Estación Sufragio

Los malhechores se recluyeron

 Adalberto Carvajal Berber  Opinión

Inseguridad e impunidad son los males sistémicos de la sociedad colimense que no sólo anulan el Estado de Derecho sino que deslegitiman a un gobierno como el de Ignacio Peralta que, a un año de su llegada al cargo, sigue sin poder responder a los reclamos de la gente en esta materia.

A lo más que ha llegado la administración de Peralta Sánchez en el esfuerzo por restablecer el orden público, es a construir una narrativa en la que se enfatiza que la violencia delincuencial (pródiga en homicidios dolosos cada vez más macabros, como el que produjo la cabeza cercenada y abandonada en el Palacio Municipal de Manzanillo) es un fenómeno que solo envuelve a aquellos sectores de la población que participan en el narcomenudeo.

Se trata de una actividad delictiva muy específica que, sin embargo, ya es parte de la vida cotidiana. Se le atribuye a la descomposición del tejido social que un número creciente de colimenses consuma drogas. Y por la dinámica en que se da la distribución de estas sustancias, son cada vez más los habitantes del estado que se las tienen que ver con “la maña”.

En su mayoría son jóvenes, aunque el problema de las adicciones es transgeneracional y lo que va variando es el tipo de enervante preferentemente consumido. Esta estratificación responde también a una lógica socioeconómica, la gente se droga con lo que puede pagar (aunque tenga que robar o prostituirse para ello). Planteado en términos del dinero que mueve, de las manos de los consumidores a las de los carteles que manejan la plaza, podemos hablar de un mercado interno fuerte.

Además de una amenaza para la legitimidad del Gobierno, el narcomenudeo es también un problema para las finanzas públicas. Al Estado le cuesta demasiado dinero el combate a la delincuencia organizada y, como no lo tiene, ¿lo deja hacer?

La federación, el gobierno estatal y los municipios no invierten lo suficiente en el combate a los grupos criminales. No hay inteligencia por falta de tecnología de vigilancia (el C-4 no llega ni a C-2) y de personal entrenado en estas labores. Y la fuerza bruta no rinde los frutos esperados del despliegue de patrullas del Ejército, la Armada, la Policía Federal y las corporaciones estatales y municipales. Mientras en algún punto de la geografía urbana marcha un convoy, en otro se lleva a cabo una ejecución.

El Estado es ciego y con la reforma en el sistema penal ya ni siquiera tiene dientes. Se acaba de anunciar un convenio para poner en subasta el helicóptero que adquirió el gobernador anterior, a un precio que se duplicaba con el costo de accesorios que quizá no se usaron lo suficiente: Se lanza una convocatoria para ocupar vacantes en la Policía Estatal Preventiva, evidencia que no tenemos elementos confiables y capacitados. Y después de dar algunos golpes sonados y vistosos, se retiró de Tecomán la Policía Militar.

Se fue, lo más seguro, porque este cuerpo de la Defensa Nacional no tiene presupuesto para quedarse indefinidamente en una plaza, y los gastos de hospedaje y alimentación o combustible deben ser cubiertos por el gobierno del estado o el ayuntamiento que los invitó.

Tener de huésped a la Policía Militar representa para las autoridades locales una ventaja sobre lo que implica invitar a otro cuerpo del Ejército. En Colima tenemos una sola zona militar pero con dos batallones, uno en la capital, el 27 de Infantería, y el 88 de Infantería en Tecomán, más la tropa de Infantería de Marina que corresponde a la sede de una región naval y base de la flota del Pacífico.

Hay dos comandancias de la Policía Federal, pero no tenemos presencia regular de la Gendarmería porque apenas le acabaron de pagar a los hoteleros de Colima y Tecomán que albergaron a esos uniformados la última vez que estuvieron destacamentados en el estado.

A diferencia de la tropa regular, la Policía Militar puede operar en tareas de seguridad interior sin violentar las restricciones que marca la Constitución a las fuerzas armadas para operaciones que no tienen que ver con la defensa del territorio o la protección civil en casos de desastre. Un tema sensible es el de los retenes, que son más aceptados por la población cuando la garita dice Policía Militar.

Mientras a la Gendarmería hay que alojarla en cuartos hoteleros, la Policía Militar puede instalar su campamento en cualquier cancha de futbol o armar sus catres en el interior de un gimnasio. Traen consigo cocineros y cocinas portátiles, pero la comida corre por cuenta del anfitrión. Lo único que piden es baños medianamente decentes. Si se fueron, muy probablemente sea porque no hubo dinero para tenerlos más tiempo.

Durante los días que patrullaron Tecomán, ¿pudo la PM incidir en los índices de criminalidad? El reporte final es abundante en cifras: se logró la detención de 379 personas, se aseguraron 395 gramos de marihuana, 71 gramos de semilla de marihuana, dos kilos de piedra base y cinco gramos de metanfetamina.

Se decomisaron 70 vehículos sin blindaje, 43 motocicletas, 12 armas cortas y un arma larga, ocho cargadores, 129 cartuchos y una granada. Y se confiscaron 88 mil 805 pesos.

Mas para conseguir estos resultados hubo que cribar a la población civil: se revisaron 43 mil 730 vehículos (algunos, supongo, más de una vez) y se registró a un total de 70 mil 139 personas (eso sí, menores de 60 años).

Con todo, 379 personas detenidas por 395 gramos de marihuana asegurados, nos da un gramo por persona; toca de un arma por cada 29 detenidos, y de cinco gramos de piedra base por persona.

Me pregunto si a los otros 28 que no les encontraron arma, los detuvieron porque iban a bordo de un vehículo con placas extranjeras, sin placas o simplemente con vidrios polarizados. E imagino que las soltaron…

La observación empírica sugiere que llegó la Policía Militar y los malhechores se recluyeron. Con los uniformados en las calles tecomenses, bajó el número de muertes violentas. Cuando se retiraron, volvieron a subir los homicidios. Y hubo más de uno de refinada crueldad.

bv