Paracaídas

Congreso de Colima, degradado

 Rogelio Guedea  Opinión

El pasado 13 de noviembre se aprobó finalmente una sanción para  el ex director de Ciapavoc,  Óscar Valencia Montes, a quien se le ha obligado a regresar casi un millón de pesos a este organismo, además de ser inhabilitado por un año para desempeñar cargos públicos, pues, lo afirmó el diputado Riult Rivera, presidente de la Comisión de Responsabilidades, se confirmó que el mencionado funcionario  “le entregaba dinero a trabajadores de esa dependencia sin tener facultades de hacerlo”.

En la misma sesión que sancionaba a Valencia Montes se presentó otro dictamen que contenía castigos para varios ex funcionarios de la pasada administración tecomense, específicamente por la cuenta pública de 2014, pero con el curioso detalle de que varios de ellos, por razones que el propio Riult Rivera no pudo justificar de forma contundente, fueron exonerados, entre ellos el propio diputado Santiago Chávez, ni más ni menos que actual presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, situación que fue denunciada por la misma diputada albiazul Norma Padilla, quien, por supuesto, no fue escuchada.

Por si lo anterior no levantara suficientes suspicacias sobre la forma en que se aplica la ley en el Congreso local, en el dictamen que propuso sanciones representativas para ex servidores públicos de la pasada administración anguianista se hizo exactamente lo mismo: se exoneró a funcionarios que, aunque presumiblemente tenían responsabilidades que afrontar, fueron sacados de la lista negra a última hora, como fue el caso del actual dirigente priista Rogelio Rueda, lo que causó escándalo e irritación en la sociedad y, sobre todo, en la propia clase política, que se dio cuenta del embuste legislativo.

 

Es importante agregar que ante la acusación de la diputada Norma Padilla con respecto a la “extraña” exoneración del diputado Santiago Chávez, el presidente de la comisión, Riult Rivera, argumentó que esto se había determinado así en virtud de que el legislador tecomense había presentado elementos de prueba suficientes para quedar exento de las imputaciones, extraño artilugio si se considera que varios funcionarios de la administración anguianista (entre ellos Gustavo Allen Ursua, quien tiene denunciados a los diputados por este tipo de irregularidades, y ahora se ve que con razón) fueron prácticamente linchados públicamente sin haber tenido antes la oportunidad de ser siquiera escuchados con respecto a las imputaciones que se les hacían, lo que indica entonces que más que impartir justicia, lo que está haciendo el Congreso local es vengarse políticamente de todos aquellos que le son adversos a la gestión del actual gobernador Nacho Peralta, contando con la complicidad del Congreso.

El Congreso local, ahora pulverizado debido al desmarcamiento del petista Joel Padilla y la verdecologista Martha Meza (que responde a los intereses de Nabor Ochoa), está metido ya en una espiral de descrédito que, incluso, están pagando aquellos diputados que han tomado con la seriedad debida la función que ostentan y el compromiso que tienen con la sociedad colimense.

Ellos son los responsables de la concordia social y de la preservación de nuestro Estado de Derecho, pues para eso es que se han creado las leyes, pero parece que –ya lo vemos- esto es lo último que les importa.