La serie de manifestaciones, declaraciones y gestiones que el sector empresarial, encabezado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública (CCSP) realizó en días pasados, tendrían que llevarnos a establecer compromisos serios sobre el mayor problema que aqueja a la sociedad colimense: la inseguridad.

Luego que algunos opinadores descalificaron a los empresarios por sus presuntas intenciones políticas, es momento que el presidente del CCSP, Carlos Maldonado Orozco, demuestre que la marcha no tuvo como objetivo principal catapultarlo a algún cargo de elección popular… ni aliviar la responsabilidad del gobierno del estado, trasladando a los ayuntamientos las culpas por la situación que vivimos.

Sin duda, los hombres y mujeres de negocios en la entidad enfrentan el dilema que se ha planteado a la iniciativa privada de todos los países del mundo donde el narcotráfico y otras industrias delictivas acabaron permeando la economía local: blindarse ante los ofrecimientos de incorporar dinero negro a sus capitales de trabajo o sumirse en la narcoeconomía.

Esa es una economía de ficción que, al final, destruye la competencia comercial, pervierte el empleo y trastorna las finanzas, porque las inversiones no son racionales y las ganancias tampoco son reales.

Esa narcoeconomía debilita a la empresa, en vez de fortalecerla, porque la somete al capricho de capitales auténticamente golondrinos, y a una lógica de retorno de inversiones determinada no por los estados financieros sino por la urgencia de escapar de una investigación judicial.

Hay sectores de la industria, el comercio y los servicios más vulnerables que otros a las presiones del dinero sucio. Y es verdad que la decisión de lavar capitales no siempre depende del empresario. Pero siempre será una buena decisión no abrir las puertas al diablo.

UNA INDUSTRIA DELICTIVA:

El otro peligro que corren los emprendedores colimenses y ante el cual deben organizarse para exigir garantías a la autoridad, es el de ser molestados en su persona y sus bienes por delincuentes que, de pronto, ejerciendo una impunidad obtenida para otras actividades ilegales (como el trasiego de drogas o el narcomenudeo), empiezan a exigir eso que las guerrillas llamaban “impuesto revolucionario” y que en la jerga de la delincuencia organizada se denomina “cobro de piso”.

La extorsión, el secuestro, son riesgos a los que están expuestos los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Acaso para los más acaudalados el peligro es mayor, pero también lo son las posibilidades de pagar seguridad privada ante las deficiencias del aparato de seguridad pública.

A eso quizá apuntaban los agremiados a las cámaras empresariales y sindicatos patronales que se manifestaron en el Rey Coliman, quienes ante la explicación que dio el gobierno estatal en el sentido que “la plaza” está siendo disputada por los dos grandes cárteles que operan en la región occidental del país (como si el Estado no tuviese obligación de impedir que esas guerras entre grupos criminales se libren a costa de la paz y la tranquilidad pública), prefieren trasladar la responsabilidad a los municipios.

MUNICIPIOS CORRESPONSABLES:

En esas manifestaciones del sector empresarial se ha acusado tácitamente a algunos alcaldes de tener entre sus colaboradores a personas sospechosas estar vinculadas a la delincuencia organizada, lo que se evidenciaría con los atentados y desapariciones que han sufrido, aunque en realidad esos ataques podrían ser también consecuencia de que dichos funcionarios estén trabajando en contra de los intereses criminales.

Desde la cúpula empresarial, se ha subrayado la incapacidad que tienen las policías municipales de mantener el orden público. No obstante, se ha soslayado la incapacidad que tiene la policía ministerial (de ámbito estatal) para perseguir los delitos del orden común. Muchos de los cuales, específicamente la mayoría de los homicidios dolosos, están asociados a actividades de la delincuencia organizada que son competencia del gobierno federal.

Una demanda concreta que los empresarios debieron hacer en su manifestaciones, y en la que seguramente habrían coincidido con los reclamos de otros grupos ciudadanos, es que necesitamos un aparato policiaco y de procuración de justicia articulado a los tres órdenes de gobierno. 

Para que funcione una estrategia nacional de combate al delito, hay que empezar por reconocer que el narcotráfico y el contrabando de armas se traducen no sólo en homicidios y narcomenudeo, sino también en robos a casa habitación.

Que esas políticas públicas de seguridad interior no están articuladas se nota cuando vemos que desfilan por nuestras calles convoyes del Ejército y de la Armada, sin que eso disuada a los carteles de ajustar cuentas entre sí. 

También, cuando la suma de elementos policiacos en los municipios supera a la de la policía estatal, pero cada una de esas policías municipales es insuficiente para guardar el orden en su demarcación.

MANDO ÚNICO:

Sería bueno que los empresarios –voces reconocidas en nuestra sociedad y escuchadas por el gobierno– exigieran la integración de un solo mando policial y la creación de una policía profesional, sumando todos las partidas presupuestales que existen para el rubro de seguridad y que se diluyen en las asignaciones para diez programas municipales y uno estatal para compra de patrullas, armas y uniformes.

Ya no es momento de repartir culpas, menos cuando el propósito de usar el expediente de seguridad sea frenar la reelección de uno que otro alcalde. Todo el estado de Colima puede tener un solo comisionado de policía, alguien a quien podamos responsabilizar y que no encuentre excusas en la falta de coordinación de los comandantes municipales. Esa era la tendencia nacional y se frenó, probablemente porque no querían concentrar los costos políticos en un solo gobernante.  

En el estado de Colima estamos viviendo el mismo fenómeno que se da en esas ciudades fronterizas con Estados Unidos (Tijuana, Nogales, Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros) que los cárteles usan para meter la droga al más grande mercado de consumidores en el mundo. 

Si el puerto de Manzanillo es la principal entrada de enervantes a nuestro país, en tránsito hacia la Unión Americana, es lógico que aumente el número de muertos que deja la disputa de la plaza (especialmente si la autoridad deja que el pez grande se coma al chico).

 

Y como cada vez más de esa droga se queda para consumo local, seguirá aumentando el número de adictos dispuestos a hacer lo que sea, como meterse a robar a casas y comercios, para sostener el vicio.

Pero lo más grave de todo es que la impunidad que se consigue para las actividades criminales en gran escala, esas que pensamos que no le hacen daño a nadie como no sean los adictos estadounidenses, al final se traduce en impunidad para realizar otras actividades delictivas en pequeña escala, desde el cobro de piso a la trata de personas; fechorías que garanticen los ingresos que esperan obtener los cientos de sujetos antisociales atraídos por el espejismo de la narcoeconomía. 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com