, al principio le señaló.

- Insúa: “pero si no me deja va a ser difícil”, decía el edil.

-Nicolás Contreras: Pues es que se está saliendo del tema. En concreto la pregunta es ¿por qué el cambio de postura en un mes?

- Insúa: “Es que usted presentó un video donde se refiere a los seis compromisos por la seguridad”.

-Nicolás Contreras: El tema es seguridad y hay una pregunta concreta.

Y ante la falta de respuesta intervenía el presidente de la Comisión de Seguridad, Octavio Tintos, para conminar al edil de Colima a responder la pregunta que se le había formulado ¿Presidente la pregunta es hubo cambio de postura de su parte?

- Insúa casi gritaba: ¡No, no hubo cambio de postura!

Muchas gracias, le respondía Nico Contreras e invitaba al alcalde de Colima “a que chequemos a conciencia estos videos”…

Y Héctor insúa se encorajinaba aún más: “O sea, ¿no me va a dejar contestar?

 -“Ya contestó, que no hubo cambio de postura”, le respondía Contreras.

Siguieron discutiendo por espacio de 52 minutos, Insúa aferrado a querer responder a su manera y los diputados señalándole que el formato era muy concreto.

Total después de una hora y 38 minutos terminó la accidentada comparecencia, donde ninguna de las partes quedó satisfecha.

Oigan hay que volver a reunirnos; hay otros temas importantes…

A las 18:46 horas comenzó a despedirse de mano Héctor Insúa, primero de Lety Zepeda, después de Adrián Orozco, de Octavio Tíntos y del coordinador de los diputados priístas Federico Rangel y dejó hasta al final a Nico Contreras, a quien no le quedó de otra y le extendió la mano para saludarlo.

Ahí fue donde le cayó el veinte al alcalde de Colima que quiere reelegirse y entre queriendo sonreír como para mandar el mensaje de “aquí no pasó nada”, les dice a Nico Contreras, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y a Federico Rangel, coordinador de la bancada priísta, “oigan, a ver cuándo nos volvemos a reunir, pero pronto, porque hay cosas más interesantes… los tiempos ya están encima para ustedes, ustedes ya están trabajando en lo relacionado al proceso electoral, está el asunto de la reelección”.

Nico Contreras le respondía: claro, lo discutimos al interior de la Comisión de Gobierno y nos comunicamos.

Insúa insistía, “sí está el asunto de la reelección, los tiempos ya se están rebasando, entonces considero que es importante que nos escuchemos. Así es que yo espero que no sea nada más en este tema (de la seguridad), sino como se los he dicho en visitas previas, pues podamos sentarnos a platicar nuevamente de todos los asuntos de interés público”, decía Insúa, hasta haciendo una modulación de la voz para parecer los grandes amigos.

Y sin querer retirarse sin llevarse ya una fecha para reunirse, todavía les dijo “entonces pues nos convocamos, ¿sí?, órale”, y Nico Contreras, después de la vapuleada que le dio en la comparecencia, le decía “sí, estamos en comunicación, órale, gusto en saludarte, ¡que te vaya muy bien!”, y el alcalde de Colima agradecía y encaminaba sus pasos fuera de la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, del Congreso del Estado.

De las otras comparecencias luego les platicaré.

Para cerrar…

**Hoy por la mañana a las 11:00 horas, se va a realizar un Foro de Consulta sobre la Reforma Político-Electoral, para escuchar a quienes deseen hacer alguna aportación respecto alguno de los temas en materia electoral.

Quienes tengan algo que decir que acudan porque casi le puedo afirmar que será el único foro que se desarrolle, ya que los tiempos se les vinieron encima, pues ya tienen que meterse de lleno a analizar las diversas iniciativas que se han recibido en el Congreso del Estado.

No deben perder de vista que se pretenden realizar reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y que una vez realizadas, el dictamen aprobado por el pleno deberá enviarse como Minuta Proyecto de Decreto a los diez Ayuntamientos, para que ratifiquen o no lo hecho por el Congreso y de acuerdo a la Ley las municipios disponen hasta de 30 días para aprobarlas o no y enseguida regresarla al Congreso.

Si la mitad más uno se pronuncian a favor de modificar la Constitución, el Congreso debe realizar la declaración de validez de las mismas y ordenar su publicación y hasta después de ello modificar el Código Electoral y los demás ordenamientos que deban ser modificados.

Y para hacer todo eso les quedan escasamente 45 días… O sea otra vez veremos el fast-track en toda su potencia, luego se quejan porque la Corte o la Sala Superior echan abajo las reformas.

**Por otra parte este mismo día, pero por la tarde, a partir de las 17:00 horas, habrán de sesionar.

Le comento que será maratónica, pues pretenden sacar al menos una decena de dictámenes y salvo que aprueben, que además es una costumbre en esta Legislatura, obviar la lectura y únicamente leer los resolutivos, terminarán rápido, porque si se ponen a leer documento por documento les caerá la noche.

Ahora ¿por qué la urgencia de sacar el mayor número de dictámenes en esta sesión? Sencillo, porque ya se meterán de lleno al tema electoral y los mantendrá distraídos un rato.

Eso por un lado, por el otro, para tratar de disminuir un poquito el rezago que tienen de iniciativas en comisiones.

En la docena de dictámenes que van a presentar a discusión del pleno, no está incluido el que con tanto anhelo están esperando los empresarios de ¿Cómo Vamos? Colima, es decir no enlistarán en el orden del día el dictamen relativo a reformar y adicionar el Artículo 41 U-BIS, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.

Le adelanto esto por si los empresarios no quieren ir a perder la tarde en el Congreso; ahora si quieren acudir a seguir haciendo presión psicológica a los diputados, buenos pues por ahí nos vemos…. “Desde la Curul 26”, le informaré de cómo se ponen las cosas, hasta la próxima.

Estación Sufragio

Hay dos cosas que no van a cambiar en el antiguo Parque Regional Metropolitano: el nombre del espacio que homenajea a la primera gobernadora en la historia del país, Griselda Álvarez Ponce de León, y la ubicación del centro de convivencia de la tercera edad que ahí ha venido funcionando.

Los adultos mayores podrán continuar con sus clases y no se les cobrará ni un peso por ello. Aunque sospecho que los concesionarios aspiran a que el reloj biológico y la crisis inmobiliaria que va despoblando al primer cuadro, hagan su trabajo.

El nombre del parque y el objetivo del centro de convivencia son intocables en razón de un decreto que data del sexenio de la maestra y que, en tanto fueron aprobados por el Congreso, tienen más fuerza jurídica que el contrato de privatización del llamado Ecoparc.

La connotación ecológica del nuevo nombre es discutible pues se trata de un zoológico africano o, como les dicen ahora, de especies exóticas. Y hemos dicho que en un estado con la biodiversidad de Colima, mereceríamos otro tipo de propuesta ambiental.

Es la tierra natal del conservacionista Miguel Álvarez del Toro (primo de doña Griselda), quien fundó y dirigió hasta su muerte un zoológico de especies nativas que lleva su nombre (ZooMAT) al oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde se exhiben exclusivamente animales del estado de Chiapas, algunos en espacios abiertos y siempre aprovechando la condición natural del terreno para simular el hábitat de especies que, en varios casos, se encuentran en peligro de extinción.

Antes que un refugio para leones e hipopótamos, para osos, tigres o cualquiera de esas especies que abundan en el mercado negro a raíz de la prohibición a los circos de montar números con animales, considerando además que ya existe uno de esos zoológicos africanos muy grande en Guadalajara y que la antigua huerta de los Garibay no tiene las dimensiones para contener “praderas” (el concepto de “jaulas” es obsoleto) por donde puedan deambular jirafas ni elefantes, en Colima requeríamos un ZooMAT no un Ecoparc.

Con una mínima inversión el parque regional podría haber albergado un aviario ejemplar y un moderno herpetario (instalación destinada a la cría y exhibición de reptiles y anfibios, que sería la suma de los cocodrilarios, tortugarios, serpentiarios e iguanarios que nos gusta promover en Colima) con la maravillosa fauna regional.

En uno de los parques naturales de Cancún (concesionados a particulares y donde cobran la entrada tan cara como en Disneylandia), una de las atracciones es un mariposario. Pero hasta en un lugar como Xcaret que fue concebido como parque de diversiones, la exhibición de las especies nativas es la cara visible de un sólido programa de conservación, reproducción y reintroducción a su hábitat de especies en peligro de extinción. No atienden a los animales nomás por ganar dinero.

Se alega que los niños del siglo XXI ya no necesitan zoológicos ni circos para ver a las fieras de cerca, pues para eso tenemos cine, televisión e internet. No estoy de acuerdo, la experiencia visual no sustituye la emoción de estar en relativo contacto con los animales. Ojalá algún día la realidad virtual produzca la misma sensación, incluso, que el trabajo de un buen taxidermista. Pero la administración de un zoológico africano requiere ingresos que no sé cómo los van a obtener los concesionarios del Ecoparc con el modelo de negocios que han esbozado.

El principal ingreso de un zoológico son sus entradas, y para que un inversionista elija venir a una ciudad con tan pocos habitantes, es necesario generar incentivos. La disculpa a por qué la administarción de JIPS va a absorber los gastos fijos, es que si el Gobierno no brinda facilidades a los empresarios que arriesgan su dinero en Colima, esas inversiones se irán a estados con mayor población, donde el proyecto empresarial es por sí mismo viable.

Ojalá el Ecoparc resulte mínimamente rentable. No olvidemos que fue la precariedad con la que se daban la mayoría de los espectáculos circenses, lo que les dio armas a los ecologistas para satanizar a los domadores. Mientras que muchos zoológicos particulares terminaron abandonados cuando el sujeto que los sostenía por capricho perdió el interés, la libertad o… la vida.

Y no perdamos de vista que ha sido el afán de los zoológicos por completar su catálogo de animales en poco tiempo, lo que alienta prácticas de tráfico de especies (con lo que implica, entre otras cosas matar a la madre para hacerse de la cría o matar al macho dominante para hacerse de toda la manada). Por lo mismo, entre zoológicos está prohibido vender animales. Sólo se pueden donar, intercambiar o prestar individuos, principalmente con el fin de buscarles pareja.

Esperaremos a que los concesionarios del Ecoparc muestren a las autoridades federales del medio ambiente los documentos que acreditan el origen de todos y cada uno de los animales que se exhibirán en Colima.


La política híbrida


En la presentación del libro Fuerza del Cambio, obra con la que el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, se promueve como aspirante a la Presidencia de la República sin arriesgarse a una eventual acusación por actos anticipados de campaña, se congregó no sólo la vertiente del PAN que lo apoya (como la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides, o el diputado local Riult Rivera) sino también actores políticos identificados con el oficialismo.

La cobertura informativa del evento fue muy distinta a la que tuvo aquella visita del mandatario poblano en la campaña de Jorge Luis Preciado a la gubernatura, cuando en diversos espacios de opinión la prensa local lo acusó de estar invirtiendo en Colima el tiempo y los recursos que debiera gastar en su estado y con sus gobernados.

Lo que cambió e hizo fuerte a Moreno Valle es que él encarna la política híbrida: se trata de un cuadro de Acción Nacional que en realidad se formó en el PRI y comenzó a destacar como parlamentario a las órdenes de la entonces dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, junto a figuras hoy tan encumbradas como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador (panista) de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, o el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, así como otros ya caídos en desgracia como el ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira.

Con cartas marcadas metidas en las barajas de los dos partidos que han gobernado a este país en los tiempos modernos, los políticos híbridos se yerguen como la alternativa a la propuesta de continuidad del núcleo peñista, hoy incapaz de frenar la embestida electoral de López Obrador.

Estación Sufragio

Cuando todos pensábamos que la propuesta de reforma electoral que haría el gobernador Ignacio Peralta se centraría en temas como la reducción de plurinominales, una enésima redistritación y el tema de la elección continuada (o reelección) de alcaldes y diputados locales, la iniciativa del Ejecutivo nos sorprendió al proponer fundamentalmente reducir el financiamiento de los partidos políticos en un 50% durante los años no electorales.

Muchos colimenses se preguntan para qué el mandatario estatal aborda una reforma que primero tiene que darse en el Congreso de la Unión. La respuesta que han dado diversos voceros es que de esta manera Nacho Peralta fija postura sobre un tema polémico (que por atentar contra la partidocracia está en la agenda democrática de los independientes, por cierto) y es congruente con la iniciativa que envió a la Legislatura estatal el propio mandatario en enero.

El mensaje para los diputados locales es muy claro, además, en el sentido que para poder avanzar en otros temas lo mejor sería suscribir y enviar esta iniciativa al Congreso de la Unión. Pues aunque los regañen sus respectivas cúpulas nacionales no es mala idea reducir el financiamiento de los partidos políticos durante los años no electorales, ya que no se justifica que los institutos políticos tengan el mismo nivel de gasto a cuando corre un proceso comicial.

La teoría política sugiere que en años no electorales los partidos trabajan en la construcción de sus bases militantes: despliegan estrategias de afiliación, emprenden programas de formación ideológica y capacitación electoral, amén de realizar campañas sociales que fortalezcan la lealtad de sus clientelas políticas. Pero en la realidad esto ya no ocurre, ni siquiera en los partidos de izquierda abiertamente comprometidos con la construcción de ciudadanía.

El dinero entre campañas se emplea la mayoría de las veces en el mantenimiento de esa burocracia en la que han devenido sus estructuras operativas. De ahí que sea tan fácil acusar a los partidos de ser, antes que verdaderas representaciones ideológicas de los ciudadanos, modus vivendi para una nomenclatura tan codiciosa que el reparto del botín es la principal causa de rupturas internas. Y de ello son otra vez mal ejemplo los perredistas.

Según los cálculos oficiales, si el presupuesto de egresos 2017 contempla 24.2 millones de pesos, en el remoto caso que prosperara la propuesta del Gobernador de Colima –que también han hecho otros mandatarios del país, como el gobernador de Jalisco– este año únicamente se habrían destinado 12.1 millones de pesos a los partidos.

Estos 12 millones ahorrados no parecen mucho dinero en un presupuesto de 15 mil millones de pesos, pero podrían constituir un beneficio directo para los colimenses. Si del erario saldrán 9.5 millones de pesos para otorgar las 5 mil becas de 50% en el costo de titulación para la Universidad de Colima que acaba de anunciar el Gobernador, con esos 12 millones que se le quitaran a los partidos las becas podrían ser casi del 100%.

Doce millones son también la mayor parte del gasto programado de la Secretaría de la Juventud, la dependencia más castigada en el presupuesto estatal con sólo 16 millones de asignación este año.

La propuesta del Ejecutivo se antoja polémica. Hay quienes sospechan que se trata de castigar a la oposición, mientras se diseñan mecanismos extrapresupuestales para el sostenimiento del PRI o, por lo menos, para la supervivencia del Verde. Pero no se puede negar que la propuesta coincide con los postulados de austeridad y pluralidad política de un gobierno como el de Nacho, que evidentemente no cree ya en la fuerza del corporativismo tricolor.

Instalados en el conspiracionismo y ante la eventualidad de que la propuesta del Gobernador difícilmente avance al nivel federal, los partidos políticos que rechacen esta iniciativa serán castigados por un electorado cansado de que la mayor cantidad de recursos públicos invertidos en este país se gasten en maniobras para conservar o alcanzar el poder.

Por supuesto, las instituciones que se esconden detrás de las siglas, representadas por sus legisladores, no aprobarán ésta ni otras iniciativas exóticas como “sin voto, no hay dinero”, con la que el legislador independiente Pedro Kumamoto plantea reducir la prerrogativas de los partidos precisamente en años electorales.



Al maestro con cariño



Porque han sido varios los lectores que coinciden en el siguiente reclamo, acuso recibo, aunque parezca que le estamos haciendo una campañita al secretario general de Gobierno.

“¡¿Cómo se te ocurre decir que manden a Arnoldo Ochoa a la Secretaría de Educación?!”, me reprocha un usuario de las redes sociales, asumiendo que la propuesta es mía cuando en realidad aquí simplemente consignamos lo que se llegó a comentar como una posibilidad en el caso que hubiera cambios en el gabinete, dado que el funcionario es profesor normalista.

“¿Qué te han hecho los niños, los maestros y los padres de familia?”, añadió ese mismo lector.

Por cierto, desde diferentes cuentas me reenviaron el supuesto informe del Centro de Control y Evaluación de Confianza en el que Ochoa González resulta “reprobado” en razón de haberse “encontrado en su examen médico padecimiento de Diabetes tipo II y Alcoholismo”.

Sobra decir que el documento es falso. Para poder afirmar que Arnoldo Ochoa no es apto para desempeñar un cargo sancionado por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bastaría acreditar que incumple cualquiera de los diez mandamientos.

Tarea Política

Rubén Álamo Navarro hizo enojar a quienes lo designaron presidente del CDM del PRI-Manzanillo, los predicadores de la disciplina ciega y la lealtad partidistas hasta la ignominia. Con él se equivocó José Ignacio Peralta al pensar que sería su pelele, uno más de los muchos que tiene.

Nunca pensó que fuera a tomarse en serio el cargo al grado de que ahora no haya la forma de enfriar sus ímpetus dizque porque el mismo “le ha quedado grande al revelar su ambición personal sobre los intereses partidistas demostrando su inmadurez política”.

La misma prensa peraltista que aplaudió su llegada a la dirigencia del priismo porteño ahora lo acusa de no acatar reglas y procedimientos ni respetar los tiempos políticos, y el haberlo rebasado “la codicia propia al tratar de fortalecer al PRI de Manzanillo equivocando las formas al atacar a aliados a ese partido” (léase el diputado federal plurinominal verde ecologista Virgilio Mendosa Amezcua y la alcaldesa panista Gabriela Benavides Cobos), pecados capitales que lo tienen en la ruta de no retorno hacia la candidatura a la alcaldía porteña para el 2018 por siglas y clores distintos a los de la posible alianza PRI-PVEM.

Para los porristas de José Ignacio el todavía formalmente líder del PRI porteño se pasó de tueste en su afán por recuperar la identidad prisita perdida, diferenciarse del grupo en el gobierno municipal y empezar a comportarse como verdadera oposición, comportamientos que terminaron por generar agravios y malquerencias con los aliados en Manzanillo de JIP.

Al marcar su raya ante el jefe de jefes del bastión político porteño que es Virgilio Mendosa Amezcua, Álamo Navarro metió en un brete al primer priista del estado.

A RAN le dicen que se puso con Sansón a las patadas (Virgilio Mendosa Amezcua y su “gran capital político y popularidad; y Dalila Gabriela Benavides Cobos, quien goza también de las preferencias ciudadanas entre los manzanillenses, además de su fuerte relación política con el gobierno estatal”), pero pasan por alto que solamente fajándose con los grandes era como podía posicionarse y crecer en el ánimo de los alicaídos auténticos priistas de Manzanillo; también, que “no ha comprendido la importancia de trabajar en equipo (subordinado a Virgilio y Gabriela) buscando lo mejor (¿?) para el partido sin anteponer su proyecto personal”.

Oséase que lo mejor para el PRI Manzanillo es ayuntarse a la dupla panista-verde ecologista que conforman la alcaldesa y el diputado federal plurinominal. Así el abarrote, sería mejor para JIP bajar las cortinas del PRI-Manzanillo para evitarse fricciones con sus aliados y no subirlas hasta que nomine a sus candidatos que habrán de competir en la próxima contienda electoral.

Rubén Álamo Navarro nada tiene que hacer en un partido tan descafeinado como JIP quiere al Revolucionario institucional en el municipio que tiene el mayor número de electores del estado, salvo que acepte respetar en adelante “los acuerdos y alianzas que tiene un instituto político (PRI) para recuperar un bastión tan importante como Manzanillo”, lo que significa cambiarle la pintura azul a la presidencia municipal por otra de colores verde, blanca y colorada, pero como los mismos protagonistas políticos aliados a Peralta.

Si Rubén Álamo Navarro rectifica su camino y se pone a las órdenes del jefe Virgilio y la jefa Gabriela, “puede aspirar a una candidatura a una diputación, para ir moldeando su carrera política que podría ser prometedora si acepta las reglas escritas y no escritas”, pero si continúa montado en su macho le auguran que sabrá lo que es amar a Dios en viernes santo.


El acabo


  • Tiempo y oportunidad habrá de comprobar de qué está hecho en verdad quien le gusta “tener retos y contrincantes y ganar, no se impresiona ni con poses ni con amenazas ni con guerritas de lodo y no le importa peso, tamaño o cantidad de contrincantes”.
  • Menos mal que, según JIP, “el PRI no es un partido de caprichos, ocurrencias ni personalidades, sino de ideas, proyectos e instituciones”.

Estación Sufragio

Mi columna de este viernes (‘Si no hay helicóptero, al menos drones’) generó algunos comentarios que es pertinente retomar. Algunos mensajes que recibí son respuestas directas a lo aquí expresado y otros comparten señalamientos generales que vienen bien a la cuestión de la creciente inseguridad, la apatía ciudadana y la irresponsabilidad de las autoridades de todos los niveles.

Por respeto a los lectores que opinaron, sólo revelaré la autoría de quienes lo señalan tácitamente. De entrada, alguien coincide: “Es cierto la sociedad ha perdido la capacidad de asombro e indignación. Y –añade– los diputados se dedican a puras comparecencias que de poco y nada sirven”.

A propósito, el diputado Luis Ladino, líder de la bancada panista en el Congreso local, comunicó lo siguiente:

“Exhorté al Gobernador JIPS para que explicara ante este Congreso las estrategias de Seguridad, pero la ‘mayoría responsable’: PRI, Independientes, PVEM, PT y NA no quisieron. Me frustra ver esta situación donde menores de edad pierden la vida. Me causa impotencia y tristeza que mis compañeros interpongan colores partidistas, convirtiéndose en defensores del Gobernador y olvidando a la sociedad a quien debemos servir”.

En relación a esto, sabemos de manera oficial que los 10 alcaldes habrán de comparecer ante el Congreso del Estado con la finalidad de informar sobre las acciones que están realizando para combatir a la delincuencia. Pero no el Ejecutivo.

Los legisladores (de esa ‘mayoría responsable’) refirieron que la seguridad pública compete a los tres órdenes del Gobierno: federación, estado y municipios. No obstante, estos últimos prácticamente han guardado silencio ante los hechos delictivos que afectan a los ciudadanos.

