Estación Sufragio

Los burócratas deben convencer a los diputados de que la iniciativa de Pensiones es injusta...

 Adalberto Carvajal Berber  Opinión

BUSCABAN EL K.O.:

Enviar una iniciativa de reforma al sistema de pensiones al Congreso sin consultarla con el sindicato que representa a la mayoría de los afectados o, como les gusta decir a los voceros oficiales, con los beneficiarios de esta eventual ley, es un despropósito. Y sólo se explica como una táctica política o como una rabieta.

En la primera posibilidad, parece un plan elaborado por el Poder Ejecutivo para descontar de un golpe al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE). Probablemente en la administración de Ignacio Peralta alguien pensó que, si pegaban primero, pegarían dos veces a la organización encabezada por Martín Flores.

La segunda posibilidad sería consecuencia del enojo que provocó en el secretario de Administración, Kristian Meiners, que el STSGE anunciara hace unas semanas la afiliación de casi 500 trabajadores de confianza de base, con derechos adquiridos por antigüedad y con funciones equivalentes a la de los sindicalizados.

Como quiera que sea, optar por una confrontación con sus trabajadores es una mala estrategia del Gobierno del Estado, porque se hace a un alto costo político (¡en pleno año electoral!) y porque, además, es completamente contraria a derecho.

El lunes, Flores Castañeda hizo un tour de medios (estuvo en la revista En Concreto que en Facebook Live y Fresh Radio conduce este columnista) y en todos los foros expresó que los trabajadores no fueron tomados en cuenta por la patronal a la hora de redactar la iniciativa.

De hecho, lo que sorprendió al Sindicato de los términos en que fue presentado el proyecto de ley, es que ninguno de los aspectos que consideró la representación laboral durante las incontables reuniones de trabajo para analizar la viabilidad financiera y los mecanismos que se puedan generar para garantizar el pago de las pensiones y jubilaciones, aparece en la iniciativa.

Es decir, los redactores ignoraron arbitrariamente la posición sindical. Lo que no les impedirá a los trabajadores acudir al Poder Legislativo este miércoles a exponer a los diputados la visión que tienen los burócratas sobre el problema de Pensiones y la fórmula para arrancar un nuevo sistema.

LA REFORMA ES URGENTE:

Es claro que se requiere una reforma urgente a Pensiones. Y el Sindicato debe ser el principal interesado en que se efectúe porque, con el actual esquema, se está defraudando a los trabajadores y, sobre todo, los están poniendo en riesgo de que la tesorería no pueda seguir pagando sus jubilaciones con cargo a la nómina.

Este es un asunto de interés público pero no porque algunos contribuyentes piensen que el Gobierno debe acabar con los privilegios de los burócratas, sino porque un eventual despojo a los pensionados y jubilados de la administración pública estatal afectaría a numerosas familias colimenses.

Este Sindicato representa a 3 mil 120 trabajadores, de los cuales 908 son jubilados. Sin embargo, la nueva ley decidirá sobre el destino de los ahorros para el retiro que han hecho cerca de 12 mil trabajadores, entre burócratas sindicalizados y de confianza, maestros al servicio del estado, empleados municipales y personal de los organismos públicos descentralizados que cotizan en la Dirección de Pensiones.

Todos esos trabajadores demandan respeto a sus derechos y conquistas laborales. Los burócratas simplemente esperan que a la hora de legislar en materia de Pensiones, los diputados se conduzcan bajo los principios de certeza, seguridad jurídica, objetividad, equidad, proporcionalidad, subsidiariedad, buscando la justicia social y respetando los derechos humanos de los afectados.

CUENTAS CLARAS…

En diferentes foros, Martín Flores ha venido diciendo que para que haya una reforma integral al sistema de pensiones y jubilaciones se requiere liquidar el actual sistema.

Ah, pero eso no puede ser haciendo borrón y cuenta nueva: es indispensable concluir la auditoría en proceso, rindiendo un informe de resultados que deberá presentarse al Gobierno, a los trabajadores y al Congreso.

