La renuncia de Indira Vizcaíno Silva a la Sedescol no fue la única baja que registró el gabinete de Ignacio Peralta en esos días. También se dio la separación de Roberto Moreno Béjar de la presidencia del Consejo Estatal de Participación Social del Estado de Colima, un organismo que aglutina a las organizaciones de la sociedad civil y las integra en las tareas de seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

Moreno Béjar fue en esos días noticia pero como presidente de la Fundación “Lo Mejor de Colima”, ya que ésta organiza el carnaval de Colima-Villa de Álvarez. Por cierto, según algunos presbíteros, el carnaval capitalino es la festividad pagana de ese tipo que más violenta el calendario litúrgico pues ocurre bien entrada la Cuaresma; un problema de fechas que comparte con otros carnavales del estado, como el de Manzanillo, por el afán de aprovechar las comparsas y grupos musicales que ya se desocuparon de los otros festejos que se celebran en la región alrededor del martes de carnaval.     

La renuncia de Roberto Moreno trascendió pero no se anunció oficialmente. Y menos las causas de esta separación: al parecer la falta de apoyos económicos a los programas del Consejo, que suelen ser tan amplios y ambiciosos como celosas han sido muchas administraciones estatales de mantener a la sociedad civil al margen de la planeación y la evaluación de las tareas de gobierno. El gobierno de Peralta Sánchez muestra apertura a una contraloría social, siempre y cuando sea llevada por ¿Cómo vamos?, Colima.

Dada la experiencia como organizador de carnavales, Moreno Béjar era un potencial aspirante a la dirección general del Instituto de Ferias y Festejos del Estado de Colima (Iffecol) que, en realidad, tiene como gran responsabilidad la realización de la Feria de Todos los Santos. Pero en la carrera por ese puesto Roberto tropezó con Petronilo Vázquez, otro personaje igualmente cercano al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González.

Al quedar Roberto Moreno fuera del gabinete ampliado, AOG perdió una posición en el gobierno de Ignacio Peralta y, a como están las cosas, eso significa descender un escalón más en la escalera que lo llevará a la puerta de salida. No faltaron por lo mismo especulaciones en torno a que la salida de Moreno Béjar del Consejo implica un empate en la disputa interna que Ochoa González creía que iba ganando al, supuestamente, conseguir la renuncia de Indira.

Al finalizar el cotejo, lo que se puede decir de una renuncia de Roberto Moreno por así convenir a sus intereses se tiene que decir también de la separación de Vizcaíno Silva del gabinete.

A TIEMPO EXTRA:

Se vinieron las vacaciones y no se consumó la renuncia del secretario de Educación, Oscar Javier Hernández, que tanto buscaron un periódico y algunas voces ciudadanas, especialmente al calor de la trágica muerte de una alumna en la secundaria Enrique Corona Morfín.

El reclamo de los adoloridos padres de familia polarizó el debate respecto a la situación de la educación pública en Colima, pero más que debilitar la posición del secretario estuvo a punto de provocar el linchamiento moral de la maestra de grupo, la trabajadora social y el director del plantel, porque supuestamente no supieron reaccionar ante la emergencia médica cuando en realidad la Ley de Convivencia ata de manos al personal docente so pena de cargar con responsabilidades civiles si, al intervenir, causan un mal mayor.

Por mucho que fuera el interés de los maestros y el prefecto de aprender primeros auxilios, dicha ley los restringe. Y el gran problema es que plazas, como la del médico que acudía a la Corona Morfín hora del ingreso matutino para expedir los justificantes de ausencia por enfermedad, se han ido congelando conforme los titulares se jubilan, como parte de las políticas de austeridad del gobierno federal.

Para cuando los escolares regresen de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, el asunto se habrá enfriado y los detractores de Hernández Rosas tendrán que buscar una nueva coyuntura para arremeter contra él. La SE es una de las posiciones más codiciadas del gabinete por los recursos que maneja y por el margen de discrecionalidad que la normatividad federal les permite –situación que según los funcionarios del sector es una mera leyenda urbana.

Lo único que quedó en evidencia con el accidente cerebrovascular de la menor, hija de un compañero universitario, es que no tenemos en Colima un sistema eficiente de atención a emergencias. Entró en vigor el 911 pero todavía las patrullas tardan en llegar 45 minutos y las ambulancias no acuden al lugar del siniestro hasta que una autoridad policial confirma la veracidad y la gravedad del hecho reportado.

Mucha gente se lamentó que hubieran desmantelado la unidad de urgencias del antiguo hospital general de zona del IMSS en la avenida de Los Maestros, a donde hubieran podido llevar incluso en brazos a la niña, pero nadie menciona que tras haber trasladado el del Seguro Social a la Villa el nosocomio más cercano es el del ISSSTE, y no tenemos un esquema de integración de los servicios de salud aunque, en teoría, una emergencia se debe atender en cualquier clínica sin importar si el herido es derechohabiente.

Entiendo que reciben un subsidio gubernamental, pero ¿por qué seguimos dependiendo de la capacidad de la benemérita Cruz Roja cuando existen programas de protección civil y los servicios de rescate y emergencias debieran prestarlos paramédicos y ambulancias de una Cruz Verde, inexistente en Colima?

Mi correo: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en www.aacb2.com.