Nicolás Contreras Cortés, cabeza de facto de las bancadas oficialistas, presentó su propuesta de citar a los 10 alcaldes de Colima en su calidad de coordinador de la fracción parlamentaria Nuestro Compromiso por Colima (los también llamados independientes).

Sin embargo, aclaró que apenas el pasado 4 de abril asistieron al Congreso los funcionarios de gobierno encargados de la seguridad, a detallarles a los legisladores las acciones que estaban realizando para combatir al crimen. Y en ese sentido consideró Nico que no tendría caso la presencia del mandatario estatal en el Poder Legislativo.

El calendario para la comparecencia de los presidentes municipales quedó de la siguiente manera: El martes, a las 10 de la mañana, el alcalde de Armería, Ernesto Márquez Guerrero, y a las cinco de la tarde el edil capitalino Héctor Insúa García. El miércoles abrirá la comparecencia el presidente de Comala, Salomón Salazar, y por la tarde el munícipe de Coquimatlán, Orlando Lino. El viernes 19 harán lo propio los alcaldes de Cuauhtémoc e Ixtlahuacán, Rafael Mendoza Godínez, y Crispín Gutiérrez. El lunes 22 asistirán la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides, y su homólogo de Minatitlán, Horacio Mancilla. Finalmente, el martes 23 el alcalde de Tecomán, Guadalupe García Negrete, y la señora presidenta de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León.

Insistió el diputado Contreras que la autoridad estatal compareció el 4 de abril ante esta legislatura para informar las acciones realizadas para mejorar la seguridad en la entidad. Pero “los municipios poco o nada han informado a la sociedad sobre los trabajos que realizan en materia de seguridad pública y prevención del delito”.

Eso en el ámbito parlamentario, donde el intercambio de acusaciones revela las pugnas entre el gobierno y la oposición: mientras los panistas insisten en culpar a la administración federal de Peña Nieto y a la estatal de Ignacio Peralta, “buscando llevar agua a su molino” como se dice vulgarmente, los voceros del partido gobernante tratan de aminorar los costos políticos de la violencia criminal, que sin duda será un factor en las elecciones de este año y las presidenciales de 2018. 

En las redes, en cambio, la ciudadanía agarra parejo al reclamar la apatía tanto de los grupos sociales como de la clase política frente al fenómeno de la delincuencia organizada:

Un lector nos recuerda que “a finales de los setenta hubo un crimen en la Universidad de Colima. Yo era chico y creo que el estudiante se llamaba Benito. Se le achacó la muerte al gobernador Arturo Noriega por sus pugnas con los liderazgos de la Universidad y la FEC.  Pasearon el féretro por las calles de la ciudad y lo colocaron frente a Palacio. Los dirigentes estudiantiles de aquel tiempo se institucionalizaron y, ahora, marchar en protesta es más complicado por la falta de liderazgos”.

Todavía “hace unos años, en un lote de autos de la Villa, asesinaron a un hermano de Teodoro Palomino, iniciador de la CNTE. Recuerdo que ha sido el único caso en que a Mario Anguiano le colocaron el féretro en la puerta de Palacio en reclamo por el homicidio”.

Una conclusión general la expresa otro lector: “Lamento tanto coincidir contigo, amigo. La ley y quienes la aplican están sordos, ciegos y mudos”.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Paracaídas

Hasta hace todavía algunos días  me jactaba de no pertenecer a ningún partido político. Creía (como creo) que lo mejor es, dado el descrédito en el que han caído actualmente los partidos políticos, participar en el debate público y en la consolidación de nuestra democracia sin tener que estar afiliado a ninguna ideología partidista de ningún tipo, y que lo mejor es apoyar o alentar candidaturas individuales (sin importar el instituto político al que pertenecen) que uno considere las más viables y las más convenientes para el desarrollo de nuestra sociedad, sin que esto conlleve una promesa de infalibilidad. Por eso en su momento apoyé, sin arrepentirme a la fecha, la candidatura del priista Mario Anguiano, que hoy ha tenido que bailar con la más fea en virtud de que la estafeta del poder recayó en el grupo priista adverso  al suyo propio (el llamado “Otro PRI”), o el apoyo que brindé, más recientemente, al ex candidato a la gubernatura Jorge Luis Preciado, panista de hueso azul, al que le fue robada la gubernatura del Estado y sobre el cual todavía pesa una guerra de lodo que ha impedido que nuestra entidad pueda alcanzar a reconstruir las vías de nuestra alternancia democrática, tan necesaria ahora que ya constatamos los colimenses que ni vivimos felices ni seguros como nos lo prometió el actual gobernador del Estado.  Así que, cuando apoyé la candidatura del ex gobernador Mario Anguiano me llamaron priista, y cuando apoyé recientemente la del ex candidato a la gubernatura Jorge Luis Preciado me llamaron panista, sin ser en realidad ni lo uno ni lo otro. Hoy me entero, sin embargo, que lo que sí soy legamente (y lo digo entre comillas) es un aliancista, pues luego de verificar en la página del Instituto Nacional Electoral me di cuenta de que se me había afiliado a este partido político en 2013, sin mi consentimiento. El INE lleva actualmente la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales ante las juntas locales y distritales con el fin de confirmar o no la conservación de su registro, de manera que todos los ciudadanos deberían de verificar si fueron afiliados a algún partido político sin su consentimiento, como fue mi caso, violando con ello sus derechos civiles. A mí, en realidad, no me incomodaría estar en un partido como Nueva Alianza, dado mi perfil académico y magisterial, pero de ahí a que se me inscriba de forma dolosa y no “libre, voluntaria e individualmente”, como lo establece la ley, me parece preocupante. Invito, pues, a todos los ciudadanos a que entren a la página del verificador del INE, chequen con su clave de elector que no estén afiliados a ningún partido que no sea el que hayan elegido de forma voluntaria y, de no ser así, acudan a la junta local del INE más cercana a su domicilio para ejercer su Derecho de Oposición, todo esto entre el 15 y 19 de mayo. De esta forma también contribuimos como ciudadanos en la construcción verdadera de nuestra democracia.

Desde la Curul 26

Era cuestión de tiempo y las acusaciones han comenzado a darse entre los grupos parlamentarios; el forcejeo inició entre los diputados del Partido Acción Nacional y los legisladores ex panistas, hoy independientes, acusándose de plagiarse las iniciativas presentadas en materia de reforma electoral, que lo único que va a hacer será que no camine como llegó a penarse que sucedería.

De acuerdo a lo que empieza a perfilarse, desde ahora le puedo decir que no va a haber reducción de diputados y que en la siguiente legislatura se van a mantener los 25 que son, los 16 distritos, que aunque hubo redistritación por parte del Instituto Nacional Electoral, no disminuyó el número de distritos, y eso porque los diputados no modificaron desde el año pasado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para reducir el número de distritos.

En cuanto a las posiciones plurinominales, nada va a suceder.

Los diputados independientes en su iniciativa habían planteado reducir en cuatro el número de plurinominales, y que en la siguiente legislatura, solo hubiera 21.

Los diez diputados del PAN, por conducto de su coordinador Luis Humberto Ladino Ochoa, desde la sesión ordinaria número 25, de fecha 22 de febrero del 2017, había presentado al pleno la iniciativa firmada por los diez miembros de esa fracción, proponiendo también reducir en cuatro posiciones las diputaciones plurinominales.

Aquella ocasión Luis Ladino, propuso  la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los párrafos primero, sexto, y séptimo párrafo del artículo 22, el sexto párrafo de la fracción I del artículo 86, las fracciones, l, ll, lll, IV, Vl, del artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el primer párrafo de artículo 20, el inciso b) de la fracción XXI del artículo 51, la fracción l del artículo 64, la fracción l del artículo 88, los artículos 258, 259,264 y la fracción l del artículo 266 del Código Electoral del Estado de Colima.

Y precisamente por esa razón es que los panistas acusan a sus excompañeros de bancada de ser plagiarios y de que les habían fusilado sus propuestas.

Pero mientras los diputados de uno y otro lado, están enfrascados en dimes y diretes, el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Michel Ruiz, ya dijo que el blanquiazul, no va a proponer reducción de diputados y que quien lo haya propuesto no sabe lo que dice, pues reducir  solo el número de legisladores de representación proporcional “entraríamos a una cuestión de tipo constitucional, pero no local, (sino) federal”.

Enrique Michel dijo que la propuesta de reducir el número diputados no es del partido, “la presentó el candidato… perdón, el diputado, (se resbaló el dirigente panista), Luis Ladino, (pero) era una iniciativa que él propuesto, pero no se está manejando en la propuesta nuestra de reforma; nosotros no la vamos a plantear, nosotros nos mantendremos en que sean 25 diputados”.

Y enseguida decía el “jefe” de los panistas, que si era una propuesta populista, “eso hay que preguntárselo a quien lo propuso, pero yo pienso que no tiene sustento legal y que no puede caminar. Nosotros no le vamos a entrar (como partido)”.

La postura del presidente del  Partido Acción Nacional, choca con la del coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, y de todos los legisladores albiazules, quienes, sin excepción, todos firmaron la iniciativa que no ha sido retirada, para que se reduzcan cuatro posiciones plurinominales.

Por eso es el pleito…

Y de hecho por eso ha sido el pleito entre los panistas y los ex panistas, hoy independientes, que se acusan mutuamente de plagiarse.

Y tan no va a caminar la propuesta para bajar el número de diputados, que la legisladora de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, ya dijo que más que disminuir el número, “lo que la gente quiere es que nos pongamos a trabajar, no que haya menos”.

Mientras que el diputado del Partido del Trabajo, Joel Padilla, está totalmente en contra de la reducción y en cambio está proponiendo en su iniciativa de reforma electoral, que lejos de disminuir, se aumente un diputado plurinominal más para que haya 26.

Y el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su delegada del CEN en el estado, Martha María Zepeda, ha dicho que en la propuesta que harán llegar, habían dicho que esta misma semana, pero se me hace que no les va a alcanzar el tiempo, van a proponer que se reduzca a que solo haya 19 diputados por ambos principios, esto es, los 16 distritos uninominales y solo tres posiciones plurinominales.

La doble moral panista…

En ese pleito en que se enfrascaron los diputados panistas y los independientes, los integrantes del  Grupo Parlamentario“Nuestro Compromiso por Colima”, se le fue con todo al coordinador de la bancada “azul” y a las diputadas que fueron a Manzanillo a decir en el puerto que los tres diputados ex panistas eran unos plagiarios.

Y pues ándale como Nico Contreras, Javier Ceballos y Luis el “Guichín” Ayala, son de mecha corta, pues que se suben al ring y que le acomodan una moquetiza a Luis Ladino y al resto de diputadas y diputados a quienes el coordinador de “Nuestro Compromiso por Colima” acusó de doble moral legislativa.

Nico Contreras Cortés indicó que una de las iniciativas presentadas por el PAN de las que los panistas se duelen porque no ha sido dictaminada, la presentó la diputada Martha Sosal el 13 de abril de 2016.
Recordó que cuando se presentó esa iniciativa con el tema de las candidaturas independientes, la mayoría del Congreso la conformaba el PAN y la Comisión de Estudios Legislativos, a la que le fue turnada, la presidía la también diputada panista Gabriela Sevilla, que no la dictaminó en los siguientes 139 días de presentada, tiempo en el que ella siguió presidiendo la Comisión.

“¿No es esta una prueba clara de la doble moral legislativa de estos diputados en particular?”, se preguntó el coordinador del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima.

Nico Contreras afirmó que “por cierto, cabe señalar que uno de los puntos que refiere el diputado (Ladino) fueron “plagiados” es la propuesta de la Diputada Martha Sosa para simplificar los requisitos de los candidatos independientes para postularse.”

“Que irónico que se reclame como propia una iniciativa que tuvo su origen en la petición que hiciera la “Agrupación de Abogados Independientes”, que por cierto distribuyó por escrito entre los 25 diputados teniendo por sustento una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo el coordinador de los diputados independientes.

En la tranquiza que le colocó el coordinador de los legisladores independientes al diputado Luis Ladino, le dijo que se sentían “congratulados por las coincidencias que existen entre las fuerzas políticas que integran el Congreso en los diversos temas que abarca la tan anhelada propuesta electoral.”
“Sin embargo, disentimos enérgicamente del protagonismo que con base en mentiras y tergiversaciones pretende obtener el diputado Ladino a nombre y representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.”

El legislador independiente aclaró que las leyes, los dictámenes y las iniciativas no son sujetas a “derechos de autor”, pero por diversos motivos pueden existir coincidencias entre las propuestas.

Aseguró que si el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso  por Colima no tuviera eso en mente, el primer plagiario sería el mismo Ladino, pues fue el tres de febrero del año 2010 cuando  como diputado de la 56 Legislatura, Nicolás Contreras propuso la reducción de legisladores, para pasar de 16 a 14 los diputados electos bajo el principio de mayoría relativa y de 9 a 5 los plurinominales.


Explicó que a partir de la reforma electoral del año 2014, la distritación local corresponde al Instituto Nacional Electoral, por lo que aprobar una redistritación es complicado, por ende en su propuesta optaron por retomar sólo la reducción de diputados plurinominales.

Apenas es el inicio…

Esto sería apenas el inicio de las cosas, porque no han comenzado el trabajo serio para tratar de sacar una reforma electoral, que la verdad, yo creo que todo habrá de quedar en una miscelánea.

Como los tiempos ya se les vinieron encima, ahora el Congreso pretende imponerle los tiempos al Instituto Electoral y para tratar de tener otros quince días adicionales y llevarse la reforma electoral hasta el 15, --aunque ellos quieren tener hasta el 17 de julio--, están argumentando que como la ley señala que el proceso electoral 20-17-2018, deberá instalarse durante la primera quincena del mes de octubre, pues que lo hagan hasta la fecha límite, es decir el día 15.

Y para ganar otros dos días, están señalando que como los meses de julio y agosto traen 31 días, pues que tienen dos días más a su favor, por lo que van a pretender llevarse la reforma electoral hasta el 15 o 17 de julio.

Como cada vez que les quedan menos días para sacar la reforma electoral, incluidas las reformas constitucionales y el Código Electoral del Estado de Colima, aunque cada que se les entrevista hacen sus cuentas alegres y tratan de engañarse a sí mismos, dicen que desarrollarán foros de consulta para que todos los segmentos de la sociedad interesados de la reforma puedan acudir a hacer sus propuestas.

Sin embargo le puedo anticipar que si bien nos va a los colimenses, sólo habría un foro y sería en la capital del estado.

Y le digo que quizá, porque ya han empezado a manejar la versión de que como todos los grupos parlamentarios y los partidos políticos, están presentando sus propuestas de reforma electoral, ya no va a ser necesario que haya foros, pues a su conveniencias están señalando que los diputados representan al pueblo, entonces como ha sido a través de ellos que se han estado presentando las iniciativas, ah pues ya el pueblo se ha manifestado… ¿Cómo la ve?

En fin los tiempos avanzan, ya veremos para que les alcanza…. Solo hay que recordar que en 2009, la Corte dejó sin Código Electoral a Colima, precisamente por las prisas, si no lo sabían o no lo recuerdan nuestros legisladores y los demás actores políticos que intervienen en esta reforma, no está de más darles esa recordadita…

Los problemas del EcoParc…

En otro tema que se le sigue metiendo mucho ruido es al Parque Regional Metropolitano, que fue concesionado y que ahora se ha convertido en el EcoParc, pues a raíz de que se dio a conocer el contrato de concesión, han sido más las dudas que las certidumbres que ha generado y el tema ya llegó a la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

El pasado martes 9 de mayo, en la Gaceta del Senado de la República, (GACETA: LXIII/2SPR-3/71056), la Senadora del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña Gómez, hizo suyo un punto de acuerdo que le hizo llegar la comisionada del CEN del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro.

Todo ello con relación a la concesión otorgada por el Gobierno del Estado de Colima a la persona moral denominada Fiesta Zafari, S.A. de C.V., para el uso y aprovechamiento del inmueble donde se ubica el parque regional metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León”.

La Senadora Angélica de la Peña, propuso un punto de acuerdo para que el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, anule el contrato de concesión, y reintegre este parque “…para que siga siendo un bien de dominio público que garantice el esparcimiento delas y los colimenses, los recursos públicos, la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural.”

Dentro de las consideraciones que hace la Senadora del PRD, por las causas que está pidiendo se anule el contrato de concesión del Gobierno del Estado en favor de José Ernesto Zazueta Zazueta, Director de la empresa Fiesta Safari y presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, por considerar que dicha concesión no ha estado exenta de irregularidades.

Enseguida enumera una serie de apartados que para la perredista son irregularidades:

Entre lo que destaca se encuentra que según los términos de la concesión, el empresario José Ernesto Zazueta Zazueta no tendrá que preocuparse por los gastos de los servicios de electricidad, agua y alcantarillado de las instalaciones, pues éstos seguirán siendo pagados con recursos del erario estatal.

Que junto con el parque y el zoológico la empresa también podrá explotar económicamente, por un periodo de hasta 25 años, el Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo”, que será convertido en Museo de Historia Natural.

Que en la cláusula segunda inciso H, el Gobierno se compromete a contratar publicidad y promoción al parque y zoológico metropolitano ‘Griselda Álvarez Ponce de León’, así como el Museo de Arte Contemporáneo ‘Jorge Chávez Carrillo’ de la ciudad de Colima sin costo para el concesionario.

Que a la vez, la cláusula décima primera, relativa a Gastos de operación y pago por servicios, establece en su punto 1 que los gastos de consumo de energía eléctrica, así como de agua potable y alcantarillado que se generen por la operación del parque y zoológico derivada del presente contrato de concesión correrán a cargo del gobierno estatal.

Que en el punto número 2 de la misma cláusula se indica además que las partes podrán convenir esquemas de apoyo, para cubrir de manera compartida el costo de mantenimiento, suministros y servicios para la operación del parque y zoológico.

Asimismo que en la cláusula décima segunda, en sus puntos 1 y 2, indica que “el personal para la operación del Parque y Zoológico Metropolitano ‘Griselda Álvarez’ correrá a cuenta de ‘El concesionario’, quien se hará cargo de su contratación, prestaciones, seguridad social y demás aspectos que deriven de la relación laboral, excluyéndose al ‘concedente’ de toda responsabilidad al respecto, con la única salvedad prevista en el párrafo siguiente.

“Los trabajadores del concedente que a la firma del presente contrato vienen laborando en las instalaciones del Parque Regional Metropolitano, podrán ser comisionados para que continúen laborando en dicho lugar, prestando sus servicios a ‘El concesionario’ con cargo al ‘concedente’ y conservando las percepciones económicas y prestaciones que tienen, o en su caso podrán ser reubicados a otras dependencias dentro del propio gobierno del estado de Colima, preservando igualmente sus derechos. En cualquier caso, se tomará en cuenta la opinión de dichos trabajadores y se le dará la intervención que corresponda a la representación sindical”.

Que el inciso F de la cláusula tercera dispone que la tarifa para el ingreso al Parque y Zoológico Metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León” no podrá ser superior a 30 pesos por persona durante 2017, que podrá incrementarse cada año conforme al porcentaje de la tasa de inflación. Sin embargo, nada dice en relación con las tarifas de acceso al Museo de Historia Natural, que tampoco es incluido entre la cantidad de boletos que se donarán anualmente.

Asimismo aunque la empresa se compromete a invertir 50 millones de pesos en los primeros cinco años en las instalaciones, no necesariamente dejará todos los beneficios para el estado cuando regrese el inmueble al final de la concesión (que podrían extenderse hasta 25 años), pues el inciso D de la cláusula décimo séptima, establece que deberá:

 “Entregar los señalados inmuebles con las obras y mejoras que hubiere construido, edificado o realizado en los mismos, salvo aquellas que por su naturaleza puedan desprenderse de los inmuebles o de la referida construcción, en beneficio del ‘concedente’ sin derecho a reembolso o indemnización alguna”.

En el contrato de concesión, que inicialmente es por diez años y tendrá posibilidad de prórroga hasta por 15 años más con preferencia a la misma empresa, se enumera la serie de obras de remodelación y adaptación que hará Fiesta Zafari con la inversión de los 50 millones de pesos en diferentes etapas, en un plazo no mayor de cinco años, a partir de la apertura de las instalaciones.

Entre esta obras y acciones se encuentran la construcción de una granja interactiva y un zoológico infantil, adaptación del área educativa y taller ecológico, construcción del Museo de Historia Natural, introducción de un tren para recorridos dentro del zoológico, ambientación de isla de primates, construcción de safari interactivo, construcción de un cocodrilario, construcción de nuevos albergues, introducción de nuevas colecciones faunísticas, equinoterapia y construcción de un aviario interactivo por inmersión.

Existen inconsistencias legales…

Según el punto de acuerdo planteado en el Senado de la República, señala que “…existen inconsistencias legales de forma y fondo, tales como el incumplimiento de los principios de utilidad pública y de la preservación del interés general del patrimonio público, además de que el procedimiento de concesión no tuvo la debida publicidad para permitir la participación de otras propuestas que acreditaran su viabilidad técnica y financiera.”

De acuerdo al abogado Benjamín Luna Alatorre, integrante el movimiento por la defensa de ese espacio público, el contrato mediante el que fue cedido a un particular el manejo del Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez”, para convertirlo en Ecoparc, “es nulo porque no reúne los requisitos para ser una concesión, ya que la misma debe incluir la garantía de cumplimiento por parte del concesionario y en este caso “no existe ningún tipo de garantía, por lo que se trata de un contrato irregular viciado de nulidad”.

Hoy comparecen funcionarios estatales…

En el estado este lunes han sido citados a comparecer ante el Congreso del Estado, cuatro funcionarios estatales relacionados con la firma del contrato, a fin de que expliquen a los legisladores el alcance del documento.

Los diputados por ejemplo quieren que les expliquen, por qué el Gobierno seguirá pagando a los trabajadores; por qué le va a pagar los servicios de energía eléctrica, agua y alcantarillado, entre otras cosas.

Los funcionarios que han sido citados son el titular de la SEIDUR, Jesús Sánchez Romo; el Secretario de Turismo, César Castañeda; el Secretario de Administración, Kristian Meiners y el Consejero Jurídico el Estado, Andrés García Noriega.

