Estación Sufragio

Filmas o coelo

 Adalberto Carvajal Berber  Opinión

Al ser un medio de comunicación y muchos de los afectados reporteros, la capacidad de resonancia que tienen los trabajadores del Instituto Colimense de Radio y Televisión (en concreto los del Canal 12) es mayor.

Pero el dilema de aceptar un nuevo estatuto laboral mediante el cual aceptan retroactivamente a inicios de este año y en adelante, firmar contratos de tres meses o quedar fuera de la administración, lo enfrentan casi todos los empleados de confianza del Gobierno del Estado.

Ya muchos colegas en el periodismo de opinión han mencionado la arbitrariedad de la directora del ICRTV, Janet Jazmín Delgado Mercado (a quien Arnoldo Vizcaíno llamó “el ángel del terror” en un artículo reciente), de convertir a trabajadores con casi dos décadas de antigüedad en empleados de contrato.

Sin embargo, por lo visto Janet no es el único funcionario del gobierno de Ignacio Peralta dispuesto a ejecutar a rajatabla las directrices del secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, pues la misma situación se vive en otras dependencias.

Concediéndole a Meiners el beneficio de la duda, la medida busca contribuir a resolver la grave problemática financiera que enfrenta el gobierno estatal. Pero ignora de manera tan grotesca la ley del Trabajo, que vale preguntarse si no es capricho de un funcionario que quiere realizar en la administración pública el pensamiento patronal que, en el sector privado, hizo posible la terciarización.

Con las outsourcing, empresas que prestan servicios personales a otras empresas, los patrones se ven liberados de cualquier compromiso con sus trabajadores, y éstos a su vez privados de la seguridad social que por ley les ofrece el trabajo asalariado.

Contratar servicios, no trabajadores, maximiza las utilidades en la iniciativa privada, incluso a costa del ideario de justicia laboral que nos legó el Estado benefactor suplantado ya por el modelo neoliberal.

Pero, en el sector público, la aplicación de este pensamiento empresarial carente de todo compromiso social tiene mayores repercusiones.

En la industria y el comercio –al menos en teoría porque podríamos estar ante una gran conspiración patronal para acabar con los contratos colectivos y, en general, el sindicalismo– si un empresario no oferta en el mercado laboral puestos de trabajo con sueldos y prestaciones competitivas, muy pocos querrán trabajar con él.

Otra cosa es que al profesionista, técnico o quien representa mano de obra calificada no les quede más remedio que contratarse con esas empresas que no ofrecen siquiera las condiciones de ley, porque el número de desempleados es cada vez mayor a la cantidad de puestos de trabajo en este país y particularmente en el estado de Colima.

CUNDE EL MAL EJEMPLO:

El Gobierno, como patrón, debe poner la muestra, por eso la burocracia (sindicalizada) siempre ha sido consentida en materia de sueldos y prestaciones.

Aunque también el Gobierno pone el mal ejemplo a la hora de violar la ley del trabajo en la relación con sus trabajadores de confianza.

Lo hace a través de prácticas tramposas como la de exigir la renuncia del empleado de confianza por anticipado desde el momento de la contratación, para facilitar un eventual cese; o haciéndolo firmar contratos de tres meses que debieran ser exclusivamente para el periodo de prueba, pero que se prolongan para impedir que el trabajador acredite antigüedad.

Lo hace al no instituir un servicio civil de carrera o, mediante una forma muy conocida de defraudar a sus trabajadores, al registrar a su personal de confianza ante el Seguro Social con un salario mínimo, para garantizarle la atención médica pero sin afectar las cuotas patronales, aunque eso le impida al trabajador cotizar para su retiro en proporción a su sueldo real.

Firmar contratos de tres meses, vulnera los derechos de los trabajadores de confianza. Y supongo que la intención de fondo es desalentar a los servidores públicos, para que éstos finalmente abandonen la administración sin que la patronal tenga que pagar indemnizaciones ni responder demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Es un programa de retiro voluntario, pero sin premios ni recompensas, en donde todo es para el vencedor. Kristian Meiners es congruente con la política de austeridad pero a un elevado costo social… y político.

OLVIDAN LAS ELECCIONES:

Cuando está a punto de iniciar el proceso electoral en el que el régimen de Ignacio Peralta busca recuperar la mayoría en el Congreso y en los cabildos municipales para el PRI o sus partidos aliados (Verde, Nueva Alianza y ahora también Encuentro Social), el secretario de Administración mina la confianza de sus “trabajadores de confianza”, a la mayoría de los cuales contrató por compromisos de campaña.

Los servidores públicos son aliados naturales del gobernante, pero Meiners, el oficial mayor con título rimbombante, debe haber detectado (¡maldito Facebook y chingado WhatsApp!) la inconformidad reinante entre sus trabajadores de confianza. Asume que en materia de movilización política no puede esperar nada de ellos; quizá ignora (al fin y al cabo Meiners, como la mitad del gabinete, dice que no es político) que puede usarlos como un ejército de promoción del voto o, simplemente, no quiere deberles el favor porque piensa que el precio es muy alto.

CANAL DE LAS ESTRELLAS:

Lo que ocurre en concreto en la televisora pública (y supongo que también en la estación de radio) es que se quiere convertir en becarios a trabajadores de confianza que, por los años de servicio, deberían contar no sólo con su base sino que varios de ellos incluso ya tendrían que haber sido sindicalizados. Son (en la mayoría de los casos) un personal calificado y competente, a quienes no han sabido dirigir pues los titulares del hoy organismo autónomo, con un par de notables excepciones, nada sabían de comunicación social y menos de medios públicos. La producción de radio y televisión es cara, y esos trabajadores han hecho su chamba en la precariedad.

Presumiblemente, la embestida contra el personal no sólo ocurre por razones financieras. Janet Delgado nunca ha ocultado sus intenciones de renovar la planta laboral en los medios del estado. Ve como problemáticos a algunos reporteros, productores y conductores. Como a sus antecesores, le irrita que contra toda medida disciplinaria corran a quejarse con el Gobernador. Y sí, ciertamente, preferiría tener bajo su mando a los empleados que fueron despedidos de la filial de Televisa.

No tiene Janet la menor idea de lo que debe ser una radio y una televisión pública (y qué lamentable que eso ocurra en el gobierno del ex subsecretario de SCT que operó la reforma en Telecomunicaciones), pero su idea de la televisión privada –por lo que se ve– se resume a la urgencia de acabar con las exclusividades.