Para el gobierno de
López Obrador es de urgente necesidad establecer, sin lugar a dudas, las causas
del accidente en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso,
y su esposo el senador y ex mandatario poblano Rafael Moreno Valle.
En la hipótesis de que
la caída del helicóptero fletado se debe a fallas técnicas o, en su caso,
humanas en el contexto de un clima adverso, es prioritario llegar a una
explicación convincente que le calle la boca a los voceros oficiosos del
panismo.
A esos que, especialmente
en redes sociales pero también en columnas periodísticas, afirman con toda
irresponsabilidad que se trató de un atentado y, en concreto, de un crimen de
Estado.
Para aclarar los
hechos, la administración federal solicitó la ayuda de la National
Transportation Safety Board de Estados Unidos (NTSB), un organismo
estadounidense que “se encarga de determinar la causa probable de los
accidentes de transporte y de promover la seguridad del transporte”, según
anunció el subsecretario de Transporte en SCT, Carlos Alfonso Morán Moguel.
Otro funcionario
federal, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la
PGR, Roberto Ochoa, anunció que pedirá apoyo a distintas organizaciones, como
el FBI, para esclarecer las razones que llevaron a la caída del aerotaxi.
De este modo, reconoce
la Procuraduría General de la República la posibilidad –que tampoco se puede
obviar– de un evento intencional y premeditado en el que murieron cinco
personas: la gobernadora y su cónyuge, los dos pilotos y el asistente del
también líder de la bancada del PAN en la Cámara de Senadores, Héctor Baltazar
Mendoza.
Polarizan la opinión
Descartar que no haya
sido más que un lamentable accidente no es solo el primer paso en una
investigación de este tipo, sino la medida obligada en una estrategia de
comunicación social para contrarrestar la rumorología que, por mero
sospechosismo pero también con mala intención, se ha lanzado en las redes
sociales buscando endosar la tragedia al presidente López Obrador.
Filtrar videos que
muestran la caída de una helicóptero de la misma marca, pero que no es el mismo
que cayó en el municipio de Coronango; falsificar declaraciones del dueño de la
compañía de aerotaxis, donde supuestamente afirma que no fue un accidente;
empalmar fotografías en donde se ve un helicóptero cuando es alcanzado por un
cohete; todo eso es perversidad política, no simple ociosidad de autores de
memes.
Tan malvada es la
actuación de estos fabricantes de fake news, como la actitud de columnistas
hasta ahora desconocidos como Oscar Garza Bello y otros que se escudan en el
anonimato, quienes en un fingido análisis desapasionado de la situación apuntan
como sospechosos del crimen a AMLO y al senador Luis Miguel Barbosa, ex
candidato de Morena a la gubernatura de Puebla.
Dice el tal Garza
Bello que, cuando ocurre un asesinato, hay que buscar al sospechoso entre
quienes cumplen tres condiciones: ¿quién tiene un motivo?, ¿quién tiene los
medios? y ¿quién tuvo la oportunidad?
Estos opinólogos
gratuitos acusan al Presidente de haber sembrado el odio entre las formaciones
políticas, y de haber polarizado a la sociedad. Pero con el recurso fácil de
culpar a López Obrador están buscando, precisamente, despertar el odio contra
la figura del mandatario. Así se demostró en el funeral de la gobernadora
Alonso, donde ‘espontáneamente’ abuchearon a la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero.
Si de especular se
trata
En respuesta a las
acusaciones infundadas de un magnicidio, las redes sociales mostraron que las
opiniones de los poblanos y de los mexicanos en general respecto a la pareja
gobernante están divididas por el actuar de Alonso y Moreno Valle, y no por el
discurso político preelectoral, electoral o poselectoral.
A Martha Erika la
señalan como beneficiaria de una operación fraudulenta que fue legitimada por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando todo indicaba
que, por lo menos, debían anularse los comicios para Gobernador en Puebla.
Y a Rafael Moreno
Valle, investigaciones periodísticas serias lo ubican en la punta de una cadena
de protección política a una industria delictiva conocida como “huachicoleo”,
que consiste en la ordeña de los ductos de Pemex y el mercado negro de
gasolinas en el país.