La reunión está convocada a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, del Congreso del Estado.

Para cerrar…

**Este jueves a las 9:00 horas, habrá sesión ordinaria en el Congreso del Estado, de acuerdo al orden del día, no hay nada sobresaliente. Los diputados no le van a entrar a la reforma del Artículo 41 U-Bis, entonces será una sesión light. Donde quizá haya algún tema de interés será en asuntos generales, aunque quizá por la comparecencia de funcionarios al mediodía, quizá tomen el acuerdo de no registrarse para participar en este punto.

**Finalmente quiero manifestar mi solidaridad a las hijas e hijo del colega periodista Héctor Miguel Espinosa Flores, que este 10 de mayo, emprendió el viaje sin retorno. Héctor fue un entusiasta operador de radiocomunicación; fue ciclista en sus años mozos, dirigente de la asociación de ese deporte; apasionado del cine, la fotografía, el dibujo, entre otras cosas.

Fue miembro fundador del Club de Reporteros de Colima. Desde hace muchos meses, se encontraba enfermo de Alzheimer y este 10 de mayo, emprendió el viaje sin retorno. Que descanse en paz el colega y amigo.

Tarea Política

Si hasta las vías del ferrocarril que son de acero se rajan, cuantimás José Ignacio Peralta que es de carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Su historial de incumplimiento de compromisos asumidos con quienes en él depositaron su confianza es más largo que la cuaresma. Baste con resumir que a todos los colimenses les prometió que con él como su gobernador vivirían seguros como canguros y felices como lombrices. La lista de quienes todavía están esperando que les cumpla su palabra empeñada es más larga que la cuaresma y en ella hay de todo como en botica.

José Ignacio les prometió a los impulsores del proyecto de fiscalización ciudadana “¿Cómo vamos? Colima” financiamiento público sabiendo de antemano que los dejaría como novias de rancho. A valores entendidos con sus 14 diputados priistas- pri-dependientes-verde ecologista-nuevo aliancista-petista con los que hace mayoría relativa, y sumándole los tres pedro-peraltistas (Riult Rivera, Julia Jiménez y Crispín Guerra) absoluta, hasta iniciativa para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Colima envió hace un año al Congreso del Estado, pero nada hizo después para concretarla a pesar de haberles seguido en su momento el jueguito de la evaluación aceptando sin hacer gestos incluso el cero que le estamparon en la asignatura de seguridad.

Guillermo Brun Solórzano y sus colegas saben perfectamente que el bilingüe miembro de la clase ilustrada de Colima egresado del ITAM y de Essex University tiene el mando de la LVIII Legislatura Local que le pastorea el pri-dependiente Nicolás Contreras Cortés, pero para ellos es más fácil y cómodo expresar sentirse defraudados por la manera que vienen actuando los diputados, cuando quien les prometió las peras de la virgen a cambio de  que lo respaldaran para que llegara a la gubernatura del estado es nada más ni nada menos que José Ignacio a quien no han tocado ni con el pétalo de una flor de buganvilia.

“La verdad nos sentimos defraudados todos porque es una muestra de no hay congruencia con los diputados. Creo que si un grupo de empresarios, ciudadanos, amas de casa y de toda la gente estamos pidiendo atención porque lo mínimo es que tenemos derecho a que se vote la iniciativa”, les dice con toda razón Guillermo Brun Solórzano a los diputados para que lo entienda el gobernador, pero éste, fiel a su estilo, se hace el occiso. Cierto es que la decisión de votar o no, a favor o en contra, es de los diputados a quienes José Ignacio dejó como al cohetero ante los empresarios, pero la verdad es que están pasmados y no atinan a dar pie con bola.

Para Brun Solórzano “es claro que somos un organismo social representativo y nos llama la atención que justamente ahora que se presenta una iniciativa para crear una contraloría social no apoyen como ellos (los diputados) dijeron tenían que hacerlo en la Ley y no hemos tenido una respuesta que sea razonable”, ni la tendrán dijera Don Teofilito, pero  no se atreve a encarar directamente a José Ignacio que los dejó colgado de la brocha y a quien al menos ya no debería invitar a su yate, dice yate.

José Ignacio no sólo les dio el avión a los promotores de ¿Cómo vamos? Colima juzgándolos además de cotón largo, sino que les echó encima a la prensa a su servicio para que les pegara duro, tupido y mucho, castigo a todas luces inmerecido e injusto, a pesar de lo cual nada de han reclamado al respecto. En cambio, sus airados señalamientos son para  los diputados que José Ignacio dejó entre la espada y la pared sin tener mayor culpa que la carencia de autonomía como poder legislativo respecto del Ejecutivo Estatal que los tiene avasallados. Mal se ha visto José Ignacio por rajón, pero peor los diputados con su tácticas dilatorias para tratar de bajarles la temperatura a los ¿Cómo vamos? Colima, que el tiempo corra y se olviden del asunto.

“Se ha desatado una campaña en redes sociales en contra de este organismo (¿Cómo vamos? Colima) y de los empresarios que lo conforman, por el púnico hecho de estar solicitando se legisle ya sobre el artículo 41 Bis de la Ley de Hacienda del Estado. Ha habido una manipulación dirigida, pagada, para ir en contra del movimiento, porque la iniciativa privada empiece a fiscalizarlos”, acusa Guillermo Brun Solórzano sin atreverse a mencionar el nombre José Ignacio ni los apellidos Peralta Sánchez.

EL ACABO

Más que a gasto corriente, los cientos de millones de pesos provenientes del impuesto del 2% sobre la nómina han ido a parar a los bolsillos de los gobernadores en turno y de sus gavillas. El infame SEFIDEC ha sido su enorme caja chica ante a ciencia,  paciencia y complacencia de los permisivos líderes empresariales que al callar otorgan.

 

Estación Sufragio

La opinión general es que el Festival del Volcán 2017 fue un éxito. Apenas en su segunda edición se apuntala como la fiesta popular más importante del municipio capitalino, en el entendido que la Feria de Todos los Santos es un festejo de carácter estatal.

Todavía le falta sobrevivir a este ayuntamiento para saber si el evento anual quedará instituido de manera definitiva, pero sí podemos adelantar que los futuros alcaldes harían mal en no continuarlo y no realizarlo por lo menos con sus actuales dimensiones.

Tampoco es cosa que el Festival crezca desmesuradamente y pierda las característica que hoy lo hacen tan interesante. Para empezar es un evento netamente urbano. Y en un estado donde hasta a la fiestas de mayo en Manzanillo han tenido un desfile a caballo, hacen falta alternativas a la oferta musical y de espectáculos pretendidamente rural que, en realidad, contiene sobrados elementos de narcocultura.

El del Volcán es un festival sin jaripeos, sin cabalgatas ni cantantes de narcocorridos. El repertorio de “música regional mexicana” se ha cubierto con grandes exponentes vernáculos, este año Aída Cuevas, el Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima. No dudo que en los próximos años tengamos conjuntos y solistas de música norteña en el escenario principal, pero de eso hay mucha oferta ya en los palenques y los bailes de la feria.

A la estridencia de la banda sinaloense, el Festival del Volcán opone una creciente oferta de salsa, merengue y cumbia, además de otros géneros urbanos como eso que suelen llamar el indie pop y del que este año tuvimos en conciertos gratuitos a tres de las divas con voz lánguida: Carla Morrison, Mon Laferte y Julieta Venegas. Como Natalia Lafourcade estuvo el año pasado, con Ximena Sariñana el próximo tendríamos más o menos completa la nómina de las cantantes de fusión.

La verdad es que los organizadores del Festival del Volcán lo pensaron muy bien: ocurre luego de las vacaciones de primavera (Semana Santa y Pascua), cuando en el estado ya concluyó el ciclo de fiestas charro taurinas que arrancan con Cuauhtémoc, siguen con la feria de Todos los Santos y continúan con Comala, Armería, Coquimatlán y Tecomán, para cerrar con Villa de Álvarez, por no mencionar las festividades en incontables comunidades rurales que se dan en ese mismo periodo.

Es un acierto que una administración panista replique en Colima actividades que iniciaron en la ciudad de México los gobiernos del PRD. Y es encomiable que un alcalde que no nació en Colima se preocupe por generar acciones que fortalecen la identidad colimota.

Para disfrutar de un programa amplio y diverso, pero compatible con los diferentes gustos, la población de la zona metropolitana se apropia del centro histórico durante más de una semana. Vienen también gente de los municipios costeros y de los estados vecinos a disfrutar de algo que siempre le ha faltado a la Feria de Todos los Santos: un teatro del pueblo con buenos espectáculos…  gratuitos.

Pese a las publicitadas quejas por micción y fecalismo al aire libre (como en ninguna fiesta callejera hay letrinas portátiles, la gente ni las busca aunque en este caso sí había pero no eran suficientes), el centro histórico como corredor mercantil se beneficia enormemente de la afluencia de visitantes. Lo que deberían hacer los comerciantes es potenciar los beneficios y no magnificar los costos.

Algunos se siguen quejando por los cortes a la circulación vehicular diciendo que les restan ventas, pero en muchas ciudades donde hay acontecimientos como este que congregan a personas hasta altas horas de la noche, por ejemplo viernes y sábado en los distritos de bares y restaurantes, las tiendas de ropa y otro tipo de expendios permanecen abiertas hasta las 23 horas para atraer a los peatones.

¿Por qué en las tiendas departamentales al norte de la ciudad hay ventas nocturnas y en los centenarios almacenes de prestigio que están frente al jardín Torres Quintero, no? ¿Para no prestar los baños?

Por cierto, un conocido hotel rompió su disposición de no permitir el acceso a los excusados a quienes no son clientes, si los usuarios daban un donativo a la Cruz Roja. Pero Palacio de Gobierno cierra sus puertas cuando, por una medida de elemental atención ciudadana, deberían haber remodelado los sanitarios de la planta baja que dan vergüenza en un edificio que es museo.

Afortunadamente la cooperación entre las autoridades municipales y las estatales se dio bien en cuanto a la estrategia de seguridad, pero en otras se evidenció el celo. La fiesta se dio en varias manzanas del primer cuadro, pero la mayoría de la gente no vive en el centro. A la Secretaría de Movilidad le correspondía modificar los horarios del transporte urbano para que la gente pudiera regresar a su casa después de hora. Aunque las familias de clase media hubiesen podido pagar el taxi, el problema es que no había. 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Estación Sufragio

Muchos comentarios suscitó la columna de ayer, ninguno en defensa del secretario general de Gobierno por cierto. Si acaso, un lector que quiso otorgarle el beneficio de la duda respecto a que el propio Arnoldo Ochoa haya ordenado la publicación de la nota a ocho columnas en el Ecos de la Costa del lunes 8 de mayo de 2017:

‘Encuesta de percepción ciudadana: Ejecutivo de panzazo; Congreso reprobado. Arnoldo Ochoa y Agustín Morales, los secretarios mejor calificados. Alcaldes y Poder Judicial, apenas aprobados’.

Esa posibilidad remota llevó a ese mismo lector a reflexionar: si Ochoa González planeó este golpe a Ignacio Peralta, malo, porque es el funcionario responsable de evitar que el titular del Ejecutivo se desgaste políticamente; y si no decidió la publicación de la nota, ¡peor!, porque entonces ¿para qué invirtió tanto esfuerzo en controlar la línea editorial del Ecos de la Costa?

En todo caso, su conclusión es coincidente con la varios lectores: el único perjudicado con la publicación de esta nota que ingenuamente pensaron iba a fortalecer la tambaleante posición del secretario general de Gobierno, es el Güero Ochoa.

La nota firmada por el reportero Arturo Aguilar Huerta alude a una encuesta que la Fundación Lo Mejor de Colima solicitó levantar a la empresa Cifras de México para medir la percepción ciudadana de los colimenses con respecto a las autoridades en el primer trimestre de este año.

El estudio de opinión pública se hizo con base en la siguiente pregunta: “Si tuviera que darle una calificación por su desempeño como Gobernador a José Ignacio Peralta Sánchez donde 0 es pésimo y 10 es excelente, ¿qué calificación le merece?” (sic).

Con base en la respuesta que dieron tres mil 800 colimenses de indistintos sexo, edad y estrato socioeconómico, entre el 6 y el 12 de abril, en los 10 municipios del estado, la citada firma demoscópica reporta que el 20.5% de los encuestados calificaron a Nacho Peralta con un seis (en un escala del uno al 10), el 19.7% con siete y el 17.6% con ocho.

La forma tan imprecisa de mostrar los resultados denota no sólo la falta de profesionalismo de quien hizo la encuesta, sino la mala leche del medio impreso que, con esta manera de usar los datos, golpea arteramente al mandatario estatal.

Sobre la encuestadora, otros lectores me recordaron que Cifras de México es un membrete que ha venido utilizando Roberto Moreno Béjar, presidente de la Fundación Lo Mejor de Colima, para acreditar sus proyectos. Por ejemplo, le sirve para medir el éxito del carnaval que él mismo organiza y el prestigio de los reconocimientos que entrega.

Si es verdad, no deja de ser un poco tramposo que, para vender un producto como es el carnaval, presente como evidencia una encuesta levantada por él mismo. En ese sentido, me dice otro lector que cualquier estudio de opinión o percepción pública como éste tiene que ir acompañado de la metodología que pruebe la confiabilidad de los resultados.

Si los datos que arroja esta medición no se pueden corroborar, decir que el Gobernador salió reprobado es un vil golpe. Y cuando quien lo propina es la figura más destacada del gabinete, ¡el secretario general de Gobierno!, qué grave.

Otro lector abona a la capacidad de trabajo de Roberto Moreno. Al preguntarse por qué fue sustituido en la presidencia del Consejo de Participación Social para la Planeación (CPSP) por Rafael Briceño Alcaraz, subraya que la sociedad civil representada en este organismo salió perdiendo con el cambio.

Mientras que un tercer lector plantea una hipótesis acerca de la renuncia de Moreno Béjar a esa posición: se fue cuando se dio cuenta que al secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Noriega, al que está sectorizado el Consejo, no le interesa en absoluto el CPSP.

De hecho, Briceño sufrió su primera decepción cuando le dijeron que iba a cambiar sus oficinas a un modesto cubículo en el Complejo Administrativo, que le quitarían personal y que no va a contar con gastos de representación. En pocas palabras, que nomás está de adorno.

Un cuarto lector señala que el director del Instituto de Fomento de Ferias del Estado, Petronilo Vázquez, el otro funcionario que junto al secretario de Desarrollo Rural, Agustín Morales, fueron los menos peor evaluados junto con el secretario general de Gobierno en la famosa encuesta, es tan colaborador, por no decir, subordinado político de Arnoldo Ochoa González como Roberto Moreno.

Finalmente, un quinto lector duda que la Secretaría de Educación pueda ser el premio de consolación para Arnoldo Ochoa cuando lo quiten de la Secretaría General de Gobierno. Quienes piensan que Oscar Javier Hernández Rosas tiene los días contados, no pueden ignorar que los recientes nombramientos de funcionarios le favorecen.

Si bien Jenny Enid Noyola Vega dejó la direccción de Administración y Finanzas para ser directora de Planeación y Evaluación de Política Educativa, queda en su lugar Susano Madrid Ortiz, gente cercana al secretario. 

No olvidemos que la renuncia de Carlos Salazar Silva a la Secretaría de Salud se precipitó cuando desde Casa de Gobierno le nombraron a un director administrativo y financiero de las confianzas de Nacho Peralta y ajeno por completo al ex rector.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

Estación Sufragio

Ya se vio para qué quería Arnoldo Ochoa el Ecos de la Costa: para ‘en caso de necesidad’.

Y la necesidad debe ser mucha cuando recurre a la primera plana del decano de la prensa colimense para tratar de sostenerse en el cargo de secretario general de Gobierno, siendo que entre la clase política ya se da el relevo como un hecho.

Ochoa González hace valer su insólito papel como editor de periódicos para afianzar su débil posición política. En los corrillos ya no se discute si Arnoldo se va del gabinete (se menciona como posibilidad que lo acomoden en Educación), sino las circunstancias por las cuáles no se ha dado el cambio en la Secretaría General de Gobierno.

Y una de esas circunstancias es la presión política que podría ejercer desde el Ecos (y El Correo de Manzanillo), habida cuenta que no tiene más el apoyo de su antiguo amigo Héctor Sánchez de la Madrid, propietario del Diario de Colima y tío del Ejecutivo estatal, a quien seguramente no le gusta que el Güero Ochoa se haya metido al negocio del periodismo y le esté haciendo la competencia tanto en los medios impresos como en los digitales.

Para fortalecerse como responsable de la política interior, Arnoldo Ochoa elige curiosamente golpear a su jefe. Quiere conservar su lugar a costillas del Gobernador del Estado. Aunque lo más fácil sería simplemente hacer el trabajo que le encargaron:

¿Me pregunto si el desencuentro de la administración Peralta con los empresarios que demandan subsidio público para “¿Cómo vamos?, Colima”, se habría evitado si el negociador oficial hubiese hecho su chamba de explicarle a los socios de Coparmex que no hay condiciones políticas para que modifique el artículo 41 U-bis de la Ley de Hacienda.

‘Ejecutivo de panzazo; Congreso reprobado’, dice el titular de una nota firmada por Arturo Aguilar Huerta (Ecos de la Costa, lunes 8 de mayo de 2017) en la que presenta los resultados de una encuesta que la Fundación Lo Mejor de Colima solicitó levantar a la empresa Cifras de México para medir la percepción ciudadana de los colimenses con respecto a las autoridades en el primer trimestre de este año.

Afirmando haber entrevistado a tres mil 800 colimenses de indistintos sexo, edad y estrato socioeconómico, entre el 6 y el 12 de abril, en los 10 municipios del estado, la desconocida casa demoscópica reporta que el 20.5% de los encuestados calificaron al gobernador Ignacio Peralta con un seis (en un escala del uno al 10), el 19.7% con siete y el 17.6% con ocho.

Enfatiza el supuesto estudio que el resto de los entrevistados dan al mandatario estatal una calificación reprobatoria. Pero destacan que el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, obtuvo una calificación de 6.7%, sin especificar si se trata de un promedio, la media o la calificación máxima.

Esta puntuación la comparte el Güero Ochoa con el secretario de Desarrollo Rural, Agustín Morales Anguiano, y con el director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones, Petronilo Vázquez Vuelvas. Sin embargo, aclara que los funcionarios “con peores calificaciones a su desempeño, conocimiento o trato a los ciudadanos” son el secretario de Seguridad Pública, Javier Castaño (5.2); el procurador general de Justicia, Guadalupe Franco Escobar (5.4) y el secretario de Turismo, César Castañeda y Vázquez del Mercado (5.5).

Pasan “de panzazo” también los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado y, en su mayoría, los entrevistados consideran “malo” o “muy malo” el desempeño de los diputados del Congreso local. Los alcaldes, en cambio, todos sacan una calificación por encima del seis.

Después de venderle terror al gobernador Ignacio Peralta y de advertir que el menos repudiado de los secretarios es precisamente Arnoldo Ochoa, titular de una cartera al que otras iniciativas de evaluación (entre ellas la propia ¿Cómo vamos?, Colima) habían adjudicado un cero en el cumplimiento de los compromisos o grado de avance en las metas, la Fundación se cura en salud en cuanto a las verdaderas motivaciones de esta encuesta:

“La Fundación Lo Mejor de Colima tiene el interés de que el resto de la ciudadanía colimense conozca el sentir, al percepción los sentimientos y los anhelos de la mayoría de los habitantes del estado de Colima respecto al desempeño político y administrativo de los gobiernos municipales, estatal y federal en materia de economía, social, jurídica, política, cultura y de sustentabilidad” (sic).

¿CÓMO CALIFICAMOS, COLIMA?

Huelga decir que realizar un estudio con todas estas variables (económica, social, jurídica, política, cultural y ambiental) sería una labor titánica. Por lo demás, ¿cómo cuantificar unidades de medida tales como “sentimientos” y “anhelos”?

La nota alude a cuestiones que suenan más o menos metodológicas (margen de error estadístico y “nivel de confianza” o, mejor dicho, de confiabilidad; y de un “estricto método aleatorio en algunos casos ponderado y en otras sin ponderaciones”), pero no las detalla.

De entrada, no imagino las preguntas que se hicieron para poder extraer semejantes conclusiones sin que presumiblemente se estén induciendo las respuestas.

Con todo, lo que hace sospechar de la honorabilidad de la encuesta es el nombre de quien supuestamente la pagó. Hasta ahora la Fundación Lo Mejor de Colima era conocida por entregar reconocimientos al mérito de ciudadanos en diferentes campos (hace un par de años me honraron con uno de esos testimonios), y por organizar el carnaval de Colima-Villa de Álvarez.

El presidente de la Fundación, Roberto Moreno Béjar, está tan identificado con Ochoa González que muchos lo ubican como colaborador de Arnoldo, por no decir, subordinado. Y hace una semanas dejó la presidencia del Consejo Estatal de Participación Social para la Planeación, sin explicar las causas.

Algunos observadores, empero, encuentran plausible una explicación de la renuncia de Moreno Béjar: el gobernador Peralta le quitó al secretario general de Gobierno el control de la CEPSP, para devolverle ese organismo a la clase empresarial, probablemente como una manera de relajar las tensiones que ha generado su desencuentro con ¿Cómo vamos?, Colima.

En cuanto a la eficacia política de la encuesta, no podemos ignorar que si de algo sabe Nacho Peralta es de instrumentos de medición. A leguas se va a dar cuenta que su “jefe de gabinete” le está queriendo dar gato por liebre.

