El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, dijo tener la disposición de reconocer a la mayoría panista en el Congreso del Estado, si acata la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y destituye a los alcaldes panistas de Cuauhtémoc y Tecomán.

“En el PRI no tenemos ningún problema en reconocer públicamente si el PAN en el Congreso del Estado hace realidad su compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley”, expuso el dirigente priista.

Rueda Sánchez indicó que las faltas cometidas durante el proceso electoral extraordinario por los presidentes municipales de Cuauhtémoc y Tecomán, Rafael Mendoza y Guadalupe García son graves, pues violentaron principios constitucionales.

“Si el Congreso del Estado los sanciona destituyéndolos e inhabilitándolos, estará demostrando que su compromiso con el cumplimiento a la Constitución y con los colimenses es real y no es solamente de palabra”, dijo.

En contraste, estimó que con un simple apercibimiento o una amonestación, el Congreso sentaría un pésimo precedente, en primer lugar porque sería complaciente con conductas ilegales y, en segundo, porque daría paso a que ese tipo de actos continúen realizándose.

Rogelio Rueda recordó que el TEPJF determinó que los presidentes municipales de Cuauhtémoc y Tecomán violaron el principio de imparcialidad en el uso y aplicación de los recursos públicos, y no sólo por estar presentes  en actos de campaña a favor del PAN, sino por los discursos que en esos eventos ellos pronunciaron.

“La sentencia del TEPJF no es cualquier cosa, en ella queda claro que con sus mensajes en los eventos partidistas, ambos vulneraron disposiciones constitucionales, cometieron un fraude a la ley y deben recibir una sanción acorde a su comportamiento, que además sea ejemplar para inhibir la comisión de esos actos violatorios a la norma jurídica”, apuntó.

Expresó que la Sala Regional Especializada del TEPJF, en las sentencias a los expedientes SRE-PSD-6/2016 y SRE-PSD-9/2016, ordenó al Congreso del Estado sancionar a ambos presidentes municipales, toda vez que se acreditó su responsabilidad.

Finalmente, señaló que el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución de la República, establece que los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.