Esta actividad
criminal supone miles de millones de pesos que, de acuerdo a esas
investigaciones, habrían financiado incluso frustradas campañas a la
candidatura presidencial del PAN y, por supuesto, la virtual reelección de
Rafael en la gubernatura de Puebla a través de la persona de Martha Erika.
Sospechosos no comunes
Al lugar común de las
novelas policiacas, ¿quién se beneficia con la muerte de los Moreno Valle?, hay
que anteponer otra pregunta: ¿quién pagará los mayores costos políticos por
esta tragedia?
Habría sido una
estupidez mayúscula ordenar desde Palacio Nacional la muerte de los
gobernadores poblanos pues, además de atraer los reflectores sobre la figura
presidencial, ¿qué ganaba Andrés Manuel con ello?
Si de revancha se
trata, hubiera sido una mejor venganza dejar correr la administración de
Alonso, esperar a que incurriera en un delito relacionado con la corrupción y
aplicarle todo el peso de la ley bajo un esquema de desaparición del fuero que
permite el enjuiciamiento de un gobernante en funciones.
Tampoco Barbosa, por
muy ignorante que se haya visto empleando la palabra “magnicidio” como sinónimo
de la muerte de un gobernante cuando el término define necesariamente el
homicidio de un estadista, se beneficia de nada.
A pesar de controlar
el Congreso local, la cortesía política obliga a Morena a ceder el interinato a
un panista, que desde el inicio de las sesiones apuntaba al secretario general
de Gobierno en funciones de encargado del Despacho del Gobernador, Jesús Rodríguez
Almeida.
Y en tres meses,
cuando se realicen las elecciones extraordinarias, el candidato menos
competitivo sería Luis Miguel Barbosa porque, como lo constató en 2005 el
entonces panista Leoncio Morán, tras la muerte del gobernador de Colima, Gustavo
Vázquez Montes, nadie puede ganarle a un muerto.
Si hemos de
preguntarnos quién se beneficia con la muerte de los Moreno Valle, las
sospechas deberían a apuntar a otros poderes no necesariamente políticos, a
intereses económicos que se verían perjudicados con una reedición del represivo
y corrupto gobierno de Rafael, sin olvidar a quienes podrían verse afectados
con un pacto de Erika y su esposo con el gobierno federal para desmantelar
redes como las de los huachicoleros, a cambio de tranquilidad para gobernar y
holgura en las participaciones federales.
¿Y si fue un simple
accidente?
Con todo, lo primero
que se debe descartar es que se trate de un accidente. Viajar en helicóptero es
riesgoso. Han perdido la vida en el colapso este tipo de naves Francisco Blake
Mora, uno de los dos secretarios de Gobernación que murieron en accidentes de
aviación en el sexenio de Felipe Calderón (el otro, Juan Camilo Mouriño, se
precipitó a tierra en un minijet); y el secretario de Seguridad Pública de
Vicente Fox, Ramón Martín Huerta.
Si bien es verdad que
la sospecha de un atentado ha alimentado la imaginación popular en la muerte de
varios gobernantes locales: desde Jesús González Gallo en Jalisco, hasta
Eduardo Villaseñor Peña ya como gobernador con licencia en Michoacán. Ambos
murieron en accidentes automovilísticos, al igual que el ex candidato
presidencial Manuel J. Clouthier.
La lista de políticos
muertos en accidentes de aviación es amplia. Y desde la caída del avión
comercial en el que viajaba Carlos A. Madrazo, disidente aspirante a la
Presidencia de la República que buscaba la democratización del PRI, no escapan
a especulaciones.
Las dificultades para explicar en términos sencillas las complejidades técnicas que llevaron a un avionazo, enturbiaron las circunstancias en las que murieron Juan Camilo Mouriño o el gobernador de Colima, Gustavo Alberto Vázquez.
“Mezquinos neofascistas”
Por esa predisposición
del público a pensar mal y por el afán de los detractores de Morena a endosarle
a López Obrador la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, es que
tendrá que darse prisa la oficina presidencial en esclarecer las causas del
accidente.
No funcionarán los
llamados a la cordura dirigidos a los “mezquinos neofascistas” que quieren
medrar con la tragedia de los gobernadores de Puebla. Esa gente no entiende
razones y buscará infringirle el mayor daño posible a la institución
presidencial.
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