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Análisis Político

Carlos Slim Helú, es hasta hoy la mejor alternativa que tiene el PRI para el 2018, es hijo de Julián Slim Haddad y de Linda Helú, se tituló como ingeniero civil en la Unam, además impartió álgebra y programación lineal en esta gran universidad, desde joven comenzó a invertir en la compra de negocios de oportunidad, los cuales hacía prosperar, así como en la compraventa de bienes raíces, a principios de los años ochenta y en medio de una crisis que paralizó a México y con fugas de capitales históricas, Slim y su grupo denominado Carso realizaban inversiones fuertes en el país, y adquirieron varias empresas.[]

Carlos Slim ha mencionado repetidamente que en esta etapa del país recuerda por lo que pasó dificilmente su padre Julián Slim, cuando en 1914 y en plena Revolución Mexicana le compró a su hermano mayor el 50 por ciento restante del negocio que tenían en común, llamado "La Estrella de Oriente", creyendo así en México y en su destino. «Si mi papá, en plena Revolución, con el país sacudido, sin todavía tener familia, siendo extranjero y sin el arraigo que te da el tiempo, confió en México y en su futuro, cómo no iba a hacerlo yo», ha dicho Carlos Slim en algunas entrevistas.[]

Desde los años 80 ya era un empresario muy exitoso y uno de los más importantes de México. 1982 fue un año crítico en la historia del país. Con la crisis de deuda, la nacionalización de la banca y las finanzas del país prácticamente paralizadas, Carlos Slim y su Grupo Carso se propusieron invertir de forma intensa y activa, entre las cuales destaca Cigatam (Philip Morris México), fabricante de los cigarros Marlboro, la Hulera El Centenario, Bimex, Hoteles Calinda y Reynolds Aluminio, Grupo Financiero Inbursa, integrado por la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, Seguros de México y Fianzas La Guardiana, ambién compró: Artes Gráficas Unidas, Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, así como la mayor parte de Sanborns y su filial Denny's. Adquirió también la compañía Minera FRISCO y Empresas Nacobre, así como las empresas de neumáticos Euzkadi y General Tire.

En 1990 adquirió Telmex, junto con France Telecom de Francia y SBC Telecomunicaciones de los Estados Unidos, la única compañía que brindaba servicios de telefonía fija en México (que administraba el Estado hasta ese momento). Carlos Slim Helú compró Telmex, América Móvil, China Móvil, así como muchas otras cadenas de negocios nacionales e internacionales como aseguran, Sears, Liverpool y que está por adquirir Suburbia, quizás por ello es ahora el hombre más rico del mundo, y como dice la voz populli ya no tendría por qué robar, sino más bien el sí enfrentaría mejor al magnate, Donal Trump y México entraría a una nueva dinámica de desarrollo industrial.

Carlos Slim Helú, durante muchos años se ha identificado en forma natural con el PRI, por razones lógicas, pues un exitoso empresario nacional no puede ser enemigo de los presidentes en turno, y el comentario sobre esta posibilidad política rumbo al proceso electoral presidencial del 2018 proviene en este análisis político porque el PRI está desgastado y no tanto por los errores del gabinete presidencial o del propio Enrique Peña Nieto, sino porque nunca tuvo este gabinete un organismo de Comunicación Social fuerte sólido que aclarara los ataques y difundiera las buenas acciones gubernamentales nacionales, jamás tampoco tuvieron enlaces en comunicación social con los estados para difundir adecuadamente las reformas federales que le pegaron demasiado fuerte en las entidades por falta de información que provocaron fuerte crítica y rechazo, como fue la propia reforma educativa, muy a pesar del esfuerzo que hace Aurelio Nuño.

Hasta hoy vemos en la carrera por la presidencia a dos priístas nacionales fuertes que encabezan Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong como probables candidatos para el 2018, pero si el tricolor no quiere pasar tremendo susto en la reñida elección simplemente que designen a Carlos Slim, y podría ganar sin tanto desgaste.

¿QUÉ PASARÁ EN COLIMA EN EL 2018?

El proceso electoral estatal estará también reñido por los chilaquiles políticos o divisiones que dejó la pasada contienda por la gubernatura y se han observado en los diferentes partidos que no han logrado consolidarse, unirse internamente, aunque los dirigentes partidistas aseguran que están trabajando en la reestructuración de sus estructuras, pero no vemos ni observamos esto en los medios informativos y menos podemos asegurar que alguno de ellos sobresalga de todos.

Pero una cosa es muy cierta la mayoría de los partidos desde hace años abandonaron sus objetivos para lo que fueron creados, que era atender las causas o problemas sociales, inclusive varios miembros “busca cargos” de los partidos ya se acostumbraron a despertar y activarse solo en temporada electoral, y empiezan a llamar la atención mediante fuertes críticas a las tareas gubernamentales municipales o estatales, sin aportar nada a su región o al estado, ni hacer alguna obra de beneficio social, solo quieren estar en los medios informativos y después se anotan en la boleta electoral, y son varios identificados en cada partido, nada hacen en favor de la sociedad. ¿Podrá usted identificarlos?

Desde la Curul 26

Hacía rato que en el Congreso del Estado, no teníamos una jornada como la ocurrida el pasado jueves, donde hubo de todo, antes y durante la sesión ordinaria celebrada por los integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislatura.

Por un lado hubo una diputada que de plano ya no aguantó y arremetió en contra de sus compañeros de Legislatura, donde dio una exhibida destacando que la sociedad no demanda que se reduzca el número de diputados, sino que los que hay se pongan a trabajar.

Por otro lado vimos a un presidente de la mesa directiva, que avergonzado, porque las decenas de personas que se congregaron en el Congreso local, exigían el inicio de la sesión, la cual había sido convocada para las 11:00 horas e inició con hora y media de retraso, abrió la sesión pidiendo disculpas.

Vimos también como poco más de medio centenar de empresarios y trabajadores de éstos agrupados en el membrete de ¿Cómo Vamos? Colima,  regresaron nuevamente al Congreso a seguir tratando de hacer presión no solo para que ya sea presentado en el pleno el dictamen relativo a reformar el Artículo 41 U-Bis de la Ley de Hacienda del Estado, sino que  los diputados lo aprueben de una vez por todas y eso les dé la oportunidad de acceder a recursos provenientes del Impuesto Sobre la Nómina, hasta en un 5% del total, lo que significaría poco más de 12 millones de pesos anuales, si lograran convencer a todos los empresarios obligados a pagar ese impuesto.

Pero también durante la sesión pudimos observar a una Martha Leticia Sosa Govea, enojada, fúrica, fuera de sus casillas, bueno con decirle que me dio la impresión que estaba más fuera de sí en esta ocasión que cuando siendo presidenta de la Comisión de Gobierno Interno, al inicio de esta Legislatura, corrió (despidió) al entonces Oficial Mayor. Miguel Chávez Valencia “y a todo el personal que depende de él”, diría en aquél entonces.

Pero vamos por partes…

Primero hablemos de los pleitos que se están dando en Movimiento Ciudadano, donde ya no se puede ocultar el rompimiento que existe entre el coordinador de la comisión operativa estatal Leoncio Morán Sánchez y su diputada Leticia Zepeda, aunque ambos se nieguen a reconocerlo, pero que en los hechos ya cada uno anda volando por su lado.

La semana pasada Leoncio Morán Sánchez, dio a conocer la propuesta electoral de MC, y al preguntarle si la llevarían al Congreso a través de su diputada, dijo que no, sino que se entregaría a los 25 diputados, pidiéndoles que la hicieran suya.

Bueno pues ahora la diputada Leticia Zepeda Mesina, diputada única de Movimiento Ciudadano, convocó a rueda de prensa para dar a conocer su iniciativa de propuesta electoral, al preguntarle si sería complementaria de la dada a conocer por el dirigente de su partido, con todas las letras dijo que desconocía totalmente la propuesta del que aún es su partido Movimiento Ciudadano

La diputada Zepeda Mesina, dijo que desconocía la propuesta de reforma electoral del Partido Movimiento Social, aduciendo que “a mí no me han hecho llegar nada, ni me han buscado para que la presente (en el Congreso). La desconozco”.

Al insistirle si su propuesta era adicional o complementaria de la que dio a conocer el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, la legisladora Zepeda Mesina afirmó que “a mí no me han hecho llegar nada ni me han buscado para que la presente. Lo que sí puedo decir es que esta propuesta (la de ella), está consensuada, relacionada con lo que Movimiento Ciudadano a nivel nacional está proponiendo”.

Luego se fue contra los diputados…”poco trabajan”

Pero después al preguntarle si ella también propondría que se redujera el número de legisladores, sacó de su corazoncito todo lo que traía atotado, señalando que más que presentar una iniciativa para reducir el número de diputados en el Congreso del Estado, de lo que la gente se queja “es que los diputados no trabajamos; la gente no nos dice que somos muchos los diputados, sino que no se tienen los resultados que se deben de obtener como ciudadanos que son, no tienen un resultado efectivo por el pago que se nos hace a nosotros de la dieta”.

Ante eso la diputada de Movimiento Ciudadano dio la razón a lo que la gente dice, e indicó que presentará una iniciativa de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, “a fin de que los diputados se apliquen en su trabajo diario, que las comisiones trabajen, que por lo menos haya dos sesiones de trabajo en el pleno por semana”.

Dijo que en su iniciativa propondrá que las comisiones estén en permanente contacto con los diferentes entes para consensar todas las iniciativas. “Tenemos muchísimas iniciativas ahí atoradas, que no se sacan al pleno, porque no han sido realmente trabajadas, porque las comisiones, la verdad es que ustedes lo ven, poco trabajan”.

Y fue más allá: “necesitamos poner en el reglamento que las comisiones efectivamente se encuentren aquí, que sesionen por lo menos cada quince días, ya no digamos cada semana, pero sí que sesionen efectivamente y que haya una memoria de ese trabajo, que los ciudadanos inclusive puedan estar al pendiente de esas sesiones y de ser necesario puedan participar”.

Insistió que más que reducir el número de diputados, es el trabajo del legislador el que se tiene que acotar y eso va en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Coincidió con aquellas voces que señalan que hay legisladores que en lo que va de la legislatura apenas han presentado una iniciativa, entonces “eso lo vamos a plantear dentro de lo que es la Ley Orgánica del Legislativo”.

Se deben de unir todas las comisiones, porque éstas, todas, tienen un por qué y un para qué fueron creadas, sin embargo los temas no están siendo atendidos por los diputados, es lo que podemos observar.

Es necesario entonces, acortar en el lugar que corresponde, ese trabajo y que los diputados puedan rendir cuentas claras, e incluso poner que deben hacer un informe bimestral de las acciones que hicieron, es necesario.

“La verdad lo que observo es que tenemos muchas iniciativas que han sido presentadas y que no han sido trabajadas por las comisiones. Hay diputados que difícilmente han presentado una iniciativa y no hay ninguna penalización al respecto, ni siquiera en forma simbólica, y tampoco está plasmado, hay que decirlo con claridad, en la Ley Orgánica”, señaló Zepeda Mesina.

Incluso Leticia Zepeda, dijo que a todos los humanos “lo que más nos duele es el bolsillo, entonces si no se sesiona, no rindes cuentas sobre tu comisión, no presentas ninguna iniciativa, si no se ve un trabajo legislativo efectivo, yo creo que sí debería de haber un descuento en la dieta, por incumplimiento de trabajo”.

Y anticipaba que en breve entregará la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y poner a trabajar a todos los diputados…

La disculpa…

Hay que señalar que este jueves el Congreso volvió a registrar poco más de la mitad de su cupo, pues por un lado acudieron los liberales, para que a través del diputado Federico Rangel se presentara un punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados, que el 21 de marzo, fecha del natalicio del Benemérito de las Américas,  sea festivo, y no como ocurre actualmente que cada tercer lunes del mes de marzo se “celebre” el natalicio de Benito Juárez.

Pero a ese grupo de liberales se empezaron a unir los de ¿Cómo Vamos? Colima, que aunque esta vez movilizaron menos gente si acudió poco más de medio centenar, encabezados por su presidente José Zarco Quintero, así como por su secretario, Guillermo Brun y por Mario Moncada, de la Coparmex.

Como llegaron aproximadamente a las 10:30 horas y la sesión no inició puntual, tuvieron oportunidad de platicar con Leticia Zepeda, que estaba en su curul esperando el inicio de la sesión, y les dio el pitazo de que habían bajado del orden del día el dictamen de reformas a la Ley de Hacienda del Estado.

Los empresarios de inmediato se movilizaron y para que vieran quién tiene el poder, las empresas y el dinero, en cuanto supieron que no se abordaría su tema en la sesión mandaron elaborar una lona con la leyenda “Nos retiramos, ¡LOS DIPUTADOS NO CUMPLIERON!”.

Platicando entre ellos, dando una que otra entrevista a los representantes de los medios, los empresarios insistían en que los diputados deben no solo sacar ya el dictamen de reformas a la Ley de Hacienda del Estado, sino hacerlo de manera favorable que les permita acceder a los recursos que debieran pagar los empresarios del Impuesto Sobre la Nómina, que se los den a ¿Cómo Vamos? Colima y con ello estar en condiciones de poder fiscalizar al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos, que firmaron el compromiso

A las 12:26 horas, luego de tres llamados previos por parte del presidente de la mesa directiva del Congreso, J. Guadalupe Benavides, para que los diputados tomaran sus lugares en el recinto, por fin abrió la sesión, pidiendo disculpas: “Una disculpa por iniciar una hora 30 minutos de retraso, por respeto al auditorio, al mismo Congreso, agradezco a las y los diputados que están presentes desde la hora oportunamente convocados”, diría Benavides Florián, al arrancar los trabajos de la sesión.

Se lee el orden del día y los empresarios corroboran que no se abordará el tema que tanto han estado insistiendo, y es que ellos daban por hecho de que sí se trataría en la sesión de ese jueves, por eso hubo algunos que se acercaron a los legisladores para decirles “nos vamos porque ustedes no cumplieron su palabra”.

Los empresarios estaban molestos, se veía en su rostro y es que les urgen que salga ya a la discusión del pleno la iniciativa de reforma del artículo 41 U-BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.

Los empresarios que habían comenzado a llegar desde las 10:30 horas, y fue hasta después de las 12:30 horas, cuando confirmaron la decisión del Congreso de no incluir el dictamen que esperaban, empezaron a movilizarse para abandonar el recinto.

Antes de dejar el recinto Guillermo Brun Solórzano, empezó a desplegar una lona con esa leyenda de “Nos retiramos, ¡LOS DIPUTADOS NO CUMPLIERON!”, querían dejar patente el incumplimiento de los legisladores por debatir esta iniciativa, que los medios tomaran sus placas, ellos hicieron lo propio, tomaron fotografías para empezar a difundirlas a través de las distintas redes sociales, y señalaban que ya analizarán qué medidas van a tomar “pero nos vemos en el 2018”, advertían algunos…

Los enojos de Martha… Legislatura de palo

Mientras los empresarios se tomaban fotos y daban entrevistas a través de Guillermo Brun, en el pleno la sesión continuaba y cuando se ponía a consideración la síntesis de comunicaciones, subió la ex coordinadora del PAN, Martha Leticia Sosa Govea, para solicitar “se nos entregue a la diputada Norma (Padilla Velasco) y a su servidora  copia de las iniciativas correspondiente a los puntos 21 y 22 que aparecen en la síntesis”.

Aquí el presidente de la mesa directiva J. Guadalupe Benavides, instruyó a la Secretaría dar trámite a la petición de la diputada Sosa Govea, luego se ponía a votación y se aprobaba por unanimidad.

Se desarrolló la sesión y llegó a Asuntos Generales, donde Martha Sosa, se inscribió para participar con tres asuntos, el primero para plantear una iniciativa para proteger a las menores de 14 años que sean embarazadas y se apliquen sanciones.

El segundo era para hacer un exhorto a la Comisionada presidenta del INFOCOL, y como el coordinador del grupo parlamentario del PRI, subió a decirle que no había los argumentos para aprobar ese exhorto ya que aún no se cumplen los plazos fijados por ley, ahí fue cuando de plano estalló la diputada manzanillense.

Primero dijo que ésta parecía una legislatura de palo, después  acusó al Director de Procesos Legislativo, de “haber hecho llegar información al propio INFOCOL  para decirles que pretendía hacer un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta comisionada que hiciera su trabajo, es lo que estamos haciendo, en todo caso que ella venga y conteste todo lo que usted vino a decirnos aquí, diputado (refiriéndose a Federico Rangel)”.

“Que si ella tiene elementos de juicio que desvirtúen la llamada de atención lo tiene que decir, pero no de aquí de Procesos Legislativos, hicieron la llamada a la presidenta y a los comisionados para que empezaran a mover sus comunicaciones y les advirtieran de lo que venía. ¡Qué pena!, ¡qué poco profesionalismo!, ¡qué nulo profesionalismo! se tiene por parte del licenciado Juan Pablo y de su equipo de trabajo”, expresaba Martha Sosa

La ex coordinadora del PAN estaba enojada, fuera de sí y seguía reclamando: “hace un rato, desde que se leyó aquí la síntesis de comunicaciones pedimos una información y es hora que no nos dan la información a la diputada Norma (Padilla) y a mí. Y todavía la mandamos pedir y nos dicen “…es que la tiene el oficial mayor, yo no la tengo”, ¡ah caray!, cómo es que hacen la síntesis de comunicaciones recibidas si no tienen en sus manos (los documentos) para poder acreditarlo”.

La diputada manzanillense estaba enojada y prácticamente gritaba desde la tribuna: “¿de qué se trata? ¿De colusión de funcionarios?, có-mo  es  po-si-ble que recurran a estas estrategias… ustedes podrán rechazar este punto de acuerdo… ¡pero ya vendrá la presidenta el próximo año!”, retaba Sosa Govea.

Después el coordinador de los diputados priístas Federico Rangel subió a tribuna a decirle que era fácil “lanzar epítetos y sentirnos lo impolutos, y decirle que no hay una legislatura de palo aquí” y luego recordaba la frase de Benito Juárez “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”, frase expresada el 15 de julio de 1867 al triunfo de la República, cuando los conservadores y el imperio de Maximiliano Habsburgo.

“Yo creo que el respeto es fundamental, sobre todo en la práctica legislativa y en la vida cotidiana. No hay legislatura de palo, somos gente que actúa en consonancia con ideales y con visión y qué mal también que en un momento dado se impute a un funcionario una responsabilidad de esa forma. Yo creo que hay que tener los elementos suficientes para hacer un comentario de esa naturaleza”, dijo Rangel Lozano.

Pero Martha estaba enojada…

Como se sometió a votación y apenas logró 9 votos, se desechó el punto de acuerdo planteado por Martha Sosa, a quien aún le quedaba un tema más, y volvió a la carga.

“Recojo mi documento y le pido al Oficial Mayor que regrese el correo electrónico que se le envió, electrónicamente con la versión de que contestamos el punto de acuerdo correspondiente, ahí está la prueba de que tuvieron la información e hicieron uso indebido de ella.

“Finalmente voy a entregar a los secretarios de la mesa directiva el siguiente oficio: La suscrita y los demás integrantes del Partido Acción Nacional, hacemos del conocimiento de esta asamblea, de lo siguiente:

“En la presente sesión se solicitó a las 12:30 horas al Director de Procesos Legislativos de este Congreso, para que nos proporcionara una copia de dos de los documentos enunciados en la correspondiente síntesis de comunicaciones y es el momento, han pasado casi cinco horas de la solicitud, que no se ha recibido dichos documentos, con el argumento de que el Oficial Mayor, solo le proporcionó al Director de Procesos Legislativos, el tema para ser incorporado a la síntesis de comunicaciones, mas no los documentos que estos lo integran”.

Sosa Govea estaba fúrica, y decía que con eso se demostraba “el poco profesionalismo del Director de Procesos Legislativos, Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández, elabora su trabajo. Que no es posible que entreguen una síntesis de comunicaciones, cuando no tiene los documentos que le dan soporte a la misma”.

“No podemos estar recibiendo una síntesis de comunicaciones, donde no sabemos si el documento que la soporta existe o está descrita en el sentido que la contiene, pues al carecer de documento, no debería de estar enlistada, ni tampoco tendría por qué el Oficial Mayor, obstruir el trabajo de esta Dirección de Procesos Legislativos”, decía Martha Sosa.

Y enseguida señalaba que en esa tesitura, solicitaba al presidente de la comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para que ponga orden y se consideren los trabajos legislativos con más profesionalismo, respeto y orden.

Martha Sosa le pedía a  Nicolás Contreras, como presidente de la Comisión de Gobierno Interno, instruir al Oficial Mayor, Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, aplique las sanciones al personal de este Congreso y se le imponga un extrañamiento verbal y escrito al Director de Procesos Legislativos, por no cumplir con las funciones que tienen conferidas en el reglamento de la Ley Orgánica”.

 

 La ex coordinadora del PAN estaba enojada y quería ver correr sangre, por eso nunca reparó que cuando ella pidió los documentos al presidente de la mesa directiva, J. Guadalupe Benavides, instruyó a la Secretaría “dar trámite a la petición”, y creo que los secretarios cumplen las encomiendas una vez que concluye la sesión.

Creo que la diputada Sosa, si hubiera solicitado que a través del Oficial Mayor, en ese mismo momento les entregaran los documentos, ahí hubiera sido la cosa distinta, pero no, me quedó la impresión que la Diputada Sosa Govea, tiene algo que quiere cobrarle al director de Procesos Legislativos, y esto solo fue el pretexto.

 

Para cerrar…

**Déjeme comentarle que este lunes a partir de las 8:30 horas habrá la ceremonia mensual del Congreso del Estado; debió haberse celebrado el pasado lunes 1 de mayo, pero como fue inhábil, será hasta hoy cuando se realice la ceremonia cívica… ya le platicaré cómo se pone, y cuántos diputados acuden.

**Le comento también que hoy a las 10:00 horas los diputados Nicolás Contreras, Javier Ceballos y Luis Ayala, de la fracción “Nuestro Compromiso por Colima”, ofrecerán rueda de prensa en la Sala de Juntas“General Francisco J. Múgica”.

**A las 11:00 horas allá en la Casa Ciudadana, sede del Partido Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán también ofrecerá rueda de prensa, ya le diré que temas abordó.

Finalmente para concluir comentarle que esta tarde a partir de las 18:00 horas, en el Salón Gobernadores, de Palacio de Gobierno, se iniciarán los trabajos  para la conformación de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, que es algo por lo que hemos venido luchando quienes conformamos el gremio periodístico organizado del estado.

Y para cerrar la columna solamente decirle que el pasado miércoles 3 de Mayo, por primera vez, los periodistas del estado, celebramos el Día Estatal del Periodista, siendo la primera ocasión que lo hicimos luego de que el Congreso del Estado, aprobó el decreto 221 el 8 de diciembre de 2016.

