En conferencia de prensa, Tranquilino Contreras Rentería, presidente del ejido Cerro de Ortega anunció que ejidatarios afectados por la falta de resolución legal en la repartición de terrenos que debió hacerse hace 47, años tomarán otro tipo de medidas, toda vez que la vía legal lleva 40 años.

Acusaron al delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Colima, Carlos Antonio Cárdenas Roque, y al titular del Tribunal Agrario de entregar a tierras a particulares perjudicando a los campesinos.

Acompañado de medio centenar de ejidatarios y del líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el Estado, Jorge Armando Gaytán, Contreras Rentería, explicó que la causa del enojo en los ejidatarios, es el atraso de más de 40 años en que la Sedatu no ha cumplido con la resolución dictada por la Presidencia de la República que dotó al ejido de una superficie de terreno.

“Desde que se inició el reparto de la tierra, iniciaron los conflictos. Han interpuesto juicios, amparos y todo tipo de actividades legales. Nosotros reconocemos que ellos tienen el derecho de acudir a la ley, pero el problema es que ya hemos detectado triquiñuelas, que la ley se ha venido inclinando hacia ellos”.

Aseguró que en base a lo que están viviendo, la ley ha protegido a quiénes usurpan sus tierras y aunque en algún momento se pensó que se les darían a sus legítimos dueños, sucedió que agarraron a los campesinos que reclamaban lo suyo y los metieron a la cárcel.

Explicó también que aun teniendo el apoyo de organizaciones como la CNC y de sostener diálogos con el gobernador, el actual delegado de la Sedatu, ha alargado el asunto aún más.

“Primero nos atendió amablemente, quedó de mandarnos citar en 14 días, pero hace fue más de un año, ahora nos encontramos un escudo con la Sedatu, hemos encontrado una cerrazón, argucias legales, explicaciones que ya mero y ya después y nada”.

Acusó al Tribunal Agrario de seguir actuando con una “lentitud sospechosa y no vemos resultados”, debido a ello, destacó que en Cerro de Ortega se está gestando un movimiento de protesta y resistencia que si las autoridades correspondientes, a quiénes les atañe el conflicto no lo atienden, “puede convertirse en una bola de nieve que puede terminar en avalancha”.

Advirtió que a pesar del tiempo, los derechos ejidales no se extinguen, “podrá desaparecer el titular, pero la ley les concede el derecho de nombrar sucesores o herederos, así que hay familiares con certificados y derechos, por eso sentimos una responsabilidad de darlo a conocer porque no queremos quedarnos callados y que esto pueda ocasionar un conflicto más grave”.

Tranquilino Contreras recordó que en un principio eran dos mil 373 hectáreas en cuestión, pero actualmente el conflicto es sobre 600 hectáreas.

Presente y en apoyo al ejidatario, Armando Gaytán Sánchez, líder estatal de la CNC calificó como increíble la pasividad de las autoridades agrarias, “tantos años no se haya resuelto pero lo más increíble que cuando se les entrega la posesión no se les respeta, es más se les encarcela”.

“No es posible que después de más de 100 años del reparto agrario, tengamos aún esa problemática” y aunque destacó que la CNC es respetuosa de las instituciones también dijo que los ejidatarios ya no aguantan más.

“Esperamos no llegar a otro tipo de manifestaciones, que se pongan a trabajar los funcionarios que para eso les pagan, resuelvan, no es lo mismo estar en la oficina que en el campo trabajando para sacar un peso y dar de comer a su gente, estaremos con todo a favor de los ejidatarios en esta demanda justa”.