Se celebró hace unos días, por primera vez en nuestro estado, el Día del Periodista Colimense, que auguró la conformación, que iniciará el próximo 8 de mayo, de una Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, que supongo  estará regida por la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Colima, que fue publicada en 2012,  durante la administración del ex gobernador Mario Anguiano. En esta ley ya se prevén los aspectos más importantes del ejercicio periodístico, su definición, sus ámbitos de alcance, los derechos del periodista y las obligaciones que el Estado tiene con él. Se define, por tanto, el tema del secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre y preferente acceso a las fuentes de información, los derechos de autor y de firma, la capacitación, las sanciones (en caso de que se violen por parte del Estado algunos de estos derechos) y, por supuesto, el de la seguridad, que establece “el derecho a los periodistas a solicitar protección a su persona, familia y bienes, previa denuncia ante las instancias correspondientes, en los casos de amenazas o de presunto riesgo”. Esta Ley está completa y más que crear más comisiones y comisionados (que siempre tendrán la venia del gobernador y, por tanto, responderán a sus intereses) lo que necesitamos los que nos dedicamos al análisis político, social y cultural de nuestra entidad, así como a transmitir información general de la misma, es que esta ley se aplique de forma justa y sin hacer distingos entre aquellos medios de comunicación y periodistas que son clara comparsa del gobierno del Estado (como Diario de Colima,Ecos de la Costa, AFmedios, ColimaNoticias, El Mundo desde Colima, etcétera), gracias a lo cual reciben privilegios de todo tipo (incluidos sus colaboradores) como aquellos otros medios y periodistas que son críticos con la tarea gubernamental y que, de conformarse esa Comisión anunciada, no gozarán por supuesto del beneficio de formar parte de ella. No se requiere, pues, cambiar nada para quedar peor de como ya estamos quienes buscamos desvelar las mentiras del estado y buscar la verdad en beneficio del bien común, a fin de que progresemos como sociedad, sino que esta Ley que ya existe se aplique tal cual se aprobó, de tal forma que el ejercicio periodístico se pueda realizar sin represalias de ningún tipo por parte del Estado ni tampoco éste, por supuesto, utilice su poder para cooptar conciencias  a través de beneficios económicos u otro tipo de brevas. Es sabido, por ejemplo, que detrás del guiñapo en el que se ha convertido el periódico Ecos de la Costa está, desdichadamente, el mismo secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa,  quien incluso tiene las manos metidas en el tema sucesorio del rotativo, como si el Estado fuera una empresa privada que se pudiera utilizar para fines igualmente privados. Insisto: se trata de utilizar la Ley para dignificar la labor periodística y a los periodistas mismos, cuidándoles su integridad física y moral, no para aglutinar en una Comisión a una camarilla de periodistas o pseudoperiodistas aliados al gobierno para que les sirvan a éste de cófrades cuando suceda una tragedia, que esperemos jamás tengamos que lamentar.

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