Paracaídas

Se celebró hace unos días, por primera vez en nuestro estado, el Día del Periodista Colimense, que auguró la conformación, que iniciará el próximo 8 de mayo, de una Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, que supongo  estará regida por la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Colima, que fue publicada en 2012,  durante la administración del ex gobernador Mario Anguiano. En esta ley ya se prevén los aspectos más importantes del ejercicio periodístico, su definición, sus ámbitos de alcance, los derechos del periodista y las obligaciones que el Estado tiene con él. Se define, por tanto, el tema del secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre y preferente acceso a las fuentes de información, los derechos de autor y de firma, la capacitación, las sanciones (en caso de que se violen por parte del Estado algunos de estos derechos) y, por supuesto, el de la seguridad, que establece “el derecho a los periodistas a solicitar protección a su persona, familia y bienes, previa denuncia ante las instancias correspondientes, en los casos de amenazas o de presunto riesgo”. Esta Ley está completa y más que crear más comisiones y comisionados (que siempre tendrán la venia del gobernador y, por tanto, responderán a sus intereses) lo que necesitamos los que nos dedicamos al análisis político, social y cultural de nuestra entidad, así como a transmitir información general de la misma, es que esta ley se aplique de forma justa y sin hacer distingos entre aquellos medios de comunicación y periodistas que son clara comparsa del gobierno del Estado (como Diario de Colima,Ecos de la CostaAFmediosColimaNoticiasEl Mundo desde Colima, etcétera), gracias a lo cual reciben privilegios de todo tipo (incluidos sus colaboradores) como aquellos otros medios y periodistas que son críticos con la tarea gubernamental y que, de conformarse esa Comisión anunciada, no gozarán por supuesto del beneficio de formar parte de ella. No se requiere, pues, cambiar nada para quedar peor de como ya estamos quienes buscamos desvelar las mentiras del estado y buscar la verdad en beneficio del bien común, a fin de que progresemos como sociedad, sino que esta Ley que ya existe se aplique tal cual se aprobó, de tal forma que el ejercicio periodístico se pueda realizar sin represalias de ningún tipo por parte del Estado ni tampoco éste, por supuesto, utilice su poder para cooptar conciencias  a través de beneficios económicos u otro tipo de brevas. Es sabido, por ejemplo, que detrás del guiñapo en el que se ha convertido el periódico Ecos de la Costa está, desdichadamente, el mismo secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa,  quien incluso tiene las manos metidas en el tema sucesorio del rotativo, como si el Estado fuera una empresa privada que se pudiera utilizar para fines igualmente privados. Insisto: se trata de utilizar la Ley para dignificar la labor periodística y a los periodistas mismos, cuidándoles su integridad física y moral, no para aglutinar en una Comisión a una camarilla de periodistas o pseudoperiodistas aliados al gobierno para que les sirvan a éste de cófrades cuando suceda una tragedia, que esperemos jamás tengamos que lamentar.


rguedea@hotmail.com

@rogelioguedea  

www.rogelioguedea.com 

Análisis Político

¿Colima es violento pero seguro porque es habitable por el buen orden público? Es una contradicción, la percepción ciudadana sobre si Colima es violento pero a la par se vive con seguridad y orden público es un tema que nos confunden por las estadísticas oficiales de seguridad pública federal contra otras estadísticas de organismos nacionales que miden el orden público, el turismo y la gobernabilidad, estos disparates ocurren no únicamente en Colima si no en todo el país.

Independientemente de este desgarriate estadístico oficial la diferencia de valoración se basa más bien en posturas política y no técnicas, pues los partidos sobre todo y sus miembros sus críticas dependen más bien de su filiación partidista del alcalde, del gobernador o del presidente del país, igualmente los medios informativos, los comunicadores y analistas tenemos diferentes puntos de vista y los medios tienen mayor impacto social y pueden direccionar la percepción bien o mal sobre la seguridad u otro tema, cuando la realidad sea otra, los responsables no se ponen de acuerdo como medir los estudios técnicos de percepción real mediante encuestas profesionales.

LA SEGURIDAD SE MIDE POR EL ORDEN PÚBLICO

Los países tienen diferentes métodos técnicos para medir la seguridad pública y ninguno tiene el mismo formato, aún cuando se sustenten basándose en los principales indicadores que son precisamente los homicidios dolosos, pero hay otros como los secuestros, los robos con violencia, varios toman de base el orden público y la gobernabilidad y por el número de policías que deben tener según su población, la ONU afirma que deben existir tres policías por cada mil habitantes, en México y más aún en Colima esto no se cumple. Los estados han descuidado y rezagado este tema durante años así se atrevió a declarar el actual Secretario de Seguridad en el Congreso para que este le autorice más policías.  

Pero la mejor medición es la del sentido común, porque nadie puede negar que en la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua los hoteles y los lugares frecuentados por el turismo nacional estuvieran abarrotados, y tampoco podemos negar que la vida de las ciudades del estado se lleven con normalidad en el trabajo, en las escuelas, a pesar de que algunos medios informativos traen toda la carga publicitaria en temas de seguridad pública ya que es parte de la mercadotecnia, es lo que más venden y se difunde en redes sociales.

Los medios nacionales acaban de ubicar a Querétaro, Monterrey, Mérida y Colima como las ciudades más habitables del país, las cuatro destacan en un primer grupo por la mejor percepción que tienen 28 mil ciudadanos entre ellos también colimenses, pues expresaron al ser consultados por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), para integrar el Índice de Calidad de Vida (ICAV). Colima es una entidad con buen nivel de vida y quieran o no reconocer, es tranquila, y muy a pesar de las muertes entre las bandas criminales.

EL GOBERNADOR EN DESACUERDO CON LA EVALUACIÓN ESTADÍSTICA

El gobernador Nacho Peralta Sánchez, atinadamente declaró su desacuerdo con los métodos de evaluación sobre la seguridad pública por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), al señalar este organismo que Colima es una de las entidades del país más violentas del país, tomando de base a homicidios dolosos, pues aunque es costumbre oficial medir así, tiene razón el mandatario estatal porque no existe un contraste con la realidad y la medición es obsoleta en relación a otros países.

El gran problema es que México entró a modernizarse, hizo varias reformas en materia de seguridad pública federal y en los estados con los famosos juicios orales, se ampliaron los derechos humanos, pero dejo intacta la forma técnica de calificar o evaluar los índices de seguridad pública y de justicia por las instituciones, quedando este tema rezagado por lo que es diferente a muchos países, ya que los indicadores son diferentes.

UN FACTOR EXTERNO PUEDE DISPARAR LA ESTADÍSTICA

Al cambio de la administración estatal argumentan los grupos políticos partidistas que se disparó la estadística de homicidios dolosos en los municipios y la culpa la tiene fulano o perengano, pero los registros señalan que la escalada proviene desde hace cerca de diez años y se dejó sentir al cambio de los gobiernos municipales y del estado, y quizás esto se deba a la llegada de las organizaciones criminales por el auge del puerto de Manzanillo, y vale la pena repetir aquí algunos párrafos que ya fueron publicados en algunos periódicos y se relacionan a lo que se atrevió a declarar a los medios el Secretario de Seguridad, Francisco Javier Castaño en una ceremonia con todos los policías estatales reunidos al inicio de su gestión como nuevo Secretario, les dijo; “ Les advierto que venimos a trabajar por el bien de Colima, si alguno de ustedes está con los malosos, con la maña, mejor retírese de una vez ya porque saldrán perjudicados, los estaremos vigilando permanentemente su actuar diario y les advierto también, para los malosos delincuentes no hay pactos, para ninguna organización criminal, todas deben salir, hay piso parejo, debemos detenerlos o sacarlos del estado pues nos damos cuenta que la mayoría de estos que hemos agarrado o caen muertos en enfrentamientos son de otros estados no son colimenses, vienen a delinquir debemos redoblar esfuerzos con los recursos que tenemos”

Volviendo al tema, el Procurador de Justicia fue más claro en los errores estadísticos al evaluar hipotéticamente a Ixtlahuacán señalando que si lo medimos de un año a otro, si en 2015 no hubo un solo homicidio y en 2016 hubo un criminal fuereño que se escondió allí y lo mataron en ese lugar, entonces la estadística que se aplica aumenta al 100%, nos indica erróneamente así que el municipio es violento a pesar que sus habitantes vivan en calma.

Por todo lo anterior la Secretaría de Gobernación debe ponerse las pilas también para tener una mejor metodología para evaluar en forma más precisa y contextualizada, porque de otra forma, la evaluación es errónea, pues Colima no puede ser el más inseguro o violento pero a la par, es el más recomendable para habitar o vivir. ¿Qué disparate?

Tarea Política

La mayoría de ex gobernadores priistas de Colima, no todos, salieron del cargo con sus patrimonios personales, familiares y de prestanombres, incrementados “setenta veces siete”; es decir, a la ‘n’ potencia. Hubo uno que tuvo el descaro de presumir que en seis años se había hecho más rico que los señores Brun en 100. Aunque todos pecaron en arca abierta, sólo a Jesús Silverio Cavazos Ceballos y a Mario Anguiano Moreno los peraltistas les han cargado todas  las pulgas, incluidas supuestas ligas con el crimen organizado que sentó sus reales en Colima durante el reinado de Elías Zamora Verduzco.

Cuando los peraltistas fustigan a Cavazos Ceballos por las trapacerías que cometió con su pandilla en perjuicio de los colimenses, pasan por alto que los integrantes de la misma pertenecieron a la de su paisano Gustavo Alberto Vázquez  Montes, a ninguno de los cuales, por cierto, la autoridad les ha hecho regresar al erario público municipal un centavo  partido por la mitad, mucho menos privado de su libertad. Los muertos se fueron al pozo y los vivales de sus parientes y prestanombres al gozo.

El compromiso públicamente asumido por José Ignacio Peralta de entambar a las presuntas  ratas del anguianato y quitarles los cientos de millones de pesos que se sospecha les robaron a los colimenses quedó en mera bravata de campaña electoral. Si los silveristas ya chingaron, los maristas también. Y como siempre, el pagano vuelve a ser el noble y aguantador pueblo colimense al que los dueños de lo que resta del PRI le quieren hacer justicia en los bueyes de sus compadres ex gobernadores de otras entidades de la República como Tamaulipas y Veracruz, por ejemplo. Antes de que lleguen a ajusticiar a MAM deben rodar las cabezas de por lo menos otros tres o cuatro exgobernadores priistas.

En Colima no hay exgobernadores ladrones qué perseguir, sino honrados ex servidores públicos que supieron hacer muy buenos negocios, principalmente de naturaleza inmobiliaria, desde el cargo que en mala hora para Colima ocuparon. Ellos ahorraron como hormiguitas mientras que a las chicharras se les fue en cantar y criticarlos.  Lo mismo aplica a los ex rectores de la Universidad de Colima amparados en la sacro santo manto de la autonomía que son dechado de virtudes como la providez, la honestidad y el manejo escrupuloso y transparente de los recursos que el pueblo le aporta a la educación superior que se supone gratuita para quienes la reciben.

Porque así lo ha derminado el sistema, en Colima no hay ni ex gobernadores ni ex rectores corruptos, mucho menos los actuales José Ignacio Peralta y José Eduardo Hernández, respectivamente.  Y si las cabezas están libres de pecado cuantimás los miembros de sus respectivos equipos. Como los peraltistas ya se convencieron de que resulta ocioso y al final del día contraproducente continuar marreando sobre el tema de los latrocinios al presupuesto estatal que aseguran cometieron  Mario Anguiano Moreno y su gavilla, lo han dejado de lado.

Todo fue pura faramalla para distraer al respetable y no fuera a acusar al gobierno de José Ignacio Peralta de incompetencia política y administrativa, lo que de todas maneras ha sucedido.  La mejor prueba de ello es que a pesar de llevar ya diez meses en el control mayoritario de Congreso del Estado, nada en serio y a fondo ha concretado para recuperar los cientos de millones de pesos que se sabe pasaron de los bolsillos de pueblo de Colima a los de Mario Anguiano Moreno y Cía., mucho menos para presentarlos ante la señora Justicia. En lugar de eso el PRI abanderará a varios de ellos como candidatos a cargos de elección popular en los comicios de 2018. Al tiempo.

EL ACABO

Los  silversitas y anguinistas incrustados en la administración estatal peraltista y en Delegaciones Federales son una prueba más de que todos se tapan con la misma cobija tricolor de la corrupción y la impunidad. ¿O no?

La risa que al ex gobernador veracruzano, Javier Duarte De Ochoa, le provocó su aprehensión en Guatemala, puso en evidencia su ‘arreglo’ con Enrique Peña Nieto y Cía., a quienes todos los chiles les embonan , acallando las campanas que el alto mando priista nacional había lanzado  al vuelo para celebrarla.

“La detención de Duarte no pudo realizarse antes porque no existía una solicitud de las autoridades mexicanas”: Thelma Aldana Hernández, Fiscal General de Guatemala. Sin comentarios.

Para el diputado PRI-dependiente,        Nicolás Contreras Cortés, “la autoridad no está cumpliendo ni generando las condiciones para que haya un estado seguro, la ciudadanía está molesta ante los resultados que se han tenido en el combate a la delincuencia, y la población no tolera los riesgos a los que se están enfrentando. Son los tres órdenes de gobierno, pero a nivel local debe ser el Procurador, el Secretario de Seguridad o el mismo gobernador debe darnos una explicación para saber qué es lo que está sucediendo en Colima y desde el Congreso local en qué podemos apoyar”. ¿Lo están oyendo, inútiles?

Estación Sufragio

Me queda claro, si alguna intención tiene el gobernador Ignacio Peralta de cambiar al secretario de Educación, la decisión se ha venido postergando para no dar la impresión de que le cumple el capricho a su tío. En el Diario de Colima se pide un día sí y otro también la renuncia de Oscar Javier Hernández Rosas, pero ni éste la presenta ni el mandatario estatal se la exige para no que se piense que JIPS acata órdenes de los parientes.

Fuera del estado, más de algún observador de la realidad política en Colima debe suponer que Hernández Rosas ha durado en el cargo porque Nacho Peralta no quiere tener una nueva confrontación con su antiguo aliado político y roomate, José Manuel Romero Coello, director general del Instituto Nacional de la Juventud.

Junto a la subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Mely Romero Célis, y la presidenta del Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), Ximena Puente de la Mora, el titular del Imjuve es el colimense con el más alto cargo en la administración federal. Y como un político con proyección nacional, Romero Coello es un aspirante natural a cualquiera de las candidaturas del PRI a los cargos de elección popular que se disputarán en 2018 en Colima.

Resultaría comprensible, entonces, que José Ignacio Peralta Sánchez no quisiera provocar un conflicto mayor con alguien con quien ya rompió personalmente, aun cuando no falta en los corrillos políticos quien asegure que el pleito entre Nacho y Romero fue fingido.

En Colima, donde la gente tiene información actualizada sobre quién fue novio de la hija de quién pero ya no lo es, o quién no le contesta más el teléfono a quién, hasta los ideólogos de café saben que es el distanciamiento entre José Manuel y Oscar Javier lo que no se simula.

Si bien es verdad que Hernández Rosas llegó a la SE como una posición de Romero Coello cuando todavía no se producía el rompimiento con Peralta, también es cierto que Oscar Javier cabalga por su lado.

Fue una mala inversión. Por los servicios prestados como coordinador de la campaña para la elección extraordinaria a Gobernador, José Manuel pudo haber negociado la incorporación al gabinete de dos o tres perfiles valiosos, en posiciones de primer o segundo nivel.

Seguramente José Manuel cometió un error al negociar como un favor personal la cartera de Educación para Oscar Javier, porque como podría haber escrito Donald Trump en su manual de negociación, se la vendieron muy cara.

Se dice que Ignacio Peralta estaba renuente a la petición de Romero Coello porque lo habían convencido de que Hernández Rosas dio malos resultados como operador electoral en la contienda ordinaria. En esas circunstancias, Oscar Javier sólo contaba con la recomendación de José Manuel.

El capital político de Hernández Rosas es limitado, no fue líder magisterial (buscó ser secretario de la Sección 39 pero la perdió contra Nicolás Contreras, quien en esa época se asumía como la continuidad del proyecto sindical de Federico Rangel) ni tampoco consiguió llegar a la SE en su primera intentona, cuando el gobernador en turno (Mario Anguiano) prefirió a Guillermo Rangel Lozano.

Medir fuerzas con los hermanos Rangel desde la dirección del Instituto Estatal de Educación para Adultos, tuvo graves consecuencias para la carrera de Oscar Hernández en el sector educativo. Literalmente fue defenestrado por el anguianismo y quien lo rescató fue José Manuel Romero, que se lo llevó de asesor al Imjuve.

En ese momento, por cierto, formaban parte del staff del director del Instituto dos colimenses que hubieron de buscar refugio en la ciudad de México cuando los dejaron en la banca en su tierra. Luego, esos dos se integrarían al gabinete del gobernador de Colima: JIPS invitó a Oscar Javier a la secretaría de Educación y designó a Héctor Gerardo Munguía García como secretario de la Juventud. Unos meses después este último se hizo cargo de la Secretaría Particular para tratar de resolver los graves problemas de agenda que se le presentaban (y se le siguen presentando, según algunos) al mandatario.

La relación de Romero con Oscar Javier empezó mucho antes. Hernández Rosas fue coordinador de la campaña de José Manuel a la diputación local por el primer distrito, y se le atribuye a su capacidad de planeación que el PRI pudiera recuperar una curul que tenía 15 años en manos del PAN.

Aunque ya no había posibilidades de que fueran familia, Romero Coello y Hernández Rosas hicieron una buena mancuerna laboral y política. Parecía una amistad sólida. Pero cuando sobrevino el affair en el que Ignacio Peralta acabó denunciando en los medios que José Manuel se quedó seis meses a vivir en el departamento del entonces subsecretario de Telecomunicaciones de la SCT cuando la petición de asilo fue por una semana, la relación vino a menos.

De pronto, Oscar Javier ya ni le tomó el teléfono al joven funcionario federal que se había convertido en su padrino político. “En 10 minutos te regreso la llamada”, le dijo una vez que José Manuel le marcó a su celular. Eso fue en diciembre de 2016 y hasta abril de 2017 el director del Imjuve ha estado esperando.

Muchos dicen que Oscar Javier tiene los días contados como secretario de Educación. Se espera que el cuete truene el primero de mayo, cuando los maestros del estado (SNTE 39) buscarán que Hernández Rosas pague por las decisiones que tomaron los funcionarios del gabinete económico de retener (y no devolver completamente cuando los sindicalizados protestaron) el impuesto sobre la renta por concepto de aguinaldo y otras prestaciones. Si el secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, es el funcionario más fuerte del gabinete, el titular de la SE evidentemente no lo es.

Que Oscar Hernández sobreviva o no al sacrificio, ya no depende de Romero Coello. Cuando se percató que había un alejamiento entre Nacho y José Manuel, el secretario de Educación quiso jugar su resto y se lanzó a un protagonismo que, probablemente, resultó excesivo. La alternativa era mantener un bajo perfil o alzarse en el horzonte. Optó por lo segundo y se convirtió en el blanco de severas críticas que poco a poco lo han ido minando.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

 

Paracaídas

El líder más visible de la organización ¿Cómo vamos, Colima?, Guillermo Brun, está realmente incordiado porque no consigue del Congreso del Estado la aprobación a la iniciativa de Ley enviada por el gobernador del Estado, Nacho Peralta, para poder obtener (vía el impuesto sobre la Nómina) muchos millones de pesos anuales a fin de que su organización pueda fiscalizar las cuentas del Estado.

Hace unos días, incluso, amagaron a los legisladores (plantándose frente al Congreso con otro grupo de empresarios igualmente interesados en sacar partida de esta medida legal) para exigir que se le resuelva a favor la mencionada iniciativa, a la cual yo personalmente no me opondría si ese dinero obtenido del impuesto sobre la nómina fuera destinado a causas más nobles, como a desayunos y becas escolares, arreglo y equipamiento de escuelas, profesionalización docente, etcétera, y no a un grupo de empresarios, comandados por Brun, que lo utilizarán para hacer la labor que instituciones debidamente establecidas (como el Osafig) ya hacen y con repercusiones legales importantes.

Esta organización, espuria y que tiene todo el rechazo de la sociedad, le quiere vender la idea a la ciudadanía (tal como hicieron los españoles con los espejitos) de que con ese dinero que obtendrán van a fiscalizar las cuentas del gobierno, para luego darnos su reporte (que no tienen ninguna fuerza legal) y nosotros como ciudadanía sepamos cómo vamos en Colima en términos de corrupción, transparencia, salud, seguridad, incluso hasta en educación.

Si bien esta es también una forma en que el gobernador del Estado, Nacho Peralta, les pagará los favores que recibió de esta organización durante su campaña (de ahí que haya enviado esta desorbitada iniciativa), es totalmente injusto que la sociedad colimense tenga que pagar (porque eso es realmente lo que es, así se empeñen en decir que va vía impuestos sobres la Nómina y demás) los compromisos políticos y los intereses económicos de esta ilegítima organización.

Si tanto interés tuvieran Guillermo Brun en ayudar a la población que padece hambre, inseguridad y desempleo, entonces que de su propio dinero (que no es poco) solventen esa organización o cuando menos lo utilicen para exigirle a las instituciones establecidas para desempeñar tal función (como el mencionado Osafig) que cumplan a cabalidad con su tarea.

Pero no se puede esperar eso pues hay antecedentes de que usan sus privilegios (económicos y, por extensión, políticos) para obtener beneficios que un ciudadano común no podría.

Por ejemplo: a mi correo electrónico llegó un documento (enviado por un ciudadano que pidió anonimato para evitar represalias) en donde se constata que Guillermo Bruno (él es quien firma la petición precisamente dirigida a Nacho Peralta, entonces presidente municipal de Colima) obtuvo permiso para el espacio aéreo (espacio que es de los ciudadanos) que ocupa La Marina San Fernando y para lo cual sólo paga en especie un local comercial que usa el municipio para trámites administrativos.

Quisiera saber qué pasaría si yo compro dos casas (una enfrente de la otra, con una calle de por medio) y luego le pido al Ayuntamiento que me permita conectarlas por arriba para evitarme la pena de cruzar la calle, tal como hicieron los dueños de La Marina. ¿Me lo permitirían?

