La diputada del PAN Martha Sosa Govea, a nombre de los legisladores del PAN, pidió al titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (Osafig), Carlos Armando Zamora González, que el libro blanco tenga un fin útil.

Esto “a fin de que se implemente las medidas de indagación (..) para determinar posibles responsabilidades que deriven de la información contenida en el informe sobre la situación que guardan actualmente las finanzas de la administración pública del Gobierno del Estado de los años 2014, 2015 y periodo del 1 de enero al 10 de febrero de 2016, elaborado por la empresa PWC a petición del Poder Ejecutivo”.

En su exposición de motivos, la legisladora explicó que “la presente iniciativa tiene como propósito velar por el interés público de los colimenses, al garantizar que el uso de los recursos gubernamentales lleve a crear bienestar para la gente”.

“De manera concreta, a través de esta iniciativa se busca dar utilidad práctica a los resultados de la investigación financiera ordenada por el Poder Ejecutivo estatal, a través de una empresa privada, al manejo presupuestal de los años 2014 y 2015; así como que la autoridad competente compruebe las probables responsabilidades que se deriven de la misma”.

Resaltó que son preocupantes los resultados que arrojó el “libro blanco”, en el cual se encontraron algunas irregularidades y anomalías en las finanzas públicas que se reportaron en el informe de resultados entregado al Ejecutivo Estatal por la firma contratada para tal efecto.

Sosa Govea señaló que existe un hueco financiero por alrededor de 2,627 millones de pesos, integrados por diversas obligaciones no cumplidas o no registradas debidamente.

“Existe pasivos laborales por un monto de 469 millones de pesos, los cuales no se encuentran registrados en los estados financieros, así como dinero pendiente de reembolso a favor de la Auditoría Superior de la Federación, (…) por el orden de los 798 millones de pesos”.

“Esto deja un déficit de más de 725 millones que deben ajustarse en los registros, aportaciones no entregadas a dependencias del Gobierno Federal y a la Universidad de Colima, por convenios firmados, que suman una cantidad de más de 644 millones de pesos”, comentó la legisladora.

Por otra parte, puntualizó que existen cuatro posibles situaciones de conflictos de interés en los que se involucra a altos funcionarios, que fueron beneficiados con la asignación de obras.

Tal es el caso del administrador de una empresa comercializadora que obtuvo un contrato con valor de 1 millón 214 mil pesos, al mismo tiempo que era secretario general de Gobierno.

En el segundo, a la empresa de un hijo del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social se le asignó un contrato por 9.1 millones de pesos, sin contar con la capacidad financiera para hacer frente a los requerimientos de la obra.

En el tercero, a una empresa de quien se desempeñaba como coordinador estatal de Conectividad del Estado de Colima, se contrató para desarrollar una base de datos civiles por un precio de 32 millones de pesos.

Finalmente el cuarto caso es el de un agente ministerial en funciones, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien de su empresa, recibió 5.2 millones de pesos para realizar un desarrollo web.