No se puede transformar la actual Dirección de Pensiones en un Instituto y transferir los activos de un organismo al otro, cuando no se han desglosado los estados financieros: ¿Dónde está el dinero aportado por los trabajadores a razón del 5% de su sueldo? ¿Y dónde está el 1% del sueldo de cada trabajador, aportado por el Gobierno del Estado en más de medio siglo que lleva la ley en vigor?

Por cierto, el patrón no ha estado aportando el 3% que la actual legislación le señala porque –como una medida transitoria– vino pagando, con cargo a la nómina, las jubilaciones.

El Sindicato ha demostrado que hay un adeudo de alrededor de mil millones de pesos por parte de la patronal (que incluye no sólo a los tres poderes del estado, como empleadores de los burócratas, y al Gobierno del Estado como patrón de los maestros afiliados a la sección 39 del SNTE, sino a los ayuntamientos con mayor número de personal y a los organismos descentralizados).

Esa es la deuda que se acumuló en los 19 años que lleva en general el Gobierno de no enterar al fondo de pensiones las aportaciones (no sólo su parte como patrón sino la de los trabajadores a los que, sin embargo, se les ha descontado puntualmente de su pago quincenal la aportación correspondiente).

VIABILIDAD A LA LARGA:

Cuando se haya saldado esa deuda, se podría pasar al análisis de la iniciativa ante la cual el Sindicato, de entrada, tiene al menos tres objeciones:

1) Para empezar, es inconstitucional incluir dentro de la reforma al sistema de pensiones a los que ya se han jubilado con base en el esquema anterior, mediante el cual se les paga su pensión con cargo a la nómina.

Obviando que quienes ya pasaron a retiro, 2 mil 200 trabajadores, tienen un derecho adquirido que no puede ser desconocido, la iniciativa que presentó el Ejecutivo pretende que el nuevo Instituto de Pensiones absorba esa carga.

Y además que lo haga con nuevas reglas. De este modo, jubilados que gozan actualmente de 18 prestaciones, perderían 15. Sólo les dejarían tres: una gratificación anual a manera de aguinaldo, el seguro de vida con una prima menor a la actual y ayuda para gastos funerarios.

El Sindicato considera que es absurdo que no se consulte a la base trabajadora para una reforma que los afecta (o los beneficia), y en cambio se extiendan invitaciones para que académicos de la Universidad o del Instituto Tecnológico de Colima opinen, cuando los miembros de esas comunidades universitarias tienen su propio sistema de pensiones del que ocuparse… y preocuparse.

Los sindicalizados, advirtió Martín Flores, van “a defender con todo” sus ahorros para el retiro. Al incluir el Gobierno del Estado a los actuales jubilados quiere hacernos creer que es más lo que aportará la patronal en la integración del nuevo fideicomiso.

Del 42% que Kristian Meiners dijo que le corresponde aportar a la administración de Peralta Sánchez, en realidad sólo estaría poniendo un 6% ya que el 36% restante es lo que está obligado a pagar a los jubilados, de acuerdo al esquema que se pretende derogar.

Según Flores Castañeda: “Quieren engañar a la población y a los trabajadores presentándose como un Gobierno bueno, cuando en realidad son un Gobierno insensible”.

CON VOZ PERO SIN VOTO:

2) Una segunda objeción que el Sindicato tiene ante la iniciativa es respecto a la integración del Consejo de Pensiones.

El iniciador, Gobierno del Estado, se está reservando ocho asientos en dicho Consejo, pero quiere despojar al STSGE del suyo. Esto es inequitativo y, por lo tanto, inconstitucional.

Aparte de eso, el Gobierno propone dos “consejeros ciudadanos”:

Uno representaría a Nafinsa, entidad que prestaría los recursos para echar a andar el fideicomiso, que en todo caso, es un financiamiento que está pidiendo la patronal para completar su aportación. No lo está contratando la sociedad en sí, que es el sistema de pensiones.

Y el otro es un representante de los patrones del sector privado, específicamente de la Coparmex o de la Canaco, organizaciones empresariales que se han manifestado como enemigas de los trabajadores al servicio público, cuestionando salarios y prestaciones que ciertamente ofenden a quien está acostumbrado “a pagar poco y exigir mucho”.

