El veto del Gobierno del Estado al presupuesto de egresos,
se trata sólo de una estrategia con tintes político-electorales para hacer
ruido de un asunto que se ha manejado de manera legal y equitativa”, señaló Jesús
Fuentes, presidente del comité directivo estatal del PAN en Colima.
Refirió que los argumentos expuestos por el funcionario
estatal no son creíbles, “porque muy a su pesar se trata de un presupuesto de
egresos más equilibrado, ya que en el pasado era el ejecutivo quien se llevaba
la mayoría de los recursos y no se dispersaba de manera equitativa entre los
tres órdenes de gobierno”.
Fuentes Martínez reiteró que existe “la sospecha” de que la
administración estatal pretendía ejercer parte de esos recursos que hoy reclama
“para la campaña electoral”.
A pesar de ello, dijo, la ley le da al ejecutivo la oportunidad
de vetar el presupuesto, sin embargo, “no deja de ser doloso porque utiliza
importes distintos a los determinados en las partidas específicas del
presupuesto autorizado, es decir, la partida 34101, se prevé por servicios
bancarios 90 mil pesos y no 90 millones de pesos como pretende hacer creer en
su veto”.
Asimismo suma 10 millones de asistencia social, que no fue
modificada por el Congreso. Respecto a los recursos federales, que son producto
“de estimaciones de convenios que en su momento se podrían celebrar entre el
Ejecutivo y el Gobierno federal.
Estos están sujetos a su celebración y de llegar a
realizarse, el Ejecutivo estatal recibirá el recurso y lo deberá destinar,
exclusivamente al objetivo del gasto convenido, otorgándole, hasta ese momento
suficiencia presupuestal y financiera.
El líder estatal panista expuso que fue el propio Ejecutivo,
quien al verse afectado en su gasto, lo vinculó inmediatamente al despido de
trabajadores, sin buscar otra opción de racionalización del gasto, dejando
intactos los gasto de publicidad, viáticos, compra de vehículos de lujo, u
otorgar regalos a los municipios afines, prefirió buscar el despido de mil cien
trabajadores.
Por último comentó que el “veto tendrá consecuencias
negativas en la entidad, ya que sólo abonará al clima de inestabilidad que vive
el Estado gracias a los malos gobiernos priístas y sus trampas”.
Además, “con esta medida legal a que se acogió el ejecutivo
estatal evitará que los integrantes de la Policía Estatal Preventiva reciban
incrementos salariales, que los peritos, ministerios públicos y en general el
aparato de procuración de justicia no reciba un incremento de $10 millones”.
“Además de que la Universidad de Colima no recibirá el
incremento de 30 millones de pesos, al igual que no se otorgarán los
incrementos a la Universidad Tecnológica de Manzanillo y el Instituto Tecnológico
de Colima”.
“Como tampoco los recursos destinados a la Comisión de
Derechos Humanos y que además no se otorgue presupuesto alguno al nuevo
Instituto Metropolitano, encargado de aprobar la ejecución de obras de impacto
regional”, concluyó diciendo el líder panista.