A raíz de una publicación que hice de esto en Facebook, muchos ciudadanos se manifestaron no sólo en contra de esta organización, sino que también refirieron otras situaciones de similar tipo cometidas por Guillermo Brun y familia (como el caso Altozano, etcétera), que las autoridades correspondientes deberían verificar.

Nada bueno indica, pues, que esta organización se quiera ahora erigir como juez de la transparencia y la rendición de cuentas cuando hay evidencias claras de que sólo se quiere conseguir el beneficio de un grupo de personas, respaldados por otro grupo de empresarios que podrían igualmente salir beneficiados con esos donativos, pues en nuestro país la corrupción ha permeado sobremanera el sector empresarial también.

Yo apelo desde aquí a los legisladores a que sean claros y contundentes con esta resolución: no pueden sentar un precedente de este tipo porque la ley es muy clara y siempre atiende al bien común, no a un grupo de personas a las que lo único que les interesa es conservar (y agrandar, incluso) sus privilegios.

Desde la Curul 26

Tal y como estaba previsto el pasado lunes la organización “¿Cómo Vamos?, Colima”, salió a mostrar su “músculo” y llenó la butaquería del recinto del Poder Legislativo, para que los diputados se dieran cuenta que los empresarios también saben, pueden y tener el poder para movilizar a sus gentes, a sus empleados, más cuando se trata de exigir recursos económicos.

Yo no sé cuántos de los 200 o 300 que asistieron al recinto legislativo, fueron realmente convencidos de que es necesario que el Congreso del Estado, apruebe la reforma al artículo 41 U BIS de la Ley de Hacienda, para que le permita a la organización ¿Cómo Vamos? Colima, acceder hasta a un 5% de los recursos que se captan del Impuesto Sobre la Nómina, supuestamente para realizar ellos, los patrones, los empresarios, una supervisión, mediante auditorías de la actuación del Gobierno del Estado en las áreas de Educación, Salud, Seguridad Pública, y Despacho del Ejecutivo, donde va incluido el aspecto del manejo de las Finanzas.

Y también realizar las acciones de fiscalización de las administraciones municipales que accedieron, firmándoles un documento a ¿Cómo Vamos? Colima, para que los fiscalicen en los mismos rubros que al Ejecutivo estatal.

¿Cuál es el argumento, del por qué ellos quieren auditar a la administración estatal y a los municipales, cuando no tienen sustento legal, ni ningún tipo de reconocimiento?, lo que han esgrimido los patrones no tiene paragón: “porque la gente no les tiene confianza a los entes que auditan al gobierno, ni nosotros tampoco”, dijeron.

Los empresarios saben que no tienen ningún sustento legal, lo que ellos están proponiendo o tratando de hacer, salvo el regresarse para sí los impuestos que ellos le entregan al gobierno; en consecuencia los 8, 10 o 12 millones anuales que les represente el 5 por ciento de los recursos del Impuesto Sobre la Nómina, a que pretenden ellos acceder sería dinero tirado a la basura.

Eso lo reconoce el propio empresario Guillermo Brun Solórzano, al preguntarle cómo actuarían si detectaran que l gobierno estatal o lis municipales están incurriendo en alguna irregularidad, “…lo haríamos público, esa sería la principal herramienta, la de publicar y denunciar por esa vía todo lo malo que encontremos y ya será responsabilidad de las autoridades que ellos lo retomen, pero si vemos que no lo hicieran, presentaríamos la denuncia como contraloría misma de manera directa”, destacó.

Así de claro está…. Solo haría la denuncia pública.

Desde esa manera de ver las cosas entonces sería como si los medios de comunicación exigieran que se les canalizaran recursos, a diario se publican informaciones sobre presuntos desvíos, malos manejos, etcétera, etcétera, y nunca pasa de la condena mediática y se ha reformado ninguna ley para que anualmente se les reparan equis cantidad de millones de pesos.

Entonces si no hay un sustento legal, ¿para qué diablos necesitamos que un organismo se lleve millones y millones de pesos?, que tanta falta le hacen a las administraciones estatal y municipales para surtir medicamentos, para alumbrado de calles y avenida, para empedrados, machuelos, introducción de servicios y fortalecer la seguridad.

Yo entiendo que hay un hartazgo de la sociedad y que se debieran modificar leyes, para hacer más expedita la aplicación e impartición de la justicia en aquellos casos donde se han denunciado, por únicos órganos autorizados para auditar y fiscalizar los recursos públicos…. Ahí sí a lo que se le debe invertir, no en crear otros membretes que succionen la ubre gubernamental.

A la vieja usanza…

Si usted hubiera acudido al Congreso del Estado, se habría dado cuenta de cómo movilizaron lista en mano a los trabajadores de negocios de vehículos, de instituciones educativas, --bueno hasta religiosas que dan clases en los colegios, tuvieron que asistir uy sabe qué, que también ellas tuvieron que firmar las listas de asistencia, con nombre, dirección y empresa o negocio pertenecían.

Hubiera visto como andaban circulando las listas, fila por fila y como en la parte posterior colocaron personas para saber quiénes solo habían firmado y se habían retirado, por eso es que a pesar del retraso de casi cuatro horas, un gran número de “convencidos” apoyadores de ¿Cómo Vamos? Colima, se quedaron hasta después de la cuatro de la tarde que concluyó la sesión y que fue hasta que ellos pidieron ser escuchados.

Hubo quienes llegamos a pensar que había sido una descortesía política de los legisladores, no haber declarado u receso para atender a esa gente y evitarles que se quedaran las horas y horas en el recinto, pero no, precisamente eso es lo que querían los patrones que sucediera, mostrarse de cuerpo entero.

Por eso aún cuando en la misma primera fila estuvieron Guillermo Brun Solórzano, José Zarco Quintero y Miguel Castro, éste representando a los empresarios de Manzanillo, nunca hicieron el intento de irse rápido….

Quizá les hubiera bastado  haber guiñado el ojo a uno de sus diputados aliados, --que hay que decirlo que los tienen--, para que hubieran intercedido y los hubieran atendido antes, pero no, porque de haberlo hecho así hubieran perdido el impacto mediático.

Así durante más de cuatro horas soportaron en ratos el calor que arreció en el interior del Congreso, porque los climas artificiales fueron insuficientes, viendo como a cualquier ciudadano de a pie, a personas de la talla de la ex primera dama del estado, la señora Amelia Guedea de De la Madrid, quien fuera presidenta de los sistemas DIF y Voluntariado estatal, sentada acompañando a su hermano, el esposo de la maestra Svea Bustos, directora propietaria del Colegio Gandhi.

O al hombre fuerte de la Nissan, al propietario del Colegio Campoverde, del Colegio Anáhuac, de empresas que se dedican a la tecnología, eso es lo que Guillermo Brun, José Zarco y demás dirigentes de ¿Cómo Vamos? Colima, quisieron mostrar a los legisladores, el músculo, la fuerza y el poder, sobre todo económico, que tienen.

Ya lo dijo Guillermo Brun: “…no pretendemos sustituir ni al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, ni a la Contraloría del Estado, lo que pretendemos es coadyuvar con ellos y nosotros hacer las auditorías y publicarlas para que las autoridades las retomen y en caso de que no lo hagan ver la manera de presentar las demandas”.

 “Nosotros no tenemos ningún problema, ni estamos en contra del OSAFIG, ni de la Contraloría del Estado, ni mucho menos, lo que decimos es que las condiciones hoy de esos organismos, no están dadas para poder captar la gran cantidad de problemas de nuestro país y eso no es que lo diga yo, ustedes volteen a cualquier estado de la República, Colima mismo, y vean la gran cantidad de fondos malversados que ha habido en los estados, justamente por una incapacidad de hacer todo lo que se hace”, afirmó el empresario.

Por eso insistió en que ¿Cómo estamos? Colima, no la vemos como alguien que está en contra del OSAFIG o en contra de la Contraloría, sino como un complemento de ellos; hay cosas que nosotros podemos detectar y denunciar más rápido que como ellos lo podrían hacer, entonces seríamos como un complemento de ellos.

“Nunca hemos hablado mal de ellos, y sentimos que hay la carga es demasiada y lo que perseguimos es ayudarlos”, señaló Brun Solórzano.

Antes de retirarse quisieron dejarles tarea a los diputados “…esperamos que en la próxima sesión no sólo presenten el dictamen sino que lo aprueben”.

¿Y la reforma…?

Ya en otro tema déjeme comentarle que en la misma sesión la fracción “Nuestro Compromiso por Colima”, como lo habían anunciado desde la semana pasada, presentaron dos iniciativas para iniciar con la reforma electoral que está próxima a fenecer.

Para ser exactos a partir de hoy les quedan 63 días a los diputados, para sentarse en torno a una mesa y presentar las iniciativas de cada uno, las que se han recibido en el Congreso, las que les interesan y las que realmente quieren sacar en materia electoral.

En 63 días, es decir al último día de junio, deben estar aprobadas, en el Congreso, aprobadas en los ayuntamientos, hacer las declaraciones y promulgar el decreto y de las reformas a la Constitución Local, al Código Electoral, al Código Penal, en caso de que hubiere alguna reforma y todo eso debe ser al último día de junio.

Los diputados deben tener claro, que el último día de junio, debe ser para que ya  estén aprobados, promulgados y publicados todos los dictámenes, decretos y documentos que conlleven la reforma electoral, no es para que hasta entonces se quieran sentar a empezar la reforma.

¿Y sabe qué?, no se les ven ganas de sentarse a instalar la mesa de la reforma electoral… dan la impresión como si estuvieran esperando que alguien les hiciera la chamba y les entregara todo digerido, nomás para subir a tribuna leerlo, dar su posicionamiento y sanseacabó.

Por más que trato, no les veo las ganas de que quieran ponerse a arrastrar lápiz y a comenzar las reuniones de trabajo y discutir artículo por artículo, la propuesta de cada uno de los interesados en esa reforma.

Como le decía estamos a escasos 60 días para que venza el plazo para el que el Congreso del Estado de Colima pueda realizar las modificaciones legales en materia electoral, lo que implica modificar la Constitución Política del Estado, y el Código Electoral básicamente y no se ve para cuando puedan iniciar.

Ya empezaron los pellizcos y piquetes de ojos…

Cada grupo legislativo se la ha pasado en declaraciones de que pretenden hacer una gran reforma en esa materia, que Colima y los colimenses cuenten con un marco adecuado donde se superen las fallas que se tuvieron en el último proceso, sin embargo no se ve por dónde.

Cada partido político y cada grupo legislativo representados en la Cámara de Diputados traen su propia fiesta, plantean sus propuestas y tratan de sacar el mayor jugo posible, en el manejo mediático, sin embargo hasta el momento ninguno de los grupos ha dado la seriedad que se requiere para comenzar los trabajos.

Ninguno de los actores de políticos ha tomado la iniciativa de pararse en la máxima tribuna del estado, leer el compendio de iniciativas que de manera aislada desde hace más de un año han estado llegando al Congreso y emplazar a los demás grupos a instalar a la voz de ya, la mesa de la reforma electoral….

Eso sí, los pellizcos, los piquetes de ojos y las patadas por debajo de la mesa, ya empezaron.

Apenas sube uno de los grupos y presenta lo que ellos consideran es lo que debiera modificarse en materia electoral y sale el otro a desacreditar al adversario  incluso con acusaciones de que les plagiaron las ideas o les fusilaron las iniciativas.

Al paso que van, lo que debiera ser una verdadera reforma electoral, profunda, de gran calado, que responda a las necesidades de los colimenses, va a quedar en una simple miscelánea.

Al final, si el tiempo le ajusta les alcanzará tal vez para concretar los cambios para hacer realidad la reelección de diputados y munícipes, que si acaso eso es lo que realmente les interesa en el fondo.

Pero olvídense, aunque ha sido parte del discurso, de que van a disminuir el número de diputados como ya lo dijo el grupo legislativo del PAN y apenas esta semana lo dijo la fracción “Nuestro Compromiso por Colima”, de que desaparezcan cuatro de las nueve diputaciones plurinominales, para que a partir de la siguiente Legislatura, solo haya 21 diputados.

Ese cuento no es nuevo, ya lo hemos escuchado hace tres años y hace seis, y todos dicen que sí pero al momento de arrastrar lápiz, se acuerdan que si bajan el número de posiciones no les va a alcanzar el pastel para cumplir los compromisos que ya tiene cada partido, y queda todo igual. Esta vez no va a ser la excepción, se lo aseguro desde este momento.

Los diputados dejaron que se les pasara el tiempo. Si se lo proponen en una quincena o tres semanas, trabajando en serio y arrastrando lápiz, podrían sacar esa reforma electoral, sin embargo no sé ve dónde está ese valiente que logre sentar a todos los actores políticos, incluidos los partidos, para que inicien ya la reforma electoral.

A decir verdad, no hay que hacerse demasiadas  ilusiones…

Para cerrar…

**Una para el Congreso, me comentaron que el acuerdo aprobado por esta Legislatura, para no cobrar multas y recargos a los concesionarios del servicio público, a propuesta de la diputada Graciela Larios, no lo están haciendo efectivo en las Receptorías, aducen que no tienen conocimiento, ¿entonces si no se van a publicar los decretos en el periódico oficial y en consecuencia no entrarán en vigor, para qué tanto brinco?.... ojalá se investigue.

**El Instituto Nacional Electoral, ya dio a conocer los 24 nombres, --12 mujeres y 12 varones--, que obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de conocimientos, efectuado el sábado 8 de abril, donde destaca que los varones lograron mejores calificaciones que las mujeres, de quienes aspiran a cubrir las cuatro plazas de consejeros del Instituto Electoral del Estado de Colima

De acuerdo a la lista dada a conocer, en el caso de las mujeres la ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, (que yo insisto que ella está impedida para ocupar el cargo, por haber sido destituida en octubre de 2015), fue la que alcanzó la calificación más alta, al obtener 79 aciertos para una calificación de 92.94%.

La relación completa es la siguiente:

1.- María Elena Adriana Ruiz Visfocri, 79 aciertos, para una calificación de 92.94%. 2.- Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 75 aciertos, 88.24 de calificación. 3.- Martha Elba Iza Huerta, 72 aciertos, 84.71 de calificación. 4.- Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, 71 aciertos, 83.53 de calificación. 5.- Celia Cervantes Gutiérrez, 70 aciertos, 82.35 de calificación. 6.- María Guadalupe Pérez Mejinez, 70 aciertos, 82.35 de calificación 7.- Arlen Alejandra Martínez Fuentes, 67 aciertos, 78.82 de calificación. 8.- Sandra Eugenia García Arreola, 66 aciertos, 77.65 de calificación. 9.- Rosa Esther Valenzuela Verduzco, 66 aciertos, 77.65 de calificación. 10. María Guadalupe García Vázquez, 63 aciertos, 74.12 de calificación. 11. Roberto Munguía Huerta. 62 aciertos. 72.94 de calificación. 12. Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez, 62 aciertos y una calificación de 72.94.

Por lo que se refiere a las 12 mejores calificaciones en el examen de conocimientos de los varones, la relación queda de la siguiente manera:

1.- Ricardo Caro González, 83 aciertos, y una calificación de 97.65; 2.- José Daniel Miranda Medrano, 75 aciertos, 88.24 de calificación; 3.-  Edgar Ramón Montaño Valdez, 75 aciertos, y una calificación de 88.24; 4.- Juan Manuel Rodríguez Peña, 73 aciertos y una calificación de 85.88; 5.- Mauricio Zuazo Rueda, 73 aciertos y una calificación de 85.88; 6.- Gerardo David Amezcua Álvarez, 72 aciertos y 84.71 de calificación; 7.- René Eustaquio Silva Carrillo, 72 aciertos , 84.71 de calificación; 8.- Fernando Arturo Vega Alcaraz, 72 aciertos, y una calificación de 84.71.

En la posición 9, Javier Ávila Carrillo, con 71 aciertos y 83.53 de calificación; 10, Víctor Manuel Gómez Corona, con 71 aciertos y 83.53 de calificación; 11, Miguel Ángel Núñez Martínez, con 71 aciertos para un 83.53 de calificación; y, 12, Elías Sánchez Aguayo, 71 aciertos para el 83.53 de calificación.

De acuerdo a las bases de la convocatoria a partir de la publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa tendrán dos días hábiles para, en su caso, solicitar por escrito la revisión del examen.

 La siguiente etapa, será el ensayo presencial, que se prevé llevar a cabo el 13 de mayo próximo, y enseguida la valoración curricular y entrevista.

**Por otra parte le informo que por unanimidad, los 25 diputados aprobaron la iniciativa mediante la cual se aceptó la reincorporación de Julia Licet Jiménez Angulo, a sus actividades como diputada propietaria de la Quincuagésimo Octava Legislatura.

Al darse lectura al dictamen de referencia, se dio lectura al oficio mediante el cual Jiménez Angulo solicitó a este Congreso local reintegrarse a sus funciones como diputada propietaria, señalaba que habían sido superadas las causas que motivaron su separación, por lo que solicitaba se le aprobara su petición de reincorporarse de inmediato a los trabajos de la Legislatura.

**Ya solo para concluir comentarle que el próximo lunes 1 de mayo habrá marcha obrera, donde miles y miles de trabajadores saldrán a las calles a realizar la marcha del silencio, donde no hay protestas, y ya a la clase laboral, por conveniencia en muchos casos y por sometimiento de parte de sus líderes en otros, no manifestarán lo que quisieran gritar a los cuatro vientos, y a seguirlo manifestando entre dientes, o como charlas de café entre compadres y amigos…

**Y ahora sí finalmente solo manifestar mi solidaridad al colega, compañero y amigo, Francisco Javier Virgen, que se encuentra delicado de salud internado en una institución médica. Hago votos porque pronto supere la difícil circunstancia en que se encuentra y pronto esté nuevamente entre nosotros.

Análisis Político

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública iniciaron ayer miércoles en la ciudad de México un curso de capacitación para integrarlos en el “Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad” la capacitación es realizada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito en México, junto con la Comisión Nacional de Seguridad de nuestro país y la Embajada de Estados Unidos en México.

Se tiene contemplado también que para el mes de agosto próximo que personal especializado a nivel internacional venga a Colima para ampliar esta capacitación a 460 elementos de la SSP sobre los grupos vulnerables que incluyen a las mujeres violentadas, así también habrá adiestramiento para 55 radio operadores del C4, para mejorar la eficiencia en el servicio que se presta a la población a través del 911 y 089, especialmente cuando haya reportes de violencia contra las mujeres. Esta capacitación se realiza con fondos internacionales y Colima fue beneficiada gracias a la intervención del gobernador del estado Ignacio Peralta Sánchez y el Contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública.

Por tal motivo el Gobierno del Estado por indicaciones del gobernador y gracias al apoyo que logró de los programas sociales internacionales se capacitarán así a 515 elementos de seguridad pública en favor de las mujeres de la entidad para que sean atendidas adecuadamente, además ha dado indicaciones a las instituciones de seguridad para que cumplan conforme a la ley y vigilen en forma preventiva en los casos que ya se han registrado hechos violentos para que se les dé seguimiento oportuno.

Por lo anterior, la emisión o no de la Alerta de Violencia de Género, cuyo dictamen se enviará a la Secretaría de Gobernación, que será la instancia de resolver sobre su procedencia, el gobierno del Estado está al pendiente de lo que se decida, no sin antes aclarar que, independientemente de que no se emita, se están implementando programas para atender a las mujeres que puedan sufrir algún tipo de violencia y que mejor que ahora se capacitará al personal de seguridad pública para atender mejor a los grupos vulnerables como son las mujeres violentadas o familias marginadas o pobres. 

La semana pasada vimos las fotos y leímos las notas en donde el gobernador instruyó a los integrantes del gabinete estatal a trabajar de manera coordinada en un programa para prevenir la violencia de género, consistente en que cada una de las áreas de la administración pública del Gobierno del Estado de Colima identificara los programas que atienden a la población de mujeres receptoras de violencia y hagan los esfuerzos que sean necesarios, para que en el ámbito de sus competencias, atiendan de manera efectiva y afectiva la violencia contra las mujeres.

La administración estatal, pues, está realizando esfuerzos para mantener a las mujeres en un ambiente libre de violencia, por lo que, de no llegarse a concretar la emisión de la Alerta de Violencia de Género, se tendrá que exhortar al Congreso del Estado para que a la brevedad posible analice la iniciativa para la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos por violencia de Género y Trata de Personas.

También realizar los esfuerzos necesarios para lograr la coordinación institucional necesaria a fin de que se erradique la violencia de género, lo que implicaría, entre otras cosas, instalar Unidades de Género en todas las dependencias. Se emita o no la AVG, el gobierno del Estado demuestra que con estas acciones ha estado en favor de las mujeres, este es un análisis.

Estación Sufragio

Sin duda, para enfrentar el problema de la inseguridad se requiere de una ciudadanía corresponsable. Pero la responsabilidad directa sigue siendo del Estado.

Es cierto, el fenomenal crecimiento de la delincuencia se explica por el deterioro del tejido social.  Sin embargo, ¿no fue determinante para la destrucción de este tejido social la corrupción de las instituciones públicas relacionadas con la seguridad pública: policías, procuradurías de Justicia y tribunales?

Ahora ya no se habla de un Estado fallido, sino de un verdadero Estado criminal: un entramado de intereses y complicidades que prosperan (obviamente al margen de la ley pero no de la inteligencia gubernamental) en función del impresionante poder económico de las mafias.

Las industrias delictivas (que no sólo son el narcotráfico) generan tal cantidad de recursos financieros que en muchos países acabaron con la ética política. En esas naciones –las películas de acción hablan siempre de Europa del este y la antigua Unión Soviética– el poder instituido está al servicio del poder fáctico. Pero en el cine de Robert Rodríguez, director de El Mariachi, o en cintas como El Infierno de Luis Estrada, ésa es también la realidad mexicana.

Mientras las autoridades no sean capaces de depurarse a sí mismas, con oficinas de Asuntos Internos como los que tienen las mejores policías, poco es lo que puede hacer la sociedad civil en democracias como la mexicana donde los ciudadanos no votamos al sheriff ni al fiscal de distrito.

No obstante, en ese estrecho margen de acción sí pueden hacer señalamientos. Y esa es la función de los observatorios ciudadanos que han conseguido, por ejemplo, establecer semáforos delictivos cuyo propósito es encender los focos amarillos de alerta o rojos de alarma.

