La reforma a la Ley de Pensiones no es un problema técnico, ni legal, sino un problema de moral política, por eso ha generado tantas aristas entre la sociedad colimense y, en particular, en la clase trabajadora, que será la que sufra las consecuencias de esta reforma. Lo explico con un simple ejemplo: mientras los servidores públicos (empezando por el gobernador y su gabinete, y hasta donde alcance esa línea) no tengan un freno real en la forma en que usan  los recursos y bienes del Estado, buscando básicamente acabar con la corrupción y los excesos, no habrá jamás aceptación de ningún sector de la clase trabajadora de perder sus derechos de ningún tipo, incluido los relacionados con su pensión y su jubilación, esto es con la certidumbre de que tendrán un futuro con el mínimo indispensable de bienestar.

¿Qué trabajador, en su sano juicio, va a aceptar perder privilegios si quienes los representan –la parte patronal- se desbordan en excesos con los dineros públicos? Ver, por sólo aludir el caso más emblemático, que el Ejecutivo estatal goza de privilegios excesivos –incluidos los de su seguridad personal y sus viajes frecuentes en aviones privados con costo al erario- es razón suficiente y justificada como para no consentir la reforma de una ley en donde a mí como trabajador me quitan privilegios para aumentárselos (o por lo menos para dejárselos intactos) a mi patrón.

Un Estado no es una empresa privada, aunque ese tratamiento le den quienes “administran” actualmente los bienes de la sociedad, por tanto es impermisible que se distraiga la atención social con una reforma a la ley de pensiones cuando lo que deberíamos estar discutiendo son los excesos que está cometiendo tanto el mandatario estatal como su primer círculo de servidores públicos. El análisis realizado, por ejemplo, por el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Gobierno del Estado, cuyo líder actual es Martín Flores Castañeda, ahora bajo duro fuego por parte de las huestes oficialistas, es una muestra clara no de que la nueva Ley de Pensiones no se puede aprobar a ojos cerrados, sino de que es necesario hacer un debate a fondo sobre la mejor forma en la que ésta debería aprobarse. Yo creo que es necesaria una reforma a esa y a otras muchas leyes, pues aún tenemos instituciones en muchos sentidos arcaicas y retrógradas, pero no se pueden hacer a la ligera, se requiere un análisis de fondo, se exige que todos los implicados pongan de su parte (no que pierdan los trabajadores y ganen los patrones), es un imperativo que nadie tome partido salvo que sea para el beneficio real de los trabajadores sin perder de vista tampoco aquello que sea viable y justo para los patrones.

Necesitamos, pues, tomar una decisión despolitizada y éticamente responsable. Se está jugando el bienestar de miles de familias, ¿acaso es mucho pedir? La medida le ha devenido impopular al gobierno del Estado no tanto porque en la nueva ley que intenta imponerse hay inconsistencias graves que perjudicarán a la clase trabajadora, sino porque, insisto, los patrones (el gobernador y muchos de sus funcionarios de primer nivel) siguen con excesos que ofenden a la sociedad, sin que se les vea, para desfortuna nuestra, ningún asomo de vergüenza al ejecutarlos.  Mientras esto no se cambie, no habrá reforma alguna que, incluso desde antes de nacer, no venga ya desacreditada.