Tras la exigencia de varios legisladores de que se destituya a los responsables de Procuración de Justicia (PGJE), Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y Seguridad Pública estatal (SSPE), Eduardo Villa Valenzuela, por las malas cuentas entregadas, el diputado Héctor Magaña apuntó que debe de analizarse, pero indicó que la responsabilidad de garantizar la seguridad corresponde a todos los niveles.

“A seis meses de que asume las riendas del Estado, se están haciendo todas las acciones que particularmente al estado le compete, pero no hay que olvidarnos de la obligación constitucional que se tiene en el municipio y el estado, es una responsabilidad compartida el tema de la seguridad”, estableció.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso expuso que también tiene que ver la federación en el tema, ya que la coordinación debe estar orientada en esa forma de asumir responsabilidades y dar resultados.

Asimismo apuntó que al margen de tener una opinión respecto al trabajo de los titulares de la PGJE y SSPE, quien debe definir si se mantienen o no en los cargos, pero también precisó que se debe evaluar de la misma forma a los responsable de la seguridad municipal.

“El exigir la cabeza de alguien creo es una manera irresponsable de decir las cosas, porque en este caso entonces tendríamos que además de pedir la cabeza del secretario de seguridad, también tendríamos que pedir la cabeza de los directores de los 10 municipios, porque son responsables de la seguridad”, dijo al exigir seriedad en las declaraciones que se hagan.

Finalmente el diputado Héctor Magaña Lara comentó que en agosto se estará trabajando en una iniciativa para regularizar y reglamentar la operatividad de las más de 100 empresas de seguridad privada que trabajan en la entidad.

“Estamos por formular el dictamen al interior de la Comisión (de Seguridad) que tiene que ver con la seguridad privada, porque nos queda claro que son más de 100 empresas privadas de seguridad y no hay una norma, una reglamentación, una ley que los pueda coordinar”.

“En este caso lo que buscamos (con esta regularización) es que todos estos elementos que tienen preparación, que tienen formación y que son evaluados, puedan coadyuvar de manera directa también a los trabajos del gobierno del estado en materia de seguridad”, dijo.

Como dato mencionó que estas 100 empresas de seguridad privada tienen a su cargo cerca de mil 200 elementos, el doble de los elementos con que cuenta el estado, “imagínense que todas esas personas puedan estar trabajando de forma coordinada y estratégica” con el Estado, por lo que definió que esta iniciativa pudiera presentarse en el siguiente periodo ordinario de sesiones.