La falta de alternancia democrática en Colima, lo que ha derivado en el monopolio de un solo partido (y, por extensión, de una misma oligarquía política), ha ocasionado la descomposición de la política misma y del Estado. Las prácticas propias de un régimen totalitario que intenta conservar el poder a cualquier precio es directamente proporcional al daño padecido al día de hoy por la sociedad colimense, con las consecuencias que esto empieza a tener ya para el propio Estado.

El asesinato hace unos días de Crispín Gutiérrez no se lamenta sólo porque se trata de un vida humana, sino porque él, como muchos de los servidores públicos de gobierno y representantes populares, representan ni más ni menos que la soberanía social, esto es, en ellos se encuentra representada cada una de las voluntades individuales (cada uno de los ciudadanos) que conforman nuestra entidad.

Asesinar, pues, a un alcalde es, en más de un sentido, asesinar nuestra soberanía social, más alta aún que nuestra soberanía política, ahora hecha de hombres rapaces que no entienden sino de robo y latrocinio.

En Colima, desde hace bastante tiempo, los crímenes contra la soberanía social vienen convirtiéndose en nuestro pan cotidiano. Se asesinó al ex gobernador Silverio Cavazos, se atentó (con fines de asesinarlo) al ex gobernador Fernando Moreno Peña, se asesinó a un secretario de Estado (Saúl Adame Barreto), hace poco a un delegado (Jaime Vázquez Montes), y además murió en situaciones sospechosas otro ex gobernador (Gustavo Vázquez Montes).

Hace unos días, fue arteramente acribillado el presidente municipal de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, sin que la sociedad realmente sepa con certeza cuáles son los motivos reales de éste y ni aún del resto de los crímenes de Estado. Cuando un gobierno (que representa las funciones de ese Estado) no puede prometerle a la sociedad que representa la seguridad y la felicidad, razón esencial de su existencia, ese gobierno es fallido, y, siendo fallido, o debe de transformarse o tiene que cambiarse.

Cada vez son más las voces que se escuchan en las redes sociales (único termómetro veraz del sentir social que tenemos a mano ahora, pues la mayoría de medios están cooptados por el gobierno) sobre la exigencia de renuncia del gobernador Nacho Peralta, quien al parecer ha terminado por desentenderse de su responsabilidad al frente de nuestro Estado.

Su propio tío, dueño del periódico menos leído del Estado pero más subsidiado por el gobierno, le ha increpado su falta de prontitud para atender y resolver los asuntos que interés social, como el propio de la Secretaría de Educación, que tardó más de un mes en resolver, y eso nada más porque se le había salido completamente de las manos. Lo cierto es que vivimos con miedo.

No ha habido alguien que me diga lo contrario. El miedo se respira en el ambiente, se siente en la piel, lo están padeciendo muchos ciudadanos: se asesina con impunidad, se roba con impunidad, se extorsiona con impunidad, incluso se cometen atropellos con impunidad.

Yo esperaba que el mandatario estatal y su gabinete de seguridad salieran al siguiente día (o dos días después al menos) a anunciarnos la nueva estrategia a implementar para combatir la ola de violencia que vivimos (luego del magnicidio de Crispín Gutiérrez), pero me quedé sorprendido al ver que, al día de hoy aún, no ha habido nada, ni una luz en el lejano horizonte que nos indique que esto, en algún momento, va por fin a cambiar.