México y naturalmente los estados, no han tenido capacidad estratégica para coordinar, organizar y capacitar a los jueces, legisladores y cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno; federales, del estado y municipales, y menos para establecer estrategias de comunicación social para mejor tranquilidad de la población, para aplicar mejor las reformas del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es más hasta los gobernantes están criticándolo sin saber el fondo, ni los avances a nivel internacional, admitió el Instituto Nacional de Investigaciones Penales de la UNAM.

Por otra parte el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, dijo, “Si no se fija como meta una justicia de calidad para los mexicanos, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) corre el riesgo de viciarse, generar inercias burocráticas y tener alcances limitados, contrarios a los propios reclamos que le dieron vida”, lo mencionó al poner en marcha un nuevo esquema de actualización para juzgadores del sistema penal acusatorio.

El nuevo sistema no genera impunidad, de ninguna manera, dicho sistema resalta, como eje axial de su filosofía, el respeto a la dignidad humana de víctimas y acusados y la plena vigencia de un sistema de garantías para el juzgamiento: si no hay plena prueba de la autoría o participación criminal, del hecho delictivo, simplemente los jueces del Tribunal de Juicio no condenarán jamás.

Respecto a la opinión del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, calificó de equivocadas aquellas declaraciones que culpan por el incremento de los delitos en los últimos meses, a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio; y aseguró que, ante estas lamentables aseveraciones, es claro que las autoridades simplemente pretenden evadir sus responsabilidades respecto al aumento de la inseguridad en sus entidades, explicó que aquellos presidentes municipales  que acusan al nuevo sistema de justicia penal del incremento de delitos, buscan evadir sus obligaciones de instruir y capacitar a policías, y los gobernadores a los fiscales, legisladores y magistrados públicos; y preciso que los presidentes de los tribunales de justicia marcarán el éxito o el fracaso o la deficiencia en la implementación del modelo acusatorio, en el que garantizar la presunción de inocencia es el fundamento principal; por lo que significaría una regresión volver al anterior modelo autoritario que vulneraba constantemente los derechos procesales de los inculpados.

Por lo anterior y para el caso de Colima, Bernardo Alfredo Salazar Santana actual Presidente del Tribunal de Justicia en el Estado, en reciente diálogo con compañeros del Círculo Colimense de Analistas Políticos, que por cierto le manifestamos nuestra consideración al respecto, precisó sobre una serie de actividades de reorganización hacia el interior del tribunal considerando que el personal está plenamente capacitado en este tema, señalando que analizarían la posibilidad de formar a capacitadores o multiplicadores para mejorar la percepción ciudadana y preparar mejor tanto a los cuerpos policiales y ministeriales del estado como en los municipios.

El gran problema que tiene ahora nuestro país y Colima, no es únicamente la capacitación de los cuerpos policiales del estado y municipales, sino que urge a la par una reforma a fondo al código federal y estatal para quienes son capturados con armas de grueso calibre, o metralletas, porque hasta la fecha al día siguientes salen libres, luego entonces el problema es de más fondo, faltan legisladores federales y locales que sean mejor capacitados o cuando menos sensibles. 

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