Con su macabra instalación a las puertas de Casa de Gobierno, la delegada del PRD en el estado, Martha Zepeda del Toro, puso el dedo en la llaga que más le duele a la administración de Ignacio Peralta: la inseguridad.

La única figura que le resta al Sol Azteca en la entidad montó una escena tan realista que, difundida en las redes sociales, fue tomada como hecho verdadero por muchos colimenses a quienes les pareció absolutamente verosímil que alguien haya abandonado una docena de bolsas negras, presuntamente con restos humanos, en la banqueta de la residencia oficial del Gobernador.

Con su performance, Zepeda sorprendió al gabinete peraltista. En vez de realizar su protesta afuera de Palacio de Gobierno, un edificio literalmente abandonado por la administración estatal, se manifestó en la casona de Calzada Galván.

Y la guardia no atinó a impedir la colocación de los bultos. O quizá recibió instrucciones de actuar con tolerancia y en respeto a la libre manifestación de las ideas.

Como sea, seguramente se arrepintió el gabinete cuando vieron la repercusión que la protesta tuvo en las redes sociales. Algunos opinadores criticaron que la instalación de Martha Zepeda generó “sicosis” en la población. Y no faltó quien acusara a la perredista de propinarle un golpe bajo al mandatario estatal.

Pero si la exposición tuvo impacto no fue porque los transeúntes que la alcanzaron a ver creyeran que, en efecto, alguien había tirado a unos descuartizados afuera de Casa de Gobierno, sino porque todos los días, pese a la falta de información oficial, la población se entera de ejecuciones en plena vía pública y del hallazgo de cuerpos mutilados en todos los municipios del estado.

Con índices de homicidios por arma de fuego cada vez más elevados y la inclusión de Colima en la lista de estados mexicanos a donde el Departamento de Estado en Washington recomienda no viajar, la violencia asociada a la actividad delincuencial de tipo narcotráfico es la gran asignatura pendiente en un gobierno que se enfrenta a las elecciones intermedias.

En estos comicios, Nacho Peralta tendrá que someterse a la evaluación ciudadana.

Y si en Palacio de Gobierno piensan que la oposición va a desaprovechar la oportunidad de remarcar los errores del régimen para lucrar políticamente con ellos, están muy equivocados. La ola de asesinatos con la tipología de una ejecución entre bandas criminales enfrentadas, va a estar en el centro del debate electoral de 2018.

Es algo que probablemente no previeron quienes diseñaron una estrategia electoral basada en minar a las fuerzas de oposición, colocando incluso candidatos oficialistas en partidos que se suponen ajenos al gobierno estatal y federal. Martha Zepeda no será candidata de un partido disminuido, el de la Revolución Democrática en Colima, sino la abanderada de un frente ciudadano formado por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano.

Con su habilidad para articular un discurso coherente e hiriente, lo que Zepeda del Toro diga acerca de la inseguridad en Colima lo repetirán los demás candidatos del Frente, con la vehemencia de un personaje como Leoncio Morán y la retórica antipriista de Ricardo Anaya. Y eso sin considerar a los candidatos de Morena que tienen esas dos asignaturas pendientes del gobierno estatal, la economía y la inseguridad, para hacer lodo.

Para evitar que el tema de la inseguridad se politizara, la administración Peralta debió haber tomado cartas en el asunto desde el principio. En cambio, dejó correr los problemas asumiendo que se resolverían solos.

A estas alturas, hay dos errores de gobierno que el colimense no le perdona a Peralta Sánchez: la contracción económica que se traduce en una falta de liquidez y en el empobrecimiento de la población, y la cantidad de muertos que está dejando la disputa por la plaza.

La parálisis económica se puede explicar (y hasta justificar desde una filosofía neoliberal) como consecuencia de una disciplina fiscal y un reordenamiento de las finanzas públicas, pero la ruptura en la paz social está directamente relacionada con el Estado fallido.

El gobierno de JIPS nos ha dado a entender que la inseguridad es un problema nacional o, en todo caso regional, que escapa al ámbito de acción del Ejecutivo estatal. Sin embargo, el pueblo se queja y con razón por la abulia gubernamental.

Hace algunos meses yo mismo llegué a pensar que la ciudadanía estaba completamente aturdida por la violencia criminal, que ya nadie reparaba en los muertos y que salvo en algunos casos nos condolíamos de las víctimas, por su corta edad o por ser justos que pagaban por pecadores. Pero la instalación de Martha Zepeda nos recordó que la inseguridad es una herida abierta.

La falta de una política eficaz en materia de seguridad pública alimentará la disputa política. Las cosas no pintan fáciles para los candidatos oficialistas. Y la oposición no tiene que esforzarse mucho para explotar el tema.