Estos dos consejeros, lejos de representar los intereses de la ciudadanía, supondrían un apoyo para la patronal y dejarían a los trabajadores en estado de indefensión y vulnerabilidad.

De su potencial parcialidad habla la propuesta de retribuirles 7 mil 500 pesos por sesión a cada uno de esos consejeros ciudadanos, que a razón de un cálculo de 50 sesiones al año importarían 375 mil pesos al año para cada uno.

El Sindicato propone una estructura distinta para dicho Consejo del Instituto de Pensiones, a saber:

Que lo presida el Gobernador, quien tendría voto ponderado en caso de empate, y los secretarios de Administración y de Finanzas como representantes del patrón. Más el director general del Instituto de Pensiones fungirá como secretario ejecutivo, del Consejo.

Mientras que a los trabajadores los representarían el secretario general del SNTE 39, el líder del STSGE, dos de los representantes de los municipios adheridos al Instituto (en la actualidad no todos los ayuntamientos aportan a Pensiones), un representante de la Unión de Sindicatos y otro de la Federación de Sindicatos.

EXPECTATIVA DE DERECHOS:

3) La tercera objeción es con relación a los trabajadores de transición (es decir, quienes todavía están en activo y tienen una expectativa de derechos). Al incrementar las aportaciones personales al fondo (hasta un 7% de su salario integrado) y con base en el fondo inicial (que ya dijimos se calcula en mil 500 millones de pesos), se vuelve costeable respetar su derecho a jubilarse en los términos actuales, esto es, las mujeres a los 28 años de servicios y los varones a los

30.

La propuesta para quienes ingresen a trabajar a partir de que entre en funciones el nuevo sistema de pensiones, es que los trabajadores se jubilen a los 35 años de servicio y con 60 años de edad. Tan solo por estar cotizando durante ese tiempo, estarían aportando al fondo casi el triple de lo que ahorran en el actual esquema.

El Gobierno del Estado quiere prolongar la edad laboral de los que todavía están activos hasta los 65 años. Pero eso le dejaría al trabajador diez años para disfrutar la pensión, de acuerdo a la esperanza de vida. Una pensión para la cual cotizó durante casi cinco décadas (en el caso de los trabajadores que ingresaron a laborar antes de los 20 años). Lo correcto es cotizar durante cuatro décadas para disfrutar 15 años de jubilación, en promedio.

Sin embargo, para que el sistema sea viable es necesario que el Gobierno del Estado y las entidades públicas patronales estatales eleven su porcentaje deaportación, en 2018 al 12%; en 2019, al 13%; del 2021 al 2050, al 13.5%; y del 2051 en adelante, al 14%.

Hay que tomar en cuenta que la ley de la vida los irá liberando del pago a los trabajadores que actualmente están pensionados con cargo a la nómina. Conforme pase el tiempo, irán falleciendo estos jubilados y, en su caso, las y los consortes con derecho a una pensión de viudez. Así como los hijos menores protegidos por el esquema, llegarán eventualmente a la mayoría de edad.

Con estas aportaciones de los trabajadores y sobre todo de la patronal, señala Martín Flores, se garantiza la viabilidad del fondo por cien años, de acuerdo a los cálculos que hizo el propio actuario contratado por la Secretaría de Administración, Francisco Miguel Farías.

Este fondo, además, se tiene que ir capitalizando con base en un esquema de préstamos a corto, mediano y largo plazo: para gastos emergentes (plazo de 18 meses) con el 14 por ciento de interés; a 5 años, con el 12%; y, a 15 años (créditos hipotecarios), con el 10 por ciento.

Operando estos préstamos, en un año, el fondo inicial llegaría de mil 500 millones a por lo menos 2 mil millones de pesos.

Actualmente Pensiones presta (cuando presta) al 9% anual, un rendimiento que devora la inflación. Pero los créditos para bienes de consumo duradero, por ejemplo de Fonacot, organismo público con el que tiene convenio el Gobierno estatal, son al 60%. Mientras que una conocida tienda departamental originaria de Colima, con la que también existe un convenio, cobra una tasa anual del 40%.