En todo el país, el discurso de estos ciudadanos observadores se resume en afirmar que la estrategia de seguridad desplegada por el Estado mexicano es un fracaso, que dicha estrategia –la cual consiste fundamentalmente en atrapar capos del narcotráfico y extraditarlos– solo causa olas de violencia ya que, al quedar descabezados los cárteles, se desata mayor violencia al iniciar disputas entre los lugartenientes de esas organizaciones o a nivel interno.

Gracias a las millonarias utilidades que deja el trasiego de drogas, los grupos criminales consiguieron anular el Estado de derecho y asegurar altos niveles de impunidad, la cual les permite florecer a otras formas de la delincuencia organizada: desde la piratería que parece no hacerle daño a nadie hasta el cobro de piso; desde la extorsión que se supone sólo afecta al que cae en el garlito hasta el secuestro; desde la trata de blancas a la pornografía infantil u otras formas de esclavitud moderna.

Cuando una autoridad “vende la plaza” por codicia o creyendo que el dinero del narcotráfico impulsará a la economía local, le está abriendo las puertas a otros delitos que afectan a la población en general y no sólo a los consumidores de enervantes. Si la delincuencia organizada logra capturar al Estado, es porque antes los titulares de las instituciones públicas abrieron las puertas a los criminales.

Otra cosa es cómo se explican estos fenómenos delictivos las autoridades de Seguridad y a quién responsabilizan o hacen corresponsable. En Colima, particularmente, la antigua tesis que explicaba oficialmente la ola de homicidios violentos en función de la disputa por la plaza entre dos de los más peligrosos cárteles del narcotráfico que operan en el país, ha sido sustituida por una narrativa en la que tan desproporcionada cantidad de asesinatos en relación al número de habitantes responde a una lógica de ajuste de cuentas “entre ellos”.

Nos hablan de un esquema de ajusticiamiento para adictos que no pagaron sus consumos o de narcomenudistas que invadieron puntos de venta que fueron asignados a otros. De la ejecución de una sentencia a muerte dictada en contra de alguien que, por lo demás, decidió voluntariamente involucrarse en “el negocio”.

De acuerdo a esa tesis, el móvil de tanto delito del orden común (no sólo homicidios sino robos a casa habitación y negocios, asaltos o incluso secuestros) es la urgente necesidad de dosis que tienen los drogadictos.

Pero si bien la actividad criminal es ya una amenaza real para la personas y sus bienes, el origen de este problema no es la creciente cantidad de potenciales delincuentes –resultado de un severo deterioro del tejido social– sino la impunidad con la que se mueven.

“YO NO CAIGO”:

Impunidad es lo que denunció hace unos días el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Carlos Ignacio Maldonado Orozco, al dar a conocer una lista de 139 números de teléfono con lada de Colima (312) desde los cuales están llamando para extorsionar. Para el joven empresario, “esto no quiere decir que se esté llamando desde Colima, los chips pueden haber sido comprados aquí y están llamando desde otras partes del país”.

La industria de la extorsión telefónica indigna a la sociedad por los niveles de impunidad con los que se da. Como un lector de esta columna señaló, “si las policías tienen a la vista los números y el sistema celular es capaz de decir la ubicación de cada aparato móvil, con precisión de dos o tres metros, sin pedírselo, ¿por qué no los atrapan? ¿Son socios (o dueños de la empresa)?”

La impunidad no sólo facilita a los extorsionadores operar desde reclusorios (donde la tecnología disponible permitiría bloquear el paso de señales inalámbricas y monitorear las llamadas que se hagan desde teléfonos fijos) sino recaudar el dinero de las víctimas a través de un banco asociado a una cadena de tiendas departamentales o de conveniencia.

Es cierto, son unos actores consumados (ese que te dice “soy el comandante” fulano, “jefe de la plaza” de tal o cual cartel, tiene una voz que ya la quisiera Narciso Busquets), preparan muy bien los timos (para el número del falso secuestro, llaman un día antes, piden hablar con el titular de la línea, si no se encuentra éste registran el nombre del hijo o la madre que contestó, y al día siguiente vuelven a marcar diciendo que están vigilando tu casa en tal calle y número –la dirección aparece en el directorio telefónico y Google maps les muestra en tercera dimensión cómo luce tu vecindario) y abusan de la ingenuidad y el temor creciente de la población.

Pero todavía nadie ha podido explicar por qué ese dinero que la víctima depositó con engaños en una cuenta, puede ser retirado tranquilamente por los delincuentes sin que el banco o Hacienda puedan impedirlo.

En la campaña denominada “Yo No Caigo”, los 18 representantes de organismos de la sociedad civil, estudiantiles, de padres de familia, vecinales, religiosos, empresariales, sindicales, de profesionistas y organizaciones no gubernamentales que conforman el CCSP, se definen como “ciudadanos cuidando ciudadanos”.

Se le reconoce a este “órgano colegiado de consulta, análisis, opinión y evaluación, que tiene por objeto coadyuvar con las autoridades de seguridad pública del estado de Colima en la evaluación de acciones y programas en materia de prevención social del delito, seguridad pública y protección civil, que lance esta campaña contra extorsiones que, ciertamente, se terminarán cuando la gente aprenda a identificar estas llamadas y cuelgue el teléfono.

Con todo, los consejeros le quedan a deber al sentido común la pregunta acerca de cómo es posible que funcione esta industria delictiva. Y ojalá a esta campaña siga otra, por ejemplo, en contra de los levantones que han sufrido ya algunos microempresarios por parte de sujetos que quieren cobrarles piso. Aunque creo que la principal obligación del Consejo Ciudadano es exigir a las autoridades de Seguridad acciones contundentes en contra de la impunidad.

Pueden hacerlo con la misma institucionalidad y la elegancia con la que le ayudaron a la administración estatal, con solo salir a los medios, a probar que el gobierno de Ignacio Peralta ya tienen suficientes vínculos con la sociedad civil y no es necesario canalizar recursos fiscales para ¿Cómo Vamos?, Colima.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

Contrapeso

El transporte público sigue siendo tema de la agenda pública en Colima, y es que la movilidad es una de las principales necesidades, y también uno de los mayores retos para el Gobierno estatal.

Por una parte, los taxistas han decidido –a Ley propia– aumentar en cinco pesos sus tarifas, con lo que la mínima, que casi nunca cobran, quedó en 20 pesos.

Es una queja recurrente de los usuarios de este servicio los altos costos de los taxis amarillos, además que al pedirles una aclaración se escudan en el aumento del precio de la gasolina y en que la Secretaría de Movilidad no ha hecho los ajustes de manera oficial.

Con esto, se acorta la diferencia entre el precio del servicio de los amarillos y del servicio ejecutivo, que según el Frente Colimense del Trasporte, ya es ofertado por cuatro empresas en la entidad: Tansportes Selectos, City Drive, Deco Plus y Chofer Pro.

Queda pendiente la legislación secundaria que permita legalizar el funcionamiento de estas compañías; además es necesario que Chofer Pro y los otros servicios establezcan mecanismos para cuidar su calidad, atendiendo las quejas y dudas de sus usuarios.

En otro tema, los transportistas también exigen el aumento de dos pesos en las tarifas de las rutas. El argumento es el mismo: ha aumentado el costo de la gasolina, y hace años que no hay ajuste en el precio del servicio que ofrecen.

Si esto sucede–que parece que así será, y solo es cuestión de tiempo– deben garantizar una mejora en las unidades y atención, así como regresar las becas de transporte que anteriormente se entregaban a estudiantes.

La recién creada Secretaría de Movilidad ha tenido que hacer frente a un sinfín de problemas y grillas, pero lo cierto es que aún no da los resultados esperados por la ciudadanía. 

 Punto y aparte

Y hablando de transporte, a pesar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decreta que en periodos vacacionales debe aplicarse un descuento del 50 por ciento de descuento en autobuses a estudiantes, los camiones Nuevo Horizonte en Tecomán y Armería no hacen válido el descuento, solo si el boleto se compra en Colima o Manzanillo. Nadie aplica sanciones, e insisto: el usuario es el que pierde.

*Comentarios al correo electrónico rolandonotas@gmail.com / Twitter: @rolandonotas / www.rolandonotas.wordpress.com

Estación Sufragio

Cuando la cúpula de “¿Cómo vamos?, Colima” convocó a sus seguidores a acudir al Congreso este lunes, los hombres de negocios que la integran pensaban que en la sesión se analizaría la iniciativa de ley que envió el Ejecutivo para permitir a los empresarios locales que “abonan a la transparencia”, deducir hasta el 5 por ciento del impuesto sobre nómina (equivalente al 2 por ciento de lo que los patrones pagan por servicios personales) para el sostenimiento de esta organización.

Sin embargo, el punto fue “bajado” de la orden del día la víspera o a primera hora del mismo lunes. Y la pregunta no es por quién sino por qué. Tal vez porque, como ha ocurrido con otros temas de la agenda de campaña de Ignacio Peralta, la existencia de una filial en Colima de “México, ¿Cómo Vamos?” dejó de ser conveniente ya instalado en la gubernatura.

Hubo un tiempo en que los beneficios políticos que le otorgaría a Nacho el aval de una organización de la sociedad civil especializada en dar al sector privado voz y autoridad para el seguimiento de su desempeño gubernamental, eran mayores a los costos políticos que eso representaba.

Pero a poco más de un año en el cargo, cuando además de la inseguridad lo que más le critica la ciudadanía a la administración peraltista es el capricho de ciertas decisiones, entre ellas algunos gastos inexplicables en el esquema de austeridad que pregona, la asociación con “¿Cómo vamos?, Colima” no le abona mayor cosa a la legitimidad de JIPS.

Al contrario, le resta poder en la medida que a Ignacio Peralta se le ve como un político surgido de esa misma clase social y económica a la que pertenece la cabeza visible de “¿Cómo vamos?, Colima”, Guillermo Brun Solórzano. Si no se mira bien que un ex gobernador o un pariente cercano le quieran imponer la agenda y el ritmo al mandatario estatal, tampoco se vería bien que lo hiciera un grupo de presión, por nobles que sean sus fines.

Ahora bien, la decisión de desenlistar el asunto de “¿Cómo vamos?, Colima” la tomaron los diputados. De entrada, el “independiente” Nicolás Contreras que tiene el control del Congreso, apoyado por la bancada del PRI que supo interpretar los deseos de un tesorero estatal por demás ahorrativo. Y aunque si bien el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners (ex CEO de La Marina, la empresa insignia de la familia Brun), paga, quien decide lo que se paga y cuánto es el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega. 

Hasta los panistas se hicieron sordos a la petición de los empoderados empresarios, porque casi ninguno de los diputados de Acción Nacional comparte la idea de que “¿Cómo vamos?, Colima” supervise los programas de gobierno con cargo al presupuesto (pues aunque se deduzcan del ISN, esos 8 millones de pesos anuales saldrían finalmente del erario) y, sobre todo, cuando se plantea hacer esa contraloría social con la información que las propias dependencias del gobierno del estado generan.

“México, ¿Cómo Vamos?” se presentan como un conjunto de universidades (CIDE, Colmex, Harvard, ITAM, ITESM y UNAM) y centros de investigación (IMCO, México Evalúa, CIDAC y CEEY) que no sólo fijan metas a partir de sus propios datos sino que le dan seguimiento al desempeño de la economía mediante un panel de indicadores (el #SemáforoEconómico) que muestran “cómo va avanzando México en el cumplimiento de metas puntuales de crecimiento y generación de empleo a nivel nacional y estatal”.

“¿Cómo vamos?, Colima” se ha limitado a solicitar información a las dependencias del gobierno estatal y los ayuntamientos que convinieron con ellos. En ese sentido, es el colmo que la administración de Peralta Sánchez haya reprobado en temas como Seguridad pero, bueno, es que en ese rubro la realidad es apabullante. 

Para revisar las cuentas públicas, la Constitución local prevé la existencia de un órgano técnico del Poder Legislativo, el Osafig, y para darle seguimiento a los programas de gobierno la ley en la materia establece los lineamientos de un Consejo de Participación Social para la Planeación. ¿Dónde dice que un consejo de notables, una organización de ciudadanos distinguidos, tiene esas mismas facultades de fiscalización?

No obstante, la tendencia mundial es a la creación de observatorios ciudadanos de la actividad gubernamental, empresarial, mediática. Y es en el marco de una cruzada contra las acciones de captura del Estado por parte de las corporaciones multinacionales, las élites financieras de cada país, el lobby armamentista en Estados Unidos o la telebancada en México (por citar dos ejemplos) y toda clase de poderes fácticos incluidos los de la delincuencia organizada, que la misma sociedad civil a la que representa pero no agota “¿Cómo vamos?, Colima” reclama que esta supervisión del gasto y los programas de gobierno abarquen también las asociaciones público-privadas (como el Eco-Parc o La Campana) y, especialmente, todos aquellos negocios hechos al amparo del poder.

Nadie niega las enormes aportaciones que el sector privado puede hacer al debate público sobre las políticas de desarrollo y al establecimiento de metas claras para alcanzar esos objetivos como sociedad, el problema es que todo eso tiene que estar contemplado en un marco normativo y sujeto, a su vez, al escrutinio público. Y bueno, pues ayer uno de los poderes del estado decidió no darle a un organismo externo facultades legales para influir en el gobierno.

La prensa consignó que los empresarios habían “tomado el Congreso”, que habían hecho acto de presencia para “presionar”, etcétera. La verdad es que a los dirigentes de “¿Cómo vamos?, Colima” los dejaron colgados de la brocha. Y desde el Ejecutivo, nadie ha hecho esa labor política de explicarles que sus servicios ya no son requeridos.

Entusiasmados con esta nueva forma de participación ciudadana (hasta antes de asumir la presidencia de Coparmex en Colima, Guillermo Brun era una figura empresarial y conocido filántropo, pero no una personalidad de la política), tampoco nadie les ha explicado a esos empresarios que la gestión pública también conlleva costos políticos. El primero, que los acusen de querer vivir del presupuesto cuando ninguno de ellos tiene necesidad.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

Tarea Política

La legión perredista liderada por Indira Vizcaíno Silva nunca se “halló” en el gabinete de José Ignacio Peralta donde se aclimataron al cien por ciento panistas por conveniencia, de ocasión, vividores petistas y acomodaticios verde ecologistas y panalistas. Por necesidad,  Indira y su gente aguantaron vara como empleados de Peralta sujetos a su dependencia y subordinación hasta que se convencieron de que les había llegado la hora de irse con su música al convite lopezobradorista, de ahuecar sus negro-amarillas alas.

Las verdades expresadas por la desdeñada Indira sólo vinieron a confirmar lo que todo mundo sabía, menos ella y sus secuaces: José Ignacio es José Ignacio: soberbio, autoritario (vertical le llama ella), clasista y de arranques. Todo un señoritingo que arrepentido está de haber asumido el cargo en el que tiene que lidiar con los aldeanos de Colima, provincia donde sufre para vivir tres o cuatro días a la semana. Su ambiente es el jet set político y empresarial, las metrópolis como New York, San Francisco, París, Roma.

La chusma indirista en su nefasto gobierno le produjo urticaria a José Ignacio; en cambio, se ha sentido cómodo, feliz como lombriz, con los  panistas prófugos como su Secretario de Fomento Económico, Carlos Domínguez Ahedo, el mismo que sueña con hacer  del estado de Colima la Suiza de América, el Singapur Mexicano; montar una armadora de automóviles, construir un nuevo aeropuerto  y tener campos de golf para que “los ejecutivos se animen a venir”. También, con los Meiners Tovar y Noriega García. 

 

Otro extraviado del rebaño azul que se fue con José Ignacio en busca de mejores pastos, es el asesor jurídico de su pasmado gobierno, Andrés García Noriega, a quien nunca le faltó chamba cuando militó en Acción Nacional, partido gracias al cual fue regidor en el H. Ayuntamiento de Colima y funcionario de su Comité Directivo Estatal. Como no concretó su aspiración a una diputación local plurinominal con esas siglas y colores, en 2015 loco de contento se incorporó al proyecto político sexenal de quien les prometió a los colimenses que en su mandato vivirían felices y seguros.

Andresito se llevó con él a otro ex panista de su equipo, Fráncico José Yáñez Centeno y Arvizu, a quien graciosamente le concedieron la privilegiada segunda posición en la lista de candidatos plurinominales a diputados locales del Partido Movimiento Ciudadano que en las elecciones de junio de 2015 y enero de 2016 jugó  el papel de esquirol de la alternancia política en la gubernatura del estado. No se le hizo vivir tres años disfrutando de las dietas en el Congreso, pero sí integrarse al gabinetazo peraltista como abogado. 

Después de haber vivido unos cuatro años de gloria como funcionario de todas las confianzas de su compañerito panista Antonio Morales De La Peña, ex Director de la Procuraduría Federal del Consumidor (PORFECO) en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, de donde éste los corrió no precisamente por honestos y eficientes, Alejandro Úrtiz Alcaraz cobra desde el 1 de noviembre de 2015 como secretario particular de Kristian Meiners Tovar, titular de la Secretaría de Administración Pública.    

Los diestros Domínguez Ahedo, García Noriega, Meiners Tovar, Noriega García,   Yáñez Centeno y Arvizu, Urtiz Alcaraz, Saúl Magaña Madrigal (ex alcalde panista de Tecomán), Fernando Solórzano Ochoa (ex funcionario en las administración municipales de Colima y Tecomán) y demás miembros de la legión de ex panistas que emigró al bando peraltista, a diferencia de los izquierdos, zurdos, siniestros, liderados por la prófuga del mal gobierno estatal prianista,  Indira Vizcaíno Silva, continuarán en su deteriorara nave hasta el 2021, si antes no se hunde .

EL ACABO

Los panistas peraltistas juraban y perjuran su apego a los principios de la doctrina estructurada por Manuel Gómez Morín: la búsqueda del bien común, su compromiso de servir y no servirse, de aportar sin obtener, la brega de eternidad, etc., cuando lo único que buscaban, como acreditaron sus hechos, era asegurar su propio bienestar y el de sus familias. Por esa poderosa razón dieron el cambiazo.

Estación Sufragio

En una columna anterior nos preguntábamos si la nueva secretaria de Desarrollo Social, Valeria Pérez Manzo, con ese perfil de economista que la acredita como una perfecta tecnócrata, tendría también la sensibilidad política que se necesita para desplegar los programas sociales del gobierno de Ignacio Peralta poniendo el énfasis en la dimensión humana y no en la financiera.

También nos cuestionábamos si, con el cambio de titular en la Sedescol, la política social se mantendría apartidista como lo estuvo con Indira Vizcaíno, específicamente en lo que respecta a no poner los recursos de la dependencia al servicio del PRI.

Mucho se ha comentado sobre la oportunidad con la que le llegó el relevo a Vizcaíno Silva, quien no ha ocultado sus intenciones de contender para algún cargo de elección popular en 2018. En ese sentido, Indira salió de la Secretaría con el tiempo justo para retomar su proyecto político personal.

Pero también los grupos priistas que habían venido reclamando no tener a la Sedescol al servicio de los intereses del Partido, están a tiempo de articular con base en los padrones de beneficiarios las estrategias clientelares que tradicionalmente le han dado votos al tricolor.

La pregunta pertinente es si la nueva secretaria colaborará con esos propósitos electorales, o si por el contrario la política social continuará siendo apartidista (y, ya encarrerados, con bajo presupuesto) ahora con Valeria como lo fue con Indira.

Entrevistada el viernes en Radio Levy, Pérez Manzo “se comprometió a implementar desde esta dependencia una política social para todos los colimenses sin ningún sesgo partidista”.

Y respecto a su perfil supuestamente técnico, Valeria reconoció que es militante del Partido Revolucionario Institucional, “pero negó que le hubiera sido solicitado favorecer a simpatizantes del tricolor; además, dijo que tiene como objetivo implementar desde la Sedescol una política social incluyente e integral, que logre reducir la pobreza en la entidad”.

Según la nota que publicó en su sitio web la emisora, la funcionaria estatal señaló:

“Yo vengo a trabajar de forma honesta y transparente, los recursos públicos son para la ciudadanía y se deben aplicar de manera integral y conjunta… Debo ver que los programas que se implementen sean los que mayor beneficio tengan y la parte política yo… la veo como… simplemente trabajar para lograr los objetivos y beneficiar a toda la población”.

En las mesas de café se había especulado en torno a la posibilidad de que la nueva secretaria fuera una mujer, para mantener la cuota de género en el gabinete; una persona cercana, de los afectos y las confianzas del gobernador Ignacio Peralta; e identificada con el tricolor, para reforzar el carácter priista de una administración que –como ya es un lugar común decir– es tan plural que incluye hasta a algunos militantes del PRI.

Nada más por este último requisito –su identificación con el PRI– se cruzaron apuestas por la directora general del DIF estatal, Mairén Polanco, para encabezar la Sedescol. Porque si bien es la funcionaria con más juego en el gabinete, no tiene rango de secretaria. Y su dependencia fue reducida en el organigrama y en el presupuesto, al Despacho del Gobernador.

La decisión favoreció a Valeria porque, dicen en Palacio, el mandatario estatal estaba resuelto a convertir en secretaria del Gobierno a su antigua subordinada cuando él mismo fue secretario de Fomento Económico en el periodo de Silverio Cavazos.

Aunque Mairén fue titular de Sefome en el gobierno interino y cayó para arriba al empezar esta administración, se sabe que Peralta Sánchez está muy satisfecho con su trabajo en el DIF y encontrarle una sustituta habría sido un problema. Además, con Valeria sumó una tercera pieza a su equipo de confianza, que ya abarca la mitad del gabinete.

¿Pesó también la cuestión partidista? Valeria Pérez le dijo a Miguel Ángel Vargas que: “Sí, soy militante [del PRI] desde que empecé a trabajar. Soy militante como cualquier otro ciudadano que elige una corriente de pensamiento”.

Lo que nos lleva a preguntarnos si es militante porque eso era requisito para trabajar en una administración pública de extracción tricolor, o si realmente tiene trayectoria partidista. Le pregunté a varias priistas y respondieron que a Pérez Manzo casi no la han visto en tareas del PRI.

Lo importante es si, por gusto o por instrucción superior, orientará la política social a la estrategia partidista. Ella insistió en que “…estamos trabajando para todos, lo que la población espera son resultados y tenemos que atender a la población en sus necesidades, hoy en día eso es lo más importante, no estoy pensando en la política porque mi labor es tan grande en generar esta política social integral que ahorita lo principal es la población y nada más”.

