Ante el incremento de casos relacionados con el robo de identidad, la diputada priista Graciela Larios Rivas presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Colima, en la que proponen se tipifique como delito esa conducta, cuyas sanciones serían hasta de siete años de prisión y multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización.

La iniciativa presentada por Larios Rivas,  a nombre del resto de integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, propone sancionar a quienes, sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se atribuyan la identidad de una persona, se hagan pasar por ella, asuman su identidad ante otras personas o se apropien de sus datos personales, con la finalidad de acceder a recursos.

Las sanciones también aplicarían al que de manera ilícita haga propia, genere o utilice la identidad de una persona a través de internet, del cualquier sistema informativo o medio de comunicación produciendo un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un provecho para sí o para otro.

También se sancionaría al que transfiera, posea o utilice datos identificativos de otra persona con la intención de cometer, favorecer o intentar cualquier actividad ilícita o cuando el autor asuma la identidad de un menor de edad o tenga contacto con una persona menor de 16 años, con la finalidad de ejecutar cualquier acto sexual, incluso aunque tuviera su consentimiento.

En la exposición de motivos de su iniciativa, turnada a comisiones para su análisis, Graciela Larios explicó que la usurpación de identidad es la apropiación de la identidad de una persona y consiste en hacerse pasar por ella, para acceder a ciertos recursos o a la obtención de créditos y otros beneficios. 

Indicó que la usurpación de identidad, como propuso se denomine a un capítulo del Código Penal del Estado, es utilizada también con el fin de difamar, cuyo caso más común hoy en día se da cuando el atacante, por medios informáticos o personales, obtiene información personal y la utiliza ilegalmente.

Con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), la legisladora priista  dijo que durante el año 2011 la dependencia atendió 4 mil quejas por presunto robo de identidad, cifra que se elevó a 10 mil quejas durante 2015.

Finalmente, mencionó que el monto de las reclamaciones por robo o usurpación de identidad vinculadas a los servicios financieros, en el año 2014 representaron 762 millones de pesos, mientras que en el año 2015 aumentaron a 976 millones de pesos.