De paso, está conciente que a ella tampoco le darán dinero:

“Ya me senté con los compañeros que manejan las finanzas y estuvimos platicando al respecto, y los recursos que se me asignan son con los que trabajaré y lograré y trataré de hacer el esfuerzo para maximizarlos, desde mi punto de vista creo que no tendré ningún problema al respecto”, sentenció.

El panorama que dibujó con estas declaraciones debe haber preocupado a más de un operador priista, pues saben lo que la gente espera del tricolor: despensas, láminas, sacos de cemento, becas y apoyos económicos, etcétera; todos ellos beneficios adjudicados en razón de liderazgos personales y méritos de campaña, no con base en un estudio socioeconómico.

Este gobierno no parece dispuesto a invertir dinero en votos para el 2018. Nacho Peralta lo dejó en claro desde el momento en que depuraron el padrón de beneficiarios del programa “60 y más” que se duplicaba en un buen número de casos con el programa federal “65 y más”.

Dejarle un solo apoyo a quienes habían venido cobrando dos cheques le sirvió al gobierno del estado para maximizar los recursos públicos, pero el PRI perdió clientes que eran cautivos.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

 

Desde la Curul 26

Para los casi cincuenta organismos que conforman el comité ciudadano al que denominaron ¿Cómo Vamos? Colima, les asiste la razón de pretender recibir recursos provenientes de los propios empresarios que pagan el 2% del impuesto sobre la nómina y en lugar de que ese recurso llegue al gobierno estatal para que se distribuya para la ejecución de las diversas obras y acciones que la Constitución le obliga a realizar, pretenden que se canalice a este organismo, para convertirse en censores del quehacer gubernamental.

Para José Zarco Quintero, que es el presidente en turno de este comité ciudadano no hay nada de malo el pretender que anualmente se les de la oportunidad de captar un mínimo de ocho millones de pesos, que a decir de él, es lo que requieren para cubrir los gastos que les implica mantener a ¿Cómo vamos? Colima.

Desde el 2015, cuando se desarrollaban las campañas político-electorales, los empresarios se dieron a la tarea de constituir este ente, y aprovecharon la coyuntura para venderles a los que aspiraron en aquél tiempo a la gubernatura del estado y a las presidencias municipales, que se comprometieran a que de ganar la elección promoverían el enviar iniciativas al Poder Legislativo para que se les diera la oportunidad de desviar recursos del impuesto sobre la nómina, para que en lugar de que fueran captados por las tesorerías estatal y municipales, se desviara hasta un 5% para ese organismo.

Para José Zarco y quienes conforman ¿Cómo Vamos? Colima, nada los mueve que lo que están haciendo no es malo y por ello ya se les deben aprobar esos recursos.

Para ellos que no tienen ninguna representación legal, y pretende en un momento dado en convertirse en los censores de los gobiernos estatal y municipales, sustituyendo incluso a los organismos que por ley le corresponde fiscalizar y auditar a los gobierno estatal y municipales, como serían en este caso el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), y hasta la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que pretenden no es malo.

Alegan que al OSAFIG y a la Auditoría Superior de la Federación, nadie les cree, y que a nadie dejan satisfecho con el trabajo que realizan, por eso es que ellos pretenden auditar, fiscalizar, y decirle a las autoridades y a la gente, qué se está haciendo bien en materia educativa y en materia de seguridad y de salud, y que a ellos sí les van a creer, porque son un comité ciudadano.

Los empresarios están molestos porque desde su punto de visto, se ha desatado una campaña de desinformación con el ánimo de causar desprestigio a ¿Cómo Vamos?, Colima y afectar a este movimiento, destacando que incluso han identificado ataques contra su página web.

Y dicen que precisamente por esa campaña de desinformación atribuyen el hecho de que los diputados del Congreso del Estado, estén apanicados y no se decidan a dar el paso y apoyar esta iniciativa enviada por el Gobernador del Estado, hace ya once meses y cuatro días (llegó al Congreso local el 20 de mayo de 2016), cuando debieron haberla dictaminado un mes después de que ingresó.

No queremos que nos de recursos el gobierno…

Por distintos medios ¿Cómo Vamos? Colima, ha realizado exhortos para que ya se dictamine al respecto, inclusive destacan que ya tienen conocimiento de que el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Santiago Chávez, ha declarado a los medios que el dictamen de esa iniciativa ya está listo y solo falta llevarlo al pleno para su aprobación, señalando que el diputado tecomense ha declarado que el dictamen viene de manera aprobatoria a su solicitud.

Sin embargo no están satisfechos, los empresarios sienten que es necesario aclarar las dudas que tienen los diputados, incluido el propio presidente de la Comisión de Hacienda, quien cuando en entrevista con los reporteros (15 de marzo de 2017), dijo que ya está el dictamen.

Santiago Chávez Chávez, sostuvo en esa entrevista que “…será a través del Impuesto Sobre la Nómina de donde saquen recursos para la organización cuya función es la vigilancia del cumplimiento de varios compromisos gubernamentales.”

“Ya lo hicimos a nivel de comisión, y falta en el pleno lo del 41-U bis, que va referente a la iniciativa del Ejecutivo, en donde propone que aquellas organizaciones que cuenten con ciertos objetivos de transparencia, legalidad, puedan obtener recursos mismos del Impuesto Sobre la Nómina”, puntualizó.

José Zarco, señala que con base a esas declaraciones del presidente de la Comisión de Hacienda, “nos damos cuenta en ¿Cómo Vamos?, Colima, que ni él mismo tiene clara la iniciativa del Gobernador. Nosotros no estamos pidiendo que el Congreso nos dé una partida como a otras organizaciones, no”.

El presidente de este comité ciudadano señala que lo que ellos están pidiendo es que se apruebe la iniciativa enviada por el Gobernador José Ignacio Peralta el 20 de mayo de 2016, para que se les permita a ciudadanos causantes del impuesto sobre nómina hacer donativos a organizaciones cuyo objeto sea coadyuvar en la vigilancia, estudio, evaluación y seguimiento de las acciones del gobierno, hasta por un 5% del impuesto causado y acreditarlos contra dicho impuesto.

Según Zarco Quintero, el Gobierno del Estado no les entregaría ningún recurso, pues ya le correspondería a ¿Cómo Vamos? Colima, salir a tratar de convencer a los empresarios que tienen que pagar ese impuesto sobre nóminas, a que decidan canalizarse los recursos a esta organización, “pero no hay ninguna garantía de que ellos no quieran apoyar”.

Desafortunadamente, insistió la campaña de desinformación en contra de este comité ciudadano, ha impedido que se lleve al pleno, pero también, ya el Congreso les ha estado cerrando las puertas y ya no los quieren escuchar, dice.

 

Todos al Congreso…

Argumentando esa cerrazón de los legisladores, es que los empresarios se quejan que los diputados ya no quieren atenderlos para seguirles externado lo que desde su punto de vista serían bondades que vendrían a apoyar una verdadera fiscalización ciudadana, y precisamente por esa cerrazón, han convocado a tomar el Congreso del Estado este lunes a las 12:15 horas.

Ellos, los empresarios, saben que está convocada una sesión ordinaria para las 11:00 horas y que es raro cuando nuestros legisladores inician a tiempo una sesión, sin embargo los que conforman ¿Cómo Vamos? Colima, en un aviso subido a través de las redes sociales, invita a todos los ciudadanos que deseen acompañarlos a acudir al Congreso del Estado.

En su comunicado, destacan que: “Hemos buscado por todos los medios, reunirnos con nuestros diputados para dialogar sobre la aprobación del Artículo 41 U-Bis a la Ley de Hacienda, dado que no obtuvimos respuesta, el próximo lunes 24 de abril los miembros de este comité, junto con muchos patrones y simpatizantes de nuestro movimiento asistiremos al Congreso del Estado a las 12:15 del mediodía, con la finalidad de externar a los diputados el punto de vista de la iniciativa una vez que finalice la sesión”.

“No pretendemos interrumpir los trabajos, ni obstaculizar su labor legislativa, simplemente buscamos que como representantes ciudadanos escuchen nuestras inquietudes. Nos conduciremos de manera ordenada y con el respeto de los integrantes de la Legislatura merecen. Hacemos la invitación a todos los ciudadanos que gusten acompañarnos”, señalan.

Así, si otra cosa no sucede, hoy al mediodía habrá casa llena en el recinto legislativo, donde los empresarios harán “manita de puerco” a los diputados para que ya incluyan en el orden del día el dictamen de esa iniciativa enviada por el Gobernador para reformar el Artículo 41-Ubis a la Ley de Hacienda del Estado.

Yo no sé si los diputados vayan a atender o no a los empresarios, porque este lunes se les acumuló el trabajo, por lo que incluso no sería nada remoto que cambien de fecha la sesión para realizarla mañana martes o el miércoles.

 

Para hoy… se reúnen con el gobernador

Nomás para que le vaya calculando el caldo a las albóndigas, para las 9:00 de la mañana, por un lado está convocada la sesión de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, que preside el diputado Nicolás Contreras Cortés, para definir el orden del día de la sesión, --si es que la desarrollan--, donde de entrada incluirán al menos cuatro dictámenes.

Pero por el otro lado, a la misma hora, a las 9:00 horas, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que encabeza Santiago Chávez, convocó al Foro de Responsabilidad Hacendaria y Disciplina Financiera, a desarrollarse en el auditorio “Carlos de la Madrid Béjar”, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Ignoro si el presidente de la Comisión de Hacienda, invitó a sus demás compañeros de Legislatura, empezando por los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios y los diputados únicos, a que estén cuando menos en el evento inaugural, de ser así se les empezarán a “colgar” los demás eventos.

Pero por si les faltara chamba, este lunes, no se dio a conocer la hora, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, los diputados únicos, más los diputados que conforman la Comisión de Responsabilidades y la Comisión de Hacienda, y que todos son parte de la Comisión Especial de Seguimiento para conocer el avance de las denuncias interpuestas en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y ex funcionarios de la anterior administración, se reunirán con el Ejecutivo del Estado.

Ya se informó que este lunes se reunirán con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y con el Procurador General de Justicia del Estado, José Guadalupe Franco Escobar, para que el titular de la Procuraduría les dé a conocer el grado de avance que se lleva en la integración de las carpetas de investigación en contra del ex gobernador Mario Anguiano, así como de Rafael Gutiérrez Villalobos, ex secretario general de gobierno; y de Blanca Isabel Avalos Fernández, ex Secretaria de Finanzas del Estado.

Se espera que haya buenas noticias y que por fin se informe que ya existen elementos para turnar la carpeta de averiguación a un juez para que inicie el verdadero proceso… dejar que transcurra más tiempo podría ser contraproducente porque se contaminaría con lo electoral, que cada vez está más próximo.

Aunque la reunión será a puerta cerrada, estaré a la expectativa para “Desde la Curul 26”, darle a conocer los pormenores de lo que ocurra o deje de ocurrir en ese encuentro.

Precisamente dependiendo de la hora en que vaya a celebrarse esta reunión, entre el Ejecutivo y los legisladores, no será remoto que la sesión ordinaria citada para las 11:00 horas, vaya a posponerse hasta nuevo aviso, pues hay prioridades y creo que esta es de primer orden…

Hoy se aprueba el reingreso de Julia Jiménez

En caso de que se desarrolle la sesión, le adelanto que entre los dictámenes que habrán de someterse a la consideración del pleno, estará el relativo al elaborado por la Comisión de Justicia, relacionado a la solicitud de la diputada panista Julia Licet Jiménez Angulo, para reincorporarse a sus funciones como diputada propietaria, luego de la licencia que por casi seis meses solicitó a la Quincuagésimo Octava Legislatura.

El dictamen viene en sentido favorable, por lo que se aprobará el reingreso de Julia Jiménez a sus funciones de diputada propietaria, solo que entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, es decir, comenzará a surtir efectos a partir de este martes.

Cabe hacer mención que como Julia Jiménez, ya rindió protesta junto con todos los demás integrantes de esta legislatura, no se hace necesario que vuelva a rendir protesta ante el pleno, pues se está reintegrando a sus funciones luego de una licencia que le había sido autorizada.

Con la reincorporación de Julia Jiménez a sus funciones como diputada propietaria, dejará el cargo de legislador propietario el también panista, José Santos Dolores Villalvazo, quien había sido llamado para ocupar la vacante dejada por Julia Jiménez, y como era el que seguía en la lista de prelación de los diputados plurinominales, es que asumió esas funciones.

Asimismo en la sesión de este día se pondrán a discusión otros dictámenes que llamarán mucho la atención, y que tienen que ver con el tema de pensiones y jubilaciones.

En esta sesión se someterán a discusión y aprobación aproximadamente una docena de pensiones y jubilaciones, sin embargo van incluidas al menos dos que llaman la atención: una de la Gerente Comercial y de finanzas de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima y Villa de Álvarez, la contadora Leticia Béjar Maldonado.

Aquí no habría mayor comentario, pues es una profesionista que ha cumplido con los años de servicio, pues a ella la recuerdo desde que estuvo como Secretaria Privada del ex gobernador Elías Zamora Verduzco, lo que sí llama la atención es el monto que se proponía para jubilarla, la cual rebasaba, pero por mucho, la Ley de salarios máximos para jubilarse o pensionarse.

Hay otra pensión que también llama la atención, sin embrago antes de darla a conocer quiero corroborarlo para no incurrir en una imprecisión, pero de confirmarse, se trata de un funcionario que ocupó un alto cargo en la administración de Mario Anguiano… déjeme corroborar los datos y ya le estaré informando.

Otros dictámenes que serán llevados al pleno, uno está relacionado con descuentos, y condonaciones de multas y recargos de los ayuntamientos del estado.

Y otro más será el relativo a la presentación de una Ley  que Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales.

Para cerrar…

**Solamente comentarle a usted que hoy 24 de abril, se está cumpliendo un mes de que fueron baleados dos elementos de la Policía Estatal, una mujer y un hombre, así como una agente de la Procuraduría de Justicia, así como dos imputados, en un enfrentamiento entre policía y delincuentes.

Quien sacó la peor parte en aquella refriega fue la mujer policía de nombre Alma “N”. Cuando ocurrió el hecho todos los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica a un nosocomio.

Por las lesiones recibidas Alma “N”, aún no se ha recuperado. De acuerdo a versiones de propios elementos de la policía, la agente que estuvo a punto de perder la vida, fue sacada del sanatorio particular sin estar recuperada, donde la estaban atendiendo y dicen que fue trasladada a una clínica donde la atención ya no es la misma, pues no es servicio particular y que a las autoridades responsables ya se les pasó la euforia…

De ser verídicas esas versiones no dejan de ser lamentables, pues demuestran la baja estima que se tiene por  los y las agentes que  a diario se la “rifan”, para combatir la delincuencia….

Por hoy es todo, nos vemos en la siguiente entrega “Desde la Curul 26”, para decirle como se pusieron las cosas este inicio de semana.

Tarea Política

El todavía gerente de la franquicia del Partido Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, ha ido perdiendo a los mejores cuadros que logró reclutar para fortalecer su guajiro proyecto personal de alcanzar la gubernatura de Colima en dos intentos consecutivos  fallidos. El primero en tocar retirada para incorporarse a la administración peraltista fue su ex candidato a diputado local plurinominal, Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu. La panista Leticia Zepeda Mesina nunca ha sido suya aunque la cuente como tal. En los hechos ella sigue siendo de corazón azul.

Esta semana se le fueron al monte dos de los cuatro regidores que tenía: Héctor Anaya, Villa de Álvarez; y Sergio Polanco,  Coquimatlán. De dientes hacia afuera, el diablo de Leoncio dijo respetar la decisión de quienes lo abandonaron deseándoles que les vaya bonito, para luego sacar de su dolorido pecho su verdadero sentir lopezobradorista al respecto: “Hemos demostrado que somos la única opción de cambio, que no nos vendemos, que a pesar de que intentan doblegarnos no lo van a lograr. Este es el espacio de las mujeres y los hombres con valor, dignidad, congruencia y con decisión para cambiar a bien la historia de Colima”, dejando implícito que los que se fueron y seguirán yendo se venden, carecen de valor, dignidad y congruencia, y quieren preservar a toda costa el estado de cosas prevaleciente.

Tal rudeza innecesaria provocó que Héctor y Sergio salieran a los medios de comunicación a replicarle        a Morán Sánchez que le renunciaron porque “sólo está enfocado en trabajar para buscar la candidatura  a la alcaldía de Colima en el 2018 y se olvidó del partido en otros municipios”, verdad de a kilo que ya es del conocimiento del dueño del PMC a nivel nacional, Dante Delgado Ranauro, y de su aliado en el occidente del país, Enrique Alfaro Ramírez, quienes desde hace rato lo traen en la mira, entre ceja y ceja, prestos a quitarle la franquicia ciudadana en Colima y nombrar a quien de verdad trabaje por la consolidación de su partido y su lanzamiento hacia el 2018.

Delgado Ranauro y Anguiano Ramírez, tarde, comprobaron que Morán Sánchez resultó ser puro jarabe de pico, pájaro nalgón, político de pacotilla, rijoso compulsivo verbal, y de que ni consolidó ni hizo crecer a su partido Movimiento Ciudadano en Colima; al contrario, las cabras se le han ido al monte. Para colmo, a un año de las elecciones de junio de 2018, está metido en cuerpo y alma en la promoción personal de su candidatura a presidente municipal de Colima 2018-2021, importándole un comino la suerte del Partido Movimiento Ciudadano en la entidad. Por eso cortaron con él por lo sano el villalvarence Héctor Anaya y el coquimatlense Sergio Polanco, y el veracruzano Dante Delgado Ranauro y el jalisciense Enrique Alfaro Ramírez se aprestan a darle chicharrón.

Hay que referir que de la misma manera que el día 8 de diciembre de 2014, sin ninguna consideración, quitaron del cargo de presidente de MC a la joven promesa Hugo Alexander Gómez para poner en su lugar a Leticia Zepeda Mesina, están por aplicarle similar medicina a Leoncio Morán Sánchez. Y es que quien da y quita con el diablo de Locho se desquita, donde las dan las toman y donde las toman las dan, días de unos y vísperas de otros, y a cada diablo se le llega su función. Al tiempo.

 

EL ACABO

 

·        Si se tardan en relevar a Leoncio Morán Sánchez de la dirigencia estatal del partido Movimiento Ciudadano, cuando lo hagan no encontrarán ni los muebles y equipo de oficinas del mismo, cuantimenos a militantes de real valía.

·        Tanto Héctor Anaya como Sergio Polanco por méritos propios. Nada le deben a Leoncio; al contrario. El tiempo les dará la razón de su oportuna partida de donde nada tenían que hacer ni lograr.

Desde la Curul 26

En esta ocasión daré continuidad a la publicación restante de los 91 aspirantes que originalmente fueron aprobados por la Comisión de Vinculación del consejo general del INE, que preside el consejero Ciro Murayama, de los aspirantes a los cuatro cargos de consejeros electorales, tres que serán por siete años y que entrarán en vigor a partir del uno de octubre del presente año y uno más que solamente durará en el encargo cuatro años y que entrará en funciones el 30 de junio.

Éste último estará en el cargo de consejero electoral hasta el 30 de septiembre del año 2021, pero que será quien funja como presidente del consejo general el Instituto Electoral del Estado de Colima y que le corresponderá concluir el período para el que originalmente había sido electa la defenestrada consejera Felícitas Alejandra Valladares Anguiano.

Si en la colaboración anterior, en la lista de los primeros 48 suspirantes usted se encontró que muchos no deberían haber sido avalados porque están violentando la convocatoria expedida por el consejo general del INE, en los restantes 42 nombres que le daré a conocer, seguramente, al igual que yo, se encontrará  con cada “sorpresita”, que la verdad por donde la quiera ver, deja muy mal parada a la Comisión de Vinculación y a su comité técnico de vinculación, que fueron los que cotejaron la documentación y que fueron los que validaron la integración de esos expedientes.

En la relación que hoy le daré a conocer hay funcionarios hasta de nivel nacional y así aparece en el resumen curricular; verá que hay miembros del servicio profesional electoral nacional; consejeros municipales electorales que yo no sé si eso esté permitido, porque sería una especie de reelección y no renunciaron de manera previa a su encargo para poder participar, en fin.

Encontrará funcionarios y ex funcionarios, violando flagrantemente la convocatoria que señala que los que están participando deberán “…no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación, como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado, tanto del gobierno o de la federación…”, y pareciera que los consejeros del INE y su comité técnico no revisaron nada… y luego se quejan porque sus decisiones se ponen en entredicho.

En fin, ya no lo canso, más, y le doy a conocer el complemento de los nombres que quedaron pendientes:

Los que me faltaron…

 

 

49 Linda Vera Martínez Cruz, es contadora pública, labora en un despacho contable particular propio.

50 Luis Gisel Álvarez Córdova, es licenciado en Derecho, cuenta con doctorado en Educación; se desempeña como docente en la Universidad de Colima.

51 Luz María Ochoa Meza, licenciada en comunicación institucional, actualmente colaboradora en Diario de Colima; fue directora del Instituto Colimense de Radio y Televisión y después funcionaria del DIF estatal.

52 Ma Guriv Rivera Gutiérrez, es licenciada en ciencias políticas, posee doctorado en educación, actualmente se desempeña como docente frente a grupo, depende de la Secretaría de Educación Pública.

53 Marco Favio Cobián Monterrubio, es licenciado en Administración Pública, actualmente se desempeña como Supervisor y labora para la Universidad de Colima.

54 María Elena Adriana Ruiz Visfocri, es licenciada en derecho, su ficha dice que actualmente es consejera local del Instituto Nacional Electoral; señala que ha sido presidenta del Tribunal Electoral del Estado.

En el resumen curricular, donde los aspirantes llenaron un documento bajo protesta de decir verdad, la suspirante omite decir que en 2015, fue designada por  un período de tres años consejera del consejo del Instituto Electoral del Estado de Colima, que actualmente está en funciones, y que después de haber rendido protesta, fue destituida del cargo antes de cumplir un mes y en su lugar el actual consejo general del INE designó a Verónica Alejandra González Cárdenas, para conclu